Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 22 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa material y técnica, al acceso a la justicia y a la impugnación; toda vez que, formuló apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023; empero, por Auto de Vista de 18 de igual mes y año, la demandada, ante su inconcurrencia a la audiencia virtual de esa fecha, determinó darla por desistida. Ante ello, la Vocal demandada sostiene que su determinación fue emitida con base en los arts. 113.II y 398 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 64 a 69 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos expresados en este fallo constitucional. 2° Exhortar a las Presidencias de los Tribunales Departamentales de Justicia para que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en ejercicio del control que les compete, adopten las medidas de advertencia; y, disciplinarias, en relación a los abogados Defensores de Oficio que no asistan a las audiencias a las que fueron convocados por autoridad judicial; de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; a tal efecto, notifíquese por Secretaría General conforme corresponda.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1235/2025-S2 Sucre, 22 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55703-2023-112-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 64 a 69 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luz Daniela Delgadillo Panozo en representación sin mandato de Omar Humberto Terrazas Morales contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 4 a 6, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Milagros Ángela Sillerico Salinas y otros en su contra, por la presunta comisión del delito de estafa agravada, por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, se le impuso medidas cautelares, entre ellas, la detención domiciliaria; no obstante, solicitó la modificación de la referida medida, que fue rechazada mediante Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023, por la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba; interpuesta la apelación incidental, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba fijó audiencia para el 18 de igual mes y año; no obstante, ante su inasistencia, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la indicada Sala -ahora demandada- declaró implícitamente desistida su pretensión, cuando, debió designar un abogado de oficio y diferir el acto procesal.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa material y técnica, al acceso a la justicia y a la impugnación, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 18 de abril de 2023 y que, dentro de las veinticuatro horas, la Vocal demandada convoque a nueva audiencia.
Celebrada la audiencia pública virtual el 13 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 62 a 63, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de interposición de acción de libertad y, ampliando en audiencia, de garantías señaló que: a) La única defensa técnica que tuvo desde un inicio corresponde a José Ramiro Uriarte Ortiz y Luz Daniela Delgadillo Panozo; dado que, Antonio Nélson Montaño Valverde solo asistió a la audiencia -se entiende de 16 de diciembre de 2022- ante la imposibiidad de concurrencia de los nombrados; y, b) La Vocal demandada no podía determinar el desistimiento del recurso, ya que su persona no retiró la apelación incidental.
Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 41 a 43, solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) El accionante no se conectó a la audiencia fijada para el 18 de abril de 2023 ni presentó justificativo alguno de su inasistencia a efectos de fundamentar los agravios respecto al Auto Interlocutorio de 10 de igual mes y año, determinó dar por desistida la apelación incidental en el marco de los arts. 113.II y 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 2) Las reglas de competencia para la resolución de apelaciones incidentales inherentes a medidas cautelares están previstas en el art. 398 del citado Código; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, sostuvo que: ”…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir…” (sic); por lo que, ante esa inexistencia de agravios, asumió tal decisión.
La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 64 a 69 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: i) Los arts. 113, 398 y 406 del CPP, son claros respecto a la tramitación del recurso de apelación incidental; siendo que, el accionante ni su abogado asistieron a la audiencia virtual programada para el 18 de abril de 2023, pese a su legal notificación, la demandada dio por desistida la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio de 10 de igual mes y año; ii) Para reclamar la notificación efectuada con el decreto de 12 de abril de 2023 vía acción de libertad, el impetrante de tutela debió agotar la vía ordinaria; asimismo, si bien consta en obrados que por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, reconoció a José Ramiro Uriarte Ortiz y Luz Daniela Delgadillo Panozo como única representación jurídica, aceptada por decreto de 9 de igual mes y año. Dicho acto es posterior a los de la apelación incidental cuestionada, momento en el cual el copatrocinio de Antonio Nélson Montaño Valverde estaba vigente; toda vez que, fue él quien el 3 de febrero del citado año, tramitó la modificación de medidas cautelares; por lo que, en aplicación del art. 160 del CPP, la notificación a uno de ellos es válida para todos; y, iii) La ausencia por falta de conexión del solicitante de tutela y su defensa no es atribuible a la demandada. En la vía de aclaración, complementación y enmienda, el accionante pidió que la Jueza de garantías: a) Aclare que José Ramiro Uriarte Ortiz y Luz Daniela Delgadillo Panozo lo asesoran desde diciembre de 2022; y, b) Complemente respecto a la obligación que tenía la demandada de nombrar un abogado defensor de oficio a efectos de sustanciar y resolver la apelación incidental formulada y no declararla desistida; en sustanciación y resolución la Jueza de garantías sostuvo que, de la revisión de los antecedentes inherentes al cuadernillo de control de medidas cautelares y del proceso principal, consta que el impetrante de tutela cuenta con diferente defensa técnica siendo parte Antonio Nélson Montaño Valverde, quien presentó el memorial de 3 de febrero de 2023; al respecto, el art. 160 del CPP establece que, cuando las partes tengan más de un abogado, la notificación practicada a cualquiera de ellos tendrá validez respecto a todos; en tal sentido, al no desconocerse el patrocinio del nombrado es válida la notificación efectuada por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; no obstante, tal aspecto debió ser reclamado en la vía ordinaria, debiendo estarse a la denegatoria de la tutela.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Por memorial presentado el 3 de febrero de 2023, Omar Humberto Terrazas Morales -accionante- junto a Antonio Nélson Montaño Valverde, su abogado, solicitaron a la Jueza de Sentencia Penal Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba la modificación de medidas cautelares; ante lo cual, dicha autoridad judicial, por Auto Interlocutorio de 10 de abril de ese año, rechazó tal pretensión, por lo que, formuló recurso de apelación incidental (fs. 13; y, 22 a 27). II.2. Cursa acta de audiencia -virtual- de fundamentación de apelación incidental de medida cautelar de 18 de abril de 2023, acto procesal en el cual Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, por Auto de Vista de esa fecha dio por desistida la apelación incidental formulada por el impetrante de tutela contra el Auto Interlocutorio de 10 de ese mes y año toda vez que, no se conectó al señalado acto procesal a efectos de fundamentar los agravios (fs. 33 y vta.).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la defensa material y técnica, al acceso a la justicia y a la impugnación; toda vez que, formuló apelación incidental contra el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023; empero, por Auto de Vista de 18 de igual mes y año, la demandada, ante su inconcurrencia a la audiencia virtual de esa fecha, determinó darla por desistida. Ante ello, la Vocal demandada sostiene que su determinación fue emitida con base en los arts. 113.II y 398 del CPP. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, introdujo cambios sustanciales al Código de Procedimiento Penal para agilizar la tramitación de causas penales; entre estos, con relación al recurso de apelación incidental contra resoluciones sobre medidas cautelares personales, norma que modificó el sistema de turno de salas para estos casos y estableció, en su Disposición Transitoria Décima Tercera, que el Tribunal Supremo de Justicia debía reglamentar en un plazo máximo de treinta días las conductas y medidas disciplinarias del poder ordenador y disciplinario en audiencias penales, conforme al art. 339 del CPP, con el fin de dinamizar el desarrollo de las audiencias durante todo el proceso penal. Al respecto, la SCP 1564/2022-S4 de 28 de noviembre estableció que: “…el Tribunal Supremo de Justicia en cumplimiento a ese mandato legal emitió el ´Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencia en Materia Penal´, en cuyo art. 25 en cuanto a la tramitación de la audiencia de vista y resolución del recurso de apelación incidental de medida cautelar, estableció que: 'I. La incomparecencia del imputado no justificada, tendrá los efectos previstos por el Código de Procedimiento Penal. II. La inasistencia del imputado a los Tribunales de alzada, como efecto de los recursos de apelaciones restringidas, incidentales y/o de medidas cautelares, encontrándose presente el abogado defensor, no será causal de suspensión debiendo el abogado defensor exponer el alegato correspondiente'. Respecto a la normativa precitada la SCP 0583/2020-S3 de 24 de septiembre, desarrolló el siguiente entendimiento: ‘De la disposición reglamentaria citada, se tiene que el legislador a través del máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria, instituyo parámetros para el desarrollo de la audiencia de vista y resolución de la apelación incidental de medida cautelar, estableciendo que ante una situación de inconcurrencia del imputado o acusado a esa actuación procesal pero si de su abogado defensor, dicho extremo no es causal de suspensión, debiendo el abogado defensor exponer los alegatos correspondientes; Sin embargo de aquello, este Tribunal considera pertinente establecer que la disposición de referencia, corresponde ser aplicada en el marco de lo establecido por el art. 115.II de la CPE, que garantiza el derecho a la defensa de todo imputado o acusado, derecho que no está constreñido únicamente a la defensa técnica a ser ejercida por un letrado, sino también a la defensa material que es una garantía fundamental que se encuentra latente durante todo el cauce procesal, cuyo ejercicio no puede ser coartado al procesado bajo ningún concepto pues una actuación en ese sentido implicaría una flagrante vulneración de la citada disposición constitucional y lo dispuesto por el art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), el cual estipula que toda persona inculpada tiene derecho de ´…defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor.’ (…)
…en cambio respecto a la situación de los imputados con detención preventiva se llega a la conclusión de que los mismos merecen un análisis distinto, tomando en cuenta que si bien en esos casos, tampoco es exigible una notificación personal, su comparecencia a la audiencia para el ejercicio del derecho a la defensa material, no depende de su propia voluntad, sino de una decisión judicial que autorice su salida del recinto carcelario y facilite su comparecencia a la audiencia programada, sea o no el apelante. (…) …en caso de los privados de libertad, igualmente se verifique cual el impedimento que generó su inasistencia, si se debe a su negligencia, a motivos de falta de emisión de orden de salida y traslado, o en el caso de audiencias virtuales, si el privado de libertad contaba con el medio informático para acceder a la misma” (las negrillas son nuestras). De lo señalado, se infiere que la inconcurrencia del imputado o acusado a una audiencia de medidas cautelares puede deberse también a causas justificadas, como por ejemplo que al estar detenido preventivamente el personal policial encargado de conducirlo al acto demore -tratándose de una audiencia presencial-; o, que en el centro penitenciario no pueda acceder a una computadora, al servicio de internet -para el caso de una audiencia virtual-; es decir, su conexión no depende de él, supúestos en los que este Tribunal procedió a conceder la tutela; empero, cuando la persona es sometida a medidas cautelares de detención domiciliaria las razones para su inasistencia a las audiencias virtuales se reducen, ya que, la conexión al acto depende enteramente de la voluntad. En este sentido, la SC 0919/2004-R de 15 de junio, sostuvo que: “...no existe indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo; así en la SC 287/2003-R, de 11 de marzo, citando jurisprudencia comparada, ha señalado que 'la indefensión no se produce si la situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntariamente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia (...) no se encuentra en una situación de indefensión la persona a quien se ha dado a conocer la existencia del proceso y ha podido intervenir en él, ni aquella otra, que conociéndolo, ha dejado de intervenir en él por un acto de su voluntad…".
Conforme se tiene de antecedentes, por Auto Interlocutorio de 16 de diciembre de 2022, se impuso al accionante medidas cautelares, entre ellas, la detención domiciliaria; determinación que fue ratificada por Auto de Vista 12/2023 de 17 de enero; posteriormente, por memorial presentado el 3 de febrero de 2023, el nombrado solicitó la modificación de medidas cautelares solicitud que fue declarada improcedente; ante lo cual, el impetrante de tutela formuló apelación incidental (Conclusión II.1), programándose la audiencia a ese efecto para el 18 de igual mes y año. Instalada la audiencia de apelación incidental, se recibió el informe del Secretario de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y se dio a conocer la inconcurrencia del accionante, de su abogado defensor y del defensor de oficio convocado por decreto de 18 de abril de 2023; determinó dar por desistida la indicada apelación, alegando la falta de expresión de agravios por ausencia del impetrante de tutela (Conclusión II.2); mediante Auto de Vista de 18 de abril de 2023 ahora impugnado, entre hechos, según la parte accionante resulta vulneratorio de sus derechos a la defensa material y técnica, al acceso a la justicia y a la impugnación. Al respecto, siendo que -Antonio Nélson Montaño Valverde- abogado del accionante fue notificado el 12 de abril de 2023, con el decreto a través del cual se programó la audiencia de apelación incidental para el 18 de ese mes y año (fs. 30), se tiene evidencia que tuvo el tiempo suficiente para comunicar de alguna imposibilidad de asirtir a ese acto y solicitar, en su caso, justificadamente su diferimiento; empero, de acuerdo al informe presentado por la demandada no consta que lo hicera, afirmación que en todo caso no fue controvertida; asimismo, tomando en cuenta que el impetrante de tutela se encontraba cumpliendo la medida cautelar de detención domiciliaria y habiendose programado una audiencia virtual, aspecto que tampoco se reclama, no existía óbice para que pueda conectarse a la referida audiencia desde su domicilio; más aun, tomando en cuenta que fue su persona a través del indicado profesional abogado quien solicitó la modificación de esa medida; razón por la cual, estaba obligado a expresar los agravios que presuntamente le causó el Auto Interlocutorio de 10 de abril de 2023, argumentación con base en la cual la demandada recién podía emitir un pronunciamiento conforme y los límites establecidos por el art. 398 del CPP. En consecuencia, al no conocer los agravios por la referida inasistencia, la cual no estaba justificada, en la medida en la que el conectarse a diferencia de los detenidos preventivos dependía del accionante se declaró la improcedencia de la impugnación aunque se haya utilizado el término desistimiento que en su alcance procesal se constituye un acto a través del cual, la parte abandona o renuncia voluntariamente a una pretensión -el cual debe ser expreso-; razón por la cual, la inasistencia del accionante a la audiencia de 18 de abril de 2023, implicaba una improcedencia en la medida en la que no se presentó carga argumentativa a la que estaba obligado el apelante; sin embargo, la terminología utilizada carece de relevancia constitucional, toda vez que dicho error no puede cambiar el fondo de la problemática. Finalmente, si bien la demandada por decreto de 12 de abril de 2023, a momento de fijar la audiencia de 18 de igual mes y año, tomó la previsión de designar a Miguel Ángel Siles Meneses como abogado defensor de oficio del impetrante de tutela, no emitió pronunciamiento alguno respecto a que dicho profesional hizo caso omiso a su nombramiento y no asistió a la indicada audiencia; no obstante, su ausencia tampoco cambia el fondo de esta decisión pues la participación de todo abogado requiere la anuencia del imputado en la medida en la que no está obligado a mantener su apelación; pese a ello, ante la inconcurrencia correspondía, en su caso, ordenar su sanción en el marco del art. 113.II del CPP. En aplicación del art. 18 del Reglamento de Defensores de Oficio e Implementación del Sistema EUNOMIA, aprobado por Acuerdo 19/2023 del Tribunal Supremo de Justicia, se exhortará a las Presidencias de los Tribunales Departamentales de Justicia, para que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional adopten las medidas de advertencia; y, disciplinarias, para los casos de ausencia de abogados defensores de oficio a las audiencias a las que fueron convocados por autoridad judicial; dado que, voluntariamente aceptaron el compromiso para prestar asesoría y representación legal gratuita a personas que no pueden acceder a un abogado; por lo que, no pueden incumplir sus labores perjudicando el desarrollo de los procesos, soslayando la responsabilidad a la que están sujetos conforme al art. 14 del citado Reglamento. En tal orden de cosas, los hechos fácticos precedentemente relatados denotan que la demandada no lesionó los derechos reclamados por el accionante; lo que, da lugar a la denegatoria de la tutela. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución de 13 de mayo de 2023, cursante de fs. 64 a 69 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada conforme a los fundamentos jurídicos expresados en este fallo constitucional. 2° Exhortar a las Presidencias de los Tribunales Departamentales de Justicia para que en coordinación con el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional en ejercicio del control que les compete, adopten las medidas de advertencia; y, disciplinarias, en relación a los abogados Defensores de Oficio que no asistan a las audiencias a las que fueron convocados por autoridad judicial; de acuerdo a lo señalado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; a tal efecto, notifíquese por Secretaría General conforme corresponda.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1235_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): 04fc66102eca4ae313b3d17f05ef6c8dc79d4e4542d118e170c1b93081b15898
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