Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 4 de diciembre de 2023
Deniega la tutela
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica; toda vez que se encuentra ilegal e indebidamente procesado, debido a que fue notificado con una liquidación por asistencia familiar en favor de su hijo, no obstante que este abandonó sus estudios, demostrando que no tenía intenciones de profesionalizarse; pese a ello, la Jueza demandada pretende que la asistencia familiar persista hasta los veinticinco años, mientras no exista una resolución de cesación de la misma, expidiendo mandamiento de apremio en su contra por la asistencia familiar impaga. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, por no haber agotado el peticionante de tutela, los medios intraprocesales que tenía a su alcance, para reclamar sus derechos supuestamente vulnerados, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1241/2023-S1 Sucre, 4 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 43817-2021-88-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 105/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Luis Jorge Gonzales contra Elsa Sangüeza Cossío, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 26 de octubre de 2021, cursante de fs. 6 a 12 vta., el accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del fenecido divorcio seguido por Carol Jannet Gutiérrez Infantes tramitado en el Juzgado Público de Familia Tercero de la Capital del departamento de La Paz, signado con el Número de Registro Judicial (NUREJ) 2015112, se determinó una asistencia familiar en favor de Luis Fabián Jorge Gutiérrez; asistencia familiar que por mandato del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF) -Ley 603 del 19 de noviembre de 2014- es obligatoria hasta que se cumpla con la mayoría de edad, por lo que presentó el cese de la misma; sin embargo, el 5 de agosto de 2019 la entonces titular -se colige del juzgado- emitió la Resolución 156/2018 en favor del beneficiario Luis Fabián Jorge Gutiérrez en la suma de Bs800.- (ochocientos bolivianos), en virtud a que el mismo estaba estudiando en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) del referido departamento, en la carrera de Contaduría Pública. Sin embargo, el 21 de julio de 2021 fue notificado con una liquidación de asistencia familiar presentada por el beneficiario, pidiendo que se pague la suma de Bs22 680.-(veintidós mil seiscientos ochenta bolivianos) por concepto de asistencia familiar desde marzo de 2019, presentando para ello una inscripción del semestre y gestión 2/2020 en la Universidad Católica Boliviana (UCB) San Pablo del mismo departamento, respondiendo frente a ello que la Resolución 826/2019 emitida por la Jueza Mitzi Sidney Mejía Morales establecía que el beneficiario Luis Fabián Jorge Gutiérrez, cursaba la carrera de Contaduría Pública en la UMSA; empero, por informe del Director de Carrera de dicha universidad se acreditó que reprobó algunas materias, sin estudiar toda la gestión 2019, hasta que finalmente abandonó la señalada carrera el mismo año, demostrando que no tenía intenciones de profesionalizarse, no obstante de ello, la Jueza demandada el 2 de septiembre de 2021, emitió la Resolución 451/2021 mediante la cual señaló que Luis Fabián Jorge Gutiérrez estaba estudiando en la UCB San Pablo desde el segundo semestre del año 2020, cursando a la fecha el segundo semestre en la carrera de Ingeniería Financiera. Cabe señalar que la asistencia familiar no cesa de facto sino ipsu iure y mientras no exista una resolución que cese la asistencia familiar la misma continua sumándose a la obligación, razón por la que solicitó complementación y enmienda refiriendo que el beneficiario logró la extensión de la asistencia familiar por estudiar en la UMSA en la carrera de Contaduría Pública, pero que abandonó sus estudios; no obstante de ello se expidió mandamiento de apremio en su contra, notificándosele el 26 de octubre de 2021 a horas 13:45, poniendo en riesgo su libertad “debido a que EL BENEFICIARIO NO HA CUMPLIDO CON LO DISPUESTO en la Resolución 826/2019 emitida por la Jueza Mitzi Sidney Mejía Morales” (sic). Asimismo, refirió que está perseguido ilegalmente e indebidamente procesado en virtud a que se pretende que la asistencia familiar persista y subsista hasta los veinticinco años, sin considerar que la Resolución 826/2019 estableció los parámetros del lugar donde estudiaba Luis Fabián Jorge Gutiérrez y pese a demostrarse que abandonó la carrera de Contaduría Pública, se pretende a “mansalva” una asistencia familiar con el beneplácito de la Jueza demandada, al determinar que la asistencia familiar continúe hasta la antedicha edad y mientras no exista una resolución de cesación de la misma, vulnerando lo establecido por el art. 109.II de la Ley 603, que dispone que la asistencia familiar es de carácter obligatorio hasta los dieciocho años, siendo prorrogable hasta los veinticinco años siempre y cuando el beneficiario demuestre dedicación a su estudio, sin que el Código de las Familias y del Proceso Familiar, establezca que la asistencia familiar es obligatoria hasta los veinticinco años y “peor aún esta extensión no está sujeta a una demanda de cese de asistencia familiar, sino al control del juez público de familia quien deberá verificar a peritación de las partes si el beneficiario CUMPLE A CABALIDAD CON SUS ESTUDIOS O INCUMPLE CON LOS MISMOS” (sic).
El solicitante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad, y, a la seguridad jurídica, citando al efecto los arts. 23.I, 109.I, 115.I, 119.I y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se deje sin efecto la Resolución 451/2021 de 2 de septiembre, el mandamiento de apremio expedido el 26 de octubre de 2021 y se emita nueva resolución debidamente fundamentada por la autoridad jurisdiccional demandada.
La audiencia pública virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 27 de octubre de 2021, según consta en acta cursante a fs. 20 a 22, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante se ratificó en el contenido íntegro de su demanda de acción de tutela y en el desarrollo de la audiencia, señalo lo siguiente: a) Se le está procesando ilegalmente, la Jueza nunca refirió que ha sucedido con los estudios en la UMSA, que cursaba el beneficiario de la asistencia familiar, directamente se vulnera la norma que señala hasta los dieciocho años y no así hasta los veinticinco, b) Se apersonó ante el juzgado donde el secretario le indicó que no opera ipso facto la cesación; c) La Sentencia “1011/2013” dispone que puede existir grave culpa en el beneficiario, cuando él demuestra ausencia absoluta de predisposición de someterse a la educación superior, pretendiendo encontrar en la asistencia familiar un medio de subsistencia; d) Se pretende que pague la asistencia familiar del 2019, cuando el beneficiario no ha estudiado; el 2020 se indica que está estudiando en la UCB San Pablo desde el segundo semestre, obligándole a pagar los otros seis meses que no estudió el 2020, vulnerando el art. 109 referido a la obligatoriedad de la asistencia y la ley del órgano jurisdiccional toda vez que los jueces están obligados a fallar conforme a las leyes; e) No existe norma que establezca que la asistencia familiar hasta los veinticinco años esté condicionada al cese de la asistencia familiar; f) Haciendo caso, interpuso cesación a la asistencia familiar ampliando sus argumentos, pero al funcionario no le dio la gana de notificar, viéndose hasta la fecha impedido de realizar una cesación “como podía realizar una cesación si esta resolución es atentatoria contra mis derechos” (sic) porque estaría dando por bien hecho el abandono de la UMSA, los seis meses del 2020; g) El beneficiario con la asistencia familiar terminó sus estudios de inglés en el Centro Bolivianos Americano (CBA) del departamento de La Paz el año 2009, es decir que tiene capacidad de obrar; y, h) Solicita que la Jueza actué conforme a las normas de la Ley 603, la jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional Plurinacional y el Tribunal Supremo de Justicia.
Elsa Sangüeza Cossío, Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 15 a 19, manifestó lo siguiente: 1) En ejecución de sentencia, en una primera oportunidad el accionante demandó la cesación de asistencia familiar en contra de su hijo Luis Fabián Jorge Gutiérrez que el 27 de julio de 2018 había cumplido 18 años, demanda que fue declarada improbada mediante Resolución 826/2019 de 5 de agosto, manteniendo firme y subsistente la asistencia familiar determinada por Resolución 156/2018 por la que se incrementó la asistencia familiar, sin presentarse ningún medio de impugnación, ejecutoriándose la misma; 2) Mediante poder conferido por Luis Fabián Jorge Gutiérrez en favor de su madre, ésta solicitó liquidación de asistencia familiar impaga, la cual corrida en traslado al obligado -ahora peticionante de tutela- suscitó incidente de observación de liquidación, pronunciándose la Resolución 451/2021 de 2 de septiembre, rechazando el incidente de observación de liquidación, debiendo el impetrante de tutela cancelar en favor de su hijo beneficiario la suma de Bs22 600.- (veintidós mil seiscientos bolivianos), habiendo solicitado el obligado explicación y complementación, declaró no ha lugar a dicha solicitud, sin que el demandante de tutela haga uso de ningún recurso de impugnación conforme prevé el art. 366 del Código de Familias y del Proceso Familiar, limitándose a indagar y pedir fotocopias, volviendo a solicitar explicación y complementación queriendo ignorar que esta ya le fue negada; y, 3) Simple y llanamente dio estricto cumplimiento a los arts. 127.II y 415.III de la Ley 603, para hacer efectivo el cobro de la asistencia familiar impaga, más allá de que el accionante y obligado nuevamente interpuso demanda de cesación de asistencia familiar a la que tiene que imprimirse el trámite correspondiente en la normativa familiar, en el caso de autos el accionante aún no ha sido notificado con el referido auto, ni mucho menos se expidió el mandamiento de apremio ya ordenado conforme a procedimiento. En la audiencia de consideración de la presente acción de tutela, la autoridad demandada, señaló lo siguiente: i) El abogado accionante no hizo uso de ningún recurso de impugnación en contra de ninguna de las resoluciones; ii) Cuando una persona observa la liquidación tiene que hacerlo respecto al objeto, al cómputo del plazo, al cálculo mal hecho o a los depósitos que no se hubiesen ejecutado al pago, lo que el solicitante de tutela no hizo, mencionando simplemente en su observación que el beneficiario no estudió; iii) El auto que ordenó se libre el mandamiento de apremio está en la última hoja, todavía no cursa notificación con el mismo, mucho menos se ha expedido el apremio; y, iv) Ha planteado cesación que ha sido admitida y tiene que darse el trámite que corresponde hasta dictar resolución, por lo que no está cometiendo ninguna infracción. 1.2.3. Resolución El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 105/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 23 a 26, resolvió denegar la tutela solicitada; decisión asumida en base a los siguientes fundamentos: a) Se constata que la autoridad demandada no incurrió en los presupuestos de activación de privación de libertad establecidos en el art. 125 de la CPE; b) La demandada en su condición de Jueza de Familia está obligada a las previsiones del “Art. 122”, es decir a las formas que se ha establecido con relación a la cesación de la obligación de asistencia familiar, los cuales son cinco presupuestos; y, c) Tomando en cuenta que la Jueza no puede actuar de oficio, menos hacer un seguimiento a la situación del ahora obligado, es por eso que la ley también estableció la demanda a través de un proceso extraordinario previsto por el art. 434 cuyo alcance en su numeral j de la Ley 603 es el cese de la asistencia familiar, que debe ser a petición del obligado, aspectos que no condicen con la jurisprudencia constitucional invocada por el peticionante de tutela, debido a que los hechos no son análogos respecto a la cuestión reclamada, sentencias constitucionales que de ninguna manera han establecido “que la Juez de oficio, sin haber cesado la obligación de asistencia familiar tenga que fallar contra la norma establecida en el código de familias” (sic). El impetrante de tutela solicitó explicación y complementación sobre si el mandamiento se hallaba aún vigente, y si en caso de que se declare probada la demanda de cesación de asistencia familiar “el monto que yo deposite será también que me restituya el beneficiario” (sic); declarando el Tribunal de garantías no ha lugar a la complementación solicitada, señalando que al denegarse la tutela, todos los aspectos solicitados respecto a la Resolución 451/2021 y que se deje sin efecto el mandamiento, fueron rechazados; siendo contradictorio que el demandante de tutela presente su demanda de cese a la asistencia familiar con anterioridad a la resolución que pretende, dando razón a la Jueza demandada, siendo incongruente la petición a los fines de la acción de libertad y la complementación.
Por Decreto Constitucional de 2 de diciembre de 2022 (fs. 34) a solicitud de la Magistrada Relatora, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la misma, se reanudo el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de noviembre de 2022 (fs. 61) de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Resolución 826/2019 de 5 de agosto, pronunciada por la Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, por la cual declaró improbada la solicitud de cese de asistencia familiar interpuesta por José Luis Jorge Gonzales -solicitante de tutela- manteniendo firme y subsistente la asistencia familiar determinada por Resolución 156/2018 en favor del beneficiario Luis Fabián Jorge Gutiérrez (fs. 3 a 5). II.2. Consta Resolución 451/2021 de 2 de septiembre, emitida por la Jueza demandada, rechazando el incidente de observación a la liquidación suscitado por José Luis Jorge Gonzales -peticionante de tutela-, aprobando la liquidación realizada, debiendo cancelar éste último como obligado la suma de Bs22 600.- (veintidós mil seiscientos bolivianos) en favor del beneficiario Luis Fabián Jorge Gutiérrez, bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio en contra del obligado (fs. 40 a 44 vta.). II.3. Mediante memorial presentado el 19 de octubre de 2021 por Carol Janneth Gutiérrez Infantes en representación legal de Luis Fabián Jorge Gutiérrez, a la Jueza Público de Familia Tercera de la capital del departamento de La Paz, refiriendo que al haberse aprobado la liquidación mediante la Resolución 451/2021 de 2 de septiembre, solicita se expida mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, habilitación de días y horas extraordinarias, con rotura de candados o chapas de puertas en contra de José Luis Jorge Gonzales hasta que cancele la suma adeudada. Asimismo, cursa auto de 20 de octubre de 2021 dictado por la Jueza demandada por el que ordenó se expida mandamiento de apremio en contra del impetrante de tutela, hasta que cancele la suma de Bs22 600.-(veintidós mil seiscientos bolivianos) por concepto de asistencia familiar (fs. 45 a 48 vta.).
El demandante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica; toda vez que se encuentra ilegal e indebidamente procesado, debido a que fue notificado con una liquidación por asistencia familiar en favor de su hijo, no obstante que este abandonó sus estudios, demostrando que no tenía intenciones de profesionalizarse; pese a ello, la Jueza demandada pretende que la asistencia familiar persista hasta los veinticinco años, mientras no exista una resolución de cesación de la misma, expidiendo mandamiento de apremio en su contra por la asistencia familiar impaga. En consecuencia, con carácter previo, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La subsidiariedad excepcional de la acción de libertad aplicable en materia de asistencia familiar; 2) El incidente en el Código de las Familias y del Proceso Familiar; y, 3) Análisis del caso concreto.
El art. 125 de la Constitución Política del Estado (CPE) refiere respecto al planteamiento de la acción de libertad y señala que:
Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad.
Por su parte el Tribunal Constitucional a través de la SC 0008/2010-R de 6 de abril, hace mención a la naturaleza de esta acción de defensa al indicar que: “Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos”. Asimismo, esta misma Sentencia Constitucional en el Fundamento Jurídico III.4 modulando en entendimiento señalado en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, manifiesta:
I. El recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para conocer y restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que pueda atentar al derecho a la vida, la libertad o constituir una persecución o procesamiento indebido que atente o ponga en peligro el derecho a la libertad, cuando de acuerdo a las circunstancias concretas, a pesar de existir mecanismos de protección específicos y establecidos por la ley procesal vigente, éstos resulten ser evidentemente inoportunos o inconducentes, de manera tal que esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. En ese contexto la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, este entendimiento debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo 1El FJ III.3 señala: “La Constitución vigente, como eje central del bloque de constitucionalidad imperante, diferencia, derechos fundamentales, garantías jurisdiccionales y acciones de defensa. En esa perspectiva, en su art. 23 garantiza el derecho fundamental a la libertad y los arts. 115.II y 117.I, 119 y 120.I disciplinan los elementos esenciales que configuran la garantía jurisdiccional del debido proceso. La protección eficaz tanto del derecho fundamental a la libertad como de la garantía jurisdiccional del debido proceso, se encuentra resguardada por la acción de defensa denominada “acción de libertad” regulada en los arts. 125 y 126 de esta norma suprema.
Declaración Universal de Derechos Humanos, instrumento que forma parte del bloque de constitucionalidad, en su art. 8 establece el derecho de toda persona a contar con un recurso efectivo ante los tribunales competentes para resguardar sus derechos, criterio también recogido por el art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el marco de estas declaraciones se determina que la acción de libertad reconocida por la constitución es un mecanismo breve y sumario destinado a resguardar tanto el derecho a la libertad como el derecho al debido La proceso.
Su naturaleza hace que esta acción, frente a otros mecanismos ineficaces, se configure como un medio de defensa idóneo para la protección efectiva y real de derechos fundamentales vinculados a la vida, libertad y procesamientos indebidos que hagan peligrar, supriman o restrinjan estos derechos. Esta esencia procesal no difiere a la naturaleza procesal asignada en el art. 18 de la CPE abrg. al recurso de hábeas corpus.
De lo expuesto precedentemente, debe establecerse que en caso de existir norma expresa que prevea mecanismos intraprocesales efectivos y oportunos de defensa de estos derechos fundamentales, deben ser utilizados previamente antes de activarse la tutela constitucional, aspecto que se encuentra enmarcado en los mandatos insertos en los arts. 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional.
La doctrina define al incidente como una cuestión que difiere de la causa principal de un proceso judicial, los cuales sin embargo se encuentran relacionados; es decir que, se trata de un litigio accesorio al procedimiento judicial principal, que el juez de la causa debe resolverlo a través de un auto debidamente fundamentado. El art. 255 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), señala referente a la procedencia de un incidente: “Todo incidente deberá formularse de manera fundamentada”; seguidamente los artículos del mismo Código hacen referencia a la tramitación de los incidentes planteados, señalando:
Artículo 256. (TRAMITACIÓN). La tramitación de los incidentes deberá observar las siguientes disposiciones:
a) Los incidentes serán resueltos en audiencia.
b) Si el incidente se planteare fuera de audiencia, éste deberá ser presentado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes de la notificación.
c) El incidente planteado en el curso de una audiencia será fundado y formulado verbalmente; oída la parte contraria si corresponde, se resolverá de inmediato.
d) Si el incidente es notoriamente improcedente o se funda en hechos alegados anteriormente, la autoridad judicial lo rechazará sin más trámite. Además, si la resolución que resuelve el incidente planteado no fuere positiva para el incidentista, tiene la posibilidad de activar los medios de impugnación que el referido Código establece en los arts. 364.I “Las resoluciones judiciales son impugnables de acuerdo a las disposiciones previstas en el presente Código”; art. 366 del mismo cuerpo legal indica: “Las resoluciones judiciales podrán impugnarse mediante los recursos de: a) Reposición. b) Apelación. c) Casación. d) Compulsa”; y, art. 368 del Código referido menciona: “…procede la reposición con alternativa de apelación únicamente contra los autos interlocutorios”. En conclusión, el incidente es una figura jurídica que se aplica en el ámbito de la jurisdicción ordinaria en materia familiar, medio procesal al que debe acudir la parte que se creyere afectada por defectos en el proceso, como ser falta de notificación o diligencia defectuosa entre otros, previo a acudir a la vía constitucional; y una vez agotada la misma, es decir, apelada ante la instancia superior, recién queda expedita la presente acción tutelar. Los Fundamentos Jurídicos precedentes fueron desarrollados en la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo.
El solicitante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica; toda vez que se encuentra ilegal e indebidamente procesado, debido a que fue notificado con una liquidación por asistencia familiar en favor de su hijo, no obstante que este abandonó sus estudios, demostrando que no tenía intenciones de profesionalizarse; pese a ello, la Jueza demandada pretende que la asistencia familiar persista hasta los veinticinco años, mientras no exista una resolución de cesación de la misma, expidiendo mandamiento de apremio en su contra por la asistencia familiar impaga. De acuerdo a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, referida a la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, la cual señala que en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad evitando la persecución o procesamiento indebido, estos deben ser utilizados previamente por el o los afectados, por cuanto la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento también aplicable en materia familiar, ya que ante la emisión de una resolución que vulnera supuestamente el derecho a la libertad del peticionante de tutela, por estar ilegalmente e indebidamente procesado; el incidente y consiguiente impugnación resulta ser el medio de defensa idóneo, eficiente y oportuno al que previamente debió acudir, tal como se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. De los antecedentes que cursan en obrados, se tiene que de acuerdo a la Resolución 826/2019 de 5 de agosto, pronunciada por la anterior Jueza Pública de Familia Tercera de la Capital del departamento de La Paz, Midzi Sidney Mejía Morales, se declaró improbada la solicitud de cese de asistencia familiar interpuesta por José Luis Jorge Gonzales -ahora impetrante de tutela- manteniendo firme y subsistente la asistencia familiar determinada por Resolución 156/2018 en favor del beneficiario Luis Fabián Jorge Gutiérrez; luego de ello, presentada la liquidación de asistencia familiar por un monto de Bs22 600.- (veintidós mil seiscientos bolivianos), por parte de Carol Janneth Gutiérrez Infantes en representación legal de Luis Fabián Jorge Gutiérrez hijo del demandante de tutela, éste último suscitó incidente de observación de liquidación, pronunciando la Jueza demandada la Resolución 451/2021 de 2 de septiembre, por la cual rechazó dicho incidente, aprobando la liquidación realizada, debiendo cancelar el obligado la referida suma de dinero en favor del beneficiario, bajo alternativa de expedirse mandamiento de apremio en contra del obligado; posteriormente, por memorial presentado el 19 de octubre de 2019, el beneficiario Luis Fabián Jorge Gutiérrez a través de su representante legal, solicitó a la Jueza demandada, que al haberse aprobado la liquidación mediante la Resolución 451/2021 de 2 de septiembre, expida mandamiento de apremio con facultades de allanamiento, habilitación de días y horas extraordinarias, con rotura de candados o chapas de puertas en contra de José Luis Jorge Gonzales -solicitante de tutela- hasta que cancele la suma adeudada, motivo por el cual la autoridad jurisdiccional demandada mediante auto de 20 de octubre de 2021, ordenó se expida mandamiento de apremio en contra del peticionante de tutela, por concepto de asistencia familiar, sin que se hubiese emitido materialmente el mencionado mandamiento. En ese marco, se establece que si bien el impetrante de tutela suscitó incidente de observación a la liquidación de asistencia familiar presentada por Luis Fabián Jorge Gutiérrez -beneficiario-; sin embargo, pretende que este Tribunal resuelva directamente los supuestos agravios que le causó el rechazo al mencionado incidente, cual si fuera un Tribunal de alzada de la jurisdicción ordinaria, sin considerar la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, soslayando que intra proceso podía utilizar un mecanismo procesal específico de defensa idóneo, eficiente y oportuno para restituir sus derechos supuestamente vulnerados, impugnando o apelando conforme establece el art. 366 del CFPF a la Resolución 451/2021 de 2 de septiembre que rechazó el aludido incidente y aprobó la liquidación de asistencia familiar en favor del hijo del demandante de tutela y una vez agotada dicha vía procesal, recién plantear la presente acción tutelar, por cuanto la acción de libertad opera solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados, no obstante de haberse agotado los medios de defensa que prevé nuestro ordenamiento jurídico. Consecuentemente, al haber acudido directamente ante la justicia constitucional, sin agotar previamente los medios de defensa intraprocesales idóneos que tenía el solicitante de tutela a su alcance, este Tribunal Constitucional Plurinacional se encuentra impedido de ingresar a examinar el fondo de la presente acción por incumplimiento al principio de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad; razón por la cual, corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 105/2021 de 27 de octubre, cursante de fs. 23 a 26, pronunciada por Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada, por no haber agotado el peticionante de tutela, los medios intraprocesales que tenía a su alcance, para reclamar sus derechos supuestamente vulnerados, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1241_2023-S1.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): cf3b6d17c80e9b78a24f1b1be01ce2c21c25fc21f623281f753e1b09e9cc64ba
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