Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2024 de 10 de mayo, cursante de fs. 49 a 53 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1214/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Subsidiariedad excepcional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64105-2024-129-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 001/2024 de 10 mayo, cursante de fs. 49 a 53 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Elizabeth Sánchez Padilla en representación sin mandato de Eusebio Gutiérrez contra Fernando Alarcón Camargo, Juez Público de Familia Primero de Llallagua del departamento de Potosí.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente, y del principio de celeridad; toda vez que, dentro el proceso de asistencia familiar seguido en su contra, el Juez demandado, el 15 de abril de 2024, emitió mandamiento de apremio por pensiones devengadas por la suma de Bs22 725.- (veintidós mil setecientos veinticinco bolivianos), monto que canceló con anterioridad; aspecto que por memorial de 3 de mayo del indicado año, puso en conocimiento de la citada autoridad; no obstante, dicha solicitud solo fue corrida en traslado a la otra parte mediante decreto de 6 de mayo de 2024, quedando latente el mencionado mandamiento; y en riesgo de ser ejecutado, provocando una persecución ilegal e indebida. Por lo señalado, solicita que se conceda la tutela ordenando dejar sin efecto el mandamiento de apremio emitido en su contra. Ante ello, el Juez demandado, por informe escrito cursante de fs. 44 a 47 solicitó se deniegue la tutela impetrada argumentando que, el impetrante de tutela participó en la causa y tuvo conocimiento del estado de su tramitación;
por lo cual, de manera tácita confirmó lo obrado; además, no formuló incidente de nulidad en su oportunidad. El Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez Técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí, constituido en Juez de garantías, concedió la tutela impetrada, disponiendo que la autoridad demandada deje sin efecto el mandamiento de apremio de 15 de abril de 2024 librado contra el accionante y resuelva los hechos controvertidos sometidos a su conocimiento. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
En esa línea, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado entendimiento “…debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta ilegal persecución, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotarse los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (las negrillas son nuestras).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, el accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la defensa, al debido proceso, a una justicia pronta, oportuna, gratuita y transparente; y, del principio de celeridad, alegando al efecto que la autoridad demandada, dispuso la emisión de mandamiento de apremio en su contra por supuesto impago de asistencia familiar devengada; sin embargo, el impetrante de tutela presentó memorial haciendo conocer que dicho pago ya había sido honrado en su totalidad, adjuntando comprobantes de depósito correspondientes; en ese contexto, el Juez demandado, emitió un decreto, corriendo traslado a la otra parte, dejando latente el efecto del referido mandamiento, provocando una persecución ilegal. Ahora bien, conforme a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la Presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la acción de libertad no puede ser activada para cuestionar un mandamiento de apremio por asistencia familiar sin antes haber agotado los mecanismos de impugnación intraprocesales idóneos, que resulten adecuados.
En ese contexto, de lo expuesto por las partes se tiene que la emisión del mandamiento de apremio emitido en contra del accionante, obedeció al supuesto impago de pensiones devengadas, las que, según señala el precitado, ya hubiera cancelado en su totalidad y dado a conocer al Juez de la causa; lo que dio lugar a la emisión del decreto de 6 de mayo de 2024, por el cual, el Juez ahora demandado, dispuso: “Con el contenido del mismo, traslado” (sic). Entonces de lo señalado, se evidencia que las denuncias efectuadas por el impetrante de tutela, se encuentran dirigidas contra la providencia de 6 de mayo de 2024, que dispuso el traslado con lo pretendido por el obligado. En este contexto, el ordenamiento adjetivo familiar prevé el recurso de reposición con alternativa de apelación -art. 368 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF)-, lo que permite a la autoridad revisar su propia decisión y, de ser el caso, someterla a la revisión del tribunal superior. En la especie, se concluye que el accionante acudió directamente a la acción de libertad sin haber agotado previamente los mecanismos procesales mencionados, lo que impide a este Tribunal analizar el fondo de la problemática planteada, dado que la justicia constitucional no está llamada a reemplazar la función que corresponde a la autoridad judicial competente dentro del proceso.
En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 001/2024 de 10 de mayo, cursante de fs. 49 a 53 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal, Público de la Niñez y Adolescencia, Juez técnico Primero de Llallagua del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los razonamientos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, con la aclaración de que no se ingresó al análisis de fondo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1214_2026-S2.pdf · páginas 1 a 4.
Huella digital del PDF (SHA-256): 21986fc3955a9f0d52354d11276eb9bbed9d093e51f7ef1868cae8f51350d0a2
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