B.IA.LEGAL

SCP 1248/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 13 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
13 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
58388-2023-117-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

Los demandantes de tutela denuncian que el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, pronunciado por la autoridad jurisdiccional ahora demandada rechazó in límine sin recurso ulterior el incidente de nulidad de imputación formal que interpusieron, vulnerando sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, presunción de inocencia, y a la defensa eficaz, por el siguiente motivo: a) No resulta evidente que su derecho precluyó y que tuvieron la oportunidad de realizar observaciones en dicha audiencia de aplicación de medidas cautelares, ya que la imputación está basada en declaraciones testificales que en ningún momento indican la forma en cómo se ha cometido el delito; por otro lado, omitió aplicar los requisitos mínimos de indicar de manera clara e individualizada cuándo, dónde y cómo fue que se cometió el delito que se les atribuye, así también incurrió en una flagrante violación al debido proceso en su acepción de legalidad y presunción de inocencia, cuando califica una conducta que puede ser subsumida al tipo penal de hurto, pero la tipificó como robo agravado, cuando los antecedentes y elementos recabados demuestran que no se cuenta con los presupuestos o verbos rectores para poder calificar ni provisionalmente dicho tipo penal, y por último, que no se tuvo una defensa adecuada por parte de la abogada defensora de oficio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre los incidentes en etapa preparatoria; ii) L…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 106/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, y conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre los incidentes en etapa preparatoria
  2. III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1248/2025-S1 Sucre, 13 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 58388-2023-117-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 106/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Rolando Gutiérrez Molina y Corina Isabel Ruiz contra Maureen Orellana Maldonado, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 22 y 28 de agosto de 2023, cursantes de fs. 36 a 39 vta., y 46 y vta., los accionantes expusieron los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señalan que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a denuncia de Jenifer Irene Copa Lucana y otros en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado -previsto y sancionado en el art. 332 del Código Penal (CP)- presentó imputación formal en la que se solicitó medidas cautelares de carácter personal ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, señalándose audiencia para el 6 de agosto de 2023, designándose para ese actuado procesal, como defensora de oficio a la abogada Catalina Condori Rodríguez, dado que se mantenía incomunicado y tampoco podían llamar a un abogado de confianza. Es así que en dicha audiencia la prenombrada abogada no realizó una defensa adecuada y solo hizo acto de presencia; es por ello que, la autoridad judicial determinó detención preventiva en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones y Mujeres del citado departamento.

Refieren que una vez detenidos preventivamente, contrataron los servicios de otros profesionales abogados, quienes al observar defectos absolutos no susceptibles de convalidación y encontrándose dentro del plazo establecido por la norma procesal penal, plantearon incidente de nulidad de imputación formal por actividad procesal defectuosa, pero la autoridad jurisdiccional a cargo del mencionado Juzgado, mediante Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, rechazó in límine, señalando que su “…derecho precluyó y que tuvimos oportunidad de realizar observaciones en dicha audiencia de aplicación de medidas cautelares…”(sic), sabiendo que la defensa técnica sólo hizo acto presencia, ya que en el memorial de planteamiento de incidente en su otrosí II, indicó que cuenta con nuevos abogados defensores. Asimismo, la autoridad jurisdiccional en el mencionado Auto Interlocutorio, en su considerando II, párrafo 7, citó doctrina haciendo entender que la abogada habría convalidado tácitamente dichos defectos al no formular reclamo en la primera oportunidad, siendo que el incidente de nulidad de imputación formal, se encuentra además de la basta jurisprudencia citada, en lo establecido por el art. 167 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que expresamente indica que son actos no susceptibles de convalidación los defectos concernientes que implican inobservancia o vulneración de derechos o garantías constitucionales y convencionales. Quedando así en total evidencia que la autoridad jurisdiccional emitió resolución que lesiona los derechos citados en el “punto I.3.”

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, presunción de inocencia y a la defensa eficaz; citando al efecto, los arts. 115.II, 116.I y 180.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitan se conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, que pretende convalidar un defecto no susceptible de convalidación; y, b) Ordene resolver el incidente de nulidad de imputación formal por contar con defectos absolutos no susceptibles de convalidación. Sea en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 5 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 60 a 61, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

Los impetrantes de tutela a través de su abogado en audiencia se ratificaron en el contenido íntegro de su demanda tutelar y ampliándolo, señalaron que: a) El informe que ha presentado la Jueza demandada manifestó que sus personas han tenido su oportunidad para poder observar los defectos en la audiencia cautelar, pero la defensa a cargo de la abogada Catalina Condori Rodríguez, no ha realizado ninguna defensa técnica; en conclusiones la referida autoridad judicial al rechazar el incidente contra la imputación formal, está vulnerando los derechos de “legalidad”, de presunción de inocencia y a la defensa eficaz; por lo que, solicita se conceda la tutela y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023 y se ordene a la autoridad jurisdiccional, resolver el incidente.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Maureen Orellana Maldonado, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 4 de septiembre de 2023, cursante de fs. 53 a 55, manifestó que: i) La defensa de los accionantes hubiese presentado un incidente de nulidad de imputación formal, el 6 de agosto de 2023, dentro los diez días del acto denunciado como vulneratorio, conforme se ha dispuesto en el Auto Interlocutorio de 17 de ese mes y año, toda persona que considere lesionados sus derechos y garantías constitucionales tiene la facultad de recurrir ante la autoridad competente para hacer prevalecer dichas garantías; empero, se debe tomar en cuenta que los incidentes como medio defensivo, son los medios idóneos y eficaces para conocer y restituir cualquier tipo de vulneración de derechos o garantías constitucionales, que deben ser utilizados previamente por él o los afectados oportunamente, ya que de acuerdo a cada circunstancia en particular, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, ingresando dentro lo se considera incidente maliciosos, dilatorios o temerarios, como acontece en el presente caso; toda vez que, en audiencia de medidas cautelares llevada a cabo el 6 de agosto de 2023 la autoridad fiscal de manera oral ha sustentado su imputación formal, en la cual realizó una fundamentación tanto del presupuesto material (probabilidad de autoría) individualizando la participación de cada imputado y también efectuó la fundamentación del presupuesto procesal, individualizando los riesgos procesales de cada imputado, solicitando la medida de última ratio, a esa fundamentación oral en audiencia la abogada de la defensa, tuvo la oportunidad de observar, ya sea la imputación formal o el pronunciamiento del Ministerio Público; puesto que, dentro del sistema acusatorio, adversarial y garantista, esencialmente bajo el principio de contradicción y oralidad las partes procesales tienen la oportunidad de poner a conocimiento cuanta observación tengan sobre lo aseverado por la parte contraria; para que la autoridad jurisdiccional emita un pronunciamiento, y en caso de advertir la vulneración de derechos o garantías, corregir las mismas declarando de acuerdo al incidente si corresponde su nulidad y no ingresar a considerar otros aspectos como la medida cautelar, en caso de no refutar por la parte contraria los alegatos de la parte adversa es un hecho reconocido, no es un hecho controvertido que deba ingresar a ser considerado por la autoridad jurisdiccional, es en base a este sustento que la autoridad judicial ha rechazado in limine el incidente de nulidad de imputación formal presentado por la defensa de los peticionantes de tutela, al ser manifiestamente improcedente, ya que no fue un acto controvertido en la primera oportunidad que tuvo la defensa para reclamar estos vicios de nulidad, convalidando y en su caso, reconociendo el hecho; ii) En la audiencia de medidas cautelares era el momento procesal para realizar cualquier observación al requerimiento de imputación formal, ya que la finalidad de la imputación se resume en la individualización de los hechos y la calificación provisional de los mismos por parte del Ministerio Público y en la referida audiencia se realizó la fundamentación debida conforme determina el art. 73 del CPP, realizando una individualización de los hechos punibles cuya comisión se le atribuye provisionalmente a los imputados y en igualdad de oportunidad, la abogada de la defensa; asimismo, escuchando el fundamento del Ministerio Público, le permitió tener conocimiento de manera oral de los fundamentos de la parte acusadora, para su respectivo pronunciamiento y que fue escuchado oportunamente, resolviendo todo lo alegado por el Ministerio Público y la defensa, concluyendo en la aplicación de la medida cautelar de la detención preventiva; iii) El incidente de nulidad de imputación interpuesto después de llevarse a cabo la audiencia de medida cautelar, resulta inoportuno; toda vez que, la doctrina atribuye el carácter relativo de las nulidades procesales, “…ya que estos efectos será expresa la convalidación cuando la parte agraviada ratifique el acto viciado y será tácita cuando el agravio no formuló su reclamo en la primera oportunidad que tenía para hacerlo, dejando precluir su derecho, ya que en ese momento se encontraba habilitado para verificar la conducencia de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público para sustentar la determinación de los hechos que hacen la imputación formal, fue el momento de resolver la aplicación de medidas cautelares a particular y en ese caso opero el principio de convalidación o ratificación…” (sic); iv) La defensa fue ineficaz, debido que la abogada no realizó una defensa adecuada y solo efectuó un acto de presencia en la audiencia de medidas cautelares de manera resumida, por Secretaría se hizo constar sobre la participación de la abogada de la defensa indicando ‘“…Que el Ministerio Público no ha identificado la participación de cada uno de los imputados en los hechos imputados, asimismo solicita se aplique lo más favorable…”’(sic), extremos que fueron valorados por la autoridad judicial; sin embargo, el hecho de aplicar la medida cautelar de la detención preventiva no puede ser considerada como negación al principio de presunción de inocencia, ya que bajo ese criterio no se podría aplicar esa medida; v) Sobre el defecto absoluto no susceptible de convalidación, no es evidente, puesto que llevar a cabo la audiencia de medidas cautelares sin que los imputados cuenten con una defensa técnica, efectivamente es un defecto absoluto no susceptible de convalidación; sin embargo, los imputados estuvieron asistidos Catalina Condori Rodríguez abogada de Defensa Pública, quien fue notificada con la imputación formal y el señalamiento de audiencia oportunamente 6 de citado mes y año, a horas 08:27, y lo propio, la otra abogada de la defensa particular “Noemi Condori” que les asistió en la declaración informativa a los imputados; de igual manera se le notificó con la imputación formal y el señalamiento de audiencia el día 6 del prenombrado mes y año a horas 08:26, desconociendo el por qué esta última no se conectó a la audiencia virtual; consecuentemente, no se puede alegar defecto absoluto no susceptible de convalidación, siendo que desde un inicio estuvieron acompañados de su abogado defensor particular, y precautelando los derechos y garantías de la defensa, también se dispuso la notificación a Defensa Pública para que asista a los imputados en audiencia en caso que no se encuentre presente su abogado particular; vi) Conforme determina el art. 314 del CPP, la defensa ha planteado su incidente dentro del plazo de los diez días, ello no significa que obligatoriamente se tenga que señalar audiencia para su consideración y pese a programarse la misma, tampoco necesariamente tendría que dar curso a la petición porque simplemente se alegue que existió un acto defectuoso absoluto no susceptible de convalidación, ya que el art. 315 del CPP, permite al Juez de la causa rechazar in limine el incidente aunque sea presentado dentro los diez días por carecer de fundamento; y, vii) Ese aspecto no fue reclamado oportunamente convalidando actos, en su caso, permitiendo ingresar a la audiencia de medidas cautelares; consecuentemente, se ha actuado dentro los parámetros constitucionales y legales, no existiendo vulneración de derechos y garantías de los demandantes de tutela, solicita se deniegue la acción planteada.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Hugo Esteban Espinoza Peredo, Fiscal de Materia, no asistió a la audiencia de acción de amparo constitucional, ni presentó informe alguno, pese a su legal notificación cursantes a fs. 51.

I.2. Resolución

La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, por Resolución RAC-SCIII 106/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 62 a 66 vta., denegó la tutela solicitada, sin costas por ser excusable; determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) De lo expuesto en el memorial de acción de amparo constitucional y en la audiencia pública de esta acción tutelar, se advierte que bajo el reclamo de vulneración del derecho al debido proceso en su acepción de legalidad, presunción de inocencia, derecho a la defensa eficaz, los peticionantes de tutela pretenden cuestionar la decisión asumida por la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital de ese departamento, limitándose a afirmar que dicha autoridad, habría incurrido en defectos absolutos no susceptibles de convalidación al llevar a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares; donde se resolvió el incidente de nulidad de imputación formal planteado por estos; ello, sin especificar que análisis correspondía y de qué manera fueron vulnerados sus derechos, señalando sólo de forma general que la autoridad demandada emitió un Auto que vulnera sus derechos citados, sin referirse a las cuestiones planteadas en el incidente de nulidad de imputación formal; sin embargo, a través de esta acción de defensa, solicitan dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023; 2) De lo expuesto, se advierte que los impetrantes de tutela no hicieron más que expresar su insatisfacción con la determinación asumida en el mencionado auto, sin cumplir con la carga argumentativa, que permitiría abrir la competencia de la justicia constitucional; conforme se tiene del desarrollo efectuado en el Fundamento Jurídico de esa Resolución constitucional, que señala: “…dicha carga argumentativa corresponde efectuarla a la parte accionante, de acuerdo a lo previsto en el art. 33 del Código Procesal Constitucional (CPCo), exponiendo los hechos fácticos (identificando y precisando que parte de la resolución es incongruente o carente de fundamentación) y especificando el o los derechos vulnerados, no pudiendo por tal motivo plantearse una acción de amparo constitucional señalando únicamente que la resolución cuestionada es incongruente e inmotivada, sino que deberá indicarse de manera clara y concreta cuales son los puntos omitidos (incongruencia) o los inmotivados (falta de fundamentación); en resguardo al derecho a la tutela judicial y a los principios de seguridad jurídica y eficacia de las resoluciones” (sic); 3) Debido a que los impetrantes de tutela no identificaron los aspectos no resueltos en el indicado Auto de Interlocutorio 17 de agosto de 2023, que acusa de vulnerar su debido proceso en su acepción de legalidad, presunción de inocencia y su derecho a la defensa eficaz, y al no señalar de qué manera ello lesionarían sus derechos reconocidos en la Norma Suprema; así como tampoco estableció la relevancia constitucional de su reclamo, limitándose a disentir la decisión tomada por la autoridad demandada; resulta imposible en el presente caso, emitir pronunciamiento de fondo; correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada, sin ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada; y, 4) Solo a mayor abundamiento se tiene claro que los impetrantes de tutela tuvieron conocimiento de los hechos atribuidos provisionalmente por el Ministerio Público y asumieron su defensa, contando a tal efecto con una abogada de Defensa Pública ante la ausencia injustificada de la abogada de la defensa particular, quien tuvo en su momento la oportunidad de refutar y reclamar la nulidad de la imputación; sin embargo, ese aspecto no fue reclamado oportunamente, convalidando actos y en su caso, permitiendo ingresar a la audiencia de medidas cautelares, consecuentemente, se ha actuado dentro de los parámetros constitucionales y legales, no existiendo vulneración de derechos y de garantías de los ahora accionantes por parte de la autoridad ahora demandada.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y el Auto Interlocutorio de 6 de agosto de 2023, pronunciado por Maureen Orellana Maldonado, Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba -autoridad ahora demandada-, que ordenó la detención preventiva de los imputados Rolando Gutiérrez Molina y Corina Isabel Ruiz -ahora accionantes- por el plazo de tres meses en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones y Mujeres, respectivamente (fs. 31 vta. a 33) II.2. Mediante memorial presentado el 16 de agosto de 2023 ante el Juzgado de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba, Rolando Gutiérrez Molina y Corina Isabel Ruiz, los impetrantes de tutela solicitaron la nulidad de la imputación por implicar inobservancia a los derechos y garantías, previstos en la Constitución Política del Estado, por estar basada en actos realizados sin las formalidades debidas que no son susceptibles de convalidación conforme lo dispuesto por el art. 169 inc. 3) del CPP; asimismo, carece de una debida fundamentación fáctica y jurídica de los hechos (fs. 26 a 30 vta.). II.3. Por Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, la Jueza ahora demandada, resolvió rechazar in límine los incidentes de nulidad de imputación formal presentados por la defensa de los impetrantes de tutela. Asimismo, advierte que esa resolución no es susceptible de recurso de apelación, de acuerdo a lo determinado por el art. 315. II del CPP (fs. 34 a 35).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

Los demandantes de tutela denuncian que el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, pronunciado por la autoridad jurisdiccional ahora demandada rechazó in límine sin recurso ulterior el incidente de nulidad de imputación formal que interpusieron, vulnerando sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, presunción de inocencia, y a la defensa eficaz, por el siguiente motivo: a) No resulta evidente que su derecho precluyó y que tuvieron la oportunidad de realizar observaciones en dicha audiencia de aplicación de medidas cautelares, ya que la imputación está basada en declaraciones testificales que en ningún momento indican la forma en cómo se ha cometido el delito; por otro lado, omitió aplicar los requisitos mínimos de indicar de manera clara e individualizada cuándo, dónde y cómo fue que se cometió el delito que se les atribuye, así también incurrió en una flagrante violación al debido proceso en su acepción de legalidad y presunción de inocencia, cuando califica una conducta que puede ser subsumida al tipo penal de hurto, pero la tipificó como robo agravado, cuando los antecedentes y elementos recabados demuestran que no se cuenta con los presupuestos o verbos rectores para poder calificar ni provisionalmente dicho tipo penal, y por último, que no se tuvo una defensa adecuada por parte de la abogada defensora de oficio. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) Sobre los incidentes en etapa preparatoria; ii) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. Sobre los incidentes en etapa preparatoria

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0643/2021-S1 de 11 de noviembre, asumió el siguiente razonamiento:

De acuerdo con los arts. 314 y 315 del CPP, modificados por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, las excepciones y los incidentes, tienen la siguiente tramitación:

Artículo 314º.- (Trámites).-

I. Las excepciones se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente, las cuales podrán plantearse por escrito ante la o el Juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de diez (10) días computables a partir de la notificación judicial con el inicio de la investigación preliminar, sin interrumpir actuaciones investigativas.

II. La o el Juez de Instrucción en lo Penal en el plazo de veinticuatro (24) horas, correrá en traslado a la víctima y a las otras partes, quienes podrán responder de forma escrita en el plazo de tres (3) días; con respuesta de la víctima o de las otras partes, la o el Juez señalará audiencia para su resolución en el plazo fatal de tres (3) días, previa notificación; la inasistencia de las partes no será causal de suspensión de audiencia salvo impedimento físico debidamente acreditado con prueba idónea. Sin respuesta de la víctima o de las otras partes y vencido el plazo, la o el Juez o Tribunal resolverá de forma fundamentada en el plazo fatal de dos (2) días, sin necesidad de convocar a audiencia, así como las excepciones de puro derecho.

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, la o el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, conforme lo establecido en el Numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.

IV. Excepcionalmente, cuando concurran defectos absolutos que agravien derechos y garantías constitucionales que provoquen indefensión, durante la etapa preparatoria las partes podrán plantear incidentes con fines correctivos procesales, ofreciendo prueba idónea y pertinente.

Artículo 315. (Resolución).

I. La o el Juez o Tribunal, dictará resolución fundamentada conforme a los plazos previstos en el Artículo precedente, declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la o el Juez o Tribunal, deberá rechazarlas in limine sin recurso ulterior, en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia y sin mayor trámite.

III. En caso de que las excepciones y/o incidentes sean declaradas manifiestamente dilatorias, maliciosas y/o temerarias, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la o el Juez o Tribunal, previa advertencia en uso de su poder coercitivo y moderador, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la o el Juez o Tribunal apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos. (las negrillas son añadidas)

La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, modificó los arts. 314 y 315 del CPP, bajo la siguiente redacción:

Artículo 314º.- (Trámites).-

I. Durante la etapa preparatoria las excepciones e incidentes se tramitarán por la vía incidental por una sola vez, ofreciendo prueba idónea y pertinente.

Las excepciones podrán plantearse desde el inicio de la investigación penal hasta diez (10) días siguientes de la notificación judicial con la imputación formal.

Los incidentes deberán plantearse dentro del plazo de diez (10) días de notificado o conocido el acto que vulnere un derecho o garantía jurisdiccional.

El planteamiento de las excepciones e incidentes no implica la suspensión de los actos investigativos o procesales.

II. La jueza o el juez de Instrucción en lo Penal dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, señalará audiencia y notificará a las partes con la prueba idónea y pertinente. La audiencia se llevará a cabo dentro del plazo de tres (3) días, en la cual se considerará el planteamiento de las excepciones e incidentes y respuestas de las partes.

Cuando la parte procesal que planteó las excepciones e incidentes no asista injustificadamente a la audiencia señalada, se rechazará su planteamiento y en su caso, se aplicará el principio de convalidación del acto u omisión cuestionada. Cuando la otra parte no asista a la audiencia, no será causal de suspensión, salvo impedimento físico acreditado mediante prueba idónea.

III. Excepcionalmente, durante la etapa preparatoria y juicio oral, el imputado podrá plantear la excepción por extinción de la acción penal, ofreciendo prueba idónea y pertinente, la cual será notificada a las partes conforme establece el numeral 4 del Artículo 308 del presente Código.

Artículo 315. (Resolución).

I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda.

II. Cuando las excepciones y/o incidentes sean manifiestamente improcedentes, por carecer de fundamento y prueba, la jueza, el juez o tribunal, deberá rechazarlas in límine sin recurso ulterior en el plazo de veinticuatro (24) horas, sin necesidad de audiencia

y sin mayor trámite.

III. Cuando las excepciones y/o incidentes sean declarados manifiestamente dilatorios, maliciosos y/o temerarios, interrumpirán los plazos de la prescripción de la acción penal, de la duración de la etapa preparatoria y de duración máxima del proceso, computándose nuevamente los plazos. Consecuentemente la jueza, el juez o tribunal, previa advertencia en el uso del poder ordenador y disciplinario, impondrá a la o el abogado una sanción pecuniaria equivalente a dos (2) salarios mínimos nacionales, monto de dinero que será depositado en la cuenta del Órgano Judicial. En caso de continuar con la actitud dilatoria, la autoridad jurisdiccional apartará a la o el abogado de la actuación del proceso en particular, designando a un defensor público o de oficio.

IV. El rechazo de las excepciones y de los incidentes impedirá que sean planteados nuevamente por los mismos motivos. Del contenido de las normas glosadas se advierte que, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1173, al planteamiento de excepciones en la etapa preparatoria del proceso penal, el juez de instrucción penal debía tramitarlas corriendo en traslado a la víctima y a las otras partes dentro de las veinticuatro horas de su presentación, salvo que resuelva rechazarla in límine conforme lo establecía el art. 315.II del CPP, lo cual también debe efectuarse en el mismo plazo de veinticuatro horas. Para el caso de que hubiera respuesta de la víctima o de las otras partes, debía señalar audiencia en el plazo fatal de tres días para resolver las excepciones planteadas; empero, si no hubiera respuesta, el juez debía resolver en el mismo plazo, sin necesidad de señalar audiencia.

III.2. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por la SCP 0349/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisa que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una 3La SC 0871/2010-R de 10 de agosto, en el FJ III.3. 4El FJ III.2.3, refiere que: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 5El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 6El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad y, v) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, se da: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 7El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, d.2) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013, citadas anteriormente, fue 8El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 9El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 10El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 11El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación; previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional, por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.3. Análisis del caso concreto

Los demandantes de tutela denuncian que el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023 dictado por la autoridad jurisdiccional ahora demandada rechazó in límine sin recurso ulterior el incidente de nulidad de imputación formal que interpusieron; vulneran sus derechos al debido proceso en sus elementos de legalidad, presunción de inocencia y a la defensa eficaz, por el siguiente motivo: a) No resulta evidente que su derecho precluyó y que tuvieron la oportunidad de realizar observaciones en dicha audiencia de aplicación de medidas cautelares, ya que la imputación está basada en declaraciones testificales que en ningún momento indican la forma en cómo se ha cometido el delito; por otro lado, omitió aplicar los requisitos mínimos de indicar de manera clara e individualizada cuándo, dónde y cómo fue que se cometió el delito que se les atribuye, así también incurrió en una flagrante violación al debido proceso en su acepción de legalidad y presunción de inocencia, cuando califica una conducta que puede ser subsumida al tipo penal de hurto, pero la tipificó como robo agravado, cuando los antecedentes y elementos recabados demuestran que no se cuenta con los presupuestos o verbos rectores para poder calificar ni provisionalmente dicho tipo penal, y por último, que no se tuvo una defensa adecuada por parte de la abogada defensora de oficio.

De los datos que informan los antecedentes procesales adjuntos al expediente constitucional, se evidencia que Rolando Gutiérrez Molina y Corina Isabel Ruiz -ahora accionantes- fueron imputados por el Ministerio Público, resultando que fueran detenidos en el Centro Penitenciario de San Sebastián Varones y Mujeres respectivamente, por el plazo de tres meses (Conclusión II.1.); posteriormente, por memorial presentado el 16 de agosto de 2023 ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Cochabamba -ahora demandada-, formularon incidente de nulidad de imputación formal por observar defectos absolutos (Conclusión II.2) que fue resuelto mediante Auto Interlocutorio de 17 de igual mes y año, rechazando in límine el incidente de nulidad de imputación formal planteada por los imputados, advirtiendo que esta resolución no es susceptible de recurso de apelación de acuerdo al art. 315.II del CPP (Conclusión II.3). Descritos los antecedentes e identificada la problemática de la presente demanda tutelar, que deviene de la presunta vulneración de derechos que hubiera ocasionado el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023 emitido por la autoridad judicial ahora demandada, mismo que rechazó in límine, corresponde ingresar al análisis de fondo porque dicha resolución no es recurrible en la vía ordinaria conforme el art. 315.II del CPP, modificado por la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal -Ley 586 de 30 de octubre de 2014-, resaltando que este párrafo no sufrió modificación por la Ley 1173. Ahora bien, tal como se establece en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, se advierte que, antes de las modificaciones introducidas por la Ley 1173, al planteamiento de excepciones en la etapa preparatoria del proceso penal, el juez de instrucción penal debía tramitarlas corriendo en traslado a la víctima y a las otras partes dentro de las veinticuatro horas de su presentación, salvo que resuelva rechazarla in límine conforme a lo que establecía el art. 315.II del CPP, lo cual también debe efectuarse en el mismo plazo de veinticuatro horas. Para el primer presupuesto referido, en caso de que hubiera respuesta de la víctima o de las otras partes, debía señalar audiencia en el plazo fatal de tres días para resolver las excepciones planteadas; empero, si no hubiera respuesta, el juez debía resolver en el mismo plazo, sin necesidad de señalar audiencia. En el caso presente, el incidente de nulidad de imputación formal se planteó por escrito, presentándose el 16 de agosto de 2023, este memorial pasó a despacho de la autoridad jurisdiccional el 17 de similar mes y año; y, en el plazo de veinticuatro horas se emitió el Auto Interlocutorio de igual data, que dispuso el rechazo in límine, cumpliéndose el plazo previsto por ley.

El pronunciamiento judicial que rechaza de manera inicial y sin previo trámite una excepción o incidente, de ninguna forma excluye la obligación que tiene el juzgador de cumplir con la debida fundamentación, motivación y congruencia en los términos desarrollados en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; consecuentemente, corresponde abordar el estudio de la problemática planteada, a fin de verificar si procede o no la tutela que se pretende, en resguardo al derecho al debido proceso invocado en la presente demanda tutelar. Así de manera puntual el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023 establece que:

CONSIDERANDO: (..) De la revisión de obrados, se evidencia que en fecha 06/08/2023 a horas 08:22 se informa a la autoridad jurisdiccional sobre inicio de investigación, la imputación formal, la remisión de aprehendido y la solicitud de aplicación de medidas cautelares en contra de CORINA ISABEL RUIZ y ROLANDO GUTIERREZ MOLINA, por la presunta comisión del delito de ROBO AGRAVADO previsto y sancionado por el Art. 332 NUM. 2 del Código Penal, el acta de Audiencia de fecha 06/08/2023 donde se evidencia la participación Fiscal Dr. Hugo Esteban Espinoza Peredo, de los imputados CORINA ISABEL RUIZ y ROLANDO GUTIERREZ MOLINA junto a su abogado defensor Dra. Catalina Condori ordenando mediante resolución la DETENCION PREVENTIVA de los imputados CORINA ISABEL RUIZ y ROLANDO GUTIERREZ MOLINA en el recinto penitenciario de San Sebastián Mujeres y Varones por 3 meses. Al respecto, se debe considerar que efectivamente toda persona que considere lesionado sus derechos y garantías constitucionales tiene la facultad de recurrir ante la autoridad competente para hacer prevalecer dichas garantías, sin embargo, se debe tomar en cuenta que los incidentes como medio defensivo, son los medios idóneos y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración derechos o garantías constitucionales que debe ser utilizados previamente por el o los afectados OPORTUNAMENTE, ya que de acuerdo a cada circunstancia en particular, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes ingresando dentro lo que puede ser considerando incidentes malicioso, dilatorio o temerario. Sin embargo, de lo manifestado por los incidentistas en el memorial precedentemente, pretende la nulidad de la imputación formal en base actos que fueron valorados oportunamente por la autoridad jurisdiccional al momento de considerar la aplicación de medidas cautelares, donde de la revisión del acta en ningún momento se observa por parte de la defensa, la nulidad o reclamo de violación de derechos y garantías de su cliente, la defensa tenía la vía expedita para reclamar la NULIDAD DE OBRADOS POR DEFECTOS ABSOLUTOS DE LA IMPUTACION FORMAL, por flagrante violación de derechos y garantías constitucionales, violación al debido proceso y sus elementos configurativos garantías constitucionales, violación al debido proceso y sus elementos configurativos derecho a la defensa y legalidad oportunamente ante la autoridad jurisdiccional antes de ingresar inclusive a considerar una medida cautelar personal. Cabe precisar que, el acto lesivo o los actos lesivos, entendido como los actos ilegales no pueden ser considerados para ciertos momento procesal como válidos (medida cautelar) y para otro momento procesal nulo de pleno derecho, no obstante de ello, de igual manera se debe ser considerar para ingresar al análisis del incidente planteado que no obstante de no emplear el reclamo oportuno ante la autoridad jurisdiccional, tampoco se ha demostrado que exista un absoluto estado de indefensión, es decir, que el incidentista no tuvo la oportunidad de plantear sus incidentes o en su caso de impugnar la resolución que valoro las mismas dentro del proceso, aspecto que no es evidente ya que los imputados CORINA ISABEL RUIZ y ROLANDO GUTIERREZ MOLINA se encontraba asistido técnicamente por la Dra. Catalina Condori, profesional que tenían pleno conocimiento de todos los actos procesales realizados, así como escucho la fundamentación oral en audiencia por parte del Ministerio Publico tanto de la probabilidad de autoría y riesgos procesales. De ahí también que la doctrina atribuye el carácter relativo de las nulidades procesales, el que no opera tratándose de los actos inexistentes. A estos efectos será expresa la convalidación cuando la parte agraviada ratifique el acto viciado y será tacita cuando el agravio no formula su reclamo en la PRIMERA OPORTUNIDAD disponible para hacerlo, dejando así precluir su derecho, toda vez que el vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en el momento procesal correspondiente, no se debe hacer convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad, consecuentemente, no resultando lógico el actuar de la defensa que para ciertos actuados valide los actos denunciados como vulneratorios y por otra parte se solicite su nulidad, cuando claramente se convalido los actos denunciados a través de la participación de la profesional abogada que representa a los imputados CORINA ISABEL RUIZ y ROLANDO GUTIERREZ MOLINA en la audiencia de fecha 06/08/2023, toda vez que los hoy imputados fueron asistidos de una profesional abogada, quien escucho la intervención del Ministerio Público, que bajo el sistema acusatorio adversarial y garantista, en igual condición se otorgó a la defensa conocer la individualización de los hechos imputados y ejercer el derecho de defensa que prevé el Art. 115 de la Constitución Política del Estado, reitero en igual condición la defensa a través de su abogada tuvo la misma oportunidad de realizar las observaciones que hoy indica, para que la autoridad jurisdiccional pueda realizar la determinación respectiva oportunamente, no obstante de ello ante el NO RECLAMO OPORTUNO ya se vía control jurisdiccional o planteado el incidente respectivo, se consistió de manera tácita los actos que decir de la defensa se encuentran viciados de nulidad, dejando así precluir su derecho, consecuentemente, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal corresponde rechazar la petición. Asimismo, verificado el memorial presentado por los incidentistas -ahora accionantes-, resulta que efectúa primero un detalle de los antecedentes del proceso penal que sigue el Ministerio Público y como víctimas denunciantes a Jenifer Irene Copa Lucana, Joel Zuna Cosme y María Angélica Alejandro contra Rolando Gutiérrez Molina y Corina Isabel Ruiz; para luego, transcribir normas del procedimiento penal y jurisprudencia constitucional. Posteriormente, en su tercer punto denominado “IDENTIFICACION DE DEFECTOS ABSOLUTOS EN LA IMPUTACION” señala lo siguiente:

“Analizada en su integridad la imputación formal de fecha 05 de agosto de 2023, se evidencia que la misma vulnera en todos los aspectos el DEBIDO PROCESO, EN SU ACEPCION DE PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURIDICA PREVISTO EN EL ART. 115 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, DERECHO A LA DEFENSA, en sentido que las autoridades que representan al Ministerio Publico tienen la obligación de observar el cumplimiento de la Ley, en ese caso se debe observar lo dispuesto por los artículos 5.1 y 3, 40, 11 y articulo 57 de la Ley 260, que ha sido observado, extremo que nos afecta en el ejercicio del DERECHO A LA PRESUNCION DE INOCENCIA RECONOCIDO EN EL ART. 116 DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO, DERECHO A LA DEFENSA PREVISTO EN EL ART. 119 DEL MISMO CUERPO DE LEYES ya que se ha emitido UNA IMPUTACION FORMAL VULNERANDO NUESTROS DERECHOS Y GARANTIAS al no contar la misma resolución con UNA ADECUADA SUBSUNCION DEL HECHO AL DERECHO tampoco la debida INDIVIDUALIZACION DE CONDUCTAS, en que momento nuestras personas cometieron el hecho, de igual manera cual nuestras conductas desplegadas, aspectos que convierten a la imputación formal en ambigua, desordenada, confusa; desconociendo los fundamentos jurídicos que sustentarían el requerimiento de imputación formal, lo cual implica DEFECTOS ABSOLUTOS NO SUSCEPTIBLES DE CONVALIDACION, CONFORME LO DISPUESTO POR EL ART. 169 NUM. 3 DE LA LEY 1970”(sic). Finaliza refiriendo que interpone incidente de nulidad de imputación por actividad procesal defectuosa; toda vez que, se ha vulnerado el debido proceso en su acepción de principio de legalidad y seguridad jurídica, previsto en el art. 115 de la CPE, de igual manera los derechos a la presunción de inocencia y a la defensa, previstos en los arts. 116 y 119 de la Norma Suprema. Por lo descrito, resulta ineludible reiterar que el problema jurídico en análisis gira en torno a que dentro del proceso penal iniciado a instancia de personas particulares contra de los Rolando Gutiérrez Molina y Corina Isabel Ruiz -ahora accionantes- por la presunta comisión del delito de robo agravado, quienes posteriormente después de haber sido imputados en la audiencia de medidas cautelares formularon incidente de nulidad de imputación formal ante la Jueza demandada, autoridad judicial que mediante Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023 resolvió rechazar in limine los incidentes de nulidad de imputación, interpuesta por los ahora accionantes, aclarando que dicha resolución no es susceptible de recurso de apelación de acuerdo al art. 315.II del CPP. Bajo ese marco, la Jueza demandada no cometió ningún acto ilegal al rechazar in límine el incidente de nulidad planteado; pues, el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, ahora impugnado, presenta una adecuada fundamentación y motivación para decidir en ese sentido; toda vez que, observa que los supuestos actos ilegales que anuncia en la nulidad de imputación fueron valorados oportunamente al momento de considerar la aplicación de medidas cautelares, así también hace notar que de la revisión del acta en ningún momento es cuestionado por parte de la defensa algún reclamo de violación de derechos y garantías, por otra parte aclara que el acto lesivo no puede ser considerado para cierto momento procesal como válido como es la medida cautelar y para otro momento procesal nulo de pleno derecho, luego considera que para ingresar al análisis del incidente planteado éste debía ser reclamado oportunamente demostrando un absoluto estado de indefensión, el cual no se dio en el presente caso, porque los imputados se encontraban asistidos técnicamente por la abogada Catalina Condori Rodríguez. Para concluir, se apoya en doctrina que atribuye el carácter relativo de las nulidades procesales, que no opera tratándose de actos inexistentes, es decir, que estos efectos será expresa la convalidación cuando la parte agraviada ratifique el acto viciado y será tácita cuando el agravio no formula su reclamo en la primera oportunidad disponible para hacerlo, dejando así precluir su derecho, en síntesis determina que el vicio procesal debió ser argüido oportunamente y en el momento procesal correspondiente, no se debió haber convalidado ni consentido con el acto impugnado de nulidad; consecuentemente, termina refiriendo que no resulta lógico el actuar de la defensa que para ciertos actuados valide los actos denunciados como vulneratorios y por otra parte se solicite su nulidad, cuando claramente convalidó los actos denunciados a través de la participación de la profesional abogada que representó en su momento a los imputados en la audiencia de medidas cautelares; en tal sentido la nulidad solicitada resulta ser manifiestamente improcedente por carecer de fundamento conforme lo establece el art. 315.II del CPP. De lo puntualizado precedentemente, se infiere que la Jueza ahora demandada, de manera motivada optó por tal decisión con fundamento en el principio de convalidación que se refiere a la técnica por la cual un acto procesal inválido se considera válido, si no se reclama su nulidad a tiempo o se aceptan sus efectos; y, el principio de preclusión que no permite retrotraer a los actos que ya fueron superados por vencimiento de plazos; precisándose que el incidente de nulidad por defecto absoluto se reserva para vicios que afectan gravemente el proceso paralelamente acompañado con prueba que respalde tal daño y no con meras suposiciones. Por lo expuesto se evidencia que el Auto Interlocutorio de 17 de agosto de 2023, cumple con lo establecido en el razonamiento jurisprudencial expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en el que se estableció que la motivación comprende la justificación razonada de los fallos mediante la cual el juzgador llega a una decisión en base a los hechos presentados y la valoración integral probatoria, y su subsunción a la norma aplicable al caso; por lo que, no corresponde conceder la tutela. Por otro lado, en relación a los derechos de presunción de inocencia y derecho a la defensa eficaz, siendo que sobre los mismos la parte accionante simplemente se limitó, en su caso, a su enunciación, sin evidenciar en forma concreta cómo ellos fueron vulnerados, corresponde simplemente denegar la tutela.

En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 106/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 62 a 66 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en los mismos términos dispuestos por la referida Sala Constitucional, y conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3., refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1248_2025-S1.pdf · páginas 1 a 20.

Huella digital del PDF (SHA-256): ac7f5747e271bf6c4fa558c48f14d3b6d23daf44daa3157702ac8d2ba8f5c400

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