B.IA.LEGAL

SCP 1259/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de protección de privacidad · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de protección de privacidad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
70074-2025-141-APP
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la honra, imagen, reputación, privacidad familiar, presunción de inocencia, dignidad y “el vivir bien”; en razón que, el 9 de octubre de 2023, luego de su ilegal detención en la localidad de Yapacani del departamento de Santa Cruz, funcionarios del DACI de la Policía Boliviana, lo trasladaron junto a su pareja embarazada de ocho meses y su padre a la ciudad de Oruro; para luego, sin su consentimiento, presentarlo ante los medios de comunicación, como autor del delito de asesinato; información que además fue difundida por redes sociales, estigmatizándolo ante la sociedad por la comisión de un delito que hasta ese momento desconocía, vulnerando la garantía constitucional de la presunción de inocencia, toda vez que, no existía una sentencia condenatoria ejecutoriada que lo haya declarado culpable de los delitos por los que se le acusaba; situación que le ocasionó un enorme daño tanto a su persona como a su familia, puesto que fueron exhibidos ante la opinión pública como asesinos, vulnerando sus derechos y garantías fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 190/2024 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Naturaleza, alcance y objeto de la acción de protección de privacidad
  2. III.2. Sobre el principio de subsidiariedad e inmediatez en las acciones de protección de privacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1259/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de protección de privacidad Expediente: 70074-2025-141-APP Departamento: Oruro En revisión la Resolución 190/2024 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada dentro de la acción de protección de privacidad interpuesta por Ricardo Alejandro Rocha Brun contra Lionel David Valenzuela Peláez, Comandante y el Jefe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de Oruro, ambos de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Corrupción (FELCC) de la Policía Boliviana.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 24 de septiembre de 2024, cursantes de fs. 9 a 13 vta., el accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 9 de octubre de 2023, luego de ser detenido ilegalmente en la localidad de Yapacani de departamento de Santa Cruz, fue trasladado junto a su pareja embarazada de ocho meses y otros familiares a Oruro, por personal del DACI, de la FELCC de la Policía Boliviana, quienes sin su autorización lo exhibieron ante los medios de comunicación, sin respetar lo previsto en el art. 296 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que establece la prohibición que los detenidos sean presentados a ningún medio de comunicación social, sin su expreso consentimiento. En ese contexto, denunció que tampoco se le permitió acceder a una defensa apta, idónea y de confianza, imponiéndosele un abogado, que, a su criterio, confabuló con fiscales y policías, para que queden impunes los actos de corrupción que cometieron, además de acusarle por un delito que no cometió, causándole un enorme daño en su esfera personal y familiar. Además, vulnerando su derecho fundamental a la presunción de inocencia, de manera arbitraria se le presentó ante los medios de comunicación, como si su persona fuera culpable de haber cometido delitos que eran desconocidos para él en esos momentos (asesinato), afectando de esa manera sus derechos a la honra, a la reputación, y a la privacidad familiar; ya que tanto él y su familia, fueron tachados y vistos por la sociedad como asesinos, sin que los operadores de justicia hayan tenido evidencias o pruebas sólidas como para exponerlos de esa forma ante la opinión pública, información que además, fue difundida por distintos medios y redes sociales, vulnerando sus derechos humanos y garantías constitucionales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión a sus derechos a la honra, imagen, reputación, privacidad familiar, presunción de inocencia, dignidad y “el vivir bien”, citando al efecto los arts. 8, 9, 13.I, 14. I. III y IV, 21.2, 22, 114. I y 116.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La eliminación de los datos en los medios de comunicación, redes sociales o páginas oficiales de la FELCC de la Policía Boliviana de Oruro, que afecten sus derechos; y, b) La calificación de costas y perjuicios.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública de 22 de octubre de 2024, según consta en acta cursante de fs. 26 a 31 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogada, en el desarrollo de la audiencia ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ejerciendo su derecho a la defensa propia, señaló que: 1) Dentro del proceso penal, por la supuesta comisión del delito de asesinato y otros, seguido en su contra, por los hechos ocurridos el 9, 10 y 11 de octubre de 2023, fue presentado ante los medios de comunicación como autor o posible autor de los hechos delictivos citados, sin que exista una sentencia condenatoria en su contra, toda vez que el proceso penal antes referido continuaba siendo tramitado; 2) La Policía Boliviana, cuando cumple una orden de aprehensión, tiene el deber de cumplir lo establecido en el art. 296 inc. 4) del CPP; es decir, no permitir que ningún procesado sea presentado a los medios de comunicación, sin que éste haya dado su consentimiento; es así que, su persona nunca dio su autorización expresa para ser expuesto ante los medios de comunicación; aspecto que en el momento de su aprehensión no pudo refutar por la poca cultura jurídica que poseía y el estado de shock en el que se encontraba; 3) Los hechos descritos, vulneraron su derecho a la presunción de inocencia, la cual se encuentra establecida en los arts. 116.I de la CPE y 5 del CPP y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el cual además fue taxativo y enfático al repudiar los actos de presentación de los procesados a los medios de comunicación en los casos Cabrera García Montiel vs México y Loaiza Tamayo vs Perú; y, 4) Al haber sido presentado como asesino ante la opinión pública, se vulneraron sus derechos a la dignidad y a la privacidad, así como también a la presunción de inocencia, sin considerar que si se dictare una sentencia absolutoria en su favor, el daño causado es irreparable, toda vez que, ya fue estigmatizado en cuanto a su culpabilidad o inocencia. Ante las preguntas formuladas por la Sala Constitucional, el accionante respondió que: i) En cuanto a la legitimación pasiva, en su condición de privado de libertad, tenía limitado acceso a la información; por lo que, desconocía quien estaba fungiendo como Director de la FELCC de Oruro, motivo por el que no mencionó el nombre del Jefe de dicha División, entendiendo que tal autoridad junto al Director son responsables inclusive de los actos cometidos por el personal subalterno; y, ii) En cuanto a la inmediatez, si bien el hecho denunciado ocurrió el 9 de octubre de 2023, a momento de la presentación de esta acción de protección de privacidad, el mismo seguía vigente en las plataformas digitales.

I.2.2. Informe de los demandados

Lionel David Valenzuela Peláez, Comandante de la FELCC de la Policía Boliviana, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 19. David Federic Ancasi Huanca, Jefe del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI) de la Policía Boliviana, en audiencia, a través de su abogada, señaló que: a) El art. 131 de la CPE, establece que la acción de protección de privacidad, en cuanto a su procedimiento, se enmarca en lo previsto para la acción de amparo constitucional, aplicándose en consecuencia las causales de improcedencia por subsidiariedad e inmediatez; b) Dentro de dicho marco normativo el art. 129.II de la CPE, señala que el plazo máximo para la interposición de la acción de amparo constitucional, es de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada, o de notificada la última decisión administrativa o judicial; en el caso presente, la demanda presentada por el accionante se circunscribe al hecho ocurrido el 9 de octubre de 2023, cuando fue detenido y presentado ante los medios de comunicación, fecha desde la cual transcurrieron más de doce meses, hasta la presentación de esta acción de protección de privacidad, operando la causal de improcedencia por inmediatez; y, c) En cuanto a la legitimación pasiva, el accionante no señaló de qué manera se habría vulnerado su derecho a la intimidad, tampoco identificó de forma concreta quién era el Jefe del DACI de la Policía Boliviana; pues al efecto David Federic Ancasi Huanca, actualmente Jefe del DACI de la referida entidad policial, en la fecha señalada por el solicitante de tutela se encontraba en comisión habiendo asumido sus funciones recién desde el 4 de octubre de 2024; por cuanto, no se identificó correctamente la legitimación pasiva. Respondiendo a las preguntas de la Sala Constitucional, el demandado David Federic Ancasi Huanca, manifestó que: 1) No se realizó una presentación del solicitante de tutela, a los medios de comunicación como tal, lo que se realizó fue un traslado; el cual, fue cubierto por dichos medios informativos en cumplimiento de su trabajo; y, 2) La fecha en la que se denuncia hubieren ocurrido los hechos que vulneraron los derechos del accionante, su persona se encontraba declarado en comisión, por cuanto desconoce si se hubiera llamado o no a una conferencia de prensa.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 190/2024, cursante de fs. 32 a 37, denegó la tutela solicitada. Los fundamentos de la Resolución son los siguientes: i) Conforme la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional, la acción de protección de privacidad amplió su ámbito de protección, a aquella información expuesta a través de las redes sociales como Facebook y otros, cuando éstas atenten contra los derechos fundamentales de las personas involucradas; sin embargo, dicha acción de defensa se encuentra regida al procedimiento establecido para la acción de amparo constitucional, en cuanto a la subsidiariedad e inmediatez; ii) El solicitante de tutela señaló que su imagen y la de su padre, fueron difundidas en los medios de comunicación el 9 de octubre de 2023, habiendo presentado la presente acción de protección de privacidad el 24 de septiembre de 2024; es decir, fuera del plazo de los seis meses establecido en el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo); y, iii) El accionante tampoco identificó de manera efectiva la legitimación pasiva de los demandados, pues no estableció con claridad quienes hubieran sido los que difundieron las publicaciones en las que se exponía su imagen; más aun tomando en cuenta que el codemandado David Federic Ancasi Huanca, Jefe del DACI de la FELCC de la Policía Boliviana, recién asumió funciones desde el 4 de octubre de 2024, conforme acreditó por Memorándum 711/2023 de 11 de septiembre, por el que fue declarado en comisión como “Instructor del V Curso Nacional de Acciones Tácticas Policiales DELTA” (sic), desde el 8 de septiembre al 11 de octubre de 2023.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Cursan capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales -sin especificar o consignar cuál la plataforma digital-, de 17 de julio, 9 y 10 de octubre de 2023, realizadas por los usuarios ONTV Bolivia Comunicaciones, Red Uno Sur, Espejo Público Oruro, Ni Más Ni Menos Revista Informativa de Oruro y Cadena Coral Bolivia; en las que se difunde el siguiente contenido: “#Oruro en julio pasado, Vicente Moyorga y su esposa fueron víctimas de un brutal asesinato en el municipio de…”, “#Oruro #Caso Doble Asesinato A Una Pareja #Presunto Autor Aprehendido PRINCIPAL AUTOR DEL DOBLE…”, “#Oruro DOS MESES DE BÚSQUEDA DIO COMO RESULTADO LA APREHENSIÓN DEL AUTOR DEL ASESINATO DE UNA PAREJA D…”, “Chuteros autores en un doble asesinato y secuestro de un menor quisieron negociar su rescate”, “#Oruro FISCAL DENUNCIA QUE SE FILTRÓ INFORMACIÓN ADEMÁS DE RECIBIR AMENAZAS POR EL PRESUNTO AUTOR D…”,“ Oruro #Caso Doble Asesinato A Una Pareja #Información Preliminar RESPECTO AL DOBLE ASESINATO DE…” y “ Vicente Mayorga y su esposa fueron víctimas de un brutal asesinato en el municipio de Challapata” (sic), en dichas publicaciones se observa la fotografía de un texto e imágenes poco claras, así como la imagen de funcionarios policiales y el perfil de una persona esposada (fs. 3 a 5). II.2. Cursa captura de pantalla de fecha 10 de octubre de 2023, en la que el usuario “RED Uno SUR”, subió a de redes sociales -no se consigna cual-, la siguiente publicación: “#Oruro Ricardo Alejandro Rocha Brun, de 24 años, fue atrapado como el autor principal del doble asesinato en…” (sic), acompañada de una imagen sin nitidez de funcionarios policiales conduciendo a una persona esposada (fs. 4). II.3. Cursan impresiones de códigos QR, que escaneados, alguno de ellos, conducen a publicaciones de entrevistas a una persona no identificada, que da parte sobre el estado de una oficina o unidad del Ministerio Público; y, los otros no contienen ninguna información (7 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la honra, imagen, reputación, privacidad familiar, presunción de inocencia, dignidad y “el vivir bien”; en razón que, el 9 de octubre de 2023, luego de su ilegal detención en la localidad de Yapacani del departamento de Santa Cruz, funcionarios del DACI de la Policía Boliviana, lo trasladaron junto a su pareja embarazada de ocho meses y su padre a la ciudad de Oruro; para luego, sin su consentimiento, presentarlo ante los medios de comunicación, como autor del delito de asesinato; información que además fue difundida por redes sociales, estigmatizándolo ante la sociedad por la comisión de un delito que hasta ese momento desconocía, vulnerando la garantía constitucional de la presunción de inocencia, toda vez que, no existía una sentencia condenatoria ejecutoriada que lo haya declarado culpable de los delitos por los que se le acusaba; situación que le ocasionó un enorme daño tanto a su persona como a su familia, puesto que fueron exhibidos ante la opinión pública como asesinos, vulnerando sus derechos y garantías fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Naturaleza, alcance y objeto de la acción de protección de privacidad

En relación a este mecanismo de defensa, su procedencia, finalidad y el alcance de tutela, la SCP 0105/2023-S3 de 24 de marzo, citando a su vez a la SCP 0021/2021-S2 de 7 de abril, reiterando los entendimientos asumidos por la jurisprudencia constitucional, y precisando los mismos, señaló: «…a partir de lo estipulado en el art. 130.I de la CPE, se tiene que el alcance del resguardo tutelar de la acción de protección de privacidad, trasciende a: “Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático, en archivos o bancos de datos públicos o privados, o que afecten a su derecho fundamental a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación, podrá interponer la Acción de Protección de Privacidad”; a cuyo efecto, frente al indebido o ilegal uso de datos personales opera también sobre archivos, registros, bancos o bases de datos; conceptos que según la Real Academia de La Lengua Española (RAE), en su categoría informática, se configuran como: Archivo “Conjunto de datos almacenados en la memoria de una computadora u otro dispositivo electrónico, que puede manejarse con una instrucción única”; Registro “Conjunto de datos relacionados entre sí, que constituyen una unidad de información en una base de datos”; Banco de datos “Archivo de datos referidos a una determinada materia, que puede ser utilizado por diversos usuarios”; y, finalmente Base de datos como “Conjunto de datos organizado de tal modo que permita obtener con rapidez diversos tipos de información”; por lo que, la protección en relación a la información personal, o en el caso de las personas colectivas información de su propia identificación o relativos a su personalidad espiritual que se encuentran contenida en dichos asientos, sean estos de tipo físico, electrónico, magnético o informático, es posible su tutela vía acción de protección de privacidad.

(…)

Así la SCP 0089/2014-S2 de 4 de noviembre, citando a la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, señaló que: ‘...la acción de protección de privacidad, protege los derechos relativos a la personalidad del individuo como son la intimidad, privacidad personal o familiar, la propia imagen, honra y reputación, contra el manejo de datos o informaciones obtenidas y almacenadas en los bancos de datos públicos o privados, por esta misma razón la doctrina señala que esta acción en realidad protege el derecho a la autodeterminación informática, entendido como la facultad de una persona para conocer, actualizar, rectificar o cancelar la información existente en una base de datos pública o privada, y hubiesen obtenido, almacenado y distribuido’.

Sobre los derechos a la intimidad y privacidad como base de la protección de datos personales, la misma Sentencia Constitucional, más adelante agregó lo siguiente: “Del art. 130 de la CPE, se concibe que tanto las personas naturales y jurídicas tienen acceso a los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad reconocido en el art. 21.2 de la CPE, entre uno de esos derechos esta la intimidad, que sin duda es uno de los bienes más susceptibles de ser lesionados o puesto en peligro por el uso de las nuevas tecnologías, por lo que se hace necesario colocar un límite a la utilización de la informática y las comunicaciones ante la posibilidad de que se pueda agredir a la intimidad de los ciudadanos y con ello se pueda coartar el ejercicio de sus derechos (Conde Ortíz Concepción, ‘La protección de datos personales: un derecho autónomo en base a los conceptos de intimidad y privacidad’, por lo mismo este mismo autor citando a Albaladejo, señaló que la intimidad consiste en ‘el poder concebido a la persona sobre el conjunto de actividades que forma su círculo íntimo, poder que le permite excluir a los extraños de entrometerse en él y de darle una publicidad que no desee el interesado', así la jurisprudencia de España en su STC 134/1999, de 15 de julio, señaló que: 'El derecho a la intimidad garantiza el individuo un poder jurídico sobre la información relativa a una persona o a su familia, pudiendo imponer a terceros, sean éstos simples particulares o poderes públicos, su voluntad de no dar a conocer dicha información o prohibiendo su difusión no consentida’”.

Así la SCP 0090/2014-S1 de 24 de noviembre, definió que: “...la acción de protección de privacidad, constituye un medio procesal constitucional de protección de los datos personales, dirigido a la protección efectiva, inmediata y oportuna del derecho a la autodeterminación informática, en los supuestos en que éste sea transgredido por acciones u omisiones ilegales o indebidas. En ese sentido, por intermedio de ella, toda persona natural o jurídica, puede acudir a la jurisdicción constitucional, para demandar a los bancos de datos y archivos de entidades públicas o privadas, persiguiendo el conocimiento, actualización, rectificación o supresión de las informaciones o datos contenidos en éste, que se hubiesen obtenido, almacenado o distribuido en los mismos”.

En efecto, la acción tutelar en estudio, al tratar -por su naturaleza y el ámbito que tutela- de la protección de los derechos de la personalidad espiritual se encuentra propensa a las transformaciones y desarrollo progresivo emergentes de los avances de la tecnología -internet, redes sociales-; lo que, sitúa al individuo en un escrutinio y seguimiento por los usuarios y terceros sobre información sensible, muchas veces con trascendencia social; por lo que, no pueden ser ajenas al derecho, justificándose en ello la activación de mecanismos que busquen proteger los derechos de los ciudadanos sobre conductas que constituyen una amenaza para mantener la privacidad debido a su dinamicidad sobre todo en plataformas de comunicación -entre ellas facebook-, y la enorme facilidad para su viralización a escala global que suelen a menudo desembocar en usos negativos con efectos desfavorables, desencadenando una inminente afectación material e irreparable de los derechos a la privacidad, intimidad, honra, honor, imagen y a la dignidad de las personas; lo que, puede dificultar incluso determinar la identidad real de los sujetos actuantes en el ciberespacio (perfiles falsos, trolls, entre otros).

En ese contexto, se torna imprescindible la garantía jurisdiccional constitucional de la acción de protección de privacidad establecida en nuestro ordenamiento jurídico, cuyo desarrollo debe estar acompañado de instrumentos a la par de la tecnología con mecanismos empleados al manejo de la información, propendiendo evitar una desprotección a su cabal y efectivo ejercicio; por consiguiente, queda claro que no es limitativa la existencia solo de un banco de datos, siendo innegable -por el desarrollo tecnológico- la posible transgresión por contenidos que se almacenan en otros tenedores y/o administradores de los datos de una persona natural o jurídica, cuya cobertura incluso alcanza a una red social, como una plataforma digital de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios, entendiéndose en su máxima extensión.

A partir de ello, cabe efectuar algunas puntualizaciones al objeto de la acción de protección de privacidad; la que, inicialmente se activa -como primer criterio- en procura de conocer los datos de una persona natural o colectiva (…).

Sobre el segundo criterio, referente a que opera a efectos de objetar los datos de una persona natural o colectiva, el art. 58 del CPCo, refiere “…y a objetar u obtener la eliminación o rectificación de éstos cuando contengan errores o afecten a su derecho a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra y reputación”, texto que separa la objeción del impedimento de conocer los datos -indicado en la primera parte-; manteniéndolo junto a la obtención descrita como un tercer punto, pues no podría entenderse la facultad de objeción a efectos de la subsanación de algún dato que tenga como efecto la eliminación o rectificación justamente porque lo único que se pretende en el caso de cuestionar un dato, es que se acepte dicha objeción, y no así la eliminación o rectificación -para el caso de la obtención-, tal cual prevé en concomitancia el art. 63.3 del aludido Código que señala la determinación de que: “…se admita la objeción del accionante”; asimismo, el objeto de la acción de protección de privacidad es garantizar el derecho de toda persona a objetar el procesamiento de sus datos personales en los casos en que exista una razón legítima, como perjuicio o trato injustificado y sustancial para ella, datos registrados por cualquier medio, y oponerse al modo de su tratamiento. Desde allí que, los datos personales solo pueden ser registrados y divulgados con el consentimiento libre, previo y expreso del titular, con la prohibición del manejo de la información adquirida de manera ilícita, de tal forma que se encuentra prohibida la obtención y divulgación de los mismos sin la previa autorización del titular o en ausencia de mandato legal o judicial.

Por último, sobre la obtención de la eliminación o rectificación de los datos de una persona, tanto la Norma Suprema como el referido Código de la materia son taxativos en precisar que para su activación: i) Deben concurrir errores en los datos; y, ii) Una inminente vulneración de derechos -no necesariamente juntos-; así, dicho texto subyace en una doble consideración, referente por un lado a la condición sine qua non de la existencia de errores; en el caso, no es posible concebir la petición de obtención de la eliminación o rectificación sino estamos ante la presencia de errores de datos personales en archivos, registros, bancos o bases de datos, se trata obviamente de una enumeración de circunstancias que puedan ser objeto de reclamo o cuestionamiento, a partir del contexto como lo conciba la persona; por consiguiente, dicha posibilidad implica el ejercicio de la facultad que tiene todo individuo de concebir los datos concernientes a su personalidad y de preservar la propia identidad informática; o lo que es igual, en su caso, aceptar, consentir o pedir su rectificación de contenido almacenado y distribuido a través de soportes informáticos.

Bajo ese escenario, amerita efectuar sobre el segundo presupuesto un análisis meticuloso, a partir tanto de la lectura de la Norma Constitucional como de la adjetiva precitadas, cuando advierten la afectación de derechos que tutela la acción de protección de privacidad, destacando visiblemente la vulneración de derechos como el objeto preponderante; es decir, atender primariamente la lesión material y sustancial de los mismos sin exigir requisito previo la fuente o registro, archivo, base, o banco, e incluso alguna red social, plataforma virtual u otros medios -no precisamente fuentes de almacenamiento-; más allá, o independientemente del tenedor o poseedor de dicho asiento.

(…)

Por su parte, la SCP 0819/2015-S3 de 10 de agosto, en cuanto a la interposición directa de esta acción tutelar, enunció que conforme al art. 61 del CPCo: “…la acción de protección de privacidad podrá interponerse ante `…la inminencia de la violación del derecho tutelado…’ denotando además su sentido estrictamente cautelar, no obstante y en base a lo referido previamente, cabe diferenciar entre tutela transitoria y tutela inmediata, siendo que la primera procederá en caso que exista otro mecanismo para la protección del derecho, pero que ante la gravedad e inminencia de la vulneración será necesario acudir a la misma, (…) por su parte la tutela inmediata responde a la inminencia de vulneración del hecho tutelado (…). Sin embargo, cabe aclarar que la aplicación de la tutela transitoria e inmediata de la acción de protección de privacidad, dependerá siempre de cada caso concreto y responderá a la evaluación de los antecedentes y supuestos fácticos para determinar si procede o no la interposición directa”.

A partir de lo expuesto, y el desarrollo jurisprudencial citado, es posible establecer que la acción de protección de privacidad otorga tutela en esta jurisdicción, con el siguiente alcance: a) Protege a toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados por cualquier medio físico, electrónico, magnético o informático; se tratan de datos referidos y vinculados a los derechos de la personalidad; b) Toda persona individual o colectiva que crea estar indebida o ilegalmente impedida de conocer, objetar u obtener la eliminación o rectificación de los datos registrados en registros, archivos, bancos o bases de datos e incluso redes sociales o cualquier medio o asiento causante de lesión de derechos referidos y vinculados a la personalidad; c) Cuando el dato o datos registrados, afecten los derechos fundamentales a la intimidad y privacidad personal o familiar, o a su propia imagen, honra, reputación, dignidad y el honor; d) Le rige el principio de subsidiariedad, mismo que puede ser flexibilizado cuando se presente daño actual, irreparable o irremediable; e) Dependiendo de las circunstancias del caso, la tutela puede ser transitoria o inmediata (SCP 0819/2015-S3); y, f) De acuerdo al art. 130.II de la CPE, no procederá para levantar el secreto en materia de prensa» (las negrillas nos corresponden).

Extraído de la SCP 0314/2025-S2 de 25 de abril.

III.2. Sobre el principio de subsidiariedad e inmediatez en las acciones de protección de privacidad

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 1445/2013 de 19 de agosto, asumió el siguiente entendimiento:

[E]s preciso revisar el mandato contenido en el art. 131.I de la CPE, norma constitucional que en cuanto al trámite de esta acción, establece de manera expresa que debe asimilarse el procedimiento previsto para la acción de amparo constitucional; de ahí que le son aplicables todos los requisitos de admisión y las causales de improcedencia del amparo constitucional, así como los principios de subsidiariedad e inmediatez.

Respecto a la aplicación del principio de subsidiariedad, la jurisprudencia constitucional emitida hasta ahora, determinó que la asimilación del procedimiento, abarca la aplicación de los principios de subsidiariedad e inmediatez; generando línea en ese sentido. Así en la SC 0965/2004-R de 23 de junio, se señaló: “Tomando en cuenta sus fines y objetivos, así como la aplicación supletoria de las normas previstas por el artículo 19 de la CPE, dispuesta por el art. 23 parágrafo V antes referido, se entiende que el hábeas data es una acción de carácter subsidiario, es decir que solamente puede ser viable en el supuesto que el titular del derecho lesionado haya reclamado ante la entidad pública o privada encargada del banco de datos, la entrega de la información o datos personales obtenidos o almacenados, y en su caso, la actualización, rectificación o supresión de aquella información o datos falsos, incorrectos, o que induce a discriminaciones, y no obtiene una respuesta positiva o favorable a su requerimiento, o sea que la entidad pública o privada no asume inmediatamente la acción solicitada. Dicho de otra manera, el hábeas data se activa exclusivamente cuando la persona demuestra que ha acudido previamente ante la entidad pública o privada para pedir la restitución de su derecho lesionado y no ha podido lograr la reparación a dicha vulneración”. En el mismo sentido, la SC 1572/2004-R, señaló que le eran aplicables al hábeas data los principios de subsidiariedad e inmediatez.

(…)

A partir del postulado antes señalado, considerando que la naturaleza o esencia procesal constitucional de este instituto no ha cambiado con la entrada en vigor de la Constitución vigente, es pertinente señalar en principio que el hábeas data, ahora acción de protección de privacidad, es una garantía constitucional de naturaleza tutelar destinada a proteger el derecho a la 'autotutela informativa' en tanto y cuanto, no exista o no haya sido eficaz otro medio jurídico establecido para garantizar este derecho sustantivo, razón por la cual, se establece que la activación del control de constitucionalidad a través de este mecanismo de defensa, de ninguna manera puede sustituir o ser alternativo a los mecanismos administrativos o jurisdiccionales establecidos para su protección, posición además sustentada por las SSCC 1572/2004-R, 1511/2004-R y 965/2004-R, entre otras".

No obstante lo glosado, el art. 61 del CPC establece una excepción al principio de subsidiariedad de esta acción tutelar, cuando señala que la acción de protección de privacidad podrá interponerse de forma directa, sin necesidad de reclamo administrativo previo, por la inminencia de la violación del derecho tutelado y la acción tenga un sentido eminentemente cautelar.

En ese marco normativo y jurisprudencial, queda claramente establecido que la acción de protección de privacidad, se encuentra sujeta a las causales de improcedencia previstas para la acción de amparo constitucional, entre ellas el principio de inmediatez, que consiste en que su activación está supeditada al plazo de caducidad de seis meses, conforme lo establecido en el art. 129.I de la Constitución Política del Estado (CPE) y 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo). La SCP 1157/2003-R de 15 de agosto, en cuanto a la naturaleza del principio de inmediatez señaló:

[L]a jurisprudencia constitucional de manera uniforme ha establecido que el recurso de amparo debe ser planteado de forma inmediata o hasta los seis meses, luego de conocerse el acto ilegal u omisión indebida, siempre que no hubiere otro recurso inmediato para la protección del derecho o garantía constitucional que han resultado lesionados. Entendimiento, que está sustentado básicamente en el principio de preclusión de los derechos para accionar, pues por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos. Entendimientos, bajo los cuales se establece que la acción de protección de privacidad es adecuada, incluso cuando la conducta vulneradora de los derechos se desarrolla a través de los nuevos medios tecnológicos como las redes sociales y páginas de internet, siempre que se observe los principios de subsidiariedad, y se observe la inmediatez inclusive cuando la conducta y situación de urgencia confluyan en su interposición; consiguientemente, la acción de protección de privacidad debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, entendiendo que la parte afectada deber ser diligente en relación al respeto y vigencia de sus derechos.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante, denuncia la vulneración de sus derechos a la honra, imagen, reputación, privacidad familiar, presunción de inocencia, dignidad y “el vivir bien”; puesto que, el 9 de octubre de 2023, luego ser detenido ilegalmente en la localidad de Yapacani del departamento de Santa Cruz, funcionarios del DACI de la FELCC de la Policía Boliviana, lo trasladaron junto a su pareja embarazada de ocho meses y su padre a la ciudad de Oruro, quienes sin respetar lo dispuesto por el art. 296 del CPP, no teniendo su consentimiento, lo presentaron ante los medios de comunicación, como autor del delito de asesinato, información que además fue difundida por redes sociales, no respetando su derecho a la presunción de inocencia, toda vez que, no existía una sentencia condenatoria ejecutoriada que demuestre lo contrario; vulnerando sus derechos a la honra y a la reputación, ya que, a raíz de dichas publicaciones, tanto el solicitante de tutela como su familia fueron vistos como asesinos por la opinión pública, estigmatizándolos por un delito que hasta aquel momento desconocía y cuyo proceso penal aún se encontraba pendiente, lo que atentó contra sus derechos humanos y garantías constitucionales. En ese antecedente, cabe precisar que en relación al principio de inmediatez que rige esta acción de tutela, conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la acción de protección de privacidad, puede ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses computables desde la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, teniendo en cuenta que la jurisdicción constitucional no puede aguardar de manera indefinida que el titular active su derecho, entendiendo que, quien se siente agraviado debe buscar de manera pronta y oportuna el resguardo, respeto y vigencia de sus derechos, de forma diligente, sin ningún tipo de espera o dilación, ya que dicha pasividad implica que no tiene interés en que sus derechos sean restituidos. En el caso presente, conforme los hechos expuestos por el accionante, se tiene que el presunto acto que vulneró sus derechos y garantías fundamentales denunciados en esta acción de protección de privacidad, acaeció el 9 de octubre de 2023; empero, de la prueba adjunta al expediente, conforme lo establecido en las Conclusiones II.1 y II.3, no se advierte ninguna publicación realizada por ninguno de los demandados en redes sociales en la fecha citada, relativa a la presentación del accionante en medios de comunicación como autor o presunto autor de algún delito de tipo penal.

En ese sentido, en busca de garantizar la máxima protección posible de los derechos fundamentales del accionante, este Tribunal examinó minuciosamente la prueba presentada, encontrando entre ella, la publicación realizada el 10 de octubre de 2023 (Conclusión II.2), la cual ciertamente menciona el nombre completo del solicitante de tutela, señalando que “fue atrapado como autor principal del doble asesinato” (sic); sin embargo, dicha publicación data de 10 de octubre de 2023, habiendo sido presentada la presente acción tutelar, el 24 de septiembre de 2024, es decir, once meses después, de la presunta comisión de la vulneración identificada por esta instancia, habiendo vencido superabundantemente el plazo de los seis meses que le otorga la ley como máximo para interponer su reclamo en sede constitucional; consiguientemente, el impetrante de tutela dejó prelucir su derecho en desidia propia, lo que impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de la problemática jurídica, para identificar si existió o no la vulneración a los derechos a la honra, imagen, reputación, privacidad familiar, presunción de inocencia, dignidad denunciados por el impetrante de tutela y la posible responsabilidad de los demandados o terceros involucrados que permita la flexibilización de la legitimación pasiva. En conclusión, en el marco de lo previsto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el plazo de caducidad para la interposición de esta acción de privacidad, inclusive cuando la conducta y situación de urgencia confluyan en su interposición, opera en el plazo de seis meses computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial; lo cual no ocurrió en el presente caso; toda vez que, habiendo transcurrido más de once meses, desde que se realizaron las publicaciones en redes sociales, sobre la difusión de las noticias de la aprehensión del accionante; es decir, desde la comisión de la vulneración alegada, no existió reclamo oportuno de la parte agraviada, dejando transcurrir el plazo previsto en el art. 55 del CPCo, demostrando falta de interés para solicitar y reclamar la vigencia de sus derechos de forma inmediata; consecuentemente, al no poder estar la justicia constitucional abierta de forma indefinida, esperando que quien se considere agraviado active su derecho sin límite de tiempo, lo cual generaría indubitablemente inseguridad jurídica sobre los actos sobrevinientes de cualquiera de las partes, corresponde denegar la tutela impetrada, por caducidad del plazo para la interposición de la acción. En consecuencia, la Sala Constitucional, al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve CONFIRMAR la Resolución 190/2024 de 22 de octubre, cursante de fs. 32 a 37, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1259_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 153f6a38c1d909814530a83569182fca63e45ddbf83042cd438f8309eba7a37d

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