Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 5 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/24 de 20 de mayo de 2024, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1256/2026-S2 Sucre, 5 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA – Subsidiariedad SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64617-2024-130-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 14/24 de 20 de mayo de 2024, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Antonio Valdivia Monje en representación sin mandato de Ángel María Berengel y Vivian Pereyra Banegas contra Jorge Armando Caballero, Fiscal de Materia.
Denunció la vulneración de la garantía del debido proceso y de su derecho a la libertad; toda vez que, el Fiscal de Materia demandado amplió la investigación por los delitos de estelionato, asociación delictuosa, abuso de confianza con agravación, falsedad material y uso de instrumento falsificado, pese a que no existía denuncia en su contra y los hechos correspondían a contratos de compraventa de bienes muebles e inmuebles; ante ello, interpusieron excepción de incompetencia, cuya audiencia fue señalada para el 21 de mayo de 2024; sin embargo, pese al vencimiento del plazo de la investigación preliminar y la supuesta conminatoria judicial para emitir requerimiento conclusivo, el demandado los notificó con audiencia de declaración informativa para el 20 del mismo mes y año, a horas 15:00, y anunció la posibilidad de librar mandamiento de aprehensión. En consecuencia, solicitaron que se ordene al demandado abstenerse de continuar la investigación y emitir el requerimiento conclusivo conforme a ley. Jorge Armando Caballero, Fiscal de Materia, señaló en audiencia que dentro del proceso existe una ampliación de diligencias investigativas por sesenta días, informada al juez de la causa el 11 de marzo de 2024, así como una ampliación por el delito de estelionato, comunicada a la autoridad de control jurisdiccional el 8 de mayo del mismo año, encontrándose ambas vigentes. Asimismo, la conminatoria de requerimiento conclusivo recibida en mayo de 2024 correspondía a Jimena Ferrel Miranda, quien no forma parte del proceso, por lo que fue devuelta al juzgado de origen. En consecuencia, en el proceso que motiva la presente acción no existía conminatoria pendiente de cumplimiento. La Jueza de garantías denegó la tutela solicitada por subsidiariedad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, refiriéndose a la excepcionalidad del principio de subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas pertenecen al texto original).
Los accionantes denuncian la vulneración de la garantía del debido proceso y de su derecho a la libertad; toda vez que el Fiscal de Materia demandado, pese a existir una conminatoria para la presentación de requerimiento conclusivo, se negó a darle cumplimiento y, por el contrario, amplió la investigación por un delito que no habría sido denunciado, señaló audiencia de declaración informativa y continuó realizando actos de investigación, pese a que el plazo de la etapa preliminar se encontraría vencido. Asimismo, pese a haber objetado la convocatoria a prestar declaraciones informativas, tienen conocimiento de que el demandado emitiría mandamiento de aprehensión en su contra. Por su parte, conforme al informe presentado por el demandado, la referida conminatoria fue devuelta al juzgado de origen, debido a que estaba dirigida a una persona que no formaba parte de la investigación seguida contra los accionantes; por lo que, en mérito a la ampliación de la investigación por el delito de estelionato, esta se encontraría dentro del plazo legal. Ahora bien, conforme a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.1. del presente fallo constitucional, la acción de libertad, por su carácter excepcionalmente subsidiario, no procede cuando la persona afectada cuenta con otros medios de defensa judicial idóneos para reclamar la vulneración de sus derechos. En el caso concreto, si los accionantes consideraban que los actos realizados por el demandado -entre ellos, la citación para prestar declaración informativa policial y la continuación de la investigación-resultaban lesivos a sus derechos y garantías constitucionales, tenían la posibilidad de acudir ante el Juez de control jurisdiccional, autoridad competente para ejercer el control sobre los actos de investigación realizados por el Ministerio Público y la Policía, conforme a los arts. 54.1 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP); sin embargo, no acudieron previamente ante dicha autoridad para hacer valer sus reclamos. En consecuencia, al no haber agotado el medio de defensa judicial idóneo que tenían a su alcance, los accionantes inobservaron el carácter excepcionalmente subsidiario de la acción de libertad; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 14/24 de 20 de mayo de 2024, cursante de fs. 40 a 41 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimoprimera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1256_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5c21dc73dcc6ee881ee05d7433c4dd6b5105dc160665def1ba02cc487fd612d9
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