B.IA.LEGAL

SCP 1248/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 12 de diciembre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
12 de diciembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Georgina Amusquivar Moller
Expediente
40126-2021-81-AAC
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La parte impetrante de tutela denuncia que, dentro de la medida preparatoria iniciada en su contra y otra, se determinó aplicar la medida cautelar de intervención judicial de la empresa “TV por cable ‘Ojitos’”; no obstante, debido a que no se formalizó ninguna demanda dentro del término de treinta días previsto en el art. 310.II del CPC, planteó excepción de caducidad del derecho; que si bien, de manera inicial fue declarada probada a través del Auto Definitivo 174/2020 de 19 de octubre -aclarada a través de Auto 091/2020 de 27 de octubre-, dicha determinación fue revocada por Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, emitido por los Vocales ahora demandados, incurriéndose en las siguientes ilegalidades: 1) En su vertiente congruencia: 1.i) En su dimensión externa debido a que las autoridades judiciales ahora demandadas no hicieron una disquisición de cada uno de los agravios, resolviendo el recurso de apelación de manera genérica; y, 1.ii) En su dimensión interna debido a que se establece que su persona se opuso a la ejecución del Auto 028/2020 de 3 de marzo; empero, en el Informe de 10 de igual mes de 2021 emitido por el Interventor Administrador se hace referencia a un tercero “Roberto Montero Salazar”; 2) En su elemento legalidad ya que se omitió realizar una interpretación sistemática del art. 310.II del CPC, que debió ser aplicada en sujeción de los arts. 1514 y 1517.I del CC; y, 3) En sus aristas motivación y fundamentación debido a que: 3.i) No se motivó razonablemente el cómputo del plazo de caducidad conforme lo dispuesto en el art. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 81/2021 de 18 de junio, cursante de fs. 1695 a 1701, pronunciada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en relación al debido proceso en su elemento congruencia externa; por lo que, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, a objeto de se emita una nueva resolución conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho al debido proceso en sus elementos congruencia interna, valoración de la prueba, legalidad, fundamentación y motivación, conforme los fundamentos del presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso
  2. III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  3. III.3. El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso
  4. III.4. De la interpretación de la legalidad ordinaria
  5. III.1 de la tantas veces mencionada SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto.
  6. III.5. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional
  7. III.6. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1248/2023-S1 Sucre, 12 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 40126-2021-81-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 81/2021 de 18 de junio, cursante de fs. 1695 a 1701, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Hernán Montero Salazar contra Sandra Medrano Bautista y Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocales de las Salas Civil y Comercial Segunda y Primera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1.Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 31 de mayo de 2021, cursantes de fs. 1572 a 1590, la parte accionante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En mérito a la medida cautelar de intervención judicial formulada por Guido Elvis Castro Rodríguez -ahora tercero interesado-, la Jueza Pública Civil y Comercial y de Sentencia Penal Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca en suplencia legal de su similar segundo, a través del Auto de 028/2020 de 3 de marzo, resolvió designar un interventor administrador para la administración de la empresa “TV por cable ‘Ojitos’”. Posteriormente, el 5 de octubre de 2020, su persona planteó excepción de caducidad de derecho debido a que Guido Elvis Castro Rodríguez dejó vencer el plazo de treinta días para formalizar la demanda ordinaria sobre nulidad de escrituras públicas, privadas y otros; en tal sentido, el 19 de igual mes y año, el Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca profirió el Auto Definitivo 174 -aclarado por Auto 091/2020 de 27 de octubre-declarando probada la excepción, disponiendo el levantamiento y cese de todas las medidas más el correspondiente archivo de obrados; no obstante, contra dicha determinación Guido Elvis Castro Rodríguez interpuso recurso de apelación alegando como agravios: a) La contradicción sobre el efecto en el que se concedió el recurso; b) Errónea aplicación del art. 310.II del Código Procesal Civil (CPC) y de la jurisprudencia al determinar la caducidad, ya que no se consideró que la decisión asumida a través del Auto 028/2020 no fue ejecutada; y, c) Errónea aplicación de la ley y de la jurisprudencia en el Auto 091/2020 al determinar que la caducidad de la medida cautelar se computaría desde el nombramiento del interventor que se constituiría en un acto de ejecución de la medida, omitiendo considerar el informe elevado por el interventor que hace conocer “Roberto Montero” se opuso al inicio de administración judicial. Posteriormente, en mérito al recurso de apelación interpuesto, los Vocales de la Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca emitieron el Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 de 26 de marzo, resolviendo revocar el Auto “074/2021” y el Auto Complementario 091/2021, declarando improbada la excepción de caducidad, disponiendo la prosecución de la causa; empero, en dicho fallo se vulneró su derecho al debido proceso: 1) En su vertiente congruencia: 1.i) En su dimensión externa, debido a que las autoridades judiciales ahora demandadas no hicieron una disquisición de cada uno de los agravios, resolviendo el recurso de apelación de manera genérica; y, 1.ii) En su dimensión interna debido a que se establece que su persona se opuso a la ejecución del Auto 028/2020; sin embargo, en el Informe de 10 de marzo de 2021 emitido por el Interventor Administrador, se hace referencia a un tercero “Roberto Montero Salazar”; 2) En su elemento legalidad ya que se omitió realizar una interpretación sistemática del art. 310.II del CPC que debió ser aplicada en sujeción de los arts. 1514 y 1517.I del Código Civil (CC); y, 3) En sus aristas motivación y fundamentación debido a que: 3.i) No se motivó razonablemente el cómputo del plazo de caducidad conforme lo dispuesto en el art. 1517.I del CC que establece que la caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho; 3.ii) No se tomó en cuenta la jurisprudencia constitucional (SC 0582/2004-R de 15 de abril y la SCP “982/2012” -no refiere fecha-) que establece que el cómputo del plazo de la caducidad transcurre ininterrumpidamente; 3.iii) Se omitió motivar objetivamente las causas de suspensión o interrupción del plazo de treinta días de caducidad; toda vez que, no se tomó en cuenta que el plazo no estaba supeditado a ninguna apelación habiendo transcurrido más de un año desde la adopción de la medida cautelar, o siete meses desde la notificación con el Auto 091/2020, sin que se haya formalizado su demanda; y, 3.iv) Se omitió considerar que por mandato del art. 259.2 del CPC, la concesión de la apelación en el efecto devolutivo no suspendía lo decidido en el Auto 028/20 que impuso la medida cautelar; y, ante la negativo del Juez a quo de dar cumplimiento al mismo, la parte tenía la obligación de impugnar dicho aspecto, por el contrario dejó pasar superabundantemente el plazo de treinta días para plantear su demanda.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

El impetrante de tutela denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus elementos congruencia, fundamentación, motivación, y legalidad; además, del principio de legalidad -este último vinculado al principio de seguridad jurídica-, citando al efecto, los arts. 115 y 178 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada, disponiendo: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 de 26 de marzo, debiendo emitirse una nueva resolución que resuelva el recurso de apelación en forma congruente, aplicando objetivamente las normas previstas en los arts. 310.II del CPC; 1514 y 1517.I del CC, cumpliendo los estándares de fundamentación, motivación, razonabilidad vinculado a la seguridad jurídica; y, ii) Se disponga la condenación de costas.

I.2. Audiencia y Resolución de Sala Constitucional

Celebrada la audiencia virtual el 18 de junio de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 1679 a 1694, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El peticionante de tutela a través de su abogado ratificó el contenido del memorial de acción de amparo constitucional, y ampliando el mismo manifestó que: a) “…las autoridades omiten objetivamente el art. 310 del CPC en relación al art. 1514 y 1517 de la norma sustantiva civil, es más que ni siquiera la citan en una resolución judicial que va resolver la caducidad, omiten las autoridades realizar una adecuada compulsa de los antecedentes, toda vez que, si bien se dio lugar a la intervención judicial, es medida no suspendía el cumplimiento de la decisión, las autoridades tenían la obligación si las autoridades no querían hacer cumplir la decisión de la medida preparatoria, lógicamente tenían la obligación de impugnar ante el Tribunal Superior para corregir este aspecto…” (sic); y, b) La medida cautelar fue planteada contra “Emilia Córdova” y su persona; sin embargo, la decisión hace referencia a un tercero “Roberto Montero” que impidió la ejecución “…existe en esos términos una ausencia de motivación por que no explica ni identifica cuales serían esa otras medidas que se habían incumplido lo dicen en la resolución de manera genérica, por lo tanto el Auto de Vista N° 88 impugnado adolece de fundamentación y motivación en sujeción a las normas sustantivas…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Sandra Medrano Bautista y Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocales de las Salas Civil y Comercial Segunda y Primera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, no presentaron informe ni concurrieron a la audiencia programada pese a su legal citación según consta de fs. 1592 y 1593.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Guido Elvis Castro Rodríguez, a través de su abogado en audiencia manifestó que: 1) El accionante pretende que la jurisdicción constitucional reconozca y declare la procedencia de una excepción de caducidad, cuando la acción de amparo constitucional no se constituye en un recurso de apelación; 2) La parte impetrante de tutela señaló que en el Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 de 26 de marzo, no se efectuó una “valoración fundamental y esencial” para sustentar la inexistencia de la caducidad, empero, no explicó porque la caducidad debe ser procedente por cuanto no se hubiese formalizado la demanda correspondiente, siendo que el art. 310.II del CPC establece “‘Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducaran de pleno derecho si no se presentare la demanda principal dentro de los 30 días siguientes de habérselas ejecutado’” (sic), debiendo comprenderse el concepto de ejecución; y, 3) El Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 en su segundo considerando estableció que el Juez a quo declaró probada la excepción bajo el argumento que el plazo de los treinta días para formalizar la demanda se computaba desde el 3 de marzo de 2020 -fecha de notificación con la medida cautelar-, empero, dicha interpretación y análisis resulta ser incorrectos, ya que, el cómputo empieza a correr a partir que la decisión sea efectiva y ejecutada, que en el caso no pudo ser cumplida, pues conforme se tiene en el informe del interventor administrador, “Roberto Montero” -hermano del peticionante de tutela- se opuso al cumplimiento de la medida cautelar, argumentando que es propietario del bien inmueble donde funciona los equipos de la empresa de “TV Cable ‘Ojitos’”; por lo que, no se produjo ni operó el inicio del cómputo de los treinta días; además, su persona “…ha estado insistiendo con el cumplimiento de la medida cautelar dispuesta por el Auto 028, sin embargo, por errores en la aplicación e interpretación normativa cual es en los efectos por los cuales se otorgan los recursos de apelación dentro de un proceso de medida cautelar, son en el efecto devolutivo, sin embargo, el juez de instancia concedió en el efecto suspensivo…” (sic). Emilia Rosario Velarde Córdova, no presentó memorial alguno ni concurrió a la audiencia programada pese a su legal notificación según consta a fs. 1609 vta.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca, mediante Resolución 81/2021 de 18 de junio, cursante de fs. 1695 a 1701, concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 de 26 de marzo “…así como su Auto Complementario N° 91/2021 de 27 de octubre…”, en consecuencia, se debe emitir una nueva resolución; señalando al efecto que, los Vocales ahora demandados determinaron que en tanto no se ejecute la medida cautelar, el plazo establecido en el art. 310.II del CPC continuaría vigente para interponer la demanda principal, señalando con ello que, en el caso concreto la medida cautelar no se ejecutó porque se ejercieron actos que impidieron su ejecución; no obstante, no consideraron que el espíritu de una medida cautelar es precautelar los derechos y garantías de las partes, como en el caso que se garantiza la administración de los bienes e ingresos percibidos por “TV por cable ‘Ojitos’”, y con la no interposición de la demanda principal se desnaturalizó la esencia de la medida, ya que hasta la fecha de presentación de la acción de amparo constitucional transcurrió más de un año; además, el plazo de los treinta días que establece el art. 310.II del CPC no puede verse alterado por la interposición de un recurso de apelación contra la determinación de su concesión, porque dicho recurso tiene efecto devolutivo y no suspensivo; por lo que, al no considerar esos aspectos, se incurrió en una errónea interpretación y en una ausencia de una debida fundamentación y motivación que derivó en la vulneración del derecho al debido proceso.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 19 de mayo de 2022, cursante a fs. 1707, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional 6 de diciembre de 2023 (fs. 1741); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. A través de memoriales presentados el 20 de febrero y 7 de marzo de 2020; Félix Soleto Butrón y Carlos Guido Vallejos Villalba -este último ahora tercero interesado- solicitaron medida cautelar (como medida preparatoria) de intervención judicial de una empresa unipersonal por mala administración y designación de administrador, señalando que los demandados son Hernán Montero Salazar -peticionante de tutela- y Emilia Rosario Velarde Córdova (fs. 85 a 90 vta., y 94 a 95). A tal efecto, la Jueza Pública Civil y Comercial y de Sentencia Penal Primera de Monteagudo del departamento de Chuquisaca, en suplencia legal de su similar Segundo, emitió el Auto 028/2020 de 3 de marzo, disponiendo: i) Designar interventor administrador que deberá administrar la empresa por un plazo de cuatro meses, con facultades amplias (manejo económico, cancelar gastos de operación y mantenimiento, sueldos de trabajadores y demás actos administrativos) debiendo presentar informes mensuales y final en el juzgado; y, ii) Que en el plazo de treinta días se proceda al traslado de los equipos que pertenecen a la empresa “TV por cable ‘Ojitos’” que se encuentra en el inmueble de Roberto Montero Salazar (hermano del futuro demandado) a un lugar imparcial con el objeto que el desarrollo de las funciones de interventor designado sea de manera libre y sin presión alguna (fs. 1629 a 1630). II.2. Por Nota de 10 de marzo de 2020, presentada ante el Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; Winder Almendras Serrudo, Interventor-Administrador, informo lo siguiente:

“…comunico a su autoridad que el día jueves 5 de marzo de 2020, me constituí en las oficinas de la empresa TV cable ‘ojitos’ conjuntamente el Sr. Félix Soleto, pero el Sr. Roberto Montero Salazar, nos indicó que no podíamos ingresar a la oficina, porque es su casa y que no va permitir que nadie ingrese, además que la resolución de su autoridad no tenía validez y que él tiene un poder y otras cosas más que le dijo al señor Félix, y por ese motivo nos retiramos a fin de evitar mayores problemas. Por este motivo, a fin de cumplir mis funciones como interventor administrador judicial, solicito de forma inmediata ordene lo siguiente. 1. El traslado de la oficina que comprende un escritorio, muebles y documentos propios que son de la empresa, y sea con el auxilio de la fuerza pública, ya que el Sr. Roberto Montero, mostro cierta soberbia y arrogancia, a fin de evitar mayores problemas” (sic [fs. 143]). II.3. Mediante memorial presentado el 5 de octubre de 2020, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; Hernán Montero Salazar -ahora accionante-planteó excepción previa de caducidad de derecho, solicitando dejar sin efecto la medida cautelar de intervención judicial debido a que no se formalizó la demanda dentro del plazo de treinta días previsto en el art. 310.II del CPC (fs. 500 a 502 vta.). En consecuencia, la indicada autoridad judicial emitió el Auto 174/2020 de 19 de octubre, declarando probada la excepción de caducidad disponiendo el levantamiento y cese de todas las medidas cautelares ordenadas por Auto 028/2020 (fs. 556 a 559 vta.). Determinación que fue aclarada a través de Auto 091/2020 de 27 de octubre, por el que, el aludido Juez, manifestó que el Auto 174/2020 se constituye en un Auto Definitivo; además, se indicó que el plazo de caducidad fue computado a partir del nombramiento del interventor que se considera en un acto de ejecución de la medida cautelar y “…es otra cosa que el interventor no haya cumplido con su labor para el que fue designado…” (sic [fs. 622 vta.]). II.4. Por memorial presentado el 10 de noviembre de 2020, ante el Juez Público Civil y Comercial y de Sentencia Penal Segundo de Monteagudo del departamento de Chuquisaca; Guido Elvis Castro Rodríguez -ahora tercero interesado- interpuso recurso de apelación contra el Auto Definitivo 174/2020 y el Auto 091/2020, señalando que existiría: a) Contradicción y ambigüedad, debido a que, de manera inicial se hace referencia que el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 028/2020 fue concedido en el efecto diferido; no obstante, posteriormente se indicó que la concesión fue en el efecto devolutivo permitiendo la continuidad en la ejecución, incurriendo en una transgresión del principio de probidad; b) Una errónea aplicación de la ley y la jurisprudencia, debido a que, en el Auto Definitivo 174/2020 se expresó que en aplicación del art. 310.II del CPC se determinó que la medida cautelar caducó al transcurrir más de treinta días computados desde el 3 de marzo de 2020 -fecha de disposición de la medida cautelar y su notificación- hasta el 5 de octubre de igual año -fecha de interposición de la excepción-, sustentándose además en el Auto Supremo (AS) 1090/2015 de 23 de noviembre; no obstante, no se consideró que el cómputo de los treinta días inicia al ejecutarse la medida cautelar y no con su simple disposición, ejecución que en el caso no se cumplió debido a la oposición ilegal de “Roberto Montero”, y, el decreto de 12 de marzo de 2020 “…que dispone que previamente debe resolverse el recurso de apelación interpuesto por el ahora excepcionista de caducidad…” (sic); y, que si bien fue concedido en el efecto devolutivo, empero de manera contradictoria se estableció a través del decreto de 5 de agosto de 2020 y el Auto 122/2020 de 19 de igual mes, que la medida cautelar se encontraba en apelación pendiente de resolución, por lo que se rechazaba la ejecución de la misma; consecuentemente, no existe sustentó para declarar la caducidad de la medida cautelar; y, c) Una errónea aplicación de la ley y de la jurisprudencia en el Auto 091/2020, al establecer que, el plazo para la caducidad de la medida cautelar se computaba a partir del nombramiento de interventor-administrador; empero, no se tomó en cuenta que mediante Auto 028/2020 se dispuso la medida cautelar de intervención judicial, en tal sentido, su ejecución se efectuaba con el inicio de la intervención; además se manifestó que el interventor-administrador no cumplió con la labor designada, sin embargo, fue el mismo interventor que informó al Juzgado a cargo de la medida que, “Roberto Montero” se opuso al inicio de la administración judicial vía intervención judicial, siendo la autoridad judicial de primera instancia que frustró la intervención judicial; por lo que, el interventor si cumplió con sus funciones (fs. 1449 a 1454). II.5. Consta Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, por el que Sandra Medrano Bautista y Roberto Iborg Valdiviezo Salazar, Vocales de las Salas Civil y Comercial Segunda y Primera respectivamente, del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca -ahora demandados-, resolvieron revocar el Auto Definitivo 174/2020 y el Auto 91/2020, declarando improbada la excepción de caducidad, disponiendo la prosecución de la causa; bajo los siguientes fundamentos:

“Que, Guido Elvis Castro, dentro del plazo establecido interpone recurso de apelación presentado a fs. 627 a 632, del expediente original manifestando lo siguiente: I.1.- Que la resolución recurrida, incurre en contradicción al indicar en un primer considerando que se trata de un recurso de apelación en efecto diferido para posteriormente indicar que se trata de un recurso de apelación en efecto devolutivo, vulnerando el principio de probidad establecido en el art. 1 núm, 17 del CPC. 2.- Acusa errónea aplicación de la ley y la jurisprudencia al indicar que en aplicación del art. 310 –II del CPC, el derecho a la ejecución de la medida cautelar hubiese caducado al haber transcurrido más de 30 días, computados a partir de la notificación a ala parte actora (03 de marzo de 2020), con el Auto N° 028/2020, sin considerar que dicho auto simplemente dispuso la medida cautelar, mas con ella no se ejecutó dicha decisión, vulnerando el art. 213 –II. 3) del CPC. 3.- Acusa errónea aplicación de la ley y errónea aplicación de la jurisprudencia en el Auto Complementario N° 091/2020, al indicar que la caducidad de la medida cautelar se computaría a partir del nombramiento del interventor, el cual sería un acto de ejecución de la medida cautelar, obviando el informe elevado por el interventor que dio a conocer que el Sr. Roberto Montero, se opuso al inicio de la administración judicial dispuesta. (…) Dentro de la pertinencia del art. 265 del Adjetivo de la Materia, se pasa a resolver el presente recurso, considerando que en todos los puntos de impugnación, están orientados a reclamar el computo realizado por la autoridad judicial a efectos de declarar la caducidad, pese a que si bien por auto N° 028/2020, se dio curso a la medida cautelar de intervención judicial de la Empresa Unipersonal, sin embargo, esta no se ejecutó, momento a partir del cual corre el plazo de los 30 días previsto por el art. 310.II del Adjetivo de la materia y no a partir de la notificación con el Auto que dispuso la intervención o el nombramiento del interventor como erróneamente alegaría la autoridad judicial. Dentro de ese orden, se hace pertinente remitirnos a los antecedentes del proceso, es así que el demandante a través de sus abogados apoderados presentaron medida cautelar de intervención judicial, pretensión que fue acogida favorablemente conforme sale del Auto N° 28/2020, de fecha 03 de marzo, que dispuso la intervención de la Empresa TV por cable ‘Ojitos’, designando como interventor administrador al Lic. Wilder Almendras Serrudo, para que administre dicha empresa en sustitución a la administración actual. Resolución que fue impugnada por Hernán Montero Salazar y otros; apelación concedida en efecto devolutivo que fue resuelta por Auto de Vista N° 102/2020 de fecha, confirmando la resolución impugnada. Sin embargo también resulta relevante que en el ínterin de la emisión del Auto impugnado y Auto confirmatorio se sucedieron varios hechos en la causa, como el informe elevado por el interventor designado, poniendo a conocimiento de la autoridad judicial que no pudo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Auto N° 28/2020, por oposición de Hernán Montero Salazar y otros, así como también tuvieron lugar distintas solicitudes del actor de dar cumplimiento del Auto de 28 de marzo, los cuales fueron rechazados en forma reiterada bajo el argumento de que lo dispuesto se encontraba pendiente de apelación por la autoridad judicial. Sin embargo, la autoridad judicial por Auto hoy impugnado a solicitud del demandado Hernán Montero Salazar, declaró probada la excepción previa de caducidad, que es motivo de Autos, bajo el argumento de que a partir de la notificación con el Auto que dio curso a la medida cautelar de intervención (03 de marzo del 2020), corría el plazo de 30 días para presentar la demanda principal, y al no habérselo hecho dentro de ese plazo habría caducado su derecho, y aún el computo fuera a partir de la notificación con el Auto de Vista que confirmó aquella resolución, igualmente su plazo para la presentación de la demanda habría caducado conforme el art. 310.II del Adjetivo de la materia. Análisis e interpretación que no resulta correcta, pues dicha norma establece que: ‘Cuando se plantee una medida preparatoria de demanda caducaran de pleno derecho si no se presentar la demanda principal dentro de los treinta días siguientes de habérselas ejecutado…’, es decir, que la norma con total claridad establece que el inicio del plazo para la caducidad de los 30 días comenzará a correr a partir de que la decisión se efectiva o ejecutada, situación que no ocurrió en el caso de Autos, pues conforme se refirió, las medidas dispuestas en el Auto N° 028/2020 de fecha 03 de marzo, no fueron efectivizadas y/o ejecutadas, debido a que el administrador asignado por la autoridad judicial no pudo cumplir con la tarea encomendada de Administrar la Empresa TV por cable ‘Ojitos’ en sustitución de la actual administración, como tampoco se cumplieron las otras medidas dispuestas, situación que se hizo conocer al Juez de instancia a fs. 137 de obrados, al margen de que en reiteradas oportunidades se solicitó el cumplimiento de las mismas, solicitudes negadas por la autoridad judicial bajo el razonamiento de que el Auto 028/2020, se encontraba pendiente de apelación, sin considerar los alcances de los dispuesto por el art. 259.2 del Adjetivo de la materia, pues pese a la impugnación deducida el proceso principal debe continuar con su trámite. Por todo lo referido y siendo evidente el agravio acusado por el recurrente, corresponde fallar en consecuencia, por cuanto no resulta evidente que el derecho de la parte actora haya caducado, por cuanto conforme se refirió el mismo corre a partir del cumplimiento de la medida cautelar de intervención judicial dispuesta, conforme taxativamente dispone el art. 310.II del Adjetivo de la materia, situación que no ocurrió en el caso de Autos conforme se explicó supra. Por otra parte, llama la atención a este Tribunal el inusual trámite otorgado por la autoridad judicial al proceso, incurriendo inclusive en una evidente retardación de justicia al negar el cumplimiento al Auto N° 028/2020 bajo el irrisorio argumento de encontrarse pendiente de apelación, así como el tiempo transcurrido desde la interposición del proceso cautelar hasta el presente, contraviniendo los principios de una administración de una justicia pronta y oportuna” (sic [fs. 1507 a 1508 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte impetrante de tutela denuncia que, dentro de la medida preparatoria iniciada en su contra y otra, se determinó aplicar la medida cautelar de intervención judicial de la empresa “TV por cable ‘Ojitos’”; no obstante, debido a que no se formalizó ninguna demanda dentro del término de treinta días previsto en el art. 310.II del CPC, planteó excepción de caducidad del derecho; que si bien, de manera inicial fue declarada probada a través del Auto Definitivo 174/2020 de 19 de octubre -aclarada a través de Auto 091/2020 de 27 de octubre-, dicha determinación fue revocada por Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, emitido por los Vocales ahora demandados, incurriéndose en las siguientes ilegalidades: 1) En su vertiente congruencia: 1.i) En su dimensión externa debido a que las autoridades judiciales ahora demandadas no hicieron una disquisición de cada uno de los agravios, resolviendo el recurso de apelación de manera genérica; y, 1.ii) En su dimensión interna debido a que se establece que su persona se opuso a la ejecución del Auto 028/2020 de 3 de marzo; empero, en el Informe de 10 de igual mes de 2021 emitido por el Interventor Administrador se hace referencia a un tercero “Roberto Montero Salazar”; 2) En su elemento legalidad ya que se omitió realizar una interpretación sistemática del art. 310.II del CPC, que debió ser aplicada en sujeción de los arts. 1514 y 1517.I del CC; y, 3) En sus aristas motivación y fundamentación debido a que: 3.i) No se motivó razonablemente el cómputo del plazo de caducidad conforme lo dispuesto en el art. 1517.I del CC que establece que la caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho; 3.ii) No se tomó en cuenta la jurisprudencia constitucional (SC 0582/2004-R de 15 de abril y la SCP “982/2012” -no señala fecha-) que refiere que el cómputo del plazo de la caducidad transcurre ininterrumpidamente; 3.iii) Se omitió motivar objetivamente las causas de suspensión o interrupción del plazo de treinta días de caducidad; toda vez que, no se tomó en cuenta que el plazo no estaba supeditado a ninguna apelación habiendo transcurrido más de un año desde la adopción de la medida cautelar, o siete meses desde la notificación con el Auto 091/2020, sin que se haya formalizado su demanda; y, 3.iv) Se omitió considerar que por mandato del art. 259.2 del CPC, la concesión de la apelación en el efecto devolutivo no suspendía lo decidido en el Auto 028/20 que impuso la medida cautelar; y, ante la negativo del Juez a quo de dar cumplimiento al mismo, la parte tenía la obligación de impugnar dicho aspecto, por el contrario dejó pasar superabundantemente el plazo de treinta días para plantear su demanda. En consecuencia, corresponde examinar en revisión, si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada, desarrollando para ello los siguientes temas: i) El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso; ii) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; iii) El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso; iv) De la interpretación de la legalidad ordinaria; v) La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional; y, vi) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de congruencia como componente sustancial del debido proceso

El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema.

Bajo ese marco normativo, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se configura en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando.

En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:

a) La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: ‘En opinión de esta Corte, para que exista «debido proceso legal» es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional’

Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. (las negrillas son nuestras). 2 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: ‘…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia «ultra petita» en la que se incurre si el Tribunal concede «extra petita» para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; «citra petita», conocido como por «omisión» en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.”’ (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438).

Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia ‘ultra petita’ en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).

El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”.

rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido ni incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes.

b) La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

3 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión.

En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: ‘…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes.

(…).

De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: ‘…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley’, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: ‘…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes’. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: ‘…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre’.

III.2. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por 4 “…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales.

(…)

En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente:

Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.

Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y cuanto si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:

...qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” …en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen)

Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba.

En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:

Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:

…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…

Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.

Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:

1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.

jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.

Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando:

2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación.

3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,

4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.

Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.

Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:

a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad;

En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.-La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: i) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, iii) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.

III.3. El principio de legalidad y su vinculación con la garantía general del debido proceso

Al respecto, cabe señalar que el principio de legalidad justamente constituye un elemento del debido proceso, que si bien parece referirse más a problemas de fondo que procesales, tienen sin embargo, repercusiones importantes en el debido proceso, aun en su sentido estrictamente procesal. Así, Víctor Manuel Rodríguez Rescia en su artículo el Debido Proceso Legal y la Convención Americana sobre Derechos Humanos publicado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que el principio de legalidad en un Estado de Derecho postula una forma especial de vinculación de las autoridades e instituciones públicas al ordenamiento jurídico a partir de su definición básica, según la cual, toda autoridad o institución pública solamente puede actuar en la medida en que se encuentre facultada para hacerlo por el mismo ordenamiento.

Sobre principio de legalidad, la SC 0982/2010-R de 17 de agosto, sostuvo que si bien este principio implica el sometimiento de gobernantes y gobernados a la ley, dicha definición resulta insuficiente en el marco del estado constitucional de derecho y el sistema constitucional boliviano vigente; toda vez que, que el mismo supone, fundamentalmente, el sometimiento de los gobernantes y gobernados a la Constitución Política del Estado, la vigencia de derecho y el respeto a la norma. Por todo lo expuesto, se colige que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado.

III.4. De la interpretación de la legalidad ordinaria

Al respecto, la SCP 0049/2020-S1 de 13 de julio, en el marco de la progresividad para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a la invocación de tutela respecto a la errónea interpretación de la legalidad ordinaria, fundamentó la aplicación de la línea jurisprudencial más favorable al justiciable, partiendo de la base prevista por el art. 196.I de la CPE, en la parte en la que se establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional tiene como uno de sus fines precautelar el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales, indicando que existe un mandato constitucional para maximizar el acceso a la justicia constitucional y para ello se debe aplicar la interpretación que favorezca la procedencia de las acciones de tutela, cumpliendo así la disposición de los arts. 13 y 256 de la CPE, los cuales a la vez exigen que ante varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir la más favorable al derecho o garantía constitucional. En ese orden, explicó que -entre otros- se cuenta con los métodos de interpretación histórico, gramatical y teleológico.

Sobre esa base, y retomando el art. 196.I de la CPE, explicó que el Tribunal Constitucional Plurinacional se constituye en el supremo guardián y máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, en cuya misión está la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas, es decir, resguarda la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, en esa lógica es congruente afirmar que es atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional interpretar la Constitución, y de la jurisdicción ordinaria, interpretar el resto del ordenamiento jurídico o lo que es lo mismo, la legalidad infra constitucional u ordinaria, sin perder de vista que la interpretación ejercida por la jurisdicción ordinaria debe darse en el marco de la Constitución Política del Estado, ya que dicha interpretación es susceptible de una revisión constitucional, a través de las diferentes acciones de tutela, según los derechos denunciados de vulnerados. No obstante teniendo ello claro, la SCP 0049/2020-S1 aludida, recogió el devenir de la jurisprudencia constitucional en torno a ese tema y a las condiciones previstas para ingresar a su revisión; en ese marco, identificó el entendimiento contenido en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, cuyo razonamiento fue ratificado por la SC 1917/2004-R de 13 de diciembre, concluyendo que la interpretación de la legislación infra constitucional corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete revisar dicha interpretación, a efectos de verificar si se vulneró algún derecho fundamental, entendiendo de ello que se aplicó un entendimiento amplio para realizar dicha verificación de la interpretación de la legalidad ordinaria, es decir, sin la exigencia del cumplimiento de requisito alguno por parte de los justiciables al fin buscado por ellos; sin embargo, luego se identificó que a partir de la SC 0718/2005-R de 28 de junio, cambió la línea jurisprudencial a una restrictiva, ya que exigió una carga argumentativa imponiendo el deber de exponer de manera clara y precisa los principios o criterios interpretativos no cumplidos o desconocidos por los jueces o tribunales estén impedidos de realizar la interpretación de la Constitución para resolver el caso concreto sometido a su conocimiento; lo que sucede es que, si bien todas las autoridades y funcionarios públicos interpretan la Constitución, quien cierra el proceso realizando una interpretación que vincula a todos los órganos del poder público, autoridades y particulares es el Tribunal Constitucional, por ello se convierte en el último intérprete de la Constitución'.

11. En el F.J. III.1. “Si bien la interpretación de la legalidad ordinaria debe ser labor de la jurisdicción común, corresponde a la justicia constitucional verificar si en esa labor interpretativa no se han quebrantado los principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico, entre ellos, los de legalidad, seguridad jurídica, igualdad, proporcionalidad, jerarquía normativa y debido proceso; principios a los que se hallan vinculados todos los operadores jurídicos de la nación; dado que compete a la jurisdicción constitucional otorgar la protección requerida, a través de las acciones de tutela establecidas en los arts. 18 y 19 de la Constitución, ante violaciones a los derechos y garantías constitucionales, ocasionadas por una interpretación que tenga su origen en la jurisdicción ordinaria, que vulnere principios y valores constitucionales”. 12 queda claro que la interpretación de la legislación ordinaria corresponde a la jurisdicción común y a la jurisdicción constitucional le compete verificar si en la labor interpretativa se cumplieron los requisitos de la interpretación admitidos por el derecho y si a través de ese proceso interpretativo arbitrario se lesionó algún derecho fundamental. 13 En el F.J.III.1. “…para que este Tribunal pueda cumplir con su tarea es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la interpretación porque lesionan sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa los fundamentos jurídicos que sustenten su posición, fundamentos en los que deberá exponer con claridad y precisión los principios o criterios interpretativos que no fueron cumplidos o fueron desconocidos por el juez o tribunal que realizó la interpretación y consiguiente aplicación de la norma interpretada; asimismo, exponer qué principios fundamentales o valores supremos no fueron tomados en cuenta o fueron desconocidos por el intérprete al momento de desarrollar la labor interpretativa y asumir la decisión impugnada; pues resulta insuficiente la mera relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas; porque sólo en la medida en que el recurrente expresa adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación entre la interpretación legal realizada por la jurisdicción ordinaria y los fundamentos que sustentan la interpretación y las conclusiones a las que arribó, con los fundamentos y pretensiones expuestos por el recurrente del amparo constitucional”

ordinarios en la interpretación realizada y consiguiente aplicación de la norma interpretada, concluyendo que no era suficiente la simple relación de hechos o la sola enumeración de las normas legales supuestamente infringidas para que la jurisdicción constitucional pueda realizar la labor de verificación requerida por el afectado; así, en esa misma línea y estableciendo mayores requisitos aun la SC 0085/2006-R de 25 de enero -identificando dos requisitos al efecto- remarcó que la posibilidad del análisis de la interpretación que los jueces y tribunales ordinarios realizaron solo se circunscribe a aquellos casos en los que se impugna dicha labor en el recurso constitucional, siempre y cuando expliquen la razón por la que se considera insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, así como también exigió que se explique sobre la identificación de las reglas omitidas al momento de arribar a dicha interpretación, precisando los derechos constitucionales afectados en ese marco de interpretación considerado deficiente por el afectado, ya que debía establecerse el nexo de causalidad entre la cuestionada interpretación y dichos derechos, concluyendo dicho razonamiento constitucional que solo así la denuncia planteada tendría relevancia constitucional.

Asimismo, la mencionada SCP 0049/2020-S1 continuó analizando el citado entendimiento restrictivo y advirtió que el mismo se convirtió en línea jurisprudencial, ya que fue ratificada por la jurisprudencia constitucional posterior, de lo que se entiende que hubo una consolidación restrictiva del alcance y la posibilidad de la revisión de la interpretación de la legalidad ordinaria.

A partir de allí, las SSCC 1038/2011-R de 22 de junio, 1718/2011-R de 7 de noviembre, entre otras, mismas que fueron confirmadas por la SCP 0039/2012 de 26 de marzo, reiterada en la SCP 0878/2014 de 12 de mayo, 0340/2016-S2 de 8 de abril, asumieron que quien pretenda que este Tribunal realice la interpretación de la legalidad ordinaria debía cumplir los siguientes tres requisitos:

1) Explicar por qué consideraba que la interpretación realizada era insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, para lo cual debía identificarse las reglas interpretativas omitidas por el órgano judicial o administrativo

2) Precisar los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, explicando el nexo causal entre éstos y la interpretación cuestionada; y, 3) Establezca el nexo de causalidad entre el primer requisito y el segundo, explicando la relevancia constitucional.

En contraste a dicho razonamiento restrictivo, este Tribunal pasó a dictar la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que retomó la primera línea considerada en este análisis, consistente en la asumida en la SC 1846/2004-R de 30 de noviembre, con la inquietud de no dejar de lado el deber primordial de garantizar el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales, entendiendo de ello que lo que motivó esa reconducción de línea fue que los requisitos promovidos por la jurisprudencia constitucional restrictiva interrumpía dicha garantía, enfocándose en lo formal por sobre lo sustancial. A ese efecto, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, explicó que, si bien esa carga argumentativa exigida a través del cumplimiento de los requisitos identificados supra guiaban el análisis de la interpretación cuestionada, empero arribó al razonamiento de que los citados requisitos no podían ser considerados insoslayables, provocando así un quiebre en dicha línea restrictiva, ya que pudo advertir la esencia de la finalidad de la jurisdicción constitucional a la hora de recibir el mandato de garantizar los derechos fundamentales, entendiendo que ese mandato solo era posible si no se condicionaba la revisión de la labor interpretativa denunciada de vulneradora de derechos al cumplimiento de dichos requisitos, pues de ese modo se estarían convirtiendo en una forma de dejar pasar un acto inconstitucional solo por aspectos formales, cuando el relato de los hechos realizado por el impetrante de tutela puede ser suficiente para poder evaluar la labor interpretativa cuestionada por éste; al respecto, la indicada SCP 0049/2020-S1, advirtió que dicho razonamiento fue asumido uniformemente por posteriores Sentencias Constitucionales Plurinacionales.

De la revisión de la evolución de la línea jurisprudencial, se advirtió claramente cómo se fue aplicando un razonamiento restrictivo y luego uno amplio en cuanto a la interpretación de la legalidad se refiere y en ese contexto, esta Magistratura relatora, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la aludida SCP 0049/2020-S1, en cuanto a la aplicación del estándar más alto, ante la existencia de dos líneas jurisprudenciales contradictorias entre sí, consideró que al haberse incorporado un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituye al Estado Plurinacional de Bolivia en un Estado garantista, lo cual emerge también del ya citado art. 196 de la CPE, que prevé la misión de precautelar la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, es un mandato constitucional el ajustar los razonamientos aplicados en la resolución de los casos presentados, al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE).

17 “En cuanto a la aplicación del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional y sus efectos, la SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en su Fundamento Jurídico III.3, expresa lo siguiente: ”Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación.

Sobre el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional a través de las líneas jurisprudenciales, se tiene la SCP 0846/2012 de 20 de agosto, que estableció: ’No es suficiente la identificación del precedente constitucional, a través del análisis estático de la jurisprudencia, se debe analizar la jurisprudencia constitucional también a través de un análisis dinámico, es decir, se debe apreciar de manera sistemática el desarrollo de la jurisprudencia, para ubicar el precedente constitucional en vigor en la línea jurisprudencial.

Las líneas jurisprudenciales, son la técnica para hacer el análisis dinámico de la jurisprudencia constitucional. Son las respuestas o soluciones que la jurisprudencia ha dado a determinado problema jurídico, está conformada por un conjunto de sentencias que abordaron determinada temática.

La jurisprudencia constitucional al ser en esencia evolutiva, se van modulando, ya sea extendiendo, o en su caso, restringiendo sus alcances, de ahí que es preciso hacer un recorrido entre las sentencias básicas o creadoras de líneas, sentencias moduladoras de líneas, sentencias confirmadoras o reiteradoras de línea, sentencias mutadoras o cambiadoras de línea y sentencias reconductoras de línea, porque sólo con este análisis dinámico de las sentencias que conforman la línea jurisprudencia se identifica el precedente constitucional en vigor’.

En este sentido, el uso del estándar más alto de la jurisprudencia constitucional al menos tiene dos consecuencias prácticas:

i) Provoca que un juez o tribunal en caso de contar con dos sentencias constitucionales contradictorias elija de acuerdo a las particularidades de cada caso el entendimiento que tutele de manera más adecuada los derechos fundamentales que llega a ser el estándar más alto.

ii) Asimismo, de existir diversos entendimientos jurisprudenciales no antagónicos sino progresivos los mismos deben armonizarse para la resolución más adecuada del caso en atención a los derechos fundamentales obteniéndose vía integración de jurisprudencia el estándar más alto.

Este entendimiento tiene su fundamento en lo establecido por los arts. 13.IV y 256 de la CPE, que configuran la obligación de interpretación más favorable en materia de Derechos Humanos, teniendo como parámetros las cláusulas de interpretación contenidas en los Tratados y Convenios Internacionales sobre la materia, entre ellas, el principio pro homine, que establece que el juzgador debe aplicar aquellas normas y criterios de interpretación que resulten más favorables al respeto y goce de los derechos constitucionales de las personas.” (las negrillas nos corresponden).

De lo desarrollado por la jurisprudencia descrita, se infiere que, esta instancia constitucional, con el propósito de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado y el respeto de la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, efectúa una labor hermenéutica que genera una amplia jurisprudencia, que luego de su análisis dinámico e integral se identifica aquellas que resolvieron un problema jurídico recurrente y uniforme con razones e interpretaciones consideradas progresivas y favorables en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, mismas que, según sus particularidades se constituyen en el estándar más alto.

Ahora bien, en lo que respecta a la aplicación de los precedentes que pertenecen a la doctrina del estándar más alto, según lo descrito por la antedicha jurisprudencia constitucional, su uso conlleva dos consecuencias prácticas; una de ellas, referida a que el juzgador al momento de resolver un caso concreto y después de corroborar la existencia de dos razonamientos contrarios al interior de la jurisprudencia constitucional, puede optar por vincularse a la que responde al estándar más alto, que otorga tutela de manera más progresiva y favorable; lo cual, dentro la dinámica hermenéutica constitucional, así como el carácter progresivo y el principio de favorabilidad de los derechos fundamentales previsto en los arts. 13.I y 256.I de la CPE, resulta constitucionalmente permisible y se constituye en una obligación conforme a los tratados internacionales que prevén derechos más favorables a las contenidas en la misma Norma Suprema e impele a nuestro Estado a su aplicación como parte suscribiente de dichos tratados“.

En ese mérito, ante la existencia de entendimientos contradictorios entre sí, se constituye en un deber el aplicar aquellos que sean más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela, vía acciones de defensa; por ello, dada la exigencia de carga argumentativa, por un lado, traducida en requisitos para activar la vía constitucional cuando se den vulneraciones en la actividad interpretativa de la legalidad ordinaria y por otro lado, advertido otro razonamiento que no se somete a dicha exigencia, esta Magistratura relatora acoge el criterio más favorable y garantista, es decir, el asumido por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que se constituye en el estándar más alto de acuerdo a lo desplegado en el Fundamento Jurídico

III.1 de la tantas veces mencionada SCP 0049/2020-S1, que explicó la fuerza vinculante de aquel precedente constitucional que contenga el estándar jurisprudencial más alto.

Consiguientemente, dicha Sentencia Constitucional Plurinacional, fundamentó el cambio de razonamiento basado en todas las consideraciones realizadas precedentemente, en los siguientes términos:

Bajo esa comprensión, lo precedentemente descrito, se constituye en un cambio de razonamiento para la suscrita Magistrada, que a partir de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se adhiere a la reflexión constitucional desarrollada en 18 “El art. 196.I de la Constitución Política del Estado (CPE) establece que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”; conforme a ello, una de las funciones que tiene mayor incidencia sobre los ciudadanos, es la tutela vinculada a la protección de los derechos fundamentales y garantías constitucionales a través de la resolución de las acciones de defensa; por ende, este Tribunal está obligado a maximizar el acceso a la justicia constitucional, efectuando una interpretación favorable de las causales de procedencia de las diferentes acciones tutelares, a partir de las normas constitucionales previstas en los arts. 13 y 256 de la CPE, que exigen que, entre varias interpretaciones o normas jurídicas aplicables a un caso concreto, se debe elegir aquella que resulte más favorable al derecho o garantía constitucional.

Este criterio de interpretación está contenido en el art. 2 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que reitera los criterios de interpretación que deben ser utilizados por el Tribunal Constitucional Plurinacional en su labor jurisdiccional descritos en el art. 196.II de la CPE, referidos a la voluntad del constituyente, de acuerdo a sus actas y resoluciones - interpretación histórica- al tenor literal del texto de la Constitución Política del Estado -interpretación gramatical-; haciendo además referencia a otros criterios, como la aplicación de la interpretación sistemática de la Norma Suprema; y, de la interpretación según los fines establecidos en los principios constitucionales -interpretación teleológica-.

El art. 2.II.2 del CPCo reitera los criterios específicos de interpretación de los derechos humanos que están señalados expresamente en los arts. 13 y 256 de la CPE, conforme quedó indicado precedentemente; así, establece que el Tribunal Constitucional Plurinacional podrá aplicar:

Los derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, de acuerdo con los Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ratificados por el país, cuando éstos prevean normas más favorables. En caso de que esos tratados declaren derechos no contemplados en la Constitución Política del Estado se considerarán como parte del ordenamiento constitucional.

Ahora bien, el Tribunal Constitucional Plurinacional, en el marco de los principios de favorabilidad y progresividad, pronunció las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, en las que se estableció que el precedente constitucional en vigor o vigente, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocada, esto es, aquella decisión que hubiera resuelto un problema jurídico de manera más progresiva, a través de una interpretación que tienda a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad; estándar, que se escoge después del examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, ya no solamente a partir del criterio temporal de las sentencias constitucionales -si fue anterior o posterior- que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento jurisprudencial, sino sobre todo, aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho.

Consiguientemente, a partir de las Sentencias anotadas, el Tribunal Constitucional Plurinacional está obligado a elegir los precedentes que contengan el estándar jurisprudencial más alto en los diferentes temas que analice, vinculados a derechos fundamentales o garantías constitucionales. Así, tratándose de acciones de libertad en las que se denuncie un supuesto procesamiento indebido, corresponde la aplicación del entendimiento más favorable para el acceso a la justicia constitucional desarrollado por este Tribunal.

El presente Fundamento Jurídico fue desarrollado en el Voto Aclaratorio de la SCP 0373/2019-S2 de 14 de junio”.

la mencionada SCP 0410/2013, por considerar que, esta desarrolla entendimientos más progresivos para el acceso a la justicia constitucional cuando se denuncia vulneraciones de derechos y garantías fundamentales en la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los jueces o Tribunales ordinarios; es así que la referida jurisprudencia constitucional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos por otras líneas antes vigentes para la interpretación de la legalidad ordinaria. En ese marco, reiterando el contenido esencial del razonamiento precedentemente citado, se tiene a bien concluir que la ausencia de carga argumentativa a la hora de denunciarse una errónea interpretación de la legalidad ordinaria –la cual incluye la administrativa-, no importa un óbice para ingresar al fondo de dicha denuncia, es decir, que el Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará a revisar la interpretación aludida en base a la denuncia constitucional, realizada a través de las acciones de tutela, y resultado de dicho análisis revisará la interpretación considerada vulneradora de derechos por el impetrante de tutela y como resultado de esa revisión se concederá o denegará la tutela solicitada.

III.5. La subsidiariedad de la acción de amparo constitucional

La Constitución Política del Estado, en su art. 128, establece: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la Ley”; a su vez, el art. 129.I de la referida Ley Fundamental, señala: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). En coherencia con la última disposición, el art. 54 del CPCo, respecto a la subsidiariedad e inmediatez, dispone:

I. La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados de serlo.

II. Excepcionalmente, previa justificación fundada, dicha acción será viable cuando:

1. La protección pueda resultar tardía.

2. Exista la inminencia de un daño irremediable e irreparable a producirse de no otorgarse la tutela.

El Tribunal Constitucional a través de la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, sostuvo que la acción de amparo constitucional constituye un instrumento subsidiario, porque no es posible utilizarlo si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa, y supletorio, pues viene a reparar y reponer las deficiencias de esa vía ordinaria. Es así, que en el Fundamento Jurídico III.1, estableció reglas y subreglas de improcedencia por subsidiariedad:

…cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución (las negrillas son incorporadas). Asimismo, el principio de subsidiariedad de la acción de amparo constitucional supone que ésta no podrá activarse mientras no se agoten otros medios o recursos legales que permitan la protección del o los derechos de la persona interesada; así lo establecen los arts. 129.I de la CPE y 54 del CPCo. La sistematización jurisprudencial concerniente a la subsidiariedad como principio que rige la acción de amparo constitucional se encuentra desarrollada en la SCP 0096/2019-S2 de 5 de abril.

III.6. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela denuncia que, dentro de la medida preparatoria iniciada en su contra y otra, se determinó aplicar la medida cautelar de intervención judicial de la empresa “TV por cable ‘Ojitos’”; no obstante, debido a que no se formalizó ninguna demanda dentro del término de treinta días previsto en el art. 310.II del CPC, planteó excepción de caducidad del derecho; que si bien, de manera inicial fue declarada probada a través del Auto Definitivo 174/2020 de 19 de octubre -aclarada a través de Auto 091/2020 de 27 de octubre-, dicha determinación fue revocada por Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, emitido por los Vocales ahora demandados, incurriéndose en las siguientes ilegalidades: 1) En su vertiente congruencia: 1.i) En su dimensión externa debido a que las autoridades judiciales ahora demandadas no hicieron una disquisición de cada uno de los agravios, resolviendo el recurso de apelación de manera genérica; y, 1.ii) En su dimensión interna debido a que se establece que su persona se opuso a la ejecución del Auto 028/2020 de 3 de marzo; empero, en el Informe de 10 de igual mes de 2021 emitido por el Interventor Administrador se hace referencia a un tercero “Roberto Montero Salazar”; 2) En su elemento legalidad ya que se omitió realizar una interpretación sistemática del art. 310.II del CPC, que debió ser aplicada en sujeción de los arts. 1514 y 1517.I del CC; y, 3) En sus aristas motivación y fundamentación debido a que: 3.i) No se motivó razonablemente el cómputo del plazo de caducidad conforme lo dispuesto en el art. 1517.I del CC que establece que la caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho; 3.ii) No se tomó en cuenta la jurisprudencia constitucional (SC 0582/2004-R de 15 de abril y la SCP “982/2012” -no señala fecha-) que refiere que el cómputo del plazo de la caducidad transcurre ininterrumpidamente; 3.iii) Se omitió motivar objetivamente las causas de suspensión o interrupción del plazo de treinta días de caducidad; toda vez que, no se tomó en cuenta que el plazo no estaba supeditado a ninguna apelación habiendo transcurrido más de un año desde la adopción de la medida cautelar, o siete meses desde la notificación con el Auto 091/2020, sin que se haya formalizado su demanda; y, 3.iv) Se omitió considerar que por mandato del art. 259.2 del CPC, la concesión de la apelación en el efecto devolutivo no suspendía lo decidido en el Auto 028/20 que impuso la medida cautelar; y, ante la negativo del Juez a quo de dar cumplimiento al mismo, la parte tenía la obligación de impugnar dicho aspecto, por el contrario dejó pasar superabundantemente el plazo de treinta días para plantear su demanda. Identificada la problemática traída en revisión, con el objeto de conocer el contexto del cual emergen las mismas, resulta necesario remitirse a las Conclusiones a las que se arribaron en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; en las cuales se advierte que, en febrero de 2020, el ahora tercero interesado y otro solicitaron la aplicación de la medida cautelar de intervención judicial de la empresa “TV por cable ‘Ojitos’”; en tal sentido, se emitió el Auto 028/2020 de 3 de marzo, designándose interventor-administrador cuya función sería la de administrar la indicada empresa por un plazo de cuatro meses, con facultades amplias (manejo económico, cancelar gastos de operación y mantenimiento, sueldos de trabajadores y demás actos administrativos) debiendo presentar informes mensuales y final en el juzgado (Conclusión II.1). Posteriormente, el peticionante de tutela -entonces futuro demandado- a través de memorial presentado el 5 de octubre de 2020, planteó excepción previa de caducidad de derecho, solicitando dejar sin efecto la medida cautelar de intervención judicial debido a que no se formalizó la demanda dentro del plazo de treinta días previsto en el art. 310.II del CPC. En consecuencia, el Juez de la causa emitió el Auto 174/2020 de 19 de octubre, declarando probada la excepción de caducidad disponiendo el levantamiento y cese de todas las medidas cautelares ordenadas por Auto 028/2020, determinación que fue aclarada a través de Auto 091/2020 de 27 de octubre, por el que, el aludido Juez, manifestó que el Auto 174/2020 se constituye en un Auto Definitivo; además, se indicó que, el plazo de caducidad fue computado a partir del nombramiento del interventor que se considera en un acto de ejecución de la medida cautelar y “…es otra cosa que el interventor no haya cumplido con su labor para el que fue designado…” (sic [Conclusión II.3]).

Luego, el 10 de noviembre de 2020, el ahora tercero interesado interpuso recurso de apelación contra el Auto Definitivo 174/2020 y el Auto 091/2020, impugnación que fue de conocimiento de los Vocales ahora demandados quienes profirieron el Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 resolviendo revocar el Auto Definitivo 174/2020 y el Auto 91/2021, declarando improbada la excepción de caducidad, disponiendo la prosecución de la causa (Conclusiones II.4 y II.5).

Ahora bien, conocidos los antecedentes del presente caso, tomando en cuenta que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe asumir en su verdadera dimensión, el rol de precautelar el respeto y la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, corresponde a continuación verificar si los extremos denunciados por el ahora accionante son evidentes y si en efecto los Vocales ahora demandados actuaron apartándose de la normativa vigente; en ese sentido, se tiene:

III.6.1. Con relación a la primera problemática

El impetrante de tutela denuncia que al momento de emitir el Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 de 26 de marzo se vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente congruencia: a) En su dimensión externa debido a que las autoridades judiciales ahora demandadas no hicieron una disquisición de cada uno de los agravios, resolviendo el recurso de apelación de manera genérica; y, b) En su dimensión interna ya que se establece que su persona se opuso a la ejecución del Auto 028/2020; empero, en el Informe de 10 de marzo de 2021 emitido por el Interventor-Administrador se hace referencia a un tercero “Roberto Montero Salazar”.

De lo expresado precedentemente, considerando que en la presente problemática se denuncia la lesión del derecho al debido proceso en su elemento congruencia en sus dos dimensiones (externa e interna); el análisis se efectuará respecto a cada dimensión. Así:

1) Refiriéndonos a la congruencia en su dimensión externa debe considerarse que, en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, se sostuvo que, la congruencia en su dimensión externa comprende la plena correspondencia o coincidencia entre lo peticionado y lo resuelto, que conlleva una prohibición para el juzgador de incurrir en una incongruencia ultra petita (al conceder o atender algo no pedido) extra petita (al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado), y citra petita (al omitir pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes), esta última que para el caso adquiere especial relevancia debido a que el peticionante de tutela denuncia que los Vocales ahora demandados resolvieron el recurso de apelación de manera genérica sin realizar una disquisición de cada uno de los agravios; en ese sentido, con el objeto de establecer si lo alegado es evidente o no, corresponde realizar una contrastación entre los argumentos contenidos en el recurso de apelación planteado por el ahora tercero interesado -entonces apelante y demandante- y los fundamentos expresados en el Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021.

En tal sentido, de la Conclusión II.3 de este fallo constitucional, se advierte que, en el recurso de apelación interpuesto por el ahora tercero interesado se alegó que existiría: 1.i) Contradicción y ambigüedad, debido a que, de manera inicial se hace referencia que el recurso de apelación interpuesto contra el Auto 028/2020 de 3 de marzo fue concedido en el efecto diferido; no obstante, posteriormente se indicó que la concesión fue en el efecto devolutivo, incurriendo en una transgresión del principio de probidad; 1.ii) Una errónea aplicación de la ley y la jurisprudencia, debido a que, en el Auto Definitivo 174/2020 de 19 de octubre se expresó que en aplicación del art. 310.II del CPC se determinó que la medida cautelar caducó al transcurrir más de treinta días computados desde el 3 de marzo de 2020 -fecha de disposición de la medida cautelar y su notificación- hasta el 5 de octubre de igual año -fecha de interposición de la excepción-, sustentándose además en el Auto Supremo 1090/2015 de 23 de noviembre; no obstante, no se consideró que el cómputo de los treinta días inicia al ejecutarse la medida cautelar y no con su simple disposición, ejecución que en el caso no se cumplió debido a la oposición ilegal de “Roberto Montero”, y el decreto de 12 de marzo de 2020 “…que dispone que previamente debe resolverse el recurso de apelación interpuesto por el ahora excepcionista de caducidad…” (sic), y que si bien fue concedido en el efecto devolutivo, empero de manera contradictoria se estableció a través del decreto de 5 de agosto de 2020 y el Auto 122/2020 de 19 de agosto, que la medida cautelar se encontraba en apelación pendiente de resolución por lo que se rechazaba la ejecución de la misma; consecuentemente, no existe sustentó para declarar la caducidad de la medida cautelar; y, 1.iii) Una errónea aplicación de la ley y de la jurisprudencia en el Auto 091/2020 de 27 de octubre, al establecer que, el plazo para la caducidad de la medida cautelar se computaba a partir del nombramiento de interventor-administrador; empero, no se tomó en cuenta que mediante Auto 028/2020 se dispuso la medida cautelar de intervención judicial, en tal sentido, su ejecución se efectuaba con el inicio de la intervención; además se manifestó que el interventor-administrador no cumplió con la labor designada, sin embargo, fue el mismo interventor que informó al Juzgado a cargo de la medida que, “Roberto Montero” se opuso al inicio de la administración judicial vía intervención judicial, siendo la autoridad judicial de primera instancia que frustró la intervención judicial; por lo que, el interventor si cumplió con sus funciones.

Ahora bien, de la Conclusión II.4 del citado fallo constitucional se constató que, en el Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, los Vocales ahora demandados manifestaron:

“Que, Guido Elvis Castro, dentro del plazo establecido interpone recurso de apelación presentado a fs. 627 a 632, del expediente original manifestando lo siguiente: I.1.- Que la resolución recurrida, incurre en contradicción al indicar en un primer considerando que se trata de un recurso de apelación en efecto diferido para posteriormente indicar que se trata de un recurso de apelación en efecto devolutivo, vulnerando el principio de probidad establecido en el art. 1 núm, 17 del CPC. 2.- Acusa errónea aplicación de la ley y la jurisprudencia al indicar que en aplicación del art. 310 –II del CPC, el derecho a la ejecución de la medida cautelar hubiese caducado al haber transcurrido más de 30 días, computados a partir de la notificación a ala parte actora (03 de marzo de 2020), con el Auto N° 028/2020, sin considerar que dicho auto simplemente dispuso la medida cautelar, mas con ella no se ejecutó dicha decisión, vulnerando el art. 213 –II. 3) del CPC. 3.- Acusa errónea aplicación de la ley y errónea aplicación de la jurisprudencia en el Auto Complementario N° 091/2020, al indicar que la caducidad de la medida cautelar se computaría a partir del nombramiento del interventor, el cual sería un acto de ejecución de la medida cautelar, obviando el informe elevado por el interventor que dio a conocer que el Sr. Roberto Montero, se opuso al inicio de la administración judicial dispuesta. (…) Dentro de la pertinencia del art. 265 del Adjetivo de la Materia, se pasa a resolver el presente recurso, considerando que en todos los puntos de impugnación, están orientados a reclamar el computo realizado por la autoridad judicial a efectos de declarar la caducidad, pese a que si bien por auto N° 028/2020, se dio curso a la medida cautelar de intervención judicial de la Empresa Unipersonal, sin embargo, esta no se ejecutó, momento a partir del cual corre el plazo de los 30 días previsto por el art. 310.II del Adjetivo de la materia y no a partir de la notificación con el Auto que dispuso la intervención o el nombramiento del interventor como erróneamente alegaría la autoridad judicial.

Dentro de ese orden, se hace pertinente remitirnos a los antecedentes del proceso, es así que el demandante a través de sus abogados apoderados presentaron medida cautelar de intervención judicial, pretensión que fue acogida favorablemente conforme sale del Auto N° 28/2020, de fecha 03 de marzo, que dispuso la intervención de la Empresa TV por cable ‘Ojitos’, designando como interventor administrador al Lic. Wilder Almendras Serrudo, para que administre dicha empresa en sustitución a la administración actual. Resolución que fue impugnada por Hernán Montero Salazar y otros; apelación concedida en efecto devolutivo que fue resuelta por Auto de Vista N° 102/2020 de fecha, confirmando la resolución impugnada. Sin embargo también resulta relevante que en el ínterin de la emisión del Auto impugnado y Auto confirmatorio se sucedieron varios hechos en la causa, como el informe elevado por el interventor designado, poniendo a conocimiento de la autoridad judicial que no pudo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Auto N° 28/2020, por oposición de Hernán Montero Salazar y otros, así como también tuvieron lugar distintas solicitudes del actor de dar cumplimiento del Auto de 28 de marzo, los cuales fueron rechazados en forma reiterada bajo el argumento de que lo dispuesto se encontraba pendiente de apelación por la autoridad judicial. Sin embargo, la autoridad judicial por Auto hoy impugnado a solicitud del demandado Hernán Montero Salazar, declaró probada la excepción previa de caducidad, que es motivo de Autos, bajo el argumento de que a partir de la notificación con el Auto que dio curso a la medida cautelar de intervención (03 de marzo del 2020), corría el plazo de 30 días para presentar la demanda principal, y al no habérselo hecho dentro de ese plazo habría caducado su derecho, y aún el computo fuera a partir de la notificación con el Auto de Vista que confirmó aquella resolución, igualmente su plazo para la presentación de la demanda habría caducado conforme el art. 310.II del Adjetivo de la materia. Análisis e interpretación que no resulta correcta, pues dicha norma establece que: ‘Cuando se plantee una medida preparatoria de demanda caducaran de pleno derecho si no se presentar la demanda principal dentro de los treinta días siguientes de habérselas ejecutado…’, es decir, que la norma con total claridad establece que el inicio del plazo para la caducidad de los 30 días comenzará a correr a partir de que la decisión se efectiva o ejecutada, situación que no ocurrió en el caso de Autos, pues conforme se refirió, las medidas dispuestas en el Auto N° 028/2020 de fecha 03 de marzo, no fueron efectivizadas y/o ejecutadas, debido a que el administrador asignado por la autoridad judicial no pudo cumplir con la tarea encomendada de Administrar la Empresa TV por cable ‘Ojitos’ en sustitución de la actual administración, como tampoco se cumplieron las otras medidas dispuestas, situación que se hizo conocer al Juez de instancia a fs. 137 de obrados, al margen de que en reiteradas oportunidades se solicitó el cumplimiento de las mismas, solicitudes negadas por la autoridad judicial bajo el razonamiento de que el Auto 028/2020, se encontraba pendiente de apelación, sin considerar los alcances de los dispuesto por el art. 259.2 del Adjetivo de la materia, pues pese a la impugnación deducida el proceso principal debe continuar con su trámite. Por todo lo referido y siendo evidente el agravio acusado por el recurrente, corresponde fallar en consecuencia, por cuanto no resulta evidente que el derecho de la parte actora haya caducado, por cuanto conforme se refirió el mismo corre a partir del cumplimiento de la medida cautelar de intervención judicial dispuesta, conforme taxativamente dispone el art. 310.II del Adjetivo de la materia, situación que no ocurrió en el caso de Autos conforme se explicó supra. Por otra parte, llama la atención a este Tribunal el inusual trámite otorgado por la autoridad judicial al proceso, incurriendo inclusive en una evidente retardación de justicia al negar el cumplimiento al Auto N° 028/2020 bajo el irrisorio argumento de encontrarse pendiente de apelación, así como el tiempo transcurrido desde la interposición del proceso cautelar hasta el presente, contraviniendo los principios de una administración de una justicia pronta y oportuna” (sic).

Ahora conocidos los argumentos del recurso de apelación, se advierte que, el ahora tercero interesado -entonces apelante-alegó que el Auto Definitivo 174/2020 -aclarado por Auto 091/2020- le causaba tres agravios, detallando cada uno de ellos; no obstante, del contenido del Auto de Vista S.C.C.II 88/2021, se tiene que, los Vocales ahora demandados, inicialmente identificaron que en el recurso de apelación se alegaron tres agravios (procediendo a describirlos); no obstante, posteriormente, se establece que todos los puntos de impugnación están orientados a reclamar el cómputo para declarar la caducidad; de ahí que, se hubiese efectuado un análisis general de los agravios; empero, de lo expresado en el señalado Auto de Vista S.C.C.II. 88/2021 se advierte que, respecto al primer agravio no se estableció si existe o no contradicción o ambigüedad en el Auto Definitivo 174/2020 respecto al efecto de la concesión del recurso de apelación interpuesto contra el Auto 028/2020, si es diferido o devolutivo -este último que permitiría la continuidad en la ejecución-; y, en lo concerniente al segundo y tercer agravio relativo a la errónea aplicación de la ley y la jurisprudencia, las autoridades judiciales ahora demandados únicamente se refieren y efectúan un análisis del art. 310.II del CPC señalando que la interpretación del Juez a quo resulta ser incorrecta; no obstante, en ningún momento se hace alusión al Auto Supremo 1090/2015 de 23 de noviembre -relativo a la caducidad- que fue referido por el apelante -ahora tercero interesado-, y que hubiese sido el sustento del Auto Definitivo 174/2020; además, no se estableció si dicho Auto Definitivo cuenta o no con sustento respecto a la ejecución de la medida cautelar; y, si el interventor-administrador cumplió con las funciones designadas. Consecuentemente, por lo referido, se hace evidente que el Auto de Vista S.C.C.II. 88 no cuenta con la estricta correspondencia o coherencia entre los peticionado y lo resuelto, debido a que se omitió el pronunciamiento sobre algunos puntos reclamados, generando la lesión del derecho al debido proceso en su elemento congruencia, por lo que, corresponde conceder la tutela sobre este punto. 2) En lo concerniente a la congruencia en su dimensión interna, el accionante denuncia que en en el Auto de Vista S.C.C.II 88 existe una contradicción respecto a la persona que se opuso a la ejecución de la intervención judicial, debido a que, en dicho Auto de Vista se señaló que fue el ahora impetrante de tutela quien impidió dicha ejecución, empero, en el informe de interventor-administrador se tiene que es un tercero “Roberto Montero Salazar”. Ahora bien, sobre lo alegado de manera inicial debe comprenderse que la congruencia interna exige que en la resolución se cuide el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión (Fundamento Jurídico III.1); en tal sentido, bajo ese parámetro debe considerarse que el análisis correspondiente a la congruencia interna únicamente se centrará en el contenido del Auto Vista S.C.C.II 88, así se tiene que, respecto al informe del interventor-administrador, los Vocales ahora demandados expresamente manifestaron que:

“…Sin embargo también resulta relevante que en el ínterin de la emisión del Auto impugnado y Auto confirmatorio se sucedieron varios hechos en la causa, como el informe elevado por el interventor designado, poniendo a conocimiento de la autoridad judicial que no pudo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Auto N° 28/2020, por oposición de Hernán Montero Salazar y otros, así como también tuvieron lugar distintas solicitudes del actor de dar cumplimiento del Auto de 28 de marzo, los cuales fueron rechazados en forma reiterada bajo el argumento de que lo dispuesto se encontraba pendiente de apelación por la autoridad judicial. …conforme se refirió, las medidas dispuestas en el Auto N° 028/2020 de fecha 03 de marzo, no fueron efectivizadas y/o ejecutadas, debido a que el administrador asignado por la autoridad judicial no pudo cumplir con la tarea encomendada de Administrar la Empresa TV por cable ‘Ojitos’ en sustitución de la actual administración, como tampoco se cumplieron las otras medidas dispuestas…” (sic).

En tal sentido, por lo expresado precedentemente, se tiene que, en el Auto de Vista S.C.C.II 88, los operadores de justicia ahora demandados fueron expresos al señalar que, el interventor-administrador informó que no pudo dar cumplimiento a lo establecido en el Auto 028/2020 debido a la oposición de “Hernán Montero Salazar y otros”; y, posteriormente se indica que, no se efectivizó y/o ejecutó las medidas dispuestas; consecuentemente, por lo referido se advierte que, dentro del Auto de Vista S.C.C.II 88 no existe una contradicción de sus consideraciones; por lo que, no es evidente que se haya vulnerado el derecho al debido proceso en su elemento congruencia interna.

Ahora bien, pese a lo señalado con anterioridad, es preciso señalar que, conforme establece los arts. 196 de la CPE y 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional (LTCP), el Tribunal Constitucional Plurinacional dentro de su labor jurisdiccional debe precautelar por el respeto y la vigencia de los derechos y garantías constitucionales; buscando su materialización efectiva, evitando que los actos y normas del poder público y privado evadan el cumplimiento, por acto u omisión, de las normas constitucionales; en esa labor, se apoya en varios principios que si bien no se encuentran establecidos de manera explícita en la normativa, es la jurisprudencia que fue sentando su aplicación; así, cuando el peticionante de tutela no haya mencionado o precisado adecuadamente los derechos lesionados en su acción de defensa, por error u omisión involuntaria; en aplicación del principio iura novit curia “el juez conoce el derecho”; la justicia constitucional, tiene el deber de analizar, la demanda, informe de los demandados y la participación de las partes en la audiencia de garantías, para verificar si se lesionaron los derechos mencionados en la demanda u otros no invocados; así, en el caso concreto, si bien se advierte que la parte accionante denuncia expresamente la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento congruencia interna; debe considerarse que de los hechos descritos en el memorial de interposición de la acción de amparo constitucional así como de su ratificación, se tiene que, la parte impetrante de tutela manifestó que, los Vocales ahora demandados al momento de emitir el Auto de Vista S.C.C.II 88 establecieron que fue el accionante que se opuso a la ejecución de la medida cautelar; no obstante, en el informe del interventor-administrador se estableció que fue un tercero -Roberto Montero Salazar- que se opuso a dicha ejecución, lo que hace entrever que se denuncia la vulneración del derecho al debido proceso en su vertiente valoración de la prueba; consecuentemente, en estricta aplicación del principio iura novit curia el análisis del presente punto, se efectuará considerando dicha lesión.

En esa línea de razonamiento, en cuanto a la revisión de la valoración de la prueba debe precisarse que, en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se sostuvo que se efectuará la revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional, sin necesidad de que se cumplan los supuestos de señalar con precisión y en concreto qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas, ni demostrar la incidencia en la resolución final a dictarse; toda vez que, esta jurisdicción constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o arbitrariamente se omitió considerar las pruebas (parcial o totalmente), o basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación, este último que se adecua a la denuncia efectuada por el impetrante de tutela.

Consecuentemente, con el objeto de determinar que el informe del interventor-administrador refleja un hecho diferente al expresado en el Auto de Vista S.C.C.II 88 debemos remitirnos a la Conclusión II.2 de este fallo constitucional, en el cual se estableció que el indicado interventor-administrador a través de Nota de 10 de marzo de 2020 informó al Juez a quo que:

“…comunico a su autoridad que el día jueves 5 de marzo de 2020, me constituí en las oficinas de la empresa TV cable ‘ojitos’ conjuntamente el Sr. Félix Soleto, pero el Sr. Roberto Montero Salazar, nos indicó que no podíamos ingresar a la oficina, porque es su casa y que no va permitir que nadie ingrese, además que la resolución de su autoridad no tenía validez y que el tiene un poder y otras cosas más que le dijo al señor Félix, y por ese motivo nos retiramos a fin de evitar mayores problemas. Por este motivo, a fin de cumplir mis funciones como interventor administrador judicial, solicito de forma inmediata ordene lo siguiente.

El traslado de la oficina que comprende un escritorio, muebles y documentos propios que son de la empresa, y sea con el auxilio de la fuerza pública, ya que el Sr. Roberto Montero, mostro cierta soberbia y arrogancia, a fin de evitar mayores problemas” (sic).

Así, a partir de lo referido, es evidente que el interventor-administrador manifestó que fue “Roberto Montero Salazar” que se opuso a la ejecución de la medida cautelar, existiendo una clara contradicción con lo señalado en el Auto de Vista S.C.C.II 88 que estableció que “…Hernán Montero Salazar y otros…” (sic) impidieron la ejecución de la intervención judicial; aspecto que denota a todas luces una vulneración del derecho al debido proceso en su elemento valoración de la prueba, ya que el informe refleja un hecho diferente al utilizado en los argumentos de los operadores de justicia; lo que si bien haría que corresponda conceder la tutela solicitada; empero, considerando que dicha valoración no incide en el fondo de lo demandado (en la medida preparatoria) debe denegarse la tutela por falta de relevancia constitucional.

III.6.2. En lo concerniente a la segunda problemática

La parte peticionante de tutela denuncia la lesión de su derecho al debido proceso en su elemento legalidad ya que los Vocales ahora demandados omitieron realizar una interpretación sistemática del art. 310.II del CPC que debió ser aplicada en sujeción de los arts. 1514 y 1517.I del CC.

Con relación a este punto, resulta imperioso referirse al contenido del Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el cual se sostuvo que el principio de legalidad demanda la sujeción del Poder Público al derecho; por lo que, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal, la cual a su vez, debe considerar la Constitución Política del Estado. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que si bien la interpretación de la legalidad ordinaria es una atribución exclusiva de las autoridades jurisdiccionales o administrativas; no obstante, se abre la posibilidad que vía control tutelar esta jurisdicción verifique si en esa labor interpretativa se quebrantaron principios constitucionales informadores del ordenamiento jurídico como lo es el de legalidad; así, cuando se invoque la tutela denunciando una errónea interpretación de legalidad ordinaria por arbitraria, incongruente, absurda, ilógica, con error evidente, irrazonable o desproporcional, en el afán de hacer más accesible la justicia constitucional en relación a estas denuncias, se suprimió los requisitos de carga argumentativa exigidos (Fundamento Jurídico III.4).

Bajo ese marco, en mérito a lo expuesto precedentemente, previo a ingresar al análisis de fondo, sin el ánimo de ser reiterativos, debemos señalar que, en el caso concreto, emitido el Auto Definitivo 174/2020 de 19 de octubre -aclarado por Auto 091/2020 de 27 de octubre- que resolvió declarar probada la excepción de caducidad de la medida cautelar, el ahora tercero interesado interpuso recurso de apelación manifestando en lo esencial que, el Juez a quo incurrió en una errónea aplicación del art. 310.II del CPC y el Auto Supremo 1090/2015 -relativo a la caducidad- debido a que la caducidad se computa desde la ejecución de la medida cautelar, y no así desde la determinación y/o notificación con la medida; en tal sentido, dicha impugnación mereció el Auto de Vista S.C.C.II 88 por el cual se resolvió revocar el Auto Definitivo 174/2020, manifestando que:

“Dentro de la pertinencia del art. 265 del Adjetivo de la Materia, se pasa a resolver el presente recurso, considerando que en todos los puntos de impugnación, están orientados a reclamar el computo realizado por la autoridad judicial a efectos de declarar la caducidad, pese a que si bien por auto N° 028/2020, se dio curso a la medida cautelar de intervención judicial de la Empresa Unipersonal, sin embargo, esta no se ejecutó, momento a partir del cual corre el plazo de los 30 días previsto por el art. 310.II del Adjetivo de la materia y no a partir de la notificación con el Auto que dispuso la intervención o el nombramiento del interventor como erróneamente alegaría la autoridad judicial.

Dentro de ese orden, se hace pertinente remitirnos a los antecedentes del proceso, es así que el demandante a través de sus abogados apoderados presentaron medida cautelar de intervención judicial, pretensión que fue acogida favorablemente conforme sale del Auto N° 28/2020, de fecha 03 de marzo, que dispuso la intervención de la Empresa TV por cable ‘Ojitos’, designando como interventor administrador al Lic. Wilder Almendras Serrudo, para que administre dicha empresa en sustitución a la administración actual. Resolución que fue impugnada por Hernán Montero Salazar y otros; apelación concedida en efecto devolutivo que fue resuelta por Auto de Vista N° 102/2020 de fecha, confirmando la resolución impugnada. Sin embargo también resulta relevante que en el ínterin de la emisión del Auto impugnado y Auto confirmatorio se sucedieron varios hechos en la causa, como el informe elevado por el interventor designado, poniendo a conocimiento de la autoridad judicial que no pudo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Auto N° 28/2020, por oposición de Hernán Montero Salazar y otros, así como también tuvieron lugar distintas solicitudes del actor de dar cumplimiento del Auto de 28 de marzo, los cuales fueron rechazados en forma reiterada bajo el argumento de que lo dispuesto se encontraba pendiente de apelación por la autoridad judicial.

Sin embargo, la autoridad judicial por Auto hoy impugnado a solicitud del demandado Hernán Montero Salazar, declaró probada la excepción previa de caducidad, que es motivo de Autos, bajo el argumento de que a partir de la notificación con el Auto que dio curso a la medida cautelar de intervención (03 de marzo del 2020), corría el plazo de 30 días para presentar la demanda principal, y al no habérselo hecho dentro de ese plazo habría caducado su derecho, y aún el computo fuera a partir de la notificación con el Auto de Vista que confirmó aquella resolución, igualmente su plazo para la presentación de la demanda habría caducado conforme el art. 310.II del Adjetivo de la materia. Análisis e interpretación que no resulta correcta, pues dicha norma establece que: ‘Cuando se plantee una medida preparatoria de demanda caducaran de pleno derecho si no se presentar la demanda principal dentro de los treinta días siguientes de habérselas ejecutado…’, es decir, que la norma con total claridad establece que el inicio del plazo para la caducidad de los 30 días comenzará a correr a partir de que la decisión se efectiva o ejecutada, situación que no ocurrió en el caso de Autos, pues conforme se refirió, las medidas dispuestas en el Auto N° 028/2020 de fecha 03 de marzo, no fueron efectivizadas y/o ejecutadas, debido a que el administrador asignado por la autoridad judicial no pudo cumplir con la tarea encomendada de Administrar la Empresa TV por cable ‘Ojitos’ en sustitución de la actual administración, como tampoco se cumplieron las otras medidas dispuestas, situación que se hizo conocer al Juez de instancia a fs. 137 de obrados, al margen de que en reiteradas oportunidades se solicitó el cumplimiento de las mismas, solicitudes negadas por la autoridad judicial bajo el razonamiento de que el Auto 028/2020, se encontraba pendiente de apelación, sin considerar los alcances de los dispuesto por el art. 259.2 del Adjetivo de la materia, pues pese a la impugnación deducida el proceso principal debe continuar con su trámite.

Por todo lo referido y siendo evidente el agravio acusado por el recurrente, corresponde fallar en consecuencia, por cuanto no resulta evidente que el derecho de la parte actora haya caducado, por cuanto conforme se refirió el mismo corre a partir del cumplimiento de la medida cautelar de intervención judicial dispuesta, conforme taxativamente dispone el art. 310.II del Adjetivo de la materia, situación que no ocurrió en el caso de Autos conforme se explicó supra.

Por otra parte, llama la atención a este Tribunal el inusual trámite otorgado por la autoridad judicial al proceso, incurriendo inclusive en una evidente retardación de justicia al negar el cumplimiento al Auto N° 028/2020 bajo el irrisorio argumento de encontrarse pendiente de apelación, así como el tiempo transcurrido desde la interposición del proceso cautelar hasta el presente, contraviniendo los principios de una administración de una justicia pronta y oportuna” (sic [las negrillas son agregadas]). En tal sentido, considerando que el caso concreto gira en torno al art. 310.II del CPC -relativo a la aplicación de medidas cautelares y la caducidad de las mismas-, es necesario hacer alusión al contenido del indicado articulado, que textualmente establece:

ARTICULO 310. (Oportunidad) (…)

II. Cuando se planteen como medida preparatoria de demanda, caducarán de pleno derecho si no se presentare la demanda principal dentro de los treinta días siguientes de habérselas

ejecutado. La autoridad judicial de oficio dispondrá el levantamiento de las medidas cautelares, condenándose a la parte demandante, si hubiere lugar, al pago de daños, perjuicios y costas (las negrillas son agregadas). Ahora bien, con tales antecedentes, siendo que el accionante alegada la vulneración de su derecho al debido proceso en su elemento legalidad debido a que los Vocales ahora demandados aplicaron el art. 310.II del CPC sin realizar una interpretación sistemática con los arts. 1514 y 1517.I del CC; de manera inicial, debe precisarse que, la utilización de criterios o métodos interpretativos se da en casos específicos cuando resulte necesario encontrar el sentido y alcance de una norma que genera duda en su contenido, así, el criterio sistemático -que hubiese sido omitido por las autoridades judiciales ahora demandadas- busca extraer del texto de la norma un enunciado cuyo sentido sea acorde con el contenido general del ordenamiento al que pertenece; es decir, procura el significado atendiendo al conjunto de normas o sistema del que forma parte; en tal sentido, el intérprete debe atribuir a una norma -cuyo significado sea dudoso- un sentido congruente con las prescripciones que establecen otras normas del sistema; bajo ese razonamiento, de manera inicial, debe establecer que el art. 310.II del CPC no genera duda alguna para su aplicación, ya que en su contenido lleva un mandato preciso respecto a que la medida cautelar planteada como medida preparatoria caducará en caso de no formalizarse la demanda principal dentro de los treinta días siguientes de la ejecución de la medida, siendo evidente que, la subsistencia de la medida depende de la interposición de la demanda de fondo dentro de término; y, para el cómputo del plazo debe considerarse el momento de la ejecución de la medida (es decir ante la eficacia de la medida); por lo que, no se advierte que, el indicado artículo carezca de algún elemento que le otorgue claridad para determinar su alcance. Ahora bien, refiriéndonos a los arts. 1514 -relativo a que el derecho se pierde cuando no son ejercidos dentro de término- y 1517.I del CC -referente a que la caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho-, se tiene que, los mismos fijan reglas generales de la caducidad; siendo el art. 310.II del CPC un medio para que se cumpla dichas reglas; ya que, este último precepto legal prevé el término para ejercer el derecho (treinta días después de ejecutar las medidas), y el acto por el cual se impide se produzca la caducidad (formalización de la demanda); bajo ese comprendido, en el caso concreto no se evidenció que la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento legalidad; toda vez que, la aplicación pura y simple del art. 310.II del CPC no puede ser calificada como incorrecta, al no existir vaguedad o imprecisión a efecto que sea necesaria una formula hermenéutica por la que se pretenda desentrañar el contenido del texto legal; siendo previsible la aplicación del aforismo latino in claris non fit interpretatio que significa que cuando el texto de la ley es claro e inequívoco, no habrá lugar a interpretación alguna, sino a la pura y simple aplicación del precepto en su literal.

Consecuentemente, tomando en cuenta lo referido en el párrafo precedente, debe señalarse que, en segunda instancia, las autoridades judiciales ahora demandadas en su labor jurisdiccional, aplicaron de manera correcta lo establecido en el art. 310.II del CPC (al establecer que el cómputo de caducidad comienza a partir de la ejecución de la medida cautelar); denotándose que se acató las normas procesales, conforme lo previsto por el art. 5 de la ley adjetiva civil; y, se actuó en arreglo al principio de legalidad previsto en el Código Procesal Civil (art. 1.2), siendo evidente que no se lesionó el derecho al debido proceso en dicha arista, por lo que, corresponde denegar la tutela solicitada respecto a este punto.

III.6.3. Con relación a la tercera problemática

El impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho al debido proceso en sus aristas motivación y fundamentación, toda vez que: a) No se motivó razonablemente el cómputo del plazo de caducidad conforme lo dispuesto en el art. 1517.I del CC que establece que la caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho; b) No se tomó en cuenta la jurisprudencia constitucional (SC 0582/2004-R de 15 de abril y la SCP “982/2012” -no señala fecha-) que refiere que el cómputo del plazo de la caducidad transcurre ininterrumpidamente; c) Se omitió motivar objetivamente las causas de suspensión o interrupción del plazo de treinta días de caducidad; toda vez que, no se tomó en cuenta que el plazo no estaba supeditado a ninguna apelación habiendo transcurrido más de un año desde la adopción de la medida cautelar, o siete meses desde la notificación con el Auto 091/2020, sin que se haya formalizado su demanda; y, d) Se omitió considerar que por mandato del art. 259.2 del CPC, la concesión de la apelación en el efecto devolutivo no suspendía lo decidido en el Auto 028/2020 de 3 de marzo que impuso la medida cautelar; y, ante la negativo del Juez a quo de dar cumplimiento al mismo, la parte tenía la obligación de impugnar dicho aspecto, por el contrario dejó pasar superabundantemente el plazo de treinta días para plantear su demanda.

Al respecto, si bien en la presente problemática el peticionante de tutela denuncia la carencia de fundamentación y motivación en el Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, debido a que los Vocales ahora demandados no hubiesen motivado razonablemente el computo del plazo de caducidad, tomando en cuenta el transcurso ininterrumpido y las figuras de suspensión e interrupción del plazo de caducidad, es necesario tener en cuenta que, bajo el principio de subsidiariedad descrito en el Fundamento Jurídico III.5 de este fallo constitucional, no es posible utilizar la acción de amparo constitucional si previamente no se agotó la vía ordinaria de defensa; por lo que, cuando las autoridades judiciales no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno es evidente que concurre el principio de subsidiariedad.

Bajo esos parámetros, en el caso concreto se advierte que, al momento de interponerse el recurso de apelación, el ahora tercero interesado dirigió su impugnación cuestionando la errónea aplicación del art. 310.II del CPC respecto al inicio de computo de la caducidad, debido a que la misma no hubiese iniciado al no ejecutarse la medida cautelar; en tal sentido, no se advierte que ninguna de las partes hubiese acudido donde los Vocales ahora demandados alegando un erróneo cómputo del plazo de caducidad debido a una interrupción o una suspensión; consecuentemente, al no hacerse uso de los mecanismos previstos por nuestro ordenamiento, ello a objeto de hacer valer sus derechos; consecuentemente, al no acreditarse el requisito de la subsidiariedad, corresponde denegar la tutela en relación al presente punto. Por los fundamentos expuestos, la Sala Constitucional, al conceder la tutela, actuó de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y los arts. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 81/2021 de 18 de junio, cursante de fs. 1695 a 1701, pronunciada por los Vocales de la Sala Constitucional Primera del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela impetrada en relación al debido proceso en su elemento congruencia externa; por lo que, se dispone dejar sin efecto el Auto de Vista S.C.C.II 88/2021 de 26 de marzo, a objeto de se emita una nueva resolución conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela respecto al derecho al debido proceso en sus elementos congruencia interna, valoración de la prueba, legalidad, fundamentación y motivación, conforme los fundamentos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de VOTO ACLARATORIO

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Notas al pie

1 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido

precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas).

5 “En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”

6 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que:

Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”

7 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre. Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la

8 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”

9 El art. 196.I de la CPE prevé: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”.

10 Rivera Santivañez, J. A. “Jurisdicción Constitucional”, cit., pp. 58."Es el máximo guardián de la Constitución, porque el constituyente le ha encomendado la labor de resguardar la supremacía de la Constitución frente al ordenamiento jurídico ordinario, desarrollando el control especializado y concentrado de la constitucionalidad de las disposiciones legales, emitiendo sentencias con efecto general o erga omnes, anulando la disposición legal incompatible con la Constitución y expulsándola del ordenamiento jurídico del Estado. Dada la naturaleza jurídica de la función que desempeña, es el supremo intérprete de la Constitución, lo cual no significa que el resto de los órganos del poder público en general, los jueces y tribunales en particular,

14 En su FJ III.2 estableció: “…la jurisdicción constitucional sólo puede analizar la interpretación efectuada por los jueces y tribunales ordinarios cuando se impugna tal labor como irrazonable, es necesario que el recurrente, en su recurso, a tiempo de cuestionar la interpretación de la legalidad ordinaria: 1. Explique por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda o ilógica o con error evidente, identificando, en su caso, las reglas de interpretación que fueron omitidas por el órgano judicial o administrativo, y 2. Precise los derechos o garantías constitucionales que fueron lesionados por el intérprete, estableciendo el nexo de causalidad entre éstos y la interpretación impugnada; dado que sólo de esta manera la problemática planteada por el recurrente, tendrá relevancia constitucional”.

15 En el F.J. III.3.I. señalo: “Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.

16 En su FJ III.3 señaló: “razonamientos que fueron asumidos por este Tribunal de manera uniforme en las SSCC 1474/2013 de

22 de agosto; 0276/2015-S1 de 26 de febrero; 0104/2016-S2 de 15 de febrero; 0031/2017-S2 de 6 de febrero; 0350/2017-S1 de 21 de abril; 0231/2018-S2 de 28 de mayo; 0380/2018-S2 de 24 de julio; 0074/2019-S2 de 3 de abril, entre otras“.

19 La Constitución Política del Estado establece: “Artículo 196. I. El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad, y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales”

20 La Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional determina: “Artículo 2. (EJERCICIO Y FINALIDAD DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL). I. La justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad y precautelar el respeto y vigencia de los derechos y garantías constitucionales”.

21 Anchondo Paredes, Victor Emilio. “Métodos de Interpretación Jurídica”. Disponible en el enlace https://biblat.unam.mx/hevila/Quidiuris/2012/vol16/3.pdf

22 El Código Civil establece: “Artículo 1514.- (Caducidad de los derechos). Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijada para el efecto.”

23 Ibid. “Artículo 1517.- (Causas que impiden la caducidad). I. La caducidad solo se impide mediante el acto por el cual se ejerce el derecho”

24 El Código Procesal Civil dispone: “ARTICULO 380. (PROCEDIMIENTO). (…) II. Si la autoridad judicial considerare que el documento carece de fuerza ejecutiva, declarará que no hay lugar a la ejecución, mediante auto interlocutorio. Una u otra resolución se dictará sin noticia del deudor.” (las negrillas son agregadas).

25 El Código Procesal Civil determina: “ARTÍCULO 5. (NORMAS PROCESALES). Las normas procesales son de orden público y. en consecuencia, de obligado acatamiento, tanto por la autoridad judicial como por las partes y eventuales terceros. Se exceptúan de estas reglas, las normas que, aunque procesales, sean de carácter facultativo, por referirse a intereses privados de las partes.”

26 El Código Procesal Civil establece: “ARTÍCULO 1. (PRINCIPIOS). El proceso civil se sustenta en los principios de: (…) 2. Legalidad. La autoridad judicial, en los procesos deberá actuar con arreglo a lo dispuesto en la Ley.”

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1248_2023-S1.pdf · páginas 1 a 42.

Huella digital del PDF (SHA-256): 5d94ce839ae685ec3e033881a24ccb133a1ca7f8d1ee8ae30c9fec4968a68cec

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →