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SCP 1221/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 16 de octubre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
16 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55638-2023-112-AL
Departamento
Chuquisaca
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado con la privación de libertad, toda vez que, promovió un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Tribunal a quo por una indefensión absoluta, pues, padece de una hipoacusia profunda en ambos oídos, acreditada mediante certificado médico, un desconocimiento de lenguaje de señas e incapacidad de leer y escribir, condiciones que habrían impedido que comprenda adecuadamente el proceso, lo que motivó la declaración de procedencia del incidente mediante Auto Interlocutorio 01/2022; no obstante, dicha determinación fue revocada por los Vocales demandados mediante Auto de Vista 231/2023, fundamentando que no se acreditó de qué forma se ocasionó perjuicio personal y directo, ni su gravedad respecto a su incapacidad y que no se identificaron las normas aplicables respecto al art. 169 del CPP; al respecto, el incidente no fue planteado por enajenación mental, sino por su condición de sordomudo, lo que impidió conocer los actuados y comprender el desarrollo del proceso, existiendo incertidumbre sobre su entendimiento real. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 36/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 231/2023 de 30 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ordenando que dicho Tribunal emita una nueva resolución que viabilice los estudios especializados, salvo que los mismos, de manera posterior, ya se hubiesen realizado y la decisión sea coherente con lo dispuesto en la decisión impugnada. 3º Disponer que el Consejo de la Magistratura, en el marco de sus competencias constitucionales, coordine con el Consejo de Lengua de Señas Boliviana (CLSB) -creado por la Ley 1658- para garantizar la presencia obligatoria de intérpretes certificados en LSB en todas las etapas procesales donde intervengan personas sordas o sordomudas.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La garantía del debido proceso respecto a un traductor o intérprete de las personas sordomudas
  2. III.2. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido Jurisprudencia reiterada
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1221/2025-S2 Sucre, 16 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55638-2023-112-AL Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución 36/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Luis Alejandro Núñez Salgueiro en representación sin mandato de Segundino Martínez Ortíz contra Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 6 de junio de 2023, cursantes a fs. 2 y 22 a 24 vta., el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido a instancia del Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violación agravada, cumple detención preventiva en el Centro Penitenciario San Roque de Sucre, por el presunto delito de violación agravada, el cual radica en el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca; refiere su representante que tiene una comunicación limitada pues es sordomudo y no sabe leer ni escribir. El 12 de agosto de 2022 fue notificado mediante comisión instruida con acusación formal otorgándosele diez días hábiles para presentar prueba de descargo. Posteriormente el 5 de septiembre de mismo año, la oficial de diligencias del Tribunal de Sentencia se contactó con su abogado para informarle que ese día se llevaría a cabo la audiencia de juicio oral; sin embargo, dicho acto procesal fue suspendido por la ausencia de un intérprete que le permitiera comprender el desarrollo de la audiencia; no obstante, el 16 del mismo mes y año, planteó incidente de nulidad por actividad procesal defectuosa absoluta, considerando que las audiencias fueron suspendidas reiteradas oportunidades por las circunstancias antes mencionadas. El incidente de actividad procesal defectuosa fue fundamentado con diecinueve elementos de prueba, entre ellos un estudio audiológico emitido por María Alejandra Álvarez Peredo, médico de la Unidad Educativa de Audiología “Fe y Alegría” de la ciudad de Sucre, donde se le diagnosticó “hipoapocusia profunda bilateral”, es decir, sordera en ambos oídos. En consecuencia, mediante Auto Interlocutorio 01/2022 de 5 de enero de 2023 el Tribunal de Sentencia declaró fundado el incidente hasta el vicio más antiguo, retrotrayendo obrados hasta la declaración informativa, al considerar que el procesado no podía ser tratado como una persona sin discapacidad. Dicha resolución fue apelada por el Ministerio Público, en el cual, Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal departamental de Chuquisaca -ahora demandados-, mediante Auto de Vista 231/2023 de 30 de mayo revocaron la resolución del Tribunal a quo, señalando que: a) No se acreditó de qué forma se ocasionó perjuicio personal y directo al acusado ni su gravedad respecto a su incapacidad, además de cuestionar la oportunidad de la presentación del incidente y que la participación de la defensa pública convalidó los actuados; y, b) No se identificaron las normas aplicables conforme al art. 169 del Código de Procedimiento Penal (CPP) ni las garantías presuntamente vulneradas; en mérito a ello, declararon procedente la apelación y anularon el Auto Interlocutorio de 5 de enero de 2023. El representante sin mandato denunció que el accionante es sordomudo, lo que genera una evidente limitación en su comunicación y comprensión durante el proceso penal. El incidente de actividad procesal defectuosa no fue planteado bajo la figura de enajenación mental, sino en razón de su discapacidad auditiva, que exige un tratamiento procesal distinto al de una persona sin estas limitaciones; pese a ello, la audiencia de apelación fue inicialmente suspendida por falta de intérprete; sin embargo, en su señalamiento posterior se desarrolló sin garantizar un intérprete, convocando en su lugar a un interno del Centro penitenciario para asumir el rol de intérprete sin contar con preparación, certificación ni capacidad técnica; dicho interno manifestó que, el impetrante de tutela no puede comprender nada y que solo sabe comer, trabajar y dormir, lo que evidencia la improcedencia de tal designación y la omisión de adecuar el proceso a las condiciones del acusado; los Vocales demandados validaron el acto procesal, soslayando sus condiciones. Por último, los Vocales demandados no advirtieron que el incidente no estaba referido a una enfermedad mental, sino a la imposibilidad de privar de libertad y sustanciar actos procesales sin la presencia de intérprete, afectando su defensa material en actuaciones como la declaración informativa, audiencia de medidas cautelares, notificaciones y demás actos en los que no pudo comprender, o al menos sea consultado y asistido. Asimismo, se desconoce si comprendió la notificación de la acusación formal.

I.1.2. Derechos y garantía supuestamente vulnerados

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso vinculado con la privación de libertad, sin citar norma constitucional alguna.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, que los Vocales demandados: 1) Confirmen la Resolución emitida por el Tribunal a quo; y, 2) Se ordene la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, emitiendo la libertad del accionante y no así su internación en el psiquiátrico.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 7 de junio de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 42 a 46 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia señaló que: i) Es una persona discapacitada, sordomuda sin comunicación con el mundo exterior, con una discapacidad mental leve; el incidente de actividad procesal defectuosa fue presentada en juicio oral, al tomar conocimiento de la causa; pues, a parte de su condición, no tiene conocimiento de lenguaje de señas, denotando claramente que es una persona que no escucha ni habla; es decir, fue sometido a declaración informativa y demás actuados procesales en esa condición; ii) Se encuentra recluido desde el año “2017”; es una incógnita si ingresó con esta enfermedad, es contradictorio que todos sus actuados sean normales, ya que la última notificación fue mediante comisión instruida, mediante una papeleta de notificación donde se le hizo conocer su acusación formal, no existe certeza si tuvo comprensión de estos actuados para que tenga la posibilidad de que presente prueba de descargo, por ese motivo el Tribunal de Sentencia Primero le dio la razón y dio curso a su incidente anulando hasta el vicio más antiguo (la declaración informativa prestada), ya que en ninguno de los actuados tuvo intérprete; lo que constituye en defectos absolutos conforme el art. 169 del CPP; sin embargo, para comprobar su comprensión, los Vocales demandados le pasaron un papel para que pueda realizar alguna expresión que tuvo como resultado un garabato, denotando que no puede defenderse por sí mismo; iii) El Tribunal de Sentencia Primero cometió un error respecto al petitorio, pues la solicitud no fue basada en una enajenación mental, sino su liberación, pues al tratarse de una persona sorda desde un inicio debió haber estado acompañado de un intérprete, más solicitaron su internación en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, ya que no fundaron su enajenación, sino su sordera, correspondiendo se confirme la resolución en el cual ordene su libertad y no su internación en el instituto; y, iv) Intentaron conseguir un carnet de discapacidad; sin embargo, su persona no cuenta con dos requisitos que les pidieron, entre ellos, el carnet de identidad y un certificado de bautizo, los cuales no tiene.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Iván Sandoval Fuentes y Jaime René Conde Andrade, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por informe escrito cursante de fs. 40 a 41, sostuvieron que: a) Declararon fundado por Auto de Vista 231/2023 el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público contra el Auto de 5 de enero de 2023, ordenando al Juez a quo emita una nueva resolución con las consideraciones plasmadas; y, b) El impetrante de tutela goza de medidas sustitutivas impuestas mediante Auto de Vista 361/2022 de 6 de septiembre, en el cual se estableció la detención domiciliaria previa fianza personal (de una persona) y la prohibición de acercarse a la víctima o sus familiares o intimidarlas directamente o por otras personas; mismas que no hizo efectivas por no presentar garantes para su cumplimiento y gozar de dicho beneficio.

I.2.3. Intervención del Ministerio Público

Roberto Maidana Echalar, Fiscal de Materia, en audiencia mencionó que: 1) El informe de audiología emitido por María Alejandra Álvarez, lanza una conclusión de hipoacusia neurosensorial profunda, es decir, no hay certeza de que sea una persona con discapacidad, no se presentó ese carnet de discapacidad emitido por autoridades correspondientes como el de Unidad Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (UMADIS) o Comité Departamental de las Personas con Discapacidad (CODEPEDIS), tampoco se mencionó por qué no se pudo obtener dicho documento para que pueda estar certificado y así poder establecer que el imputado se encuentre en una indefensión absoluta; 2) Estuvo acompañado por un abogado defensor, ejerciendo su defensa técnica; en ese sentido, tuvo el tiempo necesario para recabar incluso ese carnet de discapacidad -aunque no lo patrocine el mismo abogado- por lo que, no hubo un estado de indefensión absoluto; y, 3) La víctima tiene un grado también de vulnerabilidad por su situación de género.

I.2.4. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca, constituido en Tribunal de garantías, por Resolución 36/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., denegó la tutela solicitada, disponiendo que se oficie a UMADIS, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONADIS) o CODEPEDIS para que coadyuven con la defensa pública a efectos de otorgar los documentos pertinentes que se requieren y determinar el grado de discapacidad de esta persona; con base en los siguientes fundamentos: i) El peticionante de tutela solicita a través de esta acción se confirme el Auto Interlocutorio de 5 de enero de 2023 que dispuso su internación en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre; sin embargo, mencionó que ese es un error, pues aquello no era parte de su petición, sino su libertad; al respecto, consintió lo establecido por dicha resolución; ii) Conforme la jurisprudencia constitucional, se debe acudir al juez competente de la causa antes de acudir a la jurisdiccional constitucional, esperando que las autoridades ordinarias resuelvan dicha situación; iii) En la resolución que, objeto el impetrante de tutela, no se advierte ninguna vulneración vinculada a su derecho a la libertad; el Tribunal de alzada señaló simplemente que existen alguna incongruencias en cuanto a la Resolución establecida por el Tribunal de Sentencia Primero ; iv) No se agotó los mecanismos intraprocesales, habiendo sido consentido (respecto a complementación y enmienda), no habiendo sido comprobada su incapacidad, ya que, si bien de alguna manera queda demostrado, no se cuenta con certificación objetiva como el UMADIS; al respecto, dicha institución deberá acudir al recinto penitenciario y coadyuvar para su certificación si corresponde para establecer si la persona presenta algún grado de discapacidad, dicha situación va en perjuicio de la parte accionante; y, v) Los actos denunciados -aunque graves- vulneran un debido proceso, los cuales no pueden ser tutelados por la acción de libertad, es decir la apelación incidental sobre un incidente de actividad procesal defectuosa que tuvo como resultado el Auto de Vista 01/2022 no tiene como causa directa la restricción de su libertad, pues el impetrante de tutela tiene como objeto el Auto de Vista de Vista 231/2023, ya que si no estaba de acuerdo en el internamiento en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre sería contra el Tribunal de sentencia Primero que impuso dicha medida y no los Vocales demandados; en caso de padecer de una incapacidad mental, este debió ser acreditado y posteriormente plantear un amparo constitucional.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Auto Interlocutorio 01/2022 de 5 de enero de 2023, emitido por Osvaldo Gustavo Corcus Romero, Juez de Partido de Trabajo y Seguridad Social Ejecución Penal y Juez Técnico Primero de Camargo del departamento de Chuquisaca; mediante el cual se estableció como fundado el incidente de nulidad de obrados por actividad procesal defectuosa, presentado por Segundino Martínez Ortiz -ahora accionante-declarando que el mismo acreditó que padece de sordomudez profunda, nunca fue asistido por un intérprete que haga entender todos los actos del proceso y que tiene un retraso mental leve; por lo que, estableció su internación temporal en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre (fs. 15 a 16 vta.). II.2. Se tiene Auto de Vista 231/2023 de 30 de mayo, emitida por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, mediante el cual declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público, y anulando el Auto Interlocutorio 01/2022 (fs. 3 a 9). II.3. Cursa Estudio Audiológico de 28 de noviembre de 2022, emitido por la Unidad Educativa “Audiología” Fe y Alegría, el cual diagnostica que el impetrante de tutela tiene: “Hipoacusia Neurosensorial Bilateral Profunda (Sugiere aprender el Lenguaje de Señas Boliviana)” (sic [fs. 21 y vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso vinculado con la privación de libertad, toda vez que, promovió un incidente de actividad procesal defectuosa ante el Tribunal a quo por una indefensión absoluta, pues, padece de una hipoacusia profunda en ambos oídos, acreditada mediante certificado médico, un desconocimiento de lenguaje de señas e incapacidad de leer y escribir, condiciones que habrían impedido que comprenda adecuadamente el proceso, lo que motivó la declaración de procedencia del incidente mediante Auto Interlocutorio 01/2022; no obstante, dicha determinación fue revocada por los Vocales demandados mediante Auto de Vista 231/2023, fundamentando que no se acreditó de qué forma se ocasionó perjuicio personal y directo, ni su gravedad respecto a su incapacidad y que no se identificaron las normas aplicables respecto al art. 169 del CPP; al respecto, el incidente no fue planteado por enajenación mental, sino por su condición de sordomudo, lo que impidió conocer los actuados y comprender el desarrollo del proceso, existiendo incertidumbre sobre su entendimiento real. Asimismo, la audiencia de apelación fue realizada sin intérprete idóneo, recurriendo incluso a una persona no calificada; en consecuencia, los actuados procesales sin intérprete vulneraron su derecho a la defensa. Ante ello, la parte demandada señala que, el accionante goza de medidas sustitutivas impuestas mediante Auto de Vista 361/2022 de 6 de septiembre, en el cual se estableció la detención domiciliaria previa fianza personal (de una persona) y la prohibición de acercarse a la víctima o sus familiares o intimidarlas directamente o por otras personas; mismas que no hizo efectivas por no presentar garantes para su cumplimiento y gozar de dicho beneficio. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La garantía del debido proceso respecto a un traductor o intérprete de las personas sordomudas

Conforme la amplia jurisprudencia, la garantía del debido proceso establecido en el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) comprende necesariamente el derecho a la defensa técnica y material de manera conjunta; la defensa material requiere la posibilidad real de comprender de manera directa o a través del abogado que asesora a la parte procesal el desarrollo del proceso, de modo que la falta de comprensión destruye el núcleo esencial del derecho a la defensa, lo que implica el deber estatal de asegurar que toda persona procesada entienda el idioma o forma de comunicación utilizada en el juicio. En ese sentido, la designación de un intérprete o traductor no constituye un mero formalismo procesal, sino el medio que posibilita al imputado entender el juicio de reproche en su contra; sin comunicación entonces no hay contradicción, y sin contradicción no existe defensa. El art. 70.3 de la CPE establece el derecho a la comunicación en lenguaje alternativo, lo que se vincula especialmente con las personas sordomudas, cuya condición impide una comunicación estandarizada. El lenguaje adopta diversas formas -entre ellas los símbolos que denominamos idiomas- y, para quienes carecen de un medio de comunicación convencional, el Estado debe garantizar canales alternativos; al respecto, el art. 8.a. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CIDH) establece que, toda persona sometida a un proceso tiene el “Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal” de forma analógica las barreras comunicacionales derivadas de una discapacidad sensorial de cualquier clase, pues la administración de justicia debe hacerse comprensible, ya que el fin del traductor es la comprensión del proceso. Las personas sordomudas, incluso escolarizadas, enfrentan una barrera comunicacional que se reduce a actos fónicos que limita su interacción al plano visual, pues no solo carecen de audición y del aprendizaje natural del lenguaje oral, sino también de una vía sensorial fundamental para la vida social y la estimulación cognitiva. En consecuencia, su principal canal de comunicación son los gestos, las manos y la expresión corporal. Este canal de comunicación está reconocido como lengua oficial por el art. 1 de la Ley de Reconocimiento de la Lengua de Señas Boliviana (LSB) como Idioma Oficial y de Derechos Lingüísticos de las Personas Sordas en el Estado Plurinacional de Bolivia -Ley 1658 de 31 de octubre de 2025-, el cual señala: “La presente Ley tiene por objeto reconocer la Lengua de Señas Boliviana LSB, como Idioma oficial y derechos lingüísticos de las Personas Sordas en el Estado Plurinacional de Bolivia.”;

asimismo, el art. 3 de la citada ley establece las definiciones, que la LSB es un idioma de la comunidad sorda de Bolivia, un sistema lingüístico con su vocabulario, expresiones idiomáticas, gramática y sintaxis propias y que pertenece a una minoría distinta: “Son grupos o colectivizaciones de individuos que residen en el mismo territorio del Estado Plurinacional o en cualquier parte del mismo y que tienen un idioma propio y cultura distinta”; no obstante, una persona sordomuda que desconoce la LSB -que no ha adquirido un lenguaje de señas-carece de un canal de comunicación que le permita comprender el proceso judicial; ahora bien, ¿cómo podría generar contradicción quien no posee los medios para comunicarse? Y más aún, ¿cómo podría entender la atribución de una responsabilidad jurídica sin palabras? En el pasado, los códigos civiles consideraban a las personas sordomudas como incapaces, prejuicio que hoy se supera a través de intérpretes especializados, de ahí que tengan responsabilidad en un proceso penal en la medida en la que se respete su debido proceso, lo que implica que el abogado tenga herramientas comunicativas para interactuar con su cliente sordomudo, en cuyo caso, la defensa técnica y la defensa material puedan concurrir de manera simultánea e interactuar de forma que el abogado conozca los hechos y pruebas que el cliente aporte a su defensa; por lo que en este tipo de casos, al juzgar o atribuir responsabilidad a una persona, el Estado tiene el deber de designar un traductor competente.

III.2. Supuestos de activación de la acción de libertad ante procesamiento ilegal o indebido Jurisprudencia reiterada

En cuanto al tema, la SC 1865/2004-R de 1 de diciembre, estableció que: "…las lesiones al debido proceso están llamadas a ser reparadas por los mismos órganos jurisdiccionales que conocen la causa, lo que implica que quien ha sido objeto de esa lesión, debe pedir la reparación a los jueces y tribunales ordinarios, asumiendo activamente su rol dentro del proceso, a través de los medios y recursos que prevé la ley, y sólo agotados éstos, se podrá acudir ante la jurisdicción constitucional a través del recurso de amparo constitucional, que, como se ha señalado, es el recurso idóneo para precautelar las lesiones a la garantía del debido proceso; a no ser que se constate que a consecuencia de las violaciones al debido proceso invocadas, se colocó al recurrente en absoluto estado de indefensión, lo que no le permitió impugnar los supuestos actos ilegales y que recién tuvo conocimiento del proceso al momento de la persecución o la privación de la libertad”. A su vez, la SC 0619/2005-R de 7 de junio, refirió que la garantía de la libertad personal o de locomoción puede ejercerse mediante el recurso de hábeas corpus -actual acción de libertad- cuando se denuncia procesamiento ilegal o indebido, debiendo concurrir dos supuestos: “a) el acto lesivo, entendido como los actos ilegales, las omisiones indebidas o las amenazas de la autoridad pública, denunciados, deben estar vinculados con la libertad por operar como causa directa para su restricción o supresión; b) debe existir absoluto estado de indefensión, es decir, que el recurrente no tuvo la oportunidad de impugnar los supuestos actos lesivos dentro del proceso y que recién tuvo conocimiento del mismo al momento de la persecución o la privación de la libertad".

III.3. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela afirma que, fue sometido a actuaciones procesales como la declaración informativa, notificaciones, audiencias y medidas cautelares -entre otros- sin la asistencia de un intérprete ni mecanismos que le permitieran comprender dichos actos procesales. Adjuntó certificado médico que lo calificaba como una persona sordomuda (Conclusión II.3), además de otros informes que establecían un retraso mental leve. Por ello, planteó un incidente de actividad procesal defectuosa absoluta, alegando nulidad de obrados debido a que, además de ser sordomudo, era analfabeto, lo que le impidió comprender el proceso. El Juez de primera instancia declaró fundado el incidente y dispuso dos cosas diferentes: a) Retrotrajo obrados hasta la declaración informativa; y, b) Dispuso la internación momentánea del accionante en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad Sucre (Conclusión II.1). Esta determinación fue revocada mediante Auto de Vista 231/2023 de 30 de mayo, emitido por los Vocales demandados, quienes argumentaron que no se acreditó perjuicio alguno en el derecho a la defensa, ni se demostró si el imputado no podía comunicarse; por lo que, si bien el incidente de nulidad no se constituye en causa directa de privación de libertad conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, no puede analizarse la nulidad de obrados debiendo la parte accionante una vez agotada la instancia acudir a la acción de amparo constitucional; no obstante, el Auto de Vista 361/2022 de 6 de septiembre tuvo una repercusión directa con la libertad del impetrante de tutela al modificar la decisión de internamiento en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre, único aspecto que si puede ser analizado por la presente acción de libertad, en la medida en la que se afecta su derecho de libertad de locomoción. Ahora bien, los Vocales demandados observaron la actuación del Juez a quo al analizar el caso concreto respecto la denuncia de falta de intérprete y la posible existencia de indefensión y el estado mental del accionante; al respecto, es necesario establecer que las autoridades judiciales tienen el deber de asegurarse que los procesos penales se desarrollen conforme a los elementos de la garantía del debido proceso, que incluyen conforme lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la posibilidad del acusado de entender mentalmente el desarrollo del proceso o en su caso contar con un traductor idóneo. Así, para revocar la decisión del Juez a quo se tiene que, los Vocales demandados observaron que los certificados médicos que determinan la discapacidad mental y sordomudez remiten a la necesidad de efectuar nuevos estudios especializados, por lo que, no están debidamente probados; en ese sentido, se sostiene que: “…no sabemos si verdaderamente hay una prueba hasta este momento que demuestre si el imputado conoce o no el idioma español…” (sic), y observaron que no se conoce si la nulidad se debe a la falta de intérprete o a su discapacidad, ya que dicha discapacidad no fue invocada por el accionante; sin embargo, no especificaron por qué el determinar el estado mental del imputado es irrelevante en el caso concreto; por otro lado, que no puede observarse incluso de oficio, para luego sostener que en el acta de declaración informativa se le pregunta si va a declarar y contestar que “no voy a declarar, me abstengo” (sic), indicando que ese era el momento para dejar en claro que no podía comunicarse, además de tener problemas de estado mental; por lo cual, entendieron que existirían en el caso concreto “actos consentidos” sin explicar cómo lo referido puede ser convalidado y aceptado de acuerdo al contexto del accionante. Por otra parte, en el Auto de Vista impugnado se alega que existe un informe de la psicóloga de Régimen Penitenciario y un profesional psiquiatra que recomiendan la evaluación por especialistas para ver si en el caso concreto existe relación entre su sordomudez y su estado mental, y que existe otro informe de trabajo social que sugiere que el peticionante de tutela sea valorado por especialistas de DIDEPEDIS y CONALPEDIS; en consecuencia, ante la falta de estudios que los propios funcionarios estatales sugirieron se decide revocar la decisión de anular obrados y consecuentemente, modificar el internamiento del accionante en el Instituto Psiquiátrico Gregorio Pacheco de la ciudad de Sucre; en este sentido, la referida decisión se constituye en contradictoria, pues, siendo el deber de las autoridades judiciales asegurarse que el procesado entienda el proceso, para ello, lo racional era asegurarse que se produzcan los estudios especializados y de su resultado, decidir si el impetrante de tutela pudo y puede comprender o no lo desarrollado durante el proceso, y luego decidir sobre la libertad del ahora peticionante de tutela, aspecto que impele a esta Sala a conceder la tutela. Ahora bien, corresponde observar que la separación entre la jurisdicción constitucional y la jurisdicción ordinaria impele a la primera a adoptar decisiones y medidas que sean proporcionales a los derechos en juego en cada caso; en este sentido, al derecho de acceso a la justicia de la víctima y que afecten en la menor medida posible la actividad de la jurisdicción ordinaria; de ahí que, en el presente caso corresponde conforme el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), modular los efectos de la decisión en atención al tiempo transcurrido desde la interposición de la acción de libertad, disponiendo que la autoridad competente viabilice los estudios especializados para recién decidir de manera debidamente fundamentada sobre la validez de los actos producidos, salvo que estos ya se hubiesen producido y las decisiones posteriores sean coherentes con la decisión ahora impugnada. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 36/2023 de 7 de junio, cursante de fs. 47 a 50 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional; 2° Dejar sin efecto el Auto de Vista 231/2023 de 30 de mayo, dictado por la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, ordenando que dicho Tribunal emita una nueva resolución que viabilice los estudios especializados, salvo que los mismos, de manera posterior, ya se hubiesen realizado y la decisión sea coherente con lo dispuesto en la decisión impugnada. 3º Disponer que el Consejo de la Magistratura, en el marco de sus competencias constitucionales, coordine con el Consejo de Lengua de Señas Boliviana (CLSB) -creado por la Ley 1658- para garantizar la presencia obligatoria de intérpretes certificados en LSB en todas las etapas procesales donde intervengan personas sordas o sordomudas. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1221_2025-S2.pdf · páginas 1 a 12.

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