Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de octubre de 2025
Deniega la tutela
Los accionantes a través de su representante sin mandato, señalan como vulnerados sus derechos a la libertad física y de locomoción, manifestando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Celideth Ochoa Castro, Gerenta General Distrital de La Paz del SIN, en su contra, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; en audiencia de consideración de medidas cautelares de 11 de mayo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -demandada-, de forma “ilegal” no cumplió con el procedimiento conforme establece el art. 232.I.6 del CPP y determinó su detención preventiva, fundamentando su decisión al uso de instrumento falsificado como un delito de corrupción, conforme lo señalado en el parágrafo III, numeral 4 del artículo descrito, forzando arbitrariamente la medida restrictiva de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 13/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz;
y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1223/2025-S3 Sucre, 7 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55594-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 13/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Raúl Fernando Ferreira Gonzales en representación sin mandato de José Oscar Pérez Balderrama y Raymer Chungara Dueñas contra Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 12 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y de 7 a 11, los accionantes a través de su representante expresaron lo siguiente:
Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; el 11 de mayo de 2023, se llevó adelante audiencia virtual de consideración de medidas cautelares, en la que, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, de forma “ilegal” vulneró sus derechos y garantías constitucionales; toda vez, que no cumplió el procedimiento establecido en el art. 232.I numeral 6 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que a la letra prevé: “No procede la detención preventiva: En delitos de contenido patrimonial con una pena privativa de libertad cuyo máximo legal sea inferior o igual a seis (6) años, siempre que no afecten otro bien jurídico tutelado…”; y, determinó su detención preventiva, fundamentando su decisión en el uso de instrumento falsificado como un delito de corrupción, conforme lo señalado en parágrafo III, numeral 4 del artículo descrito, forzando arbitrariamente la imposición de la medida restrictiva de su libertad.
Denunciaron como lesionados sus derechos a la libertad física y de locomoción, citando al efecto los arts. 22 y 23.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de detención preventiva emitido por la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-; y se disponga su libertad en el día, al estar privados de la misma.
Celebrada la audiencia pública el 12 de mayo de 2023, según consta en acta cursante a fs. 13 y vta., se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante sin mandato, ratificaron los argumentos y términos expuestos en su acción tutelar.
Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia virtual señaló que: Se determinó la detención preventiva de los imputados, en atención a que la norma prevé que el proceso que se lleva contra los imputados es con afectación al Estado, extremos y fundamentos que han sido realizados en la audiencia de medidas cautelares; aspecto por el cual se determinó la imposición de la medida restrictiva de libertad.
El Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz, mediante Resolución 13/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) De acuerdo a la documentación presentada por el Ministerio Público, se tiene el informe de inicio de investigación y remisión de aprehendidos con imputación, de José Oscar Pérez Balderrama y Raymer Chungara Dueñas, fundando como existencia del delito que ambos serían partícipes de la supuesta comisión del delito de uso de instrumento falsificado y a raíz de ello sustentó la presencia de los riesgos procesales para la aplicación de una medida cautelar de carácter personal; b) La parte demandante manifestó que era obligación de la Jueza demandada, establecer y remitir los antecedentes de la causa a efectos de poder demostrar que efectivamente fueron así los hechos alegados; empero, se tiene establecido por la amplia jurisprudencia que en caso que la autoridad demandada no informe se tendría que determinar bajo un principio de veracidad como hecho conculcado lo expuesto por la parte demandante; c) En la acción de libertad, la carga probatoria para acreditar la veracidad de las vulneraciones alegadas reside en el accionante; sin embargo, en el caso; no se tiene el acta de audiencia donde se habrían discutido estos extremos, lo que hubiera servido para que como Juez realice un contraste de todos estos elementos. Al no existir ese elemento probatorio que permita formar la convicción de esta invocación de los actos irregulares que hubiera cometido la Jueza contralora de garantías, se neutraliza su consideración; d) En esta clase de acciones rige el principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, lo que significa que antes de activarse esta demanda tutelar se exige que primero se agoten las vías judiciales o administrativas idóneas, eficaces y oportunas, lo que no ocurrió en el caso de autos; y, e) El fundamento de la presente acción de defensa da a entender que se estuvieran reclamando aspectos ante un Tribunal de alzada y que fuera este el que va a reparar los actos que hubieren sido lesionados por la autoridad de control jurisdiccional, lo que no es viable, máxime cuando se tienen expeditos los recursos procesales tal como establece el art. 180.II de la CPE.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Publico a instancias de Celideth Ochoa Castro, Gerenta General Distrital de La Paz del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) contra José Oscar Pérez Balderrama y Raymer Chungara Dueñas -accionantes-, por la presunta comisión el delito de uso de instrumento falsificado; cursa informe de inicio de investigaciones con imputación y remisión de aprehendidos de 10 de mayo de 2023, expedido por Jhannett Shantal Copaja Choque, Fiscal de Materia (fs. 2 a 6). II.2. Consta decreto de 10 de mayo de 2023, emitido por Ximena Palacios Fernández, Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, señalando audiencia de consideración de medidas cautelares para el 11 de ese mes y año, a horas 10:15, bajo la modalidad virtual (fs. 6 vta.). Acto procesal en el que, según lo invocado por los impetrantes de tutela, la autoridad judicial dictó Auto Interlocutorio imponiéndoles la medida de detención preventiva (fs. 8 vta. -extraído de la demanda tutelar-). No constando la interposición de recurso alguno respecto a dicha decisión.
Los accionantes a través de su representante sin mandato, señalan como vulnerados sus derechos a la libertad física y de locomoción, manifestando que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Celideth Ochoa Castro, Gerenta General Distrital de La Paz del SIN, en su contra, por la presunta comisión del delito de uso de instrumento falsificado; en audiencia de consideración de medidas cautelares de 11 de mayo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -demandada-, de forma “ilegal” no cumplió con el procedimiento conforme establece el art. 232.I.6 del CPP y determinó su detención preventiva, fundamentando su decisión al uso de instrumento falsificado como un delito de corrupción, conforme lo señalado en el parágrafo III, numeral 4 del artículo descrito, forzando arbitrariamente la medida restrictiva de su libertad. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, citada a su vez por la SCP 0507/2024-S2 de 21 de agosto, dispuso: “III.1.2. Supuestos de subsidiariedad del hábeas corpus De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida. En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria. (…). En los Estados partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona'. Como se puede apreciar, lo que persiguen los pactos internacionales sobre derechos humanos, es garantizar la existencia de un recurso sumario, pronto y eficaz, al que pueda acudir toda persona, para que ésta sin demora, decida sobre la lesión a la libertad alegada, recurso que no necesariamente tiene que ser, el hábeas corpus. Consiguientemente, como el ordenamiento jurídico no puede crear y activar recursos simultáneos o alternativos con el mismo fin sin provocar disfunciones procesales no queridas por el orden constitucional, se debe concluir que el proceso constitucional del hábeas corpus, únicamente se activa cuando los medios de defensa existentes en el ordenamiento común, no sean los idóneos para reparar, de manera urgente, pronta y eficaz, el derecho a libertad ilegalmente restringido. No es posible acudir a este recurso, cuando el ordenamiento jurídico prevé medios de impugnación específicos y aptos para restituir el derecho a la libertad, en forma inmediata. Conforme a esto, solamente una vez agotado tal medio de defensa y ante la persistencia de la lesión, se podrá acudir a la jurisdicción constitucional, invocando la tutela que brinda el hábeas corpus” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).
Al respecto, la SCP 1619/2012 de 1 de octubre, citando a su vez, fallos constitucionales precedentes, estableció que: "Tratándose de la impugnación de las resoluciones que impongan, modifiquen o revoquen las medidas cautelares, el ordenamiento jurídico penal establece el recurso de apelación en el art. 251 del CPP, como un medio ordinario de carácter procesal que la ley confiere a los agraviados por un pronunciamiento judicial, a efectos de buscar una determinación justa, con la pretensión de una revisión integral o parcial de lo determinado, al considerarse la existencia de un agravio o lesión.
La SCP 0055/2012 de 9 de abril, señaló que: ‘En el Código de Procedimiento Penal, dentro del sistema de recursos e impugnaciones que otorga a las partes en el proceso penal, establece el de apelación incidental contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, que por su configuración procesal y su propia naturaleza se refleja como un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que el Tribunal de alzada tiene la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior alegados; dado que conforme prevé el art. 251 del CPP, (modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana de 4 de agosto de 2003), una vez interpuesto este recurso, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia en el término de 24 horas, debiendo el Tribunal de apelación referido, resolver dicho recurso, sin más trámite y en audiencia dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones”’ (las negrillas nos corresponden). En ese marco, el Código de Procedimiento Penal, instituye dentro de su sistema de recursos -en observancia del art. 180.II de la CPE, que garantiza el principio de impugnación en los procesos judiciales-, en su art. 251, modificado por el art. 11 de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescente y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-; se reitera, el recurso de apelación en el efecto no suspensivo contra la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, otorgando a las partes a ese efecto, el término de setenta y dos horas. Disponiendo que: “La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”.
En el caso concreto, los accionantes denuncian la vulneración de sus derechos a la libertad física y de locomoción; manifestando que, en audiencia de consideración de medidas cautelares de 11 de mayo de 2023, la Jueza de Instrucción Penal Cuarta de la Capital del departamento de La Paz -demandada-, de forma “ilegal” no cumplió el procedimiento conforme establece el art. 232.I.6 del CPP y determinó su detención preventiva, fundamentando su decisión al uso de instrumento falsificado como un delito de corrupción, conforme lo señalado en el parágrafo III, numeral 4 del artículo descrito, forzando arbitrariamente la imposición de la medida restrictiva de su libertad. Puntualizado el problema jurídico, corresponde traer a colación lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, referente a que no todas las lesiones vinculadas a la libertad pueden ser resguardadas de forma exclusiva por la acción de libertad; dado que, si la normativa ordinaria prevé algún mecanismo de defensa, eficaz e idóneo para la reparación del derecho presuntamente conculcado, este debe ser utilizado con carácter previo a activar la justicia constitucional a través de esta acción tutelar, no pudiendo el peticionante de tutela activar de forma directa la presente acción de libertad, inobservando el principio de subsidiariedad excepcional de esta acción tutelar; en ese orden, cuando existe una autoridad competente para resolver lo impugnado, este Tribunal se encuentra impedido de abrir su competencia y analizar el fondo de la problemática planteada en virtud a que esta acción no puede ser concebida como un medio alternativo o sustitutivo de los mecanismos intraprocesales previstos en la jurisdicción ordinaria. En el caso, se tiene que, en la causa penal descrita en la (Conclusión II.1) de este fallo constitucional; mediante Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2023, la Jueza demandada dispuso la detención preventiva de los accionantes (Conclusión II.2) de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; decisión que impugnan los prenombrados mediante la presente acción de libertad, alegando que, sería “ilegal”, al haberse sustentado en que, el delito de uso de instrumento falsificado sería un delito de corrupción, forzando así, según refirieron, la imposición de la medida restrictiva de su libertad. Por lo que, solicitaron se deje sin efecto dicha determinación y se disponga su libertad en el día. Sobre el particular, destaca que, los peticionantes de tutela pretenden que la justicia constitucional considere los argumentos expuestos contra el Auto Interlocutorio de 11 de mayo de 2023, que impuso su detención preventiva; lo que no puede ser resuelto a través de la acción de libertad, por inobservancia de la subsidiariedad excepcional, exigiéndose que, ante la existencia de mecanismos expeditos e idóneos regulados en la jurisdicción ordinaria, aquellos sean activados en forma previa a la formulación de esta garantía constitucional Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. No constando que, los accionantes hubieran formulado el recurso de apelación incidental, previsto en el art. 251 del CPP, a efectos que la Sala Penal de turno lo resuelva; medio de impugnación que, en virtud a su configuración procesal y su propia naturaleza se constituye en un mecanismo sumarísimo y efectivo de protección contra presuntas lesiones y restricciones al derecho a la libertad de los imputados y procesados, en el que los tribunales de alzada tienen la oportunidad de corregir, en su caso, los errores del inferior invocados Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. En el marco de lo expuesto, al no haber procedido de la forma antes descrita, los accionantes, impidieron que el tribunal de alzada respectivo pueda resolver su reclamo, habiendo acudido en esas condiciones de forma directa a la acción de libertad sin agotar antes la vía ordinaria pertinente y efectiva a ese fin; consiguientemente, corresponde denegar la tutela al respecto, por inobservancia del principio de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, sin efectuar examen de fondo alguno sobre la temática en cuestión. Consecuentemente, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR Resolución 13/2023 de 12 de mayo, cursante de fs. 14 a 15 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Decimosexto de la Capital del departamento de La Paz;
y, en consecuencia DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1223_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5126aa63f11679b6e65b61608e2235db0842b663ac4e856dd9320ad73ffe5b44
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