B.IA.LEGAL

SCP 1241/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 23 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
23 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55812-2023-112-AL
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como del principio de legalidad; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista 134/2023, dispuso su detención preventiva por el plazo de dos meses: a) Actuando de manera extra petita, al sustituir el criterio de la Jueza a quo e incorporar fundamentos ajenos a los agravios planteados por el Ministerio Público, pues, al declarar la concurrencia del requisito establecido en el art. 233.3 del CPP, presumió erróneamente que la Jueza consideró indispensables determinados actos investigativos; y, b) Sin identificar de forma concreta el perjuicio derivado de la resolución impugnada ni justificar la necesidad de la medida extrema en relación con los actos de investigación a realizarse dentro del plazo solicitado. La parte demandada no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 019/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 29 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1241/2025-S2 Sucre, 23 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55812-2023-112-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 019/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 29 a 35 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Rudy Edwin Zaconeta Flores en representación sin mandato de Guillermo Marco Ledezma Jiménez contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de mayo de 2023, cursante de fs. 1 a 8 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación, el 19 de marzo de 2023, se llevó a cabo ante la Jueza de Instrucción Penal Primera de la Capital del departamento de Oruro una audiencia de aplicación de medidas cautelares, donde dicha autoridad emitió el Auto Interlocutorio 142/2023 de la misma fecha, mediante el cual rechazó la solicitud del Ministerio Público de imponer la medida extrema de detención preventiva, disponiendo, en su lugar, medidas cautelares personales menos gravosas. Dicha decisión se sustentó en la constatación de elementos de convicción suficientes sobre la probabilidad de autoría y la existencia de peligro de fuga, mas no así de peligro de obstaculización. En consecuencia, la citada Jueza determinó que no se configuraban los tres presupuestos concurrentes exigidos por la norma para disponer la detención preventiva como medida de última ratio.

Concluida la audiencia, el Ministerio Público interpuso recurso de apelación incidental, solicitando la remisión del testimonio correspondiente. Dicho recurso fue resuelto por Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, en audiencia celebrada el 10 de marzo de 2023. En dicha oportunidad, el Ministerio Público cuestionó que la Jueza a quo acreditó la probabilidad de autoría respecto al delito de violación, pero no dispuso la detención preventiva, pese a la concurrencia del peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del Código de Procedimiento Penal (CPP), relativo al peligro efectivo para la víctima. En ese contexto, los agravios del Ministerio Público se centraron exclusivamente en los numerales 1 y 2 del art. 233 del citado Código, sosteniendo que, de verificarse ambos, correspondía imponer la medida extrema. No obstante, la autoridad demandada, apartándose de los límites de la impugnación fiscal, dictó el Auto de Vista 134/2023 de 10 de marzo, mediante el cual revocó la resolución apelada y dispuso su detención preventiva por el plazo de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del departamento de Oruro, fundamentando su decisión en la supuesta concurrencia de los tres presupuestos exigidos por la ley procesal penal y asumiendo que la Jueza a quo reconoció actos de investigación a desarrollarse durante el periodo de detención. Tal resolución careció de sustento jurídico y fáctico, puesto que: a) La Jueza de la causa, mediante razonamiento debidamente motivado, determinó la inexistencia del peligro de obstaculización, lo que hacía improcedente la detención preventiva; sin embargo, la autoridad demandada actuó de manera extra petita, sustituyendo el criterio de la Jueza e introduciendo fundamentos ajenos a los agravios planteados por el Ministerio Público; y, b) No identificó de forma concreta el perjuicio derivado de la resolución impugnada ni justificó la necesidad de la medida extrema en función de los actos de investigación a desarrollarse en el plazo solicitado.

I.1.2. Derechos y principio supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; y, el principio de legalidad; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE); 8, 9 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH); y, 7.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista 134/2023, disponiendo que la autoridad demandada convoque a nueva audiencia y pronuncie uno nuevo: “…en el marco del Código de Procedimiento Penal modificado por la Ley 1173 ejercitando un análisis adecuado confirmando para ese efecto el Auto Interlocutorio de fecha 19 de marzo de 2023…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 17 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 26 a 28 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, sostuvo que: 1) La Jueza a quo, en el Auto Interlocutorio 142/2023, estableció que ninguno de los actos de investigación requería la privación de libertad, razón por la cual impuso medidas menos gravosas; sin embargo, el Vocal demandado, al resolver la apelación, presumió erróneamente que la Jueza consideró indispensables tales actos y amplió el razonamiento del representante del Ministerio Público, incorporando fundamentos no alegados por este; 2) La autoridad demandada no explicó qué actos de investigación requerían la detención del imputado ni por qué razón la libertad podía obstaculizarlos, incumpliendo lo establecido en el art. 233.3 del CPP; y, 3) Su persona se presentó voluntariamente a las audiencias y cumplió con las medidas impuestas, demostrando su sometimiento al proceso penal, por lo que no existía peligros de fuga ni de obstaculización.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno, pese a su citación cursante a fs. 10.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro, constituido en Juez de garantías, por Resolución 019/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 29 a 35 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) En la audiencia de medidas cautelares, la Jueza de la causa emitió el Auto Interlocutorio 142/2023, en el cual determinó que existían elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría del impetrante de tutela y la concurrencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del CPP; no obstante, al analizar el art. 233.3 del citado Código -que exige justificar el plazo de la detención preventiva en función de los actos investigativos a realizarse en ese período- la Jueza a quo concluyó que la solicitud del Ministerio Público resultaba excesiva y que ninguno de los actos propuestos reclamaba, de manera necesaria e inexcusable, la presencia del imputado en situación de privación de libertad; en consecuencia, rechazó la pretensión de detención preventiva; ii) El Ministerio Público apeló aquel auto, sosteniendo que, dada la naturaleza de los hechos y la vulnerabilidad de la víctima, correspondía la detención preventiva para garantizar la averiguación de la verdad y la protección de la misma, enfatizando actos investigativos como pericias psicológicas, anticipos de prueba, inspecciones, entrevistas y otras diligencias; en la resolución de ese recurso, el Vocal demandado, a través del Auto de Vista 134/2023, revocó la decisión impugnada y ordenó la detención preventiva del impetrante de tutela, pues dicha autoridad entendió que se cumplieron los requisitos de los numerales 1, 2 y 3 del art. 233 del CPP, asumiendo que los actos investigativos apuntados por la fiscalía justificaban un plazo de privación de libertad; iii) Tras revisar el contenido del Auto de Vista cuestionado, no se advirtieron violaciones a derechos ni a garantías procesales por parte del demandado, ya que su resolución estuvo debidamente motivada, fundamentada y fue congruente, pues detalló los puntos alegados en la apelación y expuso las razones que justificaron la adopción de la medida en el plazo fijado. En vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante, a través de su abogado, insistió en la existencia de vulneración del principio de congruencia, sosteniendo que, en la audiencia de apelación, el representante del Ministerio Público no incorporó a su alegato agravios relacionados al plazo de detención preventiva. Asimismo, solicitó que se precisara qué actos investigativos impedían su realización si el imputado permanecía en libertad. Ante ello, el Juez de garantías, a tiempo de ratificar el tenor integró de la Resolución pronunciada, señaló que, en el Auto Interlocutorio 142/2023 sí constaba referencia expresa a la petición fiscal del plazo de detención preventiva por seis meses, con lo cual consideró que la formalidad procesal quedó cumplida.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 142/2023 de 19 de marzo, Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó del departamento de Oruro, rechazó el requerimiento fiscal de imponer la detención preventiva a Guillermo Marco Ledezma Jiménez -accionante-y, en su lugar, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a dicha medida extrema (fs. 20 a 23 vta.). II.2. Por Auto de Vista 134/2023 de 10 de abril, Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -demandado-, declaró procedente el recurso de apelación formulado por la representación fiscal y, en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio precisado en la Conclusión II.1, ordenando la detención preventiva del peticionante de tutela por el plazo de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del citado departamento (fs. 24 a 25 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia, así como del principio de legalidad; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista 134/2023, dispuso su detención preventiva por el plazo de dos meses: a) Actuando de manera extra petita, al sustituir el criterio de la Jueza a quo e incorporar fundamentos ajenos a los agravios planteados por el Ministerio Público, pues, al declarar la concurrencia del requisito establecido en el art. 233.3 del CPP, presumió erróneamente que la Jueza consideró indispensables determinados actos investigativos; y, b) Sin identificar de forma concreta el perjuicio derivado de la resolución impugnada ni justificar la necesidad de la medida extrema en relación con los actos de investigación a realizarse dentro del plazo solicitado. La parte demandada no asistió a la audiencia de garantías ni remitió informe escrito alguno. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Obligación del Tribunal de apelación de fundamentar y motivar la resolución que disponga, modifique o mantenga una medida cautelar

El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0339/2012 de 18 de junio, estableció que: “…la citada SC 0089/2010-R, señaló: ‘…está obligado igualmente a dictar una resolución debidamente fundamentada sobre la necesidad de aplicar dicha medida cautelar de carácter personal, explicando la concurrencia de los dos requisitos determinados en el art. 233 del CPP. En ese sentido, se ha establecido que el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto, debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva’. Así también, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, determinó que: ‘Ahora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar’. De lo que se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales no sólo es exigible al momento de disponer la detención preventiva, sino también cuando se rechaza la solicitud de cesación de la detención preventiva, se determine la sustitución o modificación de esa medida o, finalmente, cuando se la revoca; aclarándose que la fundamentación se exige tanto en las resoluciones pronunciadas en primera instancia, como aquellas emitidas en apelación y en toda decisión judicial conforme establece el art. 124 del CPP” (las negrillas son nuestras). Por su parte, la SCP 1083/2014 de 10 de junio, en lo concerniente al principio de congruencia, señaló que: “…amerita una comprensión desde dos acepciones; primero, relativo a la congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales, en definitiva, es una prohibición para el juzgador considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando su consideración a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y, segundo, la congruencia interna, referido a que, si la resolución es comprendida como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión” (las negrillas nos corresponden).

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática planteada, se advierte que el 19 de marzo de 2023 se llevó a cabo una audiencia de aplicación de medidas cautelares dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación. En dicha oportunidad, Yesika Maura Daga Prialet, Jueza Pública Mixta Civil y Comercial, de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Poopó del departamento de Oruro, por Auto Interlocutorio 142/2023 de la misma fecha, rechazó el requerimiento fiscal de imponer la detención preventiva al prenombrado y, en su lugar, dispuso la aplicación de medidas cautelares personales distintas a dicha medida extrema (Conclusión II.1). La mencionada autoridad sustentó su decisión en los fundamentos expuestos por la representación del Ministerio Público, que solicitó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva conforme a los tres requisitos previstos en el art. 233 del CPP: 1) Respecto a la probabilidad de autoría, la autoridad judicial la consideró acreditada conforme a los elementos valorados en la resolución; 2) En cuanto a la existencia de peligros procesales de fuga u obstaculización, la Jueza a quo determinó la concurrencia del art. 234.7 del citado Código, señalando que el peticionante de tutela y la víctima en el proceso penal reconocieron haber mantenido relaciones sexuales previas de manera consentida, por lo que descartó la existencia de un peligro social general, limitando su valoración al riesgo específico respecto a la víctima; y, 3) Con relación a la necesidad de la medida cautelar y la proporcionalidad del plazo, la Jueza a quo señaló que, el Ministerio Público solicitó la detención preventiva por seis meses, justificando dicho lapso en la necesidad de realizar determinadas diligencias investigativas -como ser una pericia psicológica, declaración anticipada en cámara Gesell, inspección ocular, entrevistas testificales y análisis de cámaras de vigilancia-; sin embargo, consideró excesivo el plazo requerido, al advertir que la mayoría de dichas diligencias podían desarrollarse sin la presencia del imputado. Contra dicha determinación, el representante fiscal interpuso recurso de apelación incidental, resuelto por la autoridad demandada mediante Auto de Vista 134/2023 de 10 de abril, que declaró procedente el recurso, revocó el Auto Interlocutorio impugnado y dispuso la detención preventiva del impetrante de tutela por el plazo de dos meses en el Centro Penitenciario San Pedro del referido departamento (Conclusión II.2).

En ese contexto, de la revisión de los dos alegatos que conforman el objeto procesal de la presente acción, se advierte una correlación directa en su contenido, ya que ambos se centran en cuestionar la concurrencia del requisito previsto en el art. 233.3 del CPP en la situación jurídica del accionante para la imposición de la detención preventiva. Por un lado, se cuestiona la resolución apelada por una presunta incongruencia externa entre lo impugnado por el representante del Ministerio Público y lo resuelto por la autoridad demandada; y, por otro, se alega una supuesta falta de motivación respecto a la necesidad de la medida extrema en relación con los actos de investigación. En consecuencia, resulta necesario abordar la problemática planteada de manera integral, considerando ambos cuestionamientos en conjunto, de la siguiente forma:

Al respecto, de la revisión del Auto de Vista 134/2023, se advierte que el representante del Ministerio Público, al momento de fundamentar su recurso de apelación, solicitó la revocatoria de la resolución apelada y la imposición de la medida cautelar de detención preventiva al peticionante de tutela. Alegó como agravio que la Jueza a quo reconoció la existencia de elementos de convicción suficientes sobre la probable autoría del accionante en la comisión del presunto hecho ilícito, de acuerdo a lo previsto en el art. 233.1 del CPP; así como la concurrencia del peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal. Asimismo, sostuvo que la vinculación entre las diligencias investigativas a realizarse y el plazo de detención solicitado se encontraba respaldada en los antecedentes del proceso, razón por la cual solicitó la aplicación de la medida extrema de detención preventiva. Ante ello, el Vocal demandado, por Auto de Vista 134/2023, sustentó su decisión de revocar la resolución apelada en los siguientes fundamentos: i) Conforme al “…principio de juicio predecible…” (sic), cuando concurren los requisitos previstos en el art. 233.1 y 2 del CPP -es decir, la existencia del hecho y la probable participación del imputado, junto con los riesgos procesales-, es posible disponer la detención preventiva; ii) Respecto al requisito establecido en el numeral 3 del citado artículo, la propia Jueza a quo reconoció su concurrencia al enumerar diversos actos investigativos pendientes, como la pericia psicológica a la víctima, la declaración anticipada en cámara Gesell, las requisas y entrevistas policiales, entre otros; en ese sentido, resultó errónea la decisión de no ordenar la detención preventiva, pese a que se cumplían todos los presupuestos legales y que el Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses, sin que la resolución impugnada se pronunciara al respecto; y, iii) La Jueza a quo no aplicó correctamente la normativa procesal, pues reconoció la concurrencia de los requisitos legales y, sin embargo, emitió una resolución anómala e irregular, al no disponer la detención preventiva del accionante. Ahora bien, considerando lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no resulta necesaria una exposición ampulosa de apreciaciones o citas legales, pues una decisión judicial puede ser concisa, siempre que sea clara, justifique razonablemente la resolución adoptada y dé respuesta a todos los puntos impugnados. Es así que, del análisis de los argumentos expuestos, se advierte que la autoridad demandada constató que la resolución apelada contenía una contradicción sustancial en su razonamiento, pues reconoció expresamente la concurrencia de los tres requisitos establecidos en el art. 233 del CPP y, no obstante, denegó la aplicación de la detención preventiva sin una justificación jurídica coherente, pese también a que identificó la necesidad de la realización de determinados actos investigativos, basando la negativa únicamente en una apreciación subjetiva sobre la presunta innecesariedad de la presencia del imputado. Aquello motivó a que, por Auto de Vista 134/2023, y atendiendo al alegato impugnatorio formulado por el Ministerio Público -que sostuvo haberse cumplido con la trilogía habilitante de la medida extrema y demostrado, a partir de los antecedentes procesales, la necesidad de ejecutar actos investigativos dentro del plazo solicitado-, la autoridad demandada corrigiera dicha inconsistencia, concluyendo que, acreditados sus presupuestos, correspondía disponer la detención preventiva. Bajo esa comprensión, el Vocal demandado razonó de manera coherente con los fundamentos del recurso de apelación, concluyendo que la Jueza a quo incurrió en un error al apartarse del marco normativo que habilita la aplicación de la medida extrema cuando concurren los tres requisitos legales. En tal sentido, sustentó su decisión en la necesidad de garantizar la eficacia de las diligencias investigativas precisadas. Por ello, se evidencia que la resolución cuestionada se encuentra debidamente motivada, pues, a diferencia de lo alegado por el accionante, resulta congruente con los agravios planteados, al corregir las deficiencias argumentativas de la resolución recurrida e identificar los actos investigativos cuya realización era necesaria en el caso concreto, lo que justificaba la imposición de la medida extrema a fin de asegurar la efectividad de dichas diligencias; por consiguiente, no se advierte la lesión del derecho al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia. Finalmente, en cuanto a la presunta lesión de los derechos a la libertad y al debido proceso en su elemento fundamentación, así como del principio de legalidad, se advierte que el cuestionamiento del accionante se fundamentó en los mismos argumentos relativos a la supuesta afectación al debido proceso en sus elementos motivación y congruencia. En consecuencia, dichos planteamientos siguen la misma suerte que los anteriormente analizados, debiéndose denegar la tutela solicitada en este punto. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 019/2023 de 17 de mayo, cursante de fs. 29 a 35 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Quinto de la Capital del departamento de Oruro; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1241_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.

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