Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 10 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el 14 de abril de 2023, se emitió en su favor el Mandamiento de Detención Domiciliaria, no obstante, tanto la Jueza como el Secretario ahora demandados, no establecieron en el mandamiento el domicilio donde guardaría detención domiciliaria, situación que ocasionó que fuera representado, y recién el 17 del mismo mes y año, se ejecutó dicho mandamiento, ocasionando restricción a la libertad a los días 14 al 17 de abril de 2023. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 18 de abril, cursante a fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1236/2025-S1 Sucre, 10 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55467-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2023 de 18 de abril, cursante de fs. 27 a 29, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Bertty Fernando Apaza Gonzales en representación sin mandato de Leandro Mamani Villca contra Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza y José Luis Jaliri Quispe, Secretario ambos del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz.
Mediante memorial presentado el 17 de abril de 2023, cursante a fs. 1 y 3 a 4, el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, previsto y sancionado en el art. 48 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas -Ley 1008 de 19 de julio de 1998-, se encuentra con detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; en la cual, de forma absurda y grosera “las autoridades accionadas” (sic), no quieren cumplir con el Auto de Vista 338/2023 de 10 de abril, donde se dispuso medidas menos gravosas como ser la detención domiciliaria, pero el 14 de abril de 2023, se cumplió con todas las medidas para que se expida el mandamiento de detención domiciliaria a efectos de que el funcionario policial del referido Centro Penitenciario ponga en detención domiciliaria, pero resulta que no habían establecido en el mencionado mandamiento el domicilio ubicado en la avenida Panoramica S/N en Puerto Costa, provincia Camacho, del departamento de La Paz; por lo que, los funcionarios policiales proceden a representar dicho mandamiento de detención domiciliaria por no establecer la dirección donde se iba a efectivizar la misma, siendo un error de los ahora demandados en no establecer el dato exacto, con por parte de la Jueza -ahora demandada- en no realizar el control direccional del proceso, en la cual a efectos de la subsidiariedad, se dispuso que subsane y emita nuevo mandamiento de detención domiciliaria, sea en el día; por lo cual, presentó memorial haciendo conocer los actos irregulares en el mandamiento, situación que atenta contra sus derechos constitucionales en especial el derecho a la libertad.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, identifica como lesionados sus derechos a la libertad y al debido proceso, citando al efecto los arts. 23, 115, 117, 178 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, a) Se expida nuevo mandamiento de detención domiciliaria a efecto de cumplir el Auto de Vista 338/2023, debiendo establecer como domicilio para su efecto en la avenida Panamericana S/N Puesto Costa, provincia Camacho del citado departamento, debiendo ser efectuada en el día y remitido en el citado Centro Penitenciario en el día; y, b) Se ordene la remisión al Consejo de la Magistratura los antecedentes en contra de los funcionarios.
La audiencia pública virtual de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 18 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 26 y vta., produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante sin mandato, en audiencia virtual, señaló que: 1) Las autoridades demandadas habrían expedido un mandamiento de detención domiciliaria que hasta la admisión de la acción de libertad no se habría dado cumplimiento a la detención domiciliaria del demandante de tutela, fue por razón de que el “día 14 a horas 16:45” fue recepcionado en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el mandamiento de detención domiciliaria, y pese a que se advertidó de que el mandamiento estaba errado en el contenido y forma, pero ordenó al Director del referido Centro Penitenciario, ponga en libertad provisional por tenerse ordenado en el Auto de Vista, quien deberá realizar verificativo domiciliario del lugar donde guardará detención domiciliaria; 2) El “día 14” no se efectivizó conforme a la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y Ley de Ejecución Penal y Supervisión (LEPS) -Ley 2298 de 20 de diciembre de 2001-, siendo que los mandamientos de libertad o domiciliaria deben efectivizarse en el día, habiendo hecho conocer ese extremo, porque el Auto de Vista sería bien claro donde habría demostrado el domicilio en la medida cautelar y puesto en conocimiento dos memoriales el domicilio adjuntando croquis, pese a ello la Jueza ahora demandada hizo caso omiso, porque los funcionarios del Centro Penitenciario no tenía donde ejecutar dicho actuado, porque no establecía la dirección exacta siendo la avenida Panamericana, Puerto Costa, provincia Ingavi de referido departamento; 3) En honor a la verdad hizo conocer que el día de ayer -de la realización de la acción tutelar-de la realización de la medida cautelar en la tarde ya se habría efectivizado el mandamiento de detención domiciliaria, por el mismo funcionario de dicho Centro Penitenciario que lo habría representado estableciendo a que se pueda verificar el domicilio o/a efectos de que se pueda disponer la dirección donde se va a cumplir el mandamiento de detención domiciliaria, en ese entendido, pese a que se ha restituido el derecho a la libertad, estuvo todavía detenido desde el 14 al 17 de abril de 2023, cuando ya tenía que efectivizarse el 14 de ese mes y año; y, 4) En cuanto al Secretario ahora demandado de la misma forma, pese de que se ha hecho conocer con tres memoriales de que existe un lapsus en el mandamiento de detención domiciliaria, de que no consigna la dirección del domicilio donde guardará detención, habiendo vulnerado los derechos constitucionales establecidos en el art. 23 y 115 de la CPE, por lo que solicita se conceda la tutela, y recomiende a las autoridades que en casos futuros que conozca detención domiciliaria o de libertad, dispongan conforme a procedimiento y verifiquen bajo la dirección judicial.
Irene Viviana Alanoca Acarapi, Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 18 de abril de 2023, cursante de fs. 22 a 23, señala que: i) En fecha 11 de abril de 2023, se remite por parte de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el legajo de apelación del cual se advierte que mediante Auto de Vista 338/2023, que determinó las medidas cautelares personales menos gravosas a favor del acusado Leandro Mamani Villca, consistentes en detención domiciliaria, arraigo, fianza económica y otros; ii) Informa que desde el momento que se ha remitido y puesto a conocimiento el Auto de Vista 338/2023, ha procedido al trámite de cada medida impuesta en fecha 11 de abril de 2023, tal como lo asevera el propio impetrante de tutela entregándose el mandamiento de arraigo y la boleta de fianza económica, por lo que no se puede señalar que este juzgado no quiso cumplir con lo determinado por la Sala Penal Tercera de ese Tribunal; iii) El Auto de Vista también determina que el acusado -ahora demandante de tutela- deba acreditar domicilio ante el despacho judicial, en el cual guardara detención domiciliaria; determinación que fue incumplida, motivo por el cual, a fin de dar cumplimiento a lo determinado por el citado Auto de Vista y habiéndose tramitado las medidas de arraigo y fianza económica, por decreto de 14 de ese mes y año, se conminó a la parte acusada ahora accionante a que presente documentación idónea a efectos de acreditar domicilio, toda vez que desde que se remitió el legajo de apelación no se acreditó con documentación idónea el domicilio donde habitaría el acusado y donde pudiere guardar detención domiciliaria, disposición que recién es cumplida y puesta a conocimiento a horas 14:30 del 14 de abril de 2023. Ante la conminatoria realizada, se expidió mandamiento de detención domiciliaria, y a horas 16:00 del mismo día, es remitida a la Oficina Gestora de Procesos y recepcionada por el Centro Penitenciario de San Pedro del citado departamento, es decir que los tres actos fueron realizados la misma tarde del 14 de abril de 2023, el mandamiento fue verificado por el Encargado del citado Centro Penitenciario a horas 08:30, el 17 de igual mes y año, en consideración a que la Oficina de Gobernación del Centro Penitenciario de San Pedro de dicha ciudad, no trabaja sábado y domingo, y por ende tampoco el verificador; iv) No es evidente que este mandamiento hubiere sido representado por el señalado Centro Penitenciario, por lo cual tenga que emitirse nuevo mandamiento como quiere hacer creer el ahora accionante maliciosamente, si fuera como refiere por qué no adjuntó esa representación, es porque no existe. Mas al contrario, pese a tener ese Juzgado, sobre carga procesal y más de diez audiencias por día por ser de nueva creación, que es de conocimiento del demandante de tutela, se ha dado prioridad y cumplido con los plazos procesales al tratarse de un privado de libertad; y v) En consecuencia, por los extremos manifestados precedentemente y de la acción de libertad promovida, se puede establecer que no se ha ingresado en conculcación de derechos y garantías constitucionales de la parte accionante. Jose Luis Jaliri Quispe, Secretario del referido Juzgado de Sentencia Penal, mediante informe escrito de 18 de abril de 2023, cursante de fs. 24 a 25, menciona que: a) Ha cumplido con todos los trámites de medidas impuestas, prueba de ello es que se ha expedido el mandamiento de arraigo y llenado de boleta de fianza, es decir que desde el momento que se ha remitido y puesto a conocimiento el Auto de Vista, se ha procedido al trámite de cada medida impuesta, por lo que no se puede señalar que este juzgado no quiso cumplir con lo determinado por la citada Sala Penal Tercera; b) Con relación a la acreditación del domicilio, tal determinación fue incumplida por el propio acusado, al no poner en conocimiento de ese despacho su domicilio, motivo por el cual habiéndose tramitado las medidas de arraigo y fianza económica, por decreto de 14 del referido mes y año, conminó a la parte acusada ahora accionante a que presente documentación idónea a efectos de acreditar domicilio, toda vez que desde que se remitió el legajo de apelación no se acreditó con documentación idónea el domicilio donde guardaría detención domiciliaria, bajo ese antecedente no se puede señalar que la Secretaría del dicho Juzgado no quiso cumplir con la determinación del Auto de Vista 338/2023; c) El 14 de abril de 2023, se expidió el mandamiento de detención domiciliaria, que tiene recepción del Centro Penitenciario de San Pedro de referido departamento, y el 17 de igual mes y año, se ha apersonado el verificador de dicho Centro Penitenciario a efectos de verificar antecedentes, por lo que no es cierto y evidente que este mandamiento hubiere sido representado por el mencionado Centro Penitenciario; y d) Finalmente que la Gobernación del Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, no atiende los días sábados y domingos, motivo por el cual no se podría subsanar ninguna observación que tuviere el mandamiento, y menos que el verificador del Centro Penitenciario pueda revisar antecedentes en fin de semana, a efectos de cumplir el trámite correspondiente para la detención domiciliaria, señalando que las verificaciones del funcionario se realizarían de lunes a viernes, aspecto no atribuible a su persona.
El Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 30/2023 de 18 de abril, cursante a fs. 27 a 29, denegó la tutela impetrada bajo el siguiente fundamento: 1) Respecto a que existiría dilación en la tramitación del mandamiento de detención domiciliaria, a este efecto también se tiene presente que evidentemente se ha hecho el trámite de arraigo, se ha cumplido también con las otras medidas impuestas en la Resolución o Auto de Vista, relacionados a la fianza económica, el arraigo y las otras medidas impuestas, pero con relación a la detención domiciliaria se tiene un memorial que habría sido presentadó por el ahora accionante en fecha 13 de abril de 2023, donde pide se expida mandamiento de detención domiciliaria, a este efecto se tiene el decreto de 14 del mismo mes y año, en el que la autoridad ahora demandada, conminó al acusado Leandro Mamani Villca a cumplir con el Auto de Vista 338/2023, vale decir que se presente la documentación idónea donde va acreditar el domicilio donde guardaría la detención domiciliaria, notificándose con esta providencia en la misma fecha, por lo que, el ahora accionante en fecha 14 de abril de 2023, presentó en la Oficina Gestora a horas 09:14 el memorial adjuntado la documentación requerida y ese memorial fue puesto en conocimiento de la autoridad demandada, a horas 14:30 y en la misma fecha, habiéndose providenciado; vale decir, se dispuso la expedición del correspondiente mandamiento de detención domiciliaria y que el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, realice el verificativo domiciliario donde guardaría la detención domiciliaria, a este efecto se tiene el mandamiento de detención domiciliaria, expedido en la misma fecha, y tiene el sello de la Oficina Gestora de Procesos, funcionarios que remiten al Centro Penitenciario de San Pedro de dicho departamento en la misma fecha a horas 16:44; 2) En el contenido del mandamiento, observa la parte accionante que no señala el domicilio donde guardaría su detención domiciliaria, pese a la documentación aparejada a momento de acreditar el domicilio, este reclamo es evidente que el mandamiento no señala el domicilio de la detención; sin embargo, también es evidente que en el contenido del mandamiento de detención debe ser ejecutado por el personal policial del Centro Penitenciario de la ciudad de La Paz, y deben verificar el domicilio donde guardará detención el ahora demandante de tutela y debe emitirse el correspondiente informe; por otra parte, también se tiene presente que los centros penitenciarios cuentan con un funcionario verificador, que se encarga de que los mandamientos en este caso de detención domiciliaria hayan sido emitidas por las autoridades jurisdiccionales, en base a una Resolución y no se ejecuta hasta que se cumplan estas formalidades, y conforme se tiene señalado el mantenimiento de detención domiciliaria fue puesto en conocimiento del referido Centro Penitenciario el 14 de abril a horas 16:44, por lo que en el trámite de la emisión del mandamiento no existió dilación; y, 3) Es evidente que el 14 de abril de 2023, era día viernes, consecuentemente conforme al informe emitido tanto por las autoridades demandadas la juez y el secretario, e informan que la verificación domiciliaria fue realizada el día lunes 17 de abril, en razón de que sábado y domingo no son días laborales, consecuentemente, la ejecución de la orden de detención domiciliaria se realizó después de la emisión del informe del funcionario que verificó la autenticidad de la orden y no existió ninguna representación con relación al domicilio donde está actualmente con detención domiciliaria; por las razones señaladas, es que se dio cumplimiento recién ayer a la detención domiciliaria, cumpliendo de esta forma con la Resolución 338/2023; consecuentemente, no existiría ninguna dilación atribuible a la Jueza o al Secretario del Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz. Ante la solicitud de aclaración, complementación y enmienda impetrada por la parte solicitante de tutela, en el sentido que complemente la Resolución, porque no se establece de que no ha existido mora en cuanto al mandamiento de detención domiciliaria, si el llenado del mandamiento de detención domiciliaria bajo dirección judicial o secretario quien debe ejercer esa dirección judicial, que debe verificar antes de firmar si la misma está correcta o no, y se franquee en triple ejemplar las copias pertinentes; ante lo cual, el Juez de garantías señaló que no existe dilación del mandamiento de detención domiciliaria, ya que fue expedido una vez cumplido con la presentación de la documentación que acredita el domicilio del accionante, que ha sido presentado el 14 de abril de 2023, también en la tarde, del mismo día se ha dispuesto expedir el mandamiento de detención domiciliaria, se ha remitido a la Oficina Gestora de Procesos, y este ha puesto en conocimiento del Centro Penitenciario de San Pedro en la misma fecha, y el verificador ha hecho el control respecto a la emisión del mandamiento el 17 de mismo mes y año, la razón es porque era sábado y domingo y no son días laborales y la aclaración que pide el ahora accionante, es que la autoridad jurisdiccional no verificó respecto al contenido del domicilio donde iba a estar o donde tiene que guardar su detención domiciliaria fue encomendado al personal policial, y es conforme se ha señalado en el mandamiento ejecutado por el penal o funcionarios del Centro Penitenciario y no existe ninguna mora en esta tramitación, y es por eso que actualmente ya se ha ejecutado el mandamiento y el ahora accionante ya no está en el Centro Penitenciario recluido, con esta aclaración queda incólume en la determinación asumida por este juzgado de garantías constitucionales.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursa en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa el Auto de Vista 338/2023 de 10 de abril, emitida por la Sala Penal Tercera del departamento de La Paz, que declaró la admisibilidad del recurso de apelación, determinando la procedencia en parte, disponiendo que el imputado Leandro Mamani Villca -ahora impetrante de tutela-asuma defensa con las siguientes medidas cautelares menos gravosas a la detención preventiva, entre ellas “La Detención Domiciliaria del imputado Leandro Mamani Villca las 24 horas sin derecho a salida laboral, en el domicilio que debe ser acreditado ante la autoridad A quo…” (sic [fs. 9 a 14]). II.2. Consta memorial presentado el 13 de abril de 2023, Leandro Mamani Villca ahora demandante de tutela, solicitó en cumplimiento del Auto de Vista 338/2023, se expida mandamiento de detención domiciliaria, sea en el día bajo responsabilidad (fs. 16). II.3. Cursa providencia de 14 de abril de 2023 emitido por Irene Viviana Alanoca Acarapi en la cual se determinó: “Se tiene presente, arrímese a sus antecedentes, asimismo se CONMINA al acusado Leandro Mamani Villca, a cumplir con el Auto de Vista Nro. 338/2023 de 10 de abril de 2023, con relación al numeral 1) del citado Auto de Vista, toda vez que desde la remisión de legajo de apelación no se ha acreditado con documentación idónea el domicilio donde guardará detención domiciliaria el acusado; sin perjuicio del mismo debe señalar un domicilio en la ciudad de El Alto, afectos de su notificación personal; por lo que el mismo debe ser cumplido en el día, bajo responsabilidad” (sic [fs. 17]). II.4. Cursa la notificación vía WhatsApp, al acusado a través de su abogado con el decreto de 14 de abril de 2023, a horas 12:00 (fs. 18) II.5. Consta memorial presentado por Leandro Mamani Villca -ahora accionante-, con cargo de recepción de 14 de abril de 2023 a horas 14:30, por el cual presentó documentación en relación al domicilio, solicitando se tenga presente (fs. 19) II.6. Cursa decreto también de 14 abril de ese año, señalo que: “Habiendo cumplido la defensa con las medidas impuestas por Auto de Vista No. 338/2023 de fecha 10 de abril de 2023 emitido por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, expídase en el día mandamiento de detención domiciliaria a favor de Leandro Mamani Villca, a ser ejecutado por el personal policial del Recinto Penitenciario de San Pedro de la ciudad de La Paz, quien también debe realizar el Verificativo Domiciliario del lugar donde guardara detención domiciliaria el acusado, debiendo informar a este despacho judicial en el plazo de 24 horas de cumplido el mismo, bajo responsabilidad…” (sic [fs. 20]). II.7. Consta el Mandamiento de Detención Domiciliaria de 14 de abril de 2023, emitido por el Juzgado de Sentencia Penal Noveno de El Alto del departamento de La Paz, en favor de Leandro Mamani Villca, disponiendo su ejecución inmediata al Director del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz; -Mandamiento con cargo de recepción del Centro Penitenciario mencionado el 14 del mismo mes y año, a horas 16:44- (fs. 21).
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el 14 de abril de 2023, se emitió en su favor el Mandamiento de Detención Domiciliaria, no obstante, tanto la Jueza como el Secretario ahora demandados, no establecieron en el mandamiento el domicilio donde guardaría detención domiciliaria, situación que ocasionó que fuera representado, y recién el 17 del mismo mes y año, se ejecutó dicho mandamiento, ocasionando restricción a la libertad a los días 14 al 17 de abril de 2023. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes ejes temáticos: i) La legitimación pasiva en la acción de libertad y su prescindencia ante la flagrante vulneración del derecho invocado por el accionante; y, ii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional sistematizó la línea jurisprudencial e identificó el estándar más alto a través de la SCP 0038/2018-S2 de 6 de marzo, reiterada por la SCP 0628/2018-S2 de 8 de octubre -entre otras-, por lo que asumió el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad tiene como antecedentes la SC 0255/2001-R de 2 de abril, que resolvió el caso concreto a la luz de la legitimación pasiva; empero, fue la SC 0691/2001-R de 9 de julio la que la define señalando que ésta debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción.
Al respecto, el Tribunal Constitucional transitorio, a la luz de la Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero de 2009, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril establece que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular; entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde el Tribunal Constitucional Plurinacional en la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, refuerza el entendimiento antes señalado, y precisa, que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto, es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquella contra quien se dirige la acción.
Por otra parte, cabe mencionar a la SC 0258/2003-R de 28 de febrero, precisada por la SC 1740/2004-R de 29 de octubre, que establece que en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto a su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva las dos. Entendimiento que fue ratificado en numerosas Sentencias Constitucionales Plurinacionales. Empero, y siendo que la jurisprudencia es dinámica y la labor de este Tribunal es velar por la vigencia plena de los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, la jurisprudencia constitucional desarrolló subreglas de flexibilización a la legitimación pasiva en las acciones de libertad a la luz del principio de informalismo que se 2El FJ III.5, indica que: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.2, establece que: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 4El FJ III.1, refiere que: “…en aquellos casos en los que el acto denunciado como ilegal es ejecutado por una autoridad y es otra la competente para revisar esa actuación a efecto de modificar, confirmar o revocar el acto puesto en su conocimiento, el recurso debe ser interpuesto contra ambas autoridades al tener legitimación pasiva, la primera por ejecutar el acto ilegal y la segunda por no corregirlo, de modo que al ser ambas responsables, deben asumir las consecuencias de sus actos”
desarrollaran a continuación: 1) Es posible ingresar al análisis de fondo y conceder la tutela, cuando por error se dirigió la acción contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió el acto u omisión ilegal, sin responsabilidad -SC 0945/2004-R de 17 de junio-, entendimiento que fue precisado por la SC 1651/2004-R de 11 de octubre, añadiendo a esta excepción, los supuestos en los que el acto u omisión sea manifiestamente contrario a la ley y existan elementos de convicción fehacientes que lo demuestren; aunque este entendimiento fue modulado de manera restrictiva por la SC 0192/2010-R de 24 de mayo, en la que se indicó que: “…en los casos en que la acción de libertad es emergente de un proceso judicial ordinario, como sucede en este caso, la exigencia de la legitimación pasiva debe ser necesariamente cumplida por el accionante”; empero, la SCP 0066/2012 de 12 de abril, recondujo el entendimiento a la SC 1651/2004-R; y en ese sentido, en los casos en los cuales la acción de libertad se dirige por error contra una autoridad judicial diferente a la que causó la lesión, pero de la misma institución, rango, jerarquía e idénticas atribuciones, en virtud del principio de informalismo, se aplica la excepción a la legitimación pasiva; 2) Cuando el accionante se encuentra en una situación desventajosa de desconocimiento del derecho, sea extranjero o indígena -SC 0499/2007-R de 19 de junio-; 3) Cuando la acción es dirigida contra un tribunal colegiado, no es necesario recurrir contra todas las autoridades que cometieron el acto ilegal, que impartieron o ejecutaron la orden -SSCC 0358/2005-R de 12 de abril y 1178/2005-R de 26 de septiembre-, 5El FJ III.4, expresa que: “Si bien es cierto que los funcionarios, contra quienes se planteó el recurso, carecen de legitimación pasiva para ser recurridos; no es menos evidente que estando debidamente acreditado que el recurrente fue aprehendido, luego detenido indebida e ilegalmente, corresponde otorgar la tutela solicitada, ello en sujeción a la jurisprudencia establecida por este Tribunal en sentido de que siendo cierta la detención ilegal acusada, a pesar de la falta de legitimación pasiva de la autoridad recurrida, se declara procedente el hábeas corpus sin responsabilidad, disponiendo la libertad inmediata del recurrente”. 6El FJ III.1, regula que: “Puestas así las cosas, corresponde precisar que la aplicación de esta sub-regla de derecho no puede tener alcances ilimitados, puesto que la misma ha sido creada, única y exclusivamente, para resolver de manera excepcional aquellos supuestos en los que el recurso, por error en la identidad, es dirigido contra una autoridad distinta pero de la misma institución, rango o jerarquía e idénticas atribuciones, a la que cometió efectivamente el acto ilegal, y sólo cuando éste es manifiestamente contrario a la ley y existen los elementos de convicción pertinentes que lo acrediten; no siendo aplicable a otras situaciones en las que no se aprecie tal error y existe la necesidad de contar con mayores elementos de convicción para acreditar la existencia del acto ilegal” (el subrayado es nuestro).
7El FJ III.2, establece que: “…empero, ante una evidente y manifiesta vulneración del derecho a la libertad, de personas que no son naturales de nuestro país, como en el caso presente, y demostrado como está que el recurrente es extranjero habiendo acreditado ser ciudadano de la República del Congo, o en su defecto tratándose también de indígenas, quienes no tienen conocimiento del derecho positivo, ni de los medios para acceder a una buena defensa, se hace imperioso se otorgue la protección que brinda el recurso de hábeas corpus, por cuanto la formalidad observada no puede ser exigible a quienes se encuentran en una situación desventajosa, entendimiento que viene a constituir otra subregla, a la excepción de la legitimación pasiva, y que debe aplicarse en el caso presente, en el cual la demanda debió dirigirse contra la autoridad jurisdiccional, y no obstante esta omisión se debe declarar la procedencia del recurso, sin responsabilidad para la autoridad erróneamente recurrida, quien es representante del Ministerio Público, órgano distinto y de funciones diferentes a la autoridad jurisdiccional como es la Jueza Segunda de Instrucción Mixta cautelar de Villa Tunari”.
8El FJ III.3, precisa que: “La obligación de demandar a todos los miembros de un tribunal colegiado no es exigible en materia de hábeas corpus, sino únicamente en el recurso de amparo constitucional, que tiene naturaleza distinta al recurso planteado, por lo mismo no es de aplicación a éste, pues la Ley del Tribunal Constitucional como la doctrina constitucional emitida por esta jurisdicción ha eximido a la persona que recurra en hábeas corpus del cumplimiento de ciertos formalismos atendiendo la esencia del mismo y los fines que persigue; por consiguiente, la omisión del recurrente de plantear el hábeas corpus contra todos los integrantes del Tribunal Cuarto de Sentencia, no impide a este Tribunal ingresar a la compulsa de fondo del recurso, salvo que exista alguna otra omisión de parte del recurrente que haga imposible realizarla. Así, la SC al respecto la SC 0358/2005-R, señaló que otrora en el recurso de hábeas corpus, no era necesario recurrir a todas la autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías, pues es suficiente que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, este entendimiento además es asumido y aplicado en las acciones de libertad que justifican el razonamiento a partir del principio de informalismo; 4) En cuanto a las autoridades cesantes, si bien mediante la SC 0264/2004-R de 27 de febrero, al tiempo de resolver una acción de amparo constitucional, expresó que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo; posteriormente, a través de la SCP 0142/2012 de 14 de mayo, se establece que en todas las acciones de defensa es suficiente identificar el cargo o la función pública en cuyo ejercicio se cometieron los supuestos actos ilegales en los casos de cesantía de servidores públicos; más tarde, la SCP 0106/2012 de 23 de abril refiere que es posible el planteamiento de la demanda contra la autoridad que en el momento de la presentación de la acción se encuentre en el ejercicio del cargo, con mayor razón si la autoridad que lo asumió, ejecutó o mantuvo el acto o resolución considerado ilegal; 5) También se flexibilizó la legitimación pasiva en supuestos en los que sea imposible identificar a los demandados -SCP 0360/2005-R, de 12 de abril; sin embargo, ello determina que bajo el principio general de que las concurrencias de un fallo judicial sólo alcanzan a quienes participaran en la litis; en caso de procedencia, no se puede declarar responsables a las autoridades que no fueron demandadas”.
9El FJ III.1, señala que: “Antes de ingresar al análisis de la problemática planteada, cabe señalar que en el recurso de hábeas corpus no es necesario que se recurra a todas las autoridades que firman la resolución que se acusa como lesiva a los derechos y garantías bajo protección de este recurso, pues basta con que se acuse el acto y se lo demuestre de forma fehaciente para obtener la tutela, lo que significa que la omisión en recurrir a todas las autoridades que incurrieron en la persecución, aprehensión, detención, apresamiento o procesamiento indebidos o ilegales, no impide a este Tribunal ingresar a realizar el análisis de fondo de la lesión denunciada, por lo mismo no corresponde un rechazo inmediato ante la presentación del recurso, sino estudiar las pruebas aportadas por la parte recurrente y resolver la problemática declarándola procedente o improcedente”. 10El FJ III.3.1, manifiesta que: “Por lo señalado, prima facie, debe establecerse que en mérito a la organización del Estado, el orden constitucional y el bloque de legalidad imperante, disciplinan para los diferentes órganos públicos, competencias, atribuciones y potestades públicas que deberán ser ejercidas por los servidores públicos, por lo que en virtud al ejercicio de estos roles, todos los actos u omisiones lesivas a derechos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, no implican afectaciones a derechos realizadas en ejercicio personal, en consecuencia, la identificación exigida por el art. 77.2 de la LTCP, tiene la finalidad de asegurar el derecho a la defensa y la equidad de la parte demandada, pero en el caso de servidores públicos, la defensa que debe ser garantizada para la parte demandada, no es personal, sino como autoridades que responden a una potestad pública determinada, por tanto, la cesantía de servidores públicos que hayan originado el acto u omisión indebida, no implicará incumplimiento en etapa de admisibilidad de la exigencia plasmada en el art. 77.2 de la LTCP cuando no se identifique el nombre de la nueva autoridad en ejercicio de una determinada función pública, en ese contexto, interpretando esta disposición bajo un criterio favorable a una efectiva tutela constitucional, debe establecerse que este presupuesto se tendrá por cumplido y por ende asegurado el derecho a la igualdad procesal y por supuesto a la defensa de la parte demandada, cuando en la identificación a ser realizada por el accionante, se consigne la identificación del cargo o la función pública en cuyo ejercicio pudieron cometerse actos violatorios o restrictivos a derechos fundamentales; asimismo, para cumplir con la teleología del art. 77.2 de la LTCP, se tendrá por cumplido este presupuesto, cuando además se precise el domicilio asignado para el ejercicio de dicha función pública”.
11El FJ III.1, indica que: “Por consiguiente, no sería correcto sostener que la reparación de los actos lesivos denunciados por el accionante, sean reclamados ante una autoridad judicial que perdió competencia por inhibitoria; más aún cuando existe una autoridad judicial que ejerce plena competencia actual sobre la causa y con suficiente legitimación pasiva para conocer, sustanciar y resolver los recursos ordinarios que correspondan en derecho. En este sentido, no es posible sustentar la falta de legitimación pasiva de la autoridad accionada como causa para neutralizar la presente acción tutelar”.
0998/2012 de 5 de septiembre-; excepción que si bien fue desarrollada en una acción de amparo constitucional, es también aplicable a la acción de libertad; 6) Cuando se trata de vías de hecho cuya legitimación pasiva tengan particulares, procede la presentación directa de la acción de libertad y de todas las acciones de defensa -SCP 0292/2012 de 8 de junio-; y, 7) El director de un centro hospitalario tiene la legitimación pasiva en acciones de libertad planteadas contra centros hospitalarios por retenciones indebidas de pacientes, en su condición de máxima autoridad, aun cuando el mismo no hubiese ordenado de manera directa la restricción de libertad, entendimiento que fue asumido por la SC 0667/2010-R de 19 de julio y reiterado por la SCP 0190/2012 de 18 de mayo, entre otras. Finalmente, la SCP 2027/2013 de 13 de noviembre estableció que es posible ingresar, de manera excepcional, al análisis fondo de 12El FJ III.5, expresa que: “…se tiene que la parte peticionante de tutela para el caso de vías de hecho, de manera excepcional podrá activar la tutela sin identificar a la parte demandada cuando por las circunstancias particulares del caso no sea posible una determinación de personas que incurran en vías de hecho; en ese orden, para asegurar una equidad procesal, a las personas que no hayan sido expresamente citadas como demandados y que pudieran ser afectados con los efectos de una eventual concesión de tutela por vías de hecho, no se les aplica el principio de preclusión procesal para la presentación ulterior a la audiencia pública de medios de defensa. En mérito a lo señalado, las personas que no hayan sido expresamente demandadas en acciones tutelares vinculadas a medidas de hecho, en mérito a esta flexibilización excepcional de la legitimación pasiva para estos casos, y en resguardo de un equilibrio procesal, en cualquier etapa del proceso de amparo, incluso en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, podrán hacer valer sus derechos, debiendo en estos casos ser oídos de manera amplia y admitidos sus medios probatorios en cualquier instancia procesal”. 13El FJ III.2, establece que: “Conforme a ello, los particulares tienen el deber de respetar los derechos de terceros y, en consecuencia, de abstenerse de realizar acciones que obstaculicen el ejercicio de los mismos; pues en su caso, es posible su demanda, sea en la vía ordinaria, a través de los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, o a través de las acciones de defensa reconocidas en nuestra Constitución Política del Estado; pues tanto la acción de libertad, como las acciones de amparo constitucional, de protección a la privacidad y popular proceden contra particulares.
En ese ámbito debe precisarse que si se opta por la vía constitucional los accionantes deberán presentar la acción idónea para la defensa de sus derechos o garantías, atendiendo al ámbito de protección de cada acción; aclarándose además que, frente a vías de hecho de particulares; es decir, acciones que no tienen ningún respaldo en el derecho -sea del sistema ordinario o indígena originario campesino-, que se encuentren debidamente acreditas y se originen en una situación de desventaja del accionante respecto al demandado, con un claro abuso de poder, no corresponde denegar la tutela solicitada por subsidiariedad, en virtud, precisamente, a la ilegitimidad de dichos actos que no tienen ningún respaldo legal y menos constitucional”. 14El FJ III.5.1, precisa que: “Es pertinente aclarar que el Director de un Hospital, sea privado o público, tiene el deber de verificar que en la Institución a su cargo no se susciten situaciones irregulares, restrictivas de los derechos de sus pacientes, responsabilidad que emerge de sus funciones y atribuciones propias de máxima autoridad de un Centro hospitalario, aún cuando no hubiese sido dicha autoridad quien dispuso o impidió la salida del Hospital de un paciente por razones estrictamente económicas, pues corresponde a dicha autoridad asumir la responsabilidad por los hechos que se susciten bajo su Dirección por parte del personal, y en su caso, al conocer una situación irregular lesiva de derechos, está en la obligación de corregirlos o subsanarlos, lo que no ocurrió en el presente caso”.
15El FJ III.1. señala: “En armonía con las consideraciones anteriores, debe hacerse hincapié que, a la luz del art. 3.5 del CPCo, la justicia constitucional se rige principalmente por el principio de informalismo; por lo tanto, la jurisdicción constitucional en su rol de proteger derechos fundamentales y garantías constitucionales, tiene toda la potestad de examinar el fondo de la problemática planteada, para luego constatar si efectivamente fueron conculcados los derechos del accionante, no obstante de que el verdadero responsable o autor de la lesión no hubiese sido demandado, considerando que, pese al incumplimiento de los formalismos de orden procesal, resulta ser de mayor interés para este Tribunal, la vigencia, el goce y el ejercicio pleno de los derechos objeto de protección de la acción de libertad. El presente razonamiento, ya tiene su antecedente en el entonces Tribunal Constitucional; así, en la SC 0499/2007-R de 19 de junio, se dilucidó la problemática donde el agraviado demandó al representante del Ministerio Público, por considerar autor de la transgresión de su derecho a la libertad; sin embargo, luego de haberse realizado la correspondiente compulsa de los antecedentes del proceso, el máximo protector de los derechos fundamentales y garantías constitucionales vio por conveniente conceder la tutela, no precisamente contra la autoridad demandada, sino contra el verdadero responsable, que en el caso de referencia recaía en la autoridad jurisdiccional; no obstante de lo anterior, en tales circunstancias, al autor de la transgresión, no será posible condenar a ningún tipo de responsabilidades emergentes de la vulneración, porque como consecuencia de que la acción no fue dirigida contra él, este no tuvo la oportunidad de la problemática planteada en la acción de libertad, pese a no haber sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos -la persona o autoridad que ostenta dicha legitimación pasiva-, únicamente en los supuestos en que los jueces o tribunales de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional, constate la evidente vulneración de los derechos del accionante.
El peticionante de tutela a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, el 14 de abril de 2023, se emitió en su favor el Mandamiento de Detención Domiciliaria, no obstante, tanto la Jueza como el Secretario ahora demandados, no establecieron en el mandamiento el domicilio donde guardaría detención domiciliaria, situación que ocasionó que fuera representado, y recién el 17 del mismo mes y año, se ejecutó dicho mandamiento, ocasionando restricción a la libertad a los días 14 al 17 de abril de 2023. Ahora bien, de la revisión de antecedentes se evidencia que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra de Leandro Mamani Villca -ahora solicitante de tutela-, por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas, se dispuso medidas cautelares personales, entre ellas, la detención domiciliaria, en favor del prenombrado, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz a través del Auto de Vista 338/2023 de 10 de abril (Conclusión II.1.); posteriormente el 13 del mismo mes y año, el imputado -ahora impetrante de tutela- presentó memorial, solicitando expida mandamiento de detención domiciliaria (Conclusión II.2), que a su respuesta la Jueza de Sentencia Penal Novena de El Alto del citado departamento -ahora demandada-mediante decreto de 14 del mismo mes y año, conminó al acusado a cumplir con el Auto de Vista 338/2023 con relación al numeral 1), que se refiere a que debe acreditar con documentación idónea el domicilio donde guardará detención domiciliaria (Conclusión II.3.); con el mencionado decreto, fue notificado el abogado del demandante de tutela vía WhatsApp, el mismo día de emisión del decreto a horas 12:00 (Conclusión II.4); seguidamente, el accionante presentó memorial el mismo día de notificación, a horas 14:30, según cargo de recepción del juzgado, presentando documentación en relación al domicilio, solicitando se tenga presente (Conclusión II.5), la Jueza de la causa ahora demandada, mediante decreto emitido el mismo día de recibido el memorial, ordenó se expida en el día mandamiento de detención domiciliaria (Conclusión II.6), el cual fue expedido esa fecha y recepcionado ese mismo día a horas 16:44, por el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.7.). Por todo lo desarrollado, el Secretario, se tiene que una vez conocido el domicilio donde el accionante guardaría detención domiciliaria, ese mismo día -14 de abril de 2024- con celeridad la autoridad demandada libró el mandamiento de detención domiciliaria que luego fue diligenciado a través de la Oficina Gestora de Procesos, siendo recepcionado el referido día a horas 16:44 -fecha y hora en la que dicho documento fue presentado ante la Dirección del Centro Penitenciario San Pedro de La Paz- que no procedió a su ejecución inmediata, debido a que el 14 de abril era viernes y los días posteriores sábado 15 y domingo 16, y que los funcionarios policiales solo trabajan en día hábiles, por lo que esa parte del trámite si bien afectó directamente el derecho a la libertad del solicitante de tutela, no fue por una representación como alegó, toda vez que, si bien el mandamiento de detención domiciliaria no consta el domicilio del acusado, sin embargo, no fue representado tomando en cuenta que conforme informó el Secretario, el 17 de abril de 2023, previo a su ejecución del mandamiento, el funcionario policial se apersonó al juzgado a verificar los antecedentes del proceso para realizar la respectiva verificación del domicilio como manda el decreto de 14 de abril de 2023, por lo que la demora en sustituir la medida cautelar de detención preventiva por la domiciliaria, si bien vulneró el derecho a la libertad, no fue con respecto a los ahora demandados, en consecuencia, el actuar de estos no causó ninguna lesión a los derechos del impetrante de tutela, aplicando el entendimiento en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional no alcanza para endilgarle responsabilidad alguna a la referida autoridad jurisdiccional y al funcionario subalterno. Consecuentemente, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 30/2023 de 18 de abril, cursante a fs. 27 a 29, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimoquinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
1 El cuarto Considerando, señala que: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción, lo que no ocurre en el presente caso…”.
ejercer su derecho a la defensa, haciendo prevalecer su versión ante la autoridad competente; por lo tanto, en función a los entendimientos anteriores, de manera excepcional es posible ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, pese que la acción no hubiese sido dirigida contra quien esté comprometido con la lesión de los derechos, únicamente en los supuestos en que los jueces de garantías y el Tribunal Constitucional Plurinacional constate la evidente vulneración de los derechos del accionante” (las negrillas son nuestras).
16 Se puede ver una explicación más amplia y didáctica en el Voto Disidente de la SCP 0422/2018-S2 de 3 de agosto.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1236_2025-S1.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): f479d83f1452d1be4f70743a1940fc96eef747cdfdcff35d48e09a18b898792e
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