Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 6 de diciembre de 2023
Deniega la tutela
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación; alegando que: i) La parte demandada pronunció -a su turno- el Auto Interlocutorio 28 de agosto de 2020 y el Auto de Vista 307/2020 de 24 de noviembre, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva fundada en la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, con argumentos genéricos y sin cumplir con su obligación de realizar la auditoría jurídica correspondiente de las actuaciones contenidas en el cuaderno procesal; y, ii) No se remitió el fallo de alzada de 24 de noviembre de 2020 al Tribunal a quo impidiéndole realizar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2021 de 6 de enero, cursante de fs. 33 vta. a 36; pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1242/2023-S1 Sucre, 6 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 38544-2021-78-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 1/2021 de 6 de enero, cursante de fs. 33 vta. a 36, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rene Sauciri Choque en representación sin mandato de Emilio Arnulfo Camargo Hoyos contra Mirael Salguero Palma, Vocal de la Sala Penal Segunda; y, Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 4 de enero de 2021, cursante de fs. 6 a 7 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra y de otro, por la presunta comisión de los delitos de falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, se encuentra con detención preventiva desde el 30 de julio de 2018; es así que en audiencia de cesación de la detención preventiva de 28 de agosto de 2020, se rechazó su petición por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad jurisdiccional codemandada-. Una vez interpuesto el recurso de apelación incidental, el Vocal de la Sala Penal Segunda del referido Tribunal Departamental de Justicia -ahora codemandado- confirmó la resolución apelada. Agrega que el referido Tribunal de Sentencia Penal Séptimo, para aproximarse al valor justicia debió revisar los actuados contenidos en el cuaderno procesal, sin exigir que necesariamente sea el imputado quien realice la auditoría. En ese entendido, al tener dichas autoridades jurisdiccionales la facultad de efectuar dicha labor resulta inaceptable que se culpe al encausado de las supuestas dilaciones; “…y en cuanto a que haya una recusación de fecha 20 de marzo 2020 hubiera impedido la continuación o reiniciación del proceso oral público contradictorio en septiembre del mismo a más de 5 a 6 meses después…” (sic). Tanto el Ministerio Público como la acusación particular no demostró “…que sea éste abogado el que suscribe esta demanda constitucional sea quien haya recusado, menos que como se ha dicho en la audiencia de apelación, que; sea éste abogado el que no hubiera asistido a la audiencia de juicio oral, pues este abogado no ha tenido ninguna sola notificación para juicio oral alguno…” (sic). Consiguientemente, el Tribunal a quo como el ad quem, no realizaron una correcta valoración de los antecedentes del proceso, además de carecer de una debida fundamentación y motivación; es decir, dieron credibilidad a las afirmaciones retóricas del Ministerio Público y acusación particular, sin indicar en qué consistieron específicamente las dilaciones atribuidas a su persona, señalando las fojas correspondientes, las fechas y actos dilatorios que puedan “descontar” la falta de voluntad de someterse al proceso. Dicha omisión solapa la demora procesal duplicándose el tiempo de su detención preventiva que sobrepasa los dos años y cinco meses; máxime si hasta la presentación de esta acción tutelar, el Vocal ahora demandado no devolvió el cuaderno de apelación al Tribunal inferior con el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, impidiendo que presente una nueva solicitud de cesación.
El impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, citando al efecto los arts. 125 y 126 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución apelada de 28 de agosto de 2020 y el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, ordenándose una nueva ponderación y valoración de los datos existentes en el cuaderno procesal.
Celebrada la audiencia pública el 6 de enero de 2021, según consta el acta de fs. 29 a 33 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, por intermedio de su representante sin mandato, ratificó los argumentos expuestos en la demanda de la acción de libertad presentada y ampliando la misma refirió que: a) El Tribunal de apelación codemandado, resolvió la apelación incidental formulada contra el Auto interlocutorio de 28 de agosto de 2020 mediante el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, y que hasta la presentación de esta acción tutelar no devolvió los antecedentes al Tribunal a quo, impidiendo así que solicite una nueva cesación de la medida de ultima ratio; y, b) La parte demandada debió realizar una valoración integral del expediente y las pruebas presentadas, como el certificado de permanencia y buena conducta para valorar el tiempo de su detención preventiva identificando los actos dilatorios imputables para descontarlos e indicársele que “…tiempo no te vamos a contabilizar…” (sic).
Mirael Salguero Palma, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 21 a 22 vta., refirió lo siguiente: 1) La acción tutelar presentada incumplió los presupuestos necesarios para que la jurisdicción constitucional pueda ingresar al control de la legalidad ordinaria; puesto que no señaló por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, absurda e ilógica, habiéndose realizado simplemente una relación de antecedentes para finalmente solicitarse la concesión de tutela; 2) Aclara que de la revisión de antecedentes se verificó que se dictaron dos resoluciones de 24 y 28 de agosto de 2020, resueltas de forma escrita y oral, respectivamente; ambas se respaldan en la causal prevista en el art. 239.3 del CPP; resolviéndose la del 28 del citado mes y año sorteada a la Sala Penal a su cargo; en ese entendido, por orden de prelación es otro Tribunal de alzada que debe considerar dicho agravio al momento de resolver la apelación contra el Auto interlocutorio apelado de 24 de agosto de 2020, generando confusión al reiterarse dicho planteamiento en la presente acción tutelar; y, 3) El acusado -ahora impetrante de tutela- debió demostrar que las dilaciones no son atribuibles a su persona, y no limitarse a sustentar su petición al certificado de buena conducta, que sólo demuestra el tiempo de su privación de libertad, incumpliendo con lo establecido en el art. 239.3 del CPP. Yanet Noemy Paniagua Villa, Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, mediante informe escrito cursante de fs. 14 y vta. ratificado en audiencia, señaló que el Auto interlocutorio de 28 de agosto de 2020 que rechaza la cesación a la detención preventiva impetrada por el ahora accionante, fue confirmada mediante Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020; en ese sentido, se desmiente lo aseverado por el solicitante de tutela, siendo que hasta la fecha se presentaron diversas peticiones de cesación a la detención preventiva que fueron resueltas oportunamente; y a la fecha se dictó inclusive sentencia dentro la causa penal que se le sigue al ahora impetrante de tutela.
La Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 1/2021 de 6 de enero, cursante de fs. 33 vta. a 36, denegó la tutela solicitada bajo el fundamento que el solicitante de tutela no consideró que en solicitudes de cesación a la detención preventiva por la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, la carga de la prueba corresponde al imputado, evidenciándose que las determinaciones judiciales observadas se encuentran debidamente fundamentadas, considerando además que si la parte consideró que se vulneró algún derecho debió recurrir al amparo constitucional. El accionante a través de su abogado, planteó enmienda y complementación conforme el art. 36 del Código Procesal Constitucional (CPco), solicitando pronunciamiento respecto a la dilación procesal presentada y en el fondo sobre la falta de motivación y fundamentación de las resoluciones, pidiendo se explique por qué hasta la interposición de la presente acción tutelar no se devolvió el cuaderno de apelación con el Auto de Vista dictado, al Tribunal inferior, y las razones por las cuales no se concedió la tutela respecto a las dilaciones señaladas a efectos de tomar otras medidas de defensa. La Jueza de garantías, en atención a lo solicitado, refirió que no existe ningún aspecto para complementar y aclarar debido a que los agravios presentados no fueron demostrados y corresponde su resolución a la vía ordinaria.
Por Decreto Constitucional de 13 de mayo de 2022 (fs. 43) a solicitud de la Magistrada Relatora, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de noviembre de 2023 (fs. 48) de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Acta de audiencia de apelación y Auto de Vista 307/2020 de 24 de noviembre, dictado por Mirael Salguero Palma, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora codemandado-, a través del cual declaró la improcedencia de la apelación incidental interpuesta por Emilio Arnulfo Camargo Hoyos -ahora accionante- y confirmó el Auto interlocutorio de 28 de agosto de 2020 dictado por el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo del mismo departamento (fs. 16 a 19).
El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación; alegando que: i) La parte demandada pronunció -a su turno- el Auto Interlocutorio 28 de agosto de 2020 y el Auto de Vista 307/2020 de 24 de noviembre, rechazando la solicitud de cesación a la detención preventiva fundada en la causal prevista en el art. 239.3 del CPP, con argumentos genéricos y sin cumplir con su obligación de realizar la auditoría jurídica correspondiente de las actuaciones contenidas en el cuaderno procesal; y, ii) No se remitió el fallo de alzada de 24 de noviembre de 2020 al Tribunal a quo impidiéndole realizar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva. Por lo que, solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se deje sin efecto el Auto Interlocutorio de 28 de agosto de 2020 y el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, ordenándose una nueva ponderación y valoración de los datos existentes en el cuaderno procesal. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: 1) La fundamentación y motivación y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares; 2) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 3) La cesación de la detención preventiva; 4) La cesación de la detención preventiva en función al art. 239.2 y 3 del Código de Procedimiento Penal; 5) Análisis del caso en concreto.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como uno de los elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre , la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se estaría vulnerando dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que esta garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se determinan los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa con la finalidad de garantizar el derecho a la fundamentación y motivación como elemento configurativo del debido proceso, así en su Fundamento Jurídico III.3, señala:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refiere a los supuestos de motivación arbitraria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre4 la que desarrolla el contenido esencial del derecho a 1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2 El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”. 3 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 4 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la una resolución fundada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: a) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; b) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; c) Garantizar la posibilidad del control de la resolución a través de los medios de impugnación; d) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, e) La observancia del principio dispositivo que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión sin motivación, con motivación arbitraria, insuficiente y por la falta de coherencia del fallo. Ejemplificando refiere, que la decisión sin motivación se presenta cuando la resolución no da razones que la sustenten; en tanto que la motivación arbitraria es la que sustenta la decisión con fundamentos y consideraciones meramente retóricas o cuando deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; la motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 5 El FJ III.2, señala: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; finalmente, la falta de coherencia del fallo se da, en su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto; en su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio así como en la SC 0358/2010 de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no sólo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo, es decir su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre8 , entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo , señala que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o 6 El FJ III.3, establece: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 7 El FJ III.3.1, indica: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 8 El FJ III.2, refiere: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 9 El FJ III.1, manifiesta: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
externa.
Los estándares de fundamentación y motivación, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP. En efecto, Conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Los fundamentos jurídicos precedentes, fueron desarrollados por la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la 12 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 13 El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 14 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración:
SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre16, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 15 El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 16 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor, el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
El análisis de la cesación de la detención preventiva debe partir de la consideración que las medidas restrictivas de la libertad son necesarias para asegurar los fines procesales legítimos. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), persiguen evitar que la persona imputada por un delito, se sustraiga de la acción de la justicia u obstaculice el desarrollo eficiente de la investigación. Dichas medidas son impuestas por decisión judicial y se rigen por los principios de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad, y jurisdiccionalidad, tal cual se lo desarrolla en el Caso López Álvarez Vs. Honduras, en la Sentencia de 1 de febrero de 2006 sobre Fondo, Reparaciones y Costas. En cumplimiento del principio de presunción de inocencia, la regla del proceso penal acusatorio debe ser la libertad de la persona procesada, mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. En suma la aplicación de la detención preventiva, que es la medida cautelar más restrictiva de la libertad, debe ser excepcional y racional. Las características personales del imputado o acusado y la gravedad del delito que se le imputa no son justificación suficiente para imponérsela. Asimismo, la imposición de la medida cautelar no puede constituir una pena anticipada. Dada la excepcionalidad de la detención preventiva, el legislador boliviano ha previsto la posibilidad que una persona privada de libertad pueda solicitar la cesación de la detención preventiva, estableciendo varios supuestos en el art. 239 del CPP, modificado por el art. 2 parágrafo III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019.
Conforme al Código de Procedimiento Penal, entre las causales para solicitar la cesación de las medidas cautelares personales, se encuentran los numerales 2 y 3, precepto fue modificado por el art. 2 par. III de la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, quedando redactada la norma actualmente, con el siguiente texto:
Artículo 239. (Cesación de las Medidas Cautelares Personales). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales: … 2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención; 3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga; … Sobre la cesación de la detención preventiva, este Tribunal interpretó sus alcances. Así, inicialmente entendió que la cesación de la detención preventiva prevista en el art. 239.3 del CPP, operaba con el solo transcurso del tiempo, en los dos supuestos establecidos en la anterior norma; es decir, la cesación podía prosperar al vencimiento del plazo máximo tanto para la presentación de la acusación como para la emisión de la sentencia; siendo suficiente la acreditación del cumplimiento de este margen temporal; sin embargo, posteriormente se cambió dicho entendimiento, al establecer que además del transcurso del tiempo, el imputado debía también acreditar con elementos de convicción necesarios, que los motivos que fundaron su detención preventiva, fueron modificados o que ya no existirían; posteriormente y ante la reforma legislativa establecida por la Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal -Ley 007 de 18 de mayo de 2010- el entendimiento antes señalado se consolidó, en sentido que no operaba la cesación de la detención preventiva por el mero transcurso del tiempo; toda vez que, el imputado tenía el deber de desvirtuar los peligros procesales que determinaron la adopción de la medida cautelar. Sin embargo, mediante la SCP 0827/2013 de 11 de junio, se 19La SCP 0041/2012 de 26 de marzo, en el FJ III.3, señala: “De la relación efectuada por el accionante y las autoridades judiciales demandadas, se evidencia que en el presente caso los demandados actuaron en el marco de las facultades previstas por el art. 239 del CPP, por cuanto rechazaron la solicitud de cesación de la detención preventiva del representado del accionante, efectuando para ello una valoración integral de los presupuestos que determinaron y motivaron la imposición de la citada medida cautelar, señalando en forma expresa al imputado cuáles eran las razones para no proceder a su pedido de cesación indicando en cada riesgo procesal el motivo por el cual el mismo se mantenía subsistente, circunstancias que además son confirmadas por la misma parte accionante, que no niega ello y al contrario centra su demanda de libertad aduciendo que en su caso se cumplió con el supuesto previsto por el art. 239.2 del mencionado Código y que por ende, no requería de mayores formalidades para que las autoridades demandadas dispongan su libertad.
Al respecto, conforme se ha establecido en el fundamento jurídico anterior, el transcurso del tiempo fijado en los numerales 2 y 3 del art. 239 del CPP, no determina por sí solo el cese de la detención preventiva y en su caso, la imposición de medidas sustitutivas o la libertad, y tampoco exime al juzgador de efectuar una valoración integral de los presupuestos que motivaron la detención y en base a ello determinar si en efecto procede el cese de dicha medida, sumándose a ello, el hecho de que la norma en forma expresa determina que vencidos los plazos previstos en los numerales 2 y 3 del art. 239 citado Código, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado”. 20El FJ III.2, señala: “Entonces, efectuando la interpretación de las normas precedentemente citadas (numerales 2 y 3 del art. 239 del CPP), en función a los parámetros de interpretación referidos en líneas precedentes, la adopción de la detención preventiva -entendida como medida cautelar- no puede exceder los plazos establecidos en dichos numerales y, por lo mismo, las autoridades jurisdiccionales deberán disponer la inmediata cesación de la detención preventiva de los imputados sujetos a esta medida por el simple transcurso del tiempo, verificando únicamente, como establece el segundo párrafo del art. 239 del CPP, que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del imputado y adoptando las medidas establecidas en el art. 240 del señalado cuerpo legal, en la medida en que ellas sean efectivas y adecuadas para garantizar la presencia del imputado mientras dure la tramitación del proceso, de modo que, la cesación a la detención preventiva por el transcurso del tiempo no implica que la autoridad judicial disponga libertad irrestricta del encausado, más al contrario, significa cumplir con los estándares exigidos dentro de un Estado Constitucional de Derecho y observar la propia naturaleza de las medidas cautelares. Este razonamiento significa la reconducción de la línea jurisprudencial establecida a partir de la SC 947/01-R de 6 de septiembre de 2001, confirmada posteriormente por la SC 0161/2005-R de 23 de febrero, entre otros, en función al vigente art. 239.2 y 3 y último párrafo del CPP.
Adicionalmente, debe señalarse que la disposición legal contenida en el núm. 3 del art. 239 del CPP establece que cesará la detención preventiva ʽcuando su duración exceda de dieciocho meses (18) sin que se haya dictado acusación o de treinta y seis meses (36) sin que se hubiera dictado sentencia´; última parte de la disposición legal que es claramente imprecisa y obscura, por cuanto establece como condición de la cesación de la detención preventiva por el transcurso del tiempo, la falta de pronunciamiento de la sentencia, sin dilucidar si la misma debe estar ejecutoriada o meramente pronunciada, dando lugar a dos interpretaciones: La primera, que es suficiente la emisión de la Sentencia en primera instancia y que, por ende, aun la detención preventiva hubiere sobrepasado el plazo de treinta y seis meses, no es posible su cesación, por haberse pronunciado la respectiva sentencia; la segunda, que necesariamente la sentencia debe encontrarse ejecutoriada y que, en consecuencia, cuando se sobrepase al plazo de treinta seis meses, aún se cuente con sentencia pronunciada en primera instancia, es posible su cesación, por no encontrarse la resolución ejecutoriada.
Consiguientemente, en mérito a la ambigüedad de los sentidos normativos de dicha disposición legal, la misma debe ser interpretada desde y conforme a las normas constitucionales y del bloque de constitucionalidad, en función a los principios de interpretación de los derechos humanos que se encuentran constitucionalizados.
efectuó una interpretación más favorable y progresiva del art. 239.2 y 3, se retomó el anterior entendimiento, al establecer que la cesación de la detención preventiva opera por el simple transcurso del tiempo, verificando únicamente, que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del imputado y adoptando las medidas necesarias; que las autoridades jurisdiccionales tanto de primera instancia como de alzada, tienen un rol activo en la aplicación de esta norma, lo que implica que éstas deben efectuar un análisis, verificación y valoración de todas las circunstancias que les permita tener certeza en su determinación, labor que también podrán realizar en base a la contrastación de la prueba otorgada por el imputado al tratarse de una solicitud en donde la carga de la prueba le pertenece (las negrillas son añadidas). Ahora bien, esta última interpretación no resulta contraria al orden legal vigente; por cuanto, el entendimiento jurisprudencial establecido en la citada SCP 0827/2013, le es aplicable a dicho artículo; por cuanto, el precedente no encuentra óbice en su observancia, a pesar de las reformas antes señaladas, debido a que la interpretación efectuada por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes mencionada, parte de la Constitución Política del Estado, en concreto a la garantía de la presunción de inocencia, que implica que mientras no se pruebe la culpabilidad del imputado, a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada material, debe ser tratado en todo momento como inocente.
En consecuencia, a partir de los precedentes antes anotados, la procedencia de la cesación de la detención preventiva prevista en el En ese sentido, los principios pro homine, arts. 13.IV y 256.I de la CPE y 29.b) de la CADH, y progresividad (art. 13.I de la CPE) exigen que, al aplicar e interpretar los derechos humanos y fundamentales, siempre se acuda a la norma y a la interpretación más amplia, extensiva y favorable y, en consecuencia, respecto a las limitaciones o restricciones en el ejercicio de un determinado derecho, se efectúe una interpretación restrictiva, con la finalidad de afectar lo menos posible a la vigencia y eficacia del derecho fundamental, garantizado de esa manera, el intérprete de la norma, la plena vigencia de los derechos fundamentales reconocidos a favor de la persona.
Por otro lado, la garantía de la presunción de inocencia, conforme se tiene señalado anteriormente, como regla de tratamiento de la persona que se encuentra sometida a proceso, implica que, el imputado, mientras no se pruebe su culpabilidad a través de una sentencia con calidad de cosa juzgada material, debe ser tratado en todo momento como inocente. En ese sentido, cabe hacer referencia al art. 116.I de la CPE, que garantiza la presunción de inocencia y, como efecto de dicha garantía, constitucionaliza el criterio de interpretación de favorabilidad (pro libertad) cuando exista duda sobre la norma aplicable, al señalar que: ʽ…Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado´.
Criterio de interpretación que antes de la vigencia de la actual Constitución Política del Estado estaba contenido en los arts. 6, 7 y 221 del CPP, cuyas normas armonizan, con las consideraciones antes señaladas, puesto que; por un lado, establece la garantía de la presunción de inocencia, exigiendo que el imputado reciba un trato de inocente mientras no exista contra ella una sentencia ejecutoriada que demuestre su culpabilidad y; por otro, consagra la aplicación del principio de favorabilidad en cuanto al régimen de las medidas cautelares, instituyendo que, al surgir una duda en cuanto a su aplicación se refiere, debe imponerse lo menos perjudicial al ejercicio de los derechos fundamentales del encausado. A la luz de los criterios de interpretación antes señalados, debe entenderse que la sentencia a la que alude la norma contenida en el num. 3 del art. 239 del CPP, se refiere a una sentencia que se encuentra ejecutoriada y, en ese sentido, es posible la cesación de la detención preventiva, cuando se sobrepase el plazo de treinta y seis meses, aún se cuente con sentencia pronunciada en primera instancia, siempre y cuando, claro está, que la demora no sea atribuible a actos dilatorios del propio imputado, conforme dispone la parte in fine del art. 239 del CPP. Asumir un entendimiento contrario implicaría efectuar una interpretación restrictiva de la norma, no permitida por el orden constitucional ni legal, conforme se tiene ampliamente explicado”.
art. 239 del CPP, en su numeral 2, en cuanto al cumplimiento del plazo dispuesto para la detención, esta procede únicamente cuando el Ministerio Público no haya solicitado la ampliación de la detención preventiva, sin que se exija otro requisito; empero, si es que el Fiscal solicitó la ampliación de detención, esta debe ser considerada en una audiencia pública, donde el Juez debe considerar la pertinencia de la solicitud atendiendo las exposiciones de las partes, y en caso de hacer viable la misma esta autoridad debe establecer el plazo de manera razonable y proporcional, siempre y cuando no exista otra medida menos gravosas para su aplicación. Y, en relación al numeral 3 del mismo artículo, operará por: a) El sólo transcurso del tiempo sin que sea necesario que el imputado, adicionalmente, desvirtúe los riesgos procesales que fundaron su detención preventiva; y, b) Siempre y cuando la demora o dilación procesal no sea atribuible al imputado y no se trate de un delito exceptuado por la norma.
Del contraste de la demanda tutelar con los antecedentes y Conclusiones que emergen del expediente constitucional, se evidencia que dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público contra Emilio Arnulfo Camargo Hoyos -ahora accionante- y otros, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, el Tribunal de Sentencia Penal Séptimo -ahora codemandado-, pronunció el Auto Interlocutorio de 28 de agosto de 2020 que rechazó la petición de cesación a la detención preventiva formulada en virtud al supuesto cumplimiento de la causal establecida en el art. 239.3 del CPP. En mérito a esa decisión, el aludido accionante interpuso recurso de apelación incidental; a tal efecto, el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz -ahora codemandado-, emitió el Auto de Vista 307/2020 de 24 de noviembre, declarando improcedente las cuestiones planteadas, y en el fondo confirmó el fallo impugnado. Con carácter previo, es pertinente aclarar que si bien el impetrante de tutela en su acción de defensa demandó a la Jueza Técnica del Tribunal de Sentencia Penal Séptima, así como al Vocal de la Sala Penal Segunda, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; sin embargo, cuestionó ambas determinaciones con los mismos argumentos; en consecuencia, este Tribunal se circunscribirá o avocará al análisis y estudio del referido fallo de alzada dado que conforme a sus atribuciones dicho tribunal debe resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentan su decisión, y así reparar la probable lesión ocasionada por la autoridad de la instancia inferior; en ese sentido, este Tribunal de acuerdo a lo sustancial de las cuestiones jurídicas y fácticas denunciadas en el presente caso, en previsión que los posibles efectos de la Sentencia Constitucional Plurinacional sean efectivos, inmediatos y oportunos conforme a la naturaleza jurídica de esta acción de defensa, referida a la pronta e inmediata protección de los derechos fundamentales suprimidos, restringidos o amenazados; analizará y resolverá a partir de lo actuado por la autoridad de alzada demandada. Ahora bien, ingresando a examinar el fondo del presente caso, con el fin de establecer si las denuncias expresadas por el accionante, respecto a la presunta falta de fundamentación y motivación presentada en el Auto de Vista ahora objetado, corresponde efectuar un análisis de los agravios mencionados en el recurso de apelación incidental formulado por el nombrado, los cuales se hallan consignados en la precitada Resolución. De esta manera, el ahora accionante reclamó que se encuentra procesado por la presunta comisión de un delito de falsedad cuyo quantum de la pena oscila entre uno a seis años; así el art. 239.3 del CPP vigente, establece que sólo basta que la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga, en el presente caso se encuentra cumpliendo la medida extrema, más de dos años; es decir, más allá del mínimo legal estipulado legalmente, presupuesto que no fue valorado de acuerdo a los antecedentes del caso que indiscutiblemente consta en actuados y lo previsto por los arts. 171 y 173 del CPP; máxime si se considera que el Tribunal a quo fundamentó su decisión en la falta de acreditación de este aspecto con el certificado de permanencia y conducta correspondiente -ya solicitado-. A su turno, el Vocal demandado a través del Auto de Vista 307/2020, declaró improcedente la cuestión planteada, y en el fondo confirmó el Auto Interlocutorio de 28 de agosto de 2020, expresando los siguientes fundamentos: a) Con relación al art. 239.3 del CPP aclara que el pronunciamiento apelado a resolverse es el de 28 de agosto del 2020; no así la resolución escrita de 24 del mismo mes y año, que también hace referencia a la causal prevista por el art. 239.3 del CPP, esto en razón al oficio 284/2020 emitido por el Tribunal a quo que evidencia lo señalado; b) El citado Auto interlocutorio se basa en dos fundamentos para rechazar la solicitud de cesación a la detención preventiva, el primero estableciendo que: "...no existe prueba alguna que hubiera presentado la defensa para demostrar al Tribunal que evidentemente los imputados, o la mora procesal de los imputados, es decir que la solicitud que han realizado para el Tribunal, considera que han sido confusas, porque de haber mencionado en la solicitud que se refería tal como lo han solicitado en audiencia, lógicamente que se trata de una resolución de escritorio, hubo la falta de carga de prueba argumentativa y no existe prueba alguna que este Tribunal al haber observado todo aquello, sin entrar a otras consideraciones de orden legal…", esto en referencia a que la petición de cesación a la detención preventiva prevista por la causal prevista en el art. 239.3 del CPP ya fue conocida y resuelta en el Auto interlocutorio de 24 de agosto del 2020; c) El segundo, que: "...por otra parte más allá de haber hecho incurrir en error al Tribunal, por no especificar los artículos en la solicitud..."; es decir, el A quo entiende que el apelante al no especificar en la audiencia de 28 de agosto de 2020 la causal del art. 239 del CPP en que sustenta su petición le hizo incurrir en error, esto debido a que anteriormente ya se habría resuelto por escrito -hace cuatro días atrás- una similar petición; en tal sentido -agrega el Vocal codemandado- que si bien la impugnación planteada se fundamenta en el art. 239.3 del CPP, este agravio no se examinará porque ya fue considerado en la resolución de 24 de agosto del 2020 que también fue apelada, problemática que resulta confusa al haber sido ya resuelta y luego apelada; y, d) Las condiciones legales para declarar la procedencia de la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento de la causal establecida en el art. 239.3 del CPP se hallan definidas en que el imputado se halle detenido preventivamente más del límite mínimo legal de la pena establecida que en el caso es de uno a seis años; además que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, que en la especie se constata que el apelante presentó en marzo de 2020 incidente de recusación al inicio de la fase de conclusiones del juicio oral que fue rechazada y declarada ilegal para posteriormente declararse la cuarentena -se entiende por emergencia sanitaria del COVID 19-, sumado a la falta de traslado del acusado a la audiencia de juicio oral que originaron la suspensión de dicho acto procesal, dilaciones que marcan el interrogante de si esta conducta debe ser atribuible al Tribunal de Sentencia Penal, al Ministerio Público o al imputado quien debió asegurar su presencia y la de su defensa técnica; a tal efecto, la presentación del certificado de buena conducta en el recinto penitenciario, sólo acredita el tiempo de duración de la privación de libertad y no así el presupuesto extrañado. Conforme al despliegue jurisprudencial expresado en los Fundamentos Jurídico III.1 y III.2 del presente fallo constitucional, los tribunales de alzada al momento de conocer y resolver un recurso de apelación incidental están obligados a responder los agravios denunciados -según dispone el art. 398 del CCP-, emitiendo una resolución debidamente motivada y fundamentada, en observancia de lo dispuesto por el art. 124 del citado Código. Bajo ese entendimiento jurisprudencial, del análisis de los fundamentos expresados en el Auto de Vista cuestionado, se infiere que el Vocal demandado se pronunció respecto a todos los agravios mencionados por el impetrante de tutela en el recurso de apelación incidental que interpuso; es decir, circunscribió su actuación a resolver los aspectos que fueron impugnados por el prenombrado, en consonancia con la jurisprudencia constitucional antes descrita; ya que, se refirió a la situación puntualmente cuestionada. Respecto al agravio principal denunciado, sobre que las autoridades jurisdiccionales accionadas no valoraron que la duración de su detención preventiva excede sobreabundantemente el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave por el que se le juzga; el Tribunal de apelación ahora demandado, a fin de dar respuesta a esa denuncia, hizo mención a los argumentos esgrimidos por la autoridad inferior en su Auto Interlocutorio de 28 de agosto de 2020, para rechazar la petición de cesación a la detención preventiva consistentes en la existencia de una anterior solicitud similar, por la causal prevista en el art. 239.3 del CPP ya conocida y resuelta por Resolución de 24 de agosto del 2020 que también fue apelada; motivo por el cual, no resultaría posible considerar nuevamente el cumplimiento de dicha causal de cesación, especialmente si dicha determinación se halla impugnada. Por otro lado, ratificó que las condiciones legales para declarar la procedencia de la cesación a la detención preventiva por el cumplimiento de la causal establecida en el art. 239.3 del CPP no sólo se circunscribe a la duración de la detención preventiva más allá del límite mínimo legal de la pena establecida -que en el caso es de uno a seis años-, sino que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, elemento que no se demostró por el acusado -ahora impetrante de tutela- identificando actos dilatorios concretos que en su criterio fueron realizados por el ahora accionante. Ahora bien, de la relación efectuada por el accionante y las autoridades judiciales demandadas, se evidencia que en el presente caso el Vocal codemandado actuó en el marco de las facultades previstas por el art. 239 del CPP; esto en razón, a que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva del accionante impetrada por la causal tercera de la señalada norma procedimental penal, señalando en forma expresa al imputado cuáles eran las razones para no proceder a su pedido de cesación, circunstancias que además son confirmadas por la misma parte accionante que no niega ello, y al contrario centra su demanda de libertad aduciendo que en su caso se cumplió con el supuesto previsto por el art. 239.2 del mencionado Código -duración de la medida extrema exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga- y que por ende, no requería de mayores formalidades para que las autoridades demandadas dispongan su libertad. En tal sentido, conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.4 de este fallo constitucional, el transcurso del tiempo fijado en el numeral 3 del art. 239 del CPP, no determina por sí solo el cese de la detención preventiva y en su caso, la imposición de medidas sustitutivas o la libertad. Por esto, la norma en forma expresa condiciona en la citada disposición legal, que el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado. A ello se suma que por el alcance y fin que tiene, la carga de la prueba en la cesación de la detención preventiva le compete al imputado, pues es a éste a quien le corresponde demostrar tanto el cese de los motivos de la detención, así como que los actos dilatorios no le son atribuibles. Labor que se justifica en el principio de libertad probatoria y el ejercicio de todos los medios legales para probar su interés jurídico con la finalidad del cese de su detención, al no haber provocado dilación injustificada. Finalmente, sobre la denuncia que el Vocal ahora demandado no devolvió el cuaderno de apelación al Tribunal a quo con el Auto de Vista de 24 de noviembre de 2020, impidiendo que presente una nueva solicitud de cesación. Al respecto, con relación a la posibilidad de efectuar una nueva solicitud de cesación a la detención preventiva, estando pendiente de resolución la apelación de una anterior solicitud, la SCP 0631/2014 de 25 de marzo, estableció que una nueva solicitud implica la presentación de nuevos argumentos y elementos, por lo que el fundamento de la solicitud es diferente, por lo cual no puede estar condicionada a que se resuelva una apelación pendiente, y que en mérito al principio de favorabilidad en caso de duda debe estarse a lo que sea más favorable al imputado. Consecuentemente, la demora procesal alegada no impedía al accionante presentar una nueva solicitud de cesación de detención preventiva, ni constituía obstáculo alguno para que ejerza su amplia defensa con la finalidad de obtener la cesación antedicha, activando los medios y recursos establecidos en el CPP. Por las razones expuestas, no corresponde otorgar la tutela en el presente caso, al no advertirse la vulneración de derecho alegada, por parte del Vocal codemandado, quien al contrario enmarcó sus actuaciones al cumplimiento de la finalidad del art. 239 del CPP, explicando además en forma motivada y fundamentada las razones por las que no procedía el cese de la detención preventiva. En consecuencia, la Jueza de garantías al denegar la tutela impetrada, obró correctamente.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera, en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 1/2021 de 6 de enero, cursante de fs. 33 vta. a 36; pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimocuarta de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
10 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 11El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
17 Los párrafos 66 y 67, sostienen: “66. El artículo 7.3 de la Convención prohíbe la detención o encarcelamiento por métodos que pueden ser legales, pero que en la práctica resultan irrazonables, o carentes de proporcionalidad. Además, la detención podrá tornarse arbitraria si en su curso se producen hechos atribuibles al Estado que sean incompatibles con el respeto a los derechos humanos del detenido.
18 Así, la SC 272/2001-R de 2 de abril, en su Cuarto Considerando, indicó: “Que en el caso de autos, la petición del recurrente se encuentra dentro de los alcances de la causal prevista por el art. 239-3) de la Ley N° 1970, al estar bajo detención por más de veinticuatro meses sin que la sentencia dictada en primera instancia haya adquirido calidad de cosa juzgada, correspondiendo otorgarle la cesación de su detención preventiva y la sustitución de la misma por otras medidas cautelares, en estricta aplicación del art. 240 de la citada Ley N° 1970, conforme ha reconocido la uniforme jurisprudencia constitucional (así Sentencias Nos. 122/01-R y 137/01-R). Que las autoridades recurridas al rechazar la solicitud de cesación de detención preventiva, han cometido un acto ilegal que atenta contra el derecho a la libertad del recurrente, por lo que el Tribunal de Hábeas Corpus, al haber declarado Procedente el Recurso interpuesto, ha efectuado una correcta aplicación del art. 18 de la Constitución Política del Estado”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1242_2023-S1.pdf · páginas 1 a 21.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8de92ccb2c80a2b78d0c5eace519e8d1eb2b62e608de4e1dbd8dcf3cee75a2ab
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