B.IA.LEGAL

SCP 1234/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 7 de octubre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de octubre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
57844-2023-116-AAC
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en su componente de valoración objetiva de la prueba; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido por el Ministerio Publicó a denuncia de la accionante en contra de Orlando Andia Ocaña -tercer interesado-, por la presunta comisión del delito de violación, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, ante la apelación presentada por el imputado, respecto del rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva, determinada por el Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, el precitado Vocal, mediante Auto de Vista de 29 de junio de 2023, declaró procedente la impugnación formulada por el imputado y revocó la resolución apelada, disponiendo la cesación de la detención preventiva, efectuando una valoración irracional de la prueba, al no explicar los criterios jurídicos utilizados para determinar dar mayor valor a supuestas conversaciones extraídas de teléfonos celulares, que presuntamente serían de la víctima como del agresor, para que le generara duda razonable con relación a la probabilidad de autoría del imputado en los hechos ilícitos denunciados y por ende desvirtuando la declaración de la víctima, informes psicológicos e incluso las declaraciones del mismo imputado; además, que no se hubieran enervado los riegos procesales que generaron la determinación de aplicarle la detención prevent…

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 066/2023 de 10 de agosto, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de la valoración objetiva de la prueba, en los mismos términos y alcances dispositivos establecidos por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

2° Denegar la tutela respecto al derecho a la defensa.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional
  2. III.2. Sobre la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual desde una perspectiva de género
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1234/2025-S3 Sucre, 7 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 57844-2023-116-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 066/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 111 a 117, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Gladys Pedro Cartoceno contra Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 17 y 21 de julio de 2023, cursantes de fs. 25 a 29; y, 32, la accionante expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público a instancia de la peticionante de tutela contra Orlando Andia Ocaña -ahora tercero interesado-por la presunta comisión del delito de violación, previsto en el art. 308 del Código Penal (CP), el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 20 de abril de 2023, dispuso la detención preventiva del tercero interesado, en el Centro Penitenciario de San Antonio de Cochabamba, al haberse acreditado la concurrencia del peligro de fuga y obstaculización, previsto en los arts. 234.7 y 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP). El 15 de mayo de 2023, se celebró la audiencia de consideración de solicitud de modificación de medidas cautelares, en dicho verificativo el imputado intentó desvirtuar la probabilidad de autoría; no obstante, el Juez de instancia mediante Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazó la petición de cesación de medidas cautelares, por no haberse desvirtuado los riesgos procesales, argumentando que los mensajes y audios presentados en Disco Compacto (CD), no fueron certificados por la institución que corresponde, tampoco existía una orden fiscal para extraer los datos de los teléfonos celulares, no se sabia con exactitud a quienes pertenecían las líneas telefónicas y se desestimó la declaración de los testigos, porque no se referían a los hechos suscitados el 2 y 8 de enero de 2023, de esta manera se mantuvo incólume el Auto Interlocutorio de 20 de abril de igual año; dicha determinación, fue objeto de apelación. Luego, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por Auto de Vista de 25 de mayo 2023, confirmó la decisión asumida por el Juez a quo en el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de similar año, al concluir que no evidenció un razonamiento arbitrario ya que la prueba tiene que ser lícita en su obtención y producción; y que respecto a la prueba testifical, esta tampoco tendría mérito para fundar la apelación, porque no se refieren a los hechos ocurridos el 2 y 8 de enero de 2023 -hecho que ocurrió la violación-; en cuanto, a los elementos para desvirtuar los riesgos procesales, se tiene que este está construido por las amenazas que hubiera vertido el imputado contra la víctima, que no fueron enervados por las pruebas antes descritas. Posteriormente, por memorial de 7 de junio de 2023, el imputado por segunda vez solicitó cesación de la detención preventiva, argumentando que existen audios y mensajes entre la presunta víctima y el supuesto agresor, que darían a entender que estos tenían una relación consentida, además de conversaciones telefónicas entre las líneas “68……” y “71……”, para desvirtuar la autoría, y presentando certificados del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) y Certificado de No Violencia (CENVI), acreditando que no tenía antecedentes penales ni mal comportamiento. La audiencia de consideración de la cesación a la detención preventiva se llevó a cabo el 16 de junio de 2023, en la que el juez de instancia, mediante Auto Interlocutorio, volvió a rechazar la solicitud de cesación alegando la inexistencia de una certificación expedida por la Empresa Nacional de Telecomunicaciones Sociedad Anónima (ENTEL S.A.) que acreditara la titularidad de las líneas telefónicas y que, además el CD contenía mensajes de una sola línea; por tal motivo, mantuvo los riesgos procesales, en razón de ello, el imputado interpuso recurso de apelación incidental. El Vocal de la Sala Penal Cuarta, ahora demandado, conoció el recurso de apelación y emitió Auto de Vista de 29 de junio de 2023, por el cual revocó la determinación asumida por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, al considerar que este no realizó una valoración adecuada de la prueba, conforme lo establecido por el art. 173 del CPP, ya que se advierte que el presunto agresor y la víctima mantuvieron conversaciones el día 9 de enero;

al día siguiente, del hecho denunciado, lo que genera duda razonable con relación a la probabilidad de autoría; asimismo, sostuvo que el informe policial y las certificaciones aportadas no desvirtuaban con mérito los riesgos procesales de fuga; en consecuencia, declaró procedente el recurso de apelación y dispuso la cesación de la detención preventiva. Tal decisión, implica una valoración irracional de la prueba, al no explicar cómo se definió la titularidad de los teléfonos celulares, además de cuestionar en qué quedó la denuncia realizada de su parte ante el Ministerio Público, el informe psicológico, el informe de la trabajadora social y la confirmación del hecho delictivo por el agresor, en su declaración informativa prestada por el imputado; lo que trae como consecuencia que se estaría abriendo una senda jurídica para eximir de responsabilidad a una persona que ha cometido delito de violación, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mediante su jurisprudencia ha establecido que los derechos de la mujer, al formar parte de un grupo vulnerable y existiendo un sistema reforzado a nivel mundial que les garantiza a las mujeres a poder vivir libre de toda violencia, máxime existiendo amenazas de muerte, se decide otorgar libertad condicionada dejando a su suerte a la víctima. Denunció además, que la autoridad demandada realizó interpretaciones antojadizas de la norma, ya que el art. 239 del CPP, modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, establece que las medidas cautelares cesarán por cumplimiento de dos causales, la primera al existir nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o cuando se haya vencido el plazo dispuesto respecto al cumplimiento de la detención preventiva. Al concederse la libertad del agresor deja a la víctima en peligro, ya que ambos viven en una sola comunidad, denominada Valle Sacta, teniendo ambos sus parcelas agrícolas en la misma.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en su componente valoración objetiva de la prueba, citando al efecto los arts. 115.II, 119.II y 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La nulidad del Auto de Vista de 29 de junio de 2023; y, b) Se emita nueva resolución con la correcta valoración de las pruebas.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de agosto de 2023, según consta en acta cursante de fs. 110 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante, a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándolo señaló que: Se ordene al Vocal demandado modificar su resolución.

I.2.2. Informe del demandado

Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante informe escrito presentado el 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 46 a 48 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, señalando que: 1) La parte accionante omitió exponer de forma precisa y concreta la manera como se estarían vulnerando sus derechos, limitándose a invocar la lesión del derecho al debido proceso y la defensa; no basta una mera enunciación de estos derechos, siendo imprescindible especificar de manera clara por qué la actuación de determinada autoridad provoca esa supuesta vulneración; además, debe precisar cómo debe actuarse para que cese la afectación alegada; 2) El Auto de Vista de 29 de junio de 2023, no vulnera el derecho al debido proceso y la defensa, ya que en el Considerando II de la resolución impugnada analizó de manera puntual, precisa y sucinta que la autoridad de primera instancia no efectuó una ponderación adecuada de la problemática, conforme al art. 173 del CPP, ni valoró los elementos de convicción ofrecidos por el imputado, entre ellos el informe técnico policial del celular de la víctima, en el que se advirtieron conversaciones de carácter sentimental “…hola mi amor donde… donde estas que haces” (sic), sostenidas al día siguiente de los hechos denunciados, aparte de otras conversaciones posteriores de la indicada fecha, lo que generaba una duda razonable con relación a la probabilidad de autoría; y 3) En ningún aspecto se habría vulnerado el derecho al debido proceso en cualquiera de sus vertientes considerando que la resolución impugnada se encuentra debidamente fundamentada, motivada y congruente, al haberse circunscrito exclusivamente a resolver los agravios expuestos por el incidentista; lo contrario significaba la vulneración de los derechos del imputado.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Orlando Andia Ocaña, a través de informe escrito presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 49 a 52 vta., solicitó se deniegue la tutela manifestando que: i) Desde diciembre de 2022 mantenía una relación sentimental extramatrimonial, voluntaria, consentida y confidencial, con la impetrante de tutela, refirió que sostenían comunicaciones constantes a través de WhatsApp; y que además, se encontraban dentro y fuera de su domicilio hasta que fueron sorprendidos por sus respectivas parejas, ante lo cual ofrecieron disculpas públicas señalando y se comprometieron a no incurrir en tales actos; ii) Manifestó que la accionante junto a su esposo intentaron despojarle a la fuerza de su vivienda, al no conseguirlo, le denunció por la presunta comisión del delito de violación, situación que derivó en su injusta detención preventiva por más de tres meses; iii) Expuso que, en cumplimiento de un requerimiento fiscal, recabó el informe elaborado por un efectivo policial, del cual se extrajo información de mensajes y llamadas telefónicas vía WhatsApp; dicho informe evidenció la conversación amorosa que sostenía con la peticionante de tutela, demostrando el consentimiento de la relación sin que exista de por medio los supuestos hechos de violación, por lo que fue beneficiado con la cesación a la detención preventiva; iv) Alegó la falta de legitimación activa de la accionante, por no haber demostrado de qué manera la resolución impugnada afecta sus derechos fundamentales; v) Indicó que no se cumplió con el requisito de subsidiariedad, pues la solicitante de tutela debió agotar la instancia ordinaria acudiendo previamente ante el juez de instancia para plantear mediante audiencia, de revocatoria y/o modificación de las medidas cautelares; y, vi) Finalmente, sostuvo que existen hechos controvertidos que corresponden a la jurisdicción ordinaria ya que la pretensión consiste en anular la resolución que le otorgo su libertad, lo que no puede ser objeto de consentimiento en sede constitucional, dado que ello sería resolver el fondo de la causa. Elizabeth Betancourt Ticona, representante del Ministerio Público, manifestó que se adhería a los argumentos expresados por la accionante, y solicitó que se aplicara la perspectiva de género, y se de curso a la tutela impetrada.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, mediante Resolución 066/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 111 a 117, concedió la tutela solicitada, disponiendo en consecuencia a) Dejar sin efecto el Auto de Vista de 29 de junio de 2023; y, b) Ordenar que Pablo Antezana Vargas, Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, emita un nuevo Auto de Vista, en observancia al debido proceso en relación a la valoración razonada y con equidad de la prueba que se hubiese presentado a objeto de la solicitud de cesación de la detención preventiva, en base a los lineamientos jurisprudenciales que han sido precisados y desarrollados en resguardo al debido proceso y los derechos que le asisten en situación de vulnerabilidad a la víctima, en el término de cinco días a partir del conocimiento de la resolución constitucional; determinación realizada con base en los siguientes fundamentos: 1) De la revisión del Auto de Vista, se tiene que si bien el mismo guarda los elementos requeridos de forma a efecto de tenerse una resolución debidamente estructurada; sin embargo, en cuanto al contenido de fondo, y a los fines de tenerse la misma por debidamente fundamentada y motivada en relación a la valoración de los elementos de convicción, que fueron proporcionados por la defensa, la autoridad demandada concluyó que el Juez a quo hubiese vulnerando el principio de presunción de inocencia, debido a una arbitraria fundamentación de la resolución, así como una arbitraria valoración de la prueba, al haberse acompañado documentación para generar duda razonable en cuanto a la probabilidad de autoría remitiéndose en específico a un informe policial de teléfonos celulares, en el que se extrajo conversaciones entre el imputado y la víctima; teniendo ello como base de su decisión, sin realizar un análisis integral del caso en particular, ya que no se enervaron los riesgos procesales de fuga y obstaculización; por lo que, inicialmente se determinó aplicar la medida cautelar de la detención preventiva; 2) En el indicada fallo no se advierte la explicación de manera clara, precisa y razonada que se haya enervado el peligro procesal establecido por el art. 233.1) del CPP, tampoco se explica que su determinación tenga alguna vinculación respecto a alguno de los presupuestos establecidos por el art. 239.1) del CPP; es decir, que existan nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que la fundaron o en su caso tornare conveniente que se aplique o se sustituya por otra medida cautelar; y, 3) No se tomó en cuenta la vulnerabilidad de la víctima, del proceso penal que se viene sustanciando, en función a un presunto ilícito de violación, analizando bajo una perspectiva de género y lo propio en relación a la interseccionalidad, como elemento adicional a los elementos que ya fueron precisados, que necesariamente debieron ser objeto de razonamiento por parte del vocal demandado, para que en función de estos elementos se determine declarar procedente el recurso de apelación o en todo caso confirmar la resolución del Juez de instancia; al no tomar en cuenta lo previamente mencionado, implica que el Vocal demandado se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad en relación a la valoración integral que debió de realizar a todos los elementos probatorios que hacen a la solicitud de cesación de la detención preventiva.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Gladys Pedro Cartoceno, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, dictó el Auto Interlocutorio de 20 de abril de 2023, disponiendo la detención preventiva por el lapso de tres meses, de Orlando Andia Ocaña -tercero interesado-, en el Centro Penitenciario de San Antonio del mencionado departamento, por la presunta comisión del delito violación; medida que se adoptó al haberse acreditado la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización previsto en los arts. 234.7 y 235.2 de CPP (fs. 5 vta. a 7 vta.). II.2. En la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva solicitada por el tercero interesado; el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2023, rechazó la petición por falta de elementos de convicción que desvirtúen la probabilidad de autoría y los riesgos de fuga y obstaculización; determinación, que fue objeto de apelación (fs. 66 a 68).

II.3. Durante la sustanciación del recurso de apelación incidental, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a través de Auto de Vista de 25 de mayo de 2023, declaró improcedente el recurso interpuesto y confirmó el Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2023, al advertir que la documentación presentada resultaba insuficiente para aplicar una medida cautelar más favorable (fs. 76 a 79 vta.). II.4. Mediante Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, el Juez a quo volvió a rechazar la nueva solicitud de cesación de la detención preventiva planteada por el tercero interesado, al no haberse enervado la probabilidad de autoría ni los riesgos procesales de fuga y obstaculización, manteniéndose la medida cautelar de última ratio (fs. 17 a 20 vta.). II.5. El Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandado- mediante Auto de Vista de 29 de junio de 2023, declaró procedente la apelación de cesación de la detención preventiva y, en consecuencia, revocó el Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, disponiendo a favor de Orlando Andia Ocaña, la aplicación de medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP (fs. 21 vta. a 24).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la lesión de sus derechos a la defensa, al debido proceso en su componente de valoración objetiva de la prueba; toda vez que, en el marco del proceso penal seguido por el Ministerio Publicó a denuncia de la accionante en contra de Orlando Andia Ocaña -tercer interesado-, por la presunta comisión del delito de violación, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -ahora demandado-, ante la apelación presentada por el imputado, respecto del rechazo de su solicitud de cesación de la detención preventiva, determinada por el Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, emitido por el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, el precitado Vocal, mediante Auto de Vista de 29 de junio de 2023, declaró procedente la impugnación formulada por el imputado y revocó la resolución apelada, disponiendo la cesación de la detención preventiva, efectuando una valoración irracional de la prueba, al no explicar los criterios jurídicos utilizados para determinar dar mayor valor a supuestas conversaciones extraídas de teléfonos celulares, que presuntamente serían de la víctima como del agresor, para que le generara duda razonable con relación a la probabilidad de autoría del imputado en los hechos ilícitos denunciados y por ende desvirtuando la declaración de la víctima, informes psicológicos e incluso las declaraciones del mismo imputado; además, que no se hubieran enervado los riegos procesales que generaron la determinación de aplicarle la detención preventiva, ya el imputado le hubiera amenazado de muerte, colocándole en un estado de indefensión, tomando en cuenta que tanto la víctima como el agresor viven en la misma comunidad, sin tomar en cuenta que pertenece a un grupo vulnerable; por lo que, solicitó se conceda la tutela, disponiendo: i) La nulidad del Auto de Vista de 29 de junio de 2023; y, ii) Se emita nueva resolución con la correcta valoración de las pruebas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional

El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene 1El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”.

2El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.

3El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”.

4El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”.

que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:

…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente. En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: 1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; 2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.i) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.ii) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.iii) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, 4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. (el énfasis nos corresponde)

Este entendimiento también fue asumido por las sentencias constitucionales plurinacionales 0014/2018-S2 de 28 de febrero y 0025/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras.

III.2. Sobre la declaración de la víctima en delitos de violencia sexual desde una perspectiva de género

Con carácter previo, cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su informe temático sobre la dimensión del problema de la violencia sexual en la región mesoamericana, en particular sobre el tratamiento normativo de estos delitos, así como los obstáculos que enfrentan las mujeres víctimas en el acceso a la justicia cuando sufren agresión sexual, señaló: “59. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, siendo consecuente con lo dispuesto en la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y en línea con la jurisprudencia internacional; ha interpretado que la violencia sexual se configura con acciones de naturaleza sexual que se cometen en contra de una persona sin su consentimiento. Estas pueden involucrar la invasión física del cuerpo humano o actos que no comprenden penetración o contacto físico alguno. (…) 94. La Corte también destacó el valor probatorio de la declaración de la víctima en un caso de violencia sexual, aún y cuando existan imprecisiones en su relato sobre los hechos, toda vez que no es inusual observar eventuales divergencias en los relatos de personas que se refieren a violaciones sexuales de las cuales habrían sido víctimas (…) 96. Por su parte, la Comisión Interamericana, en su informe sobre Acceso a la Justicia para las Mujeres Víctimas de la Violencia en las Américas, señala que las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional pueden guiar la investigación de casos de violencia sexual. Este instrumento establece que deben tomarse en cuenta las necesidades específicas de las víctimas para facilitar su participación y testimonio en el proceso penal. Además, deben tener acceso completo a la información sobre el proceso. Respecto del tipo de pruebas que sean admisibles, señala la importancia de no inferir consentimiento por parte de la víctima en casos de violencia sexual, por el ambiente de coerción que puede crear el agresor y por una diversidad de factores que pueden inhibir a una víctima de resistir físicamente a su agresor. Igualmente, se ha señalado que son inadmisibles las evidencias de la conducta sexual previa de la víctima. 97. La CIDH reitera el principio establecido por la Corte Europea de Derechos Humanos de que los Estados deben considerar el conjunto de evidencias y el contexto en el que ocurre una violación sexual, no sólo evidencias directas de la existencia de resistencia física por parte de la víctima, para efectivamente investigar y sancionar casos de violencia sexual. En el caso de MC. v. Bulgaria, la Corte estableció la responsabilidad internacional del Estado de Bulgaria al haber cerrado una investigación criminal pertinente a un caso de violencia sexual contra una menor de edad, de 14 años, al no encontrar evidencias del uso de la fuerza o resistencia física durante la agresión. La Corte razonó que las autoridades fallaron en considerar todas las circunstancias que pudieron haber inhibido la resistencia física por parte de la víctima en este caso, considerando la particular vulnerabilidad de una menor de edad en casos de violación y el ambiente de coerción creado por el agresor. La Corte expresó que: Aunque en la práctica puede ser difícil probar la falta de consentimiento en la ausencia de prueba “directa” de una violación, como trazos de violencia o testigos directos, las autoridades deben explorar todos los hechos y decidir en base a una evaluación de todas las circunstancias relacionadas. La investigación y sus conclusiones deben centrarse en el aspecto de la falta de consentimiento…” (las negrillas nos pertenecen).

En esta perspectiva, es preciso resaltar que un elemento esencial a considerar y probar en esta clase de delito es la ausencia de consentimiento, sea mediante amenaza, fuerza física, psicológica o que la víctima sea puesta en un estado en el que no pueda resistir, que estuviese particularmente vulnerable o que fuese incapaz de resistir debido a una discapacidad física, o porque fue inducido (a) al acto por sorpresa o distorsión. De hecho, el art. 308 del Código Penal (CP), establece que: “Se sancionará con privación de libertad de quince (15) a veinte (20) años a quien mediante intimidación, violencia física o psicológica realice con persona de uno u otro sexo, actos sexuales no consentidos que importen acceso carnal, mediante la penetración del miembro viril, o de cualquier otra parte del cuerpo, o de un objeto cualquiera, por vía vaginal, anal u oral, con fines libidinosos; y quien, bajo las mismas circunstancias, aunque no mediara violencia física o intimidación, aprovechando de la enfermedad mental grave o insuficiencia de la inteligencia de la víctima o que estuviera incapacitada por cualquier otra causa para resistir”. Dentro de ese orden de ideas, respecto a sus elementos esenciales, enseña Donna: “…Esta libertad puede ser entendida desde un doble aspecto: positivo-dinámica, por un lado, como la capacidad de libre disposición del propio cuerpo a los efectos sexuales, es decir, el consentimiento de la víctima de mantener trato sexual con terceros con arreglo a su querer libre y consciente y, por otro, negativo-pasiva, esto es la capacidad del sujeto para no ejecutar actos de naturaleza sexual que no desee. (…) Por este motivo nuestra doctrina ha afirmado que se trata de una invasión o ataque de tal derecho mediante acciones violentas o abusivas que avasallan la libre e íntima decisión por parte del autor. Ello significa que el violador abusa o aprovecha las circunstancias o calidades de la víctima que le impiden prestar válidamente su consentimiento (…) o bien, con violencia, elimina el mismo, reemplazando así la voluntad de la víctima –efectiva o presumida por la ley– por la suya (…) es el abuso de situación o de un estado de una persona” (las negrillas son nuestras [Edgardo Alberto Donna, “Derecho Penal, Parte Especial”, Tomo I, Rubinzal – Culzoni, Buenos Aires, pág. 384]).

Por otro lado, considerándose que el ilícito en estudio tiene como característica que se lleva a cabo en solitario -sin terceros presenciales- donde sólo el atacante y la mujer están presentes, añadiéndose a ello que en ocasiones las víctimas no presentan rastros físicos de resistencia frente a la agresión como lesiones, sangre, semen o desgarros recientes de himen o de ropa -entre otros-, ya sea porque previo a la agresión sexual, se la indujo a caer en un estado de inconsciencia o debido a que por su edad o discapacidad se hallan impedidas de discernir claramente sobre la vulneración a su libertad sexual, se justifica que la fuente legítima de comprobación se remita a la declaración de la denunciante; razonamiento que la CIDH lo corrobora, cuando señala: “…a la Corte le resulta evidente que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho” (Caso Fernández Ortega y otros vs. México, Sentencia de 30 de agosto de 2010, párr. 100). Sobre la valoración de la prueba en los delitos de violencia sexual desde una perspectiva de género, Montaño indica que: “‘La comprensión en permanente evolución de la manera en que la víctima experimenta la violación ha demostrado que las víctimas de abuso sexual -en particular, las niñas menores de edad- a menudo no ofrecen resistencia física por una serie de factores psicológicos o porque temen que el atacante se violente. Más aún, el desarrollo del derecho y la práctica en esa área refleja la evolución de las sociedades hacia una igualdad efectiva y el respeto por la autonomía sexual de cada individuo’. ‘La Corte está persuadida de que cualquier enfoque rígido en el proceso de los delitos sexuales, tal como requerir prueba de resistencia física en toda circunstancia, corre el riesgo de dejar sin condena a cierto tipo de violaciones y por ende pone en peligro la proyección efectiva de la autonomía sexual de los individuos. De acuerdo a los estándares contemporáneos y las tendencias en esa área, se debe entender que las obligaciones positivas de los Estados miembros bajo los artículos 3 y 8 de la convención demandan la penalización y la acción legal efectiva contra cualquier acto sexual no consensual, incluso en la ausencia de resistencia física de parte de la víctima’” (las negrillas nos pertenecen [Reflexiones sobre el acceso de las mujeres a una justicia efectiva en caso de violencia según la Ley 348 – Fichas analíticas, 2016: Julieta Montaño, Valoración de la Prueba en los delitos de violencia sexual desde una perspectiva de género, pág. 150]). Ahora bien, este enfoque probatorio no vulnera el principio de razón suficiente, en cuanto al hecho de que un pronunciamiento emitido dentro una causa penal se fundamente en la sola atestación de un único testigo, siempre y cuando se haya aplicado correctamente criterios valorativos que permitan dotar de credibilidad al testimonio de la víctima y logre disipar en la sentencia del caso, la inicial sospecha objetiva de parcialidad que soporta la víctima por su condición de tal; así para que se pueda producir la formación de convicción de forma objetiva será necesario que se la pueda asociar a datos o elementos externos a la misma que apoyen su credibilidad como “…la ausencia de incredibilidad subjetiva, alguna corroboración periférica de carácter objetivo y persistencia en la incriminación…” (Guía para la clasificación de hechos de violencia en el marco de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Comunidad de Derechos Humanos y el Fondo de Publicación de las Naciones Unidas, UNFPA, Greco s.r.l., pág. 170). La sistematización precedentemente desglosada fue desarrollada en la SCP 0761/2021-S3 de 15 de octubre entre otras.

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión de los antecedentes y conforme a los datos consignados en el presente fallo constitucional, se advierte que, en el proceso penal por la presunta comisión del delito de violación seguido por el Ministerio Público a instancia de Gladis Pedro Cartoceno, el Vocal de la Sala Penal Cuarta del Tribunal departamental de Justicia de Cochabamba -demandado-, revoca la resolución de primera instancia y dispone la cesación de la detención preventiva de Orlando Andia Ocaña -tercero interesado- mediante Auto de Vista de 29 de junio de 2023; dicha decisión, se cuestiona por una aparente valoración irracional de la prueba, al no explicarse los criterios utilizados para determinar la titularidad de los teléfonos celulares y al sustentarse en capturas de mensajes telefónicos para enervar la probabilidad de autoría sin que se hubiera acreditado la falsedad de la declaración de la víctima. Ingresando al fondo de la problemática traída a revisión se observa que el proceso penal iniciado a denuncia de Gladis Pedro Cartoeno por la presunta comisión del delito de violación el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, mediante Auto de Vista de 20 de abril de 2023, dispuso la detención preventiva por el lapso de tres meses de Orlando Andia Ocaña, al haberse acreditado la probabilidad de autoría sobre la base de informes psicológico y social, el acta de entrevista de la accionante relativa a los hechos denunciados y la concurrencia de los riesgos procesales de fuga y obstaculización (Conclusión II.1). Consecutivamente, el tercero interesado, solicitó la cesación de su detención preventiva para dicho efecto presentó CD con audios, declaración testifical de Lucia Zeballos Ovando -esposa del tercero interesado-, REJAP, CENVI y antecedentes policiales; en sustanciación, el Juez a quo, mediante Auto Interlocutorio de 15 de mayo de 2023, rechazó la solicitud al considerar que los elementos ofrecidos carecen de valor probatorio suficiente para desvirtuar la probabilidad de autoría y enervar los riesgos procesales (Conclusión II.2); a lo que, interpuso recurso de apelación, mismo que fue declarado improcedente por Auto de Vista de 25 de mayo de 2023, por el Vocal demandado, al considerar que la documentación presentada resultaba insuficiente para desvirtuar los riesgos procesales y modificar la medida cautelar, tomando en cuenta que dichos riesgos se habrían fundado por la condición de mujer y la desventaja en la que se encuentra la impetrante de tutela en relación al presunto agresor, quien resulta ser una persona de sexo masculino (Conclusión II.3). Posteriormente, volvió a solicitar la cesación de su detención preventiva acompañando informe técnico de extracción de celulares elaborado por el investigador, informe psicológico de Orlando Andia Ocaña, elaborado por el régimen penitenciario y mensajes de teléfonos celulares, por lo que, el Juez Público de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Ivirgarzama del departamento de Cochabamba, emitió Auto Interlocutorio de 16 de junio de 2023, que rechazó la solicitud efectuada al no haber desvirtuado la probabilidad de autoría, como los riesgos de fuga y obstaculización (Conclusión II.4); sin embargo, en apelación incidental el Vocal demandado emitió el Auto de Vista de 29 de junio de 2023, revocando la decisión de primera instancia, en su razonamiento advierte que el juez a quo no habría ponderado debidamente la problemática conforme a la regla de la sana crítica respecto al informe técnico del investigador -que registra mensajes de índole amoroso entre la peticionante de tutela y el presunto agresor días después de los hechos denunciados- circunstancia que según el mencionado Auto de Vista generan duda razonable sobre la probabilidad de autoría; por ello, dispone la aplicación de medidas cautelares personales previstas en el art. 231 bis del CPP (Conclusión II.5). De conformidad a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1, de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la valoración de la prueba constituye una actividad propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, se abre la posibilidad de que la justicia constitucional ejerza control tutelar de constitucionalidad en aquellos supuestos en los que la autoridad hubiera omitido efectuar la valoración de la prueba o en su caso, se hubiera apartado de los marcos de razonabilidad y equidad que resultan previsibles; en ese contexto, se advirtió que la peticionante de tutela, interpuso denuncia penal por la presunta comisión del delito de violación, en contra de Orlando Andia Ocaña; en consecuencia, el juez a quo dispuso su detención preventiva, al haberse acreditado la probabilidad de autoría mediante dos elementos de convicción relevantes; la declaración de la víctima y el informe psicológico que respalda la versión presentada por la accionante. Conforme establece el razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, al tratarse de un delito de violencia sexual “violación” en el que la víctima presta su declaración sobre los hechos suscitados; corresponde que la perspectiva de los órganos y servidores públicos que conozcan un hecho delictivo, particularmente cuando se afecta el bien jurídico de la libertad sexual, se ejerza desde un enfoque integral; dicho enfoque debe atender de manera prioritaria la connotación del hecho, en el marco de los principios constitucionales y de las normas de actuación procesal desarrolladas ampliamente, tanto en la legislación nacional como en la jurisprudencia constitucional; bajo esa misma línea los Jueces y Tribunales de garantías, y con mayor razón, este Tribunal Constitucional Plurinacional, tienen la obligación de observar una perspectiva amplia e integral cuando conocen acciones de defensa vinculadas a hechos de tal naturaleza, evitando cualquier interpretación restrictiva o descontextualizada de la prueba.

Del análisis del contenido de la resolución confutada, se tiene que sus fundamentos se centran en el considerando II, en la que se advierte que su decisión se centró en la duda razonable, en relación a la autoría consistente en un informe técnico policial realizado al celular de la víctima, que supuestamente tendría conversaciones “románticas” entre la víctima y el imputado; y, una certificación de la empresa ENTEL S.A., que establece la propiedad de tales celulares; llegando a la conclusión de que el Juez a quo no valoró adecuadamente tal prueba. En cuanto a los riesgos procesales, llega a la conclusión que las pruebas presentadas no enervan los riesgos procesales, sin embargo, al existir la duda razonable, en relación a la probabilidad de autoría del imputado en los hechos denunciados, modifica sustancialmente su situación jurídica. Ahora bien, en el momento en que el tercero interesado solicitó por segunda ocasión la cesación de su detención preventiva, si bien este adjuntó el informe elaborado por el investigador asignado al caso, documento que contenía capturas de mensajes de celular intercambiados entre la presunta víctima y el propio tercero interesado; sin embargo, debe enfatizarse que dicha documental no establece, bajo ningún parámetro objetivo, que los hechos denunciados no hubieran existido; por el contrario, lo único que evidencia es la existencia de una comunicación entre ambas personas, sin que de ello pueda desprenderse razonablemente la inexistencia del delito denunciado; adicionalmente, resulta imprescindible tomar en cuenta las características del ilícito investigado; es decir, un delito de naturaleza sexual que generalmente se desarrolla en solitario, sin la presencia de testigos directos, encontrándose únicamente la víctima y el presunto agresor, lo que obliga a dar especial relevancia a la declaración de la víctima y a los peritajes psicológicos practicados a la misma, -ahora accionante-. Dentro de los fundamentos utilizados, no se advierte que se haga una mínima cita de la perspectiva de género, o que se advierta sobre la vulnerabilidad de la víctima; además, de que contradictoriamente se llega a la conclusión que los riesgos procesales, establecidos por los arts. 234.7 y 235.2 del CPP, referente al estado de vulnerabilidad de la accionante y las amenazas que esta recibió de muerte por parte del imputado, en las que la autoridad demandada sostiene que no fueron enervados por el recurrente; sin embargo, de manera contradictoria, se determina el revocar la determinación apelada. De lo previamente detallado, nos permite concluir que el Vocal demandado, se remitió a tomar en cuenta solamente el indicado informe técnico policial, dejando de lado las pruebas en las que se fundaron para determinar la existencia de los precitados riesgos procesales, como ser el hecho de que el mismo imputado refirió que tenía pensado abandonar el país, rumbo a Chile, y el hecho de las amenazas de las que fue objeto la víctima por parte de este, que fueron la base fáctica para determinar la aplicación de la detención preventiva; en este caso, por lo que evidentemente no existe un análisis integral de tales elementos. En ese marco, se advierte que la autoridad demandada se apartó de los marcos legales de razonabilidad y equidad al momento de emitir el Auto de Vista de 29 de junio de 2023, pues no efectuó una valoración integral y concatenada de toda la prueba producida en el proceso; menos aún tomó en consideración la declaración de la demandante de tutela; siendo que, al tratarse de un delito de violencia sexual, es deber ineludible de las autoridades jurisdiccionales y administrativas adoptar una perspectiva de género, en cumplimiento de los principios establecidos por la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales en materia de derechos humanos; finalmente, no se identificaron elementos objetivos que hubieran desvirtuado la idoneidad ni la pertinencia del informe psicológico, el cual constituye un elemento técnico fundamental en la determinación de la existencia del hecho denunciado y en la verificación de los efectos sufridos por la víctima. En ese sentido, se concluye que, de la revisión de los argumentos expuestos en el considerando II del fallo confutado, evidentemente la autoridad jurisdiccional ahora demandada, omitió valorar las pruebas referentes a los motivos por los cuales en primera instancia, se determinó la necesidad de aplicar la medida de la detención preventiva en contra del imputado, referentes a la existencia de los riesgos procesales de fuga -art. 234 del CPP- e influir negativamente en la víctima -art. 235.2 del CPP-. También se advierte que la indicada autoridad demandada omitió el establecer cuáles eran los nuevos elementos que demuestren que no concurren los motivos que fundaron la aplicación de la detención preventiva en contra del imputado, o en su caso que se tornare conveniente que se aplique o se sustituya por otra medida cautelar, conforme a lo determinado por el art. 239.1 del CPP, y realizar el nexo de causalidad entre estos nuevos elementos y los que sirvieron de base para aplicar la referida medida de la detención preventiva, y la necesidad de revocar tal medida en el caso del imputado. Por lo previamente detallado, al advertirse la omisión de la valoración de la prueba en los términos señalados, corresponde conceder la tutela impetrada.

Ahora, respecto al derecho a la defensa, del análisis efectuado al contenido del memorial de esta acción tutelar, se advierte que más allá de su simple cita de este derecho, no se indica cómo y en qué sentido se hubiera vulnerado o restringido este derecho fundamental por parte de la autoridad demandada; por lo que, corresponde denegar la tutela sobre este punto en particular. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 066/2023 de 10 de agosto, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia:

1° CONCEDER en parte la tutela impetrada, respecto a la vulneración del derecho al debido proceso en su elemento de la valoración objetiva de la prueba, en los mismos términos y alcances dispositivos establecidos por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

2° Denegar la tutela respecto al derecho a la defensa. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

5 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1234_2025-S3.pdf · páginas 1 a 18.

Huella digital del PDF (SHA-256): 92a61ebdaafb50de236abdfe1634c896d6f1128847fdd7c224e5626cd77cff93

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