Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 20 de noviembre de 2023
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al salario, a la dignidad humana; y al principio de interdependencia, toda vez que las autoridades ahora demandadas, en el mes de enero de 2022 le rebajaron su haber mensual de Bs. 7.197.- a Bs. 5 180.- además de bajarle su categoría profesional de mérito a segunda; asimismo, le acusaron de percepción de haberes indebidos, ordenando la cancelación de Bs. 348.866,12.- (trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis 12/100 bolivianos), determinaciones asumidas sin haberle seguido un proceso administrativo, privándole de la oportunidad de defenderse con la presentación de descargos e impugnar las decisiones asumidas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son o no evidentes, a objeto de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, resulta necesario el analizar las siguientes temáticas jurisprudenciales: 1) El Principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; 2) Las excepciones al carácter subsidiario de la acción de amparo; 3) Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa; y, 4) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 88/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 678 a 684, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, se determina: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Informe IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0023/2022 de 21 de enero, el Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, emitido por Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Jefa de Procesos Judiciales del Ministerio de Educación, así como la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, suscrita por Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP.
b) Se proceda a la restitución de la categoría al mérito del ahora accionante, hasta que la misma sea dilucidada si corresponde en un proceso administrativo interno, respetando el derecho al debido proceso y a la defensa.
c) Se proceda a la restitución de los montos descontados desde enero de 2022 del salario mensual del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado -ahora accionante-, de acuerdo a los datos señalados en las planillas correspondientes.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1222/2023-S1 Sucre, 20 de noviembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 58063-2023-117-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución RAC-SCIII 88/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 678 a 684, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Freddy Eduardo Villagra Mercado contra Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación; Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del Sistema Educativo Plurinacional (SEP) Dirección General de Asuntos Administrativos; Wilfredo Yujra Mamani, Director General de Asuntos Jurídicos; Julia Quisbert Quispe, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica; Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Profesional de Procesos Judiciales, todos dependientes del Ministerio de Educación; Iván Villa Bernal, Director Departamental de Educación; y, Raúl Quinteros Rocha, Jefe de la Unidad de Asuntos Administrativos, ambos de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba.
Por memorial presentado el 20 de junio de 2023, cursante de fs. 100 a 117 vta., subsanado por memorial de 30 de ese mismo mes y año, corriente de fs. 121 a 123 vta., el impetrante de tutela manifestó:
Desde hace 47 años se encuentra prestando sus servicios en el ámbito educacional, al ser de profesión maestro, y ante tal trayectoria, contaría con la categoría al grado de mérito, correspondiéndole el salario de Bs7 197.- (siete mil ciento noventa y siete 00/100 bolivianos). En la gestión 2021, la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, le comunicó de manera verbal, que ante la necesidad de realizar una actualización a la trayectoria profesional y a los datos en el Registro Docente Administrativo (RDA), debía presentar toda la documentación que acredite esta situación, y al ser un profesional antiguo y que la documentación requerida debía ser recopilada desde la gestión 1976, tuvo que realizar diferentes viajes para dicho propósito, situación que le llevó tiempo, debido a que trabajó en diferentes lugares. Habiendo reunido la documentación necesaria, se apersonó ante la referida Dirección Departamental de Educación para efectuar su correspondiente presentación; sin embargo en su boleta del mes de enero de 2022, se percató que se le estaba reteniendo parte de su salario, puesto que de Bs7 197.- solamente se le estaba cancelando la suma de Bs5 180.- (cinco mil ciento ochenta 00/100 bolivianos), sin haberse desarrollado un debido proceso, dándole oportunidad a defenderse, presentar pruebas de descargo y todo elemento probatorio para hacer prevalecer sus derechos. Ante tal situación arbitraria, el 27 de enero de 2023 presentó una carta a la Dirección Distrital de Educación Cochabamba 2, solicitando se le restituya su categoría profesional y se proceda con la devolución de los montos de dinero reducidos de su salario por el Ministerio de Educación. Al no obtener respuesta favorable, el 15 de marzo de 2023 acudió de manera escrita ante Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación, y Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión del SEP, impetrando se le restituya su salario retenido, como también se le reponga su categoría profesional de mérito, argumentando que las decisiones asumidas en su contra son arbitrarias. Por efecto de dicha representación, se le notificó con la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0191/2023 -debió decir 0919/2023- de 5 de mayo, a través de la cual Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión del SEP -ahora demandado-, le hizo saber que en razón del Informe “IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0018/2018/2022” (sic) de 14 de enero de 2022, luego del análisis y revisión correspondiente, se concluyó que el interesado -ahora accionante- en el ascenso de categoría primera de la gestión 1992 no contaba con los dieciséis años de servicios requeridos (según el DS 04688 Reglamento del Escalafón Nacional, Resolución Ministerial (RM) 149/2017 de 27 de marzo, Manual de Procedimiento del RDA) por lo que, se procedió a dar de baja a su categoría profesional primera, cero y mérito, y como consecuencia se produjo su reducción salarial desde enero de 2022, determinación que se encontraría respaldada por informes emitidos por la Dirección Departamental de Educación y la Dirección de Asuntos Jurídicos, además se le comunicó que con base al art. 11 de la RM 1239/2018 de 14 de diciembre, su persona habría incurrido en percepción de haberes indebidos, por lo que debía cancelar la suma de Bs. 348.866,12.-(trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis 12/100 bolivianos). Refirió que la baja de categoría como el monto que debe cancelar, jamás le fue comunicado de manera formal y tampoco tuvo oportunidad de asumir defensa, para que se le escuche con todas las garantías, por lo que la determinación asumida en la citada nota 0919/2023 de 5 de mayo, se constituye en una medida de hecho al ser arbitraria, apartarse del debido proceso y postulados constitucionales, así como la firmeza de los actos administrativos anteriores, no respetó su calidad de persona de la tercera edad, su derecho al trabajo en su elemento de percepción de un salario justo, su dignidad humana y el derecho a la vida y salud de su esposa que se encuentra aquejada por la enfermedad de cáncer.
El peticionante de tutela denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso, al salario y el derecho a la dignidad humana, además del principio de interdependencia, citando al efecto los arts. 13.I, 21 inc. 2), 48.IV, 115.II, y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela y en consecuencia se determine: a) La restitución de manera inmediata de su categoría profesional de "mérito" como lo tenía antes del mes de enero del 2022; b) Por la sección que corresponda, se le devuelva las sumas de dinero que se le descontó desde el mes de enero de 2022; y, c) La anulación de todas las determinaciones e informes que le causaron perjuicio y restricción arbitraria a sus derechos fundamentales, entre ellos la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, e Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril.
Celebrada la audiencia virtual el 10 de agosto de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 672 a 677 vta., por el sistema de audiencias Cisco Webex, se produjeron los siguientes actuados:
El solicitante de tutela en audiencia por intermedio de sus abogados ratificó in extenso los términos del memorial de acción de amparo constitucional presentado y ampliando los argumentos refirió lo siguiente: 1) Es una persona de la tercera edad y tiene cuarenta y siete años de servicio dentro del magisterio, lo que significa que toda su vida fue educador y sigue ejerciendo su profesión, por las necesidades económicas que tiene al encontrarse su esposa delicada de salud; 2) No se calificó asimismo la categoría de mérito, sino que ello obedece a reglas y requisitos que cumplió a cabalidad, es por ello que el Ministerio de Educación, por medio de la Dirección Departamental, le dio la posibilidad de ir ascendiendo de categoría, por lo que si existía alguna observación a sus documentos, debieron ser observados a momento de postularse al ascenso de categoría; 3) Evidentemente existe un error, puesto que el certificado de categoría quinta fue otorgado el 19 de enero de 1976, cuando aún no se encontraba trabajando; 4) El 29 de abril de 2022, certificaron que el accionante sí trabajo de enero a diciembre, generando el Informe 361/2022, mismo que establece que en sus diferentes ascensos de categoría no existiría observación, habiendo cumplido con todos los requisitos, y en la última parte de dicho documento, se ordenó que se regularice su categoría y se devuelva los montos descontados; 5) De acuerdo al Informe 11/2022 de 30 de junio, que es enviado por la Técnica del RDA y Escalafón al Jefe de Unidad de Gestión del Ministerio de Educación, en el que se realiza una representación de cada categoría, indicó que se cumplió a cabalidad con todo lo requerido por dicha Institución; 6) En el mes de enero del 2020 -debió decir 2022-, sin haber recibido ninguna notificación del inicio de un proceso y sin la existencia de una resolución definitiva que determine una sanción, advirtió que su salario fue disminuido de aproximadamente Bs.7 000.- a Bs.5 000.-; 7) El informe 140/2023 emitido por la Directora Distrital de Educación Cochabamba 2, indica que habiendo sido subsanada la observación se le devuelva la categoría y lo descontado indebidamente, empero no existiría pronunciamiento por parte del Ministerio de Educación; 8) El Ministerio de Educación de oficio está anulando y revocando su propio acto administrativo, hecho que está prohibido, lo contrario vulnera la garantía del debido proceso, además que conforme la SCP 629/2022- S4 del 27 de junio, cualquier determinación asumida por una autoridad administrativa o pública vulnerando el debido proceso se constituye en una vía y medida de hecho, en el presente caso, se puede observar que durante todo este legajo de pruebas acompañadas, el impetrante de tutela jamás tuvo oportunidad de ejercer su derecho del debido proceso, a través de una acusación, el derecho a presentar prueba, etc., y todas las garantías del debido proceso; 9) Al atribuirle la comisión de la falta de percepción indebida, se está transgrediendo la garantía mínima y general que sería el debido proceso que establece la prohibición de no ser condenado previo proceso por una autoridad competente; 10) El derecho a su categorización se encuentra consolidado, al no existir ningún desfase en la calificación, puesto que de acuerdo al art. 5 de DS 4886 de 10 de marzo de 1958 que se encuentra vigente, establece que el año de iniciación en el servicio de educación se computará como año completo para los egresados de Institutos Normales, aunque sus funciones no hayan comenzado en enero; 11) Debido a que su persona es de la tercera edad, debe flexibilizarse el principio de subsidiariedad.
Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación representado por Wilfredo Yujra Mamani, Director General de Asuntos Jurídicos; Julia Quisbert Quispe, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica; Daniela Villegas Carvajal, Abogada de la Unidad de Gestión jurídica, Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Abogada de la Unidad de Gestión Jurídica; y, Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP, todos dependientes del Ministerio de Educación, mediante informe escrito, cursante de fs. 416 a 422, indicó lo siguiente: i) No se dio cumplimiento al art. 129.I de la CPE, que establece que la acción de amparo constitucional solo será procedente si no existe otro medio o recurso legal, así también la SC 1337/2023-R, señaló la improcedencia de la acción tutelar si la autoridad demandada no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto; ii) Se debe considerar la SCP 544/2019-S3, puesto que la reducción de salario es de enero de 2022, y a la fecha de interposición del amparo constitucional pasaron más de los seis meses, por lo que se encuentra fuera de plazo; iii) El Ministerio de Educación procedió a la reducción del salario, porque el accionante no figura en las planillas de enero y febrero de 1976; iv) El Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, concluyó que corresponde la inserción de rótulo observado preventivo por percepción indebida en el marco de la RM 1239/2018 que aprueba el Reglamento para el Registro de Personal de la Dirección General de Educación Técnica, Tecnológica y Artística (RP-DGESTLA) cuyo parágrafo II del art. 15 prevé que para el retiro del rótulo observado preventivo el interesado deberá presentar en los de percepción indebida no relacionada al uso de documentos falsificados o fraguados, el comprobante o certificación que acredite el pago del monto total percibido indebidamente, así como dar cumplimiento al procedimiento establecido en el art. 16 del referido Reglamento; y, v) Sostienen que existen hechos y derechos controvertidos y la acción de amparo constitucional no es la vía idónea para dilucidarlos, por lo que debe de recurrirse a la vía ordinaria. En audiencia, Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación; Wilfredo Yujra Mamani, Director General de Asuntos Jurídicos; Julia Quisbert Quispe, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica; y Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Profesional de Procesos Judiciales, a través de su abogada apoderada señalaron que: a) Debe tenerse presente que para configurarse las vías de hecho el accionante debió actuar de manera oportuna e inmediata, lo cual no ha ocurrido en el presente caso, habiendo trascurrido más de un año sin que haya agotado los recursos que la ley otorga y fuera del plazo establecido por el art. 55 del Código Procesal Constitucional (CPCo): b) El accionante egresó en diciembre de 1975 y por eso se le entregó su certificado en enero de 1976, lo cual no significa que haya trabajado en dicho mes, ante estos certificados de calificación de años de servicio, es que la Unidad de Gestión de Personal del SEP procedió a la revisión y verificación del cumplimiento de requisitos para las categorías segunda, primera, cero y mérito; y, c) Por el Informe Legal 0800/2023, emitido por la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, se concluyó que corresponde la inserción de rótulo observado preventivo por percepción indebida y, todo este procedimiento estaría descrito en la referida RM 1239/2018, misma que aprueba el Reglamento para el registro y retiro de rótulo observado en el registro docente administrativo. El Jefe de la Unidad de Gestión Personal de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, en audiencia añadió que no se puede cumplir con la re-categorización sin cumplir los años y los meses que establece el Reglamento del Escalafón, aclarando que para una primera categoría se necesita dieciséis años de servicio, requisito que no fue cumplido por el accionante, aspecto que fue observado por el CAS por los meses de enero y febrero de 1976 y en la gestión 1982, lo propio ocurrió con el año 1983 donde no figura en los meses de julio y noviembre de 1982, lo que demostraría que no cumplió con los años establecidos, y siendo que para las categorías cero y mérito, la calificación es de forma automática, no hay forma de convalidar dichas categorías sin que se cumplan los requisitos. Julia Quisbert Quispe, Jefa de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Educación, manifestó que el Ministerio de Educación efectuó la inserción del rótulo observado por percepción indebida conforme lo establece la RM 1239/2018 que establece que este proceso se inicia a solicitud de información del CAS dependiente del Ministerio de Economía, procedimiento que contó con la participación de la Dirección Departamental y Distrital de Educación de Cochabamba con el propósito de que el accionante pueda presentar documentación, debido a que no se encontró documentación respaldatoria respecto a los cuatro meses de servicio faltantes, lo que derivó en una percepción indebida sobre el porcentaje que se tiene que agregar al Escalafón. Juan Villa Bernal, Director y Raúl Quinteros Rocha, Jefe de Unidad de Asuntos Administrativos, ambos de la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, en audiencia, a través de su abogado apoderado, señalaron que el año 2020 a solicitud del CAS se realizó la notificación al ahora accionante a efectos de que presente toda la “documentación” para la actualización de datos. El año 2022, el accionante recién presentó su libreta de servicio militar, el cual es un documento obligatorio por mandato de la Constitución Política del Estado, y a pesar de haberle reiterado al ahora accionante que ponga su documentación en orden en la gestión 2021, hizo caso omiso, y ahora pretende victimizarse por su condición de adulto mayor y la salud de su esposa. Se ha interpuesto la presente acción tutelar, sin haberse interpuesto los recursos correspondientes para agotar la vía administrativa, por lo que solicita se deniegue la tutela. 1.2.3. Intervención de los terceros interesados María Inés Vera de Ayoroa, Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; Indira Laura Copa Huaraz, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica; Jacqueline Rojas Tudela, Abogada de la Unidad de Gestión Jurídica en representación de Marcelo Alejandro Montenegro Gómez García, Ministro de Economía y Finanzas Públicas, por memorial de 9 de agosto de 2023, cursante de fs. 663 a 665 vta., indicó que revisado el Sistema Informático de la Calificación de Años de Servicio (SICAS), se tiene que el accionante solicitó el 8 de marzo de 2019, la calificación de sus años de servicio en la Regional de Cochabamba y en todo ese trámite se observó el documento CAS P.S. 983492, remitiéndose al Ministerio de Educación la nota CITE:MEFP/VTCP/DGPOT/UCAS 65/2019 de 3 de abril, e información complementaria por misiva CITE MEFP/VCTP/DGPOT/UCAS 1/2020 de 2 de enero, realizando la observación por supuesta falsedad del referido certificado CAS P.S. 983492, puesto que el inicio de funciones del ahora accionante es de marzo de 1976 y no de enero de ese año; en respuesta a la referida nota, se recibió por parte del Ministerio de Educación los Cites NE/DGAA/UGPSEP/ERPA: 0079/2020 de 20 de enero, firmadas por la Jefe de Unidad de Gestión del SEP de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, en la que señala expresamente “que no se encuentra con registros en el Sistema de Consulta de Planilla de Haberes el Certificado de Años de Servicio Nº 983492 de 4 de enero de 1983”; y, 0443/2019 de 24 de abril, que indica que: “No se encuentra registrado en el Sistema de Registro Docente Administrativo (RDA) ningún Certificado CAS del señor Eduardo Freddy Villagra Mercado”. Norka Aramayo Lazarte, Directora Distrital de Educación Cochabamba, en audiencia a través de su abogado apoderado, señaló que: 1) El año 2020 a solicitud del CAS se realizó la notificación al ahora accionante a efectos de que presente toda la “documentación” para la actualización de datos; 2) El año 2022, el accionante recién presentó su libreta de servicio militar, el cual es un documento obligatorio, por mandato de la Constitución Política del Estado y a pesar de haberle reiterado al ahora accionante que ponga su documentación en orden en la gestión 2021, hizo caso omiso, y ahora pretende victimizarse por su condición de adulto mayor y la condición de salud de su esposa; y, 3) Se planteó la presente acción tutelar, sin haberse interpuesto los recursos correspondientes para agotar la vía administrativa, por lo que solicita se deniegue la tutela.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 88/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 678 a 684, concedió en parte la tutela solicitada, disponiéndose que se proceda a la restitución de la categoría mérito del impetrante de tutela, con todos sus prerrogativas, hasta que la misma sea dilucidada si corresponde o no, en la jurisdicción que corresponda, no determinándose la restitución de los salarios descontados bajo los siguientes argumentos: a) De lo evidenciado se establece que el ahora accionante, estaba calificado en el nivel mérito, otorgado en su momento por el Ministerio de Educación, extremo que es reconocido y recomendado por informe elaborado por la Directora Distrital de Educación de Cochabamba, Norka Aramayo Lazarte, quien emitió el oficio DDE-CBBA2-OFI-140/2023 de 28 de febrero de 2023; b) Al ser un acto administrativo el reconocimiento de esa categoría, éste se presume como legal y legítimo, y por ello solo podía ser desvirtuada esta condición a través de una “declaración judicial” en contrario, conforme establece el inc. g) del art. 4 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA) -Ley 2341 de 23 de abril de 2002-; de donde se desprende que el Ministerio de Educación, asumiendo el conocimiento de la existencia de irregularidades en la calificación del nivel mérito del accionante, debió dar cumplimiento un procedimiento para ello y no dejar sin efecto la calificación otorgada de manera unilateral, es decir, debió acudir a la vía llamada por ley a fin de dejar sin efecto la mencionada categoría; c) El Ministerio de Educación, al haber ignorado el informe DDEC2-INF-0361/2022 en fecha 27 de julio y el oficio NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 287/2022, y mantener las sanciones respectivas contra el profesor de la tercera edad -ahora accionante-, devino en una decisión unilateral y arbitraria; con la cual, indudablemente se lesionaron los derechos al debido proceso en sus vertientes de legalidad, de legitimidad y de buena fe de la decisión administrativa del impetrante de tutela; d) Se encuentra demostrado que se asumió una determinación, sin que se diera la posibilidad al ahora accionante de un proceso administrativo, donde las partes tengan la oportunidad de proceder a desvirtuar los argumentos, se tenga las posibilidades de probanza y hasta las de impugnación, por lo que al no haberse procedido conforme a procedimiento, este Tribunal considera, que se ha vulnerado el debido proceso, en su dimensión, de ser oído y escuchado en proceso justo; e) En relación a la solicitud de restitución de los salarios, que hubiesen sido disminuidos, de la revisión de los antecedentes, indicó que no hay suficiente prueba para determinar los montos que deban ser restituidos en su integridad, situación que deberá ser dilucidada en la vía que corresponda, sea esta administrativa y/o judicial, la que debe estar sujeta a probanzas y valoración; y, f) Aclaró que la concesión de tutela en medidas de hecho, es de manera provisional, hasta que se determine lo contrario en la jurisdicción que corresponda. En vía de complementación y enmienda, por memorial, cursante de fs. 692 y vta., los demandados Wilfredo Yujra Mamani, Director General de Asuntos Jurídicos; Julia Quisbert Quispe, Jefe de la Unidad de Gestión Jurídica por sí y en representación de Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación; Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Abogada de Gestión Jurídica; y, Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Educación, solicitaron complementación y enmienda en la que se aclare como esa cartera de Estado procederá a la restitución de la categoría mérito al accionante o cual sería el procedimiento a aplicar. En mérito a esa solicitud, la Sala Constitucional por Auto de 14 de agosto de 2023, cursante de fs. 694 y vta., señaló que los institutos de aclaración complementación y enmienda, están previstos para precisar conceptos obscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones de forma, mas no para efectuar un nuevo análisis de la problemática de fondo, por lo que, rechazó dicho pedido. Por memorial cursante a fs. 704, el accionante Freddy Eduardo Villagra Mercado, en vía de aclaración y complementación solicitó, se aclare si la referida Resolución RAC-SCIII 88/2023, es de cumplimiento inmediato o desde que el Tribunal Constitucional Plurinacional emita la sentencia respectiva en grado de revisión, además de pedir se establezca un plazo perentorio para que la parte demandada cumpla con lo dispuesto en la mencionada Resolución. En virtud a esa solicitud, la Sala Constitucional por Auto de 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 705 y vta., complementó la citada Resolución, disponiendo que la parte demandada cumpla con lo dispuesto en la indicada Resolución en el plazo de 72 horas.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa oficio Cite: NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0078/2020 de 20 de enero, mediante el cual se indica que en atención a la misiva MEFP/VTCP/DGPOT/UCAS/N° 1/2020 de 02 de enero, se proceda a la verificación del certificado CAS 983492 de 4 de enero de 1983, perteneciente al maestro Freddy Eduardo Villagra Mercado, debido a que éste no aparece en las listas de enero y febrero de 1976, existiendo la posibilidad de un daño económico a esa institución, ordenándose en su segundo párrafo que la Dirección Departamental de Educación proceda a notificar al ahora accionante para la actualización de su documentación, debiendo observar la mencionada Dirección lo establecido en la RM 1239/2018 de 14 de diciembre (fs. 34). II.2. Consta nota DDE-UAA-TECRDA-1-OFI-N°008/2020 de 30 de enero, por el que la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, solicita a la Directora Distrital de Educación de Cochabamba 2, se proceda a la verificación de la documentación del maestro Freddy Eduardo Villagra Mercado en los plazos establecidos en la RM 1239/2018, para establecer la posible existencia de percepción indebida (fs. 33). II.3. Mediante informe DDEC2-INF-N° 0436/2021 de 17 de noviembre, la Directora Distrital de Educación Cochabamba 2 indica al Director Departamental de Educación que en relación a los requisitos para acceder al ascenso de categoría, Freddy Eduardo Villagra Mercado presentaría posibles indicios de percepciones indebidas en los periodos en los que fueron otorgadas las categorías segunda, primera y cero, por lo que corresponde obrar conforme la RM 1239/2018 (fs. 42 a 43). II.4. A través del Informe IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0023/2022 de 21 de enero, se indica al Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación, que de acuerdo al informe IN/DGAA/UGPS/EAP 0007/2022 de 18 de enero ya se encuentra establecido el monto percibido indebidamente por Freddy Eduardo Villagra Mercado, que asciende a Bs.357.417,08.-(trecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos diecisiete 08/100 bolivianos) (fs. 327 a 328). II.5. Cursa Informe DDE-UAA-TECRDA-1-INF-N° 011/2022 de 30 de junio, emitido por la Técnica de RDA y Escalafón de la Unidad de Asuntos Administrativos de la Dirección Departamental de Educación, dirigido al Jefe de Unidad de Gestión de Personal del SEP del Ministerio de Educación, refiriendo que Freddy Eduardo Villagra Mercado cumple con los años de servicios en todas las categorías y de acuerdo a la documentación y antecedentes presentados por la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2, se proceda a la “Re Categorización” de las categorías primera, cero y mérito de Freddy Eduardo Villagra Mercado (fs. 48 a 49). II.6. Consta misiva de 26 de enero de 2023, dirigido a la Directora Distrital de Educación de Cochabamba 2 por parte de Freddy Eduardo Villagra Mercado, pidiendo en lo principal se emita resolución inmediatamente disponiendo la restitución del salario que le corresponda y se le devuelvan los dineros descontados desde enero de 2022 hasta esa fecha y de manera alterna se le indique en base a qué documento se procedió a este descuento señalando los funcionarios y sus cargos que tomaron esta determinación (fs. 52 a 53). II.7. Por nota: DDE-CBBA2-OFI-140/2023 de 28 de febrero, la Directora Distrital de Cochabamba 2, señaló que habiendo el maestro Freddy Eduardo Villagra Mercado cumplido con la presentación de documentación de sus años de servicio, la técnica encargada de Recursos Humanos por nota de 27 de julio de 2022, solicitó la re categorización y devolución de todo lo descontado en favor del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado, y que a la fecha se encuentran con toda la documentación observada (fs. 54 a 55). II.8. Por oficio presentado el 15 de marzo de 2023, el ahora accionante se dirigió al Ministro de Educación y Jefe de Educación de Gestión del SEP de la Dirección General de Asuntos Administrativos dependiente del indicado Ministerio solicitando se proceda a la devolución de todo lo descontado de su haber mensual desde enero de 2022 y se le restituya a su categoría; se indique quienes son los funcionarios que restringieron sus derechos como también las razones jurídicas y que en caso de negativa se exponga con razones jurídicas (fs. 66 a 83). II.9. A través del Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, dirigido a Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación -ahora demandado-, Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Jefa de Procesos Judiciales, hace conocer que el profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado, percibió indebidamente Bs. 348.866.12 (trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis 12/100 bolivianos) por mala asignación de categoría primera (100%) cuando lo correcto era categoría segunda (75%), incurriendo en transgresión del art. 11 del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo Observado en el Registro Docente Administrativo, debiendo por recomendación de la Contraloría General del Estado utilizarse mecanismos alternos a las acciones judiciales (fs. 59 a 63). II.10. Por nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP, hizo conocer al ahora accionante que en el ascenso de categoría primera de la gestión 1982 no contaba con los dieciséis años de servicio requeridos según el DS 04688 Reglamento del Escalafón Nacional; RM 149/2017 de 27 de marzo Manual de Procedimiento del RDA, por lo que, se procedió a la baja de categoría primera, cero, y mérito, y que en base al Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, se instruyó a la Unidad de Gestión de Personal del SEP, se incluya en el RDA del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado el ROTULO DE OBSERVADO PREVENTIVO por percepción indebida de haberes, haciendo conocer también que la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba deberá asumir las acciones que permitan la recuperación de los haberes percibidos indebidamente, decisión que fue establecida en base al Reglamento para el Registro y Retiro de Rotulo Observado en el RDA y RP DGESTTLA aprobado mediante RM 1239/2018 de 14 de diciembre (fs. 85 a 86).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al salario, a la dignidad humana; y al principio de interdependencia, toda vez que las autoridades ahora demandadas, en el mes de enero de 2022 le rebajaron su haber mensual de Bs. 7.197.- a Bs. 5 180.- además de bajarle su categoría profesional de mérito a segunda; asimismo, le acusaron de percepción de haberes indebidos, ordenando la cancelación de Bs. 348.866,12.- (trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis 12/100 bolivianos), determinaciones asumidas sin haberle seguido un proceso administrativo, privándole de la oportunidad de defenderse con la presentación de descargos e impugnar las decisiones asumidas. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son o no evidentes, a objeto de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto, resulta necesario el analizar las siguientes temáticas jurisprudenciales: 1) El Principio de inmediatez en la acción de amparo constitucional; 2) Las excepciones al carácter subsidiario de la acción de amparo; 3) Sobre el debido proceso y el derecho a la defensa; y, 4) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0537/2019-S2 de 15 de julio, reiterada por la SCP 0455/2020-S1 de 7 de septiembre, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El plazo de caducidad de seis meses para la acción de amparo constitucional en mérito al principio de inmediatez, fue inicialmente establecido en el Auto Constitucional 112/99-R de 7 de septiembre de 1999, posteriormente, la SC 0544/2002-R de 13 de mayo, precisó en seis meses el plazo de caducidad y para la formulación del entonces recurso de amparo constitucional y este criterio fue asumido de manera uniforme por las SSCC 0703/2002-R, 0720/2002-R, 0632/2003-R y 0560/2003-R, entre otras. La jurisprudencia constitucional también estableció en la SC 1353/2003-R de 16 de septiembre, que el plazo de seis meses se interrumpe con la interposición de un recurso constitucional; luego, la SC 0814/2006-R de 21 de agosto, aclaró que el cómputo del plazo se suspende durante la interposición y tramitación del recurso constitucional y luego se reinicia a partir de la notificación con la resolución o sentencia constitucional. El art. 129.II de la CPE, con relación a la inmediatez establece que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial”; asimismo, el art. 55.I del Código Procesal Constitucional (CPCo), refiere expresamente que: “La Acción de Amparo Constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de conocido el hecho”.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0075/2018-S2 de 23 de marzo, reiterada por la SCP 0681/2019-S2 de 12 de agosto, entre otras, asumió el siguiente entendimiento: El Tribunal Constitucional Plurinacional, mediante la SCP 0002/2012 de 13 de marzo, refiriéndose a la naturaleza jurídica que caracteriza a la acción de amparo constitucional, señaló que ésta se constituye en un mecanismo de defensa jurisdiccional, eficaz, rápido e inmediato de protección de los libre y expreso consentimiento, resultando improcedente el recurso de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 96 inc. 2) de la Ley del Tribunal Constitucional”. 2El Considerando Cuarto, señala que: “En el caso que se examina, el Amparo ha sido demandado después de más de seis meses de haberse emitido la Resolución que se impugna - referida al rechazo del recurso de apelación formulado contra el rechazo del incidente de nulidad de remate- desnaturalizando así la esencia de este Recurso, porque uno de los elementos primordiales que lo caracterizan y son inherentes a su fundamento mismo, es precisamente la inmediatez de la protección jurídica que se pretende; sin embargo, el demandante ha cumplido con este requisito de buscar la protección jurídica inmediata, inviabilizando, por extemporánea, la aplicación de la garantía prevista en el art. 19 de la Constitución Política del Estado”. 3El FJ III.1, establece: “Sobre la supuesta falta de inmediatez. El Tribunal ha establecido que el plazo máximo para interponer el recurso es de seis meses, salvo situaciones especiales que deben ser debidamente acreditadas. En el caso analizado, el plazo aludido fue interrumpido con la interposición, en fecha 7 de marzo de 2003, del recurso de amparo constitucional que mereció la SC 726/2003-R de 30 de mayo de 2003, habiendo presentado la presente acción, en fecha 7 de junio de 2003, es decir dentro del término anteriormente señalado”. 4El FJ III.5, dispone: "...resulta necesario establecer que el cómputo del plazo de los seis meses para interponer el recurso de amparo constitucional, se inicia desde ocurrido el acto ilegal vulneratorio de derechos, y si este permite impugnación se inicia el cómputo desde la última actuación efectuada en reponer el derecho vulnerado; empero, en los casos en que como el presente, se interpuso un recurso de amparo constitucional que culminó con una resolución constitucional que no ingresó al fondo; el plazo se suspende durante ese periodo; es decir, que el cómputo se corta con la interposición del recurso de amparo constitucional en este caso, y luego se reinicia o continúa el cómputo desde la notificación de la Resolución o Sentencia Constitucional que no ingresó al fondo, -como la presente Sentencia Constitucional”.
derechos fundamentales y garantías constitucionales. La acción de amparo constitucional tiene dos características esenciales, la inmediatez y la subsidiariedad, que se encuentran dispuestas en el art. 129.I de la CPE, estableciendo: “La Acción de Amparo Constitucional se interpondrá (…) siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados” (las negrillas son nuestras). Desarrollando la subsidiariedad, el art. 53.3 del CPCo., determina que esta acción tutelar no procederá: “Contra resoluciones judiciales o administrativas que pudieran ser modificadas o suprimidas por cualquier otro recurso, del cual no se haya hecho uso oportuno”. En relación con la citada norma, el art. 54.I del mismo Código prevé que: “La Acción de Amparo Constitucional no procederá cuando exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías, restringidos, suprimidos o amenazados de serlo”. En ese contexto, el Tribunal Constitucional en la SC 374/2002-R de 2 de abril, en el Cuarto Considerando señaló que:
…la subsidiariedad del amparo constitucional debe ser entendida como el agotamiento de todas las instancias dentro del proceso o vía legal, sea administrativa o judicial, donde se acusa la vulneración, dado que donde se deben reparar los derechos fundamentales lesionados es en el mismo proceso, o en la instancia donde han sido conculcados, y cuando esto no ocurre queda abierta la protección que brinda el Amparo Constitucional. Asimismo, la SC 0492/2003-R de 15 de abril, en el Fundamento Jurídico III.1, indicó que:
…el amparo constitucional instituido como una garantía constitucional para otorgar protección a derechos fundamentales, por mandato constitucional está regido por el principio de subsidiariedad, lo que significa que no podrá ser interpuesto mientras que no se hubiere hecho uso de los recursos ordinarios o administrativos, o en su caso, cualquier otro medio de reclamación ante el particular, autoridad o tribunal que se considere hubiese causado o esté causando el agravio, y para el caso de haberlos utilizado, los mismos deberán ser agotados, entendiéndose por esto que se debe tener el resultado en sentido negativo del legitimado pasivo (...). Con ese antecedente, corresponde precisar que la jurisprudencia constitucional desarrolló reglas y subreglas de aplicación general que fueron sistematizadas por la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre, señalando cuándo esta acción de defensa, será improcedente por subsidiariedad. En esa línea, la SC 0484/2010-R de 5 de julio, determinó que la acción de amparo constitucional, no puede ser utilizada como mecanismo alternativo o sustitutivo de protección, pues ello desnaturalizaría su esencia; entendimiento que guarda relación con lo establecido en la SCP 0058/2015-S2 de 3 de febrero, que a su vez cita a la SCP 1311/2012 de 19 de septiembre, señalando que esta acción tutelar no procede si existen otros mecanismos procesales idóneos para atacar la lesión o amenaza a los derechos fundamentales. De lo anotado debe concluirse que la subsidiariedad solo podrá exigirse cuando las vías o recursos de impugnación existentes sean idóneos para la protección inmediata del derecho; pues, cuando no existen estas vías, en virtud a la inmediatez que caracteriza esta acción, corresponderá ingresar al análisis de fondo, dando prevalencia a los derechos y garantías que requieren de tutela inmediata. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional estableció excepciones a la subsidiariedad, ante un posible daño irreparable e irremediable al derecho o garantía acusada como lesionada; dado que, una protección tardía resultaría absolutamente ineficaz, en desmedro de los derechos de las personas agraviadas. Así también se otorga protección especial a grupos de atención prioritaria, como adultos mayores, mujeres embarazadas, pueblos indígenas, discapacitados, niños, niñas y adolescentes. Consiguientemente, las personas de la tercera edad gozan de una protección reforzada, conforme lo manda el art. 67.I de la CPE, que establece que las personas adultas mayores, además de los derechos reconocidos en la Norma Suprema, tienen derecho a una vejez digna, con calidad y calidez humana. Por su parte, el art. 68 del mismo texto constitucional, refiere que:
I. El Estado adoptará políticas públicas para la protección, atención, recreación, descanso y ocupación social de las personas adultas mayores, de acuerdo con sus capacidades y posibilidades.
II. Se prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación a las personas adultas mayores (las negrillas son añadidas). Por su parte la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 872 de 21 de diciembre de 2016; en su art. 5, señala:
Los Estados Parte desarrollarán enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez, en relación con la persona mayor en condición de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad, las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de género, las personas migrantes, las personas en situación de pobreza o marginación social, los afrodescendientes y las personas pertenecientes a pueblos indígenas, las personas sin hogar, las personas privadas de libertad, las personas pertenecientes a pueblos tradicionales, las personas pertenecientes a grupos étnicos, raciales, nacionales, lingüísticos, religiosos y rurales, entre otros (las negrillas son incorporadas). En el marco de ambas previsiones tanto constitucional como internacional, la Ley General de las Personas Adultas Mayores -Ley 369 de 1 de mayo de 2013-, hace referencia en su Capítulo de Derechos y Garantías, a los derechos a una vejez digna y a un trato preferente en el acceso de los servicios que goza este grupo poblacional -arts. 5 y 7, respectivamente-. A partir de dichas normas, este Tribunal, en su amplia y uniforme línea jurisprudencial, estableció que las personas adultas mayores son parte componente de los llamados grupos vulnerables o de atención prioritaria; en ese sentido, sus derechos se encuentran reconocidos y se les otorga una particular atención, considerando la situación de desventaja en la que se encuentran frente al resto de la población; así la SCP 0112/2014-S1 de 26 de noviembre manifestó en el Fundamento Jurídico III.4, que el trato preferente y especial del que deben ser objeto los ancianos es comprensible: “…dado que la vejez supone la pérdida de medios de subsistencia ya sea por el advenimiento de enfermedades y su consecuente pérdida de la salud o ya sea porque pasan al grupo de personas inactivas económicamente, viéndose limitadas por tal motivo en el ejercicio de sus derechos”. Así también, es importante mencionar la SC 0989/2011-R de 22 de junio, que el Fundamento Jurídico III.1, refiere:
…la Constitución Política del Estado Plurinacional reconoce una diversidad de derechos fundamentales, tanto individuales como colectivos, teniendo en cuenta que estas normas fundamentales no solamente rigen las relaciones entre iguales, sino que tiene como finalidad el proteger a los ostensiblemente más débiles -mejor conocidos en la doctrina como grupos vulnerables- por lo que el Estado, mediante “acciones afirmativas” busca la materialización de la igualdad (que goza de un reconocimiento formal reconocida en los textos constitucionales y legales pero que en la realidad no se materializa) y la equidad, por lo que se establecen políticas que dan a determinados grupos sociales (minorías étnicas o raciales, personas discapacitadas, mujeres, menores de edad, adultos mayores) un trato preferencial en el acceso a determinados derechos -generalmente de naturaleza laboral- o distribución de ciertos recursos o servicios, así como acceso a determinados bienes, con el fin de mejorarles su calidad de vida y compensarles, en algunos casos, por los perjuicios o la discriminación y exclusión de las que fueron víctimas en el pasado. (las negrillas son añadidas) En ese sentido, en la justicia constitucional existe también un trato preferente a las personas adultas mayores; por ello, a través de la jurisprudencia, se determinó que es posible la presentación directa de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación existentes -entendimiento asumido, entre otras, por la SCP 0757/2015-S2 de 8 de julio-. La excepción a la subsidiariedad también se aplica en los supuestos en los que se alegue vulneración del derecho a la seguridad social. Así, la jurisprudencia constitucional contenida en la SC 2695/2010-R de 6 de diciembre, sostuvo que este derecho se encuentra vinculado con otros, como la vida, la salud física y psicológica y la dignidad; por lo que, no puede estar supeditado al agotamiento de los medios de impugnación, ya que estos no se constituyen en mecanismos idóneos e inmediatos para la tutela de derechos que merecen una rápida protección; además en este tipo de casos, debe prevalecer el derecho sustantivo a las formalidades, para hacer valer los valores y fines del Estado.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0841/2018-S2 de 20 de diciembre, reiterada por la SCP 0300/2020-S1 de 11 de agosto, asumió el siguiente entendimiento: La garantía del debido proceso, se encuentra materializada y reconocida en el art. 115.II de la CPE, cuyo contexto señala: “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”; el art. 117.I de la misma Norma Suprema dispone: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso”; asimismo, se encuentra reconocido como un derecho humano por instrumentos internacionales en la materia, en el art. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), instrumentos comprendidos dentro del bloque de constitucionalidad conforme al art. 410.II de la CPE.
En ese sentido la jurisprudencia constitucional señaló que el debido proceso es: “…el derecho de toda persona a un proceso justo, oportuno, gratuito, sin dilaciones y equitativo, en el que, entre otros aspectos, se garantice al justiciable el conocimiento o notificación oportuna de la sindicación para que pueda estructurar eficazmente su defensa, el derecho a ser escuchado, presentar pruebas, impugnar, el derecho a la doble instancia, en suma, se le dé la posibilidad de defenderse adecuadamente de cualquier tipo de acto emanado del Estado, donde se encuentren en riesgo sus derechos, por cuanto esta garantía no sólo es aplicable en el ámbito judicial, sino a todos los procesos según la naturaleza de los mismos y las normas que lo regulan” así lo entendió la SC 0250/2010-R de 31 de mayo. Sobre el derecho a la defensa, también está previsto en el art. 115.II de la CPE, que es un instituto que forma parte del debido proceso, ha sido consagrado de manera autónoma, que debe ser interpretada conforme al principio de favorabilidad, antes que restrictiva. Éste Tribunal, a través de la jurisprudencia constitucional estableció al respecto: “…este derecho tiene dos connotaciones: La primera es el derecho que tienen las personas, cuando se encuentran sometidas a un proceso con formalidades específicas, a tener una persona idónea que pueda patrocinarle y defenderle oportunamente, mientras que la segunda es el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio…”, así lo entendió la SC 1842/2003-R de 12 de diciembre, misma que es citada en la SCP 1080/2013 de 16 de julio.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso, al salario, al derecho a la dignidad humana; y al principio de interdependencia, toda vez que las autoridades ahora demandadas, en el mes de enero de 2022 le rebajaron su haber mensual de Bs7 197.- a Bs5 180.-, además de bajarle su categoría profesional de mérito a segunda; asimismo, le acusaron de percepción de haberes indebidos, ordenando la cancelación de Bs348 866,12.-, determinaciones asumidas sin haberle seguido un proceso administrativo, privándole de la oportunidad de defenderse con la presentación de descargos e impugnar las decisiones asumidas. En consideración a lo expuesto, y toda vez que corresponde verificar si la acción de amparo constitucional cumple con todos los presupuestos a fin de ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, en el caso, cabe establecer con precisión si el accionante de tutela observó o no el principio de inmediatez y de subsidiariedad característicos de esta acción tutelar y que se constituyen en una condición esencial para activar el control tutelar de constitucionalidad.
A fin de analizar lo indicado en el párrafo precedente, es imprescindible considerar los actuados desarrollados para establecer con precisión desde qué oportunidad corresponde iniciar el cómputo de los seis meses, como plazo establecido para la interposición de la presente acción tutelar, y si la misma se encuentra dentro de dicho término legal, asimismo verificar si el accionante agotó los medios o recursos legales para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados.
De los antecedentes adjuntos a la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se evidencia que ante la solicitud realizada por la Dirección General de Asuntos Administrativos a través de la Unidad de Gestión de Personal SEP, se instruyó la verificación del certificado CAS 983492 de 4 de enero de 1983, emitido en favor de Freddy Eduardo Villagra Mercado -ahora accionante-, ello en razón de que en las listas de esa Unidad el accionante no aparecía en las planillas de los meses de enero y febrero de 1976, por lo que se instruyó a la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba notifique al ahora solicitante de tutela para que presente la documentación necesaria, haciendo conocer en la parte final del Cite: NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0078/2020 de 20 de enero, que se obrará en el marco de la RM 1239/2018 de 14 de diciembre (Conclusión II.1). Por efecto de la indicada nota, la referida Dirección Departamental de Educación, ordenó mediante el cite: DDE-UAA-TECRDA-1-OFI-N°008/2020 de 30 de enero, que la Dirección Distrital de Educación Cochabamba 2, proceda a la verificación de la documentación perteneciente a Freddy Eduardo Villagra Mercado (Conclusión II.2); cumpliendo con dicha determinación se emitió el informe DDEC2-INF-N°0436/2021 de 17 de noviembre, indicándose a la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, que del análisis de la documentación del referido maestro se encontró indicios de percepciones indebidas en los periodos que fueron otorgadas las categorías segunda, primero y cero, por lo que corresponde obrar conforme la RM1239/2018 (Conclusión II.3); A través de Informe IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0023/2022 de 21 de enero, el Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP, el Responsable de Registro Docente Administrativo y el Técnico en Registro Docente Administrativo, indicaron al Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación que de acuerdo al informe IN/DGAA/UGPS/EAP 0007/2022 de 18 de enero ya se encuentra establecido el monto percibido indebidamente por Freddy Eduardo Villagra Mercado, el que asciende a Bs357 417,08.- (Conclusión II.4). Posteriormente, por informe DDE-UAA-TECRDA-1-INF-N°011/2022 de 30 de junio, la Técnico de RDA y Escalafón, refiere al Jefe de Unidad de Gestión de Personal del SEP del Ministerio de Educación, que de acuerdo a la documentación y antecedentes presentados por la Dirección Distrital de Educación de Cochabamba 2, se proceda a la “Re Categorización” de las categorías primera, cero y mérito de Freddy Eduardo Villagra Mercado (Conclusión II.5).
Por nota de 26 de enero de 2023, dirigido a la Directora Distrital de Educación de Cochabamba 2 el ahora impetrante de tutela, pidió se emita resolución disponiendo la restitución del salario que le corresponda y se le devuelvan los dineros descontados desde enero de 2022 hasta esa fecha y de manera alterna se le indique en base a qué documento se procedió a este descuento, pidiendo se identifiquen a los funcionarios y sus cargos que tomaron esta determinación (Conclusión II.6); solicitud que fue respondida por nota: DDE-CBBA2-OFI-140/2023 de 28 de febrero por la Directora Distrital de Cochabamba 2, quien señaló que habiendo el maestro cumplido con la presentación de documentación de sus años de servicio, la técnica encargada de Recursos Humanos por nota de 27 de julio de 2022, solicitó la re categorización y devolución de todo lo descontado en favor del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado, y que a la fecha se encuentran con toda la documentación observada (Conclusión II.7). Por oficio presentado el 15 de marzo de 2023, el ahora accionante se dirigió al Ministro de Educación y Jefe de Educación de Gestión del SEP de la Dirección General de Asuntos Administrativos dependiente del indicado Ministerio solicitando se proceda a la devolución de todo lo descontado de su haber mensual desde enero de 2022 y se le restituya a su categoría; se indique quienes son los funcionarios que restringieron sus derechos y que en caso de negativa se exponga las razones jurídicas de la determinación (Conclusión II.8.). Como consecuencia de ello, a través del Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, dirigido a Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación -ahora demandado-, Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Jefa de Procesos Judiciales, hace conocer que el profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado, percibió indebidamente Bs. 348.866.12 (trescientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis 12/100 bolivianos) por mala asignación de categoría primera (100%), cuando lo correcto era la categoría segunda (75%), incurriendo en transgresión del art. 11 del Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo Observado en el Registro Docente Administrativo, debiendo por recomendación de la Contraloría General del Estado utilizarse mecanismos alternos a las acciones judiciales (Conclusión II.9.). Finalmente, por nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP, hizo conocer al ahora accionante que en el ascenso de categoría primera de la gestión 1982 no contaba con los dieciséis años de servicio requeridos según el DS 04688 Reglamento del Escalafón Nacional; RM 149/2017 de 27 de marzo Manual de Procedimiento del RDA, por lo que, se procedió a la baja de categoría primera, cero y mérito, y que en base al Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, se instruyó a la Unidad de Gestión de Personal del SEP, se incluya en el RDA del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado el ROTULO DE OBSERVADO PREVENTIVO por percepción indebida de haberes, haciendo conocer también que la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba deberá asumir las acciones que permitan la recuperación de los haberes percibidos indebidamente, decisión que fue establecida en base al Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo Observado en el RDA y RP DGESTTLA aprobado mediante RM 1239/2018 de 14 de diciembre (Conclusión II.10.). Puntualizados estos antecedentes, en cuanto al cumplimiento del principio de inmediatez determinado en el art. 129.II de la CPE y lo consignado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala que la acción de amparo constitucional podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computable a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial. En el presente caso, se advierte que, si bien no existe una constancia de notificación con la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, como la última decisión administrativa y la que es impugnada a través de la presente acción tutelar como se advierte del punto 4 del memorial de subsanación, cursante 121 a 123 vta., sin embargo, de acuerdo a la constancia del Sistema Integrado de Registro Judicial, NUREJ 30381983 (fs. 2), el ahora solicitante de tutela, interpuso la presente acción de amparo constitucional el 20 de junio de 2023, por consiguiente, se tiene por cumplido el mencionado principio, por haberse planteado la presente acción tutelar dentro del plazo de los seis meses establecidos por el art. 129.II de la CPE y 55.I del CPCo, computables desde la última determinación. Con relación al cumplimiento del principio de subsidiariedad, conforme se señaló en el Fundamento Jurídico III.2. del presente fallo constitucional, se procederá a aplicar la excepción de la subsidiariedad en razón al trato preferente a las personas adultas mayores; por ello, a través de la jurisprudencia se determinó que es posible la presentación directa de la acción de amparo constitucional, sin necesidad de agotar previamente los medios de impugnación existentes, tratándose de este grupo de personas, en el caso concreto, el accionante es una persona adulta mayor de 73 años que goza de una protección reforzada, y en consecuencia, aun exista algún medio de defensa de sus derechos en la vía administrativa, en aplicación de la línea jurisprudencial señalada, se flexibiliza excepcionalmente el principio de subsidiariedad, correspondiendo ingresar al fondo de la problemática planteada. Respecto a la denuncia de vulneración del derecho al debido proceso, al salario, al derecho a la dignidad humana; y al principio de interdependencia, en razón a que las autoridades demandadas en el mes de enero de 2022 le rebajaron su haber mensual de Bs. 7.197.- a Bs. 5 180.- además de bajarle su categoría profesional de mérito a segunda; asimismo, le acusaron de percepción de haberes indebidos, ordenando la cancelación de Bs. 348.866,12.- (trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos sesenta y seis 12/100 bolivianos), determinaciones asumidas sin haberle seguido un proceso administrativo, privándole de la oportunidad de defenderse con la presentación de descargos e impugnar las decisiones asumidas. Conforme se ha establecido en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, en el marco del debido proceso como garantía constitucional; toda sanción administrativa, debe ser impuesta indefectiblemente previo proceso correspondiente; en el que se garantice al procesado, el pleno uso de sus derechos fundamentales y garantías constitucionales como persona; de manera que, se tenga plena convicción de que éste asumió defensa en juicio y fue escuchado; dado que, una sanción impuesta sin las garantías mínimas es arbitraria, ilegal y contraria al derecho.
Ahora bien, en el caso que ahora se analiza, de acuerdo a las diferentes conclusiones expuestas en el presente fallo constitucional, el conflicto con la categoría profesional del ahora impetrante de tutela se inició el 2020 con el requerimiento que se hizo desde el Ministerio de Educación a la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba, por la presunta existencia de irregularidades con documentación del ahora accionante, emergente del certificado de CAS 983492, que consignó como meses trabajados enero y febrero de 1976, cuando presumiblemente el solicitante de tutela comenzó a trabajar en el área de educación en marzo del indicado año, procedimiento que concluyó con la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, a través de la cual Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP, hizo conocer al ahora accionante que en el ascenso de categoría primera de la gestión 1982, no contaba con los dieciséis años de servicio requeridos según el DS 04688 Reglamento del Escalafón Nacional; RM 149/2017 de 27 de marzo, Manual de Procedimiento del RDA, por lo que, se procedió a la baja de categoría primera, cero y mérito, y que en base al Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, se instruyó a la Unidad de Gestión de Personal del SEP, se incluya en el RDA del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado el RÓTULO DE OBSERVADO PREVENTIVO por percepción indebida de haberes, haciendo conocer también que la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba deberá asumir las acciones que permitan la recuperación de los haberes percibidos indebidamente, decisión que fue establecida en base al Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo Observado en el RDA y RP DGESTTLA aprobado mediante RM 1239/2018 de 14 de diciembre. Por lo referido, dicha decisión, sin duda, contradice el razonamiento expuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional, por cuanto sin que medien circunstancias atribuidas a su conducta, se le impuso la sanción de reducción de sus haberes, así como la baja de su categoría profesional de mérito a segunda, además de generarle un cargo por concepto de percepción indebida de haberes de Bs. 348.866.12.-de manera unilateral, sin observar el derecho al debido proceso, pues para imponerse las indicadas sanciones administrativas, el procedimiento debe hallarse impregnado de todas las garantías que involucra, tales como los derechos a la defensa, a ser escuchado, a presentar pruebas, a impugnar, a la doble instancia; lo contrario contradice el mandato constitucional previsto en el art. 117.I de la CPE, el cual proscribe la posibilidad de sanción sin haber sido oído y juzgado previamente en un debido proceso, aspecto que no sólo involucra al ámbito penal sino a cualquiera donde deba imponerse una sanción, por ello la jurisprudencia de este Tribunal precisó que el derecho al debido proceso es transversal a todo procedimiento sancionatorio, concluyendo que no es posible establecerse una sanción de manera directa sin otorgar la posibilidad al imputado o procesado de acceder a un debido proceso. Al efecto, si bien la parte demandada señaló que se cumplió con el procedimiento previsto en la RM 1239/2018, siendo que el mismo respecto a la presunta percepción indebida, para imponer la sanción de registro y establecimiento de deuda, se limita a establecer la emisión de un informe técnico y otro legal, es decir sin cumplir los requisitos que garantizan el cumplimiento del debido proceso, pudiendo entonces, en lo pertinente, si no existiera otra norma específica completa, es decir de manera supletoria, utilizarse el procedimiento general establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo de tal manera que pueda garantizarse al afectado que pueda ser previamente escuchado, y que sus alegatos sean considerados por una autoridad imparcial en un proceso previo donde el administrado se encuentre en las mismas condiciones con quien lo procesa, a fin de que pueda defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos. Entonces, conforme a lo señalado y la jurisprudencia constitucional queda claro que de acuerdo al mandato constitucional, cualquier sanción que se pretenda imponer a una persona no puede ser atribuida de manera directa, es necesario que previamente se lleve adelante un proceso previo dentro del cual se garantice que el acusado, conozca los cargos en su contra, dándole oportunidad de que pueda presentar sus descargos y la prueba que considere pertinente, debiendo valorarse la prueba de descargo y emitirse una resolución que resuelva el caso que se encuentre debidamente motivada, fundamentada y sea congruente; lo contrario significara que la sanción impuesta obedece a la arbitrariedad desconociendo el Estado Constitucional de derecho, encontrándose en aquellos casos la jurisdicción constitucional habilitada para conceder la tutela, ordenando se restablezca el orden constitucional. En ese sentido, este Tribunal evidencia que la causa por la cual se procedió a la reducción del salario del accionante, la baja de su categoría y el cargo por percepción indebida de salarios, aparentemente fueron porque el accionante no cumplió con los años de servicio para la calificación a la categoría primera, y que el procedimiento según lo manifestado por las autoridades ahora demandadas se inició a requerimiento del CAS dependiente del Ministerio Economía; que el rótulo observado por percepción indebida se lo hizo conforme lo establece la RM 1239/2018 y que dicho procedimiento contó con la participación de la Dirección Departamental y Distrital de Educación de Cochabamba con el propósito de que el accionante pueda presentar documentación para acreditar los meses de servicio faltantes; sin embargo, no consideraron que este procedimiento se realizó de forma unilateral, contraviniendo el derecho o garantía del debido proceso. En ese sentido, correspondía si acaso las autoridades consideraban que la conducta del ahora accionante hubiera vulnerado alguna disposición legal o interna, la realización de un proceso (implica la realización de actos que suceden en el tiempo) administrativo interno, del cual emerja la decisión correspondiente, proceso en el cual se identifique las faltas que se le atribuye al ahora solicitante de tutela, sobre todo las que contravienen el ordenamiento interno de la entidad supuestamente afectada, y que determinaron la sanción de reducción de salario, la baja de categoría y la supuesta percepción indebida de salarios, no haber obrado de esa manera, constituye una vulneración al debido proceso; por tanto, en el caso que se analiza, la sanción directa se constituye una medida arbitraria, por prescindir del ordenamiento jurídico, pues si bien, se instruyó al ahora accionante la complementación de documentación para acreditar su trayectoria y antigüedad profesional, no se le dio la oportunidad de conocer los cargos que se le acusan, tampoco tuvo la posibilidad de asumir amplia defensa presentando los descargos y prueba a objeto de desvirtuar las denuncias en contra suya, y si el impetrante de tutela presentó documentación, esta no fue valorada de manera objetiva o imparcial, pues las autoridades ahora demandadas basándose en el Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, dirigido a Edgar Pary Chambi, Ministro de Educación, emitieron la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, firmada por Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP, haciendo conocer al ahora demandante de tutela que en el ascenso de categoría primera de la gestión 1982 no contaba con los dieciséis años de servicio requeridos según el DS 04688 Reglamento del Escalafón Nacional; RM 149/2017 de 27 de marzo Manual de Procedimiento del RDA, por lo que, se procedió a la baja de categoría primera, cero, y mérito, y que en base al Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, se instruyó a la Unidad de Gestión de Personal del SEP, se incluya en el RDA del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado el RÓTULO DE OBSERVADO PREVENTIVO por percepción indebida de haberes, haciendo conocer también que la Dirección Departamental de Educación de Cochabamba deberá asumir las acciones que permitan la recuperación de los haberes percibidos indebidamente, aclarando que la decisión fue establecida en base al Reglamento para el Registro y Retiro de Rótulo Observado en el RDA y RP DGESTTLA aprobado mediante RM 1239/2018 de 14 de diciembre, es decir, a través de una simple nota convalidaron todas las sanciones efectuadas en contra del ahora accionante, sin tomar en cuenta que nunca le comunicaron de manera precisa los cargos en su contra, no consideraron sus descargos e incluso desconocieron el Informe DDE-UAA-TECRDA-1-INF-011/2022 de 30 de junio que señaló que el ahora accionante cumple con los años de servicios en todas las categorías, también desconocieron la nota DDE-CBBA2-OFI-140/2023 de 28 de febrero, emitida por la Directora Distrital de Cochabamba 2, la cual señaló que habiendo el maestro Freddy Eduardo Villagra Mercado cumplido con la presentación de documentación de sus años de servicio, la técnica encargada de Recursos Humanos por nota de 27 de julio de 2022, solicitó la re categorización y devolución de todo lo descontado en favor del referido profesor -ahora accionante-, y que a la fecha se cuenta con toda la documentación observada; el accionante no contó con un periodo de prueba, tampoco tuvo la oportunidad de plantear todos sus argumentos de defensa como el referido a que conforme al DS 4886 de 10 de marzo de 1958 en el ámbito de la educación el año de cómputo para efectos de antigüedad se cuenta como año completo aunque los servicios no hayan empezado en el mes de enero, argumentos que no fueron absueltos en debido proceso y con resolución motivada, fundamentada y congruente; circunstancias que evidencian la vulneración de los derechos al debido proceso y a la defensa, lesión que a su vez de manera colateral afectó sus derechos al salario y a la dignidad humana en el marco del principio de interdependencia, por cuanto la reducción de sus haberes mensuales resulto arbitraria, por lo que corresponde conceder la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución RAC-SCIII 88/2023 de 10 de agosto, cursante de fs. 678 a 684, pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, se determina: 1° CONCEDER la tutela solicitada conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; y, 2° Disponer lo siguiente:
a) Dejar sin efecto el Informe IN/DGAA/UGPSEP/ERDA 0023/2022 de 21 de enero, el Informe Legal DGAJ/UGJ 0800/2023 de 14 de abril, emitido por Ruth Dinelza Acochiri Cruz, Jefa de Procesos Judiciales del Ministerio de Educación, así como la nota NE/DGAA/UGPSEP/ERDA 0919/2023 de 5 de mayo, suscrita por Jaime Vásquez Salazar, Jefe de la Unidad de Gestión de Personal del SEP.
b) Se proceda a la restitución de la categoría al mérito del ahora accionante, hasta que la misma sea dilucidada si corresponde en un proceso administrativo interno, respetando el derecho al debido proceso y a la defensa.
c) Se proceda a la restitución de los montos descontados desde enero de 2022 del salario mensual del profesor Freddy Eduardo Villagra Mercado -ahora accionante-, de acuerdo a los datos señalados en las planillas correspondientes. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Considerando Segundo, numeral cuarto, indica: “Que, la censura y destitución del recurrente se ha producido en fecha 4 de junio de 1998 a través de la Resolución Municipal No. 019/98, pretendiendo dejarla sin efecto a través de este recurso de amparo constitucional presentado recién en fecha 26 de marzo de 1999, habiendo dejado transcurrir 9 meses y 22 días, al margen de los cinco meses que ha durado su tramitación, por lo que el presente recurso no cumple con uno de los requisitos fundamentales que son inherentes a su naturaleza y procedencia que es la inmediatez, lo que hace presumir la existencia de
5 El FJ III.1, indica: “Que, de ese entendimiento jurisprudencial, se extraen las siguientes reglas y sub reglas de improcedencia de amparo por subsidiariedad cuando: 1) las autoridades judiciales o administrativas no han tenido la posibilidad de pronunciarse sobre un asunto porque la parte no ha utilizado un medio de defensa ni ha planteado recurso alguno, así: a) cuando en su oportunidad y en plazo legal no se planteó un recurso o medio de impugnación y b) cuando no se utilizó un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico; y 2) las autoridades judiciales o administrativas pudieron haber tenido o tienen la posibilidad de pronunciarse, porque la parte utilizó recursos y medios de defensa, así: a) cuando se planteó el recurso
pero de manera incorrecta, que se daría en casos de planteamientos extemporáneos o equivocados y b) cuando se utilizó un medio de defensa útil y procedente para la defensa de un derecho, pero en su trámite el mismo no se agotó, estando al momento de la interposición y tramitación del amparo, pendiente de resolución. Ambos casos, se excluyen de la excepción al principio de subsidiaridad, que se da cuando la restricción o supresión de los derechos y garantías constitucionales denunciados, ocasionen perjuicio irremediable e irreparable, en cuya situación y de manera excepcional, procede la tutela demandada, aún existan otros medios de defensa y recursos pendientes de resolución”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1222_2023-S1.pdf · páginas 1 a 25.
Huella digital del PDF (SHA-256): bc2ccc53ad35c279c7cdbafc92a4ac6d332ec3c2abb174b543e67e6638ff79d3
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