Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de octubre de 2025
Concede la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, se advierte dos problemas jurídicos en el caso en análisis: 1) Al exigir que la terapia psicológica se realice mientras está privado de libertad, el Juez demandado añadió un requisito no previsto por la ley, lo que hace que la Resolución del 3 de mayo de 2023 sea ilegal y contraria al art. 76 de la Ley 348; y, 2) El 12 del supra citado mes y año, se instaló audiencia de aplicación de sanciones alternativas, pero el Juez demandado lo suspendió debido a que los certificados del REJAP y del CENVI fueron presentados un día antes, en consecuencia señaló nueva audiencia para el 24 de mayo del mismo año, vulnerando con ello el debido proceso. Ante ello, la autoridad demandada señala que, debido a la peligrosidad del agresor, se condicionó la concesión de beneficios legales a la realización de terapias psicológicas, medida que fue aceptada por el accionante, quien renunció a apelar, asimismo la resolución fue dictada en audiencia con participación de todas las partes y el 12 de mayo de 2023, presentó constancia del cumplimiento de las terapias, y se fijó audiencia para el 24 de mayo, sin que existiera riesgo para su vida ni vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 24 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER a tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo, dicha audiencia ya hubiese sido celebrada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1239/2025-S2 Sucre, 22 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55755-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 89 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 24 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Julio Cesar Zenteno Vidal en representación sin mandato de Bismar Paco contra Luis Esteban Loza Quiaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz.
Por memorial presentado el 18 de mayo de 2023, cursante a fs. 2 y 6 a 9, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, el 3 de mayo de 2023, a horas 11:00, Luis Esteban Loza Quiaglini, Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz -demandado-, llevó a cabo audiencia de medidas cautelares, en la cual, su persona se sometió al procedimiento abreviado, de conformidad con los arts. 373 y 374 del Código de Procedimiento Penal (CPP); en dicha audiencia, la autoridad demandada dictó Sentencia de tres años. Su abogado defensor renunció al derecho de apelar, solicitando que se ejecute la Sentencia; asimismo, el Fiscal de Materia, así como las presuntas víctimas del proceso penal también renunciaron expresamente a interponer recurso de apelación.
Consiguientemente, en la vía incidental, solicitó la aplicación de sanciones alternativas, en virtud del art. 76 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-. Para respaldar su solicitud, presentó los certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia (CENVI), demostrando que no tenía antecedentes penales ni era reincidente en delitos dolosos; sin embargo, el Juez demandado, al emitir su Resolución en la audiencia de 3 de mayo de 2023, se refirió a la SCP “0721/2018-S2”, indicando que el accionante debía presentar constancia de terapia psicológica como requisito para acceder a sanciones alternativas, negándole la aplicación de las mismas, imponiendo un requisito no previsto legalmente. Por otro lado, el 12 de mayo de 2023, el Juez demandado instaló una nueva audiencia para tratar la aplicación de sanciones alternativas; sin embargo, dicha audiencia fue suspendida, alegando que los certificados de REJAP y CENVI, no se notificaron oportunamente al Ministerio Público ni a la presunta víctima del proceso penal. Finalmente, la Resolución de 3 de mayo de 2023 emitida por la autoridad demandada se limitó a un simple decreto, sin cumplir con las formalidades ni garantizar el derecho a la defensa; en este contexto, la jurisprudencia constitucional ha establecido que este tipo de vulneraciones al derecho a la libertad y al debido proceso no pueden ser subsanadas mediante otro recurso, confirmando así la gravedad de los hechos denunciados.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 22, 117.I y 125 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Que el Juez demandado aplique de manera inmediata lo establecido por las normas procedimentales y le conceda el beneficio de la “…APLICACIÓN DE SANCIONES ALTERNATIVAS…” (sic); y, b) Se disponga que convoque a audiencia virtual para la aplicación de sanciones alternativas.
Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 19 a 22, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que: 1) Las sanciones alternativas a la privación de libertad deben ser cumplidas en libertad, por lo que, ni en la normativa sustantiva ni adjetiva aplicable al caso de violencia familiar, establece que el juez deba ordenar la detención del sentenciado para que cumpla las sanciones alternativas bajo arresto y al mismo tiempo incorporó un requisito no previsto por la ley “…de realizar terapia psicológica…”(sic); 2) El accionante ya fue sentenciado por violencia familiar, en consecuencia se tiene que ver la pertinencia de las sanciones alternativas después de haberse sometido a un procedimiento abreviado; 3) La “SCP 0702/2023”, se refirió al rechazo de una denuncia de acción de libertad, circunstancia que no guardaba relación con el presente caso. Asimismo, la SCP 0072/2018-S2 de 23 de marzo, abordó una acción de amparo constitucional en un contexto completamente distinto; en consecuencia, la autoridad demandada habría incurrido en falsedad y en un intento de engañar a sus superiores, al presentar precedentes que no resultaban pertinentes; y, 4) La autoridad demandada, actuó de forma incorrecta, por que hizo referencia a la normativa sustantiva en su resolución y se pronunció sobre aspectos propios del tipo penal. Además, ordenó a la Fiscalía la ampliación de la investigación, excediendo los límites de su competencia, esta actuación vulneró los principios del sistema procesal penal acusatorio, el cual establece claramente que los jueces no pueden realizar actos investigativos, así como los fiscales no pueden asumir funciones jurisdiccionales.
Luis Esteban Loza Quiaglini, Juez de Instrucción Penal Décimo Primero de la Capital del departamento de Santa Cruz, por informe escrito cursante de fs. 14 a 18, sostuvo que: i) Debido a la peligrosidad del agresor, se decidió imponer terapias obligatorias antes de considerar cualquier beneficio legal. Esta decisión fue aceptada por el accionante y su abogado, quienes renunciaron al recurso de apelación. La resolución fue emitida en una audiencia oral con pleno conocimiento de todas las partes involucradas; ii) El 12 de mayo de 2023, el accionante, a través de su apoderado, presentó las terapias psicológicas requeridas como parte del cumplimiento de la sentencia relacionada con las sanciones alternativas; y, iii) Se señaló audiencia para el 24 de mayo de 2023 a horas 08:00. Asimismo, no se advirtió la existencia de peligro para la vida, persecución ilegal, procesamiento indebido ni privación arbitraria de libertad.
La Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, por Resolución 89 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 24 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo que el Juez demandado señale, lleve adelante y resuelva la cuestión planteada en un plazo de cuarenta y ocho horas; con base en los siguientes fundamentos: a) El Juez demandado suspendió la audiencia del 12 de mayo de 2023, alegando que no se había notificado con todas las pruebas al Ministerio Público y a la presunta víctima del proceso penal. Esta decisión dejó al accionante en total incertidumbre, ya que únicamente buscaba que se resolviera su situación jurídica, la cual se prolongó por doce días; b) La situación jurídica del impetrante de tutela no fue resuelta dentro del plazo establecido de cuarenta y ocho horas; en consecuencia, el 24 del mismo mes y año, el juez deberá llevar a cabo la audiencia en la que se determinará dicha situación jurídica; c) No actuó conforme a las normas aplicables, especialmente en lo relativo al señalamiento de la audiencia, la cual podía conducir a una salida alternativa o a un mecanismo sustitutivo de la penalidad. Asimismo, no correspondía la suspensión de dicha audiencia por la inasistencia de alguna de las partes; y, d) Quedó obligado a resolver de manera inmediata alguna de las alternativas posibles, conforme a lo establecido en las modificaciones introducidas por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a las Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-.
No cursa en el expediente antecedentes del caso, por lo que se procederá a resolver con base en lo expuesto por los sujetos procesales y que no fue controvertido.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, se advierte dos problemas jurídicos en el caso en análisis: 1) Al exigir que la terapia psicológica se realice mientras está privado de libertad, el Juez demandado añadió un requisito no previsto por la ley, lo que hace que la Resolución del 3 de mayo de 2023 sea ilegal y contraria al art. 76 de la Ley 348; y, 2) El 12 del supra citado mes y año, se instaló audiencia de aplicación de sanciones alternativas, pero el Juez demandado lo suspendió debido a que los certificados del REJAP y del CENVI fueron presentados un día antes, en consecuencia señaló nueva audiencia para el 24 de mayo del mismo año, vulnerando con ello el debido proceso. Ante ello, la autoridad demandada señala que, debido a la peligrosidad del agresor, se condicionó la concesión de beneficios legales a la realización de terapias psicológicas, medida que fue aceptada por el accionante, quien renunció a apelar, asimismo la resolución fue dictada en audiencia con participación de todas las partes y el 12 de mayo de 2023, presentó constancia del cumplimiento de las terapias, y se fijó audiencia para el 24 de mayo, sin que existiera riesgo para su vida ni vulneración de derechos fundamentales. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 115.II de la CPE establece que: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; en consecuencia, consagra el principio de celeridad como un componente esencial del debido proceso, lo cual exige que toda causa -sea esta judicial o administrativa- se tramite sin demoras innecesarias; es decir, de manera oportuna. Por su parte, los arts. 178.I y 180.I de la Norma Suprema, instituyen de manera explícita la aplicación del citado principio en la potestad de impartir justicia. Con referencia a la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, sostuvo que: “…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza…” (el resaltado es propio).
En lo concerniente a la presente problemática, resulta relevante considerar lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, el cual señala que, toda autoridad que conozca una solicitud relacionada con la libertad física de una persona, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro de un plazo razonable. Además, con el fin de garantizar dicho objetivo, el art. 2 de la CADH establece que: “…los Estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades”, aspecto que también es aplicable a los jueces en lo relativo a la organización y gestión de sus despachos judiciales.
De lo expuesto, en el presente caso se advierte la existencia de dos problemas jurídicos; por una parte, la exigencia de la terapia psicológica y por otra una supuesta suspensión de audiencia de 12 de mayo de 2023, motivada por la presentación de los certificados de REJAP y CENVI un día antes de su realización; en consecuencia, corresponde analizar cada uno de estos aspectos por separado.
Respecto a la exigencia de realizar terapia psicológica mientras se encuentra privado de libertad, se tiene que el accionante, el 3 de mayo de 2023, solicitó la aplicación de sanciones alternativas previstas en la normativa penal. No obstante, dicha solicitud fue rechazada -según lo manifestado en audiencia de garantías por el impetrante de tutela- a través de un decreto -sin señalar fecha- bajo el argumento de que debía cumplir con terapias psicológicas mientras permanecía detenido, requisito no contemplado expresamente por la ley. Decisión que no fue cuestionada en ese momento.
Posteriormente el accionante presentó una nueva solicitud de audiencia de aplicación de sanciones alternativas ante el Juez de Instrucción Penal Decimoprimero de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandado-, con el argumento de haber cumplido con el señalado requisito; ya que en audiencia de garantías señaló que; “… toda vez que se ha cumplido todos los requisitos, es más, señores miembros del Tribunal, habla sobre las terapias psicológicas que ya fueron realizadas y están en el cuaderno de investigación, y que el Juez tampoco las quiso tomar en cuenta…” (sic); en consecuencia, dicha autoridad fijó audiencia para el 12 de mayo de 2023.
De lo expuesto, se puede establecer que, en vez de cuestionar dicho decreto que rechazó su solicitud de sanciones alternativas, prefirió presentar una nueva solicitud cumpliendo con el requisito dispuesto por la autoridad demandada -terapias psicológicas que cursan en el cuaderno de investigaciones-; de ahí que, el impetrante de tutela aceptó voluntariamente la inclusión de dicha medida, presentando la documentación correspondiente como prueba de su cumplimiento con el fin de solicitar una nueva audiencia de aplicación de sanciones alternativas; ya que, la autoridad demandada a través de su informe de 18 de mayo de 2023, manifestó que; “…EN FECHA 12 DE MAYO DEL 2023, EL ACCIONANTE A TRAVES DE SU APODERADO "CUMPLIENDO LA SENTENCIA HA PRESENTADO LAS TERAPIAS PSICOLOGICAS" PARA SANCIONES ALTERNATIVAS” (sic), en consecuencia, se advierte que el accionante consintió la imposición de este requisito, al solicitar una nueva audiencia, adjuntado para ello, la referida terapias psicológica; motivo por el cual sobre este punto corresponde denegar la tutela solicitada aclarando que no se puede ingresar al fondo de la problemática sobre dicha exigencia en la medida en la que a tiempo de interponer la acción de libertad dicho aspecto denunciado ya no se constituía en la causa directa de la privación de libertad sino la falta de celebración de audiencia.
Respecto a la suspensión de audiencia de 12 de mayo de 2023, el Juez demandado instaló audiencia de aplicación de sanciones alternativas; sin embargo, la misma fue suspendida debido a que el Ministerio Público y la víctima no fueron debidamente notificados con los certificados emitidos por el REJAP y el CENVI; en consecuencia, en el informe de 18 de mayo de 2023, la propia autoridad demandada reconoció expresamente -a través de su informe presentado en audiencia de acción tutelar-, la suspensión de la audiencia del 12 de mayo del mismo año, señalando posteriormente una nueva audiencia de aplicación de sanciones alternativas para el 24 del citado mes y año.
Asimismo, se constata que se hubiere sobrepasado un plazo razonable para señalamiento de la audiencia de aplicación de sanciones alternativas, toda vez que transcurrieron más de cuarenta y ocho horas sin haberse fijado la misma ya que desde la primera suspensión de la audiencia de esta aplicación -12 de mayo de 2023- hasta la interposición de esta acción tutelar -18 de igual mes y año- transcurrieron más de seis días, cuando esta debió fijarse en cuarenta y ocho horas, por lo que incumplió con lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, la jurisprudencia constitucional y el Código de Procedimiento Penal; toda vez que, no supervisar el plazo previsto en el art. 328.II del Código mencionado, de señalización de audiencia dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su solicitud y por otra parte, la autoridad demandada suspendió injustificadamente la audiencia de consideración de sanciones alternativas, a pesar de que ya se encontraba previamente programada, conforme se tiene establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, dicha actuación resulta contraria al deber que tienen todas las autoridades judiciales y administrativas de tramitar con la mayor celeridad posible toda solicitud vinculada con el derecho a la libertad personal; puesto que, de acuerdo al art. 76 de la Ley 348, en delitos de violencia hacia las mujeres, es posible aplicar sanciones alternativas a la privación de libertad, cuando se cumplan con los requisitos establecidos.
Por todo lo expuesto, se concluye que el Juez demandado, al no programar oportunamente la audiencia de consideración de la aplicación de sanciones alternativas, incumplió sus funciones y atribuciones jurisdiccionales, apartándose de las disposiciones establecidas por la normativa procesal penal que garantizan el acceso a una justicia pronta y oportuna; en consecuencia, dicha omisión dio lugar a una dilación indebida en la tramitación de la referida solicitud, lo que derivó en la vulneración de los derechos fundamentales del accionante, concretamente, el derecho a la libertad personal, el derecho a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones indebidas, así como el derecho al debido proceso en su dimensión de celeridad y eficiencia procesal.
En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 89 de 19 de mayo de 2023, cursante de fs. 23 vta. a 24 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y en consecuencia, CONCEDER a tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en los mismos términos dispuestos por la Sala Constitucional, salvo que por el transcurso del tiempo, dicha audiencia ya hubiese sido celebrada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1239_2025-S2.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8a9f21db6edeab678e5523b9130820ddf4c3c1c9fb14fbaffa4da4c94a8337d7
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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