B.IA.LEGAL

SCP 1251/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 14 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
58457-2023-117-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso -en su elemento fundamentación y a la defensa, toda vez que el decreto de 15 de agosto de 2023 y la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 419/2023 de 28 de ese mes, emitidos por la Fiscal de Materia III de Sustancias Controladas y la Fiscal Departamental de Tarija -codemandadas-, respectivamente, rechazaron su solicitud de pericia narcológica que requirió. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 72/2023 de 13 de septiembre, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada por el accionante, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público
  2. III.2. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1251/2025-S3 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 58457-2023-117-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 72/2023 de 13 de septiembre, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rodrigo Gerson Saavedra contra Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija; y, Cristina Pacheco Cardozo, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 8 de septiembre de 2023, cursante de fs. 19 a 25 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público, en su contra, por la supuesta comisión del delito penal de tráfico de sustancias controladas tipificado en el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1988-; en el marco de la etapa investigativa, el 15 de agosto de 2023, presentó memorial a la Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, Cristina Pacheco Cardozo -codemandada-, solicitando la realización de una pericia psiquiátrica narcológica a efectuarse en el Centro de Rehabilitación "INTRAID" de Tarija, proponiendo puntos de pericia con la finalidad de determinar si padecía de alguna patología psiquiátrica por consumo de sustancias controladas. Señaló que, la Fiscal de Materia prenombrada, sin fundamento alguno emitió decreto de 15 de igual mes y año, manifestando que su pretensión no era pertinente, al no tener relación con la naturaleza del hecho que se investigaba y por tanto negó la solicitud de pericia requerida. Una vez objetada dicha decisión, mediante memorial de 22 de ese mes y año; Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -demandada-, a través de la Resolución RJ/ESGS/ 419/2023 de 28 de agosto, ratificó el decreto fiscal de primera instancia, alegando que la proposición de diligencias sería impertinente al no haberse cumplido con el art. 306 del Código de Procedimiento penal (CPP); decisiones que según su criterio vulneraron sus derechos constitucionales fundamentales.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos al debido proceso -en su elemento fundamentación- y a la defensa, citando al efecto los arts. 115.II, 117.I y 178.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, sin precisar la pretensión que busca a través de esta garantía constitucional.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 39 a 40 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Conforme a revisión del acta de audiencia virtual de consideración de acción de amparo constitucional, no se evidencia la intervención del accionante, ni de su abogado.

I.2.2. Informe de las demandadas

Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija, presentó informe mediante memorial de 13 de septiembre de 2023, cursante de fs. 35 a 38, adjuntando prueba documental “fs. 33 a 34”; y, en audiencia de garantías a través del Fiscal de Materia, Andrés Soruco, señaló que: a) La Resolución Jerárquica RJ/ESGS 419/2023, estableció una relación fáctica de los hechos investigados, analizando el contexto de cómo se habría producido el accionar del impetrante de tutela en el mundo exterior; es decir que, se lo encontró en flagrancia en posesión de sustancias controladas, las cuales se encontraban fraccionadas en tres envoltorios de bolsa nylon; este aspecto fue considerado en la emisión de la Resolución Jerárquica, debiendo tomar en cuenta que la parte pretende hacer ver que se trataría de un consumidor; sin embargo, de acuerdo a la calificación realizada por el Ministerio Público, bajo un principio de objetividad, sería por el delito de tráfico de sustancias controladas; b) No se demostró la vulneración de los derechos y garantías acusadas del accionante, solo se realizó la transcripción de Sentencias Constitucionales que no tienen efecto vinculante al caso en concreto; c) Estos aspectos tienen que ser reclamados ante la jurisdicción ordinaria; toda vez que, para que se admita la acción de amparo constitucional, tiene que cumplir con elementos y presupuestos, siendo uno de ellos el principio de subsidiariedad, que en el caso en concreto no fue cumplido; y, d) Concluyó solicitando se deniegue la petición impetrada en razón a que no se evidenció la vulneración de algún derecho o garantía como refirió la parte impetrante de tutela. Cristina Pacheco Cardozo, Fiscal de Materia de Sustancias Controladas, no presentó informe escrito, ni se conectó a la audiencia virtual de 13 de septiembre de 2023, pese a su legal notificación cursante a fs. 29.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, mediante Resolución 72/2023 de 13 de septiembre, cursante de fs. 41 a 45, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: 1) El Ministerio Público aseveró que la presente causa se trata de un hecho de flagrancia y que la persona sindicada, hoy accionante, que se encuentra con imputación formal, fue encontrada en posesión de sustancias controladas; 2) La solicitud de una pericia -aduciendo que con ella se va a establecer la personalidad del imputado-, está dentro de las facultades del Ministerio Público; empero, en este caso, a juicio de dicha instancia, la pericia solicitada, no cumple con ese requisito de la utilidad de la prueba; 3) La parte accionante consideró que al haber interpuesto la impugnación al decreto de la Fiscal de Materia y al haber sido resuelto por la Fiscal Departamental confirmando la decisión de ese decreto, agotó la vía y cumplió el principio de subsidiariedad; sin embargo, esto no es así, porque el art. 279 del CPP, prevé que la Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional; esto quiere decir que cuando existe una supuesta, real o presunta vulneración de derechos y garantías en cualquier etapa del proceso, quien es competente para dirimir esa situación es el juez cautelar; es decir, el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo dicho control, en este caso el juez de instrucción en materia penal cuando se encuentra en etapa preparatoria; 4) No se evidenció que se hubieran transgredido los derechos a la defensa, al debido proceso y a la fundamentación; 5) A quien se debió acudir, es al órgano jurisdiccional para que en su caso, advertido de esa situación, disponga se modifique la Resolución del Ministerio Público; si bien las partes tienen la facultad otorgada por la propia Constitución Política del Estado y la Ley, de proponer diligencias de investigación, en materia penal lo que se prueba es la culpabilidad y no la inocencia del imputado; 6) Cada parte puede proponer diligencias, conforme establece el art. 306 del CPP; cuando no procede esa concesión o no se da curso a esa solicitud, el imputado debe acudir al medio de defensa que está establecido en el art. 279 del CPP; y, 7) El Ministerio Público concluida la etapa de investigación, podrá determinar en su caso un sobreseimiento o una acusación, pero su cuestionamiento o impugnación corresponde exclusivamente a la jurisdicción ordinaria penal y no a la jurisdicción constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa memorial presentado el 14 de agosto de 2023, por Rodrigo Gerson Saavedra -accionante-, de solicitud de pericia psiquiátrica narcológica (fs. 8). II.2. Mediante decreto de 15 de agosto de 2023, emitido por Cristina Pacheco Cardozo, Fiscal de Materia III de Sustancias Controladas -demandada-, se dispuso no ha lugar lo solicitado (fs. 9). II.3. Cursa memorial de 22 de agosto de 2022, presentando por el impetrante de tutela, objetando el citado decreto de rechazo de solicitud de pericia narcológica (fs. 10 y vta.). II.4. A través de Resolución Jerárquica RJ/ESGS/ 419/2023 de 28 de agosto, Elizabeth Sandra Gutiérrez Salazar, Fiscal Departamental de Tarija -codemandada-, ratificó el decreto de 15 de igual mes y año (fs. 11 a 12).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denunció como lesionados sus derechos al debido proceso -en su elemento fundamentación y a la defensa, toda vez que el decreto de 15 de agosto de 2023 y la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 419/2023 de 28 de ese mes, emitidos por la Fiscal de Materia III de Sustancias Controladas y la Fiscal Departamental de Tarija -codemandadas-, respectivamente, rechazaron su solicitud de pericia narcológica que requirió. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la fundamentación y motivación de las resoluciones emitidas por el Ministerio Público

Sobre el particular, la SCP 0051/2019-S4 de 2 de abril, entre otras, estableció que: «Respecto a la exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones por parte de las autoridades judiciales, en los asuntos sometidos a su conocimiento; la SCP 0405/2012 de 22 de junio, reiterando el entendimiento contenido en la SC 0752/2002-R de 25 de junio, señaló: “…el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un juez omite la motivación de una resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al juez a tomar la decisión.” El deber de motivación y fundamentación de las resoluciones alcanza a las autoridades judiciales y administrativas; y, en ese ámbito, también los fiscales están obligados a fundamentar sus determinaciones, conforme lo establece el art. 73 del CPP, al señalar que: “Los fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. Procederán oralmente en las audiencias y en el juicio y, por escrito, en los demás casos” (…). En ese sentido, respecto al deber del fiscal de fundamentar los requerimientos fiscales, la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, reiterada por la SCP 0245/2012 de 29 de mayo -que declaró la procedencia de una acción de amparo constitucional en razón a que, el requerimiento de sobreseimiento y su ratificación por el Fiscal Departamental demandado se circunscribieron a citar algunas pruebas ignorando el resto de las mismas y a partir de generalizaciones se llegó a la conclusión que no existían suficientes elementos de juicio para el juzgamiento penal sin individualizar siquiera a los imputados, ni analizar sus conductas en relación a los elementos constitutivos de los delitos por los que fueron imputados-, sostuvo que toda resolución que resuelve el fondo del asunto: “…debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…” (…). La obligación de motivar y fundamentar, de acuerdo a lo señalado por la SCP 0245/2012, también se extiende al fiscal superior, pues debe observar las omisiones en las que incurrió el Fiscal de Materia» (las negrillas corresponden al texto original).

III.2. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela denuncia como lesionados sus derechos al debido proceso, la defensa y a la fundamentación, toda vez que el decreto de 15 de agosto 2023, dictado por la Fiscal de Materia III demandada, que rechazó la solicitud de pericia narcológica que impetró; y, la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 419/2023 de 28 de agosto, pronunciada por la Fiscal Departamental de Tarija -codemandada-, que ratificó dicho proveído, fueron emitidos sin fundamentación y con evidente negación de justicia, al no “…considerar que esta [sería] de imperiosa necesidad para la averiguación de la verdad histórica de los hechos…” (sic).

En ese marco, corresponde señalar inicialmente que, no resulta evidente el supuesto incumplimiento del principio de subsidiariedad -argumentado tanto por la Fiscal Departamental demandada y la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija-; por cuanto, respecto al decreto de 15 de agosto de 2023, expedido por la Fiscal de Materia III de Sustancias Controladas, que declaró no ha lugar la solicitud de proposición de pericia psiquiátrica narcológica (Conclusiones II.1 y 2 del presente fallo constitucional); el accionante presentó el memorial de 22 de ese mes y año, objetando el indicado rechazo de diligencias; en cuyo mérito, mediante Resolución RJ/ESGS/ 419/2023 de 28 de igual mes, la Fiscal Departamental de Tarija, declaró no ha lugar a la citada objeción, ratificando el proveído impugnado, debiendo continuar con la investigación a fin de llegar al esclarecimiento de los hechos (Conclusiones II.3 y 4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional).

En ese marco, corresponde tomar en cuenta que, el art. 306 del CPP, prevé: “(Proposición de diligencias). Las partes podrán proponer actos o diligencias en cualquier momento de la etapa preparatoria. El fiscal podrá aceptarlos si los considera lícitos, pertinentes y útiles. La negativa deberá ser fundamentada.

Cuando el fiscal rechace la proposición de diligencias que se estiman esenciales, las partes podrán objetar el rechazo ante el superior jerárquico, quien resolverá lo que corresponda en el plazo máximo de setenta y dos horas” (las negrillas y el subrayado son propios).

Disposición procesal penal que evidencia que, el impetrante de tutela agotó la vía de reclamo previa, debiendo ingresar al examen de fondo de la problemática planteada, determinando si, la Resolución emitida por la Fiscal Departamental de Tarija, como último actuado que se pronunció sobre la mencionada solicitud, fue pronunciada con la respectiva fundamentación, cuestionada de omitida, en vinculación aquello con los derechos citados como lesionados.

Por lo relacionado precedentemente y revisada la Resolución Jerárquica RJ/ESGS 419/2023, se evidencia que la misma, refiriéndose a los antecedentes y consignando la normativa en que se sustentó la decisión asumida, estableció que: “…en atención a lo expuesto por la parte objetante, con relación a que el mismo ha solicitado que se disponga la realización de una Pericia Psiquiátrica Narcológica sobre su persona con la finalidad de hacer conocer que su persona padece de una dependencia al consumo de sustancias controladas y determinar si la cantidad de sustancias encontradas en su posesión se encuentra comprendida en el rango de consumidor. Al respecto, es evidente lo manifestado por la Fiscal de Materia en su resolución, en cuanto a que la proposición de diligencias es impertinente al no haberse cumplido con lo establecido en el Art. 306 del C.P.P., considerando que toda proposición de diligencias debe estar vinculada con el objeto de la investigación, siendo cierto que la criminología reconoce múltiples causales que motivan la comisión de un ilícito, no obstante en la ocasión no resulta razonable el argumento del sindicado en la utilidad y pertinencia de su diligencia propuesta, toda vez que dicha pericia no se encuentra vinculada con el objeto del proceso para llegar a la verdad histórica de los hechos, en el entendido que la investigación es desarrollada por el delito de Tráfico de Sustancias Controladas, tomando en cuenta que de antecedentes el imputado fue sorprendido en flagrancia en posesión de sustancias controladas las cuales se encontraban en tres envoltorios de bolsa nylon en el interior de su mochila, aspecto que infiere que estaban destinadas para su comercialización, por lo que el hecho de que su persona puede padecer de una dependencia al consumo de sustancias controladas o que la cantidad encontrada de estas sustancias se encuentren o no dentro del rango de consumidor no excluye que exista un presunto hecho de Trafico, que consiste conforme los presupuestos del Art. 48 en relación al inciso n) del art. 33 de la ley 1008 en todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar….; en ese entendido, la diligencia carece de pertinencia o utilidad como elemento de defensa para intentar probar su postura, independientemente del criterio que asuma la Fiscal de Materia al concluir la investigación, la cual deberá estar enmarcada en todos los elementos recolectados durante la etapa investigativa que acrediten de forma objetiva y material la comisión o no de un delito en concreto…” (sic[las negrillas y el subrayado son nuestros]).

En ese orden, la citada Resolución Jerárquica RJ/ESGS 419/2023, no solo desarrolló los antecedentes pertinentes y detalló la normativa aplicable, sino que contiene la debida fundamentación y motivación en su parte considerativa y dispositiva; así que, la Fiscal Departamental demandada, conforme al art. 306 del CPP y a sus atribuciones conferidas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, asumió conocimiento de la objeción planteada por el accionante, y a tiempo de resolver el punto de impugnación, se circunscribió no solo a la revisión de los antecedentes fácticos e investigativos del proceso penal y la descripción de la naturaleza y características de la supuesta comisión del delito denunciado, explicando que la diligencia solicitada por el hoy impetrante de tutela carecía de pertinencia o utilidad como elemento de defensa para intentar probar su postura, no encontrándose la pericia requerida vinculada con el objeto del proceso para llegar a la verdad histórica de los hechos, “…tomando en cuenta que de antecedentes el imputado fue sorprendido en flagrancia en posesión de sustancias controladas (…), aspecto que infiere que estaban destinadas para su comercialización, por lo que el hecho de que su persona pueda padecer una dependencia al consumo de sustancias controladas o que la cantidad encontrada de estas sustancias se encuentren o no dentro del rango de consumidor, no excluye que exista un presunto hecho de Tráfico…” (sic). Conforme a lo expuesto, se estableció que, independientemente del criterio a ser asumido por la Fiscal de Materia al concluir la investigación, la misma debía estar enmarcada en todos los elementos recolectados durante la etapa investigativa que acrediten de forma objetiva y material la comisión o no de un delito en concreto; concluyendo así que, la proposición de diligencias no se encontraba dentro del marco de la pertinencia y utilidad que exige el citado art. 306 del CPP. En consecuencia, la determinación contenida en la Resolución Jerárquica impugnada, de ratificar el decreto fiscal de 15 de agosto de 2023 -emitido por la Fiscal de Materia III de Sustancias Controladas-, adecuando su fundamento a la causal de rechazo prevista en el art. 306 del CPP, se halla explicada de manera razonable, exponiendo, asimismo, con claridad los motivos que sustentaron la misma, sin crear incertidumbre en el justiciable; por lo que, no se constata la vulneración al debido proceso en su elemento de fundamentación y motivación. En cuanto a la lesión del derecho a la defensa, no corresponde análisis alguno, considerando que, el accionante no indicó la forma en que, el mismo hubiera sido vulnerado; de la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se advierte que el prenombrado hizo uso del mismo, activando los recursos de impugnación previstos en la norma procesal penal.

En consecuencia, la Sala Constitucional al haber denegado la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 72/2023 de 13 de septiembre, cursante de fs. 41 a 45, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada por el accionante, conforme los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1251_2025-S3.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): bfe7934e94f2f1282e0faaaec1d942fe0ba47d0aa01b43a495b7c87fc42e7195

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →