Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 2 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, integridad física, psicológica y sexual, dignidad humana, petición, debido proceso, impugnación, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto, con el arbitrario argumento que solo se había limitado a indicar “vamos a interponer la apelación” (sic), sin aplicar perspectiva de género. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal; ii) El derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia; y, iii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 189/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 144 a 149, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada sobre los derechos a la impugnación, acceso a la justicia, tutela judicial y debido proceso, vinculado a la vida libre de violencia, integridad física, psicológica y sexual, a la dignidad humana, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos emitidos por la referida Sala Constitucional; y, 2° DENEGAR en relación al derecho a la petición conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1215/2025-S1 Sucre, 2 de octubre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 58224-2023-117-AAC Departamento: La Paz En revisión la Resolución 189/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 144 a 149, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Paola Karina Alcón Condori contra Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Por memoriales presentados el 19 y 28 de junio de 2023, cursante de fs. 37 a 46 vta. y 50 a 54 vta., la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia suya contra Sadam Castro Sullca, José Milton Condori Baltazar y Berny Severo Quispe, por la presunta comisión del delito de violación -previsto y sancionado por el art. 308 del Código Penal (CP)- y Andrea Aranza Yujra Calderón en grado de complicidad; una vez imputados, se celebró la audiencia de medidas cautelares el 4 de septiembre de 2022, donde la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva por el lapso de cinco meses. Posteriormente, por Auto Interlocutorio 118/2023 de 16 de febrero, emitido por el Juez de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, los sindicados Sadam Castro Sullca y José Milton Condori Baltazar, fueron beneficiados con detención domiciliaria con un conjunto de arbitrariedades; en el referido actuado, después de la intervención de todas las partes procesales, la impetrante de tutela interpuso recurso de apelación incidental, bajo los siguientes argumentos: “al amparo del art. 251 y 404 vamos a interponer la apelación incidental en contra de la resolución 118/2023 que acaba de emana vuestra autoridad bajo los siguientes fundamentos…” (sic); así para la remisión de antecedentes, incluso tuvo que activar una acción de libertad, que fue efectivizada recién el 20 de abril de 2023. El 21 de abril de 2023, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, por Auto de Vista 369/2023 determinó la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental interpuesto, refiriendo al art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y lo dispuesto por el art. 33.I del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencias en Materia Penal, con el siguiente argumento arbitrario: “…solo se había limitado a indicar (vamos a interponer la apelación), que al respecto, la frase (vamos a interponer la apelación) se refiere a un acto a futuro que puede o no puede ser realizado, en cambio la interposición en el caso de recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto consecuentemente, por lo indicado anteriormente, vamos a interponer y la interposición de una apelación, son aspectos totalmente diferentes” (sic). Ante tal determinación, el 10 de mayo de 2023, solicitó complementación y enmienda; sin embargo, determinó no ha lugar al mismo; no obstante, de conocer que es víctima del delito de violación, la autoridad ahora demandada debió actuar con perspectiva de género, dado que se encuentra en una situación de total indefensión por el deterioro de su estado psicológico.
La demandante de tutela considera lesionados sus derechos a la vida, integridad física, psicológica y sexual, dignidad humana, petición, debido proceso, impugnación y acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, citando al efecto los arts. 15, 24, 115, 119.II, 180 de la Constitución Política del Estado (CPE); 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); 3, 4, 6 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer; y, 11.1 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer.
Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga anular el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, y los actuados posteriores a dicho fallo; y, por ende, se instale la audiencia de apelación incidental.
Celebrada la audiencia el 4 de septiembre de 2023, según consta en acta de fs. 140 a 143, se produjeron los siguientes actuados:
La peticionante de tutela a través de su abogado, en la audiencia pública ratificó los términos de la acción de amparo constitucional interpuesta. Ante la aclaración solicitada por los Vocales de la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, la accionante respondió: En la audiencia de 16 de febrero de 2023, fue impugnado en el acto el Auto Interlocutorio 118/2023, oralmente se interpuso el recurso de apelación incidental y los agravios. El Auto de Vista fue emitido en despacho de la Vocal y no se convocó a audiencia.
Nataly Emma Vargas Vargas, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe escrito presentado el 24 de julio de 2023, conforme consta de fs. 65 a 70, informó que: a) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Sadam Castro Sullca por el delito de violación, revisados los archivos se dictó el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, declarando la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental presentada por la ahora accionante, por no haberse interpuesto en el acto oralmente, confirmando el Auto Interlocutorio 118/2023; b) El Tribunal de alzada, se debe regir bajo el principio de limitación por competencia previsto por el art. 398 del CPP, los agravios expuestos por la parte apelante y la respuesta a la misma, son los que aperturan la competencia y es sobre los cuales se debe emitir la fundamentación correspondiente, esto con relación al principio de imparcialidad previsto en el art. 178.I de la CPE; c) El referido Auto de Vista 369/2023, está debidamente motivado y fundamentado, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos con la normativa jurídica vigente, al haber procedido a desarrollar y exponer de manera clara todos los aspectos de hecho, derecho y jurisprudenciales, además cumple con la estructura de fondo y de forma, conforme al art. 124 del CPP, por lo que no se vulneró el derecho al debido proceso; d) Del memorial de la acción de amparo constitucional, se evidencia que se hizo una escueta relación de hechos y como derechos vulnerados identificó a la defensa e impugnación, sin precisar en qué momento y con qué acciones u omisiones se procedió a lesionar los derechos; mismas que no proceden a justificarlas, no correspondiendo considerarlas por no estar debidamente fundada; e) A lo vertido por la accionante, sobre la interposición de la apelación, es importante establecer que a partir del mes de noviembre de 2019, ingresó en vigencia la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019- y por mandato de su Disposición Transitoria Décima Tercera, estableció la creación del Reglamento de conductas y medidas disciplinarias inherentes al poder ordenador y disciplinario en la audiencia en materia penal, que debe ser aplicado en los procesos penales. Consecuentemente, para la tramitación y resolución de una apelación incidental de medidas cautelares de carácter personal, es importante tomar en cuenta lo señalado en el art. 251 del CPP, modificado por la Ley 1173 y el art. 33 del Reglamento referido, aplicando integralmente ambas normas, estableciendo que la persona agraviada con una decisión de medida cautelar personal, debe interponer el recurso de apelación en el acto de manera oral; es decir, inmediatamente de concluida la dictación de la resolución cautelar en audiencia, a efectos de que el a quo, disponga la remisión del recurso de apelación ante la Sala Penal de Turno, en el plazo señalado por el art. 251 del CPP y el apelante fundamentará oralmente sus agravios ante el Tribunal de alzada; f) El art. 396.3 del CPP establece las reglas generales de la impugnación, consecuentemente, bajo esta norma se llega a la conclusión que la interposición del recurso de apelación incidental contra resoluciones dictadas en audiencia, deben ser interpuestas inmediatamente y en forma oral, siendo la condición de tiempo y forma que señala la norma procesal penal en estos casos específicamente, deben ser cumplidas por las partes, al ser un mandato expreso de la ley, una vez remitido el legajo, fue atendida por esta instancia facultada para los efectos dentro de los plazos procesales previstos por ley, emitiéndose el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, por lo que se tiene que la accionante no ha interpuesto el recurso de apelación de manera oral y en el acto; g) En relación al derecho de acceso al recurso o a la impugnación, conforme a los arts. 396.4 y 399 del CPP, el juez a quo no tiene facultades para pronunciarse sobre la admisibilidad de los recursos interpuestos, entendiéndose que es atribución exclusiva de los Tribunales de alzada; h) Sobre la denuncia de vulneración a los derechos a la dignidad y a la vida, integridad física, psicológica, sexual, petición, la impetrante de tutela no cumpliría con los presupuestos establecidos para la interposición de la acción de amparo constitucional, dado que hace referencia al art. 125 de la CPE, demostrándose que no se constituiría con la legitimación activa; por lo que, ni siquiera se debería ingresar al fondo; y, i) Además señaló de forma lírica, que se habrían transgredido los derechos a la defensa y de impugnación; sin embargo, no mencionó los fundamentos legales para hacer prevalecer su petición, dado que la solicitante de tutela, tenía la obligación de especificar de manera clara y especifica en qué consistiría la vulneración que alega, así como la obligación de establecer el nexo causal entre los actos, derechos y garantías constitucionales supuestamente vulnerados; empero no lo hizo, razón por la que no se cumplió con los requisitos esenciales de la acción de amparo constitucional, por lo que solicitó se deniegue la tutela impetrada.
Sadam Castro Sullca y José Milton Condori Baltazar a través de su abogado, en audiencia señalaron que: La Ley 1173 estableció en el art. 404 del CPP, cuando se dicta una resolución en audiencia, el recurso se interpondrá inmediatamente ante el Juez o tribunal que la emitió; en el presente caso, este acto procesal precluyó, porque el abogado de la accionante no manifestó ningún agravio en audiencia; motivo por el que, no existiría ninguna vulneración de derechos, al haber reforzado la Ley 1173 el principio de oralidad establecido en el art. 404 de CPP, por lo que solicitaron se deniegue la tutela. Cristian Omar Ventura Huallpara, Fiscal de Materia, en audiencia señaló: 1) El Ministerio Público también interpuso recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio 118/2023, advirtiendo que existía vulneración porque no fue notificado legalmente para la audiencia; toda vez que, se envió la notificación a otro número; es así que se presentó la apelación escrita ante el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Tercero de El Alto del departamento de La Paz, una vez que fue notificado de forma personal con el Auto Interlocutorio referido; en tal sentido, el Auto de Vista 369/2023 que emitió la Sala Penal se encontraría incompleto, porque no se pronunció respecto al memorial de apelación del Ministerio Público, por lo que se lesionó el derecho al debido proceso; 2) El precitado Auto Interlocutorio que otorgó la cesación a la detención preventiva de los imputados, fue emitido en vulneración al derecho a participar y ser oído por parte de la víctima, como establecen la Constitución Política del Estado y el Código de Procedimiento Penal; por lo que, se debió anular la Resolución y convocar a audiencia de forma inmediata; y, 3) Asimismo, informó que los ciudadanos involucrados en la causa ya se encuentran con “resolución” -siendo lo correcto acusación formal- en grado de autoría y complicidad.
La Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz, mediante Resolución 189/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 144 a 149, concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, ordenando que la autoridad demandada señale día y hora de audiencia para el desarrollo del acto procesal, bajo los siguientes fundamentos: i) En el caso, corresponde remitirnos a los antecedentes, los que evidenciarían que en la audiencia de 16 de febrero de 2023, la autoridad judicial negó la cesación a la detención preventiva, conforme prevé el art. 239.2 del CPP y decidió modificar la medida cautelar de la detención preventiva de los imputados Sadam Castro Sullca y José Milton Condori Baltazar, disponiendo la aplicación del art. 231 Bis del CPP de detención domiciliaria, la que fue objeto de solicitud de complementación y enmienda; y una vez resuelta por la autoridad a quo, a la conclusión de la misma, el abogado de la víctima formuló el recurso de apelación incidental, refiriendo: “Vamos a interponer apelación en contra de la Resolución N° 118/2023 que se dictó” (sic), e hizo mención a los fundamentos, de lo que se observaría que fue acorde a lo que prevé la norma y el Reglamento 12/2019, evidenciándose que hubo fundamentación del recurso de apelación, ello implicaría, que la Vocal demandada se encontraba en la ineludible obligación de señalar audiencia, escuchar a la víctima, a los imputados y al Ministerio Público para emitir la Resolución; ii) La autoridad demandada, “sin señalar audiencia y por escritorio” (sic), erróneamente incumpliendo la normativa y lo dispuesto por el art. 33 del Reglamento de Conductas y Medidas Disciplinarias Inherentes al Poder Ordenador y Disciplinario en Audiencias en Materia Penal, al estar expuesta la fundamentación, no tenía otra opción que la Vocal señale audiencia y resolver la impugnación; y, iii) La autoridad demandada, no observó los parámetros que la Constitución Política del Estado convencionalizada, refiere bajo la evocación de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, los instrumentos de carácter internacional que otorgan protección reforzada a las mujeres en situación de violencia; que en este caso, es objeto de un proceso, ya que se cuenta con una acusación fiscal por un posible delito de violación, ya sea en autoría o en grado de complicidad y el error que pueda generarse por una autoridad al señalar que sea en grado de encubrimiento, necesariamente debería ser reparada en su oportunidad.
II.1. Cursa Auto Interlocutorio 906/2022 de 4 de septiembre, que dispuso la detención preventiva de los cuatro imputados por el lapso de cinco meses, al dar por acreditada la probabilidad de autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (fs. 7 a 9). II.2. Consta Auto Interlocutorio 118/2023 de 16 de febrero, que rechazó la cesación a la detención preventiva y decidió modificar la extrema medida para Sadam Castro Sullca y José Milton Condori Baltazar, disponiendo la aplicación de medidas cautelares como la detención domiciliaria, arraigo nacional, obligación de presentarse ante el Ministerio Público, prohibición de comunicarse con testigos, garantes personales, fianza juratoria y obligación de acudir al llamado de la autoridad jurisdiccional; asimismo, se advertiría que después de la complementación y enmienda, el abogado de la víctima interpuso recurso de apelación incidental, refiriendo los agravios, por lo que la autoridad judicial, determinando la remisión ante el Tribunal de alzada (fs. 16 a 18 vta.). II.3. Por Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto por la accionante, por no haberse interpuesto oralmente en el acto, conforme señalan las normas legales indicadas anteriormente; en consecuencia, se confirmó el Auto Interlocutorio 118/2023 de 16 de febrero (fs. 21 a 23).
La impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, integridad física, psicológica y sexual, dignidad humana, petición, debido proceso, impugnación, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, que declaró inadmisible el recurso de apelación incidental interpuesto, con el arbitrario argumento que solo se había limitado a indicar “vamos a interponer la apelación” (sic), sin aplicar perspectiva de género. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizarán los siguientes temas: i) La apelación oral de las resoluciones relativas a las medidas cautelares de carácter personal; ii) El derecho de acceso a la justicia de la víctima de hecho de violencia en razón de género y el estándar de la debida diligencia; y, iii) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de la SCP 0588/2018-S2 de 28 de septiembre, asumió el siguiente razonamiento: La jurisprudencia constitucional contenida en la SC 1703/2004-R de 22 de octubre, precisó que si bien los arts. 402 y 403 del CPP, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, dichas regulaciones no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal. Dicha sentencia, señala expresamente que la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada de forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito.
1El FJ. III.3. “En el caso que se examina, uno de los extremos denunciados en el recurso está referido al hecho de que -según la demandante-, la interposición de la apelación incidental de la medida cautelar no cumplió con lo previsto por el art. 251 con relación a los arts. 403 inc 3) y del 404 del CPP, que disponen que las apelaciones incidentales deben ser presentadas por escrito debidamente fundamentadas; al respecto, es necesario precisar, que si bien estas dos últimas disposiciones legales, de modo general regulan las apelaciones incidentales, incluidas las medidas cautelares de carácter real; empero, las mismas, no son extensivas para el trámite de los recursos interpuestos respecto a las medidas cautelares de carácter personal, las que por su naturaleza están sujetas a un trámite especial, regulado por el art. 251 del CPP, modificado por el art. 15 de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), que está referido exclusivamente, al recurso de apelación planteado contra las resoluciones que dispongan, modifiquen o sustituyan medidas cautelares de carácter personal, precepto legal que determina que una vez interpuesto el recurso, «las actuaciones pertinentes serán remitidas ante la Corte Superior de Justicia, en el término de veinticuatro horas»; asimismo, señala que el Tribunal de apelación resolverá sin más trámite dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior.
Consiguientemente, la interposición del recurso de apelación contra la Resolución que imponga o modifique, una medida cautelar personal, puede ser planteada en forma oral en la misma audiencia, no siendo necesario que posteriormente sea formalizado o fundamentado por escrito, -conforme señala la recurrente-; con mayor razón, si se tiene en cuenta, que la audiencia señalada por el Tribunal de Alzada para la consideración del recurso, está orientada a que las partes, en virtud de los principios de oralidad e inmediación que caracterizan al actual sistema procesal, expresen los fundamentos del recurso y exhiban los elementos probatorios en la audiencia pública señalada al efecto, y por lo mismo, las previsiones contenidas en los arts. 403 y 404 del citado Código no son aplicables al caso que se analiza’”
En el mismo sentido, la SCP 2356/2012 de 22 de noviembre, establece que la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, se constituye en un procedimiento especial, que no reúne los requisitos establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral, al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva. La indicada sentencia, estableció que la autoridad judicial tiene la obligación de remitir el recurso dentro del plazo de veinticuatro horas, sin esperar a que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita.
El Tribunal constitucional plurinacional a través de la SCP 1130/2019-S2 de 23 de diciembre, asumió el siguiente razonamiento. La magnitud de la violencia contra las mujeres a nivel nacional e internacional y los resultados adversos que ocasiona a la víctima, pone de manifiesto el grave problema que la sociedad enfrenta. Detrás de estos cuadros de violencia contra la mujer, se devela una discriminación estructural resultante de categorías, roles y diferencias culturales y sociales en el que predominó y continua predominando una visión patriarcal; es decir, la posición subordinada de la mujer respecto del varón se origina en una estructura social construida sobre la base de un modelo de masculinidad hegemónica, ya que en el caso de la mujer no existen razones naturales o biológicas que la releguen a una posición de subordinación o dependencia, puesto que su situación no es asimilable, a otros sectores poblaciones que por sus características físicas o psíquicas resultan vulnerables. Sin embargo, la construcción cultural y 2El FJ. III.4. establece: “La teleología de la apelación incidental diseñada por el legislador contra Resoluciones que dispongan, modifiquen o rechacen las medidas cautelares, es garantizar un procedimiento efectivo, rápido y oportuno para que la situación jurídica del imputado pueda ser revisada y valorada por un Tribunal colegiado de mayor jerarquía.
En este sentido, la tramitación prevista por el art. 251 del CPP, modificado por la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (LSNSC), se constituye en un procedimiento y tramitación especial que no reúne los mismos parámetros jurídicos o requisitos procedimentales establecidos por los arts. 403, 404 y 405 del CPP, pues dicho recurso se puede interponer inclusive de forma oral al momento de culminar o escuchar el pronunciamiento en audiencia sobre la procedencia o no de la detención preventiva o alguna otra medida sustitutiva, además de que no es necesario que acompañe ninguna otra prueba como así exige el art. 404 del CPP; en todo caso, el juez cautelar tiene el deber de remitir los actuados procesales pertinentes que hacen la apelación dentro de las 24 horas, sin que sea requisito que acompañe nueva prueba para el efecto, y menos aún, se emplace o corra traslado a las otras partes para que contesten dentro de los tres días; aclarando más bien que, el juez no tiene que esperar de ninguna manera que el apelante presente o ratifique su apelación de forma escrita, en todo caso como se dijo, tiene la obligación de imprimir celeridad en sus actos y remitir la documentación ante el Tribunal superior dentro del plazo previsto en el procedimiento especial establecido en el art. 251 del referido cuerpo adjetivo.
Consiguientemente, las autoridades que imparten justicia en materia penal, deben considerar que el legislador ha diseñado una apelación incidental especial, distinta a la naturaleza y procedimiento que prevé el art. 403 del CPP, por ello, no deben confundir la aplicación de la norma, procediendo a dilatar indebidamente la tramitación rápita, expedita y eficaz establecida por el art. 251 del citado Código, pues ésta última norma inclusive le otorga la facultad al Tribunal superior de corregir omisiones del Juez cautelar y por ello, de manera fundamentada y motivada, puede aprobar o revocar la decisión inferior restableciendo en su caso y si corresponde, la libertad del imputado o procesado.
social vista desde una visión patriarcal, es la que tiende a situarla en un escenario de desigualdad. Ahora bien, la violencia de género, se presenta como un reflejo de esta situación de desigualdad basada en la distribución de roles sociales que ha ido trascendiendo históricamente, lo cual engloba a las diversas aristas que adquiere la violencia contra la mujer, que según el espacio físico o personal en el que ocurre el hecho de violencia, comprende aquella que la mujer sufre en el ámbito doméstico o familiar. Ello nos demuestra que la violencia hacia las mujeres y en particular la violencia en el seno familiar, no es un problema que deba resolverse entre particulares, por la trascendencia y connotación social que ha adquirido, como una violación a los derechos humanos de las mujeres y los demás miembros del núcleo familiar, que limita el desarrollo pleno de sus potencialidades y que el Estado no puede desatender. Estos aspectos fueron visibilizados en la comunidad internacional; así, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de 1993, menciona que: “la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total o parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos”. También, se señala que esta clase de violencia “constituye una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han conducido a la dominación de la mujer y a la discriminación en su contra por parte del hombre e impedido el adelanto pleno de la mujer y que la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre”. Esta Declaración entiende por “violencia contra la mujer” todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Así los Estados, por un lado, identifican los actos que constituyen violencia y su carácter vulnerador de los derechos humanos y por otro, su procedencia específica de las pautas culturales, en concreto de la visión patriarcal, que atribuye diferentes características y roles a mujeres y varones y los ubica en una jerarquía distinta, en la que el varón ostenta un lugar superior, mientras se perpetúa la condición inferior que se le atribuye a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. Elementos que han sido evidentes para el constituyente boliviano, y que ha incidido en el reconocimiento de derechos, de modo tal que la Constitución Política del Estado, contienen en su catálogo de derechos fundamentales, específicamente en artículo 15 la disposición que señala: “I. Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual (…) II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad; III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional (…), tanto en el ámbito público como privado”. El reconocimiento de sus derechos a una vida digna y acceso a la justicia, no podría adquirir efectividad en un escenario de violencia; razón por la que, se requiere del Estado, acciones positivas (medidas legislativas, administrativas, etc.) que atenúen esta situación, a fin de garantizar el ejercicio efectivo de los mismos.
Ahora bien, una de las pautas que guían a la justicia constitucional en su tarea es el referido al principio de interpretación conforme a los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos; por el cual, las normas internas deben ser interpretadas conforme no sólo al texto constitucional, sino también las disposiciones normativas consignadas en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, a partir de lo dispuesto en los arts. 13 y 256 de la CPE, y la aplicación preferente de los Tratados Internacionales en Derechos Humanos, siempre que el reconocimiento o interpretación que derive de estos contenga un estándar de protección más favorable al derecho en cuestión. En ese marco, a continuación, se anotarán algunos de los estándares más importantes, aplicables al caso, sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y las obligaciones que genera para el Estado: - Debida diligencia: El Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia la mujer, que supervisa el cumplimiento de las normas contenidas en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la mujer (CEDAW), instrumento jurídico internacional del sistema universal de derechos humanos, que significó un importante avance en el reconocimiento de la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, emitió la Recomendación 19, en la que se afirma que la violencia contra la mujer es una forma de discriminación que impide gravemente que ésta goce de derechos y libertades en pie de igualdad con el hombre, y que dicha violencia conlleva responsabilidad estatal, no solamente por actos violentos cometidos por agentes estatales, sino por particulares, cuando el Estado no implementa los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres y, cuando no adopta medidas con la diligencia debida, para impedir la lesión de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas.
El mismo Comité, en la Recomendación 33, encomendó a los Estados a ejercer la debida diligencia para prevenir, investigar, castigar y ofrecer la reparación, por los delitos cometidos contra mujeres, ya sea, perpetrados por agentes estatales o no estatales; garantizando que la prescripción se ajuste a los intereses de las víctimas, tomando medidas apropiadas para crear un entorno de apoyo, que las aliente a reclamar sus derechos, denunciar delitos cometidos en su contra y participar activamente en los procesos; revisando las normas sobre pruebas y su aplicación específicamente en casos de violencia contra la mujer, mejorando la respuesta de la justicia penal a la violencia en el hogar. Por su parte, en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer -Convención de “Belem do Para” -, en su art. 7, establece la obligación de los Estados de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer e incluir en su legislación interna normas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, entre otras. La Convención Belem do Pará ha sido ratificada por el Estado boliviano mediante Ley 1599 de 18 de octubre de 1994; por ende, asume la norma de la debida diligencia y en ese sentido, la violencia hacia la mujer es un asunto que compromete y responsabiliza al Estado, que está obligado a realizar acciones (legislativas, administrativas y judiciales) para prevenir, intervenir, erradicar y sancionar los diferentes tipos de violencia ejercidos contra la mujer, entre ellos la violencia en la familia. En este marco, los estándares anotados en el anterior Fundamento Jurídico, deben guiar la actuación de las y los servidores públicos de las diferentes instituciones y órganos del Estado, siendo necesario resaltar al estándar de la debida diligencia, pues ha generado normas de desarrollo internas contenidas en la Ley 348, que deben ser aplicadas de manera especial en los procesos judiciales -en especial penales- y administrativos, por violencia en razón de género. Así, la Ley 348, en el Título IV, Persecución y Sanción Penal, Capítulo I hace referencia a la denuncia, establece en el art. 45, las garantías que debe tener toda mujer en situación de violencia, entre ellos, (3) el acceso a servicios de protección inmediata, oportuna y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia, (7) la protección de su dignidad e integridad, evitando la revictimización y maltrato que pudiera recibir de cualquier persona responsable de su atención, tratamiento o de la investigación del hecho, (8) la averiguación de la verdad, la reparación del daño y prevención de la reiteración de los actos de violencia. La misma Ley, en el Capítulo II, hace referencia a la Investigación, señalando en el art. 59 que la investigación debe ser seguida de oficio, independientemente del impulso de la denunciante, norma que está vinculada directamente con la consideración de la violencia en razón género dentro del ámbito público y no privado; por ello aún la víctima desista o abandone la investigación, el Ministerio Público debe ser seguida de oficio; por ello, no es sostenible rechazar denuncias por falta de colaboración de la víctima, o porque ésta, una vez efectuada la denuncia, no volvió a oficinas de la FELCV o del Ministerio Público, pues dichas afirmaciones vulneran no sólo la norma expresa contenida en el art. 59 de la Ley 348, sino también el principio de la debida diligencia y las obligación internacional del Estado de investigar, sancionar y reparar los hechos de violencia hacia las mujeres, y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El Capítulo III de la Ley, “Persecución penal”, en el art. 61, establece que además de las atribuciones comunes que establecen la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones, entre otras, las siguientes medidas:
1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito.
2. Recolección de las pruebas necesarias, como responsable de la investigación de delitos de violencia en razón de género, sin someter a la mujer a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes que no sean los imprescindibles, debiendo recurrir a métodos de investigación alternativa, científica y con apoyo de la tecnología, a fin de averiguar la verdad. 3. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. En caso de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos, así como por el tratamiento médico y psicológico que la mujer requiera; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios del Sistema de Atención Integral de su jurisdicción. Por otra parte, en el Título V, “Legislación penal”, en el Capítulo III, la Ley 348 establece los principios procesales que deben regir los hechos de violencia contras las mujeres, disponiendo que las juezas y jueces en todas las materias, fiscales, policías y demás operadores de justicia, además de los principios establecidos en el Código Penal deberán regirse bajo los siguientes principios y garantías procesales:
2. Celeridad. Todas las operadoras y operadores de la administración de justicia, bajo responsabilidad, deben dar estricto cumplimiento a los plazos procesales previstos, sin dilación alguna bajo apercibimiento. (…) 7. Protección. Las juezas y jueces inmediatamente conocida la causa, dictarán medidas de protección para salvaguardar la vida, integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia.
En el mismo capítulo, respecto a las directrices de procedimiento, el art. 87 establece que en todos los procedimientos administrativos, judiciales e indígena originario campesinos, se aplicarán, entre otras, las siguientes directrices: (4) “Obligación de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de todos los hechos que constituyan violencia hacia las mujeres” (resaltado fuera del texto). Esta obligación se complementa con lo previsto en el art. 90 de la Ley, que determina que todos los delitos contemplados en la Ley 348 son delitos de acción pública, de ahí la obligación no sólo de perseguir de oficio, sino también de investigar, proseguir y procesar hasta lograr la sanción de los hechos de violencia hacia las mujeres; obligación que se refuerza con lo previsto por e art. 94 de la Ley 348, que bajo el nombre de “Responsabilidad del Ministerio Público”, señala que:
Ninguna mujer debe tener la responsabilidad de demostrar judicialmente aquellas acciones, actos, situaciones o hechos relacionados con su situación de violencia; será el Ministerio
Público quien, como responsable de la investigación de los delitos, reúna las pruebas necesarias, dentro el plazo máximo de ocho (8) días bajo responsabilidad, procurando no someter a la mujer agredida a pruebas médicas, interrogatorios, reconstrucciones o peritajes, careos que constituyan revictimización. En caso de requerirse peritajes técnicos, no deberán ser exigidos a la mujer. Si se tratara de delito flagrante, será el imputado el responsable de pagar por éstos; si fuera probadamente insolvente, se recurrirá a los servicios gratuitos de los Servicios Integrales de Atención. La o el Fiscal deberá acortar todos los plazos de la etapa preparatoria hasta la acusación en casos de violencia contra la mujer por su situación de riesgo (negrillas fuera del texto).
De lo anotado se concluye que, en el marco de los estándares internacionales e internos de protección a las mujeres víctimas de violencia, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; debida diligencia que, en la labor de investigación, se traduce en la investigación de oficio de los hechos de violencia hacia las mujeres, la celeridad en su actuación, la protección inmediata a la mujer, la prohibición de revictimización, y que la carga de la prueba corresponde al Ministerio Público y no a la víctima. Ahora bien, sobre el derecho de acceso de la justicia que garantiza la protección efectiva del sistema judicial a las personas y sus derechos, la jurisprudencia constitucional señaló que: “…la potestad, capacidad y facultad que tiene toda persona para acudir ante la autoridad jurisdiccional competente para demandar que se preserve o restablezca una situación jurídica perturbada o violada que lesiona o desconoce sus derechos e intereses, a objeto de lograr, previo proceso, una decisión judicial que modifique dicha situación jurídica -Sentencia Constitucional 0600/2003-R de 6 de mayo, entre otras-. En cuanto a las perspectivas por las que puede ser abordada este derecho, que no tiene un carácter limitativo, la SCP 1478/2012 de 24 de septiembre, estableció que el mismo implica:
“1) El acceso propiamente dicho a la jurisdicción, es decir, la posibilidad de llegar a la pluralidad de jurisdicciones reconocidas por la Constitución, sin que existan obstáculos, elementos de exclusión, limitación, que dificulten el ejercicio de este derecho tanto por el Estado como por los particulares; 2) Lograr un pronunciamiento judicial proveniente de las autoridades judiciales formales o las autoridades naturales de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que solucione el conflicto o tutele el derecho, siempre que se hubieran cumplido los requisitos establecidos en la norma; y, 3) Lograr que la Resolución emitida sea cumplida y ejecutada, debido a que si se entiende que 6FJ.III.1 de la referida Sentencia Constitucional 0600/2003- R de 6 de mayo.
se acude a un proceso para que se restablezca o proteja un derecho, un interés o un bien, en la medida que el fallo no se ejecute, el derecho a la jurisdicción o de acceso a la justicia no estará satisfecho”.
Por lo que, en situaciones de violencia en razón de género y en el marco del principio y estándar de la debida diligencia, el derecho de acceso a la justicia implicará no solo la posibilidad que tiene toda mujer en situación de violencia acudir ante las autoridades judiciales o administrativas no solo para denunciar el hecho de violencia sino también recibir una respuesta efectiva tanto en la investigación, sanción y reparación de sus derechos; respuesta efectiva que alcanza aquellas solicitudes de medidas de medidas de protección; exigencia que no se limita a dictarlas u otorgarlas; sino a lograr su ejecución. Por otra parte, es a partir del estándar de la debida diligencia que la jurisprudencia constitucional ha señalado que para su acceso, no es necesario agotar los medios de impugnación existentes y que es posible la presentación directa de la acción de libertad o de amparo constitucional, por el riesgo existente para los derechos a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual de la víctima (En ese sentido, las SSCCPP 33/2012 y 19/2018-S2, entre otras).
La solicitante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, integridad física, psicológica y sexual, dignidad humana, petición, debido proceso, impugnación, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva; toda vez que, la autoridad demandada emitió el Auto de Vista 369/2023 de 21 de abril, que declaró inadmisible el recurso de apelación interpuesto con el arbitrario argumento que solo se había limitado a indicar “vamos a interponer la apelación” (sic), sin aplicar perspectiva de género. De acuerdo a los antecedentes, se evidencia que dentro del proceso penal que sigue la representación del Ministerio Público contra Sadam Castro Sullca, José Milton Condori Baltazar y Berny Severo Quispe por la presunta comisión del delito de violación -previsto y sancionado por el art. 308 del CP- y Andrea Aranza Yujra Calderón en grado de complicidad, una vez presentada la imputación, se emitió el Auto Interlocutorio 906/2022 de 4 de septiembre, que dispuso la detención preventiva de los cuatro imputados por el lapso de cinco meses, al dar por acreditado el elemento autoría y los riesgos procesales previstos en los arts. 234.7 y 235.2 del CPP (Conclusión II.1).
Posteriormente, se emitió el Auto Interlocutorio 118/2023 de 16 de febrero, que en la parte resolutiva, dispuso rechazar la cesación a la detención preventiva y modificó la extrema medida en relación a Sadam Castro Sullca y José Milton Condori Baltazar, disponiendo la aplicación de medidas cautelares como la detención domiciliaria, arraigo nacional, obligación de presentarse ante el Ministerio Público, prohibición de comunicarse con testigos, garantes personales, fianza juratoria y obligación de acudir al llamado de la autoridad jurisdiccional; asimismo se advierte, que después de resolverse la complementación y enmienda, el abogado de la víctima, refirió: “Al amparo del Art. 251 y Art. 404 vamos a interponer la apelación incidental en contra de la resolución 118/2023 que acaba de emanar vuestra Autoridad bajo los siguientes fundamentos; en primer lugar la falta de fundamentación dentro del presente proceso dentro de la presente resolución la falta de fundamentación fáctica y probatoria alternativamente la falta de valoración a la prueba presentada que es el memorial donde nosotros hemos solicitado la ampliación de la detención preventiva por el lapso de un mes en razón justamente de existir actos pendientes a realizarse y la complejidad de la causa al ser cuatro los imputados ni siquiera son solamente 3 existe una dama que ha sido en grado de complicidad dentro de la violación alternativamente la existencia o la inexistencia de la motivación dentro de la resolución tanto de forma o de fondo perdón lo que no adecua las normas sustantivas y procesales aplicables en el presente caso y la vulneración justamente a los preceptos señalados dentro del proceso penal de la Ley 1173 de acuerdo al Art. 124 y 173 de dicha norma procesal, además de aquello señor presidente poner en aclaración que la no presencia física de nosotros dentro de la audiencia es justamente al amparo del Art. 393 donde dice claramente la prohibición de la revictimización dentro de este tipo de causas y es con protección de lo que señala también la Ley 348 presidente esos aspectos vamos a llegar ampliarlos ante la Sala Penal que llegue a ser sorteada y le solicitamos que se cumpla dentro del plazo previsto dentro de la norma siguientes al 404 el 405 y 406 bajo esa premisa señor presidente solicitamos a su autoridad se tenga que cumplir los parámetros y plazos legales, haciendo también mención señor presidente que en ningún momento hemos sido nosotros notificados con ninguno de los elementos probatorios y peor aún con la SC que han hecho valer si bien aún vuestra Autoridad señala los parámetros que dentro de las audiencia virtuales deben llegar a realizarse deben cumplirse también los parámetros que dentro de las audiencia virtuales deben llega a realizarse deben cumplirse también los parámetros para la notificación a la víctima si van a llegar a solicitar ya sea por un artículo y un numeral u otro pero deben notificarse estos elementos a quien hoy es víctima de violación con agravantes esos aspectos señor presidente son valederos para que vuestra Autoridad pueda remitir ante la Autoridad Competente en la ciudad de La Paz en cuanto a las Salas Penales que correspondan gracias” (sic [Conclusión II.2]). Sin embargo, por el precitado Auto de Vista 369/2023, la Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -ahora demandada-, declaró inadmisible el recurso de apelación incidental planteado por la accionante, argumentando no haberse interpuesto oralmente en el acto, conforme señalan las normas legales indicadas anteriormente; y en consecuencia, confirmó el indicado Auto Interlocutorio 118/2023, que en la parte pertinente refiere: "3.- Que, en este sentido el Art. 251 del CPP., señala expresamente “…La Resolución que disponga o rechace las medidas cautelares, será apelable en efecto no suspensivo…”. Asimismo, la Ley N° 1173 que ha creado el Reglamento N° 12/2019 “REGLAMENTO DE CONDUCTAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS INHERENTES AL PODER ORDENADOR Y DISCIPLINARIO EN AUDIENCIA EN MATERIA PENA”', en su Art. 33 (IMPUGNACION DEL FALLO DE MEDIDAS CAUTELARES EN AUDIENCIA) señala expresamente los siguiente: “…I. Una vez emitido el fallo que disponga la aplicación o no de alguna medida cautelar personal, la parte que se considerare agraviada con la Resolución, apelara la resolución en el acto a los efectos del plazo establecido por el Art. 251 de la Ley 1173…”. Consecuentemente, aplicando integralmente el Art. 251 del CPP., y Art. 33 del Reglamento N° 12/2019, ambas normas jurídicas en plena vigencia, establecen que la persona agraviada con una Resolución de Medida Cautelar Personal, debe interponer el recurso de apelación en el acto de manera oral, es decir, inmediatamente de concluida la dictación de la Resolución cautelar en audiencia, a efectos de que la Autoridad A-quo, disponga la remisión de la apelación ante la Sala Penal de Turno en el plazo señalado por el Art. 251 de la CPP., modificado por la Ley N° 1173, donde el apelante oralmente fundamentará sus agravios ante el Tribunal de Alzada. 4.- Que, en el presente caso, del legajo de apelación se advierte que la parte victima Paola Karina Alcón Condori de la revisión del Acta de Audiencia y de la Resolución de Auto Interlocutorio de Consideración de Cesación a la Detención Preventiva y Situación Jurídica de los Imputados específicamente, a fs. 41 a 43, del legajo de apelación, no ha interpuesto su recurso de apelación en el acto de manera oral, como indican las citadas normas legales, solamente se han limitado a indicar “Vamos a Interponer la Apelación”. Al respecto, la frase “Vamos a Interponer la Apelación”, se refiere a un acto a futuro que puede o no puede ser realizado, en cambio, la interposición en el acto de un recurso de apelación, es un acto procesal presente y cierto, consecuentemente, por lo indicado anteriormente, Vamos a Interponer y la interposición de una apelación, son aspectos totalmente diferentes. En este sentido el Art. 251 del CPP y Art. 33 del Reglamento No. 12/2019 creado por la Ley N° 1173, no reconoce el termino de: “Vamos a interponer”, sino más al contrario, de manera expresa indican que se debe apelar inmediatamente en el acto y oralmente la Resolución Cautelar Personal, por lo que, se debe aclarar cómo han indicado las normas legales citadas anteriormente señaladas, que a partir de la vigencia de la Ley N° 1173 que es noviembre de 2019, todos los recursos contra la aplicación de Medidas Cautelares de Carácter Personal deben ser interpuestos de manera oral y en el acto, consiguientemente, en el presente caso, la apelante Paola Karina Alcón Condori, no ha interpuesto el recurso de apelación de manera oral y en el acto, consiguientemente, las normas legales señaladas establecen que la resolución dictada oralmente en audiencia de Medida Cautelar Personal se las interpone en el acto, y oralmente por la parte agraviada, ya que al no hacer uso de ese mecanismo procesal, se vulneraria el principio de oralidad previsto en el Art. 180 de la CPE., que es de aplicación preferente a cualquier norma legal” (sic [Conclusión II.3]).
Ahora bien, de la compulsa de los antecedentes referidos, se puede advertir que lo denunciado por la peticionante de tutela resulta evidente; puesto que, la Vocal demandada, no observó el debido proceso al momento de emitir el referido Auto de Vista 369/2023; toda vez que, a tiempo de pronunciarse el mencionado Auto Interlocutorio 118/2023, se corrobora que el abogado de la víctima, efectuó la interposición del recurso de apelación incidental contra el señalado Auto Interlocutorio, expresando sus agravios; por lo que, inmediatamente el Juez a quo, dispuso la remisión al Tribunal de alzada; advirtiéndose, que la autoridad demandada incurrió en una motivación arbitraria, cuando afirma que la apelante no interpuso el recurso de apelación de manera oral y en el acto; cuando se advierte lo contrario de los antecedentes, y de acuerdo al art. 251 del CPP, que de manera textual señala: “(APELACION). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas. Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad. El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá, bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior”; por lo que, inicialmente correspondía a la autoridad demandada, señalar audiencia pública a efectos de resolver el recurso de apelación incidental interpuesto, y en forma posterior, permitir a las partes fundamentar sus posiciones, para luego resolver la causa en el fondo; por cuanto, se debe considerar que de acuerdo al principio de oralidad que rige el proceso penal, los agravios del recurso de apelación de una medida cautelar pueden ser fundamentados de manera oral ante el Tribunal de alzada. Sin embargo, pese a que la apelante fundamentó inclusive los agravios que le ocasiona la decisión del Juez a quo, la Vocal demandada con criterio restrictivo y de manera mecánica declaró la inadmisibilidad del recurso de apelación incidental. Asimismo, cabe recordar a la autoridad judicial demandada, que todas las autoridades judiciales o administrativas tienen la obligación de actuar con la debida diligencia, aplicando perspectiva de género en todos los casos de violencia, en cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado boliviano en lucha contra la violencia de género, conforme al Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional. En tal sentido, la Vocal demandada vulneró los derechos a la impugnación, acceso a la justicia, tutela judicial y el debido proceso, vinculado a una vida libre de violencia, integridad física, psicológica y sexual, a la dignidad humana de la peticionante de tutela; quien con este accionar, se vio privada de obtener una resolución que resuelva cada uno de los agravios que le ocasiona la decisión del a quo y que un tribunal superior examine la determinación adoptada, que concede la cesación a la detención preventiva y que fueron modificadas por la detención domiciliaria; situación que amerita la concesión de la tutela impetrada formulada por la demandante de tutela. Con relación al derecho a la petición, la accionante únicamente lo señaló de manera genérica, por lo que corresponde denegar la tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 189/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 144 a 149, pronunciada por la Sala Constitucional Cuarta del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada sobre los derechos a la impugnación, acceso a la justicia, tutela judicial y debido proceso, vinculado a la vida libre de violencia, integridad física, psicológica y sexual, a la dignidad humana, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, y en los mismos términos emitidos por la referida Sala Constitucional; y, 2° DENEGAR en relación al derecho a la petición conforme a los Fundamentos Jurídicos del presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
3 Preámbulo de la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de Resolución 48/104 del 20 de diciembre de 1993. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ViolenceAgainstWomen.aspx>. 4Ibid.
5 Ratificada por Bolivia mediante Ley Nº 1100 promulgada el 15 de septiembre de 1989. Depósito del instrumento de ratificación el 8 de junio de 1990.
7 FJ. III.1.1. de la mencionada SCP 1478/2012 de 24 de septiembre.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1215_2025-S1.pdf · páginas 1 a 19.
Huella digital del PDF (SHA-256): 1af5cb4632b119ecf9041a1e7231cb85be2ec4f72271d638f124836b0686a3da
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