B.IA.LEGAL

SCP 1235/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de octubre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57862-2023-116-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad, al debido proceso en su elemento de motivación y a la tutela judicial efectiva; puesto que, dentro de un proceso civil ejecutivo, esta se constituyó en tercerista de derecho preferente, por tener un contrato de anticresis suscrito con la parte demandada, lográndose reconocer su acreencia y adjudicarse el inmueble objeto del proceso en subasta pública en la gestión 2021; sin embargo, al intentar registrar la minuta en DD.RR., ésta solicitud fue rechazada por no consignar los porcentajes de acciones y derechos en lo proindiviso del referido inmueble, observación que la Jueza demandada, se negó a subsanar pese a reiteradas solicitudes y recursos, que fueron declarados improcedentes; actuando dicha autoridad jurisdiccional de manera contraria a lo previsto por el DS 27957, al impedir la inscripción registral; por tal motivo, la accionante solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: 1) Dejar sin efecto y/o declarar la nulidad del Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2023; y, 2) La autoridad judicial demandada emita nuevo fallo estableciendo el porcentaje de acciones y derechos que le corresponde a efectos del mencionado registro en DD.RR. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 73/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 103 a 108, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Los actos consentidos expresamente en la acción de amparo constitucional
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1235/2025-S3 Sucre, 7 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57862-2023-116-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 73/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 103 a 108, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por María Guadalupe Álvarez Rodríguez contra Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 3 y 11 de agosto de 2023, cursantes de fs. 66 a 70 y 73 y vta., la accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Tuvo conocimiento de un proceso civil ejecutivo, seguido por Jhonny Gregorio Choque Flores contra Nancy Rosario Urey Ríos y Willy Bellido Urey, por el pago de $us13 000.- (trece mil dólares estadounidenses); por lo que, en atención a un contrato de anticresis suscrito anteriormente con los demandados, junto a su esposo -entonces con vida- se apersonó y se constituyó en tercerista de derecho preferente, conforme al Auto Interlocutorio de 18 de diciembre de 2020, dictado por la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, Ana Adela Quispe Cuba -hoy demandada-, reconoció su acreencia en la suma de $us7 000.-(siete mil dólares estadounidenses).

En su calidad de tercerista, solicitó la extensión de un aviso de remate, señalándose audiencia de pública de subasta para el 26 de marzo de 2021, publicándose el solicitado aviso a “fs. 272 cursa AVISO DE REMATE” (sic); mediante Auto de 11 de mayo de 2021, se aprobó el remate y se adjudicó el bien a su favor, disponiéndose la extensión de la minuta correspondiente, la cual fue emitida el 26 de igual mes y año;

sin embargo, en el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, no existían registros, situación que se regularizó con la emisión del decreto de 16 de julio de 2021, efectuando posteriormente la cancelación de los impuestos adeudados por la familia Bellido Urey; por lo cual, mediante memorial de 23 de agosto de 2022, solicitó nueva minuta, que fue expedida el 7 de septiembre de 2022; no obstante, al intentar registrar la minuta en Derechos Reales (DD.RR.), fue rechazada por no consignar el porcentaje de acciones y derechos adjudicados en lo proindiviso, ya que existían seis copropietarios.

Frente a ello, solicitó aclaración mediante memorial de 28 de octubre de 2022; empero, la Jueza ahora demandada, mediante decreto de 31 de octubre de 2023, señaló que no podía realizar la partición y división al no ser su persona objeto del proceso.

Nuevamente, el 8 de mayo de 2023, por memorial reiteró la solicitud de minuta con la precisión de porcentajes, pero mediante decreto de 9 de mayo de 2023, la nombrada autoridad judicial, respondió que la inscripción debía hacerse en acciones y derechos, indicando que el adjudicatario sabía que adquiría derechos correspondientes a Willy Bellido Urey, por lo que denegó su petición.

Frente a esa decisión, interpuso recurso de reposición el 12 de mayo de 2023, argumentando que, sin la determinación de porcentajes, la minuta no podía tener validez jurídica; sin embargo, mediante Auto Interlocutorio de 26 del citado mes y año, la Jueza demandada declaró no ha lugar al recurso y rechazó la concesión de apelación, basándose en el art. 258 del Código Procesal Civil (CPC), agotando las instancias ordinarias.

La observación de Derechos Reales era coherente, pues resultaba imprescindible consignar los porcentajes en el registro de acciones y derechos; por lo que la Jueza demandada incurrió en error al sostener que sabía lo que adquiría sin precisar porcentajes, y que no era lógico exigirle que conmine al “Registrador” siendo solo un ciudadano. Consideró que, agotadas las instancias ordinarias, correspondía activar la vía constitucional, por vulneración a su derecho de propiedad.

Finalmente, señaló que la negativa de la Jueza demandada a rectificar la referida minuta impedía el ejercicio pleno de su derecho de propiedad; asimismo, citó el Decreto Supremo (DS) 27957 de 24 de diciembre de 2004 -Reglamento de Modificación y Actualización a la Ley de Inscripción de Derechos Reales-, cuyo contenido dispone que en casos de venta parcial de inmuebles en lo proindiviso, deben especificarse los porcentajes de cada copropietario en el título para efectos de registro.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Señaló como lesionados sus derechos a la propiedad, al debido proceso en su elemento de motivación y a la tutela judicial efectiva, citando al efecto el art. 56 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se disponga: a) Dejar sin efecto y/o declarar la nulidad del Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2023; y, b) La autoridad judicial demandada emita nuevo fallo estableciendo el porcentaje de acciones y derechos que le corresponde a efectos del mencionado registro en DD.RR.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 16 de agosto de 2023, según consta en acta cursante a fs. 97 a 102, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su abogado, ratificó los argumentos de su acción tutelar y ampliándola, señaló lo siguiente: 1) Que habiendo intervenido en la causa como tercerista de derecho preferente, debido a la existencia de un proceso ejecutivo seguido contra Willy Bellido Urey y su madre, sobre un inmueble en el cual tenía un contrato de anticresis; proceso en el cual, se reconoció su derecho de tercerista e incluso se le adjudicó el bien en remate, cancelando los montos correspondientes; 2) Al presentar la correspondiente minuta en DD.RR. fue rechazada por no consignar el porcentaje de acciones y derechos adjudicados; razón por la cual, solicitaron una nueva con la aclaración respectiva; empero, la Jueza demandada, se negó reiteradamente a expedirla, alegando que no podía disponer la partición y división, pese a que solo se pedía consignar el porcentaje en lo proindiviso; 3) Paralelamente, el ejecutado Willy Bellido Urey, había planteado un incidente de nulidad de obrados con documentación irregular, al que la nombrada autoridad judicial dio curso, pese a que finalmente en alzada se les dio la razón a los terceros; a partir de ese momento, la Jueza demandada adoptó una actitud hostil, rechazando todas sus solicitudes, incluida la extensión de la nueva minuta; 4) Pidió cumplir con el pago del saldo de la adjudicación y de los impuestos municipales adeudados por más de diez años, sumando alrededor de Bs21 000.- (veintiún mil bolivianos), con autorización expresa del juzgado; sin embargo de ello, dicha autoridad judicial, le exigió acudir a otras vías, lo que considera improcedente bajo el principio de economía procesal; toda vez, que era la misma autoridad quien tenía competencia para resolver el problema; y, 5) La negativa de la Jueza demandada le generó un grave perjuicio al impedirle consolidar su derecho propietario mediante la inscripción en DD.RR.; por ello, ratificó la pretensión de que se conceda la tutela constitucional y se disponga que la autoridad judicial emita una nueva minuta consignando el porcentaje de acciones y derechos adjudicados en lo proindiviso a María Guadalupe Álvarez Rodríguez.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Ana Adela Quispe Cuba, Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, por informe escrito presentado el 15 de agosto de 2023, cursante de fs. 80 a 81 vta., señaló que: i) La accionante se apersonó el 28 de octubre de 2022, solicitando la expedición de una nueva minuta, en razón a la observación realizada por DD.RR. sobre la falta de especificación del porcentaje de acciones y derechos adjudicados. Respondió dicha solicitud, sin que la impetrante de tutela hubiera interpuesto recurso alguno; por lo que, no agotó los medios de impugnación antes de acudir a la vía constitucional; posteriormente, la recurrente volvió a pedir la extensión de una nueva minuta pretendiendo que consignara porcentajes, pese a que mediante Auto Interlocutorio de 1 de abril de 2021, ya se había dispuesto el remate de las acciones y derechos de Willy Bellido Urey respecto al inmueble con Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0009364; decisión que no fue apelada por la peticionante de tutela ni por las partes, constituyéndose en un acto consentido; ii) Los hechos invocados por la accionante pretendían modificar actuaciones ya precluidas y consentidas, lo que desvirtuaba la finalidad de la acción de amparo constitucional; la cual, -según la Constitución Política del Estado- solo procede frente a actos u omisiones ilegales o indebidos de servidores públicos o particulares que restrinjan, supriman o amenacen derechos fundamentales; el art. 53 núm. 2 y 3 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece la improcedencia de la acción de amparo constitucional contra actos consentidos expresa o tácitamente, y contra resoluciones que puedan ser modificadas o suprimidas por recursos ordinarios no interpuestos; iii) El Código Procesal Civil otorga a las partes diferentes mecanismos de impugnación, como la reposición, apelación o compulsa, que la accionante pudo haber utilizado oportunamente; en apoyo, citó la SC 0345/2004-R de 16 de marzo, que determinó que el consentimiento libre y expreso se configura cuando una persona se somete a un acto considerado lesivo sin objetarlo, o adopta una conducta pasiva que refleja aceptación; en consecuencia, la tutela constitucional solo se abre cuando se demuestra una actuación activa y permanente en procura de la reparación de derechos, agotando previamente todos los recursos; iv) Asimismo, invocó la SCP 1126/2014 de 10 de junio, que reafirmó que los actos que demuestran conformidad con la supuesta vulneración de derechos constituyen causal de improcedencia del amparo, dicha línea jurisprudencial, consolidada también en la SC 1667/2003-R de 14 de octubre, y reiterada en las SSCC 0231/2010-R, 0906/2012-R; y, Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0689/2012 y 0920/2012, estableció que el consentimiento puede deducirse de la conducta procesal del titular del derecho sin necesidad de manifestación expresa; y, v) Consideró como improcedente la acción de amparo constitucional; toda vez que, la impetrante de tutela tuvo la posibilidad de activar los recursos previstos en el ordenamiento procesal civil para cuestionar las resoluciones que consideraba lesivas, pero no lo hizo, mostrando con ello consentimiento de los actos ahora reclamados

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, mediante Resolución 73/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 103 a 108, denegó la tutela solicitada; determinación que se dio bajo los siguientes fundamentos: a) La acción de amparo constitucional emerge a un proceso ejecutivo, que se encontraba en etapa de ejecución de sentencia, en el que la accionante intervino tanto como tercerista de derecho preferente como adjudicataria de acciones y derechos de un bien inmueble. El origen de la acción radica en la negativa reiterada de la Jueza de primera instancia a expedir nuevas minutas que especifiquen el porcentaje de acciones y derechos adjudicados del referido inmueble; b) De los antecedentes, se advierte que el derecho propietario del inmueble se halla registrado en acciones y derechos en favor de seis copropietarios por anticipo de legítima, sin que en dicho documento se hayan establecido porcentajes específicos; si bien el DS 27957, exige la individualización de porcentajes, en este caso no se cumplió esa formalidad, lo que limita la competencia de la Jueza demandada para determinar de oficio proporciones concretas; ya que, ello podría afectar los derechos de los demás copropietarios; c) Se advierte que la propia accionante solicitó actos de ejecución, embargos y remates sin cuestionar oportunamente la falta de determinación de porcentajes, lo que configura un posible consentimiento tácito; también constató que, no existía constancia formal del rechazo de DD.RR. a la inscripción; por lo que, la accionante pudo haber solicitado certificación expresa de esa oficina o incidentado la aclaración de porcentajes, mediante peritaje, operaciones matemáticas básicas o requerimiento del documento de anticipo de legítima, alternativas que no fueron agotadas; y, d) Subsisten las vías idóneas dentro de la jurisdicción ordinaria para resolver la problemática planteada; por lo que, ante tales circunstancias no es posible otorgar tutela constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta memorial presentado el 5 de noviembre de 2020, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro; por el cual, Eduardo Ramírez García y María Guadalupe Álvarez Rodríguez -ahora accionante-, se apersonaron dentro de proceso civil ejecutivo seguido a instancia de Jhonny Gregorio Choque Flores en calidad de terceristas (fs. 2 a 3 vta.). II.2. Mediante Auto Interlocutorio de 18 de diciembre de 2020, la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, declaró probada la tercería de derecho preferente interpuesto por Eduardo Ramírez García y María Guadalupe Álvarez Rodríguez (fs. 7 a 9 vta.). II.3. Cursa Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2021; a través del cual, la Jueza demandada, aprobó el remate y subasta pública realizada el 30 de abril de 2021, en el 80% de la última base que equivale a la suma de Bs211 589,4.- (doscientos once mil quinientos ochenta y nueve 4/100 bolivianos), acto celebrado por Patricia Diaz Barreta, Martillera Judicial Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en consecuencia se otorgó la buena pro del mismo a la adjudicataria María Guadalupe Álvarez Rodríguez (fs. 23 y vta.). II.4. Por decreto de 16 de julio de 2021, la autoridad judicial demandada, dispuso la notificación al Jefe de la Repartición de Inmuebles dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a objeto de que proceda al nuevo registro de impuestos y transferencia del bien inmueble registrado en DD.RR., bajo la Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0009364, adquirido mediante adjudicación judicial por remate realizado por la impetrante de tutela (fs. 32). II.5. Consta memorial presentado el 28 de octubre de 2022, ante la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro; por el que, María Guadalupe Álvarez Rodríguez, solicitó la extensión de la minuta de adjudicación en el que se detalle con exactitud el porcentaje que le corresponde en el inmueble adjudicado (fs. 56). II.6. Mediante decreto de 31 de octubre de 2022, la mencionada autoridad jurisdiccional, dispuso que la interesada aclare su pretensión, puesto que la suma y el contenido del memorial eran distintos, además que la determinación de porcentajes no sería objeto de ese proceso (fs. 57). II.7. Por Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2023, la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesta por María Guadalupe Álvarez Rodríguez, por ser manifiestamente improcedente (fs. 64 a 65 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la propiedad, al debido proceso en su elemento de motivación y a la tutela judicial efectiva; puesto que, dentro de un proceso civil ejecutivo, esta se constituyó en tercerista de derecho preferente, por tener un contrato de anticresis suscrito con la parte demandada, lográndose reconocer su acreencia y adjudicarse el inmueble objeto del proceso en subasta pública en la gestión 2021; sin embargo, al intentar registrar la minuta en DD.RR., ésta solicitud fue rechazada por no consignar los porcentajes de acciones y derechos en lo proindiviso del referido inmueble, observación que la Jueza demandada, se negó a subsanar pese a reiteradas solicitudes y recursos, que fueron declarados improcedentes; actuando dicha autoridad jurisdiccional de manera contraria a lo previsto por el DS 27957, al impedir la inscripción registral; por tal motivo, la accionante solicita se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: 1) Dejar sin efecto y/o declarar la nulidad del Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2023; y, 2) La autoridad judicial demandada emita nuevo fallo estableciendo el porcentaje de acciones y derechos que le corresponde a efectos del mencionado registro en DD.RR. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Los actos consentidos expresamente en la acción de amparo constitucional

Si bien el art. 53.2 del CPCo, claramente indica que la acción de amparo constitucional, no procederá contra actos consentidos libre y expresamente, por cuanto ésta viene a ser una causal de improcedencia de la presente acción de defensa; misma, que fue desarrollada de manera amplia por la jurisprudencia constitucional; es así, que el mismo Tribunal Constitucional en la SC 0700/2003-R 1 de 22 de mayo, señaló que toda persona, tiene la absoluta libertad de ejercer sus derechos de la forma que más convenga a sus intereses, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de los demás; por lo mismo, frente a una eventual lesión o restricción de su derecho fundamental o garantía constitucional la persona tiene la libertad de definir la acción a seguir frente a dicha situación, ya sea reclamando frente al hecho ilegal, planteando las acciones pertinentes o en su caso, de consentir el hecho o llegar a un acuerdo con la persona o autoridad, que afecta su derecho, por considerar que esa lesión no es grave y no justifica la iniciación de las acciones legales correspondientes. La citada Sentencia Constitucional, también fue reiterada por las SSCC 0589/2010-R, 0725/2010-R y 0231/2010-R, entre otras. La SC 0345/2004-R1 de 16 de marzo, concluyó para que se abra la tutela, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance se pueda acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado, al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias. Finalmente, la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre en su Fundamento Jurídico III.5., estableció las siguientes sub reglas sobre la existencia de un acto consentido:

…1) Cuando dentro de un proceso administrativo, judicial o de otra naturaleza se hayan vulnerado derechos y garantías constitucionales y que dichos aspectos o actos vulneratorios, sean de conocimiento del accionante, y este no hubiese interpuesto dentro del término legal, ninguna acción para tratar de restituir los derechos o garantías vulnerados; y, b) Que se hubiese conformado con dicho acto o lo hubiese admitido por manifestaciones concretas de su voluntad; c) De conformidad con el art. 129.II de la CPE, concordante con el art. 55 del CPCo, haya dejado transcurrir el plazo de seis meses sin haber reclamado la restitución de sus derechos. El Fundamento Jurídico que precede se encuentra desarrollado en la SCP 0058/2019-S2 de 3 de abril.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante señala como vulnerados sus derechos de propiedad, al debido proceso en su elemento de motivación, y a la tutela judicial efectiva, puesto que dentro de un proceso civil ejecutivo se constituyó en tercerista de derecho preferente por un contrato de anticresis, obteniendo el reconocimiento de su acreencia y la adjudicación de un inmueble en subasta pública en 2021; sin embargo, al intentar registrar la minuta en DD.RR., ésta fue rechazada por no consignar los porcentajes de acciones y derechos en lo pro indiviso, observación que la Jueza demandada, se negó a subsanar pese a las reiteradas solicitudes y recursos, todos declarados improcedentes; por lo que, dicha negativa, al impedir la inscripción registral, contraviene lo dispuesto en el DS 27957. De la revisión de los antecedentes procesales relevantes cursantes en el cuaderno constitucional y que se encuentran establecidas en las Conclusiones del presente fallo, se establece que, el 5 de noviembre de 2020, Eduardo Ramírez García y María Guadalupe Álvarez Rodríguez -ahora accionante- se apersonaron ante la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro -demandada-, dentro del proceso civil ejecutivo seguido a instancia de Jhonny Gregorio Choque Flores, en calidad de terceros interesados, interponiendo tercería de derecho preferente, sustentando su pretensión en la existencia de una anotación preventiva inscrita en el Asiento B-9 de la Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0009364, registrada el 22 de abril de 2010, la cual consideran prevalente frente a los gravámenes posteriores que obran a favor del ejecutante y de otros acreedores. Mediante Auto Interlocutorio de 18 de diciembre de 2020, la mencionada autoridad judicial acogió favorablemente la tercería planteada, declarando probada la preferencia invocada por los terceros, en mérito al principio de prioridad registral, disponiendo que con el producto del eventual remate en subasta pública se satisfaga con carácter preferente la acreencia de $us7 000.- a su favor. Posteriormente, a través de Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2021, la Jueza demandada, aprobó el remate y subasta pública llevada a cabo el 30 de abril del mismo año, sobre las acciones y derechos del co ejecutado Willy Bellido Urey, adjudicándose el bien a la única postora, María Guadalupe Álvarez Rodríguez, por la suma de Bs211 589,40.-, equivalente al 80% de la última base; en consecuencia, dispuso otorgar la buena pro a favor de la mencionada adjudicataria y la extensión de la minuta correspondiente para su protocolización. En cumplimiento de dicho mandato, por decreto de 16 de julio de 2021, la autoridad judicial ordenó la notificación al Jefe de la Repartición de Inmuebles dependiente del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, a objeto de que se realice el nuevo registro de impuestos y la transferencia del bien inmueble adquirido por la adjudicataria, identificado bajo la Matrícula Computarizada 4.01.1.01.0009364. Posteriormente, el 28 de octubre de 2022, la impetrante de tutela presentó memorial solicitando a la Jueza demandada, la extensión de una minuta aclaratoria, señalando que la emitida con anterioridad carecía de precisión respecto al porcentaje de las acciones y derechos efectivamente adjudicados, circunstancia que impedía su inscripción en DD.RR.; ameritando, el decreto de 31 de igual mes y año; por el cual, dicha autoridad dispuso que la interesada aclare su pretensión; toda vez que, en el tenor del memorial solicitaba la determinación de porcentajes de copropiedad, cuestión que no constituía objeto del proceso ejecutivo seguido en autos. No obstante, esa observación, la adjudicataria formuló diversas solicitudes posteriores reiterando que se le otorgue una minuta en la que se establezca de manera expresa el porcentaje de las acciones y derechos adquiridos, alegando que únicamente de esa forma podría concretar la inscripción de su derecho propietario en DD.RR., la secuencia de estas gestiones culminó con la interposición de un recurso de reposición contra el decreto de 9 de mayo de 2023, insistiendo en la necesidad de una nueva minuta que consigne dicho porcentaje. Finalmente, por Auto Interlocutorio de 26 de mayo de 2023, la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, declaró no ha lugar el recurso de reposición interpuesto, calificándolo de manifiestamente improcedente, fundamentando su decisión en que la adjudicación recaía únicamente sobre las acciones y derechos correspondientes al co ejecutado Willy Bellido Urey, que en dos oportunidades ya se expidieron las minutas respectivas conforme a la aprobación del remate, y que el inmueble no se encontraba fraccionado en porcentajes, razón por la cual corresponde el registro en DD.RR. en calidad de acciones y derechos, mas no como cuota determinada. Ahora bien, en ese contexto fáctico, se establece que la accionante María Guadalupe Álvarez Rodríguez, ingresó al proceso civil ejecutivo seguido ante la Jueza Pública Civil y Comercial Sexta de la Capital del departamento de Oruro, en calidad de tercerista de derecho preferente, extremo que fue declarado probado por la autoridad jurisdiccional, reconociéndose así su acreencia en virtud de un contrato de anticresis; posteriormente, la misma participó en el acto de remate judicial, resultando adjudicataria del inmueble objeto del proceso, consolidando en ese momento una doble condición: por un lado, de tercerista reconocida en el proceso y, por otro, de adquirente mediante subasta pública. De la revisión del memorial de apersonamiento en calidad de tercera interesada, se advierte que la accionante identificó de manera precisa y concreta el bien inmueble, consignando incluso el número de Matrícula en DD.RR. 4.01.1.01.0009364, el asiento y demás datos técnicos, lo cual demuestra que desde su primera intervención procesal tenía conocimiento de que el referido bien se encontraba sujeto a un régimen de copropiedad con otros titulares. En ese entendido, corresponde traer a colación la jurisprudencia constitucional referida a los actos consentidos en la acción de amparo constitucional glosada en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que establece que el acto consentido se configura cuando, pese a conocer un hecho que puede implicar la restricción o vulneración de un derecho fundamental, la persona deja transcurrir los plazos procesales o decide no accionar de manera oportuna, permitiendo con ello que el proceso continúe bajo tales parámetros. En el caso presente, resulta evidente que, al haber sido reconocida como tercerista, la accionante contaba con la posibilidad procesal de solicitar la división y partición del inmueble a efectos de individualizar la parte que correspondía a cada copropietario, evitando así cualquier observación futura en el registro de Derechos Reales; de igual manera, durante el acto de remate, tuvo la oportunidad de precisar o reclamar la determinación del porcentaje concreto del bien que se adjudicaba, lo que tampoco realizó. En ese marco, conforme a las subreglas establecidas por la SCP 2070/2012 de 8 de noviembre, la conducta de la accionante encuadra plenamente en las hipótesis de acto consentido, por cuanto: i) Tuvo conocimiento pleno de la situación de copropiedad del inmueble con Matrícula 4.01.1.01.0009364 y, pese a ello, no promovió recurso ni acción alguna dentro del término legal; ii) Al participar activamente en el proceso sin objeciones, aceptó tácitamente las condiciones bajo las cuales se tramitaba la causa; y, iii) Dejó transcurrir las oportunidades procesales idóneas para exigir la partición o individualización de derechos, consintiendo de ese modo que el proceso continúe sin reparos.

En consecuencia, no resulta jurídicamente viable que la accionante pretenda, a través de la presente acción de amparo constitucional, que se subsane el descuido procesal incurrido, ni mucho menos imponer a la Jueza ahora demandada -quien, como cualquier autoridad judicial, actúa únicamente en calidad de directora del proceso- la obligación de disponer de oficio la división y partición del inmueble o la determinación de porcentajes de copropiedad, puesto que tal atribución excede su competencia y contraviene el principio dispositivo que rige los procesos civiles. A ello se suma que la división y partición de un bien sujeto a copropiedad no puede realizarse de manera individual a instancia exclusiva de la accionante, sino que requiere necesariamente la participación de los demás copropietarios, a fin de garantizar sus derechos propietarios y evitar la eventual lesión de los mismos; por tales motivos, corresponde denegar la tutela impetrada. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 73/2023 de 16 de agosto, cursante de fs. 103 a 108, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia: DENEGAR la tutela solicitada conforme los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el FJ III.1: “Bajo dicho entendimiento el consentimiento libre y expreso supone la acción voluntaria de la persona de someterse al acto considerado lesivo, sin objetarlo, tomando una actitud pasiva frente al mismo, o en su caso, realizando acciones que no tienden a restablecer el acto considerado lesivo”. FJ III.2 (…) “…para que se abra la tutela que brinda este recurso, la actuación de las partes dentro de los procesos judiciales o administrativos, una vez producido el acto considerado ilegal o lesivo, debe ser activa y permanente en procura de su reparación, para que recién, en su caso, ante la falta de protección y una vez agotados todos los medios a su alcance acudir directamente a la tutela que brinda este recurso y no realizar, por el contrario, acciones que reflejen el consentimiento del acto reclamado al continuar con la tramitación del proceso sometiéndose a sus incidencias…”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1235_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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