Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de octubre de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva dispuesta por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de la Paz, su defensa interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, luego de sortearse la causa y fijarse audiencia para el 8 de mayo de 2023, el Vocal demandado dictó el Auto de Vista 347/2023, con el argumento que no se expuso agravio alguno, sin considerar que: 1) Su persona se encontraba detenida desde el 28 de abril de 2023, por lo que, su comparecencia dependía de la autorización judicial y de la administración penitenciaria; y, 2) Durante la audiencia tampoco estuvo presente un abogado defensor que lo representara. Por su parte, el Vocal demandado sostiene que todas las partes procesales fueron debidamente notificadas; y, el abogado del accionante no comunicó su impedimento justificado conforme al art. 21.I del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; además, respecto a la ausencia del imputado, el mismo no fue conectado a la audiencia virtual; sin embargo, recuerda la Ley 1173 establece que su inasistencia no constituye causal de suspensión de la audiencia, debiendo en ese caso su abogado ejercer su defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 29/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento del La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Dejar sin efecto el Auto Vista 347/2023 de 8 de mayo, debiendo renovarse la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante hubiera cambiado o se hubiese determinado con una resolución posterior.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página. La hoja 9 del PDF es imagen: su texto se leyó con reconocimiento óptico y puede tener algún error de lectura.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1242/2025-S2 Sucre, 23 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55814-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 29/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Fernando Junior Espinoza Medrano en representación sin mandato de Manfred Alvaro Herrera Nao contra Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memorial presentado el 11 de mayo de 2025, cursante a fs. 1 y 64 a 73, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de lesiones gravísimas, previsto en el art. 270 del Código Penal (CP), el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz, mediante Auto Interlocutorio 184/2023 de 28 de abril, le impuso la medida cautelar de detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz, por el plazo de cuatro meses, al considerar la concurrencia de los riesgos procesales establecidos en los arts. 234.1, 2 y 7, y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP); ante ello, su abogado interpuso el recurso de apelación incidental contra dicho Auto Interlocutorio, por lo que, luego del correspondiente sorteo, la causa fue radicada en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental del referido departamento, señalándose audiencia para el 8 de mayo de 2023.
Instalada la audiencia en la referida fecha y en ausencia del imputado, César Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dictó el Auto de Vista 347/2023 de 8 de mayo, declarando admisible el recurso de apelación incidental por presentarse dentro del plazo legal; sin embargo, al no exponerse agravios, confirmó el Auto Interlocutorio 184/2023, bajo el siguiente fundamento: ‘“El día de la audiencia señalada, la parte imputada ahora apelante no se presentó, como tampoco justificaron su inasistencia al acto procesal señalado (audiencia de consideración de apelación incidental de medida cautelar) pese que se encontraban legalmente notificados, tal como se desprende del formulario de notificaciones de fecha que cursa a fs. 65 vta. y tampoco el abogado del apelante presentó ningún justificativo alguno sobre inconcurrencia (...) por lo que la emisión de la presente Resolución es de exclusiva responsabilidad del abogado del apelante ya que en esta audiencia tenían la carga procesal de asistir a la audiencia virtual y fundamentar el recurso de apelación interpuesto, haciendo conocer de manera fundamentada los agravios que la Resolución apelada le hubiera causado, incumpliendo la previsión legal referida...”’ (sic); sin embargo, dicha decisión vulneró el derecho a la defensa, ya que: a) Se encontraba detenido desde el 28 de abril de 2023, por lo que su comparecencia dependía de la autorización judicial y de la administración penitenciaria; y, b) Se constató que durante la audiencia tampoco estuvo presente “un abogado defensor” que lo representara.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad, citando al efecto los arts. 115.II y 119.II de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia se disponga: 1) Dejar sin efecto el Auto Vista 347/2023; y, 2) Que la autoridad demandada, en el plazo de veinticuatro horas de notificada la resolución constitucional, señale día y hora de audiencia de resolución del recurso de apelación incidental.
Celebrada la audiencia pública virtual el 12 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 80 a 81, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.
Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 78 a 79, señaló que: i) Respecto a la presente acción tutelar, no se establece de forma expresa si la misma se presenta porque la vida del accionante se encuentra en peligro, si estaría siendo ilegalmente perseguido o indebidamente privado de su libertad; ii) El impetrante de tutela pretende atribuir a la referida Sala Penal una cuestión que es enteramente de su responsabilidad, dado que, se cumplieron con las formalidades exigidas, tales como la convocatoria a audiencia y la provisión del enlace de conexión a la plataforma Cisco Webex; en ese entendido, era responsabilidad de la defensa técnica del imputado realizar las gestiones o actos necesarios para ejercer la correspondiente defensa; iii) En el legajo de apelación incidental, cursa informe con los números telefónicos de las partes intervinientes; además, del informe verbal emitido por la oficial de diligencias de la mencionada Sala Penal, se tiene que todas las partes procesales fueron debidamente notificadas, encontrándose en audiencia el representante del Ministerio Público, el abogado de la víctima y el abogado de la parte imputada, “Dr. Maldonado”; iv) El art. 21.I del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal -aprobado mediante Acuerdo 12/2019 de 10 de junio, de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia- establece que ante cualquier eventualidad que impida la presencia del abogado de la parte imputada, éste hará conocer su impedimento justificado a la Oficina Gestora de Procesos; y, v) Respecto a que el imputado no se encontraba presente, corresponde mencionar que efectivamente no se contectó a la audiencia virtual; sin embargo, la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- establece expresamente que la ausencia del imputado no será causal de suspensión de la audiencia, debiendo en ese caso su abogado ejercer su defensa.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento del La Paz, constituido en Juez de garantías, por Resolución 29/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) De acuerdo con la lectura del memorial de acción de libertad, el accionante señaló que se encuentra indebidamente procesado; por consiguiente, corresponde establecer si efectivamente aconteció aquello, de acuerdo a los antecedentes, fundamentos y jurisprudencia presentada; b) La jurisprudencia adjuntada por el accionante, contenida en la SCP 1222/2016-S2 de 22 de noviembre, no es aplicable al caso actual, ya que, el apelante estaba con detención domiciliaria y no pudo asistir a la audiencia por falta de orden de conducción, situación que fue debidamente justificada; por otro lado, en la SCP 1256/2022-S1 de 24 de octubre, el abogado presentó documentación que justificaba su inasistencia por tener otro acto procesal a la misma hora, pero la autoridad no consideró esa justificación; sin embargo, este antecedente tampoco guarda relación con los hechos analizados en la presente audiencia; c) En cuanto al acto lesivo como causa directa de la supresión o restricción del derecho a la libertad, el presunto acto cometido por el Vocal demandado no constituye una causa directa de afectación a la libertad física o personal del accionante, ya que, según los antecedentes, la detención preventiva fue dispuesta mediante resolución emitida por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de La Paz; y, d) Para que proceda la acción de libertad debe existir un estado absoluto de indefensión; en este caso, el abogado defensor del peticionante de tutela fue notificado legalmente, pero no se conectó a la audiencia virtual ni presentó justificación por su inasistencia, por tanto, la indefensión fue causada por el propio accionante. En vía de enmienda, complementación y aclaración, el abogado del accionante refirió: “…vuestra autoridad refiere a que el abogado fue notificado legalmente, quisiera que me aclare en ese sentido Señor Juez ¿a qué abogado se refiere? Cuando en las documentales que se ha adjuntado, claramente, refiere que el abogado anterior era Ricardo Maldonado, ha manifestado que él ya no era el abogado…” (sic). Ante dicha solicitud el Juez de garantías emitió auto complementario, aclarando que, de la lectura de audiencia pública de apelación incidental de medidas cautelares, se evidencia que se cumplieron con todas las notificaciones a las partes procesales; además, las partes se conectaron a la audiencia virtual a través de la plataforma Cisco Webex y el accionante se encontraba ausente, pero su abogado presente; en ese sentido, el abogado manifestó que el impetrante de tutela ya habría designado otro abogado; por lo tanto, era obligación del accionante presentarse en la audiencia con su nuevo abogado; en ese entendido, concluyó que: “…quien se ha causado indefensión es el ahora accionante...” (sic).
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar de 8 de mayo de 2023, suscrita por Cesar Wenceslao Portocarrero Cuevas, Vocal -hoy demandado-; y, Angel Flores Medina, Secretario de Cámara, ambos de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Manfred Álvaro Herrera Nao -accionante-, la cual refiere que las partes procesales fueron notificadas para dicha audiencia y que el impetrante de tutela no asistió, aunque su abogado -Ricardo Maldonado- se conectó y explicó que aquel ya contaba con otro defensor apersonado ante el Ministerio Público; ante ello, el Vocal demandado refirió: “…esta Sala no está evidenciando la presencia de la defensa técnica del imputado, por lo que va a dictar la resolución correspondiente” (sic [fs. 20 y vta.]). II.2. Por Auto de Vista 347/2023 de 8 de mayo, la autoridad demanda confirmó la resolución del Juez a quo, bajo el argumento de que durante la audiencia programada para resolver el recurso de apelación incidental de medida cautelar interpuesto por el accionante, el abogado defensor de este último no se presentó ni justificó su inasistencia, lo que ocasionó que no se fundamentaran los agravios de manera oral, incumpliendo el impetrante de tutela con la obligación procesal de presentar los argumentos ante el Tribunal de alzada, tal como lo exige el art. 251 del CPP (fs. 21 a 22).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y a la libertad; toda vez que, tras la imposición de la medida cautelar de detención preventiva dispuesta por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Zona Sur de la Capital del departamento de la Paz, su defensa interpuso recurso de apelación incidental; no obstante, luego de sortearse la causa y fijarse audiencia para el 8 de mayo de 2023, el Vocal demandado dictó el Auto de Vista 347/2023, con el argumento que no se expuso agravio alguno, sin considerar que: 1) Su persona se encontraba detenida desde el 28 de abril de 2023, por lo que, su comparecencia dependía de la autorización judicial y de la administración penitenciaria; y, 2) Durante la audiencia tampoco estuvo presente un abogado defensor que lo representara. Por su parte, el Vocal demandado sostiene que todas las partes procesales fueron debidamente notificadas; y, el abogado del accionante no comunicó su impedimento justificado conforme al art. 21.I del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal; además, respecto a la ausencia del imputado, el mismo no fue conectado a la audiencia virtual; sin embargo, recuerda la Ley 1173 establece que su inasistencia no constituye causal de suspensión de la audiencia, debiendo en ese caso su abogado ejercer su defensa. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Respecto a la inconcurrencia de las partes o de sus abogados a las audiencias de apelación incidental de medidas cautelares, en un entendimiento coherente con el art. 113 del CPP, modificado mediante el art. 7 de la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, estableció lo siguiente: “…el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el ‘Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal’, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: `I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente’. De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyó parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero sí de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 inc. d) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ‘…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor”’ (las negrillas corresponden al texto original). De ello se tiene que, la ausencia del imputado no constituye, per se, causal de suspensión de la audiencia; sin embargo, cuando su comparecencia dependa del centro penitenciario o de los mecanismos de comparececia de la autoridad judicial, esta última debe agotar su poder ordenador para asegurar que se hayan tomado todas las medidas pertinentes para garantizar su presencia. En aquellos casos donde la audiencia se desarrolle por circunstancias ajenas a la administración de justicia, el juez debe asegurarse de que, al menos, el imputado cuente con la representación de su abogado defensor, ya sea privado, de oficio, estatal o designado conforme la ley, cuya interveción debe ser formalmente acreditada en el proceso, pues de lo contrario, se vulnerarían los derechos fundamentales del imputado a una defensa efectiva y al debido proceso.
En la presente acción de libertad, el impetrante de tutela denuncia que se vulneraron sus derechos al debido proceso y a la defensa, debido a que, en la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, el Vocal demandado emitió un Auto de Vista 347/2023 de 8 de mayo, confirmando la decision del Juez a quo, sin considerar que: i) En la audiencia no estuvo presente un abogado defensor que asumiera su representación; y, ii) Se encontraba detenido desde el 28 de abril de 2023, por lo que, su participación dependía de la autorización judicial y de la administración penitenciaria Al respecto, de la revisión del cuaderno constitucional se evidencia que al accionante se le impusieron medidas cautelares personales mediante Auto Interlocutorio 184/2023 de 28 de abril, contra el cual, interpuso recurso de apelación incidental. En ese contexto, la audiencia para su consideración se programó para el 8 de mayo de 2023; y, en dicha audiencia estuvieron presentes el abogado de la parte querellante, el representante del Ministerio Público y el defensor del accionante; no obstante, el abogado defensor señaló que no había preparado la audiencia porque entendía que el imputado -hoy impetrante de tutela- contaba con otro abogado y no había tenido contacto con él. Finalmente, el Tribunal emitió el Auto de Vista 124/2023, que confirmó la detención preventiva del impetrante de tutela por cuatro meses y mantuvo firme la Resolución de primera instancia. Sobre la denuncia de que se desarrolló la audiencia en ausencia del abogado defensor del ahora accionante, el acta de audiencia pública de apelación incidental de medida cautelar de 8 de junio de 2023 en la parte que transcribe la intervención del abogado “RICARDO MALDONADO” señala lo siguiente: “…me conecto por responsabilidad, por haber sido notificado de acuerdo a los antecedentes, sin embargo, tengo conocimiento que el imputado ya tiene otro abogado apersonado en la Fiscalía, por ello es que no he preparado la audiencia, solo me conecto por responsabilidad tampoco he tomado contacto con el señor Manfred Álvaro…” (sic [fs. 20]). Al respecto, debe recordarse que conforme a la SCP 0250/2025-S2 de 21 de abril, se tiene que: “…una presunción es una inferencia lógica que se realiza a partir de un hecho cierto para establecer otro hecho que no ha sido directamente demostrado. Por tanto, el hecho conocido es indispensable para que una presunción pueda operar, ya que constituye la base sobre la cual se realiza la deducción lógica; en consecuencia, una presunción no puede surgir de la mera especulación o suposiciones sin sustento”; en el caso en concreto, en ausencia de un documento formal que acredite la renuncia al patrocinio por parte del abogado defensor, el Vocal demandado no podía suponer la existencia de otro abogado representando al imputado y que deliberadamente faltó a la audiencia cuando es el Tribunal de apelación el que debe garantizar que el imputado esté debidamente representado, en su caso, nombrando un defensor de oficio; por lo que, es evidente la lesión del derecho a la defensa técnica en relación con la libertad del accionante.
En relación a la denuncia de que se llevó a cabo la audiencia sin la presencia del ahora accionante, se evidencia que el Vocal demandado omitió aplicar la normativa vigente conforme al Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, ya que debió observar el art. 113 del CPP, que establece la obligación de garantizar la asistencia del imputado y su defensa técnica en la audiencia de apelación de medida cautelar. En consecuencia, debió verificar el cumplimiento de la notificación con la audiencia, la orden de conducción o la conectividad via internet del accionante, quien se encontraba en un centro penitenciario. Es decir, al llevarse a cabo la audiencia de apelación de medida cautelar el 23 de agosto de 2022, sin la presencia del accionante, no se consideró la defensa material vinculada al principio de inmediación que implica que el imputado tenga la oportunidad de conocer en tiempo real los actos procesales que se llevan a cabo en su contra, y pueda participar en el desarrollo de la audiencia. En este tipo de casos, es importante que la autoridad judicial se asegure de que el imputado esté presente o pueda participar activamente en las audiencias donde se define su situación jurídica; por lo que, se concede la tutela sobre el derecho a la defensa material relacionado con la libertad del impetrante de tutela. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 29/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 82 a 83 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento del La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos desarrollados en el presente fallo constitucional; y, 2° Dejar sin efecto el Auto Vista 347/2023 de 8 de mayo, debiendo renovarse la audiencia de apelación incidental de medidas cautelares, salvo que por el transcurso del tiempo la situación jurídica del accionante hubiera cambiado o se hubiese determinado con una resolución posterior. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1242_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8f2b2d19c5389b1d8979e20b02a9aadc96c0972d76ca18b0831950b3e3668b64
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →