B.IA.LEGAL

SCP 1240/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
10 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
55528-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia como vulnerado su derecho a libertad, al debido proceso en su elemento a la defensa, transparencia, seguridad jurídica, equidad, legalidad, eficacia, igualdad de las partes ante el Juez; toda vez que, la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 287/2023 de 12 de abril, confirmó la decisión del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que a través del Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, negó la cesación a la detención preventiva solicitada conforme el art. 239.2 del CPP, con el argumento que ya se presentó acusación formal y porque se trata de una víctima menor, sin considerar la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, que fue invocada en ambas instancias. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; i.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; ii) La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se llama severamente la atención a Javier Pablo Mamani Zarate, Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el acápite Otras consideraciones de este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación.
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1240/2025-S1 Sucre, 10 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55528-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 051/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Milton Jesús Andrade Montesinos en representación sin mandato de Aurelio Gómez Flores contra Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 53 a 59, el accionante a través de su representante sin mandato, expuso los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la presunta comisión del delito de abuso sexual, previsto y sancionado por el art. 312 del Código Penal (CP); fue sometido a audiencia de medidas cautelares el 8 de agosto de 2022, en la que se emitió el Auto Interlocutorio 406/2022 que dispuso la medida extrema por el plazo de cuatro meses por lo que se señaló audiencia de situación jurídica para el 8 de diciembre de igual año. El 8 de diciembre de 2022, se amplió el plazo de la detención preventiva, por el plazo de dos meses a través del Auto Interlocutorio 591/2022 y se señaló audiencia de situación jurídica para el 8 de febrero de 2023. Posteriormente, en el referido actuado no se solicitó ampliación alguna, porque ya no correspondía pedir una segunda ampliación, tampoco se presentó acusación alguna; sin embargo, fue suspendido para el 9 del mismo mes y año. El 9 de febrero de 2023, una vez celebrada la audiencia, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, a través del Auto Interlocutorio 98/2023 de la misma fecha, negó la cesación a la detención preventiva solicitada conforme el art. 239.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) con el argumento que ya se presentó acusación y accesoriamente que se trata de una víctima menor. La acusación fue presentada el mismo día en la mañana y el decreto al actuado referido data de 10 de igual mes y año. La SCP 741/2020-S2 de 1 de diciembre, estableció que la detención preventiva cesara de acuerdo al art. 239.2 del CPP cuando haya vencido el plazo dispuesto, esta norma no contempla el delito de abuso sexual como excluyente para su aplicación, por lo que se solicitó la aplicación de medidas sustitutivas. Ante la decisión emitida se interpuso recurso de apelación que fue sorteada ante la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que después de un largo tiempo de espera dictó Auto de Vista confirmando la decisión impugnada y ratificando todos los argumentos esgrimidos; sin embargo, ambas instancias no consideran la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, que fue invocada.

I.1.2. Derechos y principios supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela a través de su representante sin mandato denuncia la lesión a su derecho a la libertad, al debido proceso en su elemento a la defensa, transparencia, seguridad jurídica, equidad, legalidad, eficacia, igualdad de las partes ante el Juez, citando al efecto los arts. 115, 117, 178, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se le conceda la tutela; y en consecuencia, se disponga anular el Auto de Vista que confirma el Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero y se disponga se emita nueva Resolución.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 20 de “marzo” -siendo lo correcto abril-de 2023; según consta en acta cursante de fs. 69 a 70 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El demandante de tutela a través de su representante sin mandato, se ratificó en los términos del memorial de la acción y ampliando refirió que: Se presentó la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, que establece que si bien en la etapa de la instrucción se puede presentar acusación ello no impide la consideración de la cesación conforme al art. 239.2 del CPP porque esa acusación no habría radicado en el juzgado de sentencia o tribunal de sentencia, requisito indispensable para negar la cesación y pedir se desvirtúe los riesgos procesales, también señala que en cambio sí a la culminación del plazo otorgado para la detención preventiva el querellante o Ministerio Público hubieran presentado acusación formal y la causa pudiera ser radicado ante el Juez o Tribunal de Sentencia, ya no tiene facultades de resolver de oficio la situación jurídica, lo que es totalmente diferente al presente, dado que se ha sobrepasado el plazo de la detención preventiva y no hubo acusación en su momento, sino fuera del término que no fue radicado en el juzgado de sentencia por lo que la acusación presentada no puede ser objeto de la negación a la solicitud de cesación.

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Rosmery Lourdes Pabón Chávez, Vocal Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, presentó informe escrito que cursa a fs. 64 a 65 en el que señaló lo siguiente: a) Conforme se tiene en el presente caso bajo los fundamentos expuestos en el Auto Interlocutorio 98/2023, se evidencia que conforme el art. 233 del CPP, se establece que en la etapa de juicio ya no rige el plazo de la detención preventiva sino que debe fundamentarse los riesgos procesales, en el caso particular, conforme lo requerido por el Ministerio Público a tiempo de considerarse la medida cautelar se tienen riesgos procesales de fuga y de obstaculización, previstos en los arts. 234.2, y 7 y 235.2 del CPP que persisten; b) De la misma manera a partir de la SCP 0747/2020 de 12 de julio, el art. 239.2 del CPP solo puede ser aplicado en la etapa preparatoria mas no así en la etapa de juicio oral, al existir la acusación se tiene que la etapa investigativa hubiera finalizado; por lo que, la cesación a la detención preventiva no podría fundarse en solo el cumplimiento del plazo previsto para la detención al contar con el requerimiento conclusivo de acusación fiscal y la solicitud de continuidad de la medida cautelar por el Ministerio Público, respecto a la consideración de la naturaleza de la investigación, así como la persistencia de riesgos procesales, si bien el art. 221 del CPP abarca la finalidad de las medidas cautelares inclusive al desarrollo del proceso, así como la aplicación de la Ley, ante la existencia de la acusación fiscal se tiene la imposibilidad de poder cesar la detención preventiva y conforme la Sentencia Constitucional Plurinacional referida, lo que se tiene que ante la existencia del requerimiento conclusivo además se establece de manera preferente los derechos de la parte víctima frente a los del investigado; c) El requerimiento conclusivo de acusación formal fue presentado por el Fiscal de Materia el 9 de febrero del 2023, en la mañana, consecuentemente dicho requerimiento habría sido considerado por la autoridad jurisdiccional a los fines del art. 239.2 del CPP con relación al art.

233.2 de la misma norma, si bien en el caso el representante fiscal no solicitó la ampliación a la duración de la detención preventiva; sin embargo, conforme el art. 233 en su parte in fine refiere que en etapa de juicio y recursos para que proceda la cesación a la detención preventiva debe acreditarse los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del artículo precedente, la autoridad jurisdiccional a quo dio cumplimiento al señalamiento de la audiencia de consideración de la situación jurídica del ahora peticionante de tutela, emitiendo el Auto Interlocutorio de 8 de agosto del 2022, ampliado el plazo por dos meses que se cumpliría el 8 de febrero de 2023, que el Ministerio Público presentó su requerimiento conclusivo ese mismo día, fundamentos que dan cumplimiento a la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre; d) Es necesario considerar que las características de la medida cautelar son la temporalidad y variabilidad, de tal forma que la resoluciones emitidas por el Juez y los Tribunales de alzada no causan estado varían conforme las circunstancias, en la acción de libertad se efectúa una relación muy escueta y no se establece de manera cierta y concreta como se habría vulnerado sus derechos y garantías, cuando el Auto de Vista pronunciado tiene la debida fundamentación conforme los arts. 124 y 173 del CPP; y, e) El Tribunal de garantías no es un Tribunal ordinario o de otra instancia para revisar la decisión de la jurisdicción ordinaria, la revisión de la actividad interpretativa que realizan otras jurisdicciones que involucra el análisis de la motivación, congruencia, adecuada valoración de los hechos y valoración del derecho no es labor propia de la justicia constitucional y para que la jurisdicción constitucional analice la actividad interpretativa realizada por el Tribunal de Alzada, el accionante debió hacer una precisa relación de la vinculación entre los derechos fundamentales invocados y la autoridad interpretativa argumentativa; sin embargo, está ausente en la acción de libertad; por lo que, solicitó se deniegue la tutela. Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia tutelar señaló que: Evidentemente se consideró la situación jurídica y la solicitud de la parte investigada; sin embargo, por la existencia de la acusación fiscal, conforme lo previsto en el art. 233 y las SSCCPP “1747/2022-S4” y 0582/2020-S4 de 16 de octubre, ante la vigencia de los riesgos procesales se dispuso la continuidad de la medida cautelar; no obstante, la Sala correspondiente del Tribunal Departamental de Justicia confirmó la decisión, el impetrante de tutela está pretendiendo un nuevo Auto de Vista de acuerdo a otros parámetros.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 051/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 71 a 73 vta., “niega” -lo correcto es denegar- la tutela solicitada, con los siguientes fundamentos: 1) Efectivamente el art. 239.2 del CPP establece un mecanismo procesal en la que a solicitud de parte o de oficio, se dispone la cesación a la detención preventiva determinado por la autoridad y que al haber vencido este plazo corresponde otorgar la misma; 2) De acuerdo a los antecedentes, la autoridad demandada atiende la solicitud de cesación presentada en los alcances del art. 239 del CPP y es resuelta bajo el fundamento que en el caso existe ya una acusación fiscal, misma que daría lugar a que no se considere la solicitud bajo el art. 239.2 del CPP, dado que a través de ese acto procesal se ingresa a otra etapa y conforme a procedimiento corresponde resolver otras circunstancias, no así por el tiempo, ante tal determinación se acude ante el tribunal de alzada que mediante el Auto de Vista 287/2023 de 12 de abril, resuelve confirmar la determinación asumida por el Juez a quo, por corresponder a derecho; 3) Al respecto el art. 239.2 del CPP establece que al momento de determinar una medida cautelar se debe fijar un tiempo razonable y proporcional que está estrechamente vinculado a los alcances del art. 221 del CPP, a la efectividad de la aplicación de la Ley, que se garantice que no obstaculizara la averiguación de la verdad o que se garantice la presencia del imputado y no exista riesgo procesal de fuga; 4) Al respecto el procedimiento penal establece etapas en las cuales se marca el inicio y la conclusión, así la etapa preparatoria inicia a partir de la imputación formal otorgándose un plazo razonable para la conclusión de la misma, que termina con un requerimiento conclusivo que será una acusación, un sobreseimiento o salidas alternativas, en específico, la acusación da lugar al inicio de otra etapa que es precisamente de juicio oral, la resolución emitida por la autoridad demandada decidió que no corresponde la aplicación del art. 239.2 del CPP en razón a la existencia de una acusación por el Ministerio Público dando lugar a la conclusión de la etapa preparatoria y al ingreso del juicio oral y bajo este razonamiento se determinó el rechazo, fundamentos que tiene correlación a la propia regulación del proceso penal por lo que fue objeto de impugnación y la propia autoridad demandada del Tribunal de alzada ratificó dicha decisión en merito a que efectivamente existe una acusación del Ministerio Público, fundamentos que se encuentran dentro de los marcos del procedimiento penal, dado que una etapa concluye a través de un acto procesal por encima del formalismo que se exige, más aun tomando en cuenta que se trata de un delito vinculado a la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013- que protege a grupos vulnerables y considerando que en la misma rige el principio de informalidad para establecer la verdad material; por lo que, el razonamiento formulado por el Juez, así como por la Vocal demandada está plenamente razonada y es proporcional, no existiendo un procesamiento indebido; toda vez que, en la causa se aplica perspectiva de género. En vía de enmienda y complementación, el peticionante de tutela solicitó se complemente y aclare los alcances de la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, cuando refiere que se debe radicar en el Juzgado o Tribunal de Sentencia para ser considerada la negativa aplicación del art. 89.2; con relación a la perspectiva de género esta ya está contemplada en el art. 239.2 del CPP para los delitos de feminicidio, infanticidio, violación infante, niña, niño o adolescente y no está la prohibición para el delito de abuso sexual; por lo tanto, no corresponde incluirlo en esa excepción.

En respuesta, el Juez de garantías refirió que la SCP 0685/2021 que transcribe el accionante refiere efectivamente cuando el plazo de la detención preventiva hubiera vencido y no se hubiere solicitado su ampliación, en la etapa preparatoria la autoridad a cargo del control jurisdiccional no debe más que dar aplicación a lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP, pero no corresponde su aplicación en el caso, porque el a quo le da respuesta, una cosa es que no resuelva y en esa circunstancia habría una afectación, en el caso, si se ha dado respuesta y hay un fundamento por el cual refiere que corresponde continuar con la detención preventiva y ya no se debe resolver el tiempo de detención a razón de la existencia de una acusación formal, la autoridad judicial tiene la facultad de disponer si continua la privación de libertad y no es aplicable el art. 239.2 del CPP, que fue respondida con el razonamiento que ya existía una Acusación Formal y ya no correspondería su aplicabilidad, por encima de la radicatoria, y por eso se refirió que efectivamente la decisión adoptada está dentro el marco legal y alcances de la Ley 348 por encima de aquel formalismo que se exige de manera ordinaria, consecuentemente con estos razonamientos, corresponde la complementación y explicación.

II. CONCLUSIONES

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, emitido por Javier Rolando Chaca Quina, Juez de Instrucción Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado- que dispuso la continuidad de la medida cautelar que viene cumpliendo el ahora solicitante de tutela por la existencia de acusación fiscal en su contra por el delito investigado, posteriormente se advierte que el abogado del imputado interpuso, recurso de apelación; por lo que, la autoridad jurisdiccional ordenó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada (fs. 28 a 29 vta.). II.2. Consta requerimiento conclusivo de Acusación Formal de 9 de febrero de 2023, presentado por Edwin Omar Colque Gonzáles, Fiscal de Materia, a horas 09:06 contra el ahora peticioanante de tutela (fs. 32 a 35 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia como vulnerado su derecho a libertad, al debido proceso en su elemento a la defensa, transparencia, seguridad jurídica, equidad, legalidad, eficacia, igualdad de las partes ante el Juez; toda vez que, la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 287/2023 de 12 de abril, confirmó la decisión del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que a través del Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, negó la cesación a la detención preventiva solicitada conforme el art. 239.2 del CPP, con el argumento que ya se presentó acusación formal y porque se trata de una víctima menor, sin considerar la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, que fue invocada en ambas instancias. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; i.a) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; ii) La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…) (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra. En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla. Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.

13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. La fijación del plazo de la detención preventiva y su solicitud de ampliación.

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0585/2021-S1 de 25 de octubre, asumió el siguiente razonamiento: Respecto a la fijación del plazo para la detención preventiva, el art. 233 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y esta a su vez por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, establece:

Artículo 233. (REQUISITOS PARA LA DETENCIÓN PREVENTIVA). La detención preventiva únicamente será impuesta cuando las demás medidas cautelares personales sean insuficientes para asegurar la presencia del imputado y el no entorpecimiento de la averiguación del hecho. Será aplicable siempre previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, aunque no se hubiera constituido en querellante, quienes deberán fundamentar y acreditar en audiencia pública los siguientes extremos: 1. La existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible;

2. La existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad;

3. El plazo de duración de la detención preventiva solicitada y los actos investigativos que realizará en dicho término, para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la aplicación de la Ley. En caso que la medida sea solicitada por la víctima o el querellante, únicamente deberá especificar de manera fundamentada el plazo de duración de la medida.

En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo.

El plazo de duración de la detención preventiva podrá ser ampliado a petición fundada del fiscal y únicamente cuando responda a la complejidad del caso. La ampliación también podrá ser solicitada por el querellante cuando existan actos pendientes de investigación solicitados oportunamente al fiscal y no respondidos por éste (el resaltado es añadido) Respecto a la solicitud del fiscal para la ampliación del plazo de la detención preventiva la citada Ley 1173, en la disposición transitoria Décima Segunda establece la conminatoria al Ministerio Público, señalando que:

Décima segunda.- (Conminatoria al Ministerio Público). Dentro del plazo de quince (15) días calendario posteriores a la entrada en vigencia de la presente Ley, bajo responsabilidad, las y los jueces penales, de oficio conminarán a la o el fiscal asignado al caso a través de la o el Fiscal Departamental, a la víctima, aunque no se hubiese constituido en querellante y a los coadyuvantes si existieran para que dentro del plazo de los noventa (90) días calendario siguientes se pronuncien en los procesos con detenidos preventivos, sobre la necesidad de mantener la detención preventiva o disponer su cesación, conforme al régimen de cesación de medidas cautelares personales. En caso de solicitarse la continuidad de la detención, deberá establecer el plazo de duración de la misma y los actos investigativos a realizar. El juez fijará el plazo atendiendo a la razonabilidad y proporcionalidad del planteamiento fiscal, victima, querellante o coadyuvante. En caso de solicitarse la cesación, podrá solicitar la aplicación de otra medida cautelar personal menos grave o formular el requerimiento conclusivo que considere pertinente. Si al vencimiento del plazo el Ministerio Público no se pronuncia, se dispondrá la cesación de la detención preventiva, bajo responsabilidad de la o el fiscal asignado al caso (las negrillas son añadidas) De la interpretación gramatical y teleológica del numeral 3 del art. 233 del CPP precitado, que establece como requisito de la detención preventiva la fijación del plazo de su duración y los actos investigativos que realizará en dicho término; así como de su interpretación sistemática en consideración a lo dispuesto por el numeral 3 de la norma en examen que señala:

“En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo” Así como de las causales de cesación a la detención preventiva prevista en art. 239 del CPP; y finalmente en consideración a que la razonabilidad 14Artículo 239.(CESACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES). Las medidas cautelares personales cesarán por el cumplimiento de alguna de las siguientes causales:

1. Cuando nuevos elementos demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida;

2. Cuando haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva, siempre y cuando el fiscal no haya solicitado la ampliación del plazo de la detención;

3. Cuando la duración de la detención preventiva exceda el mínimo legal de la pena establecida para el delito más grave que se juzga;

4. Cuando la duración de la detención preventiva exceda de doce (12) meses sin que se haya dictado acusación o de veinticuatro (24) meses sin que se hubiera dictado sentencia, excepto en delitos de corrupción, seguridad del Estado, feminicidio, trata y tráfico de personas, asesinato, violación a niña, niño, adolescente e infanticidio, narcotráfico o sustancias controladas.

5. Cuando la persona privada de libertad acredite que se encuentra con enfermedad grave o en estado terminal; o,

6. Cuando la persona privada de libertad acredite el cumplimiento de sesenta y cinco (65) años de edad, salvo en delitos contra la vida, integridad corporal o libertad sexual de niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos mayores, delitos de corrupción y vinculados, de lesa humanidad, terrorismo, genocidio, traición a la patria, crímenes de guerra y narcotráfico o sustancias controladas.

Planteada la solicitud, en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6, la jueza, el juez o tribunal deberá señalar audiencia para su resolución dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas.

En el caso de los numerales 3 y 4, la Oficina Gestora de Procesos, a través del buzón de notificaciones de ciudadanía digital, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes correrá traslado a las partes, quienes deberán responder en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas. Con contestación o sin ella, la jueza, el juez o tribunal dictará resolución sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas siguientes, declarando la procedencia, siempre que la demora no sea atribuible a los actos dilatorios del imputado, o la improcedencia del beneficio, sin posibilidad de suspensión de plazos.

En los casos previstos en los numerales 2 al 6 del presente Artículo, la jueza, el juez o tribunal aplicará las medidas cautelares que correspondan, previstas en el Artículo 231 bis del presente Código.

La cesación de la detención preventiva por las causas señaladas en los numerales 3 y 4 del presente Artículo, dará lugar a la responsabilidad de la jueza, el juez, tribunal o fiscal negligente.

de la duración de la medida cautelar constituye un requisito de validez, es posible concluir que se establece que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva para el desarrollo de actividades investigativas, corresponde durante la etapa preparatoria, dado que es en esa fase donde se desarrolla la investigación a la que se alude; y que por consiguiente la casual de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley 1173, se refiere a esa fase del proceso, puesto que, respecto a las fases del juicio y recurso -donde ya no se desarrolla actos investigativos-, no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva ni dicha causal de cesación; puesto que en lo que concierne a la razonabilidad; es decir a la duración detención preventiva examinada cuando el caso se halla en fase del juicio o de los recursos, son aplicables las causales previstas en los numerales 3 y 4 del art. 239 del CPP. Por supuesto, en los casos que corresponda, también son aplicables a las causales previstas en los numerales 1, 5 y 6, referidas al examen de los otros requisitos de valides de la restricción de la libertad personal por medio de la detención preventiva, cuya aplicación; sin embargo, es revisable de oficio conforme a lo dispuesto por el art. 250 del citado Código.

III.3. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia como vulnerado su derecho a libertad, al debido proceso en su elemento a la defensa, transparencia, seguridad jurídica, equidad, legalidad, eficacia, igualdad de las partes ante el Juez; toda vez que, la Vocal demandada al pronunciar el Auto de Vista 287/2023 de 12 de abril, confirmó la decisión del Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, que a través del Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, negó la cesación a la detención preventiva solicitada conforme el art. 239.2 del CPP, con el argumento que ya se presentó acusación formal y porque se trata de una víctima menor, sin considerar la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, que fue invocada en ambas instancias. De forma previa a abordar el particular, resulta pertinente tomar en cuenta que si bien en la acción tutelar se presentó contra el Juez a quo quien dictó el Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, y la Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz que emitió el Auto de Vista 287/2023 de 12 de abril, sin embargo, solo se analizará la decisión del Tribunal de Alzada; toda vez que, con relación al Auto Interlocutorio dictado por el Juez codemandado no se realizó una petición expresa y concreta para su compulsa y correspondiente anulación. Lo que no ocurre con lo concerniente a la decisión de segunda instancia. En ese sentido, los fundamentos y motivos a desarrollarse en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional se circunscribirán únicamente a los extremos atinentes a la última resolución judicial mencionada; es decir, a la dictada por la Vocal demandada, que está orientada a revisar el Auto Interlocutorio de 9 de febrero; por lo cual, con relación al Juez codemandado, corresponde denegar la tutela solicitada. De los antecedentes del expediente tutelar, se tiene que dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de abuso sexual, se dispuso la detención preventiva del mismo por el plazo de cuatro meses, en forma posterior, se amplió por dos meses más, señalándose audiencia de situación jurídica para el 8 de febrero de 2023, acto que fue suspendido, celebrándose el 9 del mismo mes y año, en el que se emitió, el Auto Interlocutorio 98/2023, que dispuso la continuidad de la medida cautelar que viene cumpliendo el demandante de tutela por la existencia de acusación fiscal en su contra por el delito investigado, ante tal decisión, se advierte que el abogado del imputado interpuso recurso de apelación; por lo que, la autoridad jurisdiccional ordenó la remisión de antecedentes ante el Tribunal de Alzada (Conclusión II.1).

Asimismo, se advierte que consta requerimiento conclusivo de Acusación Formal presentado por el Fiscal de Materia, el 9 de febrero de 2023, a horas 09:06 contra el accionante (Conclusión II.2).

Si bien, dentro de los antecedentes del expediente tutelar no se cuenta con el Auto de Vista 287/2023, empero, se tiene del informe presentado por la autoridad demandada que efectivamente la decisión emitida determino confirmar el Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, con el argumento que el art. 239.2 del CPP solo puede ser aplicado en la etapa preparatoria mas no así en la etapa de juicio oral, y que al existir la acusación se tiene que la etapa investigativa hubiera finalizado; por lo que, la cesación a la detención preventiva no podría fundarse en solo el cumplimiento del plazo previsto para la detención al contar con el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, así como la persistencia de riesgos procesales. Si bien, el art. 221 del CPP abarca la finalidad de las medidas cautelares, inclusive al desarrollo del proceso, así como la aplicación de la ley, ante la existencia de la acusación fiscal que fue presentado por el Ministerio Público el 9 de febrero del 2023 en la mañana, se tiene la imposibilidad de cesar la detención preventiva, se estableció de manera preferente los derechos de la víctima frente a los del investigado, que conforme el art. 233 en su parte in fine del CPP, en etapa de juicio y recursos para que proceda la cesación a la detención preventiva debe acreditarse los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del artículo precedente, que se dio cumplimiento a la SCP 0685/2021-S4; que el Auto de Vista pronunciado por la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, tiene la debida fundamentación conforme a los arts. 124 y 173 del CPP, argumentos que se considerara a efectos de resolver la problemática planteada.

A partir de lo informado y los fundamentos expuestos, se observa que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al resolver en grado de apelación, consideró básicamente los antecedentes del proceso penal, constatando que el mismo se encontraría en etapa de juicio oral, al haberse presentado por parte del Ministerio Público la Acusación Formal contra el ahora solicitante de tutela, el mismo día de la audiencia de situación jurídica, aspecto que fue ratificado por el mismo impetrante de tutela en el escrito de la presente acción tutelar, y por tal razón, la autoridad judicial demandada determinó confirmar el Auto Interlocutorio 98/2023 de 9 de febrero, lo que evidencia que actuó conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, que de la interpretación sistemática del numeral 3 del art. 233 del CPP, señala: “En etapa de juicio y recursos, para que proceda la detención preventiva se deberá acreditar los riesgos procesales previstos en el numeral 2 del presente Artículo”; al igual que en las causales de cesación a la detención preventiva previstas en art. 239 del CPP; y concluye que la exigencia de la fijación del plazo de la detención preventiva es únicamente para el desarrollo de actividades investigativas durante la etapa preparatoria; y por consiguiente, la causal de cesación establecida tanto en el numeral 2 del precitado artículo, como en la Disposición Transitoria Decima Segunda de la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, se refiere a esa fase del proceso; toda vez que, respecto a la fase del juicio y recursos donde ya no se desarrolla actos investigativos, razón por la que no es aplicable la fijación judicial del plazo de la detención preventiva, ni dicha causal de cesación; dado que en etapa de juicio o de los recursos, son aplicables las otras causales regladas del art. 239 del CPP. Por otro lado, es obligación de todas las autoridades administrativas, así como jurisdiccionales, la aplicación de la perspectiva de género en todos los asuntos que sea de su conocimiento, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado en la lucha contra la violencia; en ese contexto, se evidencia que además en el caso se utilizó esta herramienta jurídica considerando que la víctima es una adolescente en situación de fragilidad porque es hijastra del denunciado en la cual confluyen varios factores de vulnerabilidad y discriminación por su condición de mujer, adolescente y víctima de violencia, exige una protección reforzada y con mayor intensidad de sus derechos. En ese contexto, se constata que los argumentos contenidos en el Auto de Vista 287/2023, que resolvió el recurso de apelación formulada por el ahora accionante, no incurre en ninguna errónea interpretación de la disposición legal señalada, menos quebranta la seguridad jurídica, la transparencia, equidad, eficacia, ni la legalidad, por cuanto en el caso en concreto, ya se encontraba en otra etapa del proceso penal como es la fase de juicio oral, precisamente por haber concluido la etapa preparatoria, situación que lleva a concluir que existe una debida motivación y fundamentación de la problemática que realizó la Vocal demandada en los términos establecidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, no encontrándose arbitrariedad en los argumentos expresados, tampoco lesión al debido proceso, ni a la libertad, menos a la defensa o igualdad como se alega erróneamente por el accionante, consecuentemente corresponde denegar la tutela impetrada. Finalmente, con relación a la SCP 0685/2021-S4, esta no es aplicable al caso, por cuanto resuelve una problemática diferente, toda vez que, se trata de una solicitud de cesación a la detención preventiva, que no fue resuelta oportunamente, habiendo transcurrido más de cinco días sin que se defina su situación jurídica, así como que el Juez demandado radicó la causa fijando día y hora de audiencia de juicio oral, usurpando funciones que no le competían. Otras consideraciones

De acuerdo al contenido de la Resolución 051/2023 de 20 de abril, se tiene que el Juez de garantías tuvo acceso al Auto de Vista 287/2023; empero, ese actuado no consta en el expediente remitido en revisión; razón por la cual, corresponde llamar la atención a dicha autoridad para que en lo sucesivo remita todos los actuados presentados por las partes, así como los que resulten pertinentes y conducentes para resolver adecuadamente la acción tutelar. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 051/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 71 a 73 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada en base a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Se llama severamente la atención a Javier Pablo Mamani Zarate, Juez de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, por la razón expuesta en el acápite Otras consideraciones de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.

12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

Cuando la cesación sea resuelta en audiencia pública y ante la ausencia de cualquiera de los sujetos procesales, se seguirá en todo lo pertinente, lo establecido en el Artículo 113 de presente Código.”

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1240_2025-S1.pdf · páginas 1 a 23.

Huella digital del PDF (SHA-256): 25ec9a9f38e75191206e34486f80afd9d11921b5a24c95576eeb40bd05afe5fa

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