B.IA.LEGAL

SCP 1227/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de noviembre de 2023

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de noviembre de 2023
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
58421-2023-117-AAC
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral a una justa remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso, en mérito que, de la documentación presentada se encuentra acreditado su condición de persona con discapacidad grave, situación que fue comunicada al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, -autoridad ahora demandada-, a objeto de que se considere su inamovilidad laboral; sin embargo, desconociéndose tal beneficio, el 6 de junio de 2023 se le desvinculó de su fuente laboral, que es el sustento para su familia. Motivo por el cual solicita se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga: 1) La reincorporación inmediata a su fuente laboral en el mismo puesto, con el mismo salario, otorgándole un ítem para garantizar su estabilidad e inamovilidad laboral; y, 2) La cancelación total de sus salarios devengados, hasta el día de su reincorporación laboral y más costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por la temeridad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) Abstracción del principio de subsidiariedad en grupos vulnerables; b) El derecho al trabajo y el derecho a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; y, c) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 99 a 106, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración de los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por su condición de persona con discapacidad, a la remuneración, a la seguridad social, a la familia y al debido proceso conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° Disponer que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, realice los ajustes necesarios y apliquen la contratación preferente con el objeto de que -en tanto sea posible y no exista un impedimento insalvable para ello-efectuar la recontratación del peticionante de tutela con el mismo nivel salarial garantizando su inamovilidad laboral, sea en el plazo de diez días; salvo que ello ya hubiese ocurrido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Abstracción del principio de subsidiariedad en grupos vulnerables
  2. III.2.El derecho al trabajo y el derecho a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad
  3. III.3. Análisis del caso concreto

¿Tenés un caso parecido?

B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.

Probá 6 consultas gratis con registro y foto en tiempo real, y tu matrícula del RPA

¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →

Texto completo

Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1227/2023-S1 Sucre, 24 de noviembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 58421-2023-117-AAC Departamento: Tarija En revisión la Resolución 74/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 99 a 106, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Facundo Flores Suárez contra Alan Barca Herrera, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 6 de septiembre de 2023, cursante de fs. 7 a 19, y subsanación de 13 del mismo mes y año, cursante de fs. 37 a 38 vta., el accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Desde 13 de abril de 2022, trabajó en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, en el cargo de chofer de la referida entidad, estando a disposición de la misma las veinticuatro (24) horas del día; en el momento que fuera requerido, trabajando de manera responsable y cumplida dentro y fuera de la mencionada entidad; relación laboral que se dio de manera continua e ininterrumpida, ya que, le renovaban sus contratos; sin embargo, el 6 de junio de 2023, fue despedido de su fuente laboral; toda vez que, le anunciaron que no le renovarían su contrato. Dicha desvinculación laboral se dio a pesar que de manera formal puso a conocimiento de sus empleadores que su persona cuenta con un grado de discapacidad, que le imposibilita poder realizar sus actividades de manera normal -utiliza muletas de apoyo-, y que dicha fuente laboral resulta ser el único sostén económico de su familia.

Al ser una persona en condición de discapacidad, pertenece a un grupo vulnerable; por lo que, ante la vulneración de sus derechos a la inamovilidad laboral, no resulta aplicable a su caso el principio de la subsidiariedad; por lo que, no es necesario el agotamiento previo de instancias para poder activar la acción de amparo constitucional, además que la propia Constitución Política del Estado establece la protección de las personas con discapacidad y sus familias, lo que debió de ser observado por Alan Barca Herera, presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija -autoridad ahora demandada-, antes de tomar la determinación de desvincularlo de su fuente laboral.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral, a una remuneración, a la seguridad social, a la familia, "al aguinaldo" y al debido proceso; citando al efecto los arts. 70 y 128 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

El peticionante de tutela solicitó se conceda la tutela impetrada, y en consecuencia se disponga: a) La reincorporación inmediata a su fuente laboral en el mismo puesto, con el mismo salario, otorgándole un ítem para garantizar su estabilidad e inamovilidad laboral; y, b) La cancelación total de sus salarios devengados, hasta el día de su reincorporación laboral y más costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por la temeridad.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

La audiencia (virtual) se realizó el 15 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante de fs. 96 a 98 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su abogado ratificó inextenso en los términos de su demanda y ampliándolo añadió lo siguiente: 1) No se puede desconocer las disposiciones que protegen al grupo vulnerable al que pertenece el impetrante de tutela, además que tiene un grado de discapacidad grave, situación que fue puesta en conocimiento de la autoridad demandada donde se encontraba trabajando; 2) El demandado actuó de manera maliciosa; puesto que, siendo obvia su condición de discapacidad realizó contrataciones que no correspondía; 3) Al ser chófer, ejercía tareas propias y permanentes de la misma entidad demandada, por lo tanto, al efectuarse un contrato continuo e ininterrumpido en las funciones que él efectuaba correspondía su inamovilidad; y 4) La SCP 0781/2018-S3 de 20 de diciembre, hace referencia a un caso similar, en el cual, también tenía contratos eventuales, y subraya el tema de la discriminación.

Ante la consulta realizada por la Presidenta de la Sala Constitucional, la abogada patrocinante refirió que se le cancele la suma de Bs7 680.- (siete mil seiscientos ochenta bolivianos), por concepto de sueldos devengados desde su desvinculación hasta el día de su reincorporación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Alan Barca Herrera, Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, por informe escrito cursante de fs. 92 a 95, contestó negativamente la acción tutelar bajo los siguientes argumentos: i) El ahora peticionante de tutela se encontraba sujeto a contrato a plazo fijo, es así, que su primer Contrato Administrativo de Personal Eventual 044/2022 de 12 de septiembre, tuvo una vigencia hasta el 10 de diciembre de 2022, es decir, una duración de 89 días; el segundo Contrato Personal Eventual 116/2022, fue emitido con un corte de 3 días, cuya fecha de vigencia fue de 13 al 30 de diciembre de 2022, con un término de validez de 18 días; el tercer Contrato Administrativo de Personal Eventual 020/2023, fue suscrito con vigencia de 19 de enero al 31 de mayo de 2023, con un plazo de 132 días, más una adenda que arrastra de 5 días; ii) La relación laboral estaba sujeta al contrato de personal eventual a plazo fijo y claramente el “artículo tercero” de los mismos dispone que por la naturaleza eventual del contrato no se admite la tácita reconducción; iii) La naturaleza del contrato en cuestión es eventual en apego al art. 6 del Estatuto del Funcionario Público (EFP), -Ley de 27 de octubre de 1999-, quedando fuera del ámbito de aplicación del régimen laboral y la Ley General del Trabajo, tal y como lo ratifica la “SCP 0562/2017-S2”; iv) No es posible obligar al empleador a continuar con un contrato cuyo plazo terminó, lo contrario implicaría actuar en perjuicio y desmedro del interés institucional y colectivo, afirmación contenida en la “SCP 0466/2012”; v) El accionante hizo conocer su condición de persona con discapacidad a la Oficialía Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, a través de notas de 16 de mayo y 5 de junio de 2023, situación que ha sido respetada en tanto estuvo en vigencia los contratos administrativos eventuales que suscribió; sin embargo, tal condición de discapacidad no podría ser considerada al finalizar la vigencia de los contratos; vi) Debe considerarse que no existió una desvinculación o despido, lo que existió fue una finalización de un contrato a plazo fijo, mismo que tenía una fecha de inicio y conclusión; y vii) De acuerdo al art. 7.II inc. a) del EFP, no llegan a gozar del derecho a una estabilidad laboral las personas que no forman parte de la carrera administrativa. En audiencia la abogada apoderada del demandado, señaló: a) La discapacidad se respeta mientras esté en vigencia el contrato administrativo eventual, situación que se ha cumplido a cabalidad, pero no obliga a que el empleador nuevamente recontrate a esa persona; y b) El Decreto Supremo (DS) 0012 de 19 de febrero, de manera concreta a manifestado en su art. 5.2 de que la inamovilidad laboral no se aplica en contratos de trabajo que por su naturaleza sean temporales, eventuales o en contratos de obras.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Gary Gabriel Alarcón Barrios, representante del Ministerio Público en audiencia refirió que se debe aplicar el principio de subsidiariedad, puesto que, el impetrante de tutela no observó todos los pasos a seguir antes de acudir a la justicia constitucional; puesto que, debió previamente contar con una conminatoria.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija, mediante Resolución 74/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 99 a 106, denegó la tutela solicitada; dicha determinación se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: 1) Se reconoce expresamente por el accionante que los tres contratos y una adenda suscritos eran eventuales y discontinuos, extremo que se corrobora de la revisión de las fechas cursantes de los mencionados contratos de trabajo aparejados a la demanda, y así también lo reconoció la Jefatura Departamental del Trabajo de Tarija en la Resolución JDTTA-RPT-DC-011/2023 de 5 de septiembre; 2) La parte impetrante de tutela, manifestó que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, de manera maliciosa realizó estos contratos, queriendo inducir en engaño, ocultando la realidad de los hechos; sin embargo, no existe ninguna prueba que acredite que estas aseveraciones sean evidentes; 3) Por tareas propias y permanentes de la Asamblea Legislativa del señalado departamento, se puede considerar que la actividad de chofer tenga dicha calidad, porque no hace a la naturaleza y a la esencia de las facultades y funciones que desempeña la institución; 4) La Cláusula Tercera de los contratos denominado (Plazo de Prestación de Servicios), refiere que: "Debido a la naturaleza eventual del presente contrato no es admisible la tácita reconducción, requiriéndose obligatoriamente un nuevo contrato", asimismo, la Cláusula Quinta (Marco Legal y Naturaleza del Contrato), exponen que éstos contratos se rigen: "…de acuerdo a lo establecido en el Art. 6 de la ley 2027 del Estatuto del Funcionario Público. Quedando claramente establecido que el presente contrato se encuentra fuera del ámbito de aplicación del régimen Laboral y de la Ley General del Trabajo, constituyéndose el presente en un contrato administrativo que se encuentra sujeto a la normativa prevista en la Ley 1178..."(sic); 5) La jurisprudencia constitucional manifiesta que, cuando se trata de contratos a plazo fijo, así hayan sido suscritos por personas de los grupos de atención prioritaria o grupos vulnerables, no se aplica la inamovilidad laboral, porque las personas que suscriben esta clase de contratos, saben con anticipación la fecha de inicio y conclusión, así fueron establecidos por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0907/2017-S1; 0934/2013; 0991/2021-S3 y 0669/2018-S3; 6) Esta situación de discapacidad, no puede analizársela de manera aislada, cuando juntamente a ella coexisten otros aspectos que también son de relevancia constitucional, que el trabajador se vincula a la entidad con un contrato a plazo fijo; y, 7) En audiencia manifestaron como caso análogo la SCP 0781/2018-S3 de 20 de diciembre; sin embargo, revisada la misma y dada la lectura integra, se verifica que no se trata de antecedentes fácticos similares; toda vez que, en aquel caso existió una conminatoria de reincorporación, emitida por la Jefatura Departamental del Trabajo y en esos casos según la jurisprudencia únicamente debe verificarse el cumplimiento de la conminaría.

II. CONCLUSIONES

Del análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Consta Contrato Administrativo de Personal Eventual 044/2022-2023 de 12 de septiembre de 2022, suscrito entre la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, representada por Hisela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor y Facundo Flores Suárez -ahora impetrante de tutela-, cuya Cláusula Tercera establece que el mismo tiene vigencia desde el 12 de septiembre hasta el 10 de diciembre del citado año (fs. 72 a 73). II.2. Cursa Contrato Administrativo de Personal 116/2022 de 13 de diciembre, suscrito entre la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, representada por Hisela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor y Facundo Flores Suárez -ahora accionante-, cuya Cláusula Tercera establece que el mismo tiene duración desde el 13 hasta el 30 de diciembre de 2022 (29 a 30). II.3. Mediante Contrato Administrativo de Personal Eventual 020/2023 de 19 de enero, suscrito entre la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, representada por Hisela Anahí Romero Rojas, Oficial Mayor y Facundo Flores Suárez, cuya Cláusula Tercera establece que el mismo tiene vigencia desde el 19 de enero hasta el 31 de mayo de 2023 (fs. 27 a 28). II.4. A través de Contrato Administrativo de Adenda Personal Eventual 67/2023 de 30 de mayo, se modificó el Contrato Administrativo de Personal Eventual 020/2023, ampliándose su plazo de vencimiento al 5 de junio de 2023 (fs. 25 a 26). II.5. Mediante nota presentada el 16 de mayo de 2023, Facundo Flores Suárez, comunicó al Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, que al estar protegido por la Constitución Política del Estado; art. 70 de la Ley General para Personas con Discapacidad; arts. 5.19; 13, 34.II de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para personas con Discapacidad -Ley 997 de 26 de septiembre de 2017-; y 2.V de la Ley Departamental 087, pide su inamovilidad laboral (fs. 1).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral a una justa remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso, en mérito que, de la documentación presentada se encuentra acreditado su condición de persona con discapacidad grave, situación que fue comunicada al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, -autoridad ahora demandada-, a objeto de que se considere su inamovilidad laboral; sin embargo, desconociéndose tal beneficio, el 6 de junio de 2023 se le desvinculó de su fuente laboral, que es el sustento para su familia. Motivo por el cual solicita se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga: 1) La reincorporación inmediata a su fuente laboral en el mismo puesto, con el mismo salario, otorgándole un ítem para garantizar su estabilidad e inamovilidad laboral; y, 2) La cancelación total de sus salarios devengados, hasta el día de su reincorporación laboral y más costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por la temeridad. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: a) Abstracción del principio de subsidiariedad en grupos vulnerables; b) El derecho al trabajo y el derecho a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad; y, c) Análisis del caso concreto.

III.1. Abstracción del principio de subsidiariedad en grupos vulnerables

Conforme la unificación jurisprudencial que ha emitido el Tribunal Constitucional Plurinacional, se ha establecido la excepción o abstracción de subsidiariedad en Acción de Amparo Constitucional, conforme fue desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1. de la SCP 0499/2019-S2 de 12 de julio, señalando que:

La acción de amparo constitucional se rige por el principio de subsidiariedad para su interposición, no obstante cuando la protección de derechos o garantías constitucionales, es invocada por personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, el señalado principio presenta su excepción; en tal contexto, la SCP 1069/2013 de 16 de julio, refirió: “No obstante lo explicado, es importante destacar que vía jurisprudencial, de manera fundamentada se establecieron ciertas situaciones que se abstraen del principio de subsidiariedad que rige a las acciones de amparo constitucional en casos estrictamente limitados por la misma; en los que, pese a la existencia de medios intraprocesales de impugnación, sin embargo, los mismos no impedirían la consumación de una evidente amenaza, restricción o lesión de los derechos fundamentales y/o garantías constitucionales, por no constituir vías idóneas para su inmediato cese, lo que podría ocasionar un daño irreparable o irremediable; excepciones entre las que se pueden citar, denuncias sobre comisión de medidas de hecho, demandas de mujeres embarazadas trabajadoras, niños, niñas y adolescentes, personas con capacidades diferentes y de la tercera edad.

De lo referido, se tiene que, si bien es evidente que antes de la presentación de una acción de amparo constitucional, el accionante debe agotar los recursos que tenga a su alcance, para la protección de sus derechos alegados como vulnerados; empero, no es menos evidente que en determinados casos como aquellos que involucren a personas con discapacidad, debe aplicarse la excepción al principio de subsidiariedad;

toda vez que, la Constitución Política del Estado, establece un marco de protección especial para los derechos fundamentales de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que en tal virtud, merecen un trato especial por parte del Estado; así lo determinó la SC 0477/2011-R de 18 de abril, que haciendo alusión a la SC 0739/2010-R de 26 de julio, señaló que:

…la Constitución Política del Estado vigente, establece un marco de protección para los derechos fundamentales de las personas discapacitadas, que al ser un grupo vulnerable merece un trato especial por parte del Estado, el art. 70 asume para sí la obligación de velar por la protección de distintos derechos como ser; derecho de acceder a la educación y a la salud (…) derecho al trabajo en condiciones adecuadas, de acuerdo, claro está, a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure, tanto a ellos como a sus familias, una vida digna; y finalmente el desarrollo de sus potencialidades individuales…

Asimismo, la SC 0523/2007-R de 21 de junio, indicó:

En ese sentido, no puede en este caso invocarse el carácter subsidiario del recurso de amparo constitucional por cuanto la materialización de la justicia impone la obligación de precautelar los derechos y garantías de las personas que están frente a un daño inminente e irreparable, de un lado, y de otro, que se hallan en una circunstancia especial que determina la necesidad de brindarle aún mayor protección, como es el caso de las personas con discapacidad, lo cual se agrava por la situación económica del actor, que tiene a su cargo a dos hijos menores…

III.2.El derecho al trabajo y el derecho a la inamovilidad laboral de personas con discapacidad o que tengan bajo su dependencia a personas con discapacidad

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la Sentencia Constitucional Plurinacional 0725/2022-S1 de 26 de julio (Exp. 43099); mismo que describe lo siguiente: Inicialmente corresponde remitirnos a la normativa que regula este aspecto; por ello, inicialmente la Constitución Política del Estado, a lo largo de sus disposiciones prevé las siguientes prerrogativas y derechos respecto de las personas con discapacidad:

Artículo 14. (…) II. El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona.

(…) Artículo 70. Toda persona con discapacidad goza de los siguientes derechos: 1. A ser protegido por su familia y por el Estado. 2. A una educación y salud integral gratuita. 3. A la comunicación en lenguaje alternativo.

4. A trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna. 5. Al desarrollo de sus potencialidades individuales. Artículo 71. I. Se prohibirá y sancionará cualquier tipo de discriminación, maltrato, violencia y explotación a toda persona con discapacidad.

II. El Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito productivo, económico, político, social y cultural, sin discriminación alguna.

III. El Estado generará las condiciones que permitan el desarrollo de las potencialidades individuales de las personas con discapacidad.

Artículo 72. El Estado garantizará a las personas con discapacidad los servicios integrales de prevención y rehabilitación, así como otros beneficios que se establezcan en la ley (negrillas añadidas). Por su parte, la Ley General para Personas con Discapacidad -Ley 223 de 2 de marzo de 2012-, con relación al derecho a la inamovilidad laboral de este sector social, prescribe:

Artículo 13. (DERECHO A EMPLEO, TRABAJO DIGNO Y PERMANENTE). El Estado Plurinacional garantiza y promueve el acceso de las personas con discapacidad a toda forma de empleo y trabajo digno con una remuneración justa, a través de políticas públicas de inclusión socio-laboral en igualdad de oportunidades.

Artículo 34.- (Ámbito de Trabajo)

El Estado Plurinacional de Bolivia en todos sus niveles de gobierno, deberá I. incorporar planes, programas y proyectos de desarrollo inclusivo basado en la comunidad, orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad. (…)

III. Las entidades públicas y privadas deberán brindar accesibilidad a su personal con discapacidad (negrillas añadidas).

Asimismo, el Reglamento de la Ley 223 -DS 1893 de 12 de febrero de 2014- refiriéndose al derecho al trabajo, establece:

Artículo 17°.- (Empleo, trabajo digno y permanente)

I. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, debe generar el lineamiento de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad en los planes, programas y proyectos orientados al desarrollo económico y a la creación de puestos de trabajo para las personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad. II. Los planes, programas y proyectos de inclusión laboral para personas con discapacidad, y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad elaborados por las instituciones del nivel central, deberán incorporar los lineamientos de políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, generados por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social.

Artículo 18°.- (Transversalización de políticas de inclusión laboral) El nivel central del Estado, deberá transversalizar las políticas de inclusión laboral de personas con discapacidad, en los planes, programas y/o proyectos que ejecutan en el marco de sus competencias, promoviendo el acceso de las personas con discapacidad a un empleo y trabajo digno. Artículo 19°.- (Reconocimiento al sector privado por contratación y capacitación preferente) El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, reconocerá públicamente a las empresas y entidades privadas que contraten y capaciten a personas con discapacidad y/o cónyuges, padres, madres, tutores de personas con discapacidad apoyando a su inclusión socio laboral. Asimismo, la Ley 977 de 26 de septiembre de 2017 denominada Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad establece que:

Artículo 2. (INSERCIÓN LABORAL OBLIGATORIA E INTERMEDIACIÓN).

I. Todas las instituciones del sector público que comprenden los Órganos del Estado Plurinacional, instituciones que ejercen funciones de control, de defensa de la sociedad y del Estado, gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales e indígena originario campesinos, universidades públicas, empresas públicas, instituciones financieras bancarias y no bancarias, instituciones públicas de seguridad social y todas aquellas personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos públicos, tienen la obligación de insertar laboralmente a personas con discapacidad, a la madre o al padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave o muy grave, en un porcentaje no menor al cuatro por ciento (4%) de su personal.

(…) V. El Estado Plurinacional de Bolivia garantizará la inamovilidad de las personas con discapacidad, así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho (18) años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación (negrillas añadidas). Ahora bien, remitiéndonos a las normas del bloque de constitucionalidad, debe precisarse que, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su art. 27 instituye el derecho al trabajo y empleo, señalando:

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas:

a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; (…) g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; (…) k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad.

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad en su art. III establece que:

Para lograr los objetivos de esta Convención, los Estados parte se comprometen a:

1. Adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias para eliminar la discriminación contra las personas con discapacidad y propiciar su plena integración en la sociedad, incluidas las que se enumeran a continuación, sin que la lista sea taxativa.

Efectuada la precisión normativa respecto al derecho de las personas con discapacidad y sobre el derecho a la inamovilidad laboral de este sector de la población; incumbe remitirnos a las reflexiones desarrolladas por la máxima instancia de control constitucional; en ese sentido, abordando el derecho de este grupo social, la línea jurisprudencial, fue uniforme y desarrollada en muchas sentencias, siendo una de las primeras la SCP 0235/2007-R de 10 de abril, que en esencia expresó que corresponde otorgar una tutela reforzada a las personas con discapacidad y/o tengan bajo su dependencia personas con discapacidad, salvo casos expresamente previstos en la ley, garantizando de esa forma su inamovilidad laboral; entendimiento, que fue reiterado en numerosas sentencias constitucionales, entre ellas, la SCP 0390/2014 de 25 de febrero, refiriendo básicamente que:

La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social (las negrillas son añadidas). Asimismo, en un supuesto, en el cual el trabajador suscribió contrato laboral indefinido y fue desvinculado del mismo sin considerar que tenía a su cargo un hijo con discapacidad, la SCP 0580/2019-S2 de 22 de julio, sustentado en su Fundamento Jurídico III.2, otorgó la tutela bajo la siguiente consideración:

Consiguientemente, se establece que, la recurrente no podía ser retirada de su fuente de trabajo, al tener una hija discapacitada bajo su dependencia, salvo por las causales legalmente establecidas y previo proceso interno, conforme establecen los instrumentos normativos establecidos al efecto…”. 2“En ese orden de ideas, de los Fundamentos Jurídicos III.2. desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se extrae que en función a los valores y principios de igualdad y justicia, las personas con capacidades diferentes, son consideradas como un grupo de atención prioritaria, cuyos derechos fundamentales y garantías constitucionales deben ser tutelados de manera inmediata, prescindiendo de cualquier formalidad o aspecto tendiente a dilatar su pronto y efectivo restablecimiento; bajo ese razonamiento, la Ley de la Persona con Discapacidad y el DS 29608, concordantes con los preceptos contenidos en la Ley Fundamental, enaltecen la exclusiva protección a las personas con capacidades diferentes y a los padres o tutores que los tengan bajo su dependencia, estableciendo su inamovilidad laboral como resguardo de sus derechos fundamentales como el trabajo, a la estabilidad laboral y a una remuneración justa que le asegure una vida digna para sí y su familia.

La inamovilidad laboral de la que gozan los padres o tutores que tengan bajo su dependencia a personas con capacidades diferentes, no pueden ser removidos de sus fuentes laborales, debido a la específica finalidad de la misma, cual es asegurar a la persona con capacidad diferente el goce efectivo de sus derechos a través de la satisfacción de sus necesidades como salud, educación, alimentación, desarrollo integral, etcétera, para ello la fuente laboral estable del padre o tutor juega un papel preponderante al constituirse en el medio que le permita alcanzar una vida digna, por lo en base a precedentemente expuesto amerita conceder la tutela solicitada por el accionante; pues se ha establecido que se encuentra dentro del ámbito de protección que establece la Constitución Política del Estado y las disposiciones legales desarrolladas en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que justifican la inmediata protección a sus derechos fundamentales al trabajo que tiene su incide en otros derechos como, la estabilidad laboral, a una remuneración justa, a la salud y a la seguridad social. 3III.2. La garantía de inamovilidad laboral de las personas con discapacidad o de aquéllos trabajadores que tengan personas con discapacidad bajo su dependencia

A partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado el 7 de febrero de 2009, los derechos de las personas con discapacidad, son reconocidos en la Ley Fundamental de manera específica y en los Instrumentos Internacionales que forman parte del bloque de constitucionalidad. En efecto, la garantía de inamovilidad laboral de este grupo de atención prioritaria está consagrado en el art. 70 de la CPE; en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad …de estas actuaciones se advierte que la autoridad administrativa, no consideró en absoluto la observancia de los principios laborales constitucionalizados respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, que impone su aplicación en los casos controvertidos privilegiando la protección de los trabajadores, como se tiene explicitado en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional; puesto que implica la continuidad y estabilidad laboral para el caso de personas que tienen a su cargo personas con discapacidad, de tal modo que la entidad empleadora no puede cesar de sus funciones al impetrante de tutela, de manera arbitraria o injustificada, puesto que esta medida no solo afecta al trabajador, sino a su entorno familiar y de manera particular a la persona discapacitada que se encuentra a su cargo. Por ello, corresponde otorgar la tutela del accionante, respecto a la garantía de la inamovilidad laboral, sin perjuicio de que la parte demandada pueda desvirtuar ese estado de protección, en sede judicial (el resaltado nos corresponde). Bajo ese contexto jurisprudencial, es posible concluir que las personas con discapacidad tienen derecho a la inamovilidad laboral, así como las personas que tienen bajo su guarda y protección a una persona discapacitada, extremo que tiene correspondencia y sustento en el nuevo modelo constitucional, en el cual el constituyente precisó que los derechos fundamentales, son directamente aplicables por mandato del art. 109.I de la CPE, el mismo que debe ser comprendido en concordancia con el art. 70 de la misma Norma Suprema al referir que las personas con discapacidad gozan de protección y del derecho al trabajo en condiciones adecuadas conforme a sus posibilidades; asimismo, es importante agregar que dichos preceptos constitucionales, en el marco de los arts. 13.IV y 256.I de la referida Ley Fundamental, deben ser interpretados a la luz del bloque de constitucionalidad, buscando una interpretación y aplicación progresiva y garantista en favor de este sector social considerado vulnerable; en ese entender, el contenido de instrumentos internacionales que conforman el mencionado bloque de constitucionalidad descrito y previsto en el art. 410 de la CPE; como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad adoptada el 13 de diciembre de 2006, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 8 de junio de 1999, la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975 y el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); buscan proscribir situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable.

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela denunció la vulneración de sus derechos al trabajo, a la estabilidad e inamovilidad laboral a una justa remuneración, a la seguridad social, a la familia, “al aguinaldo” y al debido proceso, en mérito que, de la documentación presentada se encuentra acreditado su condición de persona con discapacidad grave, situación que fue comunicada al Presidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, -autoridad ahora demandada-, a objeto de que se considere su inamovilidad laboral; sin embargo, desconociéndose tal beneficio, el 6 de junio de 2023 se le desvinculó de su fuente laboral, que es el sustento para su familia. Motivo por el cual solicita se le conceda la tutela impetrada y en consecuencia se disponga: 1) La reincorporación inmediata a su fuente laboral en el mismo puesto, con el mismo salario, otorgándole un ítem para garantizar su estabilidad e inamovilidad laboral; y, 2) La cancelación total de sus salarios devengados, hasta el día de su reincorporación laboral y más costas procesales, daños y perjuicios ocasionados por la temeridad.

Con carácter previo a ingresar a analizar el fondo de la problemática planteada, cabe hacer referencia a lo expuesto por el representante del Ministerio Público que asistió a la audiencia de consideración de la presente acción tutelar, oportunidad en la que manifestó que se debió denegar la tutela impetrada al no haberse observado el principio de subsidiariedad; sobre este punto cabe establecer que, conforme se indica en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, si bien, efectivamente uno de los principios bajo los que se rige esta acción tutelar es la subsidiariedad, también es innegable que vía jurisprudencia se establecieron determinados casos en los que se llega a abstraer de dicho principio, entre los que se encuentra la protección inmediata de los grupos de atención prioritaria, siendo parte de ello las personas con discapacidad, puesto que, de acuerdo a lo determinado por la Constitución Política del Estado, corresponde brindar a este grupo una protección especial en sus derechos fundamentales encontrándose entre estos derechos el trabajo, por cuanto, no es exigible observar el principio de subsidiariedad, pudiendo acudir de manera directa a la justicia constitucional. En atención a lo expuesto en esta acción de defensa, de los antecedentes adjuntos a la demanda constitucional, y conforme a lo desarrollado en las Conclusiones del presente fallo constitucional, se tiene que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, contrató de manera eventual los servicios de Facundo Flores Suárez como chofer de la Vocalía de dicha Instancia Legislativa, desde 12 de septiembre a 10 de diciembre de 2022 (Conclusión II.1); transcurridos tres días calendarios, suscribieron otro Contrato Administrativo de Personal Eventual 116/2022, con una vigencia de 13 al 30 de diciembre de 2022; (Conclusión II.2); transcurridos 20 días, se suscribió nuevo Contrato Administrativo de Personal Eventual 020/2023, con vigencia de 19 de enero a 31 de mayo de 2023 (Conclusión II.3); este último plazo fue ampliado por seis días mediante Contrato Administrativo Adenda Personal Eventual 67/2023 (conclusión II.4);asimismo, cabe indicar que el 16 de mayo del mismo año, Facundo Flores Suárez, comunicó al Oficial Mayor de la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, que dada su condición de persona con discapacidad, se encontraba protegido por la Constitución Política del Estado y la Ley General para Personas con Discapacidad (Conclusión II.5).

Precisados los antecedentes, resulta necesario remitirse al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional en el que se sostuvo que la Constitución Política del Estado en su art. 70 prevé, entre otros, que toda persona con discapacidad goza del derecho “a trabajar en condiciones adecuadas, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades, con una remuneración justa que le asegure una vida digna”; asimismo, en el art. 71 de la Norma Suprema se prohíbe y sanciona cualquier forma de discriminación a toda persona con discapacidad, estableciendo que el Estado adoptará medidas de acción positiva para promover la efectiva integración de las personas con discapacidad en el ámbito social, económico y productivo. Ahora bien, estas disposiciones constitucionales en conjunto con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (como integrante del bloque de constitucionalidad) constituyen un sólido marco normativo que busca asegurar la igualdad de oportunidades y la inclusión laboral de las personas con discapacidad, siendo precisamente por ello que se instituyó la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad estableció que el Estado garantiza la inamovilidad de las personas con discapacidad así como de la madre o el padre, cónyuge, tutora o tutor que se encuentre a cargo de una o más personas con discapacidad menores de dieciocho años o con discapacidad grave y muy grave, en los sectores público y privado, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. Ahora bien, cabe señalar que el derecho a la inamovilidad laboral de las personas con discapacidad se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación que se encuentra reconocido tanto en la Constitución como en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, el cual implica que los Estados deben adoptar medidas de acción afirmativa para garantizar la plena inclusión y participación de los grupos históricamente marginados y vulnerables, como es el caso de las personas con discapacidad, en el ámbito laboral, en ese sentido, la obligación de las entidades públicas y privadas de eliminar cualquier forma de discriminación y de garantizar la estabilidad en el empleo de este sector de la población, que enfrenta mayores obstáculos para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo. Bajo ese marco, se tiene que, en el presente caso, la parte demandada incumplió con su obligación de garantizar la estabilidad laboral del peticionante de tutela, a pesar de que el mismo informó que su persona tenía una discapacidad (conforme se advierte de la Conclusión II.5) y que contaba con un contrato de trabajo de carácter continuo e ininterrumpido, que se extendió por más de un año, omitiendo considerar que las personas con discapacidad gozan del derecho a la inamovilidad laboral, independientemente de la modalidad contractual que tengan, debido a la necesidad de brindarles una protección especial frente a posibles actos de discriminación, vulnerándose no solo sus derechos laborales, sino también pone en evidencia la persistencia de prácticas discriminatorias hacia las personas con discapacidad, cuya tasa de desempleo es significativamente más alta que la población general, lo cual se debe en gran medida, a la existencia de barreras actitudinales, físicas y normativas que impiden su plena integración en el ámbito laboral; por lo que, la reincorporación del peticionante de tutela a su fuente de trabajo y el pago de las remuneraciones y beneficios sociales que se le adeuden no solo constituyen una medida de reparación del daño causado, sino que también tienen un carácter preventivo que dejan en claro a las entidades empleadoras sobre la importancia de respetar y garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Aunado a lo anterior, cabe señalar que el derecho al trabajo y a la estabilidad laboral de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente vinculado con otros derechos, como el derecho a la remuneración digna y adecuada, al privársele de la remuneración que le correspondía percibir por el desempeño de sus funciones como chofer en la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija; el derecho a la seguridad social, al privársele de las prestaciones y beneficios que el sistema de seguridad social garantiza al accionante y a su familia que dejó en una situación de desprotección frente a diversos riesgos y contingencias (enfermedades, accidentes y otros); y, el derecho a la familia (que implica la protección y asistencia del Estado a la familia), pues al no contar con un contrato fijo y estable se generó la incertidumbre sobre sus ingresos y la calidad de vida del impetrante de tutela como el de sus dependientes. Por otra parte, en cuanto a la lesión del derecho al debido proceso debe considerarse que si bien en el caso concreto se tuvo la terminación del contrato por vencimiento del plazo, es evidente que no existe la necesidad de iniciar un procedimiento de despido; sin embargo, ello no implicará que la parte empleadora omita su obligación de notificar al empleado sobre el vencimiento del contrato, la cual debe darse con antelación razonable, ello para que este último pueda realizar los reclamos correspondientes en caso de considerar que goza de algún beneficio o garantía como lo es la inamovilidad laboral; en ese sentido, en el caso concreto, al no haberse procedido de esa manera es evidente que la parte demandada lesionó el derecho al debido proceso. Finalmente, en relación al resarcimiento integral de daños y perjuicios; a partir de lo establecido en el art. 113.I de la CPE, que textualmente señala:

“La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna”; es posible imponer dicho resarcimiento, no obstante, esta petición deberá ser cuantificada en ejecución de sentencia, conforme lo determinado en el art. 39 del CPCo. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 74/2023 de 15 de septiembre, cursante de fs. 99 a 106, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Tarija; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, por vulneración de los derechos al trabajo, a la inamovilidad laboral por su condición de persona con discapacidad, a la remuneración, a la seguridad social, a la familia y al debido proceso conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. 2° Disponer que la Asamblea Legislativa Departamental de Tarija, realice los ajustes necesarios y apliquen la contratación preferente con el objeto de que -en tanto sea posible y no exista un impedimento insalvable para ello-efectuar la recontratación del peticionante de tutela con el mismo nivel salarial garantizando su inamovilidad laboral, sea en el plazo de diez días; salvo que ello ya hubiese ocurrido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

1 Fundamento Jurídico III.2. “…el ámbito de protección de los trabajadores o funcionarios que presten servicios en los sectores público o privado, no sólo se refiere al trabajador en sí mismo sino que en prevención a que una ruptura de la relación laboral pueda llegar a afectar a un dependiente discapacitado de ese trabajador o funcionario, garantizando su inamovilidad, instituyendo así una tutela reforzada del derecho al trabajo de las personas, en razón de su discapacidad o de la discapacidad de la persona que tenga bajo su dependencia, excepto que su despido se opere por las causas señaladas por ley y previo proceso que determine haberse incurrido en dichas causales.

(CRPD); art. 4.1 de la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Observación General 5 emitida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC); la Declaración de los Derechos de los Impedidos, proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mediante Resolución 3447 del 9 de diciembre de 1975; y, El Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); que son instrumentos internacionales que reflejan el compromiso de eliminar situaciones discriminatorias contra las personas con discapacidad, procurando la creación de oportunidades de trabajo para este grupo vulnerable. La garantía de inamovilidad laboral, está instituida en el art. 2.V de la Ley de Inserción Laboral y de Ayuda Económica para Personas con Discapacidad -Ley 977 de 26 de septiembre de 2017… (…) Conforme a dicha norma, la garantía de inamovilidad laboral alcanza a la persona con discapacidad o a la trabajadora o trabajador que tiene a su cargo una persona con discapacidad; garantía que encuentra su fundamento en la dignidad humana; así como, en la no discriminación, con el objetivo de lograr la igualdad material en las oportunidades de trabajo y la satisfacción de los derechos involucrados, como parte de las obligaciones del Estado; con la aclaración que dicha protección no es absoluta; por cuanto, se mantiene en tanto la o el trabajador cumpla con la normativa vigente y no existan causales que justifiquen su desvinculación. (…)”

Más sobre Acción de amparo — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1227_2023-S1.pdf · páginas 1 a 17.

Huella digital del PDF (SHA-256): 78a43d333b3533b209eb7d175dfd60e342013320345ce14b9d4d01201e94c6c7

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →