B.IA.LEGAL

SCP 1257/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de diciembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de diciembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
38817-2021-78-AAC
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la petición; toda vez que, dentro el proceso administrativo interno seguido en su contra por la presunta contravención de los arts. 31 inc. e) y 44 inc. g) del RIP de la COSSMIL; el Gerente General a.i. de la COSSMIL –ahora demandado– emitió la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, por la cual a tiempo de resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 135/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 331 a 335 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y valoración de la prueba, por lo que se deja sin efecto la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, ordenando al Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar que en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita una nueva resolución cumpliendo los requisitos del debido proceso, en base a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a los derechos a la petición y al debido proceso en su elemento fundamentación, conforme a los argumentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto
  2. III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso
  3. III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  4. III.4. Sobre el carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones constitucionales
  5. III.5. Normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237
  6. III.6. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional
  7. III.7. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1257/2023-S1 Sucre, 12 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 38817-2021-78-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 135/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 331 a 335 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Oscar David Soria Soria contra Gherson Osvaldo Peñaloza Córdova, ex Gerente General a.i.; y, Marco Antonio Álvarez Daza, Gerente General, ambos de la Corporación del Seguro Social Militar (COSSMIL).

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 2 de julio y 17 de agosto ambos de 2020, cursantes de fs. 15 a 21; y, 25 a 31, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 7 de junio de 2019, la autoridad sumariante de la COSSMIL, emitió en su contra el Auto Inicial de Proceso Administrativo MAM 015/2019, por la presunta contravención a los arts. 31 inc. e) y 44 inc. g) del Reglamento Interno de Personal (RIP) de la COSSMIL; por lo que, dicha autoridad pronunció la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019 de 13 de agosto, por la cual se determinó la existencia de responsabilidad administrativa, aplicándole la sanción de destitución, debido a que su persona se ausentó de manera injustificada a su fuente laboral por más de seis días continuos, por lo que, interpuso recurso de revocatoria contra la mencionada determinación, la misma que fue resuelta por medio de la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, la que dispuso ratificar la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, persistiendo la sanción administrativa, ante lo cual, presentó el recurso jerárquico remitiéndose los antecedentes ante la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la COSSMIL. En ese sentido, el 23 de diciembre de 2019 se pronunció la Resolución 004/19, por la cual se determinó confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, a su vez ratificando los argumentos insertos en la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019 en la cual se determinó su responsabilidad administrativa; empero, de forma previa al proceso administrativo, presentó el “31 de enero de 2019” –lo correcto es 1 de febrero de 2019– una nota en la que solicitó su declaratoria en comisión por estudios de postgrado a realizar en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arevalo” de la República Bolivariana de Venezuela y al no obtener respuesta por parte de Gerencia General, tuvo que presentar el 8 de marzo del mismo año su renuncia en el cargo de Médico General de medio tiempo, y ante la falta de respuesta solicitó el 14 de mayo de igual año su reincorporación a su fuente laboral, notas que no fueron respondidas por el Gerente General a.i. de la COSSMIL –ahora demandado–; empero, estos aspectos fueron utilizados en su contra en el proceso administrativo, sin haber otorgado de forma previa una respuesta a las misivas, vulnerando sus derechos a la fundamentación, motivación y a la petición respectivamente; puesto que: a) En cuanto al derecho de petición, habiendo presentado con anterioridad al proceso las notas de 31 de enero de 2019 –recepcionada el 1 de febrero de igual año– en la que solicitó se lo declare en comisión para realizar estudios de postgrado en el antedicho Hospital Militar Universitario; asimismo, la de 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo de idéntico año– por la que presentó su renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo; y, la de 14 de mayo de 2019 –recepcionada el 15 del referido mes y año–, en la que solicitó su reincorporación laboral, los mismos no merecieron respuesta por la autoridad demandada, iniciándole el proceso administrativo utilizando en su contra los antecedentes, incurriendo en un enjuiciamiento indebido; b) Falta de fundamentación, puesto que en la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, dicha autoridad realizó la cita de las SSCC 1369/2001-R de 19 de diciembre; 0752/2002-R de 25 de junio; 0018/2005 de 8 de marzo; 0299/2006-R de 29 de marzo; 0965/2006-R; 0802/2077-R de 2 de octubre; 1289/2010-R de 13 de septiembre; y, 1930/2010-R de 25 de octubre; así como, de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre; 0100/2013 de 17 de enero; 0893/2014 de 14 de mayo; 1441/2016-S3 de 7 de diciembre; y, 0602/2017-S3 de 26 de junio; y, el Auto Supremo 203/2013 de 3 de junio, sin exponer el carácter vinculante o de analogía en su caso; c) Falta de fundamentación, ya que omitió establecer de forma clara, objetiva y razonable los preceptos jurídicos que lo llevaron a tomar la determinación de ratificar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, pese a que menciona los arts. 24, 115.I y 232 de la Constitución Política del Estado (CPE); 28, 29 y 33 de la Ley de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO) -Ley 1178 de 20 de julio de 1990-; 15, 18, 25 y 29 del Decreto Supremo (DS) 23318-A modificado por el DS 26237; 31 inc. b) del DS 1592; 44 inc. g) y 46 del RIP de la COSSMIL; y, 45 del Reglamento Específico de Procesos Administrativos; empero, nunca explicó la aplicación de los mismos para la procedencia de su determinación; y, d) Falta de motivación dentro de la Resolución 004/19; puesto que, la autoridad demandada no realizó ningún trabajo de motivación en relación a las pruebas ofrecidas de su parte, las que establecían la falta de respuesta previa a las notas presentadas por su persona relativos a la declaratoria en comisión por estudio, la cual se evidenció en el Informe del Departamento de Recursos Humanos 1707/2019, así como también de la nota de solicitud de reincorporación de 14 de mayo de 2019.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte accionante denunció la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación, valoración de la prueba; y, a la petición, citando al efecto los arts. 24 y 115.II de la CPE.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga: 1) La nulidad de la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, debiendo emitirse una nueva resolución; 2) Se otorgue respuesta inmediata a sus notas presentadas el “31 de enero” –lo correcto es 1 de febrero–, 8 de marzo y 15 de mayo todos de 2019; y, 3) Se ordene su inmediata reincorporación laboral, en el mismo puesto y haber mensual que percibía.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 21 de septiembre de 2020, según consta en el acta cursante de fs. 324 a 330 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El impetrante de tutela, por intermedio de su abogado, ratificó los términos de su demandada de acción de amparo constitucional.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Marco Antonio Álvarez Daza, Gerente General de la COSSMIL, a través de su representante legal, en audiencia señaló que: i) La acción de amparo constitucional incurre en aspectos contradictorios, pues en primer lugar solicita la nulidad de la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019; ii) Peticiona una respuesta a la nota de 31 de enero de 2019 –presentada el 1 de febrero de igual año–, y pide su reincorporación; empero, el impetrante de tutela no identificó los elementos de la causa pretendi, pues lo que quiere es la nulidad de la Resolución 04/2019, en la cual no establece la relevancia constitucional para poder ingresar al estudio de la fundamentación y motivación, cuando el 5 de febrero de 2019 el prenombrado renuncia a su cargo debido a sus estudios superiores; iii) El accionante faltó a su fuente laboral por más de seis días conforme lo establece el RIP de la COSSMIL, iniciándole el proceso administrativo correspondiente y emitiéndose en consecuencia la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, la cual dispuso la existencia de responsabilidad administrativa por incumplimiento al RIP de la COSSMIL, aplicando la sanción de destitución, Resolución que se encuentra fundamentada y motivada y ante la presentación de recurso de revocatoria, la misma se resolvió mediante Resolución de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de manera legal y en apego al debido proceso; y, iv) Tras haber interpuesto el recurso jerárquico contra la antedicha Resolución de Revocatoria, se emitió la Resolución 004/19 que de manera fundamentada y motivada, confirmó la Resolución de Revocatoria T.A.S. 002/2019, y por lo mismo ratificó la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019; empero, el accionante los denuncia sin precisar de forma clara la relevancia constitucional para analizar dichos elementos conforme lo determina la SCP 1233/2017-S1 de 28 de diciembre, solicitando se deniegue la tutela. Gherson Osvaldo Peñaloza Córdova, ex Gerente General a.i. de la COSSMIL, no presentó informe escrito ni se hizo presente a la audiencia de garantías pese a su legal notificación conforme cursa a fs. 33.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz, por Resolución 135/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 331 a 335 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) La jurisdicción constitucional tiene tres inhabilitaciones para ingresar al fondo de la problemática, siendo la primera que no ingresa al fondo al no poder sobrecargarse la facultad de la administración, por lo cual está inhibida de realizar la valoración de la legalidad ordinaria, y, tampoco puede valorar las pruebas, siendo atribuciones de la jurisdicción ordinaria o administrativa; b) Las excepciones para ingresar el actuar de la autoridad administrativa se la debe hacer cumpliendo los requisitos establecidos en la SCP 0390/2018-S1 de 13 de agosto, en la que determinó que el accionante debe tener una mayor diligencia a momento de postular su derecho; c) El impetrante de tutela debe demostrar que la labor interpretativa de la autoridad administrativa es arbitraria, discrecional, irracional y rompe con las reglas generales de interpretación, siendo un requisito importante el de postular el nexo de causalidad, el hecho y el daño, pues debe existir una relación entre dichos aspectos; d) Para acceder a una declaratoria en comisión, se debe presentar previamente una solicitud, y esperar la respuesta respectiva sin ausentarse antes de dicha respuesta; y, e) Un aspecto importante es la renuncia al cargo efectuada por el peticionante de tutela, en la que se debe aplicar la teoría de los actos propios.

I.4. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 27 de abril de 2022, cursante a fs. 339, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria. A partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 23 de noviembre de 2023, cursante a fs. 368, se reanudó el cómputo de plazo; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cura Memorándum Dpto. DRH. UDP. 1327/2013 de 25 de octubre, por el cual el Gerente General a.i. de la COSSMIL, designó a Oscar David Soria Soria -ahora accionante- en el cargo de Médico General de la Agencia Regional de COSSMIL Oruro, con Ítem 706, Nivel 9MT (fs. 143). II.2. Por Nota de 31 de enero de 2019, recepcionada el 1 de febrero del mismo año, el ahora impetrante de tutela, solicitó a José Rodolfo López Zamora, Agente Regional de la COSSMIL Oruro, la declaratoria en comisión por estudios de postgrado al amparo del art. 35 del RIP de la COSSMIL, al haber optado a una “…Residencia Médica de Postgrado en el Hospital Militar Universitario ´Carlos Arvelo` de la República Bolivariana de Venezuela en la especialidad de EMERGENCIOLOGÍA Y MEDICINA DEL DESASTRE” (sic [fs. 67]). Solicitud, que fue derivado a Gherson Osvaldo Peñaloza Córdova, Gerente General a.i. de la COSSMIL –ahora demandado– mediante Oficio Stria. Gral. 024/19 de 1 de febrero de 2019, para su conocimiento y consideración respectiva (fs. 68). II.3. Mediante Nota de 5 de febrero de 2019, con cargo de recepción de 8 de marzo de igual año, el ahora peticionante de tutela, presentó ante el Agente Regional de la COSSMIL Oruro su renuncia al cargo de Médico General a Medio Tiempo, señalando:

El motivo de la presente es de poner a conocimiento de su Autoridad, mi Renuncia al Cargo de MEDICO GENERAL A MEDIO TIEMPO de la AGENCIA REGIONAL “COSSMIL” ORURO; difícil decisión que me veo forzado a tomar debido a estudios superiores que me encuentro realizando en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arvelo” de la República Bolivariana de Venezuela; asimismo, referir que si bien presenté solicitud de Declaración en Comisión aún no cuento con respuesta (sic [fs. 54]). II.4. Por Nota de 14 de mayo de 2019, recepcionada el 15 del mismo mes y año, dirigido al Gerente General a.i. de la COSSMIL -ahora codemandado-, el impetrante de tutela solicitó su REINCORPORACIÓN a la institución, bajo el siguiente argumento:

…poner a su conocimiento de su autoridad que a la fecha me encuentro esperando la respuesta a mi solicitud de permiso para la especialización establecido en el Reglamento Interno y Resolución Ministerial.

También informarle lo acontecido en estos días, que mi persona se encontraba realizando sus actividades académicas normales en el Hospital Militar Carlos Arvelo Caracas-Venezuela, pero en fecha 09 de mayo de 2019 a horas de la mañana fuimos convocados todos los residentes de EMERGENCIOLOGIA Y MEDICINA DEL DESASTRE notificándonos que dicha especialidad se cerraba por inconvenientes internos. Motivo por el cual mi persona retorna al país en fecha 11 de mayo de 2019 del País hermano de Venezuela por motivos de CIERRE DEL POSTGRADO DE EMERGENCIOLOGIA Y MEDICINA DEL DESASTRE, y siendo también de conocimiento mundial la situación que cursa en este momento Venezuela. Por lo expuesto y siendo una situación extraordinaria y ajena a mi voluntad solicito muy respetuosamente mi REINCORPORACIÓN a nuestra distinguida institución COSSMIL, siendo mi persona padre y el único sostén económico de mi familia, teniendo la confianza del curso favorable de mi solicitud, por lo cual agradezco infinitamente el apoyo de la institución, motivado a volver y continuar con la atención de calidad y calidez hacia los señores asegurados y beneficiarios de la Corporación del Seguro Social Militar (sic [fs. 175]). II.5. Cursa Auto Inicial de Proceso Administrativo MAM 015/2019 de 7 de junio, pronunciado por Mauricio Alberto Argandoña Mercado, Autoridad Sumariante de la COSSMIL, resolviendo iniciar proceso administrativo interno contra Oscar David Soria Soria –ahora impetrante de tutela–, para determinar la existencia de faltas administrativas, señalando:

RESUELVE: PRIMERO.- Disponer el inicio de Proceso Administrativo Interno con el objeto de determinar la existencia o inexistencia de faltas administrativas del funcionario de “COSSMIL”: 1. Dr. Oscar David Soria Soria por presuntos incumplimientos a los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”. SEGUNDO.- En aplicación de los Artículos 33 y 34 del Reglamento Específico de la Responsabilidad Administrativa de “COSSMIL”, se señalará fecha y hora para la recepción de la Declaración Informativa, actuación que será notificada a la parte procesadas adjunto al presente Auto Inicial de Proceso Administrativo. TERCERO.- En cumplimiento a lo establecido por los artículos 29 y 40 del Reglamento Específico de la Responsabilidad Administrativaa de “COSSMIL”, se dispondrá la apertura de término de prueba de 10 días hábiles a objeto de que se presente las pruebas que se considerare pertinente como descargos, este término iniciara con la notificación a la parte procesada al momento de concluir la Declaración Informativa de la misma (sic [fs. 71 a 75]). La Declaración Informativa del ahora accionante fue recibido por la Autoridad Sumariante de la COSSMIL el 24 de junio de 2019 (fs. 79 a 80). II.6. Mediante Nota Stria. RR.HH. 1270/19 de 10 de junio de 2019, el Gerente

General a.i. de la COSSMIL -ahora demandado-, se dirigió al ahora peticionante de tutela, en relación a su solicitud de reincorporación laboral, refiriendo:

En atención a nota de fecha 14 de mayo de 2019 y memorial de 5 de junio de 2019, tengo a bien recordarle a que persona, que en fecha 08 de enero de 2019 solicita de forma extraordinaria su vacación anual de la gestión 2019 por motivos personales y por el lapso de veinte (20) días hábiles. Sin embargo, la Gerencia de Salud de la cual depende la Regional Oruro le otorgó diez (10) días hábiles, misma que se computó desde fecha 21 de enero al 01 de febrero de 2019, plazo en el que debió reincorporarse y cumplir sus funciones. No obstante, de ello, su persona de forma voluntaria decide faltar a su fuente de trabajo, desde fecha 04 de febrero de 2019, en mérito a que toma los Estudios de Post Grado en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arévalo” de la República Bolivariana de Venezuela ratificando su inasistencia y el motivo del mismo mediante nota de fecha 08 de marzo de 2019 en la que presenta su RENUNCIA al cargo. De lo que se evidencia que su persona decidió voluntariamente faltar a su fuente laboral por el lapso de 31 días hábiles hasta el día de su renuncia formal al cargo. A pesar de su decisión de presentar su RENUNCIA al cargo a medio tiempo, exteriorizando su voluntad inequívoca de romper el vínculo laboral con COSSMIL, en recha 14 de mayo del presente presenta nota solicitando su reincorporación a la Corporación en mérito a que su personal retornó al país es fecha 11 de mayo del Presente de la República Bolivariana de Venezuela por motivos de cierre de postgrado de emergenciología y medicina del desastre. De lo precedentemente expuesto, tengo a bien DESESTIMAR su solicitud de reincorporación toda vez que su persona ha incurrido en la transgresión del ordenamiento jurídico administrativo establecido en el art. 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal “COSSMIL” (2011) (sic [fs. 166 a 167]).

II.7. Consta Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019 de 13 de agosto, emitido por la Autoridad Sumariante de la COSSMIL, por la cual, se determina la responsabilidad administrativa del ahora accionante, al incumplir los arts. 31 inc. e) y 44 inc. g) del RIP de la COSSMIL, siendo sancionado con su destitución (fs. 213 a 223). II.8. Por memorial de 5 de septiembre de 2019, el ahora impetrante de tutela, presentó recurso de revocatoria contra la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, solicitando se revoque la misma (fs. 234 a 239). II.9. A través de Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, la Autoridad Sumariante de la COSSMIL, determinó ratificar la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, y por lo mismo, la persistencia de la sanción de destitución en contra del ahora accionante (fs. 242 a 256). II.10.Mediante memorial de 23 de octubre de 2019, el ahora impetrante de tutela interpuso recurso jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, solicitando a la MAE de la COSSMIL, revoque la antedicha Resolución, restituyendo sus derechos y se disponga su reincorporación laboral en un plazo razonable (fs. 264 a 267).

II.11.Cursa Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, pronunciado por el Gerente General a.i. de la COSSMIL–ahora demandado–, por el cual confirma la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, y por lo mismo ratifica la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, manteniendo persistente la existencia de responsabilidad administrativa del ahora impetrante de tutela, bajo los siguientes fundamentos.

CONSIDERANDO: Que, para la resolución del presente Recurso Jerárquico, se han tomado en cuenta las siguientes disposiciones de orden legal: Que, la Constitución Política del Estado en el Artículo 24 establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.” Que, la Constitución Política del Estado en el parágrafo I del Artículo 115, también determina que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”; asimismo el numeral II del mismo Artículo, señala que el Estado: “(…) garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Que, la Constitución Política del Estado en el Artículo 232 establece que: “La Administración Pública, se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”. Que, la Ley N° 1178 en el Artículo 28 establece que: “Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión (…)”. Que, la Ley N° 1178 en su Artículo 29 señala que: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere…”. Que, la Ley N° 1178 en el Artículo 33 establece: “No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiera sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riegos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación”. Que, la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A, modificado por el Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de 2001, establecen tipos de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. En el marco de lo previsto por el Artículo 59, del referido Reglamento, las responsabilidades señaladas no son excluyentes unas de otras. Que, el Decreto Supremo N° 23318-A en el Artículo 15 dispone que: “Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efectos de dejar constancia y registro de su responsabilidad (…)”. Que, el Decreto Supremo N° 23318-A en el Artículo 18 determina que el proceso interno, es: “(…) el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad lo sancione cuando así corresponda”. Que, el Decreto Supremo N° 23318-A en su Artículo 25 manifiesta: “(Recurso jerárquico) Contra la decisión que resuelve el recurso de revocatoria, podrá interponerse recurso jerárquico ante la misma autoridad que resolvió la revocatoria, quien concederá el recurso en el efecto suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad”. Que, el Reglamento Interno de Personal en el artículo 31 (Abandono de Trabajo) inciso b) determina que: “la inasistencia injustificada de más de seis días continuos (D.S. 1592, de 19 de abril de 1949); constituye retiro forzó sin lugar a reclamo”. Que, el Reglamento Interno de Personal en al artículo 44 (Causales de Destitución) inciso g) dispone que: “la inasistencia injustificada al trabajo, por (6) días consecutivos”. Que, el Reglamento Interno de Personal en el artículo 45 prevé que: “los procesos administrativos se realizan de acuerdo a lo descrito en el Reglamento Específicos de Procesos Administrativos de COSSMIL”. Que, el Reglamento Interno de Personal en el artículo 46 señala que: “la destitución del empleado civil será necesariamente impuesta por el Gerente General, previo proceso administrativo que demuestre su culpabilidad de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Específico de Procesos Administrativos de la Corporación del Seguro Social Militar. Asimismo el despido será inmediato cuando las causales de la destitución son flagrantes, solo se requerirá los informes escritos necesarios más la prueba o pruebas pertinentes”. (…) CONSIDERANDO: Que, en atención al Recurso Jerárquico, y los argumentos de hechos y de derecho expuestos por el recurrente, se evidencia lo siguiente: El recurrente el 23 de octubre de 2019 presento Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. N°002/2019 de 19 de septiembre de 2019, argumentado entre lo más relevante lo siguiente: 1. De la resolución de recurso de revocatoria y su incorrecta valoración de los elementos fundamentados en el recurso de revocatoria interpuesto (…) no es suficiente argumentar como discurso a modo de crítica que “Es necesario destacar que el recurrente no presento pruebas o descargos durante la tramitación de la etapa sumarial, cuando la investigación sumarial debió inicial desde mi solicitud vacación, esto con el fin de establecer certeramente desde cuándo y hasta cuando mi persona debía incorporarse a COSSMIL-ORRUO (…) pues este es un punto de partida que desde un análisis objetivo que en lo más mínimo fue objeto de análisis por parte del Sumariante (…)”. 2. Cabe hacer notar que si se hubiera computado de manera correcta mis días de vacaciones y el retorno de mi persona a mi fuente laboral, se detectaría que el parte de fecha 4 de febrero de 2019, estaría errado; pues se computo de manera corrida, los días desde el inicio de mis vacaciones, hacia perfectamente una discriminación de los días hábiles e inhábiles que se debieron considerar para el computo de mi retorno, aspecto que ni siquiera fue objeto de análisis por el Sumariante (…). Que, respecto al numeral 1) y 2), la Autoridad Sumariante inició el proceso administrativo en base al informe DRH-N° 001/2019 de 11 de marzo de 2019, informe RDH.AL. N°007/2019 de 13 de marzo de 2019, informe N° 02/2019 de 22 de febrero de 2019, radiograma JEFAT.PERS. N° 004/19 e informe DGAJ N° 366/2019, que hacen conocer que el permiso de vacación le fue otorgado desde del 21 de enero de 2019 hasta el 01 de febrero de 2019, pero el 04 de febrero de 2019 se tomó conocimiento que usted no se habría incorporado de su permiso de vacación; en los partes – diarios de 04 y 05 de febrero de 2019 se pasó faltando, y que hasta fecha 11 de marzo de 2019 no se presentó en las oficinas de la Corporación; por otro lado, respecto al cómputo de sus vacaciones, en los antecedentes se evidencia su solicitud de vacaciones de 07 de enero de 2019, solicita 20 días hábiles computable desde el 21 de enero de 2019 por asuntos de viaje familiar; en el término de prueba otorgado en el sumario administrativo, recurso de revocatoria y jerárquico no presento documento que sustente la autorización de los días de vacación solicitados, más al contrario, se evidencia Radiograma Fax Oruro de 23 de enero de 2019, que demuestra que su vacación era desde el 21 de enero de 2019 hasta el 01 de febrero de 2019, se aclara que las vacaciones son otorgadas previa aprobación por el Jefe Inmediato Superior y Recursos Humanos, reiterando que su vacación era hasta el 01 de febrero de 2019. Que, para efectos del caso, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0602/2017-S3 de 26 de junio, respecto al derecho de una resolución fundamentada y motivada, expresó que a través de la SCP 1441/2016-S3 de 7 de diciembre, esta Sala concluyo que el debido proceso debe ser entendido como: «”…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. Asimismo, la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2022-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso “…exige que toda Resolución esa debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (…)” En ese orden la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostuvo que: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. Así las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencia del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad, así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 de enero). Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y le principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub índice [asunto pendiente de decisión]. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’ (…). En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que exisntan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado’. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”. Más adelante, la misma SCP 2221/2012, concluyó que las tres formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad “…son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresando una decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada”» (las negrillas son nuestras). Que, en relación a las sentencias constitucionales descritas, la Autoridad Sumariante de la Corporación emitió la resolución sumarial T.A.S. N° 043/2019 en base a los informes técnicos y legal que formularon distintas Unidades y/o Departamentos de la Entidad; además, en su declaración informativa expresa que del 04 de febrero de 2019 al 14 de mayo de 2019 el procesado no asistió a su fuente laboral debido a que se encontraba en la ciudad de Caracas, en merito a que realizaba estudio de postgrado en el Hospital Universitario Carlos Arvelo de la República Bolivariana de Venezuela; ase aclara, que no contaba con resolución gerencial de declaratoria de comisión por estudio, por lo que, su actuar se adecuo a lo provisto en los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”, en ese cometido, las resoluciones del sumariante fueron emitidas dentro del debido proceso, congruencia y razonabilidad. 3. En un criterio centrado en los partes emitidos por la Gerencia COSSMIL-Oruro, que solo acreditan desde cuando se computo como faltante a mi fuente laboral, es decir, desde fecha 11 de marzo de 2019, el Sr. Sumariante no considero en lo más mínimo bajo un criterio centrado en la legalidad, mi nota de renuncia al cargo de médico general, presentado con cargo de recepción de 08 de marzo de 2019, que de manera voluntaria generaba desvinculación voluntaria con la Entidad, que dicho de paso incluso hasta la fecha, no existe respuesta formal alguna de dicha solicitud (…). 4. La voluntad manifiesta en la carta de renuncia, no puede generar la firme convicción de faltar a mi fuente laboral, se aclara aunque en reiteradamente, que mi persona solicito declaratoria de comisión de estudios y que para no perjudicarme y menos perjudicar a nuestra institución, o había otra salida que renunciar a mi cargo, que tampoco que respondida incluso en ambos casos hasta la fecha, pues la nota de renuncia, fue presentada incluso antes de que se me pase faltando, aspecto que tampoco fue valorado desde esa óptica, que desde mi perspectiva era correcta. Que, respecto al numera 3) y 4), en fecha 01 de febrero de 2019 con oficio S/N solicito Declaración en Comisión por Estudio de Postgrado porque su persona había optado a una residencia médica en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arvelo” de la República Bolivariana de Venezuela, amparando su solicitud en el artículo 35 del Reglamento Interno de la Corporación, al respecto, el artículo descrito, claramente señala que la declaratoria en comisión debe ser emitida por el Gerente General, pero dicha declaración debe ser de forma expresa, y según oficio Dpto. RR.HH.: Archivo N° 1707/2019 e informe DRH. Archivo N° 113/2019, manifiesta que no cursa ninguna resolución sobre la solicitud de comisión, al respecto, por la instancia correspondiente deberá procederse a las acciones administrativas sobre quienes incumplieron con dicha respuesta, pero eso no significa que su solicitud haya sido aceptada, por consiguiente no procedió el silencio administrativo positivo. Que, en fecha 08 de marzo de 2019 presenta renuncia al cargo de Médico General de Medio Tiempo, al respecto, su renuncia fue presenta después de 33 días calendarios desde la fecha que debió reincorporarse, que era el 04 de febrero de 2019, teniendo en cuenta que no tenía resolución de declaratoria de comisión conforme se informa en el oficio Dpto. RR.HH.: Archivo N° 1707/2019 e informe DRH. Archivo N° 113/2019, pues vulnero lo descrito en los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”. 5. En cuanto a la valoración del argumento del Silencio Administrativo Positivo en el cual la Gerencia General de COSSMIL, incurrió se nos pretende hacer entender que para que esto percute, tendría que estar inserta en nuestra Ley Especial (Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”), aspecto que si bien normativamente se describe, se debe realizar una interpretación integra de la norma pues dicha normativa dispone “…artículo 17 (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo) I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación (…)”, lo que implica que el particular caso se debe aplicar lo que dispone el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, es decir la Jerarquía Normativa (…). 6. En el petitorio solicita se revoque la resolución ahora impugnada y en consecuencia se declare por al No responsabilidad administrativa y en consecuencia se me restituya mis derechos y se me reincorpore a mi fuente laboral en un plazo razonable. Que, en relación al numeral 5) y 6), es pertinente aclarar que la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 17 señala que: parágrafos “I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. (…) III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativos que corresponda o, en su caso jurisdiccional. (…). V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca en estas disposiciones”. Bajo ese precepto, el silencia administrativo positivo procede cuando se encuentra plasmado en una norma especial, y en las normas internas de la Corporación no se considera silencio administrativo positivo a los documentos que no se respondieran, por el contrario debió entender la no respuesta conforme señala la Ley de Procedimiento Administrativo. (…). Asimismo el Auto Supremo 203/2013 de 3 de junio, expresándose sobre lo principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, con relación a los actos administrativos reiteró entre otros aspectos lo previsto en el art. 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), sobre la obligación de la administración pública de dictar resoluciones expresas en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, a cuyo efecto debe considerarse como plazo máximo seis meses, a partir de los cuales en caso de no haberse dictado resolución expresa, la o el interesado podrá considerar desestimada su solicitud, en aplicación del silencio administrativo negativo, a cuyo efecto podrá deducir el recurso administrativo o jurisdiccional que corresponda. Que, en consecuencia los argumentos vertidos en el Recurso Jerárquico que motivan la presente Resolución, o desvirtúan la responsabilidad administrativa, porque no sea demostrado de forma expresa y documentada del porque su ausencia de su fuente laboral desde fecha 04 de febrero de 2019 hasta el 08 de marzo de 2019, teniendo en cuenta que no tenía Resolución Gerencial que autorice y declare su solicitud de comisión por estudio, ya que la no respuesta a su oficio S/N de fecha 01 de febrero de 2019 no procedía el silencio administrativo positivo, como presuntamente usted lo interpreto, la no asistencia a su fuente laboral se adecuo su conducta a lo descrito en los artículos 33 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”; posteriormente en fecha 08 de marzo de 2019 con oficio S/N pretende con su renuncia desvirtuar su conducta, acción que es distinta al hecho que genera el proceso administrativo interno.

POR TANTO

El Señor Gerente General a.i. de la Corporación del Seguro Social Militar en uso de sus atribuciones conferidas por el Art. 24 de la Ley N° 11901 de 21 de octubre de 1974, artículo 28 del Decreto Supremo N° 23318-A Modificado por el Decreto Supremo No. 26237 de 29 de junio de 2001 y el Reglamento Específico de la Responsabilidad Administrativa de “COSSMIL”; sin mayores consideraciones; RESUELVE: PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. N° 002/2019 de 19 de septiembre de 2019, por la cual el Abogado Sumariante de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, ratifica en todos sus puntos la Resolución Sumarial T.A.S. N° 043/2019 de 13 de agosto de 2019 que establece la Existencia de Responsabilidad Administrativa del Dr. Oscar David Soria Soria por el incumplimiento a los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento de Personal de “COSSMIL”, así como su respectiva sanción (sic [fs. 295 a 306]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la petición; toda vez que, dentro el proceso administrativo interno seguido en su contra por la presunta contravención de los arts. 31 inc. e) y 44 inc. g) del RIP de la COSSMIL; el Gerente General a.i. de la COSSMIL –ahora demandado– emitió la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, por la cual a tiempo de resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre emitido por la Autoridad Sumariante de la COSSMIL; determinó, confirmar la misma, y por consiguiente ratificar la sanción impuesta en su contra de destitución, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) En cuanto al derecho de petición, habiendo presentado con anterioridad al proceso administrativo las notas de 31 de enero de 2019 –recepcionada el 1 de febrero del mismo año– en la que solicitó se lo declare en comisión para realizar estudios de postgrado en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arvelo” de la República Bolivariana de Venezuela; asimismo, la de 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo de igual año– por la que presentó su renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo; y, la de 14 de mayo de 2019 –recepcionada el 15 de idéntico mes y año–, en la que solicitó su reincorporación laboral, los mismos no merecieron respuesta por parte de dicha autoridad, iniciándole el proceso administrativo utilizando en su contra los antecedentes descritos, incurriendo en un enjuiciamiento indebido; 2) Falta de fundamentación, puesto que en la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, la autoridad demandada realizó simplemente la cita de las SSCC 1369/2001-R; 0752/2002-R; 0018/2005; 0299/2006-R; 0965/2006-R; 0802/2077-R;

1289/2010-R; y, 1930/2010-R; así como, de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012; 0100/2013; 0893/2014; 1441/2016-S3; y, 0602/2017-S3; y, el Auto Supremo 203/2013; empero, no expuso el carácter vinculante o de analogía en su caso; 3) Falta de fundamentación, ya que omitió establecer de forma clara, objetiva y razonable los preceptos jurídicos que lo llevaron a tomar la determinación de ratificar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, pese a que menciona los arts. 24, 115.I y 232 de la CPE; 28, 29 y 33 de la Ley 1178; 15, 18, 25 y 29 del DS 23318-A DE 3 de noviembre de 1992 –Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública-modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001; 31 inc. b) del DS 1592; 44 inc. g) y 46 del RIP de la COSSMIL; y, 45 del Reglamento Específico de Procesos Administrativos; sin embargo, nunca explicó la aplicación de los mismos para la procedencia de su determinación; y, 4) Falta de motivación dentro de la Resolución 004/19; puesto que, la autoridad demandada no realizó ningún trabajo de motivación en relación a las pruebas ofrecidas de su parte, las que establecían la falta de respuesta previa a las notas presentadas por su persona relativos a la declaratoria en comisión por estudio, la cual se evidenció en el Informe del Departamento de Recursos Humanos 1707/2019, así como también de la nota de solicitud de reincorporación de 14 de mayo de 2019. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: i) Cambio de razonamiento de esta Magistratura respecto a la protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto; ii) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; iii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; iv) Sobre el carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones constitucionales; v) Normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237; vi) El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional; y, vii) Análisis del caso concreto.

III.1. La protección del derecho de petición en base al estándar jurisprudencial más alto

En relación al derecho a la petición, la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, aplicó las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0587/2018-S2 de 28 de septiembre, que se constituyen en el estándar más alto de protección de los derechos en relación al derecho señalado. En ese marco, según la referida jurisprudencia constitucional, las denuncias por presunta vulneración del derecho de petición, serán tutelables estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo mediante la acción de amparo constitucional comprendiendo que el derecho de petición tiene como finalidad obtener una respuesta formal, pronta y oportuna;

además, con la debida fundamentación, tomando en cuenta que el tratamiento que se otorgará al referido derecho a momento de su análisis se contextualizará en el cumplimiento de los presupuestos que constitucional y jurisprudencialmente se han venido desarrollando por parte de este Tribunal, lo cual no significa que vía acción del derecho de petición, se tengan que absolver las problemáticas de fondo planteadas dentro de un determinado proceso sea judicial o administrativo. En mérito a la asunción del razonamiento más progresivo señaló que la petición al ser un derecho que se encuentra comprendido dentro del catálogo de derechos fundamentales y previsto en el art. 24 de la CPE, debe ser protegido por el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme manda el art. 196.I de la Norma Suprema que establece: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”. A partir de dicha previsión, el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución Política del Estado, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad; y, la misión de ejercer la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas; constituyéndose en el máximo protector del ejercicio de los derechos y garantías constitucionales establecidos en la Norma Suprema; ello, siempre con una visión progresiva y garantista en la interpretación de los derechos, conforme prevé el art. 13 de la CPE, es así que dentro del catálogo de derechos fundamentales, se encuentra el derecho a la petición, previsto por el art. 24 de la Norma Suprema, que establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”, de ahí que el derecho a la petición, se constituye en una prerrogativa primordial que incumbe realizar todo tipo de solicitudes o reclamos, e inclusive posibilita acceder al ejercicio de otros derechos.

No obstante, ha manifestado también, independientemente estén inmersos o no dentro de un proceso judicial o administrativo, el derecho a la petición, para ser protegido por la acción de amparo constitucional, deben cumplir con los siguientes contenidos temáticos: a) Contenido esencial; b) Requisitos de procedencia; c) Legitimación activa; d) Legitimación pasiva; y, e) Plazo para emitir respuesta. En referencia al contenido esencial la SC 218/01-R de 20 de marzo de 2001, estableció que una vez interpuesta la solicitud la respuesta debe ser: 1) Emitida de forma pronta y oportuna, esto es dentro el plazo establecido por la ley o dentro de un plazo razonable; 2) Formal; es decir que la respuesta sea escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos que la parte interesada pueda realizar reclamos o utilizar los medios recursivos establecidos por ley; 3) Material, porque debe resolver el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición y no evadirlo; atender y resolver de forma positiva o negativa a los intereses del solicitante; y, 4) Argumentada, lo que implica que la respuesta debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del 2El Cuarto Considerando, señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquella, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos. Es así que el derecho a formular peticiones (…) se refiere precisamente al derecho fundamental cuyo núcleo esencial comprende la respuesta pronta y oportuna, resolviendo en lo posible la petición en sí misma, es decir resolviendo el asunto objeto de la petición”. 3La SC 1065/01-R de 4 de octubre de 2001, en el Cuarto Considerando, señala que: “…el derecho de petición es la potestad, capacidad o facultad que tiene toda persona de formular quejas o reclamos frente a las conductas, actos, decisiones o resoluciones irregulares de los funcionarios o autoridades públicas o la suspensión injustificada o prestación deficiente de un servicio público, así como el de elevar manifestaciones para hacer conocer su parecer sobre una materia sometida a la actuación de la administración o solicitar a las autoridades informaciones; en sí es una facultad o potestad que tiene toda persona para dirigirse, individual o colectivamente, ante las autoridades o funcionarios públicos, lo que supone el derecho a obtener una pronta resolución, ya que sin la posibilidad de exigir una respuesta rápida y oportuna carecería de efectividad el derecho…” (las negrillas son nuestras). 4La SC 843/2002-R de 19 de julio, en su Tercer Considerando, manifiesta: “Que en el marco de la interpretación realizada por este Tribunal, en cuanto al derecho de petición se refiere, debe dejarse claramente establecido que la exigencia de la autoridad pública de resolver prontamente las peticiones de los administrados, no queda satisfecha con una mera comunicación verbal, sino que es necesario que el peticionante obtenga una respuesta formal y escrita, que debe ser necesariamente comunicada o notificada, a efecto de que la parte interesada, si considera conveniente, realice los reclamos y utilice los recursos previstos por Ley (las negrillas son agregadas). 5La SCP 189/01-R de 7 de marzo de 2001 en el Tercer Considerando, indica: “…el ejercicio del derecho supone que una vez planteada la petición, cualquiera sea el motivo de la misma, la persona adquiere el derecho de obtener pronta resolución, lo que significa que el Estado está obligado a resolver la petición. Sin embargo, el sentido de la decisión dependerá de las circunstancias de cada caso en particular y, en esa medida podrá ser positiva o negativa.

Sin embargo, la obligación del Estado no es acceder a la petición sino resolverla. Por ello, no se entiende conculcado el derecho de petición cuando la autoridad responde al peticionario, aunque la respuesta sea negativa, pues la respuesta representa en sí misma, independientemente del sentido que tenga, la satisfacción del derecho de petición. En consecuencia, sólo en la situación en que transcurridos los términos o plazos que establece la ley, el Estado, a través del funcionario o autoridad correspondiente, no emite respuesta alguna el derecho de petición resulta desconocido o vulnerado” (el resaltado es añadido). 6La SC 776/2002-R de 2 de julio, en el Cuarto Considerando, refiere: “…en cuanto al derecho de petición, este Tribunal ha dejado establecido en su uniforme jurisprudencia, que el mismo se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley, de forma que cubra las pretensiones del solicitante, ya sea exponiendo las razones del por qué no se la acepta, explicando lo solicitado o dando curso a la misma, en cualquiera de estos casos donde se omita dar los motivos sustentados legalmente o de manera razonable, se tendrá como se dijo vulnerado el derecho.

Que, al contrario, no se tendrá por violado el derecho de petición, cuando se la niega manifestándose el por qué no se da curso a la petición en forma positiva, pues el derecho de petición en su sentido esencial no implica que el peticionante tenga el derecho de exigir siempre una respuesta positiva, sino que tiene el derecho a exigir una respuesta oportuna y emitida en el término legal, además de motivada. Consiguientemente, cuando la autoridad requerida ha emitido una respuesta negativa pero exponiendo las razones de tal decisión, no se puede considerar dicho acto como ilegal y por tanto tampoco se puede argumentar lesión al derecho de petición” (las negrillas son incorporadas).

porqué se da o no curso a la petición sobre la base de sustentos fácticos y jurídicos. Respecto a los requisitos de procedencia, que debe contener el derecho a la petición la SCP 1995/2010-R de 26 de octubre, moduló el entendimiento de la SC 0310/2004-R de 10 de marzo a efectos de su tutela, en ese mérito sólo se debe cumplir con tres requisitos: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud; y, iii) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición; al efecto la SCP 0112/2020-S1 precisó:

Con referencia a los requisitos de procedencia, debe hacerse mención a la SC 0310/2004-R de 10 de marzo, que en su Fundamento Jurídico III.2, estableció cuatro requisitos para que sea viable la tutela del derecho de petición: …a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión. Sin embargo, la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, modulando el entendimiento de la SC 0310/2004-R, a efectos de la tutela del derecho de petición, en el Fundamento Jurídico III.3, exigió únicamente los siguientes requisitos: ´…a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y, c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición`; sin embargo, con relación a este último requisito se aclara que: …dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad. Ahora bien, del análisis del núcleo del derecho de petición, que es la respuesta a una determinada solicitud como contenido y alcance del mismo; a efectos de su tutela debe tomarse en cuenta lo siguiente: i) La existencia de una petición oral o escrita; ii) La omisión indistintamente de cualquiera de sus componentes, vale decir, ante una: ii.a) Ausencia de respuesta formal; ii.b) Falta de respuesta material; ii.c) Inexistencia de argumentación -motivación y/o fundamentación- en la respuesta; y, iii) El agotamiento de medios de impugnación o reclamo idóneos para hacer efectivo dicho derecho, siempre que estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico para tal efecto, de lo contrario, no es exigible este requisito.

Respecto a la legitimación activa referenciando la SCP 0470/2014 de 25 de febrero, manifestó que puede solicitar la tutela del derecho a la petición cualquier persona individual o colectiva, con el único requisito de identificarse como peticionario. Este razonamiento fue reiterado entre otras por las siguientes Sentencias Constitucionales Plurinacionales: 0083/2015-S3 de 10 de febrero; 0449/2017-S3 de 26 de mayo; 1111/2019-S2 de 18 de diciembre.

En relación a la legitimación pasiva, partiendo de un análisis de la SC 0275/2003-R de 11 de marzo, luego haciendo referencia a las SSCC 0310/2004-R, 0560/2010-R, 1995/2010-R; y, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0085/2012 de 16 de abril, 2051/2013 de 7 El FJ III.1 señala: “El derecho de petición es considerado como un derecho fundamental del ser humano, consiste en la facultad de toda persona para dirigirse a las autoridades públicas a fin de reclamar, pedir u observar alguna cosa incumbente a aquélla, consagrándose como un derecho de los ciudadanos tendiente a morigerar el poder omnímodo del Estado, constituyéndose en un instrumento de particular importancia para que la sociedad civil pueda controlar a sus autoridades y hacer valer sus derechos”.

8 El FJ III.2. refiere: “De lo referido en el punto anterior, se establece que a fin de que se otorgue la tutela en caso de alegarse la violación del derecho a formular peticiones, corresponde que el recurrente, demuestre los siguientes hechos: a) la formulación de una solicitud expresa en forma escrita; b) que la misma hubiera sido formulada ante una autoridad pertinente o competente; c) que exista una falta de respuesta en un tiempo razonable y d) se haya exigido la respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida y no existan otras vías para lograr la pretensión.

Lo principal de lo relacionado es que la autoridad recurrida sea quien se negó dar la respuesta, pues de lo contrario, carecería de legitimación pasiva para ser recurrida de amparo, conforme reconoció este Tribunal en las SSCC 255/2001-R, 829/2001-R, 1349/2001-R, 984/2002-R, 002/2003-R y 79/2004, que establecieron que la legitimación pasiva se presenta cuando existe “ (...) coincidencia entre la autoridad que presuntamente causó la violación de los derechos y aquella contra quien se dirige la acción (...)”. 9 El FJ III. 5 establece: “Al no constar en los antecedentes que las autoridades demandadas hayan considerado y dado respuesta al memorial de 11 de septiembre de 2005, presentado por el accionante solicitando nulidad de oficio hasta el estado de pronunciarse nuevo auto de vista por un tribunal competente dentro del proceso penal seguido por Germán Guido Loayza Grágeda por el delito de falsedad material y otros en su contra y la de otros, vulneraron el derecho de petición, y defensa y por tanto al debido proceso de Mario Choque Rojas, teniendo en cuenta que estaban obligados a pronunciarse expresamente respecto a dicha solicitud, ya sea en forma positiva o negativa…” 10 El FJ III.3 señala: “Ahora bien, a la luz de la Constitución vigente, y conforme a lo expresado, corresponde modular la jurisprudencia citada precedentemente, pues actualmente, el primer requisito señalado por dicha Sentencia, es decir, la formulación de una solicitud en forma escrita no es exigible, pues la Constitución expresamente establece que la petición puede ser escrita u oral.

Con relación al segundo requisito que establece que la solicitud debe ser presentada ante autoridad competente o pertinente, se debe precisar que esta no es una exigencia del derecho de petición, pues aún cuando la solicitud se presente ante una autoridad incompetente, ésta tiene la obligación de responder formal y oportunamente sobre su incompetencia, señalando, en su caso, a la autoridad ante quien debe dirigirse el peticionario; conclusión a la que se arriba por el carácter informal del derecho a la petición contenido en la Constitución Política del Estado, que exige como único requisito la identificación del peticionario, y en la necesidad que el ciudadano, encuentre respuesta y orientación respecto a su solicitud, en una clara búsqueda por acercar al administrado con el Estado, otorgándole a aquél un medio idóneo para obtener la respuesta buscada o, en su caso, la información sobre las autoridades ante quienes debe acudir, lo que indudablemente, fortalece el carácter democrático del Estado Boliviano.

(…)

Finalmente, el cuarto requisito, referido a que el peticionante debe haber reclamado una respuesta y agotado las vías o instancias idóneas de esa petición ante la autoridad recurrida, corresponde señalar que dicho requisito es exigible cuando dichos medios de impugnación estén previstos expresamente en el ordenamiento jurídico con dicho objetivo, es decir, resguardar el derecho de petición; a contrario sensu, no será exigible cuando no existan esos medios; pues, se entiende que este derecho -como se tiene señalado- busca acercar al administrado al Estado, otorgando a la persona de un instrumento idóneo, expedito e inmediato para acudir ante el servidor público con la finalidad de requerir su intervención en un asunto concreto o de solicitar una determinada información o documentación que cursa en poder de esa autoridad…”. 11El FJ III.2 refiere: “Sin embargo, la referida SC 1500/2010-R, en su ratio decidendi establece la posibilidad de exigibilidad del derecho de petición en relación a particulares, ampliando así el alcance de la SC 0820/2006-R, aplicando por ende, de manera tácita la teoría del Drittwirkung. Con estos antecedentes, en una nueva contextualización de este derecho acorde con las bases teóricas referentes a la dogmática de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, expresamente desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia, corresponde además señalar que el sustento de la interpretación extensiva que debe dársele al art. 24 de la CPE, es la teoría del Drittwirkung; por esta razón, esta disposición constitucional, no se limita a la simple eficacia vertical de este derecho, así en su tenor literal, esta norma establece: “Toda persona tiene derecho a la petición de 18 de noviembre; y, 1064/2019-S2 de 3 de diciembre, concluyó que tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de amparo constitucional por vulneración del derecho a la petición: a) Todas las autoridades o servidores públicos, aún no fuesen competentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quién se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, b) Las personas particulares. Respecto al plazo para responder a la petición efectuada, la jurisprudencia constitucional determinó que se deberá emitir pronunciamiento: 1) En el término establecido por ley; y, 2) Cuando no está previsto un plazo en la norma para que la autoridad o servidor público emita respuesta, el derecho de petición se tiene por lesionado cuando la misma no es emitida dentro de un plazo razonable. De los argumentos descritos en la señalada SCP 0112/2020-S1, se puede concluir que ante una petición efectuada en el marco del art. 24 de la CPE, la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la manera individual o colectiva, sea oral o escrita y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario”.

(…)

Finalmente, debe establecerse también que la afectación al derecho a la petición en su contenido esencial, ya sea en el ámbito público o privado, debe ser tutelada por la acción de amparo constitucional regulada en el art. 128 de la CPE”. 12El FJ III.3 señala: “…Por lo que, las autoridades demandadas en los términos desarrollados, no tuvieron la oportunidad de satisfacer este derecho por la falta de conocimiento de la petición misma de restitución, lo que no implica el quebrantamiento del mandato constitucional que lo contiene, dado que el perjuicio al administrado no operó por la omisión de los demandados, sino precisamente por la ausencia de comprensión del requerimiento por él efectuado”. 13El FJ III.1.4 establece: “En resumen, tienen legitimación pasiva a efectos de ser demandados a través de una acción de tutela, reclamándose la lesión del derecho de petición: i) Las autoridades o servidores públicos, aun no fuesen competentes o pertinentes para resolver el fondo de la pretensión del peticionado, circunstancia en la que la autoridad ante quien se dirigió equivocadamente la petición deberá señalar expresamente cuál la autoridad competente o tramitación atinente, que oriente al peticionante en su pretensión; y, ii) Las personas particulares”. 14El cuarto Considerando de la SC 0776/2002-R de 2 de junio, establece: “…se puede estimar como lesionado cuando la autoridad a quien se presenta una petición o solicitud, no la atiende; es decir, no la tramita y la responde en un tiempo oportuno o en el plazo previsto por Ley…” (las negrillas son nuestras). 15El FJ III.3 de la SC 1995/2010-R de 26 de octubre, indica: “…pues sólo si en un plazo razonable, o en el plazo previsto por las normas legales -si existiese- no se ha dado respuesta a la solicitud se tendrá por lesionado el derecho a la petición.

…la respuesta solicitada debe ser formal y pronta, dando respuesta material a lo solicitado ya sea en sentido positivo o negativo, dentro de un plazo razonable” (las negrillas son incorporadas).

Sobre el particular la jurisprudencia constitucional contenida en la SCP 1675/2013 de 4 de octubre, refiere que al interior del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), las respuestas que impliquen cuestiones de mero trámite deben ser realizadas en el plazo de veinticuatro horas, vencido el cual, se tiene por vulnerado el derecho de petición; asimismo, respecto a particulares, la SCP 1187/2014 de 10 de junio, en el FJ III.2 entiende que: “…debe tomarse en cuenta de forma análoga el plazo de tres días para absolver providencias de mero trámite, previsto en el art. 71.I del Reg lamento de la Ley de Procedimiento Administrativo, en atención a que la solicitud no representaba mayor dificultad y podía ser satisfecha razonablemente en dicho plazo”.

pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición. Finalmente, en cuanto a las denuncias por presunta lesión del derecho a la petición dentro de un proceso judicial o administrativo; la jurisprudencia constitucional descrita precedentemente, reflexionó que es posible atender dicha denuncia mediante la acción de amparo constitucional, comprendiendo que la finalidad de dicho derecho es la obtención de una respuesta pronta, formal, material y argumentada; para lo cual, el juez constitucional en cada caso concreto debe centrar su análisis en el cumplimiento de los presupuestos detallados líneas arriba; no obstante, debe quedar claro que, el derecho a la petición ejercido dentro de un trámite judicial o administrativo, no implica que la autoridad respectiva tenga que absolver positiva o negativamente problemáticas de fondo que atañen a la resolución misma del asunto (judicial o administrativo).

III.2. El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso

En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa.

En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:

…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia (las negrillas y subrayado nos corresponden). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:

77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:

…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…

En ese contexto, las citadas jurisprudencias constitucionales, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación consiste en la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador.

En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, 8 de la CADH, y 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.

III.3. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial la Magistrada relatora, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales la Magistrada relatora fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señaló:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas… …en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (el subrayado y resaltado es ilustrativo).

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 19“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”

la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante: a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el solicitante de tutela debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que: Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional… (las negrillas nos corresponden).

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente (el resaltado nos corresponde).

21La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.

Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada Sentencia Constitucional Plurinacional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas. ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, la Magistrada relatora determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE. Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad.

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.4. Sobre el carácter vinculante y obligatorio de las resoluciones constitucionales

Al respecto la SC 1310/2002-R de 28 de octubre, indicó que los fundamentos determinantes del fallo emitidos por el Tribunal Constitucional -ahora Tribunal Constitucional Plurinacional- conocido como ratio decidendi, son vinculantes y de aplicación obligatoria por todos los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales o jueces. Posteriormente la SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, indicó que las Resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten una gran importancia por su carácter vinculante para la jurisdicción ordinaria, uso profesional y estudio general. En ese entendido, respecto al carácter vinculante de las resoluciones constitucionales, la referida Sentencia Constitucional Plurinacional, indicó que dicho carácter está sujeta a la analogía; es decir, que al emitirse un fallo constitucional que resuelva una problemática en la que cree una línea jurisprudencial, para poder ser aplicada el precedente constitucional en otro caso buscando su solución, la misma debe ser análogo al ya resuelto con anterioridad. En esa misma línea, la SCP 1032/2015-S3 de 29 de octubre, reiterando a la SC 1032/2002-R de 28 de octubre, y SCP 1787/2014 de 19 de septiembre, concluyó que la parte vinculante de una Resolución Constitucional es la ratio decidendi, constituyéndose en la parte más relevante de toda la fundamentación dentro de la sentencia, generando precedentes obligatorios.

23 El FJ III.1.4 establece que: “Si bien todo fallo que emite este Tribunal en recursos de amparo constitucional y hábeas corpus, tiene efectos inter partes (sólo afecta a las partes), los fundamentos determinantes del fallo o rationes decidendi, son vinculantes y, por tanto, de obligatoria aplicación para los Poderes del Estado, legisladores, autoridades, tribunales y jueces (en todos sus niveles jerárquicos), así lo determina el art. 44 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC)”. 24 El FJ III.1 señala que: “El carácter vinculante y obligatorio de las Resoluciones pronunciadas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, según lo previsto por el art. 203 de la CPE, de forma taxativa, determina lo siguiente ‘Las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno’; así también el art. 15.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere que: ‘Las razones jurídicas de la decisión, en las resoluciones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional, constituyen jurisprudencia y tienen carácter vinculante para los Órganos del poder público, legisladores, autoridades, tribunales y particulares’, y en concordancia con el art. 19 del citado código, establece: ‘Las Sentencias, declaraciones y autos constitucionales se publicaran en la Gaceta Constitucional Plurinacional, cuya periodicidad será mensual. El Tribunal Constitucional Plurinacional difundirá sus resoluciones, además de los mecanismos electrónicos, a través de los medios que vea conveniente’, cuyo entendimiento permite especificar que la publicación de las Resoluciones del Tribunal Constitucional Plurinacional, revisten importancia ya que no sólo son de carácter ilustrativo o de información, sino por su carácter vinculante el conocimiento oportuno de las mismas es imprescindible, especialmente para la jurisdicción ordinaria, para el uso profesional y el estudio en genera”. 25 El FJ III.1 estableció que: “En ese contexto, se tiene que la vinculatoriedad de la jurisprudencia constitucional está sujeta a la regla de la analogía; es decir, que los supuestos fácticos de la problemática resuelta mediante una Sentencia Constitucional, en la que se crea una jurisprudencia deben ser análogos a los supuestos fácticos de la problemática a resolverse mediante la sentencia en la que se aplicará el precedente obligatorio, por ello la jurisprudencia constitucional juega un papel de primer orden en su aplicación, lo que implica para un mejor entendimiento disgregar su aplicación examinando los alcances de la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales, con el fin de establecer qué parte de ellas asume el carácter obligatorio”. 26 El FJ III.1 indicó que: “Así, podemos advertir que la parte vinculante de una Sentencia Constitucional Plurinacional es la ratio decidendi, que en otras palabras es la parte relevante de la fundamentación de la sentencia, que tiene la capacidad de generar precedentes obligatorios, los cuales deben ser aplicables por los Jueces y Tribunales que forman parte del Órgano Judicial en la resolución de todos los casos 6 que presenten supuestos fácticos análogos, además de todos los administradores de justicia, conforme la línea jurisprudencial que se encuentre vigente a momento de su aplicación.”

En el marco de lo descrito por la citada jurisprudencia, corresponde precisar lo siguiente: i) El carácter vinculante, se encuentra en los razonamientos desarrollados en la jurisprudencia en una dimensión horizontal y vertical; así, la primera se refiere a que las sentencias y decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional Plurinacional son también vinculantes para ella misma u otras instancias de igual jerarquía; la segunda, referida a que dichas decisiones pronunciadas por la máxima instancia de control constitucional son vinculantes para los jueces y tribunales ordinarios de menor jerarquía; y, ii) El carácter obligatorio, se encuentra en la parte dispositiva de las resoluciones constitucionales, mismo que debe ser cumplido por las partes procesales de forma obligatoria. Consecuentemente, es posible afirmar que las razones desarrolladas en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales de control tutelar de constitucionalidad, tienen también el carácter vinculante y obligatorio; es decir, en el primer caso como efecto del control tutelar que realiza el máximo intérprete de la Norma Suprema emitiendo resoluciones y un conjunto de razonamientos relacionadas al estudio sobre las vulneraciones de derechos y garantías constitucionales, concediendo o denegando la tutela solicitada por la parte interesada, que se constituyen en precedentes en materia de derechos fundamentales y garantías constitucionales, que de igual forma son vinculantes para el mismo Tribunal al formar parte de la jurisprudencia constitucional; no obstante, es claro que conforme a la aplicación de los diferentes criterios hermenéuticos, un precedente constitucional puede ser modificado por la misma instancia constitucional que la emitió, correspondiendo su realización de forma expresa y con la debida fundamentación, en atención al principio de la legítima confianza que protege al ciudadano de repentinos cambios jurisprudenciales, dado que lo contrario no sólo haría imprevisible la interpretación sino que generaría inseguridad jurídica; en el segundo caso, el carácter obligatorio de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales, se hace patente en el cumplimiento que debe ser materializado por las partes en un proceso de control tutelar.

III.5. Normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237

La SCP 0314/2013-L de 13 de mayo, refiriéndose a la aplicación de la norma prevista por el DS 23318-A modificado por el DS 26237, señaló:

En cuanto a la vigencia del silencio administrativo en los procesos internos previstos por el DS 23318-A de 3 de noviembre de 1992, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, es necesario señalar que la jurisprudencia constitucional, contenida en la SCP 1869/2012 de 12 de octubre, precisó: ‘Del análisis de las normas referidas se concluye que, las normas aplicables a los procesos administrativos internos, que tienen por objeto establecer responsabilidad administrativa por la función pública de los servidores públicos son las previstas por el DS 23318-A modificado mediante el DS 26237, y no así las normas supletorias establecidas para el procedimiento sancionador correctivo por la Ley de Procedimiento Administrativo, como equivocadamente pretende la recurrente, ya que las normas de esta última son de aplicación general en la relación de la administración con sus administrados y no con sus servidores públicos; pues se reitera que, por mandato expresa de la norma prevista por el art. 80.II de la LPA, el procedimiento sancionador contenido en dicha Ley, tendrá carácter supletorio, lo que supone que será aplicado sólo ante ausencia de una norma expresa en el Reglamento específico’ . Por su parte, la SC 0638/2011-R de 3 de mayo, respecto al pronunciamiento de resoluciones en plazo hábil y la aplicación del silencio administrativo en los procesos administrativos, por responsabilidad en el ejercicio de la función pública, estableció: ‘En este estado de cosas, a la luz de la problemática concreta, es imperante centrar las ideas en el procedimiento regulado para la determinación de responsabilidad por el ejercicio de la función pública, cuyo bloque de legalidad está conformado específicamente por la Ley del Sistema de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO), el DS 23318-A, modificado por el DS 26237 y supletoriamente la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) y el Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RPLA), en esta perspectiva, se tiene que el art. 29 del DS 23318-A modificado por el art. 1 del DS 26237, establece lo siguiente: «En los casos en que el recurso jerárquico se tramite ante la máxima autoridad ejecutiva, el plazo para emitir resolución será de ocho días hábiles, computables desde la radicatoria de los antecedentes», ahora bien, el incumplimiento de este plazo procedimental por parte de la MAE, encargada de resolver el recurso jerárquico en procesos destinados a determinar responsabilidad administrativa por el ejercicio de la función pública, hace operar el silencio administrativo negativo, ya que en el marco del contenido inserto en el art. 125 del Reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo (RLPA), los decretos supremos citados constituyen normas reglamentarias específicas para este tipo de procedimientos, disposiciones que no prevén de forma expresa el silencio administrativo positivo’ (las negrillas nos corresponden). Entendimientos descritos en la SCP 1092/2019-S1 de 26 de noviembre.

III.6. El principio de inmediatez y su flexibilización excepcional

La Constitución Política del Estado establece en el art. 129.II, que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación de la última decisión administrativa o judicial; éste plazo, expresa en la norma constitucional el principio de inmediación que rige ésta acción tutelar; en los mismos términos se tiene previsto el plazo de la inmediatez de la acción de amparo constitucional -extensivo a la acción de protección de privacidad y de cumplimiento-, en el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo).

Respecto a este límite temporal fijado en la Norma Suprema, la jurisprudencia constitucional ha señalado que tiene una estrecha vinculación con el principio de la seguridad jurídica, que disciplina la función de impartir o administrar justicia, puesto que su apertura por un tiempo ilimitado e indefinido, causaría inseguridad e incertidumbre para los justiciables sin duda alguna, por lo que la sabiduría del constituyente boliviano, fijó categóricamente el plazo para acudir a la jurisdicción constitucional, a través de la acción de amparo constitucional; en ese entendido por un principio general del derecho ninguna persona puede pretender que la jurisdicción constitucional se encuentre a su disposición en forma indefinida, sólo podrá estarlo dentro del término fijado, si en ese plazo el afectado no acude ante la autoridad judicial, implicará la desidia o la ausencia de interés para que sus derechos y garantías le sean restituidos. Sin embargo, la misma jurisprudencia constitucional ha razonado que el mencionado plazo no es rígido ni cerrado, admitiendo expresamente la posibilidad de flexibilización cuando se haya excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental o garantía constitucional sea evidente y de tal naturaleza que la jurisdicción constitucional no puede ni debe permitir su consumación, cuando los reclamos fueron permanentes sin obtener una respuesta, conforme señala la SC 0762/2003- R de 6 de junio de 2003, que expreso siguiente razonamiento:

…plazo razonable el de seis meses para que la persona afectada presente el recurso; no es menos cierto que, la sub-regla fijada por el Tribunal no es rígida ni cerrada, pues podrá flexibilizarse cuando se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente y de tal naturaleza que el órgano encargado del control de constitucionalidad no puede ni debe permitir se consume. En el caso objeto del presente recurso, el último reclamo escrito formulado por la recurrente data del 22 de julio de 2002, lo que significa que al 8 de febrero, fecha en que presentó el amparo constitucional, han transcurrido 6 meses y 13 días, lo que, inicialmente, daría lugar a que se declare improcedente el recurso; empero, es importante considerar los siguientes elementos de juicio para no optar por esa vía; a) el exceso del tiempo es de apenas 13 días al plazo fijado en la jurisprudencia; b) la lesión denunciada es evidente, toda vez que los recurridos no han dado una respuesta debidamente motivada a la petición de la recurrente, no obstante que los reclamos fueron permanentes y, según la versión de la recurrente no desmentida por los recurridos, después de haber presentado su última nota el 22 de julio del 2002, siguió presentando su reclamación verbal al Concejo sin obtener una respuesta. En consecuencia, aplicando el principio de favorabilidad, este Tribunal ingresa a la consideración del fondo de la problemática planteada en el recurso.

En el mismo sentido se pronunció la SC 0200/2006-R de 21 de febrero, y fue citado por la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto, entre otras. En todo caso, se debe estar atentos a las particularidades del caso concreto y a los derechos fundamentales o garantías constitucionales puestos en litigio, que se encuentren afectados en su contenido esencial –verbigracia, la invocación del estado de gravidez por la accionante- que justifiquen prescindir o excusar el cumplimiento del plazo de inmediatez y la protección que se brinde, será circunstancial o provisional. En esa comprensión, la jurisprudencia constitucional enfatizo de que el Juez o Tribunal de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, a condición de que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual -razonamientos expresados a partir del análisis de un caso vinculado a la imprescriptibilidad del derecho a la jubilación y la abstracción del principio de inmediatez-, tienen el deber de efectuar una revisión de cada caso concreto, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción, si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado. De la jurisprudencia descrita, es posible concluir en que, la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial; empero, esta regla tiene su flexibilización tal como lo precisó la indicada jurisprudencia constitucional; en tal antencedente, corresponderá flexibilizar el plazo de los seis meses para interponer el amparo constitucional cuando: 30 Respecto a las condiciones de flexibilización del plazo de la inmediatez de manera excepción, la SC 0389/2004-R de 17 de marzo, expreso: “Empero, atentos a las particularidades del caso y a los derechos fundamentales puestos en litigio, que en casos análogos a los del presente han justificado prescindir de la subsidiariedad, por lo que en el caso presente es justificable también prescindir o excusar el cumplimiento del otro requisito cual es el de la inmediatez, ello debido a que la recurrente invocó en su momento su estado de gravidez, que no se quiso considerar en el proceso administrativo, además porque la protección que se le brindará, al igual que en el precedente jurisprudencial citado, será circunstancial, o sea hasta que su hijo cumpla el primer año de edad, sin que pueda prolongarse más allá, plazo hasta el cual deberá diferirse la ejecución de lo dispuesto en el proceso disciplinario, cuyas resoluciones efectivamente tienen valor de cosa juzgada. Sin embargo, conviene recordar que este Tribunal ha sentado jurisprudencia en el sentido de que cuando una resolución ilegal y arbitraria afecta al contenido esencial de un derecho fundamental, no se puede sustentar su ilegalidad bajo una supuesta cosa juzgada, en cuyo caso se abre inexcusablemente el ámbito de protección del amparo constitucional (SC 111/1999-R, de 6 se septiembre). 31 Respecto a la condiciones de la flexibilización de la inmediatez, la SCP 1944/2013 de 4 de noviembre, expreso: “De esta forma, si bien es cierto que la Constitución Política del Estado y el Código Procesal Constitucional, establecen el plazo de caducidad de seis meses para la interposición de la acción de amparo constitucional, el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación y la situación particular en la que se encuentran sus beneficiarios, siendo un sector de vulnerabilidad que debe ser protegido de manera primordial por el Estado; deriva que en estos casos, deba hacerse una diferenciación particular, haciendo abstracción del principio de inmediatez a condición que la lesión al derecho haya persistido con el tiempo y sea actual. En ese sentido, deben presentarse ambas condiciones al efecto, debiendo el juez o tribunal de garantías, y en revisión el Tribunal Constitucional Plurinacional, realizar un análisis en cada caso en particular, verificando los motivos de la dilación en la presentación de la acción; si existió un desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos; o si por el contrario, hubo un reclamo continuo de los derechos considerados como vulnerados, persistiendo la transgresión de los mismos pese a lo señalado” ( las negrillas son ilustrativas).

a) Se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente, no obstante que los reclamos fueron permanentes; este razonamiento conlleva a que, procede la flexibilización al excederse en algunos días y la lesión denunciada es evidente debido a los reclamos reiterados (elementos que deben presentarse de forma concurrente); al respecto, la SC 0762/2003-R de 6 de junio que generó dicha reflexión constitucional, en su análisis aplico esta flexibilización tras evidenciar que transcurrió seis meses y trece días desde el último reclamo hasta la presentación del amparo constitucional. b) Cuando en su momento se invocó un estado de gravidez que no hubiera sido considerado en el proceso; así lo resolvió la SC 389/2004-R de 17 de marzo, cuando se planteó el amparo constitucional después de ocho meses de haberse procedido a la destitución laboral. Reflexión, que conlleva a comprender la posibilidad de flexibilizar la inmediatez en amparo constitucional cuando se trate de derechos laborales, criterio que encuentra correspondencia en el art. 48.IV de la CPE, al prevér que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”.

c) Finalmente, la SC 1944 de 4 de noviembre, flexibilizó el principio de inmediatez atendiendo el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación considerando que persistía la lesión con el tiempo y el mismo era actual.

Bajo ese marco jurisprudencial, tanto el Juez o Tribunal de garantías, como el Tribunal Constitucional Plurinacional en revisión, deben realizar un análisis prolijo en cada caso particular verificando todos los elementos necesarios, toda vez que, si bien es cierto que el acceso a la justicia es un derecho constitucional; empero, bajo esa prerrogativa no es posible convalidar el desinterés, desidia, negligencia o indiferencia de los actores en la reclamación de sus derechos, quienes tardíamente pretenden ser atendidos, comprendiendo erradamente que los jueces y tribunales estarían a su merced de forma indefinida, generando con ello un estado de incertidumbre e inseguridad jurídica. Consecuentemente, la instancia constitucional, tiene la posibilidad de flexibilizar el principio de inmediatez no en todos los casos, sino en aquellos supuestos que sean análogos a los identificados por la jurisprudencia constitucional.

III.7. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y valoración de la prueba; y, a la petición; toda vez que, dentro el proceso administrativo interno seguido en su contra por la presunta contravención de los arts. 31 inc. e) y 44 inc. g) del RIP de la COSSMIL; el Gerente General a.i. de la COSSMIL –ahora demandado– emitió la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, por la cual a tiempo de resolver el recurso jerárquico interpuesto contra la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre emitido por la Autoridad Sumariante de la COSSMIL; determinó, confirmar la misma, y por consiguiente ratificar la sanción impuesta en su contra de destitución, incurriendo en las siguientes irregularidades: 1) En cuanto al derecho de petición, habiendo presentado con anterioridad al proceso administrativo las notas de 31 de enero de 2019 –recepcionada el 1 de febrero del mismo año– en la que solicitó se lo declare en comisión para realizar estudios de postgrado en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arvelo” de la República Bolivariana de Venezuela; asimismo, la de 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo de igual año– por la que presentó su renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo; y, la de 14 de mayo de 2019 –recepcionada el 15 de idéntico mes y año–, en la que solicitó su reincorporación laboral, los mismos no merecieron respuesta por parte de dicha autoridad, iniciándole el proceso administrativo utilizando en su contra los antecedentes descritos, incurriendo en un enjuiciamiento indebido; 2) Falta de fundamentación, puesto que en la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, la autoridad demandada realizó simplemente la cita de las SSCC 1369/2001-R; 0752/2002-R; 0018/2005; 0299/2006-R; 0965/2006-R; 0802/2077-R; 1289/2010-R; y, 1930/2010-R; así como, de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012; 0100/2013; 0893/2014; 1441/2016-S3; y, 0602/2017-S3; y, el Auto Supremo 203/2013; empero, no expuso el carácter vinculante o de analogía en su caso; 3) Falta de fundamentación, ya que omitió establecer de forma clara, objetiva y razonable los preceptos jurídicos que lo llevaron a tomar la determinación de ratificar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, pese a que menciona los arts. 24, 115.I y 232 de la CPE; 28, 29 y 33 de la Ley 1178; 15, 18, 25 y 29 del DS 23318-A modificado por el DS 26237; 31 inc. b) del DS 1592; 44 inc. g) y 46 del RIP de la COSSMIL; y, 45 del Reglamento Específico de Procesos Administrativos; sin embargo, nunca explicó la aplicación de los mismos para la procedencia de su determinación; y, 4) Falta de motivación dentro de la Resolución 004/19; puesto que, la autoridad demandada no realizó ningún trabajo de motivación en relación a las pruebas ofrecidas de su parte, las que establecían la falta de respuesta previa a las notas presentadas por su persona relativos a la declaratoria en comisión por estudio, la cual se evidenció en el Informe del Departamento de Recursos Humanos 1707/2019, así como también de la nota de solicitud de reincorporación de 14 de mayo de 2019.

De los antecedentes que se encuentran descritos en las Conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que Oscar David Soria Soria –ahora accionante– fue designado en el cargo de Médico General de la Agencia Regional de la COSSMIL el 25 de octubre de 2013 a través del Memorándum Dpto. DRH. UDP. 1327/2013; asimismo, el 1 de febrero de 2019 por nota de 31 de enero de igual año y al amparo del art. 35 del RIP de la COSSMIL, el impetrante de tutela solicitó al Agente Regional de la COSSMIL Oruro, la declaratoria en comisión por estudios de postgrado, nota remitido al Gerente General a.i. de la COSSMIL el 1 febrero del citado año por medio de Oficio Stria. Gral. 024/2019; por lo que, de forma posterior por nota de 5 de febrero de 2019 –recepcionada el 8 de marzo de igual año–, el accionante dirigiéndose al Agente Regional de la COSSMIL Oruro presentó su renuncia al cargo de Médico General a medio tiempo; y, posteriormente a través de nota de 14 de mayo de 2019 –con cargo de recepción de 15 del mismo mes y año–, solicitó al demandado se proceda a su reincorporación a la institución (Conclusiones II.1, II.2, II.3 y II.4). En ese contexto, la Autoridad Sumariante de la COSSMIL emitió el 7 de junio de 2019 el Auto Inicial de Proceso Administrativo MAM 015/2019, por el cual se determinó iniciar el proceso administrativo contra el impetrante de tutela con el fin de determinar la existencia de faltas administrativas, presentado el prenombrado su declaración informativa el 24 del mismo mes y año; a lo cual, en ese ínterin el Gerente General a.i. de la COSSMIL por medio de Nota Stria. RR.HH. 1270/19 de 10 de junio de 2019 desestimó la solicitud de reincorporación solicitada por parte del accionante, es así, que el 13 de agosto de 2019 la Autoridad Sumariante de la COSSMIL emitió la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, determinando la responsabilidad administrativa de parte del impetrante de tutela, por incumplir los arts. 31 inc. e) y 44 inc. g) del RIP de la COSSMIL, sancionándolo con la destitución de su cargo, dicha Resolución que fue impugnada a través del recurso de revocatoria el 5 de septiembre de 2019, la cual fue resuelta por Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, por la cual, la Autoridad Sumariante de COSSMIL, ratificó la Resolución Sumarial antedicha y mantuvo persistente la sanción impuesta; por lo que, mediante memorial de 23 de octubre de 2019, el peticionante de tutela interpuso contra la Resolución T.A.S. 002/2019 recurso jerárquico, solicitando a la MAE de la COSSMIL la revocatoria de dicha determinación, la restitución de sus derechos y su reincorporación laboral en el plazo razonable; la cual, fue resuelta a través de la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, pronunciada por el Gerente General a.i. de COSSMIL, por el cual confirma la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, y por lo mismo ratifica la Resolución Sumarial T.A.S. 043/2019, manteniendo persistente la existencia de responsabilidad administrativa del impetrante de tutela (Conclusiones II.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10 y II.11).

En ese orden de ideas, contextualizada la problemática, corresponde a este Tribunal analizar y verificar si las denuncias realizadas por el accionante, son evidentes o no, con el fin de otorgar resguardo a sus derechos fundamentales supuestamente conculcados por la parte demandada, denuncias y problemáticas que serán analizadas de la siguiente manera:

III.7.1. Respecto a la primera problemática

El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la petición; ya que la autoridad demandada emitió la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, por el cual determinó confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, y por consiguiente ratificar la sanción de destitución en su contra; empero, no tomó en cuenta, que hubo presentado con anterioridad al proceso administrativo las notas: i) De 31 de enero de 2019 –recepcionada el 1 de febrero del mismo año– por la cual solicitó se lo declare en comisión para realizar estudios de postgrado en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arvelo” de la República Bolivariana de Venezuela; ii) De 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo de igual año–, en la cual presentó su renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo; y, iii) De 14 de mayo de 2019 –recepcionada el 15 de idéntico mes y año–, mediante la cual solicitó su reincorporación laboral; notas que no merecieron respuesta por parte de la autoridad demandada, iniciándole el proceso administrativo utilizando en su contra los antecedentes descritos, incurriendo en un enjuiciamiento indebido.

Ahora bien, sobre el derecho de petición regulado en el art. 24 de la CPE, la jurisprudencia de este Tribunal ha desarrollado los requisitos que debe contar no solamente la petición en sí misma, sino más que todo la respuesta brindada ya sea por el particular o autoridad peticionada, es así, que el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional a mencionando a la SCP 0112/2020-S1 de 21 de julio, la cual estableció que:

…la respuesta a ser emitida por la persona o autoridad responsable de su emisión, deberá ser: i) Pronta y oportuna; es decir, dentro el término previsto por ley, y en caso de no estar dispuesto, deberá ser dentro de un plazo razonable; ii) Formal, referida a que la respuesta deberá ser escrita y debidamente comunicada o notificada, a efectos de que en el caso de disconformidad del peticionante pueda realizar los reclamos o utilizar los medios de impugnación previstos en la normativa; iii) Material, porque debe resolverse el fondo de la pretensión o asunto objeto de petición sin incurrir en evasivas; es decir, es imperativo que se emita una respuesta positiva o negativa a los intereses del peticionante; y, iv) Argumentada, relacionada a que la respuesta positiva o negativa debe ser motivada y fundamentada, exponiendo las razones del porqué se da o no curso a la petición.

En ese contexto, en base a dicha aclaración se tiene de las Conclusiones II.2, II.3 y II.4 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que el accionante presentó a la autoridad demandada diferentes notas, con peticiones distintas, a saber: a) Nota de 31 de enero de 2019 –recepcionada el 1 de febrero de igual año–, por la que solicitó la declaratoria en comisión por estudios de postgrado; la cual, fue de conocimiento de la autoridad demandada el 1 de febrero del citado año por oficio Stria. Gral. 024/19; b) Nota de 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo del mismo año–, por el cual presentó su renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo de la COSSMIL Oruro; y, c) Nota de 14 de mayo de 2019 –recepcionada el 15 de idéntico mes y año–, mediante la cual, solicitó a la autoridad demandada su reincorporación laboral en la institución; misivas que a consideración del accionante los mismos no fueron respondidos por parte de la autoridad demandada, vulnerando con dicho acto su derecho de petición.

En ese contexto, y previamente a poder ingresar al análisis del problema planteado, en acciones de amparo constitucional es necesario por parte de los Tribunales de garantías y Salas Constitucionales, y de igual forma de este Tribunal Constitucional Plurinacional, el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad con las que se encuentra revestido esta acción de defensa; es decir, el cumplimiento de los principios de subsidiariedad, el agotamiento de todos los recursos infra constitucionales sea judicial -reposición, apelación, casación, compulsa, revisión extraordinaria de sentencia- o administrativo -revocatoria, jerárquica y contencioso administrativa-; y, el de inmediatez, traduciéndose la misma en el plazo en la cual debe presentarse la acción de amparo constitucional que es en el tiempo de seis meses computables a partir de la última notificación con la determinación judicial o administrativa, o de conocer el último hecho de acción u omisión vulnerador de derechos. En ese orden, conforme se desprende del Fundamento Jurídico III.6 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto al principio de inmediatez de la acción de amparo constitucional y su flexibilización excepcional, se tiene que:

…la acción de amparo constitucional debe ser interpuesta en el plazo máximo de seis meses, a computarse desde la comisión de la lesión alegada o desde la notificación con la última decisión administrativa o judicial; empero, esta regla tiene su flexibilización tal como lo precisó la indicada jurisprudencia constitucional; en tal antencedente, corresponderá flexibilizar el plazo de los seis meses para interponer el amparo constitucional cuando: a) Se hubiese excedido en algunos días y la lesión del derecho fundamental sea evidente, no obstante que los reclamos fueron permanentes; este razonamiento conlleva a que, procede la flexibilización al excederse en algunos días y la lesión denunciada es evidente debido a los reclamos reiterados (elementos que deben presentarse de forma concurrente); al respecto, la SC 0762/2003-R de 6 de junio que generó dicha reflexión constitucional, en su análisis aplico esta flexibilización tras evidenciar que transcurrió seis meses y trece días desde el último reclamo hasta la presentación del amparo constitucional. b) Cuando en su momento se invocó un estado de gravidez que no hubiera sido considerado en el proceso; así lo resolvió la SC 389/2004-R de 17 de marzo, cuando se planteó el amparo constitucional después de ocho meses de haberse procedido a la destitución laboral.

Reflexión, que conlleva a comprender la posibilidad de flexibilizar la inmediatez en amparo constitucional cuando se trate de derechos laborales, criterio que encuentra correspondencia en el art. 48.IV de la CPE, al prevér que: “Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles”. c) Finalmente, la SC 1944 de 4 de noviembre, flexibilizó el principio de inmediatez atendiendo el carácter imprescriptible del derecho a la jubilación considerando que persistía la lesión con el tiempo y el mismo era actual.

Ahora bien, precisado las aclaraciones previas, es pertinente hacer un análisis respecto al cumplimiento del principio de inmediatez por parte del accionante a momento de presentar la presente acción de defensa, es decir, que lo haya presentado en el plazo máximo de seis meses o que concurra alguna de las flexibilizaciones de la inmediatez, so pena de incumplir dicho requisito declarar la improcedencia del mismo y por consiguiente no ingresar al análisis de fondo de la problemática. En ese orden, se tiene que la acción de amparo constitucional, fue presentado el 2 de julio de 2020, debiendo tomarse dicha fecha a efectos de cómputo de los seis meses para la presentación de la acción tutelar; ahora bien, el impetrante de tutela denuncia que la autoridad demandada no dio respuesta a las notas: 1) De 31 de enero de 2019–recepcionada el 1 de febrero de igual año–, por la que solicitó la declaratoria en comisión por estudios de postgrado; la cual, fue de conocimiento de la autoridad demandada el 1 de febrero del referido año por Oficio Stria. Gral. 024/2019; 2) De 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo del mismo año–, por el cual presentó su renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo de la COSSMIL Oruro; y, 3) De 14 de mayo de 2019 – recepcionada el 15 de idéntico mes y año–, por la cual, solicitó a la autoridad demandada su reincorporación laboral en la COSSMIL Oruro; en ese contexto, el impetrante de tutela, tenía la obligación a momento de presentar la presente acción de defensa en un acto diligente demostrar el cumplimiento del principio de inmediatez o alguna de sus flexibilizaciones, es así que: i) Respecto a la nota de 31 de enero de 2019 –recepcionada el 1 de febrero del mismo año–, se tiene que en relación a dicha nota, la presente acción de tutela fue presentado fuera de plazo, pues a la fecha de presentación de esta acción de defensa transcurrió un año, cinco meses y un día, incumpliendo el plazo de seis meses para su presentación, así también, dicha nota no se encuentra inserta en alguno de las causales de flexibilización descritas en Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, tornándose la denuncia de improcedente; ii) En relación a la nota de 5 de febrero de 2019 –con cargo de recepción de 8 de marzo de igual año–, se advierte que desde la precitada fecha hasta la presentación de la presente acción tutelar transcurrieron un año, tres meses y veinticinco días, sobrepasando de manera abundante el plazo de los seis meses dotados por ley para la presentación de la acción de amparo constitucional, además que la pretensión principal de su petición -renuncia al cargo de Médico General de medio tiempo de COSSMIL Oruro- no se adecua a las causales de flexibilización del principio de inmediatez, y la que tampoco se traduce en una reiteración de la nota presentado el 1 de febrero del mismo año, siendo su reclamo improcedente para conocer vía acción de amparo constitucional por incumplimiento de requisitos de procedibilidad; y, iii) En cuanto a la nota de 14 de mayo de 2019 –recepcionada el 15 de idéntico mes y año–, se tiene que la denuncia en la presente acción de defensa por falta de respuesta, fue presentado luego de un año, un mes y dieciocho días a la fecha de presentación de la acción tutelar, sobrepasando de forma abundante el plazo de los seis meses normados para la presentación de la acción de amparo constitucional, además que tampoco se acomoda su solicitud a alguna de los presupuestos de flexibilización del principio de inmediatez inserto en el Fundamento Jurídico III.6 de este fallo constitucional, operando la improcedencia, y por lo mismo la imposibilidad que esta jurisdicción constitucional pueda ingresar al fondo de la problemática, correspondiendo denegar la tutela solicitada, por su improcedencia, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática.

III.7.2. En relación a la segunda y tercera problemática

El impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de fundamentación; ya que la autoridad demandada a momento de emitir la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, por el cual determinó confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, y por consiguiente ratificar la sanción de destitución en su contra; puesto que: a) Realizó simplemente la cita de las SSCC 1369/2001-R; 0752/2002-R; 0018/2005; 0299/2006-R; 0965/2006-R; 0802/2077-R; 1289/2010-R; y, 1930/2010-R; así como, de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012; 0100/2013; 0893/2014; 1441/2016-S3; y, 0602/2017-S3; y, el Auto Supremo 203/2013; empero, no expuso el carácter vinculante o de analogía en su caso; y, b) Omitió establecer de forma clara, objetiva y razonable los preceptos jurídicos que lo llevaron a tomar la determinación de ratificar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, pese a que menciona los arts. 24, 115.I y 232 de la CPE; 28, 29 y 33 de la Ley 1178; 15, 18, 25 y 29 del DS 23318-A modificado por el DS 26237; 31 inc. b) del DS 1592; 44 inc. g) y 46 del RIP de la COSSMIL; y, 45 del Reglamento Específico de Procesos Administrativos; empero, nunca explicó la aplicación de los mismos para la procedencia de su determinación.

Ahora bien, conforme a la problemática planteada es pertinente señalar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, en la que refiere:

…la fundamentación consiste en la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación.

En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con la que debe contar la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, así tenemos que conforme a la Conclusión II.11 de este fallo constitucional, la autoridad demandada, determinó confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, y por consiguiente ratificar la sanción de destitución en su contra, argumentado que:

CONSIDERANDO: Que, para la resolución del presente Recurso Jerárquico, se han tomado en cuenta las siguientes disposiciones de orden legal: Que, la Constitución Política del Estado en el Artículo 24 establece que: “Toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta. Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario.” Que, la Constitución Política del Estado en el parágrafo I del Artículo 115, también determina que: “Toda persona será protegida oportuna y efectivamente por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos”; asimismo el numeral II del mismo Artículo, señala que el Estado: “(…) garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”. Que, la Constitución Política del Estado en el Artículo 232 establece que: “La Administración Pública, se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados”. Que, la Ley N° 1178 en el Artículo 28 establece que: “Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto: a) La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando en cuenta los resultados de la acción u omisión (…)”. Que, la Ley N° 1178 en su Artículo 29 señala que: “La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionaria del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad que tomará en cuenta los resultados de la auditoría si la hubiere…”. Que, la Ley N° 1178 en el Artículo 33 establece: “No existirá responsabilidad administrativa, ejecutiva ni civil cuando se pruebe que la decisión hubiera sido tomada en procura de mayor beneficio y en resguardo de los bienes de la entidad, dentro de los riegos propios de operación y las circunstancias imperantes al momento de la decisión, o cuando situaciones de fuerza mayor originaron la decisión o incidieron en el resultado final de la operación”. Que, la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental y el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 23318-A, modificado por el Decreto Supremo N° 26237 de 29 de junio de 2001, establecen tipos de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal. En el marco de lo previsto por el Artículo 59, del referido Reglamento, las responsabilidades señaladas no son excluyentes unas de otras. Que, el Decreto Supremo N° 23318-A en el Artículo 15 dispone que: “Todo servidor público es pasible de responsabilidad administrativa. Lo son asimismo los ex servidores públicos a efectos de dejar constancia y registro de su responsabilidad (…)”. Que, el Decreto Supremo N° 23318-A en el Artículo 18 determina que el proceso interno, es: “(…) el procedimiento administrativo que se incoa a denuncia, de oficio o en base a un dictamen dentro de una entidad a un servidor o ex servidor público a fin de determinar si es responsable de alguna contravención y de que la autoridad lo sancione cuando así corresponda”. Que, el Decreto Supremo N° 23318-A en su Artículo 25 manifiesta: “(Recurso jerárquico) Contra la decisión que resuelve el recurso de revocatoria, podrá interponerse recurso jerárquico ante la misma autoridad que resolvió la revocatoria, quien concederá el recurso en el efecto suspensivo ante la máxima autoridad ejecutiva de la entidad”. Que, el Reglamento Interno de Personal en el artículo 31 (Abandono de Trabajo) inciso b) determina que: “la inasistencia injustificada de más de seis días continuos (D.S. 1592, de 19 de abril de 1949); constituye retiro forzó sin lugar a reclamo”. Que, el Reglamento Interno de Personal en al artículo 44 (Causales de Destitución) inciso g) dispone que: “la inasistencia injustificada al trabajo, por (6) días consecutivos”. Que, el Reglamento Interno de Personal en el artículo 45 prevé que: “los procesos administrativos se realizan de acuerdo a lo descrito en el Reglamento Específicos de Procesos Administrativos de COSSMIL”. Que, el Reglamento Interno de Personal en el artículo 46 señala que: “la destitución del empleado civil será necesariamente impuesta por el Gerente General, previo proceso administrativo que demuestre su culpabilidad de acuerdo a lo previsto en el Reglamento Específico de Procesos Administrativos de la Corporación del Seguro Social Militar. Asimismo el despido será inmediato cuando las causales de la destitución son flagrantes, solo se requerirá los informes escritos necesarios más la prueba o pruebas pertinentes”. (…) CONSIDERANDO: Que, en atención al Recurso Jerárquico, y los argumentos de hechos y de derecho expuestos por el recurrente, se evidencia lo siguiente: El recurrente el 23 de octubre de 2019 presento Recurso Jerárquico contra la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. N°002/2019 de 19 de septiembre de 2019, argumentado entre lo más relevante lo siguiente: 1. De la resolución de recurso de revocatoria y su incorrecta valoración de los elementos fundamentados en el recurso de revocatoria interpuesto (…) no es suficiente argumentar como discurso a modo de crítica que “Es necesario destacar que el recurrente no presento pruebas o descargos durante la tramitación de la etapa sumarial, cuando la investigación sumarial debió inicial desde mi solicitud vacación, esto con el fin de establecer certeramente desde cuándo y hasta cuando mi persona debía incorporarse a COSSMIL-ORRUO (…) pues este es un punto de partida que desde un análisis objetivo que en lo más mínimo fue objeto de análisis por parte del Sumariante (…)”. 2. Cabe hacer notar que si se hubiera computado de manera correcta mis días de vacaciones y el retorno de mi persona a mi fuente laboral, se detectaría que el parte de fecha 4 de febrero de 2019, estaría errado; pues se computo de manera corrida, los días desde el inicio de mis vacaciones, hacia perfectamente una discriminación de los días hábiles e inhábiles que se debieron considerar para el computo de mi retorno, aspecto que ni siquiera fue objeto de análisis por el Sumariante (…). Que, respecto al numeral 1) y 2), la Autoridad Sumariante inició el proceso administrativo en base al informe DRH-N° 001/2019 de 11 de marzo de 2019, informe RDH.AL. N°007/2019 de 13 de marzo de 2019, informe N° 02/2019 de 22 de febrero de 2019, radiograma JEFAT.PERS. N° 004/19 e informe DGAJ N° 366/2019, que hacen conocer que el permiso de vacación le fue otorgado desde del 21 de enero de 2019 hasta el 01 de febrero de 2019, pero el 04 de febrero de 2019 se tomó conocimiento que usted no se habría incorporado de su permiso de vacación; en los partes – diarios de 04 y 05 de febrero de 2019 se pasó faltando, y que hasta fecha 11 de marzo de 2019 no se presentó en las oficinas de la Corporación; por otro lado, respecto al cómputo de sus vacaciones, en los antecedentes se evidencia su solicitud de vacaciones de 07 de enero de 2019, solicita 20 días hábiles computable desde el 21 de enero de 2019 por asuntos de viaje familiar; en el término de prueba otorgado en el sumario administrativo, recurso de revocatoria y jerárquico no presento documento que sustente la autorización de los días de vacación solicitados, más al contrario, se evidencia Radiograma Fax Oruro de 23 de enero de 2019, que demuestra que su vacación era desde el 21 de enero de 2019 hasta el 01 de febrero de 2019, se aclara que las vacaciones son otorgadas previa aprobación por el Jefe Inmediato Superior y Recursos Humanos, reiterando que su vacación era hasta el 01 de febrero de 2019. Que, para efectos del caso, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 0602/2017-S3 de 26 de junio, respecto al derecho de una resolución fundamentada y motivada, expresó que a través de la SCP 1441/2016-S3 de 7 de diciembre, esta Sala concluyo que el debido proceso debe ser entendido como: «”…el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, comprende el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a fin de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. Asimismo, la SC 1289/2010-R de 13 de septiembre, estableció que: “La jurisprudencia del Tribunal Constitucional, contenida en la SC 0752/2022-R de 25 de junio, recogiendo lo señalado en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre, ha establecido que el derecho al debido proceso “…exige que toda Resolución esa debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión” (…)” En ese orden la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, sostuvo que: “La motivación es una exigencia constitucional de las resoluciones -judiciales y administrativas o cualesquiera otras-, expresadas en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera, porque sin ella se vulnera la garantía del debido proceso (art. 115.I de la CPE) sin ella. El contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada fue desarrollado en la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, y complementado por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, teniendo en cuenta las finalidades que persigue este derecho fundamental. Así las señaladas Sentencias Constitucionales Plurinacionales, concluyeron que las finalidades implícitas que determinan el contenido esencia del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etcétera) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: “1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad, así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre); y, “5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, que implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos…” (SCP 0100/2013 de 17 de enero). Sobre el segundo contenido, es decir, lograr el convencimiento de las partes de que la resolución no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y le principio de congruencia, en la SCP 2221/2012, el Tribunal Constitucional ha desarrollado las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, señalando: “…la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) una ‘decisión sin motivación’, o existiendo esta es b.2) una ‘motivación arbitraria’; o en su caso, b.3) una ‘motivación insuficiente’”, desarrollando más adelante, el contenido de cada una de ellas. “b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una ‘decisión sin motivación’, debido a que ‘decidir no es motivar’. La justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub índice [asunto pendiente de decisión]. b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una ‘motivación arbitraria’ (…). En efecto, un supuesto de ‘motivación arbitraria’ es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: ‘Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando los motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que exisntan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado’. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una ‘motivación insuficiente’”. Más adelante, la misma SCP 2221/2012, concluyó que las tres formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad “…son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a qué sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresando una decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada”» (las negrillas son nuestras). Que, en relación a las sentencias constitucionales descritas, la Autoridad Sumariante de la Corporación emitió la resolución sumarial T.A.S. N° 043/2019 en base a los informes técnicos y legal que formularon distintas Unidades y/o Departamentos de la Entidad; además, en su declaración informativa expresa que del 04 de febrero de 2019 al 14 de mayo de 2019 el procesado no asistió a su fuente laboral debido a que se encontraba en la ciudad de Caracas, en merito a que realizaba estudio de postgrado en el Hospital Universitario Carlos Arvelo de la República Bolivariana de Venezuela; ase aclara, que no contaba con resolución gerencial de declaratoria de comisión por estudio, por lo que, su actuar se adecuo a lo provisto en los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”, en ese cometido, las resoluciones del sumariante fueron emitidas dentro del debido proceso, congruencia y razonabilidad.

3. En un criterio centrado en los partes emitidos por la Gerencia COSSMIL-Oruro, que solo acreditan desde cuando se computo como faltante a mi fuente laboral, es decir, desde fecha 11 de marzo de 2019, el Sr. Sumariante no considero en lo más mínimo bajo un criterio centrado en la legalidad, mi nota de renuncia al cargo de médico general, presentado con cargo de recepción de 08 de marzo de 2019, que de manera voluntaria generaba desvinculación voluntaria con la Entidad, que dicho de paso incluso hasta la fecha, no existe respuesta formal alguna de dicha solicitud (…). 4. La voluntad manifiesta en la carta de renuncia, no puede generar la firme convicción de faltar a mi fuente laboral, se aclara aunque en reiteradamente, que mi persona solicito declaratoria de comisión de estudios y que para no perjudicarme y menos perjudicar a nuestra institución, o había otra salida que renunciar a mi cargo, que tampoco que respondida incluso en ambos casos hasta la fecha, pues la nota de renuncia, fue presentada incluso antes de que se me pase faltando, aspecto que tampoco fue valorado desde esa óptica, que desde mi perspectiva era correcta. Que, respecto al numera 3) y 4), en fecha 01 de febrero de 2019 con oficio S/N solicito Declaración en Comisión por Estudio de Postgrado porque su persona había optado a una residencia médica en el Hospital Militar Universitario “Carlos Arvelo” de la República Bolivariana de Venezuela, amparando su solicitud en el artículo 35 del Reglamento Interno de la Corporación, al respecto, el artículo descrito, claramente señala que la declaratoria en comisión debe ser emitida por el Gerente General, pero dicha declaración debe ser de forma expresa, y según oficio Dpto. RR.HH.: Archivo N° 1707/2019 e informe DRH. Archivo N° 113/2019, manifiesta que no cursa ninguna resolución sobre la solicitud de comisión, al respecto, por la instancia correspondiente deberá procederse a las acciones administrativas sobre quienes incumplieron con dicha respuesta, pero eso no significa que su solicitud haya sido aceptada, por consiguiente no procedió el silencio administrativo positivo. Que, en fecha 08 de marzo de 2019 presenta renuncia al cargo de Médico General de Medio Tiempo, al respecto, su renuncia fue presenta después de 33 días calendarios desde la fecha que debió reincorporarse, que era el 04 de febrero de 2019, teniendo en cuenta que no tenía resolución de declaratoria de comisión conforme se informa en el oficio Dpto. RR.HH.: Archivo N° 1707/2019 e informe DRH. Archivo N° 113/2019, pues vulnero lo descrito en los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”. 5. En cuanto a la valoración del argumento del Silencio Administrativo Positivo en el cual la Gerencia General de COSSMIL, incurrió se nos pretende hacer entender que para que esto percute, tendría que estar inserta en nuestra Ley Especial (Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”), aspecto que si bien normativamente se describe, se debe realizar una interpretación integra de la norma pues dicha normativa dispone “…artículo 17 (Obligación de Resolver y Silencio Administrativo) I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera sea su forma de iniciación (…)”, lo que implica que el particular caso se debe aplicar lo que dispone el artículo 410 de la Constitución Política del Estado, es decir la Jerarquía Normativa (…). 6. En el petitorio solicita se revoque la resolución ahora impugnada y en consecuencia se declare por al No responsabilidad administrativa y en consecuencia se me restituya mis derechos y se me reincorpore a mi fuente laboral en un plazo razonable. Que, en relación al numeral 5) y 6), es pertinente aclarar que la Ley de Procedimiento Administrativo, en el artículo 17 señala que: parágrafos “I. La Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación. (…) III. Transcurrido el plazo previsto sin que la Administración Pública hubiera dictado la resolución expresa, la persona podrá considerar desestimada su solicitud, por silencio administrativo negativo, pudiendo deducir el recurso administrativos que corresponda o, en su caso jurisdiccional. (…). V. El silencio de la administración será considerado como una decisión positiva, exclusivamente en aquellos trámites expresamente previstos en disposiciones reglamentarias especiales, debiendo el interesado actuar conforme se establezca en estas disposiciones”. Bajo ese precepto, el silencia administrativo positivo procede cuando se encuentra plasmado en una norma especial, y en las normas internas de la Corporación no se considera silencio administrativo positivo a los documentos que no se respondieran, por el contrario debió entender la no respuesta conforme señala la Ley de Procedimiento Administrativo. (…). Asimismo el Auto Supremo 203/2013 de 3 de junio, expresándose sobre lo principio de verdad material previsto en el art. 180 de la CPE, con relación a los actos administrativos reiteró entre otros aspectos lo previsto en el art. 17 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), sobre la obligación de la administración pública de dictar resoluciones expresas en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, a cuyo efecto debe considerarse como plazo máximo seis meses, a partir de los cuales en caso de no haberse dictado resolución expresa, la o el interesado podrá considerar desestimada su solicitud, en aplicación del silencio administrativo negativo, a cuyo efecto podrá deducir el recurso administrativo o jurisdiccional que corresponda. Que, en consecuencia los argumentos vertidos en el Recurso Jerárquico que motivan la presente Resolución, o desvirtúan la responsabilidad administrativa, porque no sea demostrado de forma expresa y documentada del porque su ausencia de su fuente laboral desde fecha 04 de febrero de 2019 hasta el 08 de marzo de 2019, teniendo en cuenta que no tenía Resolución Gerencial que autorice y declare su solicitud de comisión por estudio, ya que la no respuesta a su oficio S/N de fecha 01 de febrero de 2019 no procedía el silencio administrativo positivo, como presuntamente usted lo interpreto, la no asistencia a su fuente laboral se adecuo su conducta a lo descrito en los artículos 33 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento Interno de Personal de “COSSMIL”; posteriormente en fecha 08 de marzo de 2019 con oficio S/N pretende con su renuncia desvirtuar su conducta, acción que es distinta al hecho que genera el proceso administrativo interno.

POR TANTO

El Señor Gerente General a.i. de la Corporación del Seguro Social Militar en uso de sus atribuciones conferidas por el Art. 24 de la Ley N° 11901 de 21 de octubre de 1974, artículo 28 del Decreto Supremo N° 23318-A Modificado por el Decreto Supremo No. 26237 de 29 de junio de 2001 y el Reglamento Específico de la Responsabilidad Administrativa de “COSSMIL”; sin mayores consideraciones; RESUELVE: PRIMERO.- CONFIRMAR la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. N° 002/2019 de 19 de septiembre de 2019, por la cual el Abogado Sumariante de la Corporación del Seguro Social Militar “COSSMIL”, ratifica en todos sus puntos la Resolución Sumarial T.A.S. N° 043/2019 de 13 de agosto de 2019 que establece la Existencia de Responsabilidad Administrativa del Dr. Oscar David Soria Soria por el incumplimiento a los artículos 31 inciso e) y 44 inciso g) del Reglamento de Personal de “COSSMIL”, así como su respectiva sanción (sic).

En ese contexto, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con la que debe contar la Resolución ahora cuestionada, así tenemos: 1) Sobre la fundamentación

La Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, a momento de determinar confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, y por consiguiente mantener la sanción de destitución en su contra, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 24, 115.I y 232 de la CPE; 24 de la Ley de Seguridad Social Militar –Decreto Ley 11901 de 21 de octubre de 1974-; 28, 29 y 33 de la Ley 1178; 15, 18, 25, 28 y 59 del DS 23318-A modificado por el DS 26237; y, 31, 44, 45 y 46 del RIP de COSSMIL.

Justificando y argumentado de manera legal la decisión de confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, y por consiguiente mantener la sanción de destitución en su contra; por lo que, puede observarse que la Resolución 004/19, basó su determinación en las normas vigentes, estableciéndose que el Gerente General a.i. de la COSSMIL cumplió con lo determinado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha Resolución se encuentra debidamente fundamentada, en consecuencia corresponde denegar la tutela.

2) En cuanto a la motivación

En ese orden, el accionante, denuncia que el Gerente General a.i. de la COSSMIL a momento de emitir la Resolución 004/19, en el contenido de dicha determinación: i) Simplemente citó de las SSCC 1369/2001-R; 0752/2002-R; 0018/2005; 0299/2006-R; 0965/2006-R; 0802/2077-R; 1289/2010-R; y, 1930/2010-R; así como, de las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012; 0100/2013; 0893/2014; 1441/2016-S3; y, 0602/2017-S3; y, el Auto Supremo 203/2013; empero, no expuso el carácter vinculante o de analogía en su caso; y, ii) Omitió establecer de forma clara, objetiva y razonable los preceptos jurídicos que lo llevaron a tomar la determinación de ratificar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, pese a que menciona normas jurídicas establecidas en la Constitución Política del Estado, el DS 23318-A modificado por el DS 26237; el Reglamento Interno de Personal de COSSMIL; y, el Reglamento Específico de Procesos Administrativos; empero, nunca explicó la aplicación de los mismos para la procedencia de su determinación. De dichas denuncias, se puede colegir que, el impetrante de tutela reclama que la Resolución ahora impugnada no cuenta con la debida motivación que si bien, en su memorial de acción de amparo constitucional no lo denuncia de forma específica; empero, al indicar los actos omisivos en los que hubiera incurrido la autoridad demanda, se tiene que en el fondo lo que se denuncia es la falta de motivación en la determinación demandada; por lo que, en aplicación del principio iura notiv curia esta instancia constitucional realizará el respectivo análisis referente a la motivación como elemento del derecho al debido proceso. En ese contexto, el Gerente General a.i. de la COSSMIL a momento de confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019, y consiguientemente ratificar la sanción de destitución en contra del impetrante de tutela, señaló que: a) Conforme a los informes pertinentes se dio a conocer que se le fue otorgado una vacación desde el 21 de enero al 1 de febrero de 2019, ausentándose de su trabajo desde el 4 del mismo mes y año, faltando a su fuente laboral hasta el 11 de marzo de 2019, pues solo se dio diez días hábiles de vacaciones, sin que haya presentado prueba de descargo que demuestre la autorización de los veinte días de vacación peticionados; b) La SCP 0602/2017-S3 de 26 de junio, juntamente la SCP 1441/2016-S3 de 7 de diciembre reguló en cuanto al derecho al debido proceso y su definición; asimismo, la SC 1289/2010-R de 13 de diciembre, señalando además las SSCC 1369/2001-R de 19 de diciembre y 0752/2002-R de 25 de junio, determinó la exigencia de una resolución fundamentada, de igual forma la SCP 0893/2014 de 14 de mayo, reguló en relación a una resolución debidamente motivada, elementos que fueron desarrollados por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 de 8 de noviembre y 0100/2013 de 17 de enero, como también por la SC 0965/2006-R, y que en un proceso administrativo sancionador la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, exigió que las resoluciones del sumariante deben estar fundamentadas, motivadas y otorgando un valor a los medios probatorios; y, c) Sobre el silencio administrativo positivo, dicho presupuesto debe estar regulado de manera específica en la normativa especial, siendo ratificados por las SSCC 0018/2005 de 8 de marzo, 0299/2006-R de 29 de marzo y 1930/2010-R de 25 de octubre; y, la SCP 0111/2013-L de 20 de marzo, además por el Auto Supremo 203/2013 de 13 de junio. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la Resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada por la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, emitida por el Gerente General a.i. de COSSMIL, conforme se tiene de la Conclusión II.11 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, si bien basó su determinación en normas legales insertas en los instrumentos jurídicos descritos supra; empero, no dio una explicación, ni justificación lógico jurídica de cómo los actos del impetrante de tutela se subsumieron a los tipos y presupuestos descritos en el conglomerado normativo utilizado a momento de ratificar la sanción de destitución, pues conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, es obligación de la autoridad ya sea judicial o administrativa al momento de emitir sus resoluciones, de explicar, justificar y argumentar respecto a la subsunción de los hechos con el derecho; elementos que de forma vaga y somera pueden apreciarse en el contenido de la Resolución ahora impugnada; empero, que no dan una claridad respecto a la resolución de todos los puntos de agravio; asimismo, en el contenido de la determinación cuestionada, la autoridad demandada hace uso de un conglomerado de Sentencias Constitucionales, Sentencias Constitucionales Plurinacionales y Autos Supremos, con el fin de dar un contenido formal de su resolución; sin embargo, no hace la necesaria mención y explicación del carácter vinculante y obligatorio que tienen dichas determinaciones en la aplicación del caso concreto, conforme lo determinado en Fundamento Jurídico III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, pues para la aplicación de la vinculatoriedad de una determinación constitucional es necesario la aplicación del principio de analogía, hechos que no se encuentran descritos, ni explicados en el contenido de la Resolución cuestionada, con el objetivo de que dicha determinación no peque de anacrónico en la aplicación de casos y hechos diferentes al caso concreto; de igual manera, en lo relativo al silencio administrativo positivo, la autoridad demandada tampoco realizó una explicación del porqué no se podía aplicar dicho principio ante la falta de respuesta a la nota de solicitud de declaratoria en comisión por estudio de postgrado presentado por el accionante el 1 de febrero de 2019, la cual era un trámite especial, y causaba estado en el ámbito laboral del impetrante de tutela, que si bien no existió respuesta, la misma debía ser abordada por dicha autoridad a momento de emitir la Resolución impugnada, pues al tratarse de un proceso especialísimo la misma debía haber sido respondido, ya que al no hacerlo le causó al impetrante de tutela una incertidumbre respecto a su petición, la que no se torna en un proceso administrativo ordinario, sino especial, en la que no se podía esperar el cumplimiento de seis meses de espera para la respuesta, por lo que no dio una explicación lógica, justificada y argumentada en cuanto a la no aplicación del silencio administrativo positivo; haciendo evidente que la Resolución 004/19, no se encuentra debidamente motivada, correspondiendo conceder la tutela solicitada.

III.7.3. Respecto a la cuarta problemática

El peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento de motivación; pues, la autoridad demandada a momento de emitir la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, por el cual determinó confirmar la Resolución de Recurso de Revocatoria T.A.S. 002/2019 de 19 de septiembre, y por consiguiente ratificar la sanción de destitución en su contra; empero, no realizó ningún trabajo de motivación en relación a las pruebas ofrecidas de su parte, las que establecían la falta de respuesta previa a las notas presentadas por su persona relativos a la declaratoria en comisión por estudio, la cual se evidenció en el Informe del Departamento de Recursos Humanos 1707/2019, así como también de la nota de solicitud de reincorporación de 14 de mayo de 2019. En ese contexto, en relación a la revisión de la prueba en sede constitucional, el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional señala que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda efectuar dicha labor, se debe tomar en cuenta:

Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

Ahora bien, el impetrante de tutela, indica que la autoridad demandada no valoró las pruebas aportadas, con las que estableció que fue procesada de forma injusta, antes de dar respuesta a sus notas que fueron presentadas de forma previa al proceso administrativo interno. Ahora bien, como se indicó en el acápite citado precedentemente, uno de los análisis que debe realizar toda autoridad sea ésta judicial o administrativa a momento de efectuar la motivación, es la valoración de las pruebas aportadas por las partes; empero, como se señaló ut supra, que la Resolución ahora impugnada carece de respectiva motivación, advirtiéndose que no cuenta con dicho elemento del debido proceso; por lo mismo, también se puede concluir que la autoridad demandada a momento de emitir su resolución no realizó un examen y análisis de todas las pruebas aportadas por el accionante, ya que simplemente se limitó a señalar meras presunciones subjetivas, sin desmenuzar cada una de las pruebas inmersas en el proceso administrativo, incurriendo en una omisión valorativa, correspondiendo conceder la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 135/2020 de 21 de septiembre, cursante de fs. 331 a 335 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y valoración de la prueba, por lo que se deja sin efecto la Resolución 004/19 de 23 de diciembre de 2019, ordenando al Gerente General de la Corporación del Seguro Social Militar que en el plazo de tres días computables a partir de la notificación con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, emita una nueva resolución cumpliendo los requisitos del debido proceso, en base a los Fundamentos Jurídicos de este fallo constitucional. 2° DENEGAR la tutela impetrada en relación a los derechos a la petición y al debido proceso en su elemento fundamentación, conforme a los argumentos descritos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular, estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

16 SCP 0316/2010-R de 15 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (el resaltado nos pertenecen).

17 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).

18 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

20 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional‴.

22 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente

Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

27 “…en palabras de Tushnet, ‘ningún tribunal puede crear un precedente que vincule inexorablemente a sus sucesores; la decisión de sentirse vinculado corresponde tomarla por su propia cuenta y riesgo a los propios sucesores” (ALONSO, GARCIA, Enrique. La Interpretación de la Constitución. Centro de Estudios Constitucionales, España, 1984, p.182).

28 El entendimiento expresado en la citada jurisprudencia, fue ratificado en la SCP 0793/2015-S1 de 27 de agosto.

29 La SCP 0605/2016-S2 de 30 de mayo, citado por la SC 0521/2010-R de 5 de julio, señaló que: “… por principio general del derecho ningún actor procesal puede pretender que el órgano jurisdiccional esté a su disposición en forma indefinida, sino que sólo podrá estarlo dentro de un tiempo razonable, pues también es importante señalar que si en ese tiempo el agraviado no presenta ningún reclamo implica que no tiene interés alguno en que sus derechos y garantías le sean restituidos”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1257_2023-S1.pdf · páginas 1 a 55.

Huella digital del PDF (SHA-256): bd73662e2edb2d4d3037468ae0a749ec44a1a8ce6539004594aca71444f94689

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