Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de diciembre de 2023
Concede la tutela
La parte accionante denuncia la lesión a su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación que conllevó a la vulneración del derecho a la defensa; toda vez que, dentro de la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, los Magistrados ahora demandados emitieron la Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre; no obstante, en su emisión: a) Se incurrió en una incongruencia externa pues no se respondió a su reclamo relativo a que la Resolución Ministerial 030 no se pronunció sobre las contradicciones existentes en los fallos emitidos por la ATT, además de su reclamo respecto al cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas establecido el 2013, sin comunicación previa antes de iniciar la medición de 2014; b) Se incurrió en incongruencia interna; por cuanto, se tomó por válido que el 2013 se cumplió con la meta; empero, posteriormente se contradice afirmando que no existe texto que “convalide” el cálculo empleado, con lo cual se concluyó que respecto a la indefensión denunciada, la demanda carecía de fundamento fáctico y jurídico, omitiendo explicar por qué se desestimaría lo alegado en su demanda, lo que no satisface el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; c) Respecto a la evaluación del cumplimiento de metas de 2013 se consideró completadas las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado, ello en razón de que el servicio telefónico fue óptimo; y, en la medición de las metas de 2014 no se varió ningún aspecto (metodología y par…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 115/2021 de 15 de septiembre, cursante de fs. 214 a 217, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación; disponiendo, dejar sin efecto la Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre, debiendo emitirse una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1250/2023-S1 Sucre, 12 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 41393-2021-83-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 115/2021 de 15 de septiembre, cursante de fs. 214 a 217 pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Álvaro Cuellar Calderón, Gerente General de la Cooperativa de Telecomunicaciones Sucre (COTES) Limitada (Ltda.) contra Carlos Alberto Egües Añez y Ricardo Torrez Echalar, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memorial presentado el 18 de agosto de 2021, cursante a fs. 1 y 113 a 122, el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Mediante Auto ATT-DJ-A TL LP 1462/2016 de 21 de diciembre, la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) formuló cargos a la Cooperativa por el presunto incumplimiento de la meta de calidad denominada “Llamadas Locales Completadas” (sic); no obstante, pese a los descargos presentados, la ATT emitió la Resolución Sancionatoria ATT-DJ-RA S-TL 95/2017 de 24 de noviembre, declarando probado el cargo formulado por presunto incumplimiento del inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión 033/1996 de 24 de mayo modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96 de 25 de noviembre del citado año, relativo a la meta de calidad del servicio de “Llamadas Locales Completadas”; por lo que, se le impuso como sanción la multa de Bs400 000.- (cuatrocientos mil bolivianos); Resolución Sancionatoria que fue complementada por la Resolución Administrativa ATT-DJ-RA-FIS TL LP 21/2018 de 14 de mayo. Posteriormente, planteado el recurso de revocatoria, se emitió la Resolución de Revocatoria ATT-DJ-RA RE-TL LP 113/2018 de 18 de septiembre, que rechazó la impugnación interpuesta, decisión que fue confirmada por la Resolución Ministerial 030 de 22 de febrero de 2019, en la que se rechazó los argumentos de COTES Ltda., manteniéndose la sanción impuesta; así, al tenerse por agotada la vía administrativa, interpuso demanda contenciosa administrativa contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, solicitando se dicte sentencia que declare probada la demanda, con reposición de obrados hasta el Auto ATT-DJ-A TL LP 1462/2016; toda vez que, la Resolución Ministerial 030 vulneró el “principio de predictibilidad” (sic); además, de carecer de congruencia, motivación y fundamentación; en tal sentido, los Magistrados ahora demandados, emitieron la Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre; no obstante, en su emisión se lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación, que a su vez conllevó a la vulneración del derecho a la defensa (pues generó una total indefensión a COTEL Ltda.); toda vez que: a) Se incurrió en una incongruencia externa pues no se respondió a su reclamo relativo a que la Resolución Ministerial 030 no se pronunció sobre las contradicciones existentes en los fallos emitidos por la ATT; además de su reclamo respecto al cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas establecido el 2013, sin comunicación previa antes de iniciar la medición de 2014; b) Se incurrió en incongruencia interna por cuanto, se tomó por válido que el 2013 se cumplió con la meta, empero, posteriormente se contradice afirmando que no existe texto que “convalide” el cálculo empleado, concluyéndose que respecto a la indefensión denunciada, la demandada carecía de fundamento fáctico y jurídico, omitiendo explicar por qué se desestimaría lo alegado en su demanda, lo que no satisface el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; c) Respecto a la evaluación del cumplimiento de metas de 2013 consideró completadas las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado, ello en razón de que el servicio telefónico fue óptimo; y, en la medición de las metas de 2014 no se varió ningún aspecto (metodología y parámetros); sin embargo, sobre este punto solo se tiene una idea incompleta en su fundamentación que es inentendible, además que no realiza un análisis técnico e intelectivo; d) En lo concerniente a los precedentes administrativos más favorables, únicamente se señaló que la institución que genera precedentes administrativos es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sin realizar un análisis respecto al reclamo; y, e) Con relación al principio de predictibilidad se realizó un análisis sesgado de la realidad, señalando que dicho principio no fue incumplido.
La parte peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación que conllevó a la vulneración del derecho a la defensa; citando al efecto, el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y se disponga la nulidad de la Sentencia 250/2020 debiendo dictarse una nueva absolviendo todos los puntos expuestos en la acción de amparo constitucional.
Celebrada la audiencia pública el 15 de septiembre de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 203 a 213 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela a través de su abogado ratificó el contenido íntegro de su memorial de acción de amparo constitucional.
Carlos Alberto Egües Añez, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, mediante informe presentado el 10 de septiembre de 2021, cursante de fs. 164 a 166 vta., solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando al efecto: 1) La Sentencia 250/2020 fue emitida en apego de las normas legales, declarándose improbada la demanda, debido a que dentro del proceso contencioso administrativo se consideró que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda emitió la Resolución Ministerial 030 de 22 de febrero de 2019 aplicando correctamente las normas legales en vigencia; 2) Las lesiones denunciadas no son evidentes; por cuanto, de la lectura de la referida Sentencia se tiene que se dio respuesta a todos y cada uno de los puntos reclamados, profiriéndose un fallo con la debida fundamentación, motivación y congruencia; y, 3) La parte accionante pretende que la jurisdicción constitucional ingrese a la valoración de la legalidad ordinaria; sin embargo, la vasta jurisprudencia constitucional estableció que la acción de amparo constitucional no se constituye en un medio de impugnación por el que sea factible revisar la valoración de la prueba o la aplicación de la norma, ya que dicha labor le corresponde únicamente a la jurisdicción ordinaria.
Ricardo Torrez Echalar, Magistrado de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, no presentó informe alguno ni concurrió a la audiencia programada pese a su legal notificación cursante a fs. 128.
Edgar Montaño Rojas, Ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a través de sus representantes legales, mediante memorial presentado el 15 de septiembre de 2021, cursante de fs. 196 a 202 vta., y en audiencia, solicitó se deniegue la tutela solicitada, manifestando al efecto: i) La parte peticionante de tutela denunció que al momento de proferirse la Sentencia 250/2020 se incurrió en una incongruencia externa; no obstante, de la revisión de la indicada Sentencia “…no se colige que en la misma se hubiera emitido un fallo ultra petita o que se hubiera concedido más cuestiones de las pedidas, o que, en su defecto, se hubiera emitido un fallo extra petita por los que ahora accionantes se encuentren en una situación aún más gravosa de lo que se encontraban antes de instaurar la acción Contenciosa Administrativa, menos se pudo advertir que la Sala accionada hubiera proferido una sentencia por causa distintas a las invocadas en la demanda; consecuentemente, no es evidente que la Sentencia N° 250/2020 de 01 de septiembre de 2020 carezca o adolezca de la falta del principio de congruencia, máxime si se toma en cuenta que la parte accionante no señaló de manera clara e inequívoca donde o como la sala accionada hubiera incurrido en dicha falta que compromete el debido proceso” (sic); ii) La parte impetrante de tutela pretende que a través de la acción de amparo constitucional se ingrese al fondo del asunto, señalando que: “…en la verificación de metas de la gestión anterior (2013), mediante la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-R-A-TL LP 420/2016 de 01 de abril de 2016 (RAR 420/2016), la ATT comunicó al operador el cumplimiento de sus metas para la gestión 2013, incluyendo en la verificación, las llamadas en las que el operador B se encontraba ocupado, al haber considerado con total razonabilidad, que es una llamada completada satisfactoriamente porque involucraría una respuesta inteligible de la propia red; en ese sentido, reclama que la ATT habría cambiado el procedimiento de evaluación en forma posterior a la suscripción del contrato de concesión y su modificación, habiendo vulnerado el principio del precedente administrativo más favorable” (sic); aspectos que, se encuentran fuera del alcance de la jurisdicción constitucional; iii) En la acción de amparo constitucional se refirió que la Sentencia 250/2020 solamente se limitó a señalar que “‘…por lo que la supuesta indefensión acusada por el operadora carece de fundamento factico y jurídico…’” (sic); empero, al respecto, corresponde enfatizar que una resolución debe entenderse en su conjunto y no solo por la interpretación sesgada de frases aisladas; iv) En la acción de defensa de manera reiterada se mencionó la existencia de una falta de “fundamentación” de la referida Sentencia debido a que no se habría tomado en cuenta la “RAR 420/2016”; sin embargo, la misma no puede ser considerada en instancia jerárquica ni judicial, debiendo prevalecer en todo momento el contrato suscrito entre la ATT y COTES Ltda.; v) En lo concerniente al desconocimiento de precedentes administrativos se tiene que “…el Ente Regulador, en éste caso la ATT, no genera precedentes administrativos pues no es la última instancia administrativa de revisión o de decisión, posiblemente puedan generar ‘líneas’ de fallos referidos a situaciones similares, pero precedentes administrativos casi nunca. Por otro lado, en cuanto al caso en concreto, se verificó que los supuestos o mal señalados precedentes administrativos no tiene relación con el presente caso, ya que la ‘Resolución 2004/1026’ es más bien un AUTO de formulación de cargos y no contiene pronunciamiento definitivo alguno respecto a la meta de ‘Llamadas Locales Completadas’; de igual manera, la Resolución 2005/0774, si bien se trata de un acto definitivo, en ninguna parte del mismo se hace referencia a la meta denominada ‘Llamadas Locales Completadas’. Por otra parte, en cuanto a las Resoluciones 2004/1868, 2006/0661 y 152/2010, se constató que éstas eximen de responsabilidad al operador en virtud a la existencia de un supuesto hecho de fuerza mayor, por lo que las mismas no condicen al caso en cuestión” (sic); vi) Respecto al principio de predictibilidad, la parte accionante pretende hacer valer sus pretensiones con base en la doctrina dándole otro sentido a dicho principio; no obstante ello, las autoridades judiciales ahora demandadas respetaron el indicado principio, pese a que el mismo ni siquiera se encuentra instituido en la Ley de Procedimiento Administrativo; vii) La parte peticionante de tutela manifestó que se le dejó en indefensión absoluta, lo cual no es evidente pues en etapa de impugnación tanto administrativa como jurisdiccional, se ha brindado de manera plena el derecho a la defensa; por lo que, no es claro respecto a si se exige la observancia de congruencia, fundamentación y motivación o si se pide el respeto al derecho a la defensa; viii) En lo concerniente a la vulneración del derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, la parte impetrante de tutela no señaló cuál o cuáles agravios no fueron contestados; y, ix) En la acción de amparo constitucional se alegó una supuesta discriminación establecida en el contrato de concesión; empero, tal afirmación no puede ser parte de la acción tutelar, pues lo que cuestionado se encuentra vinculado a la actuación de la autoridad jurisdiccional.
La Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 115/2021 de 15 de septiembre, cursante de fs. 214 a 217, denegó la tutela solicitada; en base a los siguientes fundamentos: a) Respecto a la incongruencia denunciada, del análisis de la Sentencia 250/2020 se advierte que la misma si bien no es ampulosa, aborda la temática extrañada por el ahora accionante; expresando que, si bien es evidente que el 2013, el operador cumplió con la meta “Llamadas Locales Completadas” (sic) del servicio local de telecomunicaciones; empero, la Resolución Administrativa ATT-DJ-R-A- TL LP 420/2016 no expresa de modo alguno que la ATT hubiese validado el procedimiento empleado por la Cooperativa; b) En lo referente a considerar como llamadas completadas aquellas en las que se encontraron al usuario B ocupado; los Magistrados ahora demandados expresan que el “…el Contrato de Concesión establece la definición de ‘Llamadas Locales Completadas’ y la medición de las metas, por lo que no sería posible considerar aquellas. En consecuencia, los aspectos extrañados fueron analizados aunque no en los término esperados por la parte ahora accionante, no siendo evidente que se haya omitido un pronunciamiento respecto a lo alegado por COTES en la demanda contenciosa administrativa” (sic); y, c) La Sentencia 250/2020 invocó el Contrato de Concesión 033/1996 modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96 las cuales establecen lo que se entenderá por llamadas completadas del servicio local de telecomunicaciones; además, sostiene que la ATT no genera precedentes vinculantes; empero, no explicó cuáles fueron los criterios y parámetros de medición empleados en la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-R-A- TL LP 420/2016 sosteniendo simplemente que la misma si bien declaró cumplida la meta el 2013 no validó el procedimiento empleado; por lo que, si bien dicha conclusión puede ser válida, pero si no expone el sustento normativo ni se explica con claridad cuáles fueron los criterios aplicados en las evaluaciones anteriores es evidente que la fundamentación y motivación es insuficiente, razón por la que debe analizarse la relevancia de dicha insuficiencia; así, “...en el análisis de la relevancia constitucional de una eventual tutela constitucional y dejar sin efecto la Sentencia 250/2020, para que se emita una nueva Resolución lo suficientemente fundamentada y motivada, debemos considerar si esta permitirá también un cambio en la decisión que es lo que en el fondo pretende la parte accionante, a ese efecto debemos tener en cuenta que, en definitiva lo que se cuestiona no es la fundamentación y motivación sino el que no se considere como llamadas completadas a las que encontraron al usuario B ocupado, y también se dice que el Contrato de Concesión es discriminatoria en relación a los contratos que rigen a los otros operadores del país y que no contempla la Recomendación de la UIT; empero, resulta previsible que, estos aspectos no podrían ser modificados mediante la fundamentación y motivación de una Resolución, puesto que tienen que ver con las reglas y parámetros aplicadas a la evaluación del cumplimiento de las metas por parte de COTES LTDA., y deben merecer otro tratamiento. En consecuencia, una eventual concesión de tutela para que se amplíe la fundamentación y motivación no va a derivar en un resultado diferente al asumido en la Sentencia N° 250/2020, por lo cual una concesión de tutela resultaría ser inocua en relación al fondo de lo pretendido.” (sic).
Por Decreto Constitucional de 6 de junio de 2022, cursante a fs. 223, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de recabar documentación complementaria que permita contar con mayores elementos de convicción y emitir una resolución justa e imparcial; reanudándose el mismo a partir del día hábil siguiente a la notificación con el Decreto Constitucional de 28 de noviembre de 2023; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del plazo previsto por Ley.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia lo siguiente:
II.1. Mediante Resolución Sancionatoria ATT-DJ-RA S-TL LP 95/2017 de 24 de noviembre, el Director Ejecutivo Suplente de la ATT resuelve: 1) Declarar probados los cargos formulados contra COTES Ltda. -Cooperativa ahora accionante-, por incumplimiento del inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión 033/96 de 24 de mayo de 1996 modificado por Resolución Administrativa Regulatoria 149/96 de 25 de noviembre de 1996, con relación a la meta de calidad del servicio “Llamadas Locales Completadas” (sic) del servicio local de telecomunicaciones al alcanzar un valor verificado de 84375% respecto del valor objetivo establecido en mayor o igual a 95%; y, 2) Sancionar a COTES Ltda., con una multa de Bs400 00.- (fs. 234 a 241). II.2. Por Memorial de 14 de junio de 2018, el Gerente General de COTES Ltda.,
-ahora peticionante de tutela- interpone recurso de revocatoria contra la Resolución Sancionatoria ATT-DJ-RA S-TL LP 95/2017 (fs. 242 a 247); mereciendo al efecto, la Resolución de Revocatoria ATT-DJ-RA RE-TL LP 113/2018 de 18 de septiembre, por la que, el Director Ejecutivo de la ATT rechaza el recurso de revocatoria, confirmando la Resolución Sancionatoria referida (fs. 255 a 263). II.3. A través de Memorial de 10 de octubre de 2018, el ahora impetrante de tutela interpone recurso jerárquico contra la Resolución de Revocatoria ATT-DJ-RA RE-TL LP 113/2018 (fs. 264 a 272 vta.); a tal efecto, Oscar Coca Antezana, Ministro de Obras Públicas, Servicio y Vivienda, emite la Resolución Ministerial 030 de 22 de febrero de 2019, resolviendo rechazar el recurso jerárquico y en consecuencia confirma totalmente la indicada Resolución de Revocatoria (fs. 273 a 282). II.4. Mediante Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandada-, declara improbada la demanda contenciosa administrativa planteada por COTES Ltda. –Cooperativa ahora accionante–, y en consecuencia mantiene firme y subsistente la Resolución Ministerial 030.
Para dicho pronunciamiento, se consideró los fundamentos expresados en la demanda contenciosa administrativa que en síntesis refiere que: i) El Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda incurrió en el mismo error de la ATT ya que basó su decisión en la previsión del Contrato de Concesión 033/1996 de 24 de mayo modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96 de 25 de noviembre de 1996 , sin considerar que mediante la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-R-A- TL LP 420/2016 de 1 de abril, la ATT, como en años anteriores, comunicó al operador el cumplimiento de sus metas para el 2013 incluyendo en la verificación las llamadas en las que el operador B se encontraba ocupado, al considerar que es una llamada completada satisfactoriamente porque involucra una respuesta intangible de la propia red; ii) La Resolución Ministerial 030 confirmó el cambio del procedimiento de medición de la meta establecida en el año anterior, cambio que se hubiese efectuado sin comunicación previa, vulnerando el precedente administrativo más favorable, y el principio de buena fe, generando inseguridad jurídica; y además, transgredió el principio de predictibilidad (que obliga a la administración a efectivizar en el mayor grado la igualdad material y procesal de las partes); iii) En la evaluación del cumplimiento de las metas del 2013, se tomó como válidas las llamadas en las que el abonado B estaba ocupado; en tal sentido, dicha conducta debió mantenerse en la evaluación efectuada el 2014; y, de cambiarse las condiciones y parámetros tenía la obligación de comunicar esa decisión de forma anterior, ya que de buena fe y sobre la base del comportamiento anterior, COTES Ltda., presentó su información con la certeza de que el indicador de calidad sería considerado para demostrar el cumplimiento de la meta de 2014, por ello la sanción impuesta es arbitraria al demostrar la discrecionalidad de la ATT convalidado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda; y, iv) La Resolución Ministerial 030 no explicó por qué si la ATT asumió un comportamiento distinto en la evaluación de calidad del 2013, era razonable apartarse del precedente más favorable a pesar del reclamo formulado, lo que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia. Conocidos los fundamentos expresados, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia -ahora demandada-, fundamento su determinación, manifestando que:
“El Procedimiento Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al sujeto administrado, liberándolo del abuso de poder de los detentadores del poder público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos, para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa. En consecuencia, corresponde a este Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos por las instancias de impugnación, así como de la administración tributaria. Conforme los dispone el art. 109.I de la CPE, que todos los derechos por ella reconocidos, son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección, por su parte los arts. 115 y 117.I de la misma norma, garantizan el derecho al debido proceso, que se constituye en uno de los principios de la jurisdicción ordinaria, conforme al mandato del art. 30.12 de la Ley del Órgano Judicial. En este contexto, una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos formulados por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos: En este contexto, de antecedentes procesales se advierte que la metodología de evaluación de la meta ‘ Llamadas Locales Completadas’ del Servicio Local de Telecomunicaciones, se encuentra basada en la determinación establecida en el inciso c) del Anexo del Contrato de Concesión, modificado mediante Resolución Administrativa Regulatoria RAR N° 149/96 que señala: ‘…llamadas completadas se consideran aquellas que establecieron una conversación y las que encontraron al ABONADO libre sin respuesta…’. Al respecto, es preciso señalar, que el ente regulador la verificación de las metas en cada gestión en apego a lo establecido en los contratos correspondientes, pues si bien es cierto, en la gestión 2013, el Operador cumplió con la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, del Servicio Local de Telecomunicaciones, conforme se establecio en la RAR ATT-DJ-RA TL LP N° 420/2016, no se evidencia en este texto alguno en el que el ente regulador hubiese validado el procedimiento de cálculo empleado por la empresa demandante Cotes Ltda., sobre la meta aludida, por lo que lo fundamentado por la parte demandante, en cuanto a la explicita aceptación y validación de la ATT en los diferentes procesos de verificación, no es correcta, por lo que la supuesta indefensión acusada por el operador, carece de fundamento factico y jurídico. Por otra parte, en cuanto a la definición de ‘tentativa de llamada’, citada por Cotes Ltda. referente a lo determinado en la recomendación E.600 de la UIT, es preciso señala que, conforme se señaló ut supra, el Contrato de Concesión, establece la definición de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’ del Servicio de Telecomunicaciones, así como la medición de la misma, en ese entendido, no es posible considerar como llamadas completadas, aquellas que encontraron al ‘Abonado B ocupado’, al no estar tal situación completada en la condición contractual del operados dispuesta en el inciso c), del Anexo 5 del Contrato de Concesión, por lo que la institución demandada, no podía considerar como llamada contestada, a las que encuentran al Abonado B ocupado, ni podría aplicarse la definición relativa a la Recomendación E.600 de la UIT, al estar fuera de la definición de la meta, motivo por el cual, los argumentos esgrimidos por el demandante en el proceso de verificación de la meta objeto del presente análisis. Así también se debe tener en cuenta, que en atención a lo previsto en el inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión y la supuesta imposibilidad citada pro Cotes Ltda., no puede ser considerada como eximente de obligación de cumplimiento del valor objetivo del 95% de Llamadas Completadas en la medición de la meta y menos considerar como válido su argumento de que ‘enfrenta una situación de fuerza mayor, en razón a que le es materialmente imposible evitar el incumplimiento de la meta’; cuando no demostró este extremo, con prueba suficiente e idónea. En ese sentido, es preciso señalar que, de acuerdo a lo previsto en el inciso c) del art. 30 de la Ley N° 2341, que establece que los actos administrativos serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho cuando, se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos o de control, por lo que el Ente Regulador, en caso objeto de examen, realizó la medición de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, conforme lo previsto en el inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión, en cuya definición no considera al ‘Abonado B ocupado’ como una llamada contestada. En este entendido, la aplicación estricta de la condición contractual de Cotes Ltda., es la motivación que justifica el apartarse del razonamiento anteriormente adoptada por el ente regulador en las gestiones citadas por el recurrente, en lo referente a las Resoluciones Nos. 2004/1026 de 30 de junio, 2004/1868 de 20 de octubre, 2005/0774 de 16 de mayo 2006/0661 de 28 de marzo y 0152/2010 de 23 de marzo. Respecto a lo señalado por Cotes Ltda., En relación a ‘varios precedentes administrativos consistentes en 5 resoluciones administrativas’, es preciso señalar que el MOSPV, es la institución que genera precedentes administrativos a través de las Resoluciones Ministeriales, que resuelven los recursos jerárquicos, agotando de esa manera la vía administrativa y condicionando las actuaciones de la ATT al establecer criterios aplicables a situaciones que cumplen la condición de identidad o similitud, en resguardo de los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena fe, entre otros; es en ese sentido que la ATT, no genera estos precedentes, por lo que el argumento de la parte demandante Cotes Ltda., no es evidente. Por otra parte, respecto al principio de predictibilidad, el cual no fue establecido de manera objetiva entre los previstos en la Ley N° 2341, pero en la doctrina se entiende, como aquel por el cual la Autoridad Administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes, información veraz, completa y confiable sobre cada trámite, de tal manera que a su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante certera del cual. Sera el resultado que obtendrá, en tal sentido, se debe rememorar que el Auto de Formulación de Cargos, se evidenció una presunta falta del operador por el incumplimiento de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, e inclusive se transcribió la relación contractual presuntamente incumplida, así como la forma de cómo se debía calcular dicho supuesto incumplimiento, de manera tal que el demandante sabía, y era consiente a que se enfrentaba y de que debía defenderse, de donde se deduce que el citado principio nunca fue incumplido. En cuanto a que la autoridad jerárquica, a tiempo de emitir la resolución impugnada, no hubiera respondido sobre los aspectos denunciados, no es evidente, toda vez que el MOPSV, se pronunció sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos por el demandante, además que ante la insistencia y la necesidad que tuvo de reiterar la cláusula contractual que define las llamadas contestadas y por qué no puede considerar como llamada contestada a las llamadas que encuentra al Abonado B ocupado.” (sic [ fs. 49 a 55]).
La parte accionante denuncia la lesión a su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación que conllevó a la vulneración del derecho a la defensa; toda vez que, dentro de la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, los Magistrados ahora demandados emitieron la Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre; no obstante, en su emisión: a) Se incurrió en una incongruencia externa pues no se respondió a su reclamo relativo a que la Resolución Ministerial 030 no se pronunció sobre las contradicciones existentes en los fallos emitidos por la ATT, además de su reclamo respecto al cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas establecido el 2013, sin comunicación previa antes de iniciar la medición de 2014; b) Se incurrió en incongruencia interna; por cuanto, se tomó por válido que el 2013 se cumplió con la meta; empero, posteriormente se contradice afirmando que no existe texto que “convalide” el cálculo empleado, con lo cual se concluyó que respecto a la indefensión denunciada, la demanda carecía de fundamento fáctico y jurídico, omitiendo explicar por qué se desestimaría lo alegado en su demanda, lo que no satisface el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; c) Respecto a la evaluación del cumplimiento de metas de 2013 se consideró completadas las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado, ello en razón de que el servicio telefónico fue óptimo; y, en la medición de las metas de 2014 no se varió ningún aspecto (metodología y parámetros) por lo que dicha conducta debió mantenerse; sin embargo, sobre este punto solo se tiene una idea incompleta en su fundamentación que es inentendible, además que no realiza un análisis técnico e intelectivo; d) En lo concerniente a los precedentes administrativos más favorables, únicamente se señaló que la institución que genera precedentes administrativos es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sin realizar un análisis respecto al reclamo; y, e) Con relación al principio de predictibilidad se realizó un análisis sesgado de la realidad, señalando que dicho principio no fue incumplido. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: 1) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; 2) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; y, 3) Análisis del caso concreto.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al Juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.
En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’
Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras) 3 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).
Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.
consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la cual se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho 4 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.
(…).
De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.
fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4., efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011-R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“…el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que el juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (las negrillas y el subrayado nos corresponden). Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos (Corte IDH), en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación “es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión”. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las 5 La SCP 0316/2010-R de 15 de junio, en su FJ III.3.2 sostuvo que: “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: ‘El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales’” (las negrillas son añadidas). 6 La CorteIDH en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las “debidas garantías” incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (las negrillas son adicionadas). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“…(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…”. En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación.
Bajo esa comprensión, es posible concluir que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor jurisdiccional y sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la CADH; y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
En los arts. 115.II de la CPE, prevé: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; y, 117.I, “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso…”; por lo que, a partir de estos preceptos legales se tiene que el derecho al debido proceso se encuentra reconocido en el texto constitucional y comprende una triple dimensión, es decir como principio, garantía jurisdiccional y derecho fundamental, con el cual se busca garantizar la sujeción estricta a las reglas procesales establecidas en el orden jurídico de cada materia, a cuyo efecto busca la materialización de los valores justicia e igualdad en la labor de impartir justicia. En ese marco, y siendo que el debido proceso es un derecho fundamental que toda persona tiene a un normal, pronto y oportuno proceso judicial o administrativo justo, en el que deben ser respetados y protegidos los derechos, principios y garantías establecidos en la Constitución y las leyes específicas, éste debe entenderse como la máxima expresión de la jurisdicción judicial y administrativa en un Estado Constitucional de Derecho; en tal razón, y por la fuerza fundamental que tiene como garantía, el debido proceso contiene numerosos elementos que lo configuran, siendo alguno de ellos: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la defensa material y técnica, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la fundamentación, motivación y congruencia de las decisiones. Ahora bien, este importantísimo derecho fundamental en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, como exigencias ineludibles en la emisión de toda resolución sea esta judicial, administrativa o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, u otros, que resuelva un conflicto o una pretensión, ha merecido un desarrollo especial por la jurisprudencia constitucional efectuándose interpretaciones amplias y protectoras de este derecho, otorgando parámetros para su consideración y aplicación en la administración de justicia; así se fueron emitiendo líneas uniformes sobre su alcance; entre ellas es menester citar a la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la cual se 7 En su F.J. III.1 “El derecho a una resolución fundamentada y motivada es una de las garantías mínimas del debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). El respeto y protección del debido proceso y, por ende, de sus garantías constitutivas, no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino también lo es en el ámbito de la potestad sancionadora de la administración pública.
Así lo ha entendido la uniforme jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSCC 0042/2004 y 0022/2006) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, casos: a) Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá (Sentencia de 2 de febrero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas); b) Caso del Tribunal Constitucional Vs. Perú (Sentencia de 31 de enero de 2001, Fondo, Reparaciones y Costas). Las sentencias nombradas fueron desarrolladas en la SCP 0140/2012, de 9 de mayo.
En ese orden de ideas, conforme refirió la SCP 0998/2012 de 5 de septiembre: “La teoría constitucional ha desarrollado la técnica del contenido esencial de los derechos fundamentales, a partir de la cual, la aplicación directa de los mismos debe asegurar el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos.
En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son:
“1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de constituye en precedente en vigor, ya que efectuó un desarrollo interpretativo sobre el contenido esencial de estos elementos de la fundamentación y motivación, con el fin de que a través de la aplicación directa de los mismos garanticen el respeto y eficacia plena de los elementos constitutivos de ese contenido esencial o núcleo duro de derechos; por lo que, identificando cuatro finalidades determinantes para el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada, desarrolló las mismas, siendo las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución (conformada por: a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad art. 410.II) y a la ley, de la autoridad -Juez, autoridad administrativa, etc.- o persona privada; es decir, de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sobre conflictos o pretensiones, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad. En el Estado Constitucional de Derecho asumido por la Constitución, el principio de legalidad se encuentra en sumisión a un principio más alto: El principio de constitucionalidad. Este supone la vinculación a los valores, principios y derechos consagrados en la Constitución, más allá, o incluso sobre la ley. La Constitución reconoce a ambos principios (de constitucionalidad y de legalidad), empero, desplaza al principio de legalidad y otorga supremacía al principio de constitucionalidad. Esto se verifica en el art. 410.I, que señala: “Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución”, añadiendo el segundo parágrafo que: La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa…”. Además, estipula como fines y funciones esenciales del Estado, entre otros, el garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución (art. 9.4 de la CPE) y, manda como deberes de los bolivianos y bolivianas el conocer, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, conocer, respetar y promover los derechos reconocidos en la Constitución, y la práctica de los valores y principios que proclama la Constitución (art. 108 numerales 1, 2 y 3 de la CPE).
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Entonces, cuando todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir, pretende hacer uso de facultades discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad (principio de razonabilidad), éste se convierte en una directriz valiosa estrechamente relacionada a la justicia (valor justicia), porque se manifiesta como un mecanismo de control y barra de contención de la arbitrariedad (principio de interdicción de la arbitrariedad), cuya comprensión es multidimensional: a) Por una parte, la arbitrariedad, es contraria al Estado de derecho (Estado Constitucional de Derecho) y a la justicia (valor justicia art. 8.II de la CPE). En efecto, en el Estado de Derecho, o “Estado bajo el régimen de derecho” con el contenido asumido por la Constitución bajo la configuración de “Estado Constitucional de Derecho”, cuya base ideológica es “un gobierno de leyes y no de hombres”, existe expresa proscripción que las facultades que ejercite todo órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir sean arbitrarias y, por el contrario, existe plena afirmación de que el ejercicio de esas facultades deben estar en total sumisión a la Constitución y a la ley visualizando, con ello, claramente el reverso del ya sepultado “Estado bajo el régimen de la fuerza”. En ese sentido, Pedro Talavera señala: “...la justificación de las decisiones judiciales constituye uno de los pilares del Estado de Derecho frente a las arbitrariedades del Antiguo Régimen”. Del mismo modo, Horacio Andaluz Vegacenteno, sostiene: “La justificación de las decisiones judiciales es una exigencia del Estado de Derecho, no un elemento lógico del sistema jurídico. Sólo en el Estado de Derecho se considera que una decisión no está suficientemente justificada por el solo hecho de haber sido dictada por una autoridad competente”. b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una “decisión sin motivación”, o extiendo esta es b.2) Una “motivación arbitraria”; o en su caso, b.3) Una “motivación insuficiente”. b.1) Por ejemplo, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.), no da razones (justificaciones) que sustenten su decisión, traducido en las razones de hecho y de derecho, estamos ante la verificación de una “decisión sin motivación”, debido a que “decidir no es motivar”. La “justificación conlleva formular juicios evaluativos (formales o materiales) sobre el derecho y los hechos sub iudice [asunto pendiente de decisión]” . b.2) Del mismo modo, verbigracia, cuando una resolución en sentido general (judicial, administrativa, etc.) sustenta su decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas, basadas en conjeturas que carecen de todo sustento probatorio o jurídico alguno, y alejadas de la sumisión a la Constitución y la ley, se está ante una “motivación arbitraria”. Al respecto el art. 30.11 de la Ley del Órgano Judicial -Ley 025- “Obliga a las autoridades a fundamentar sus resoluciones con la prueba relativa sólo a los hechos y circunstancias, tal como ocurrieron, es escrito cumplimiento de las garantías procesales”.
En efecto, un supuesto de “motivación arbitraria” es cuando una decisión coincide o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba o, en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso (SC 0965/2006-R de 2 de octubre), que influye, en ambos casos, en la confiabilidad de las hipótesis fácticas (hechos probados) capaces de incidir en el sentido, en los fundamentos de la decisión. Es decir, existe dependencia en cómo cada elemento probatorio fue valorado o no fue valorado, para que se fortalezca o debilite las distintas hipótesis (premisas) sobre los hechos y, por ende, la fundamentación jurídica que sostenga la decisión. En este sentido, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, dentro de un proceso administrativo sancionador señaló: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan co procesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. b.3) De otro lado, cuando una resolución no justifica las razones por las cuales omite o se abstiene de pronunciar sobre ciertos temas o problemas jurídicos planteados por las partes, se está ante una “motivación insuficiente”. Si el órgano o persona, sea de carácter público o privado que tenga a su cargo el decidir incurre en cualesquiera de esos tres supuestos: “decisión sin motivación”, o extiendo esta, “motivación arbitraria”, o en su caso, “motivación insuficiente”, como base de la decisión o resolución asumida, entonces, es clara la visualización de la lesión del derecho a una resolución fundamentada o motivada, como elemento constitutivo del debido proceso. Los tres casos señalados, son un tema que corresponderá analizar en cada caso concreto, debido a que sólo en aquéllos supuestos en los que se advierta claramente que la resolución es un mero acto de voluntad, de imperium, de poder, o lo que es lo mismo de arbitrariedad, expresado en decisión sin motivación o inexistente, decisión arbitraria o decisión insuficiente, puede la justicia constitucional disponer la nulidad y ordenar se pronuncie otra resolución en forma motivada. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación.
El principio de congruencia, ha sido desarrollado por varias sentencias constitucionales: La SC 1312/2003-R de 9 de septiembre, respecto al proceso como unidad; la SC 1009/2003-R de 18 de julio, con relación a la coherencia en la estructura de la decisión entre la parte motiva y la resolutiva. En ese sentido también está la SC 0157/2001-R y las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0747/2012 y 0858/2012, referidos a la congruencia entre la parte motiva y resolutiva en acciones de defensa; la SC 1797/2003-R de 5 de diciembre, cuando se resuelven recursos, sobre la pertinencia entre lo apelado y lo resuelto.” En tal sentido, estas dos primeras finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o motivada, contienen un desarrollo explicativo claro sobre el contenido esencial de estos elementos, y que se podría decir son la base primordial para el ejercicio de los demás derechos, garantías y principios que forman parte del debido proceso -como los que vamos a ver en la tercera y cuarta finalidad, derecho a la impugnación y principio de publicidad-pues a través de ellos, se tiene los parámetros para su verificación en cuanto a la exigencia de que los fallos contengan explícitamente los hechos concretos y comprobados a través de la prueba ofrecida por las partes y estas deben ser subsumidas específicamente al derecho, y ese procedimiento debe ser debidamente justificado mediante la motivación e inclusive la argumentación, ya que la ausencia de estos elementos; es decir, la falta de motivación de las resoluciones judiciales conduce a la arbitrariedad, y la ausencia de fundamentación supondría una resolución situada fuera del ordenamiento jurídico, en el entendido de que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa; por ello es que, estas exigencias constitucionales, sobre todo la de motivar debe presidir en todo el proceso hasta la decisión judicial, evitando el juzgador incurrir en contradicciones en su razonamiento y no construir decisiones manifiestamente contradictorias, ajenas a la lógica de la norma aplicada a las premisas fácticas del caso concreto, lo que conllevaría también a que se quebrante el principio de congruencia.
En ese orden y continuando con el desarrollo de las finalidades del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, la SCP 2221/2012, también explica como ya lo habíamos dicho, que el cumplimiento de estas exigencias de parte de toda autoridad que emita una resolución resolviendo una situación jurídica en cualquier esfera, garantiza el derecho a la impugnación, ya que en la medida de que una decisión contenga estos elementos del debido proceso, posibilita al justiciable conocer los motivos que la sustentan, así como de evaluar los mismos, y si se creyere agraviado pueda activar los mecanismos de impugnación pertinentes, todo ello, siempre en observancia del principio de publicidad al que esta compelido la administración de justicia; así, dicho fallo señala que:
Entonces, la “decisión sin motivación”, además de lesionar el derecho a una resolución motivada y fundamentada, vulnera el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior, constitutivo del derecho al debido proceso reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE y 8.2.h) de la CADH y 14.5 del PIDCP. (…) (4) La exigencia de una resolución motivada también tiene la finalidad de permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad, demostrando ante ella que es verificable objetivamente que las decisiones están en sumisión a la Constitución. debido a que: “…la exigencia de justificar sus decisiones hace posible el control democrático sobre los tribunales”, proscribiendo la decisiones con motivaciones, que por estar ancladas en el fuero interno del juzgador, se tornan en secretas. Esta circunstancia es predicable respecto de todos los jueces, empero, es, especialmente relevante con relación de los Tribunales jurisdiccionales de cierre (Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo) u órganos que tienen la capacidad de decidir conflictos e intereses como el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, etc. cuando por ejemplo, en ejercicio de su potestad administrativa sancionadora emiten resoluciones. El principio de publicidad rige la potestad de administrar justicia de la pluralidad de jurisdicciones, conforme prescribe el art. 178. I de la CPE y está desarrollado en las leyes correspondientes. Así el art. 3.9 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, señala: “Los actos y decisiones de la justicia constitucional son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en la ley”. En ese mismo sentido la Ley del Órgano Judicial, en su art. 3.5 referido al principio de publicidad señala: “Los actos y decisiones de los tribunales y jueces son de acceso a cualquier persona que tiene derecho a informarse, salvo caso de reserva expresamente fundada en ley”. De ahí que, la circunstancia que otorga legitimidad democrática a la función judicial, administrativa, etc. a tiempo decidir un conflicto, reclamo o solicitud es, precisamente, la verificación que las decisiones pronunciadas por esas autoridades estén fundamentadas, justificadas, constituyéndose, los argumentos en Derecho, un instrumento de control de la arbitrariedad. La SC 0088/2006-R de 25 de enero, conceptualizando el principio de publicidad y vinculando con la motivación de la decisión señaló que este: “…informa y enseña que no debe haber justicia secreta, ni procedimientos ocultos, en cuanto, a la discusión de las pruebas, la motivación del fallo, la intervención de las partes o sus apoderados, la notificación con las providencias y otras. La publicidad del proceso y de todo lo actuado en él, surge como un derecho constitucional del sindicado y una garantía jurídica, en razón de que las actuaciones judiciales -en el caso administrativas- son públicas, -salvo las excepciones que señale la ley-, además de constituirse en una manifestación del derecho a obtener información y del derecho a acceder a los documentos públicos. El propósito fundamental de la publicidad de los procesos es evitar las arbitrariedades en que puedan incurrir las autoridades judiciales o administrativos, y proporcionar al acusado un juicio justo e imparcial...” .
Así se tiene que, este desarrollo jurisprudencial realizado en la SCP 2221/2012, sobre las finalidades implícitas del contenido esencial que debe estar inmerso en una resolución para que la misma sea considerada como debidamente fundamentada o motivada, fue confirmada y complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero, que incorporó una quinta finalidad, que tiene que ver con la exigencia de la observancia del principio dispositivo vinculado al principio de congruencia, en relación a que toda petición derivada de la pretensión de las partes debe guardar correspondencia con la parte dispositiva del fallo, caso en el cual se dará por cumplido este principio dispositivo a efectos de una resolución fundamentada o motivada; en ese sentido, este citado fallo constitucional estableció que:
“(5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos. Conceptualmente las pretensiones son distintas a los alegatos o argumentos que esgrima la parte procesal. Para su distinción, debe tenerse en cuenta el petitum, la petición de la pretensión; es decir, qué es lo que se pide; por lo que si el juzgador se aparta de las exigencias derivadas de las pretensiones formuladas por las partes a la hora de aplicar e interpretar la norma que servirá de sustento jurídico a su decisión incurrirá en lesión al derecho a una resolución motivada o derecho a una resolución fundamentada. De ahí que se cumple el principio dispositivo, como un elemento del contenido esencial de una resolución fundamentada o resolución motivada, cuando existe congruencia, es decir, una relación entre la pretensión de las partes con la parte dispositiva de la sentencia. Por ello, estará satisfecho el principio dispositivo, cuando exista estricta correspondencia entre la parte dispositiva de la sentencia, sustentada en los fundamentos de la misma, y las pretensiones oportunamente planteadas por las partes, imponiendo una barra de contención al juzgador a efectos de que no decida más allá de lo debatido o deje de fallar el caso sometido a su conocimiento.” En esa línea jurisprudencial, se tiene que, estos elementos del debido proceso mencionados, como son la fundamentación, motivación y congruencia, se constituyen en requisitos fundamentales en toda resolución emitida por las autoridades judiciales y/o administrativas; en tal razón, este Tribunal Constitucional vio la necesidad de establecer pautas para su consideración y aplicación en su labor de verificación y control constitucional de todas estas resoluciones impugnadas a través de las acciones tutelares, puesto que, el desarrollo del contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, posibilitará a identificar las formas en las que puede manifestarse la arbitrariedad, cuando se denuncia decisiones discrecionales o arbitrarias alejadas de la razonabilidad.
La parte accionante denuncia la lesión a su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación que conllevó a la vulneración del derecho a la defensa; toda vez que, dentro de la demanda contenciosa administrativa interpuesta contra el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, los Magistrados ahora demandados emitieron la Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre; no obstante, en su emisión: a) Se incurrió en una incongruencia externa pues no se respondió a su reclamo relativo a que la Resolución Ministerial 030 no se pronunció sobre las contradicciones existentes en los fallos emitidos por la ATT, además de su reclamo respecto al cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas establecido el 2013, sin comunicación previa antes de iniciar la medición de 2014; b) Se incurrió en incongruencia interna; por cuanto, se tomó por válido que el 2013 se cumplió con la meta; empero, posteriormente se contradice afirmando que no existe texto que “convalide” el cálculo empleado, con lo cual se concluyó que respecto a la indefensión denunciada, la demanda carecía de fundamento fáctico y jurídico, omitiendo explicar por qué se desestimaría lo alegado en su demanda, lo que no satisface el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; c) Respecto a la evaluación del cumplimiento de metas de 2013 se consideró completadas las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado, ello en razón de que el servicio telefónico fue óptimo; y, en la medición de las metas de 2014 no se varió ningún aspecto (metodología y parámetros) por lo que dicha conducta debió mantenerse; sin embargo, sobre este punto solo se tiene una idea incompleta en su fundamentación que es inentendible, además que no realiza un análisis técnico e intelectivo; d) En lo concerniente a los precedentes administrativos más favorables, únicamente se señaló que la institución que genera precedentes administrativos es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sin realizar un análisis respecto al reclamo; y, e) Con relación al principio de predictibilidad se realizó un análisis sesgado de la realidad, señalando que dicho principio no fue incumplido. Identificadas las problemáticas, no existiendo óbice para ingresar al análisis de fondo de las mismas, es necesario contextualizar los hechos de los cuales emergen; así se tiene que, como efecto del inicio del proceso administrativo seguido contra la Cooperativa ahora peticionante de tutela, la ATT emitió la Resolución Sancionatoria ATT-DJ-RA S-TL LP 95/2017 de 24 de noviembre, resolviendo declarar probados los cargos formulados contra COTES Ltda., y sancionar a dicha Cooperativa con una multa de Bs400 00.- (Conclusión II.1). En tal sentido, a través del memorial de 14 de junio de 2018, la Cooperativa ahora impetrante de tutela interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Sancionatoria ATT-DJ-RA S-TL LP 95/2017; mereciendo al efecto, la Resolución de Revocatoria ATT-DJ-RA RE-TL LP 113/2018 de 18 de septiembre, por la que, el Director Ejecutivo de la ATT rechaza el recurso de revocatoria, confirmando la Resolución Sancionatoria referida (Conclusión II.2). Así, a través de memorial de 10 de octubre de 2018, la Cooperativa ahora accionante interpuso recurso jerárquico contra la mencionada Resolución de Revocatoria, impugnación que mereció la Resolución Ministerial 030 de 22 de febrero de 2019, resolviendo rechazar el recurso jerárquico y en consecuencia confirma totalmente la indicada Resolución de Revocatoria (Conclusión II.3). Así, concluida la vía administrativa, la Cooperativa ahora peticionante de tutela planteó demanda contenciosa administrativa que dio lugar a la emisión de la Sentencia 250/2020, por la que se declaró improbada la demanda y en consecuencia mantiene firme y subsistente la señalada Resolución Ministerial.
Ahora bien, conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por la parte impetrante de tutela son evidentes y si en efecto las autoridades ahora demandadas actuaron apartándose de la normativa vigente; así, se tiene que:
La parte accionante denuncia que al emitirse la Sentencia 250/2020 se incurrió en una incongruencia externa pues no se respondió a su reclamo relativo a que la Resolución Ministerial 030 no se pronunció sobre las contradicciones existentes en los fallos emitidos por la ATT; además, de su reclamo respecto al cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas establecido el 2013, sin comunicación previa antes de iniciar la medición de 2014. De lo expresado en la presente problemática, es evidente que, la Cooperativa ahora peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento congruencia; en tal sentido, a partir de esa consideración resulta imprescindible remitirse al Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, en el cual haciéndose referencia a las bases de dicha arista, se señaló que la congruencia posee una doble dimensión, la interna y externa, esta última que para la presente problemática se constituye en el tema principal de debate, siendo precisamente por ello que debe comprenderse que la misma exige la plena correspondencia o coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto por las autoridades judiciales, que conlleva una prohibición para el juzgador, de incurrir en incongruencia ultra petita, extra petita y, menos en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.
Bajo ese parámetro, siendo insoslayable que todo fallo judicial debe tener la plena correspondencia o coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto; en el caso concreto, debe establecerse si es evidente que la Sentencia 250/2020 incurrió en una incongruencia citra petita, al no responder a dos de sus puntos de reclamo, referidos a:
1) Que la Resolución Ministerial 030 no se pronunció sobre las contradicciones existentes en los fallos emitidos por la ATT.
Al respecto, conforme se advierte de la Conclusión II.4., de este fallo constitucional, en la demanda contenciosa administrativa la parte impetrante de tutela manifestó que, la Resolución Ministerial 030 no explicó por qué si la ATT asumió un comportamiento distinto en la evaluación de calidad del 2013, era razonable apartarse del precedente más favorable a pesar del reclamo formulado, lo que vulneró el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia. Sobre este punto, se tiene que en la Sentencia 250/2020 se manifestó que:
“En cuanto a que la autoridad jerárquica, a tiempo de emitir la resolución impugnada, no hubiera respondido sobre los aspectos denunciados, no es evidente, toda vez que el MOPSV, se pronunció sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos por el demandante, además que ante la insistencia y la necesidad que tuvo de reiterar la cláusula contractual que define las llamadas contestadas y por qué no puede considerar como llamada contestada a las llamadas que encuentra al Abonado B ocupado.” (sic [las negrillas son agregadas]).
De lo expresado precedentemente, se advierte que, los Magistrados ahora demandados al momento de emitir la Sentencia 250/2020 se limitaron a señalar que, el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, en la Resolución Ministerial 030, se pronunció sobre todos y cada uno de los argumentos expuestos en el recurso jerárquico; no obstante, es precisamente por lo manifestado que es posible concluir que las autoridades judiciales ahora demandadas no se pronunciaron respecto a que en la indicada Resolución Ministerial se hubiese vulnerado el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, ya que no se habría respondido a su impugnación relativa a que el 2013 la ATT asumió un comportamiento distinto en la evaluación de calidad, y si era razonable apartarse del precedente más favorable a pesar del reclamo formulado; por lo que, sobre este punto se incurrió en una incongruencia citra petita.
2) Que la Resolución Ministerial 030 confirmó el cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas establecido el 2013, sin que existe comunicación previa antes de iniciar la medición de 2014.
Sobre este punto, del contenido de la Conclusión II.4., de este fallo constitucional, se tiene que, la Cooperativa ahora accionante al momento de interponer su demanda contenciosa administrativa, manifestó que la Resolución Ministerial 030 confirmó el cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas sin que se efectué una comunicación previa, vulnerando el precedente administrativo más favorable, y el principio de buena fe, generando inseguridad jurídica; y, además, transgrediendo el principio de predictibilidad.
Al respecto, de los fundamentos expresados en la Sentencia 250/2020, se tiene que, los Magistrados ahora demandados manifestaron:
“En este contexto, de antecedentes procesales se advierte que la metodología de evaluación de la meta ‘ Llamadas Locales Completadas’ del Servicio Local de Telecomunicaciones, se encuentra basada en la determinación establecida en el inciso c) del Anexo del Contrato de Concesión, modificado mediante Resolución Administrativa Regulatoria RAR N° 149/96 que señala: ‘…llamadas completadas se consideran aquellas que establecieron una conversación y las que encontraron al ABONADO libre sin respuesta…’. Al respecto, es preciso señalar, que el ente regulador la verificación de las metas en cada gestión en apego a lo establecido en los contratos correspondientes, pues si bien es cierto, en la gestión 2013, el Operador cumplió con la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, del Servicio Local de Telecomunicaciones, conforme se establecio en la RAR ATT-DJ-RA TL LP N° 420/2016, no se evidencia en este texto alguno en el que el ente regulador hubiese validado el procedimiento de cálculo empleado por la empresa demandante Cotes Ltda., sobre la meta aludida, por lo que lo fundamentado por la parte demandante, en cuanto a la explicita aceptación y validación de la ATT en los diferentes procesos de verificación, no es correcta, por lo que la supuesta indefensión acusada por el operador, carece de fundamento factico y jurídico.
(…)
En ese sentido, es preciso señalar que, de acuerdo a lo previsto en el inciso c) del art. 30 de la Ley N° 2341, que establece que los actos administrativos serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho cuando, se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos o de control, por lo que el Ente Regulador, en caso objeto de examen, realizó la medición de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, conforme lo previsto en el inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión, en cuya definición no considera al ‘Abonado B ocupado’ como una llamada contestada. En este entendido, la aplicación estricta de la condición contractual de Cotes Ltda., es la motivación que justifica el apartarse del razonamiento anteriormente adoptada por el ente regulador en las gestiones citadas por el recurrente, en lo referente a las Resoluciones Nos. 2004/1026 de 30 de junio, 2004/1868 de 20 de octubre, 2005/0774 de 16 de mayo 2006/0661 de 28 de marzo y 0152/2010 de 23 de marzo.
Respecto a lo señalado por Cotes Ltda., En relación a ‘varios precedentes administrativos consistentes en 5 resoluciones administrativas’, es preciso señalar que el MOSPV, es la institución que genera precedentes administrativos a través de las Resoluciones Ministeriales, que resuelven los recursos jerárquicos, agotando de esa manera la vía administrativa y condicionando las actuaciones de la ATT al establecer criterios aplicables a situaciones que cumplen la condición de identidad o similitud, en resguardo de los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena fe, entre otros; es en ese sentido que la ATT, no genera estos precedentes, por lo que el argumento de la parte demandante Cotes Ltda., no es evidente. (…) Por otra parte, respecto al principio de predictibilidad, el cual no fue establecido de manera objetiva entre los previstos en la Ley N° 2341, pero en la doctrina se entiende, como aquel por el cual la Autoridad Administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes, información veraz, competa y confiable sobre cada trámite, de tal manera que a su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante certera del cual. Sera el resultado que obtendrá, en tal sentido, se debe rememorar que el Auto de Formulación de Cargos, se evidenció una presunta falta del operador por el incumplimiento de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, e inclusive se transcribió la relación contractual presuntamente incumplida, así como la forma de cómo se debía calcular dicho supuesto incumplimiento, de manera tal que el demandante sabía, y era consiente a que se enfrentaba y de que debía defenderse, de donde se deduce que el citado principio nunca fue incumplido.” (sic). De los fundamentos expresados precedentemente, se advierte que los Magistrados ahora demandados si bien de manera expresa manifestaron que la verificación de las metas en cada gestión se da en apego a los contratos correspondientes, y para el caso la metodología de evaluación de la meta se encontraba basada en la determinación establecida en el inciso c) del Anexo -se entiende que se refiere al Anexo 5- del “Contrato de Concesión” modificado por “Resolución Administrativa Regulatoria RAR 149/96”; también se señaló que, el 2013, a través de la “RAR ATT-DJ-RA TL LP 420/2016” ciertamente se tuvo que COTES Ltda., cumplió con la meta aludida, señalando además que en dicha “Resolución Administrativa Regulatoria” no se evidenciaría que la ATT hubiese validado el procedimiento de cálculo empleado por la Cooperativa sobre la citada meta. Por otra parte, respecto a los precedentes administrativos se manifestó que es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda la institución encargada de generar los precedentes; asimismo, se refirió que respecto al principio de predictibilidad en el proceso administrativo se puso a conocimiento los cargos formulados contra COTES Ltda., por lo que, la Cooperativa conocía a lo que se “enfrentaba”.
Por lo expresado, se advierte que, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron pronunciarse respecto a si era evidente o no que la Resolución Ministerial 030 hubiese confirmado el cambio de procedimiento de medición de cumplimiento de metas sin que exista comunicación previa de dicho cambio, que en palabras de la Cooperativa ahora peticionante de tutela vulneraría el principio de buena fe y el “precedente administrativo más favorable”, refiriéndose a un procedimiento efectuado con anterioridad; además, transgrediría el principio de predictibilidad -vinculado a conocer el procedimiento de evaluación a efectuarse-, consecuentemente, respecto a este punto, es evidente que se incurrió en una incongruencia citra petita.
Consecuentemente, por todo lo expuesto, considerando que en la Sentencia 250/2020 no existe la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por los Magistrados ahora demandados es evidente que se incurrió en incongruencia citra petita al existir omisión de pronunciamiento respecto a los pedimentos de la parte; debiendo en consecuencia conceder la tutela por vulneración del derecho al debido proceso en su elemento congruencia.
La parte impetrante de tutela manifestó que al momento de emitirse la Sentencia 250/2020 se incurrió en incongruencia interna por cuanto, se tomó por válido que el 2013 se cumplió con la meta; empero, posteriormente se contradice afirmando que no existe texto que “convalide” el cálculo empleado, con lo que se concluyó que respecto a la indefensión denunciada, la demandada carecía de fundamento fáctico y jurídico, omitiendo explicar por qué se desestimaría lo alegado en su demanda, lo que no satisface el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación.
A partir de lo expresado en el párrafo precedente, considerando que la presente problemática, en esencia, se encuentra vinculada al derecho al debido proceso en su elemento congruencia; es preciso señalar que, si bien en el acápite anterior se hizo alusión a una de las dos dimensiones de dicha arista (congruencia externa), para este punto, es necesario referirnos a la congruencia interna que conforme se sostuvo en el Fundamento Jurídico III.1., de este fallo constitucional, la misma concibe a una resolución como una unidad coherente, en la cual se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.
Ahora bien, establecidos los parámetros para ingresar a analizar si en la emisión de la Sentencia 250/2020 se incurrió en una incongruencia interna, de manera inicial, con el objeto de comprender el alcance del pronunciamiento, es necesario remitirnos al contenido de la demanda contenciosa administrativa, en el cual, se tiene que la Cooperativa ahora peticionante de tutela alegó que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda incurrió en el mismo error de la ATT ya que basó su decisión en la previsión del Contrato de Concesión 033/96 modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96, sin considerar que mediante la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-R-A- TL LP 420/2016, la ATT, como en años anteriores, comunicó al operador el cumplimiento de sus metas para el 2013 incluyendo en la verificación las llamadas en las que el operador B se encontraba ocupado, al considerar que es una llamada completada satisfactoriamente porque involucra una respuesta intangible de la propia red.
Con ese antecedente, resulta pertinente remitirnos a los fundamentos expresados en la Sentencia 250/2020, en el cual, se advierte que, los Magistrados ahora demandados manifestaron que:
“En este contexto, de antecedentes procesales se advierte que la metodología de evaluación de la meta ‘ Llamadas Locales Completadas’ del Servicio Local de Telecomunicaciones, se encuentra basada en la determinación establecida en el inciso c) del Anexo del Contrato de Concesión, modificado mediante Resolución Administrativa Regulatoria RAR N° 149/96 que señala: ‘…llamadas completadas se consideran aquellas que establecieron una conversación y las que encontraron al ABONADO libre sin respuesta…’. Al respecto, es preciso señalar, que el ente regulador la verificación de las metas en cada gestión en apego a lo establecido en los contratos correspondientes, pues si bien es cierto, en la gestión 2013, el Operador cumplió con la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, del Servicio Local de Telecomunicaciones, conforme se establecio en la RAR ATT-DJ-RA TL LP N° 420/2016, no se evidencia en este texto alguno en el que el ente regulador hubiese validado el procedimiento de cálculo empleado por la empresa demandante Cotes Ltda., sobre la meta aludida, por lo que lo fundamentado por la parte demandante, en cuanto a la explicita aceptación y validación de la ATT en los diferentes procesos de verificación, no es correcta, por lo que la supuesta indefensión acusada por el operador, carece de fundamento factico y jurídico.” (sic).
De lo expresado precedentemente, se advierte que las autoridades judiciales ahora demandadas ciertamente tomaron por válido que el 2013 se cumplió con la meta; asimismo, se tiene que los Magistrados ahora demandados de manera consecutiva manifestaron que en la “RAR ATT-DJ-RA TL LP 420/2016” no existiría texto alguno por el que la ATT hubiese validado el procedimiento empleado para la evaluación de la meta; consideraciones que, carecen de correspondencia debido a que por una parte se admitió que a través de la “RAR ATT-DJ-RA TL LP 420/2016” se comunicó el cumplimiento de la meta de “Llamadas Locales Completadas” respecto al 2013, cuya verificación -según la Cooperativa ahora accionante- habría incluido como llamada local completada a las llamadas en las que el operador B se encontraba ocupado; no obstante, de manera contradictoria se señala que el procedimiento del cálculo que fue empleado no fue validado por la indicada Resolución Administrativa Regulatoria, sin tener en cuenta que, la comunicación del cumplimiento de metas implícitamente conllevó el reconocimiento del procedimiento de evaluación efectuado para el 2013; consecuentemente, al ser evidente que la Sentencia 250/2020 carece de la correlación o coherencia referida, se incurrió en una incongruencia interna –con relación al aspecto reclamado en la presente problemática–, por lo que, corresponde conceder la tutela respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento congruencia.
Por otra parte, en la presente problemática se tiene que, la parte impetrante de tutela también alegó que la contradicción alegada permitió concluir que la indefensión denunciada (en la demanda contenciosa administrativa) carecería de fundamento fáctico y jurídico, omitiendo explicar por qué se desestimaría lo alegado en su demanda, lesionando su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; al respecto, debe precisarse que, al haberse determinado que los Magistrados ahora demandados incurrieron en una incongruencia interna, es evidente que también se provocó la lesión del derecho al debido proceso en sus vertientes fundamentación y motivación; por cuanto, no se puede tener por cumplidas estas aristas si en la Sentencia 250/2020 existen consideraciones contradictorias; no obstante, pese a lo referido, a fin de emitir una sentencia constitucional plurinacional congruente en el que exista una plena correspondencia entre el pedimento de la acción de defensa y el fallo constitucional, corresponde establecer si los Magistrados ahora demandados cumplieron con fundamentar y motivar la referida Sentencia, a tal efecto, es necesario hacer alusión al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que, el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, emerge de sus finalidades implícitas, como lo es el lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria sino por el contrario observa el valor justicia, finalidad que conlleva que las decisiones que adopten las autoridades judiciales deben citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable –fundamentación–, y además está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos fácticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad –motivación-.
Bajo esos parámetros, con la finalidad de constatar si es evidente o no lo alegado por el ahora accionante, sin pretender ser reiterativos debe hacerse alusión tanto a los reclamos expresados en la demanda contenciosa administrativa como a los fundamentos contenidos en la Sentencia 250/2020, así:
En el memorial de demanda contenciosa administrativa, la parte peticionante de tutela alegó que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda incurrió en el mismo error de la ATT ya que basó su decisión en la previsión del Contrato de Concesión 033/96 modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96, sin considerar que mediante la Resolución Administrativa Regulatoria ATT-DJ-R-A- TL LP 420/2016, la ATT, como en años anteriores, comunicó al operador el cumplimiento de sus metas para el 2013 incluyendo en la verificación las llamadas en las que el operador B se encontraba ocupado, al considerar que es una llamada completada satisfactoriamente porque involucra una respuesta intangible de la propia red.
En la Sentencia 250/2020, se tiene que, los Magistrados ahora demandados manifestaron que:
“En este contexto, de antecedentes procesales se advierte que la metodología de evaluación de la meta ‘ Llamadas Locales Completadas’ del Servicio Local de Telecomunicaciones, se encuentra basada en la determinación establecida en el inciso c) del Anexo del Contrato de Concesión, modificado mediante Resolución Administrativa Regulatoria RAR N° 149/96 que señala: ‘…llamadas completadas se consideran aquellas que establecieron una conversación y las que encontraron al ABONADO libre sin respuesta…’. Al respecto, es preciso señalar, que el ente regulador la verificación de las metas en cada gestión en apego a lo establecido en los contratos correspondientes, pues si bien es cierto, en la gestión 2013, el Operador cumplió con la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, del Servicio Local de Telecomunicaciones, conforme se establecio en la RAR ATT-DJ-RA TL LP N° 420/2016, no se evidencia en este texto alguno en el que el ente regulador hubiese validado el procedimiento de cálculo empleado por la empresa demandante Cotes Ltda., sobre la meta aludida, por lo que lo fundamentado por la parte demandante, en cuanto a la explicita aceptación y validación de la ATT en los diferentes procesos de verificación, no es correcta, por lo que la supuesta indefensión acusada por el operador, carece de fundamento factico y jurídico.” (sic). En lo concerniente al elemento fundamentación. De lo señalado en párrafos precedentes; se advierte que, los Magistrados ahora demandados, únicamente refirieron que “…la verificación de las metas en cada gestión en apego a lo establecido en los contratos correspondientes…” (sic); y, “…que la metodología de evaluación de la meta ‘ Llamadas Locales Completadas’ del Servicio Local de Telecomunicaciones, se encuentra basada en la determinación establecida en el inciso c) del Anexo del Contrato de Concesión, modificado mediante Resolución Administrativa Regulatoria RAR N° 149/96 que señala: ‘…llamadas completadas se consideran aquellas que establecieron una conversación y las que encontraron al ABONADO libre sin respuesta…’.” (sic); sin embargo, no se efectuó cita de ninguna disposición legal que permita establecer que la verificación de las metas en cada gestión deba efectuarse de acuerdo a los contratos suscritos, ello a fin de ingresar a considerar los contratos de concesión y sus modificaciones; además, siendo que la Cooperativa ahora impetrante de tutela en su demanda contenciosa administrativa manifestó que en gestiones anteriores, entre ellas el 2013, la evaluación de la meta “Llamadas Locales Completadas” se hubiese basado en metodología y parámetros distintos, tampoco se estableció la normativa en la que se basó la evaluación del 2013.
En tal sentido, por lo precedentemente expuesto, es posible concluir que los Magistrados ahora demandados incumplieron con su labor argumentativa, pues no se advierte que se hubiese hecho cita de disposiciones legales sobre los cuales justifique la decisión de declarar improbada la demanda; consecuentemente, en relación a la lesión del derecho al debido proceso en su elemento fundamentación corresponde conceder la tutela. En relación al elemento motivación. De manera inicial debe señalarse que este elemento del debido proceso mantiene una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita al momento de efectuarse la fundamentación, ya que es a partir de esta que es posible realizar una argumentación lógica-jurídica; en tal sentido, en el caso concreto al establecerse que los Magistrados ahora demandados no cumplieron con la cita de preceptos legales atinentes a la pretensión de la Cooperativa ahora accionante, es evidente que el análisis efectuado es meramente retórico, y no se encuentra sustentado, pues en tanto no se tenga establecido las bases legales de la verificación de la evaluación, no es posible establecer que la pretensión carezca de fundamento fáctico y jurídico; además, tal como lo preciso la parte peticionante de tutela, los Magistrados ahora demandados únicamente plasmaron dos consideraciones contradictorias sin explicar los motivos que permitan fundar por qué la pretensión de COTES Ltda., carezca de mérito, es decir, no se estableció si al momento de emitirse la Resolución Ministerial 030 se incurrió en error al basar su decisión en la previsión del Contrato de Concesión 033/96 modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96, sin considerar incluir en la verificación las llamadas en las que el operador B se encontraba ocupado, al considerar que es una llamada completada satisfactoriamente porque involucra una respuesta intangible de la propia red. Consecuentemente, en relación a este punto se advierte que los Magistrados ahora demandados incurrieron en una lesión del derecho al debido proceso en su elemento motivación; por lo que, corresponde conceder la tutela.
La parte accionante manifestó que respecto a la evaluación del cumplimiento de metas de 2013 se consideró completadas las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado, ello en razón de que el servicio telefónico fue óptimo; y, en la medición de las metas de 2014 no se varió ningún aspecto (metodología y parámetros) por lo que dicha conducta debió mantenerse; sin embargo, sobre este punto en la Sentencia 250/2020 solo se tiene una idea incompleta en su fundamentación que es inentendible, además que no realiza un análisis técnico e intelectivo ni motivó el por qué se debe considerar legal el mismo. De lo expresado precedentemente, siendo que la parte peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación es preciso remitirnos al Fundamento Jurídico III.2.1., de este fallo constitucional, el cual sostuvo que, en la emisión de toda resolución estos dos elementos del debido proceso deben ser exigidos de manera ineludible, a fin de lograr el convencimiento de las partes que la resolución observó el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; y, que no se incurrió en una arbitrariedad que puede ser reflejada en una decisión sin motivación al no dar las razones de hecho y derecho que sustente la decisión. Bajo ese parámetro, considerando que todo fallo debe observar tanto la fundamentación y motivación, debe establecerse si los Magistrados ahora demandados emitieron un fallo arbitrario expresado en una motivación insuficiente al solo expresar ideas incompletas e inentendibles respecto a que la medición de metas de 2014 debió efectuarse con la misma metodología y parámetros de 2013; además que, no se realizó un análisis técnico e intelectivo. A tal efecto, a fin de comprender y resolver la problemática, inicialmente, debemos hacer alusión a la pretensión expuesta en la demanda contenciosa administrativa, en la que la parte impetrante de tutela alegó que:
“En la evaluación del cumplimiento de las metas del 2013, se tomó como válidas las llamadas en las que el abonado B estaba ocupado; en tal sentido, dicha conducta debió mantenerse en la evaluación efectuada el 2014; y, de cambiarse las condiciones y parámetros tenía la obligación de comunicar esa decisión de forma anterior, ya que de buena fue y sobre la base del comportamiento anterior, COTES Ltda. presentó su información con la certeza de que el indicador de calidad sería considerado para demostrar el cumplimiento de la meta de 2014, por ello la sanción impuesta es arbitraria al demostrar la discrecionalidad de la ATT convalidado por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda.” Pretensión a partir de la cual, los Magistrados ahora demandados emitieron la Sentencia 250/2020 manifestando que:
“Al respecto, es preciso señalar, que el ente regulador la verificación de las metas en cada gestión en apego a lo establecido en los contratos correspondientes, pues si bien es cierto, en la gestión 2013, el Operador cumplió con la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, del Servicio Local de Telecomunicaciones, conforme se establecio en la RAR ATT-DJ-RA TL LP N° 420/2016, no se evidencia en este texto alguno en el que el ente regulador hubiese validado el procedimiento de cálculo empleado por la empresa demandante Cotes Ltda., sobre la meta aludida, por lo que lo fundamentado por la parte demandante, en cuanto a la explicita aceptación y validación de la ATT en los diferentes procesos de verificación, no es correcta, por lo que la supuesta indefensión acusada por el operador, carece de fundamento factico y jurídico. Por otra parte, en cuanto a la definición de ‘tentativa de llamada’, citada por Cotes Ltda. referente a lo determinado en la recomendación E.600 de la UIT, es preciso señala que, conforme se señaló ut supra, el Contrato de Concesión, establece la definición de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’ del Servicio de Telecomunicaciones, así como la medición de la misma, en ese entendido, no es posible considerar como llamadas completadas, aquellas que encontraron al ‘Abonado B ocupado’, al no estar tal situación completada en la condición contractual del operados dispuesta en el inciso c), del Anexo 5 del Contrato de Concesión, por lo que la institución demandada, no podía considerar como llamada contestada, a las que encuentran al Abonado B ocupado, ni podría aplicarse la definición relativa a la Recomendación E.600 de la UIT, al estar fuera de la definición de la meta, motivo por el cual, los argumentos esgrimidos por el demandante en el proceso de verificación de la meta objeto del presente análisis. (…) En ese sentido, es preciso señalar que, de acuerdo a lo previsto en el inciso c) del art. 30 de la Ley N° 2341, que establece que los actos administrativos serán motivados con referencia a los hechos y fundamentos de derecho cuando, se separen del criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos o de control, por lo que el Ente Regulador, en caso objeto de examen, realizó la medición de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, conforme lo previsto en el inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión, en cuya definición no considera al ‘Abonado B ocupado’ como una llamada contestada. En este entendido, la aplicación estricta de la condición contractual de Cotes Ltda., es la motivación que justifica el apartarse del razonamiento anteriormente adoptada por el ente regulador en las gestiones citadas por el recurrente, en lo referente a las Resoluciones Nos. 2004/1026 de 30 de junio, 2004/1868 de 20 de octubre, 2005/0774 de 16 de mayo 2006/0661 de 28 de marzo y 0152/2010 de 23 de marzo.” (sic). Ahora bien, con todo lo expresado, es posible concluir que respecto a la indicada pretensión, las autoridades judiciales ahora demandadas únicamente se limitaron a señalar que la evaluación de la meta “Llamadas Locales Completadas” debe efectuarse conforme lo determinado en los contratos de concesión; así, para el 2014, la medición debía realizarse de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Anexo 5 del Contrato de Concesión 033/96 modificado por la Resolución Administrativa Regulatoria 149/96, medición en la cual no se consideraba las llamadas en las que el abonado B este ocupado; por otra parte, las indicadas autoridades judiciales; señalaron que, el 2013 se cumplió con la indicada meta; no obstante, en las consideraciones referidas, los Magistrados ahora demandados no determinaron si era o no evidente que para la medición de la meta de calidad de servicio de “Llamadas Locales Completadas” de 2013 se consideró como parámetro las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado; y, si para el 2014, la medición de la meta fue cambiada excluyendo la consideración del parámetro referido a las llamadas en las que el abonado B da tono de ocupado, consideraciones a las cuales debía sumarse si la medición en ambas gestiones se efectuó bajo la misma normativa y procedimiento; consecuentemente, al omitir fundamentar y motivar dichos aspectos, es evidente que se emitió un fallo arbitrario al incurrirse en una motivación insuficiente, en la cual no se dio las razones de hecho y derecho que sustentarían la decisión de declarar improbada la demanda. Consecuentemente, en relación a este punto se advierte que las autoridades judiciales ahora demandados lesionaron el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación; por lo que, corresponde conceder la tutela.
La parte impetrante de tutela refiere que, en lo concerniente a los precedentes administrativos más favorables, en la Sentencia 250/2020 únicamente se señaló que la institución que genera precedentes administrativos es el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda sin realizar un análisis respecto al reclamo.
Al respecto, siendo que en la presente problemática la parte accionante es expresa al denunciar que en la Sentencia 250/2020 no se realizó un análisis respecto a la aplicación del precedente administrativo más favorable, lo cual hace evidente que COTES Ltda., considere lesionado su derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, de ahí que es necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.2.1., de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que estas dos aristas del debido proceso tienen un carácter importantísimo en la emisión de toda resolución, ello en el entendido que su ausencia (carencia de razones de hecho y derecho que sustenten la decisión) supondría que el fallo sea arbitrario; por cuanto, se pronunciaría una decisión sin motivación que impediría lograr el convencimiento de las partes de que la resolución observó el valor justicia y los principios de interdicción de la arbitrariedad, razonabilidad y congruencia. Así, en esa línea de razonamiento, con el objeto de determinar si es evidente que en la emisión de la Sentencia 250/2020 no existiría pronunciamiento respecto a la aplicación del precedente administrativo más favorable; inicialmente, a fin de comprender y resolver la presente problemática, corresponde remitirse a la demanda contenciosa administrativa, en la cual, se advierte que COTES Ltda., alegó que:
“La Resolución Ministerial 030 confirmó el cambio el procedimiento de medición de la meta establecida en el año anterior, cambio que se hubiese efectuado sin comunicación previa, vulnerando el precedente administrativo más favorable, y el principio de buena fe, generando inseguridad jurídica; y además, transgredió el principio de predictibilidad (que obliga a la administración a efectivizar en el mayor grado la igualdad material y procesal de las partes).” Al respecto, sobre dicha pretensión se tiene que en la Sentencia 250/2020, los Magistrados ahora demandados señalaron que:
“Respecto a lo señalado por Cotes Ltda., En relación a ‘varios precedentes administrativos consistentes en 5 resoluciones administrativas’, es preciso señalar que el MOSPV, es la institución que genera precedentes administrativos a través de las Resoluciones Ministeriales, que resuelven los recursos jerárquicos, agotando de esa manera la vía administrativa y condicionando las actuaciones de la ATT al establecer criterios aplicables a situaciones que cumplen la condición de identidad o similitud, en resguardo de los principios de igualdad, seguridad jurídica, buena fe, entre otros; es en ese sentido que la ATT, no genera estos precedentes, por lo que el argumento de la parte demandante Cotes Ltda., no es evidente.” Con todo lo expresado precedentemente, de manera inicial, es preciso señalar que si bien la parte peticionante de tutela en su demanda contenciosa administrativa hizo referencia al “precedente administrativo más favorable”; no obstante, debe considerarse que dicha expresión se encuentra vinculada al procedimiento administrativo efectuado con anterioridad (metodología y parámetros de medición de calidad de 2013) que hubiese sido modificado sin previa comunicación, asumiéndose un comportamiento distinto para la medición de calidad de 2014; procedimiento que habría sido confirmado a través de la Resolución Ministerial 030; en tal sentido, el razonamiento a asumirse en la Sentencia 250/2020 debió estar vinculado a ese argumento; empero, del contenido de la aludida Sentencia; se advierte que, los Magistrados ahora demandados únicamente refirieron que el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda es la institución que genera precedentes administrativos, lo cual permite concluir que las indicadas autoridades judiciales no comprendieron el contenido de la pretensión ni resolvieron la misma tal como lo expresó la Cooperativa ahora impetrante de tutela, omitiendo expresar los motivos de hecho y derecho lesionando el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, correspondiendo respecto a esta problemática conceder la tutela solicitada.
La parte accionante manifestó que con relación al principio de predictibilidad los Magistrados ahora demandados realizaron un análisis sesgado de la realidad, señalando que dicho principio no fue incumplido. Al respecto, considerando que en la presente problemática, la parte peticionante de tutela en esencia denuncia la existencia de una motivación insuficiente, manteniendo una estrecha vinculación con el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, resulta pertinente remitirse al entendimiento contenido en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo constitucional, el cual sostuvo que, en la emisión de toda resolución estos dos elementos del debido proceso deben ser exigidos de manera ineludible, a fin de lograr el convencimiento de las partes que la resolución observó el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; y, que no se incurrió en una arbitrariedad que puede ser reflejada en una decisión sin motivación al no dar las razones de hecho y derecho que sustente la decisión. En tal sentido, bajo lo referido precedentemente, debe establecerse si los Magistrados ahora demandados incurrieron en una motivación arbitraria al realizar un análisis sesgado respecto al principio de predictibilidad; en tal sentido, de manera inicial, debemos hacer alusión al reclamo expuesto en la demanda contenciosa administrativa, en el que la parte impetrante de tutela alegó que:
“La Resolución Ministerial 030 confirmó el cambio del procedimiento de medición de la meta establecida en el año anterior, cambio que se hubiese efectuado sin comunicación previa, vulnerando el precedente administrativo más favorable, y el principio de buena fe, generando inseguridad jurídica; y además, transgredió el principio de predictibilidad (que obliga a la administración a efectivizar en el mayor grado la igualdad material y procesal de las partes).” Al respecto, sobre dicha pretensión se tiene que en la Sentencia 250/2020, los Magistrados ahora demandados refirieron que:
“Por otra parte, respecto al principio de predictibilidad, el cual no fue establecido de manera objetiva entre los previstos en la Ley N° 2341, pero en la doctrina se entiende, como aquel por el cual la Autoridad Administrativa deberá brindar a los administrados o sus representantes, información veraz, competa y confiable sobre cada trámite, de tal manera que a su inicio, el administrado pueda tener conciencia bastante certera del cual. Sera el resultado que obtendrá, en tal sentido, se debe rememorar que el Auto de Formulación de Cargos, se evidenció una presunta falta del operador por el incumplimiento de la meta ‘Llamadas Locales Completadas’, e inclusive se transcribió la relación contractual presuntamente incumplida, así como la forma de cómo se debía calcular dicho supuesto incumplimiento, de manera tal que el demandante sabía, y era consiente a que se enfrentaba y de que debía defenderse, de donde se deduce que el citado principio nunca fue incumplido.” Conocidos los fundamentos contenidos en la Sentencia 250/2020, de manera inicial, debe considerarse que la parte accionante tuvo por transgredido el principio de predictibilidad debido a que el procedimiento administrativo efectuado con anterioridad (metodología y parámetros de medición de calidad de 2013) hubiese sido modificado sin previa comunicación, asumiéndose un procedimiento distinto para la medición de calidad de 2014; consiguientemente, a partir de esa expresión, el razonamiento a asumirse en la indicada Sentencia debió estar vinculado a ese argumento. Ahora bien, del contenido de la aludida Sentencia; se advierte que, los Magistrados ahora demandados se limitaron a señalar que por el principio de predictibilidad la Administración Pública debe brindarse a los administrados información veraz, completa y confiable sobre cada trámite; de ahí que, se manifestó que COTES Ltda., tenía conocimiento del procedimiento a seguirse en su contra respecto al proceso administrativo; no obstante, las autoridades judiciales ahora demandadas omitieron pronunciarse respecto al cambio de medición de calidad sin previo comunicación, por lo que, se lesionó el derecho al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, correspondiendo conceder la tutela impetrada.
En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 115/2021 de 15 de septiembre, cursante de fs. 214 a 217, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, respecto a la vulneración de los derechos al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación y motivación; disponiendo, dejar sin efecto la Sentencia 250/2020 de 1 de septiembre, debiendo emitirse una nueva resolución conforme a los Fundamentos Jurídicos contenidos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 La Resolución Administrativa 149/96 de 25 de noviembre de 1996 que enmendó el Anexo 5 del Contrato de Concesión suscrito entre la superintendencia de Telecomunicaciones y “COTES” establece:
C. Llamadas Locales Completadas Periodo Llamadas Completadas Enero-Junio 1997 50% Julio-Diciembre 1997 75% Enero-Diciembre 1998 85% Enero-Diciembre 1999 90% Enero-Diciembre 2000 95% Nota Por llamadas completadas se consideran aquellas que establecieron una conversación y las que encontraron al ABONADO libre sin obtener respuesta. El porcentaje se calculará en relación al total de intentos de llamadas de los USUARIOS, incluyendo a quellos que no obtuvieron tono de invitación a dicar. En los intentos de llamadas de los USUARIOS no se incluirán aquellas con error en la marcación.
2 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del
interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad.”
“(3) Otra de las finalidades que justifica la exigibilidad de una resolución motivada es la de garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión - judicial, administrativa, etc.- por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación, debido a que permite a las partes procesales conocer las razones que fundamentan las resoluciones, para poder evaluarlas y, en su caso, plantear los recursos pertinentes contra ellas, por ello, la doctrina sostiene que el conocimiento de la justificación decisoria es precondición para accionar contra una decisión.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1250_2023-S1.pdf · páginas 1 a 41.
Huella digital del PDF (SHA-256): 48c6f2f289541d709e57412cd6b8d769420ad5633e47d97c553f9912b36ed3f9
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