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SCP 1232/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 1 de diciembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
1 de diciembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
38358-2021-77-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El peticionante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como su “derecho a que se restablezca las formalidades legales” (sic); toda vez que, habiéndose remitido el testimonio de apelación incidental de medida cautelar el 30 de junio de 2020, el Vocal demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa -8 de julio de 2020- no fijó fecha y hora de audiencia, incumpliendo el procedimiento que determina su señalamiento en el plazo de veinticuatro horas; por lo que, en lo sustancial solicita se conceda la tutela impetrada a objeto de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señale audiencia para resolver su recurso de impugnación. En consecuencia, Corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y el plazo para resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) Análisis del caso concreto; y, 3) Otras consideraciones.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 34/20 de 10 de julio de 2020, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por la dilación indebida para resolver la apelación de la medida cautelar, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Disponer que por Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita una copia legalizada del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura a efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad de Jenny Liseth Camargo Jaldin, Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y el plazo para resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. Análisis del caso concreto
  3. III.3. Otras consideraciones

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1232/2023-S1 Sucre, 1 de diciembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 38358-2021-77-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 34/20 de 10 de julio de 2020, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Franz Elías Calizaya Lucana y Mario Michel Rodríguez Suárez en representación sin mandato de Oliver Rodrigo Hurtado Coca contra Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Mediante memorial presentado el 8 de julio de 2020, cursante a fs. 2 y vta., el accionante por intermedio de sus representantes sin mandato, manifestó lo siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de violación a niño, niña o adolescente, el accionante refiere que en uso de su derecho a la defensa y principio de igualdad, interpuso recurso de apelación incidental contra la Resolución de medida cautelar dictada por el Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, remitiéndose el 30 de junio de 2020 en alzada el expediente de la causa signado con el número 195/2020, sin que hasta el 7 de julio del mismo año, se señale fecha y hora de audiencia para considerar la apelación incidental, dilatando el procedimiento que establece el plazo de veinticuatro horas.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela considera lesionados sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como su “derecho a que se restablezca las formalidades legales” (sic), citando al efecto los arts. “125 y 126” de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó “se haga las notificaciones bajo el principio de gratuidad (…) SE REMITA EL EXPEDIENTE EL CUAL SE ENCUENTRA EN LA SALA PENAL SEGUNDA” (sic). En audiencia impetró se conceda la tutela a objeto de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señale audiencia para resolver su apelación incidental.

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Realizada la audiencia virtual de acción de libertad el 10 de julio de 2020, según consta en el acta cursante a fs. 11 y vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, por intermedio de uno de sus representantes sin mandato, ratificó in extenso los argumentos de su demanda tutelar manifestando que a la fecha -10 de julio de 2020- aún no se señaló fecha y hora de audiencia.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Nelson Alba Flores, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, según el acta de la audiencia de la acción de libertad presentó informe escrito dándose lectura al mismo; sin embargo, en la remisión realizada a este Tribunal no consta dicho informe.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, por Resolución 34/20 de 10 de julio de 2020, cursante de fs. 12 a 13, denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La autoridad demandada, pese a ser legalmente notificada, según cursa en la diligencia, “no” remitió su informe “ni se ha contado a través de la plataforma virtual” (sic); empero, remitió el cuaderno procesal; b) Debe tomarse en cuenta el principio de “dirección judicial y las formalidades a los fines del proceso, pues se debe interpretar y aplicar a las leyes según los preceptos y principios constitucionales” (sic); c) Se tiene que la SCP 0578/2018-S1 de 1 de octubre hace referencia a la sustracción de la materia o pérdida del objeto procesal; d) En el caso, se puede evidenciar que de acuerdo a la realidad por la que se atraviesa a nivel mundial y las medidas asumidas por la pandemia de Covid-19, en el ámbito nacional se tiene disposiciones con relación a ello, como el Decreto Supremo (DS) 4199 de 21 de marzo de 2020 y el DS 4200 de 25 del mismo mes y año, determinando la cuarentena en el país; asimismo se categorizó las zonas y ciudades de riesgo alto y la cuarentena dinámica, levantándose paulatinamente la cuarentena rígida; e) El Tribunal Departamental de Justicia -se colige de Santa Cruz- estableció mecanismos para el desarrollo de labores, precautelando el derecho a la salud, implementando las modalidades de teletrabajo e implementación del sistema blackboard de video conferencias, con la finalidad de cumplir con el debido proceso; “que no se han podido reflejar de ninguna manera con una normalidad habitual en el órgano judicial” (sic); y, f) Debe considerarse que, si bien se encuentra pendiente la apelación incidental de la medida cautelar del accionante; empero, de la revisión de obrados se puede evidenciar que actualmente ya se encuentra señalada dentro del término previsto para la resolución, concluyéndose que la audiencia solicitada ya fue fijada, por lo cual “se considera que se sustraído de la materia, que motivo el planteamiento de la demanda” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 3 de mayo de 2022 (fs. 17) a solicitud de la Magistrada Relatora, se dispuso la suspensión de plazo a objeto de requerir documentación complementaria; con la remisión de la misma, se reanudo el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 24 de noviembre de 2023 (fs. 48) de acuerdo a antecedentes; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Consta Oficio 323/2020 de 9 de julio, enviado por el secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento, refiriendo remitir el expediente 195/20 original, en fojas doscientos setenta y siete en dos cuerpos, del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Oliver Rodrigo Hurtado Coca por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, dirigido a la Jueza de garantías, advirtiéndose nota de recepción de 10 del mismo mes y año, suscrito por la auxiliar del Juzgado de Sentencia Penal Decimotercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; asimismo, por oficio 177/2020 de 10 de julio, la Jueza de garantías procedió a la devolución del referido cuaderno procesal a la prenombrada Sala Penal (fs. 7 a 8).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El peticionante de tutela, a través de sus representantes sin mandato, alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la salud, al debido proceso, a la defensa, y a una justicia plural, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, así como su “derecho a que se restablezca las formalidades legales” (sic); toda vez que, habiéndose remitido el testimonio de apelación incidental de medida cautelar el 30 de junio de 2020, el Vocal demandado, hasta la fecha de interposición de la presente acción de defensa -8 de julio de 2020- no fijó fecha y hora de audiencia, incumpliendo el procedimiento que determina su señalamiento en el plazo de veinticuatro horas; por lo que, en lo sustancial solicita se conceda la tutela impetrada a objeto de que la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, señale audiencia para resolver su recurso de impugnación. En consecuencia, Corresponde determinar en revisión, si los extremos demandados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: 1) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y el plazo para resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares; 2) Análisis del caso concreto; y, 3) Otras consideraciones.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, y el plazo para resolver el recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0223/2018-S2 de 22 de mayo, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- “…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras). Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia.

Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada-ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual, se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del referido Código.

La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en el Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas).

Por otra parte, cabe señalar que de acuerdo al art. 251 del CPP, una vez remitido el recurso de apelación ante el Tribunal Departamental de Justicia, el Tribunal de apelación debe resolver el recurso sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior. Conforme a dicha norma, el plazo para fijar audiencia en apelación y resolver el recurso es de tres días, por lo que se incurrirá en dilación indebida y, por lo tanto procederá la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, cuando dicho plazo sea incumplido; pues, conforme a la reiterada jurisprudencia de este Tribunal, “…Toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tienen el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho” (SC 0224/2004-R de 16 de febrero).

III.2. Análisis del caso concreto

En el marco del reclamo formulado por el impetrante de tutela, según se precisó en el Fundamento Jurídico III.1, se tiene que la problemática central radica en la dilación en la que presuntamente habría incurrido el Vocal demandado, al omitir señalar fecha y hora de realización de la audiencia de apelación incidental de medida cautelar, pese a que transcurrió más de una semana desde la remisión del testimonio de apelación, con la consecuente demora en la resolución del recurso planteado por el impetrante de tutela. A objeto del análisis correspondiente, conviene precisar que de la revisión del expediente constitucional remitido a este Tribunal, se advierte que en el mismo no cursa documental adjuntada por ninguna de las partes; y, pese a haberse solicitado documentación complementaria a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, esta remitió antecedentes pero de un recurso de apelación que no corresponde al hecho planteado por el accionante, así como a la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del citado departamento que se constituyó en Jueza de garantías y a quien se le remitió el expediente original del proceso penal, no envió la documental requerida por este Tribunal; por lo que, la presente problemática se resolverá conforme los supuestos fácticos del caso.

Ingresando en materia, si bien la Jueza de garantías al revisar el expediente original de la causa penal evidenció que la autoridad demandada habría señalado fecha de celebración de audiencia de apelación incidental; empero, no es menos evidente que tal determinación no fue puesta en conocimiento del ahora demandante de tutela, pues en ningún momento la citada Jueza refirió que cursaban las diligencias de notificación con el señalamiento de audiencia, misma que ahora se reclama en la presente acción de defensa constitucional, puesto que de haberse realizado la notificación conforme alguno de los medios dispuestos por la norma procesal penal, como es el buzón judicial, la ciudadanía digital o incluso con las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s), el accionante no hubiese reclamado tal aspecto a través de la presente acción de defensa. Al margen de lo señalado precedentemente, este Tribunal advierte que en el trámite de apelación de la medida cautelar, existió dilación indebida para resolver la situación jurídica del accionante; en ese sentido se tiene que para las apelaciones incidentales en medidas cautelares, el art. 251 del CPP, en su tercer párrafo dispone que: “El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.”; por lo que, el señalamiento de la audiencia extrañada debió efectivizarse aproximadamente los primeros días de julio de 2020, debido a que la remisión del expediente en alzada emergente del recurso de impugnación se realizó el 30 de junio de ese año (hecho no refutado en audiencia); sin embargo, se interpuso la presente acción de libertad el 8 de julio de 2020, ante la falta del señalamiento de fecha y hora de audiencia, sin que la Jueza de garantías haya afirmado que durante ese lapso de más de una semana transcurrida entre la remisión citada y la activación de la jurisdicción constitucional, se hubiese celebrado el aludido acto procesal en el cual se iba a definir la situación procesal del peticionante de tutela, por tanto la falta de resolución en el plazo establecido por ley -tres días-, conlleva la lesión del debido proceso vinculado al principio de celeridad y subsecuente afectación del derecho a la libertad del impetrante de tutela, pues los administradores de justicia, deben proceder de manera diligente en todas sus actuaciones a objeto de brindar a la sociedad en su conjunto, una justicia pronta y oportuna, más aun cuando se trata de personas privadas de libertad que esperan la definición de su situación jurídica; en ese sentido, la tutela solicitada debe ser concedida a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, con la aclaración que se ingresa a dicho análisis por estar comprometido el derecho a la libertad del accionante y el principio de informalidad que rige la presente acción de defensa.

III.3. Otras consideraciones

Resuelta como se encuentra la problemática, este Tribunal no puede pasar por alto el procedimiento y dilación suscitado en la tramitación de la presente acción de libertad, puesto que de conformidad con lo previsto por los arts. 126.IV de la CPE y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), resulta evidente que el Juez o Tribunal de garantías, una vez resuelta la problemática constitucional, tiene el deber y la obligación de remitir los antecedentes ante el Tribunal Constitucional Plurinacional en el plazo de veinticuatro horas; sin embargo, la precitada normativa fue inobservada e incumplida por la Jueza de garantías, debido a que emitió su Resolución el 10 de julio de 2020, para recién proceder al envío del expediente constitucional el 8 de febrero de 2021, conforme se desprende de la boleta del servicio de Courier cursante a fs. 15, constituyendo un excesivo retraso de casi siete meses; asimismo, según se tiene de la revisión del expediente constitucional, se advierte una actitud negligente de la Jueza de garantías Jenny Liseth Camargo Jaldin al no enviar la documentación solicitada mediante Decreto Constitucional de 3 de mayo de 2022 y conminatoria de 26 de octubre del mismo año generando un retraso en la emisión del presente fallo constitucional; por lo que, amerita enviar antecedentes al Consejo de la Magistratura para que a través de esa instancia se inicie el respectivo proceso disciplinario. Por otra parte, el Vocal demandado tampoco envió la documentación inherente al recurso de apelación incidental que fuera remitido el 30 de junio de 2020 ante la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; sin embargo, mediante Nota de 21 de noviembre de 2021 informo sobre la solicitud efectuada por este Tribunal; consiguientemente, se le exhorta que en el futuro tenga más cuidado al enviar la documentación requerida. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 34/20 de 10 de julio de 2020, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela solicitada, por la dilación indebida para resolver la apelación de la medida cautelar, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

2º Disponer que por Secretaría General de este Tribunal Constitucional Plurinacional, se remita una copia legalizada del presente fallo constitucional al Consejo de la Magistratura a efectos de determinar la existencia o no de responsabilidad de Jenny Liseth Camargo Jaldin, Jueza de Sentencia Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz conforme lo expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses

comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”. 2El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”.

3 El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1232_2023-S1.pdf · páginas 1 a 10.

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