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SCP 1214/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 15 de noviembre de 2023

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
15 de noviembre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
42355-2021-85-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la celeridad y a la libertad física; toda vez que, dentro de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, llevada a cabo el 16 de agosto de 2021, el Juez ahora demandado dispuso su detención preventiva; lo que provocó, a que en la misma audiencia interponga apelación incidental contra dicha Resolución; sin embargo, la misma no fue remitida a la Sala Penal de turno dentro el plazo previsto en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) La acción de libertad innovativa; y, iii) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 20 de agosto, cursante de fs. 15 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares
  2. III.2. La acción de libertad innovativa
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1214/2023-S1 Sucre, 15 de noviembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 42355-2021-85-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 06/2021 de 20 de agosto, cursante de fs. 15 a 19 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhassiel Ivar Antezana Torres en representación sin mandato de Maribel Mallcu Montaño contra Wilson Gonzalo Saavedra Paniagua, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de agosto de 2021, cursante de fs. 1 a 5, la accionante a través de su representante sin mandato, expresó los siguientes argumentos de hecho y derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

La accionante señala que dentro el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra por la supuesta comisión del delito de tráfico de personas, el Juez del Juzgado de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba –ahora denunciado- mediante Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2021 ordenó su detención preventiva a cumplirse en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba. A tal efecto, interpuso recurso de apelación incidental de forma oral contra dicho pronunciamiento; sin embargo, hasta la interposición de la presente acción tutelar no remitió en alzada la citada impugnación transcurriendo más de cinco días de la audiencia sin que se encuentre lista el acta ni se tenga la voluntad de proceder a realizar la misma.

I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado

La impetrante de tutela denuncia la lesión de su derecho a la libertad física; citando al efecto, los arts. 22 y 73.I de la Constitución Política del Estado (CPE); 3 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga se remitan los actuados de la Resolución apelada ante el Tribunal de alzada en el plazo de veinticuatro horas.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

La audiencia virtual de consideración de la presente acción de libertad, se realizó el 20 de agosto de 2021, según consta en el acta cursante a fs. 14 y vta., produciéndose los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La peticionante, mediante su abogada ratificó íntegramente los términos de su demanda tutelar y ampliando los mismos en audiencia manifestó que lo alegado por la autoridad ahora demandada en el informe presentado respecto a que la apelación habría sido remitida a la Sala Penal de turno el 19 de agosto de 2021, falta a la verdad; toda vez que, por la mañana -se entiende el 20 de igual mes y año- se constituyeron al juzgado a fin de verificar dicho aspecto; sin embargo, el Secretario del despacho judicial le informó que no cursaba remisión alguna a la fecha y menos la confección del acta.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Wilson Gonzalo Saavedra Paniagua, Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante a fs. 13, manifestó: a) La audiencia de aplicación de medidas cautelares se realizó el 16 de agosto de 2021, acto procesal en el que se dispuso la detención preventiva de la ahora accionante que motivo su apelación incidental ordenándose se remitan antecedentes ante la Sala Penal de turno; no siendo evidente, que hasta la interposición de la presente acción de libertad -19 del citado mes y año- hayan transcurrido más de cinco días, puesto que la audiencia se llevó a cabo el 16 del mencionado mes y año; por lo que, la accionante falta a la verdad; y, b) Resulta falso que el Secretario del Juzgado a su cargo, no tenga la voluntad de realizar el acta de audiencia para la remisión de la apelación planteada; puesto que, ya se confeccionó y la apelación fue remitida dentro los plazos humanamente posibles, tal como se puede advertir en la nota de remisión, notificándosele con la presente acción de defensa posteriormente.

I.2.3. Participación del Ministerio Público

Dennys Freddy Achá Marza, Fiscal de Materia en audiencia señaló que además de lo manifestado por la autoridad jurisdiccional demandada, en su informe escrito presentado se debe considerar la SCP 0098/2018-S3 que establece la flexibilización del plazo de remisión que considera la recarga laboral que tienen los administradores de justicia en este tipo de apelaciones sobre aplicación de medidas cautelares, por lo que solicitó a la autoridad que resuelva conforme a equidad y derecho.

I.2.4. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 06/2021 de 20 de agosto, cursante de fs. 15 a 19 vta., denegó la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la basta jurisprudencia constitucional estableció, la obligatoriedad que tienen las autoridades judiciales de resolver con celeridad las solicitudes en las que se encuentre de por medio el derecho a la libertad de locomoción de las mismas y que la omisión da lugar a responsabilidad; 2) De los antecedentes del caso se evidencia que si bien la autoridad ahora demandada no cumplió con el plazo legal establecido en el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto a la remisión de la apelación incidental formulada por la accionante, conforme al lineamiento jurisprudencial se advierte un despliegue procesal que desencadenó en la remisión del cuaderno de apelación incidental que es el objeto del reclamo constitucional; y, 3) Se advierte que de forma anterior a la comunicación procesal con la presente acción de defensa a la autoridad demandada, conforme se tiene en obrados fue practicada el día 19 de agosto de 2021 a horas 16:01, y el extrañado acto procesal de remisión del cuaderno de apelación incidental se efectuó -en la misma fecha de igual año a horas 15:59-, radicado el mismo ante la Sala Penal Primera, aspecto el cual permite afirmar que la pretensión reclamada a través de la presente acción de libertad respecto a la no remisión del cuaderno procesal fue cumplida con anterioridad al conocimiento de la presente acción por parte del Juez ahora demandado; operándose la sustracción de materia o pérdida del objeto procesal al cesar los supuestos actos lesivos; aspecto que imposibilita un pronunciamiento de fondo respecto a la problemática planteada.

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Por Decreto Constitucional de 16 de septiembre de 2022 (fs. 56), a solicitud de la Magistrada Relatora se dispuso la suspensión del plazo, a objeto de solicitar documentación complementaria; habiéndose remitido la misma, se reanudó el plazo a partir del día siguiente hábil de la notificación con el Decreto Constitucional de 17 de octubre de 2023 (fs. 62), de acuerdo antecedentes. Por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es pronunciada dentro de plazo legal.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursan acta de audiencia pública de aplicación de medidas cautelares de los imputados Germán Condori Huanca, Eduardo Senzano Herrera, Félix López Aguilar y Maribel Mallcu Montaño –accionante- disponiéndose por Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2021 la detención preventiva por cuatro meses de esta última en el Centro Penitenciario San Sebastián Mujeres de Cochabamba; verificativo en el que la prenombrada mediante su asistencia técnica interpuso apelación incidental en previsión al art. 251 del CPP (fs. 28 a 34). II.2. Cursa nota de remisión del cuaderno de apelación incidental de medida cautelar, con cargo de recepción de 19 de agosto de 2021; a horas 15:59 por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba (fs. 12). II.3. Por Auto de 24 de agosto de 2021, la Sala Penal Tercera, admitió el recurso de apelación interpuesto por la ahora accionante, señalando audiencia para el 20 de septiembre del citado año (fs. 41). II.4. Consta Memorial presentado el 3 de septiembre de 2021 por la ahora peticionante ante la Sala Penal Tercera desistiendo del recurso de apelación interpuesto contra el Auto Interlocutorio de 16 de agosto del mismo año; el cual mereció Auto de Vista dictado el 6 de septiembre de igual año que aceptó el desistimiento formulado (fs. 46 a 47).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La impetrante de tutela denuncia la vulneración de su derecho a la celeridad y a la libertad física; toda vez que, dentro de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, llevada a cabo el 16 de agosto de 2021, el Juez ahora demandado dispuso su detención preventiva; lo que provocó, a que en la misma audiencia interponga apelación incidental contra dicha Resolución; sin embargo, la misma no fue remitida a la Sala Penal de turno dentro el plazo previsto en el art. 251 del CPP. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se desarrollarán los siguientes fundamentos: i) La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y la dilación indebida; ii) La acción de libertad innovativa; y, iii) Análisis del caso concreto.

III.1. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0012/2018-S2 de 28 de febrero, entre otras, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad-

“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último

“…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo 1El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando:

a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad.

c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

razonable o prudencial; y, c) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. Complementando dicho entendimiento, la SC 0384/2011-R de 7 de abril incluye dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, a la dilación en el trámite de apelación de la resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva; es decir, cuando:

“d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP, ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”. De manera específica, con relación al recurso de apelación incidental, la SCP 0281/2012 de 4 de junio, señala que cuando hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, teniendo que resolver el Tribunal de alzada dentro de las setenta y dos horas, lo contrario significa dilación indebida en el proceso, vulnerando con ello el derecho a la libertad o en su caso el derecho a la vida, en el entendido que la situación jurídica del afectado depende de la resolución que deberá ser emitida por el Tribunal de apelación.

Por su parte, las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1907/2012 de 12 de octubre y 0142/2013 de 14 de febrero, entienden que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. En ese entendido, la SCP 1975/2013 de 4 de noviembre, señala que una vez formulado el recurso de apelación incidental de manera escrita, el mismo debe ser providenciado en el plazo de veinticuatro horas por la autoridad judicial, de conformidad con el art. 132 del CPP; decreto a partir del cual se computan las veinticuatro horas previstas en el art. 251 del CPP. La SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, sistematizó las subreglas señaladas anteriormente, conforme al siguiente entendimiento efectuado en su Fundamento Jurídico III.3:

i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte.

III.2. La acción de libertad innovativa

El Tribunal Constitucional Plurinacional, a través de las SSCCPP 0141/2018-S2 de 30 de abril, 0237/2018-S2 de 28 de mayo, entre otras, bajo el siguiente razonamiento:

Es una acción tutelar, cuyo propósito es proteger, restablecer y/o restituir el derecho a la libertad física o de locomoción; así como, el derecho a la vida, cuando se hallan en peligro como consecuencia de la supresión o restricción a la libertad personal; disponiendo el cese de la persecución indebida, el restablecimiento de las formalidades legales y/o la remisión del caso al juez competente, la restitución del derecho a la libertad física, o la protección de la vida misma. En este marco, la línea jurisprudencial sobre la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado la restricción del derecho a la libertad física, conocida en la doctrina como recurso de hábeas corpus innovativo, tiene el siguiente desarrollo jurisprudencial: El Tribunal Constitucional, en la SC 92/02-R de 24 de enero de 2002, sostuvo que era posible el planteamiento del hábeas corpus -ahora acción de libertad- cuando el actor ya había sido liberado, pues dicha liberación “…no desvirtúa la ilegalidad del acto ni libera de responsabilidad a los recurridos…”, de forma que en tales casos, se evitaba la reiteración de la conducta; es decir, que el interés en la resolución de la temática, trascendía del caso particular para convertirse en uno de interés general. Posteriormente, sin modificarse oficialmente aquella línea, la SC 1489/2003 R de 20 de octubre estableció que promovido el recurso de habeas corpus-ahora acción de libertad-, no procedía cuando el hecho conculcador ya había cesado, puesto que dicho acto adquiría características que lo hacían punible en la instancia ordinaria penal; por lo que, se debería acudir a esa jurisdicción para conseguir la respectiva sanción. A través de la SC 0327/2004-R de 10 de marzo, se cambió dicho entendimiento jurisprudencial, sosteniendo que las lesiones del derecho a la libertad, encuentran protección dentro del ámbito del hábeas corpus, en los casos en que se constate la existencia de una ilegal privación de libertad, a pesar de haber cesado la detención antes de la interposición del recurso; supuesto en el cual, la concesión de la tutela debe establecer la responsabilidad de los servidores públicos que efectuaron la indebida privación de libertad; razonamiento que fue adoptado como línea jurisprudencial hasta la gestión 2010.

Con la SC 0451/2010-R de 28 de junio, se recondujo el entendimiento jurisprudencial al anterior contenido en la SC 1489/2003-R, estableciendo que cuando se alega o denuncia una privación de libertad personal ilegal o indebida, debe interponerse la acción de libertad mientras persista la lesión, no cuando hubiere cesado; lo cual fue confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0201/2012 de 24 de mayo, entre otras. La SC 0895/2010-R de 10 de agosto, complementó el entendimiento previamente asumido y señaló que cuando sea imposible plantear la acción de libertad por situaciones debidamente justificadas durante la privación de libertad, es posible su interposición inmediatamente después de haber cesado la misma. La jurisprudencia glosada fue reconducida a través de la SCP 2491/2012 de 3 de diciembre; en la que, sobre la base de la SC 0327/2004-R, dispone que procede la acción de libertad -bajo la modalidad de innovativa-, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de la acción de libertad; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. En efecto, la SCP 2491/2012 consagra la acción de libertad denominada innovativa, constituyéndose este entendimiento en el estándar jurisprudencial más alto y vigente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, que fue reiterado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0640/2013 de 28 de mayo y 2075/2013 de 18 de noviembre. Sin embargo, se debe mencionar a la SCP 0135/2014 de 10 de enero, que indicó que la acción de libertad, en casos en los cuales haya cesado el acto lesivo antes de su interposición, procede siempre y cuando sea presentada en un plazo razonable; más tarde la SCP 0744/2015-S3 de 29 de junio señaló que cuando los supuestos fácticos hubieran desparecido por corrección o enmienda, no es posible su tutela a través de la acción de libertad. Ahora bien, el propósito de la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía constitucional, debe ser repudiado por la justicia constitucional; de esta manera evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protege únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; al contrario, su vocación principal es que en lo sucesivo no se repitan hechos cuestionados de ilegales; en razón a que, como entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa, no simplemente para proteger derechos desde una óptica netamente subjetiva, sino también desde su dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. En ese sentido, la referida SCP 2491/2012, en el Fundamento Jurídico III.1, establece: Recogiendo el espíritu de ésta Sentencia Constitucional; asimismo, la construcción doctrinal del voto disidente de 22 de julio de 2010, respecto de la SC 0451/2010-R de 28 de junio -que estableció que la acción de libertad debe ser interpuesta cuando la lesión al derecho a la libertad existe, caso contrario, se desnaturalizaría su esencia-, entiéndase la figura de la acción de libertad innovativa o habeas corpus innovativo como el mecanismo procesal, por el cual el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, y por ello, en la Sentencia que pronuncie debe realizar una declaración sobre la efectiva existencia de lesión al derecho a la libertad física o personal, aunque la misma hubiera desaparecido, advirtiendo a la comunidad y al funcionario o persona particular, que esa conducta es contraria al orden constitucional, en esta Sentencia también se debe emitir una orden al funcionario o particular que lesionó el derecho en sentido que, en el futuro, no vuelva a cometer ese acto, con relación a la misma persona que activó la justicia constitucional o con otras que se encuentren en similares circunstancias. Acorde a lo expuesto, y de acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos. En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Conforme a lo anotado, la acción de libertad innovativa debe ser entendida como el mecanismo procesal por el cual el juez constitucional, asume un rol fundamental para el resguardo de los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección, aunque la vulneración o restricción hubiere cesado o desaparecido; por ello, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática, para determinar la responsabilidad de las autoridades o personas particulares que transgredieron el o los derechos invocados como lesionados, al ser estas conductas contrarias al orden constitucional y evitar futuras conculcaciones de derechos fundamentales y garantías constitucionales; más aún cuando nuestro ordenamiento jurídico expresamente prevé esta posibilidad, por cuanto el art. 49.6 del Código Procesal Constitucional (CPCo), determina:

“Aun habiendo cesado las causas que originaron la Acción de Libertad, la audiencia deberá realizarse en el día y hora señalados, a efectos de establecer las responsabilidades que correspondan”.

III.3. Análisis del caso concreto

La parte accionante denuncia la vulneración de su derecho a la libertad; toda vez que, dentro de la audiencia de aplicación de medidas cautelares, llevada a cabo el 16 de agosto de 2021, el Juez demandado dispuso su detención preventiva; lo que provocó, la interposición de apelación incidental contra dicha resolución; sin embargo, la misma no fue remitida a la Sala Penal de turno dentro el plazo previsto en el art. 251 del CPP.

Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se advierte que dentro del proceso penal por la presunta comisión del delito de trata de personas seguido contra la accionante y otros, en audiencia de aplicación de medidas cautelares, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de Cochabamba por Auto Interlocutorio de 16 de agosto de 2021, dispuso la detención preventiva de la prenombrada; fallo contra el cual, en la misma audiencia formuló recurso de apelación incidental (Conclusiones II.1).

Dicha impugnación, de acuerdo al sello de recepción fue remitida ante la Sala Penal Tercera de Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, el 19 de agosto de 2021 a horas 15:59 (Conclusión II.2); es decir, antes de la notificación al Juez demandado con la demanda tutelar que ocurrió a horas 16:01 de la misma fecha. Misma que fue admitida por Auto de 24 de igual mes y año, señalando audiencia para el 20 de septiembre del citado año. Posteriormente, la ahora accionante antes de efectuarse la audiencia programada, por memorial de 3 de septiembre de 2021, se apersonó y desistió del recurso de apelación interpuesto, el cual mereció el Auto de Vista de 6 de igual mes y año, mediante el cual, se aceptó el desistimiento formulado (Conclusión II.4). Conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, es posible activar la acción de libertad innovativa aun cuando hubiera cesado la vulneración de los derechos protegidos por esta acción de tutela; en cuyo caso, la justicia constitucional, debe examinar el fondo de las denuncias formuladas por el accionante. Dicho entendimiento resulta aplicable en el caso que se examina; puesto que, si bien es cierto que por efecto de la remisión de la apelación incidental efectuada el 19 de agosto de 2021, a horas 15:59, cesó la vulneración de los derechos de la accionante, corresponde ingresar a examinar el fondo de la problemática a objeto de determinar la responsabilidad de las autoridades demandadas. Ingresando al examen de fondo, cabe puntualizar que conforme se tiene desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, dentro de los supuestos de procedencia de la acción de libertad traslativa, se encuentra la dilación en el trámite de apelación de la Resolución que rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva. Asimismo, se tiene precisado que interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas, previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales; el cual se, computa en el caso de a las apelaciones escritas, desde la fecha de la providencia emitida por el juez o tribunal, en respuesta al recurso de apelación incidental planteado; la cual debe ser emitida dentro de las veinticuatro horas de haberse presentado en forma escrita el recurso de apelación.

Ahora bien, de acuerdo a la sistematización desarrollada precedentemente se tiene que la remisión del cuaderno de apelación se la debe efectuar dentro de las 24 horas, correspondiendo realizar el acta correspondiente, sino verificar que se efectúe el sorteo correspondiente para que así se proceda al correspondiente análisis por parte del Tribunal de alzada. Plazo que excepcionalmente es posible flexibilizar el término para la remisión del recurso de apelación y sus antecedentes, cuando exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad judicial, suplencias o pluralidad de imputados, plazo que no puede exceder de tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto dilatorio que puede ser denunciado a través de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

En ese entendido, de lo manifestado por las partes y de los antecedentes del caso se tiene que, en la audiencia de aplicación de medidas cautelares desarrollada el 16 de agosto de 2021, se dispuso la detención preventiva de la ahora accionante y medidas cautelares de carácter personal previstas en el art. 231 bis del CPP para los coimputados Germán Condori Huanca, Eduardo Senzano Herrera y Félix López aguilar; habiendo su defensa, en la misma audiencia formulado recurso de apelación. Dicho recurso fue remitido recién el 19 de igual mes y año a horas 15:59, siendo que el cómputo de las veinticuatro horas para la remisión ya había fenecido; empero el plazo de flexibilización de tres días vigente por tratarse de una actuación procesal donde se determinó la situación jurídica de cuatro imputados.

Por consiguiente, se concluye que la autoridad demandada, al remitir la apelación incidental al Tribunal de alzada, dentro el plazo de tres días por existir un justificativo razonable para la demora como la señalada ut supra, en el caso de autos no hubo vulneración al principio de celeridad. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 06/2021 de 20 de agosto, cursante de fs. 15 a 19 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Séptimo de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada de acuerdo a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

2 El FJ III.4, refiere: “…cuando el recurso de apelación incidental, hubiere sido planteado oralmente en audiencia o por escrito, con o sin contestación de las partes que intervinieren en el proceso, deberá ser concedido en el acto si fuere en audiencia y remitido inexcusablemente en el plazo improrrogable de veinticuatro horas, y el tribunal de apelación deben resolver en setenta y dos horas; lo contrario significaría dilación indebida que vulnera el derecho a la libertad y en su caso a la vida, en el entendido que la variación de la situación jurídica del imputado depende de la ponderación que efectué el tribunal de apelación de los fundamentos de la medida cautelar, para disponer su revocatoria o confirmación”. 3El FJ III.4, indica: “…conforme al art. 251 del CPP, una vez interpuesto, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas ante el ahora Tribunal departamental de Justicia en el término de veinticuatro horas, debiendo el tribunal de alzada resolver el recurso, sin más trámite y en audiencia, dentro de los tres días siguientes de recibidas las actuaciones, salvo justificación razonable y fundada, como ser las recargadas labores, suplencias, pluralidad de imputados, etc., casos en los que, la jurisprudencia otorgó un plazo adicional que no puede exceder de tres días, pasado el cual, el trámite se convierte en dilatorio y vulnera el derecho a la libertad del agraviado”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1214_2023-S1.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): b538efac2c503c5cbe83d2895bc50ff96f3e3c2b2c73b9c904df8289a6ef61f0

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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