Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de octubre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Jueza demandada, no consideró su situación jurídica y menos dispuso su libertad en audiencia de cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, instalada el 8 de mayo de 2023, a horas 15:30; argumentando que, el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de acusación en su contra, dentro del plazo. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 483 a 488 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada; por cuanto, al presente, se entiende que el Auto Interlocutorio objeto de la presente acción de libertad ya fue modificado en atención a lo resuelto por el prenombrado Juez de garantías.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1227/2025-S3 Sucre, 7 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55514-2023-112-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 483 a 488 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por José Alex Uzeda Martínez contra Gertrudis Bonifacia Barrenechea Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Primera, en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Primero, ambos de Llallagua del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 6 a 7, el accionante, manifestó lo siguiente:
En audiencia celebrada el 8 de mayo de 2023 a horas 15:30, la autoridad demandada se negó a considerar su situación jurídica, y por ende, su libertad, con el antecedente que “en el día” el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación en su contra dentro del plazo, previo al señalamiento del citado actuado procesal, solicitando además la ampliación de su detención preventiva.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; citando al efecto los arts. 23.I y 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia: a) Se restablezca el derecho lesionado; y, b) La autoridad demandada resuelva su situación jurídica, al haberse advertido que la acusación no contiene un pedido expreso de detención preventiva.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 482; se produjeron los siguientes actuados:
El accionante alegó que el Fiscal de Materia no fundamentó bien la acusación.
Gertrudis Bonifacia Barrenechea Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Primera en suplencia legal del Juez de Instrucción Penal Pri mero, ambos de Llallagua del departamento de Potosí, a través de informe presentado el 9 de mayo de 2023, cursante de fs. 480 a 481, manifestó lo siguiente: 1) En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Kesia Arias Padilla contra el hoy peticionante de tutela, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, en audiencia púbica de aplicación de medidas cautelares de 23 de marzo de 2023, se dispuso la detención preventiva del prenombrado por el tiempo de cuarenta y cinco días, en la Carceleta Provincial de San Miguel de Uncía de Potosí, señalándose audiencia de cesación de la detención preventiva para el 8 de mayo del indicado año, a horas 15:30; 2) El representante del Ministerio Público presentó de manera oportuna y dentro del plazo su requerimiento de acusación, radicado el mismo, se tuvo presente y dictó el Auto de remisión en previsión al art. 325.I del Código de Procedimiento Penal (CPP), modificado por el art. 12 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; 3) La única finalidad de la citada audiencia, era definir la situación jurídica del imputado mas no así disponer su libertad, en razón a que el Ministerio Público no habría solicitado en su requerimiento conclusivo de acusación, la continuación de la detención preventiva; 4) La SCP 0693/2021-S2 de 25 de octubre, señala dos institutos jurídicos; uno referente a la ampliación de la detención preventiva que es aplicable hasta la etapa preparatoria; y, por otro lado, la continuidad de esa medida que es requerida por el Ministerio Público, una vez presentada la acusación. En el caso, en la fundamentación de la acción de libertad, el accionante refirió que la Fiscalía solicitó la ampliación de la medida de última ratio, aspecto equivocado y sin fundamento; 5) El impetrante de tutela en ningún momento pidió o fundamentó la cesación de la detención preventiva, en cuanto al art. 239.1 del CPP, aspecto que pudo haber sido considerado; empero, “al presente” ya no correspondía analizar la cesación por cumplimiento del plazo, conforme al art. 239.2 del citado Código, modificado por la Ley 1173, en razón a que el Ministerio Público ya presentó requerimiento conclusivo de acusación; y, 6) En cuanto a la lesión del derecho a la libertad, no se demostró cómo es que fue vulnerado; toda vez que, solo cumplió el procedimiento.
El Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, por Resolución 02/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 483 a 488 vta., concedió la tutela solicitada, disponiendo dejar sin efecto la “Resolución” de 8 de mayo de ese año, ordenando a la autoridad demandada que en el plazo de veinticuatro horas convoque a las partes en previsión de lo dispuesto en el art. 239.2 del CPP y resuelva la situación jurídica del accionante, salvo que la misma hubiese cambiado por el carácter modificable de las medidas cautelares. Decisión asumida bajo los siguientes fundamentos: i) Antes del desarrollo de la audiencia de cesación de la detención preventiva por cumplimiento del plazo de la investigación previsto en el art. 239.2 del CPP, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación contra José Alex Uzeda Martínez. Remitido al despacho judicial de la autoridad ahora demandada, ésta dispuso la remisión del proceso ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno, sin considerar en absoluto la audiencia programada para horas de la tarde y ordenó la notificación de las partes, que no fue cumplida con las formalidades establecidas en el art. 160 y ss. del CPP, al no establecer la hora y fecha de la diligencia tanto al Ministerio Público como al acusado; ii) La “Resolución” de 8 de mayo -de 2023- tiene como argumento que al haberse presentado de manera oportuna el requerimiento conclusivo de acusación, ya no podía considerarse la cesación de la detención preventiva, porque ya se dispuso la remisión ante el Juez de Sentencia Penal de turno, en cumplimiento al art. 325.I del Código adjetivo penal, sin ninguna fundamentación ni motivación; iii) No se establece una decisión concreta; toda vez que, el fallo adolece de la parte resolutiva que disponga algún hecho jurídico concreto; iv) En lo sustancial, se denota una actuación ilegal por parte de la autoridad demandada; por cuanto, si bien se determinó la remisión del cuaderno con la acusación fiscal ante el Juez de Sentencia, ello no incide en que no pueda ejercer el control jurisdiccional de la investigación en la que se impuso la medida de última ratio, en tanto se cumpla lo ordenado y se radique la causa conforme las formalidades previstas en el art. 340 del CPP; extremo que no sucedió; v) La autoridad donde se encuentra el control jurisdiccional mientras no se abra la competencia de otro Juzgado o Tribunal llamado por ley, tiene la obligación de conocer y resolver todas las cuestiones o peticiones que emerjan del proceso o se formulen por las partes o que se suscitaren, con preminencia de aquellas que estuviesen vinculadas al derecho a la libertad, con la debida fundamentación y motivación; y, vi) La Jueza demandada -en suplencia legal- estaba compelida para sustanciar la audiencia de cesación de la detención preventiva, en previsión del art. 239.2 del indicado Código y emitir una resolución fundamentada y motivada.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Kesia Arias Padilla contra José Alex Uzeda Martínez -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272 bis del Código Penal (CP), el 23 de marzo de 2023, se instaló la audiencia pública de imputación formal y aplicación de medidas cautelares, en la cual, Gertrudis Bonifacia Barrenechea Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Llallagua del departamento de Potosí -ahora demandada-, a través de Auto Interlocutorio de esa fecha, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva del imputado -ahora peticionante de tutela- a cumplirse en la Carceleta Provincial de San Miguel de Uncía de Potosí, por el plazo de cuarenta y cinco días, señalándose audiencia de cesación de dicha medida restrictiva de libertad, para el 8 de mayo de igual año a horas 15:30 (fs. 401 a 408). Decisión recurrida en apelación y resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista 43/2023 de 13 de abril, que determinó mantener la detención preventiva en el plazo establecido (fs. 434 a 439). II.2. El 8 de mayo de 2023 a horas 9:55, el Fiscal de Materia presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal ante la Jueza demandada, solicitando se remita la misma al Juez de Sentencia Penal de turno. En ese mérito, la autoridad hoy demandada, por Auto de igual fecha, remitió los antecedentes del proceso penal ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno de Llallagua, “en cumplimiento” del art. 325.I del CPP, modificado por el art. 12 de la Ley 1173 (fs. 468 a 472). Así, cursan formularios de notificaciones a la víctima -efectuada en esa data, a horas 14:30-, al Ministerio Público y al hoy impetrante de tutela -sin señalar fecha y hora- (fs. 473 a 474). II.3. Cursa acta de audiencia de cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, instalada el 8 de mayo de 2023 a horas 15:30, en la que la Jueza demandada dictó el Auto Interlocutorio de igual fecha señalando que: “CONSIDERANDO (…) al presente ya dispuesto la remisión del cuaderno de control jurisdiccional mediante auto dictado en fecha 8 de mayo de 2023 años, es decir la remisión del cuaderno jurisdiccional más la acusación del requerimiento conclusivo de acusación presentado por el Sr. Representante del Ministerio Público por ante el Juzgado de Turno de Sentencia penal de este asiento judicial de Llallagua a los fines de su continuidad en el presente caso de autos, por lo que corresponde que, una vez realizad[a]s las diligencias de notificación (…), va a disponer la remisión del presente cuaderno de control jurisdiccional (…) y sea con la debida nota de cortesía regístrese ha concluido el presente actuado judicial. Regístrese.” (sic); sin que conste la parte resolutiva o por tanto en la misma. Estableciendo en cuanto a la solicitud de complementación de la parte imputada -impetrante de tutela-, mantener firme e incólume la resolución adoptada (fs. 476 a 479).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Jueza demandada, no consideró su situación jurídica y menos dispuso su libertad en audiencia de cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, instalada el 8 de mayo de 2023, a horas 15:30; argumentando que, el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de acusación en su contra, dentro del plazo. En consecuencia, corresponde en revisión verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0698/2021-S1 de 23 de noviembre, estableció que: “Respecto a la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia, corresponde indicar que el art. 178.I de la CPE, dejó establecido que: 'La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos'; a su vez, el art. material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez'; disposiciones que se encuentran en concordancia con lo previsto en el art. 30.3 de la LOJ, pues el principio de celeridad comprende la agilidad en la tramitación de los procesos judiciales, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia. En cuanto a la aplicación del principio de celeridad exigida a toda autoridad judicial, que asuma conocimiento de una solicitud de cesación de la detención preventiva de una persona privada de libertad, debe ser entendido como la actividad procesal que tiene por finalidad realizar las diligencias judiciales con la prontitud debida, dejando de lado cualquier posibilidad que implique demora en el desarrollo y continuidad del proceso, debiendo entender que la tardía atención a una petición formulada al juez, que involucre un derecho fundamental, afecta no solo el debido proceso, sino también la seguridad jurídica, más aún, tratándose del derecho a la libertad que se encuentra restringida por una medida cautelar, como es la detención preventiva. Sobre el particular, la jurisprudencia desarrollada por la SC 0224/2004-R, en el Fundamento Jurídico III.1, sostuvo que: …toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables , pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva , pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilatación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud'. Jurisprudencia reiterada en numerosas Sentencias Constitucionales como las SSCC 1213/2006-R de 1 de diciembre y 0900/2010-R de 10 de agosto. Por consiguiente, debe entenderse que si bien la privación de libertad fue dispuesta por orden judicial, esta determinación no es indefinida, tiene límites en el tiempo y sobre la base del cumplimiento de requisitos que están expresamente previstos en la ley, de manera que cuando un procesado solicita la cesación de su detención preventiva, habiendo cumplidas tales condiciones y el juez o tribunal no responde dentro de plazo a la pretensión efectuada, la privación se convierte en una detención indebida, lógica expresada en la SC 0862/2005-R” (las negrillas fueron agregadas [entendimiento reiterado en la SCP 0078/2023-S4 de 28 de marzo, entre otras]).
La SCP 0473/2023-S4 de 12 de junio, citando a la SCP 1084/2017-S3 de 18 de octubre, precisó que: «…el Tribunal Constitucional a través de la SC 1584/2005-R de 7 de diciembre, concluyó que: “…cuando se trata de una solicitud de cesación, también es posible que un Juez a cargo del control jurisdiccional pueda resolver dicha solicitud aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado tribunal, así se colige del razonamiento aplicado por este Tribunal, que otorgó tutela en una problemática donde el Juez cautelar al margen de no señalar con la celeridad necesaria la audiencia para considerar la cesación solicitada se declara incompetente por presentar la acusación, así la SC 0487/2005-R de 6 de mayo, dice: ‘…Situación agravada con el hecho de que el mismo día señalado para la audiencia de consideración de cesación de detención preventiva, se sorteó la causa al Tribunal Tercero de Sentencia, a raíz de la acusación formal presentada por el Ministerio Público contra el recurrente y otros coimputados el día 29 de marzo de 2005; motivo por el cual la autoridad recurrida se negó a considerar la solicitud con el argumento de haber perdido competencia; cuando al margen de la demora injustificada, debía proceder a su consideración, sobre todo tomando en cuenta que ya existía audiencia señalada al efecto y todavía no se procedió a la radicatoria de la causa ante el mencionado Tribunal de Sentencia, hoy conforme lo ha establecido este Tribunal de conformidad al art. 54.1 del CPP, en relación a los arts. 302 y 223 del CPP, la autoridad competente para resolver la aplicación, modificación o sustitución de medidas cautelares y sus emergencias, en la etapa preparatoria, es el Juez de Instrucción en lo Penal que está a cargo del control jurisdiccional de la investigación. Concluida esta etapa y presentada la acusación, es competencia del Juez o Tribunal de Sentencia que conoce la causa, tramitar las solicitudes sobre la aplicación o modificación de dichas medidas cautelares, así la SC 143/2004-R, de 2 de febrero, razón por la cual corresponde otorgar la tutela solicitada únicamente respecto a este punto denunciado…'”. De lo expuesto; se puede concluir que, presentada la solicitud de cesación, modificación o sustitución de medidas cautelares, ante el Juez de Instrucción de la causa; ésta debe ser resuelta por dicha autoridad, aun habiéndose presentado el requerimiento conclusivo de acusación y se hubiere remitido los antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, en tanto no se haya radicado la causa» (las negrillas son ilustrativas).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso; toda vez que, la Jueza demandada, no consideró su situación jurídica y menos dispuso su libertad en audiencia de cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, instalada el 8 de mayo de 2023, a horas 15:30, argumentando que el Ministerio Público presentó el requerimiento conclusivo de acusación en su contra, dentro del plazo. Al respecto, de los antecedentes venidos en revisión y plasmados en las Conclusiones de este fallo constitucional, se tiene que, en el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Kesia Arias Padilla contra José Alex Uzeda Martínez -ahora accionante- por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, previsto en el art. 272 bis del CP, el 23 de marzo de 2023, se instaló la audiencia pública de imputación formal y aplicación de medidas cautelares, en la cual, Gertrudis Bonifacia Barrenechea Aguilar, Jueza Pública Civil y Comercial Primera de Llallagua del departamento de Potosí -ahora demandada-, a través de Auto Interlocutorio de esa fecha, dispuso la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva del imputado a cumplirse en la Carceleta Provincial de San Miguel de Uncía de Potosí, por el plazo de cuarenta y cinco días, señalándose audiencia de cesación de dicha medida restrictiva de libertad, para el 8 de mayo de igual año a horas 15:30. Decisión recurrida en apelación y resuelta por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante Auto de Vista 43/2023 de 13 de abril, que determinó mantener la detención preventiva en el plazo establecido (Conclusión II.1). Es así que, el 8 de mayo de 2023 a horas 9:55, el Fiscal de Materia presentó el requerimiento conclusivo de acusación formal ante la Jueza demandada, solicitando se remita la misma al Juez de Sentencia Penal de turno. En ese mérito, la autoridad hoy demandada, por Auto de igual fecha, remitió los antecedentes del proceso penal ante el Juzgado de Sentencia Penal de turno de Llallagua, “en cumplimiento” del art. 325.I del CPP, modificado por el art. 12 de la Ley 1173 (fs. 468 a 472). Así, cursan formularios de notificaciones a la víctima -efectuada en esa data, a horas 14:30-, al Ministerio Público y al hoy impetrante de tutela -sin señalar fecha y hora- (Conclusión II.2). Por otro lado, en audiencia de cesación a la detención preventiva por cumplimiento del plazo, instalada el 8 de mayo de 2023, a horas 15:30, la Jueza demandada dictó la Resolución de igual fecha, señalando que: “CONSIDERANDO (…) al presente ya dispuesto la remisión del cuaderno de control jurisdiccional mediante auto dictado en fecha 8 de mayo de 2023 años, es decir la remisión del cuaderno jurisdiccional más la acusación del requerimiento conclusivo de acusación presentado por el Sr. Representante del Ministerio Público por ante el Juzgado de Turno de Sentencia penal de este asiento judicial de Llallagua a los fines de su continuidad en el presente caso de autos, por lo que corresponde que, una vez realizad[a]s las diligencias de notificación (…), va a disponer la remisión del presente cuaderno de control jurisdiccional (…) y sea con la debida nota de cortesía regístrese ha concluido el presente actuado judicial. Regístrese.” (sic); sin que conste la parte resolutiva o por tanto en la misma. Estableciendo en cuanto a la solicitud de complementación de la parte imputada -peticionante de tutela-, mantener firme e incólume la resolución adoptada (Conclusión II.3). En ese orden de cosas, en el caso concreto se advierte que, la Jueza demandada, si bien llevó a cabo o instaló la audiencia de cesación de la detención preventiva por cumplimiento de plazo del ahora solicitante de tutela, que fue determinada a tiempo de imponérsele la medida de última ratio, no determinó la situación jurídica de éste; por cuanto, el mismo día -8 de mayo de 2023-, a horas 9:55, el Ministerio Público presentó la acusación formal contra el prenombrado, y en ese mérito, dicha autoridad jurisdiccional, mediante Auto de igual fecha, ordenó la remisión del cuaderno de control jurisdiccional al Juzgado de Sentencia Penal de turno; empero, sin que conste con certeza en antecedentes la radicatoria en dicha instancia, lo que conlleva a que la autoridad demandada aún continuaba bajo el control jurisdiccional del proceso; y por consiguiente, con la competencia para resolver la pretensión del impetrante de tutela. En ese orden, de acuerdo a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, cuando se presenta la acusación fiscal remitiéndose los antecedentes ante un juzgado o tribunal de sentencia penal para la fase de juicio, si la causa aun no fue radicada en dichas instancias, el control jurisdiccional del proceso continúa bajo competencia del Juez de Instrucción Penal; es decir, que una solicitud de modificación de medida cautelar o cesación de la detención preventiva, debe ser considerada y resuelta por dicha autoridad judicial en tanto no se radique el proceso penal ante el juez o tribunal de sentencia. En esa misma línea de análisis, la determinación asumida de referir que: “…al presente ya dispuesto la remisión del cuaderno de control jurisdiccional mediante auto dictado en fecha 8 de mayo de 2023 años, es decir la remisión del cuaderno jurisdiccional más la acusación del requerimiento conclusivo de acusación presentado por el Sr. Representante del Ministerio Público por ante el Juzgado de Turno de Sentencia penal de este asiento judicial de Llallagua a los fines de su continuidad en el presente caso de autos, por lo que corresponde que, una vez realizad[a]s las diligencias de notificación (…), va a disponer la remisión del presente cuaderno de control jurisdiccional (…) y sea con la debida nota de cortesía regístrese ha concluido el presente actuado judicial. Regístrese.” (sic), y sin consignar además una parte dispositiva en la Resolución, resulta ser arbitraria; puesto que, conforme establece la jurisprudencia constitucional glosada -se reitera-, cuando se trata de una solicitud de cesación, modificación o sustitución de medidas cautelares, es posible que el juez a cargo del control jurisdiccional resuelva dicha solicitud, aún ya se hubiera presentado la acusación, pero siempre que no se hubiera radicado la causa en un determinado juzgado o tribunal. De todo lo anotado se puede entrever que las actuaciones realizadas por la autoridad jurisdiccional hoy demandada, pretenden deslindar el control jurisdiccional del proceso; puesto que, omitió pronunciarse sobre la situación jurídica del accionante privado de libertad, señalando simplemente que su defensa técnica no realizó ninguna fundamentación conforme al art. 239 “num. 1” del CPP, para que se pueda considerar la cesación de la detención preventiva, y menos dictó la parte dispositiva de su resolución determinando algo en derecho; actuar que ocasionó incertidumbre en la resolución de la situación jurídica del accionante, causándole vulneración del debido proceso en su elemento de celeridad, vinculado al derecho a la libertad, apartándose de lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, al no haber definido su situación jurídica en el actuado previsto, correspondiendo conceder la tutela impetrada. Finalmente, cabe remarcar que, considerando que como efecto de la concesión de la tutela dispuesta por Resolución 02/2023, emitida por el Juez de garantías, que ordenó la emisión de una nueva decisión bajo el marco de sus fundamentos jurídicos, no corresponde disponer nada, por cuanto, al presente, se entiende que el Auto Interlocutorio objeto de la presente acción de libertad, ya fue modificado con las previsiones necesarias. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela solicitada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 483 a 488 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer nada; por cuanto, al presente, se entiende que el Auto Interlocutorio objeto de la presente acción de libertad ya fue modificado en atención a lo resuelto por el prenombrado Juez de garantías. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1227_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.
Huella digital del PDF (SHA-256): 09ba7ea137567a70d70dfabd00988f82a27e00b8ce854df685f42962668ed277
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