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SCP 1211/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 7 de octubre de 2025

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
7 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55690-2023-112-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, personal, y a la dignidad; toda vez que: i) Por Auto Interlocutorio 61/2023 de 3 de febrero, la Jueza demandada rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, manteniéndose su privación de libertad, pese a presentar igual documentación que el otro imputado, quien sí fue beneficiado con la suspensión de la referida medida preventiva y, que además, no tomó en cuenta la emisión del requerimiento conclusivo de sobreseimiento a su favor; ii) El 7 de febrero de 2023 volvió a formular petición de cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta el 15 de igual mes y año, no se logró instalar el correspondiente verificativo para su consideración, dado que, por dos veces consecutivas la autoridad judicial demandada, remitió a destiempo los concernientes decretos de señalamiento de las mismas, a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, imposibilitando que las partes procesales y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz sean notificadas con veinticuatro horas de anticipación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/23 de 17 de febrero, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías referidos al verificativo de la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2° DENEGAR con relación a la pretensión de que esta instancia constitucional disponga la cesación de su detención preventiva y consiguiente libertad.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad
  2. III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de medidas cautelares
  3. III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1211/2025-S3 Sucre, 7 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55690-2023-112-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 05/23 de 17 de febrero de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Oscar Bladimir Limachi Huanca contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 16 de febrero de 2023, cursante de fs. 64 a 66 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal instaurado por el Ministerio Público en su contra y de otro, por la presunta comisión de los delitos de tráfico ilícito de armas y hurto o robo de armamento y munición de uso militar o policial, el 5 de diciembre de 2022, se llevó a cabo la audiencia de consideración de aplicación de medidas cautelares celebrada por la Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del citado departamento -hoy demandada-, que determinó su detención preventiva ante la existencia de los riesgos procesales estipulados por los arts. 233.1 y 2; 234 2 y 7; y, 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo trasladado al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz. Formuló solicitud de cesación de la detención preventiva -señalándose verificativo para su consideración para el 3 de febrero de 2023 y por Auto Interlocutorio 61/2023 de la misma fecha-, que fue rechazada por la Jueza demandada manteniendo su situación jurídica, pese a presentar igual documentación y argumentos para desacreditar los peligros procesales acusados que el coimputado Harold Heredia Monzón, a quien sí se suspendió la medida extrema; asimismo, no se consideró la emisión del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de enero de igual año, emitido a su favor, el cual, señaló que, no se encontraron indicios del hecho denunciado que hagan presumir su participación, pieza procesal que la prenombrada autoridad judicial demandada impidió sea analizada; posteriormente, a ese acto procesal se pronunció el Auto Final Sumario “Informativo” de la Octava División del Ejercito 01/23 de 5 del señalado mes y año, refiriendo que no se identificó a ningún autor del hecho de sustracción de las armas y munición. El 7 de febrero de 2023, nuevamente pidió la cesación de su detención preventiva, habiéndose señalado audiencia de consideración para el 10 de ese mes y año, la cual fue suspendida por falta de notificación a su persona; ante ello, el 13 del citado mes y año, de forma escrita, solicitó nueva fecha de verificación de cesación de la citada medida extrema, programándose para el 15 del referido mes y año, a horas 12:30; sin embargo, en esa fecha su abogado defensor se aproximó al señalado despacho judicial y junto con el Oficial de Diligencias advirtieron que a horas 8:30 aproximadamente recién el expediente salió del mismo; por lo que, no contaba con el tiempo suficiente para realizar las notificaciones a las partes procesales y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, el cual, exige que la comunicación procesal debe ser efectuada con una anticipación de veinticuatro horas; en consecuencia, no se llevó acabo la mencionada audiencia, ocasionando que continúe su situación de privado de libertad, incurriendo en una detención indebida.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, personal, y a la dignidad, citando para el efecto los arts. 21.7 y 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga su inmediata libertad.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual de 17 de febrero de 2023, según consta en acta cursante de fs. 75 a 77 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El impetrante de tutela a través de su abogado en audiencia ratificó los argumentos expuestos en la acción de libertad y ampliándolos señaló que: a) En la audiencia de consideración de su solicitud de cesación de la detención preventiva de 3 de febrero de 2023, presentó las papeletas de pago y el certificado notarial de verificación de su domicilio para desvirtuar los riesgos procesales que se constituyeron al momento de determinar su detención preventiva; empero, no fueron valorados adecuadamente por la Jueza demandada, sin tomar en cuenta que al tener calidad de efectivo militar, aun se constituye como personal activo hasta que no sea dado de baja definitiva; por lo cual, arguyó otros motivos que no son concordantes con la imposición de las medidas cautelares; tampoco estimó el pronunciamiento expedido a su favor por el Ministerio Público a través del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de enero de 2023 y el Auto Final Sumario “Informativo” de la Octava División del Ejercito 01/23; y, b) La SCP 0807/2017 de 27 de julio, determina que existiendo y cursando un requerimiento conclusivo de sobreseimiento y puesto en conocimiento del juez de la causa, después de transcurrido cinco días “si no hay resultado de fiscalía departamental” (sic), corresponde la cesación de la detención preventiva; por esa razón, se encuentra indebidamente detenido.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 70.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 05/23 de 17 de febrero de 2023, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., concedió la tutela solicitada, ordenando que la Jueza demandada en el plazo de veinticuatro horas a partir de su notificación con esa resolución resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva y tome en cuenta las previsiones pertinentes “e incluso aplicarla suspensión de cómputo de plazos” (sic), para evitar su reiteración, con base en los siguientes fundamentos: 1) Se tiene una primera solicitud de cesación de detención preventiva formulada por el accionante que siendo programada para el 10 de ese mes y año, fue suspendida por inasistencia de las partes; puesto que, el decreto por el cual fue señalado el verificativo no fue remitido a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento con la antelación de veinticuatro horas; el 13 del citado mes y año, el accionante volvió a pedir nueva fecha y hora de audiencia, programándose para el 15 del citado mes y año; sin embargo, el correspondiente decreto salió fuera del tiempo prudente para cumplir con el diligenciamiento a las partes procesales; 2) De los antecedentes que se observa en el expediente a “fs. 560”, “fs. 551”, se tiene los oficios enviados a la citada Gestora para crear el enlace virtual por el sistema “sisco webex”, la nota de 14 del señalado mes y año, no tienen cargo de recepción, y de “fs. 551” se tiene el acta de suspensión del verificativo de solicitud de cesación de la detención preventiva; en el que, se informó que los sujetos procesales fueron notificados; no obstante, no asistieron al mismo, aseveración que no coincide con los anteriores actuados; 3) Si bien, la Jueza demandada cumplió con los plazos de señalamiento; empero, se tiene el precedente de una previa suspensión por no haber enviado el proveído de señalamiento con una anticipación de veinticuatro horas; por ello, al tener el control jurisdiccional del proceso de manera excepcional tenía la opción de determinar la suspensión de los términos procesales de acuerdo a lo previsto por la última parte del art. 130 del CPP, y otorgar un término para que se cumpla con las comunicaciones procesales; y, 4) La Jueza demandada a momento de resolver la indicada cesación, también tenía que considerar los antecedentes del proceso como ser el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de enero de 2023, que al respecto la jurisprudencia constitucional menciona que, con o sin la contestación de la fiscalía la autoridad judicial de la causa deberá disponer la libertad inmediata del imputado, en el presente caso, del accionante.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. A través de Auto Interlocutorio 61/2023 de 3 de febrero, Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz -hoy demandada-, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva de Oscar Bladimir Limachi Huanca -ahora accionante-, aduciendo que no se acreditaron los riesgos procesales respecto a la actividad laboral, el peligro efectivo para la sociedad, tampoco a que no influya negativamente sobre partícipes, testigos o peritos. Por enmienda, aclaración y complementación declaró por acreditado el elemento domicilio (fs. 33 vta. a 37). II.2. Por memorial presentado el 7 de febrero de 2023, el peticionante de tutela solicitó a la Jueza demandada la cesación de la detención preventiva (fs. 49 a 50); por decreto de 8 de igual mes y año, se señaló audiencia de consideración para el 10 de ese mes y año, a horas 11:00 (fs. 51). II.3. Cursan Informes de 9 de febrero de 2023, de Raisa Andrea Landivar Vargas, Gestora de la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, en los cuales, señala que no se pudo concretar las notificaciones a Efrain Emilio Acuña Rodríguez, denunciante y al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; en razón a que, la providencia del señalamiento de audiencia de cesación de la detención preventiva fue de 8 del citado mes y año, siendo recibido en la mencionada Oficina el 9 del aludido mes y año, a horas 15:17, siendo que las notificaciones deben ser practicadas con veinticuatro horas mínimamente, y concerniente al citado Centro Penitenciario no reciben notificaciones para audiencias el mismo día;

puesto que, día anterior realizan la lista de todos los internos que tienen verificativos virtuales (fs. 53 y 55). II.4. Mediante memorial presentado el 13 de febrero de 2023, el impetrante de tutela pidió a la autoridad judicial demandada, nuevo día y hora de audiencia de cesación de la detención preventiva, manifestando que no se lo notificó con el decreto que señalaba el correspondiente verificativo, y en el segundo párrafo menciona que reitera como prueba de descargo el Auto Final Sumario “Informativo” de la Octava División del Ejercito 01/2023 de 5 de enero de ese año y el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 del mismo mes y año, programándose audiencia para el 15 del indicado mes y año, a hora 12:30, pero tampoco fue llevada a cabo (fs. 58 a 59).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad de circulación, personal, y a la dignidad; toda vez que: i) Por Auto Interlocutorio 61/2023 de 3 de febrero, la Jueza demandada rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva, manteniéndose su privación de libertad, pese a presentar igual documentación que el otro imputado, quien sí fue beneficiado con la suspensión de la referida medida preventiva y, que además, no tomó en cuenta la emisión del requerimiento conclusivo de sobreseimiento a su favor; ii) El 7 de febrero de 2023 volvió a formular petición de cesación de la detención preventiva; sin embargo, hasta el 15 de igual mes y año, no se logró instalar el correspondiente verificativo para su consideración, dado que, por dos veces consecutivas la autoridad judicial demandada, remitió a destiempo los concernientes decretos de señalamiento de las mismas, a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, imposibilitando que las partes procesales y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz sean notificadas con veinticuatro horas de anticipación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0733/2019-S2 de 28 de agosto, asumió el siguiente razonamiento: «El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre el principio de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. La SC 0008/2010-R de 6 de abrilindicó que la acción de libertad, es el medio idóneo y eficaz para restituir cualquier tipo de lesión o vulneración que atente los derechos a la vida y a la libertad:

…empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas. Entendimiento que también fue asumido en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0455/2018-S2 y 0662/2018-S2, entre otras.

En similar sentido, la SC 0608/2010-R de 19 de julio concluye que no es posible activar simultáneamente dos jurisdicciones, para que ambas se pronuncien sobre hechos denunciados como ilegales; toda vez que, este proceder conllevaría a una disfunción procesal contraria al orden jurídico constitucional; entendimiento confirmado por el Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0003/2012 de 13 de marzo.

De la citada jurisprudencia constitucional, se concluye que a efectos de no desnaturalizar la acción de libertad en su esencia y finalidad, evitando que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica entre la jurisdicción ordinaria y la constitucional; al En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 2El FJ III.5, indica: “El art. 167 de la misma norma adjetiva penal, disciplina el resguardo normativo frente a la actividad procesal defectuosa, determinando en el art. 168 los supuestos para la corrección de oficio o a petición de parte de actos que puedan ser enmendados. Asimismo, los arts. 169 y 170 regulan los supuestos de hecho catalogados como defectos procesales absolutos y relativos. Precisamente, para corregir actos procesales defectuosos que puedan afectar derechos fundamentales, en la segunda parte, capítulo IV del Código de Procedimiento Penal, se norma el procedimiento para la tramitación de excepciones e incidentes, concretamente, los arts. 314 y 315 regulan el procedimiento para los incidentes, que en caso de actos procesales defectuosos, constituyen mecanismos de defensa expresos, efectivos idóneos y oportunos para pedir protección de derechos fundamentales afectados en el proceso, mecanismos que deben ser agotados antes de acudir a la tutela constitucional”. 3El FJ III.3, determina: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.

momento de ser activada esta última, no deben existir otros recursos de carácter ordinario pendientes de resolución»[el resaltado es añadido].

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho, en casos de medidas cautelares

La SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, sistematizadora de línea, respecto al desarrollo jurisprudencial de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho referido a los casos de solicitudes de medidas cautelares, expuso el siguiente entendimiento:

«El Tribunal Constitucional en la SC 1579/2004-R de 1 de octubre, señala que el entonces recurso de hábeas corpus -actualmente acción de libertad- [procede]“…por violaciones a la libertad individual y/o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. A partir de la clasificación del entonces recurso de hábeas corpus desarrollada por la SC 1579/2004-R, la SC 0044/2010-R de 20 de abril amplía los tipos de hábeas corpus, haciendo referencia al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, precisando que a través de este último “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas son nuestras).

En ese marco, la SC 0465/2010-R de 5 de julio señala que el hábeas corpus traslativo o de pronto despacho -ahora acción de libertad-, se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad, cuando esté relacionada con la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Posteriormente, la SC 0078/2010-R de 3 de mayo establece varios supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; vale decir que, determina subreglas para considerar actos dilatorios en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: i) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley; ii) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial; y, iii) Se suspenda la audiencia de consideración, por motivos injustificables que tampoco son causales de nulidad, como es el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que fueron notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia; entendimiento complementado con la SC 0384/2011-R de 7 de abril y reiterada por la SCP 0005/2012 de 16 de marzo» (énfasis añadido).

Otro aspecto a tomarse en cuenta, es el razonamiento contenido en la SCP 1905/2012 de 12 de octubre, que establece que una vez suspendida la audiencia de cesación de la detención preventiva, la autoridad de control jurisdiccional debe señalar nueva fecha y hora, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud.

III.3. Sobre el plazo de señalamiento de la audiencia de cesación de la detención preventiva

En el marco de las modificaciones incorporadas al Código de Procedimiento Penal, por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, y posteriormente la Ley de Modificación a ley N° 1173 de 3 mayo de 2019, de abreviación procesal penal y de fortalecimiento de la lucha integral contra la violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres -Ley 1226 23 de septiembre de 2019-, la SCP 0740/2022-S1 de 1 de agosto se ha pronunciado sobre el deber de las autoridades judiciales para cumplir con el plazo previsto para el señalamiento de audiencias de consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, estableciendo el siguiente entendimiento:

[En] consecuencia, el trámite a aplicar para la resolución de la cesación de la detención preventiva, es diferente en función a la causal; por una parte, para los numerales 1, 2, 5 y 6 del art. 239 del CPP modificado por la Ley 1226, corresponde resolverlas a través de una audiencia dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas. En cambio, para las causales 3 y 4 del citado artículo; dentro de las veinticuatro horas se correrá traslado a las otras partes para que respondan en el plazo de cuarenta y ocho horas y, con o sin contestación se resolverá sin necesidad de audiencia, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas siguientes.

Por consiguiente, la autoridad jurisdiccional que conozca una solicitud de cesación de la detención preventiva, que restrinja el derecho a la libertad de locomoción de un acusado, debe tramitarla con la mayor celeridad posible y dentro del plazo establecido, ya que el incumplimiento de esta obligación impuesta por ley, provocaría una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que la misma sea atendida favorablemente, pues la decisión a asumirse dependerá de las circunstancias y pruebas a presentarse; precisándose que la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida para atender una petición de tal naturaleza y no en la decisión jurídica y fundamentada de rechazo o aceptación a tal solicitud.

III.4. Análisis del caso concreto

El accionante denuncia dos actos lesivos relativos a que: a) Planteó solicitud de cesación de la detención preventiva, la cual fue rechazada por Auto Interlocutorio 61/2023 de 3 de febrero; por consiguiente, continua privado de libertad; no obstante, a que presentó la documentación pertinente para desacreditar todos los riesgos procesales, que no fueron tomados en cuenta por la Jueza demandada,; y, b) El 7 de ese mes y año, volvió a peticionar la cesación de la referida medida; empero, hasta el 15 de igual mes y año, no se instaló el correspondiente verificativo para su dilucidación; siendo que, la autoridad judicial demandada por dos veces consecutivas, remitió a destiempo los concernientes decretos de programación a la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, ocasionando que las partes procesales y al Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz no sean notificadas con veinticuatro horas de anticipación, provocando otra vez su suspensión. Así, expuestos los actos lesivos denunciados, le atañe a este Tribunal examinarlos conforme los entendimientos descritos en los Fundamentos Jurídicos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 1) Respecto al Auto Interlocutorio de 3 de febrero de 2023, que rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva

El accionante refiere que, la Jueza demandada mediante el citado Auto Interlocutorio rechazó la petición de cesación de su detención preventiva sin considerar la documentación que presentó para desvirtuar los riesgos procesales, por los que se fundaron los motivos de su privación de libertad, consistentes en papeletas de pago y certificado notarial de verificación de su domicilio, haciendo alusión que eran insuficientes para desacreditar los indicados peligros procesales (Conclusión II.1); además, tampoco se consideró la emisión del Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de enero de 2023 emitido a su favor. Ahora bien, el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, describe los supuestos por los cuales la jurisdicción constitucional abre su ámbito de protección, siendo uno de esos presupuestos la subsidiariedad excepcional que rige a la acción de libertad, en virtud de la cual, deben ser agotadas con carácter previo mecanismos procesales de impugnación que fueron creados como medios rápidos, eficaces e idóneos para la protección de la libertad Del contexto y del entendimiento expuesto, este Tribunal concluye que; si bien, el accionante cuestiona los razonamientos vertidos por la Jueza demandada en el Auto Interlocutorio 61/2023, por los cuales rechazó su solicitud de cesación de la detención preventiva, motivo por el cual solicita que esta jurisdicción constitucional disponga su libertad; sin embargo, de obrados se constata que no activó el recurso de apelación incidental en su contra, conforme estipula el art. 251 del CPP modificado por la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres -Ley 1173 de 3 de mayo de 2019-, precepto que conforme ha establecido la jurisprudencia constitucional, se constituye en un mecanismo que reúne las características de rapidez, sencillez y eficacia, que permite impugnar toda decisión que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, siendo ese el mecanismo procesal que debe ser agotado con carácter previo para la protección de su derecho a la libertad física; puesto que, por mandato legal se le abre la oportunidad de que en esa instancia pueda argumentar sobre los agravios ocasionados por la jueza aquo y los mismos puedan ser reparados por el Tribunal ad quem y de esa manera cambiar su situación jurídica. Por consiguiente, respecto a este primer problema jurídico corresponde la aplicación de la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, al no haberse activado y agotado la respectiva vía judicial de impugnación, no estando permitido acudir directamente con esa denuncia ante la justicia constitucional; por lo explicado, corresponde denegar la tutela solicitada, sin ingresar al fondo de lo demandado. 2) Respecto a la falta de celebración de la segunda solicitud de cesación de la detención preventiva presentada

De acuerdo a lo descrito en Conclusiones de este fallo constitucional, se evidencia que efectivamente el 7 de febrero de 2023, el impetrante de tutela presentó una segunda solicitud de cesación de la detención preventiva, no obstante, haberse programado audiencia para el 10 de igual mes y año a hora 11:00, no se llevó a cabo (Conclusión II.1.), por la falta de notificación al denunciante y al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz; en razón a que, la Oficina Gestora de Procesos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz informó que recién el 9 del referido mes y año, a horas 15:17, ingresó la providencia de señalamiento del indicado verificativo, situación que imposibilitó el cumplimiento de las comunicaciones procesales; dado que, es necesario efectuarlos con un tiempo de anticipación de veinticuatro horas mínimamente (Conclusión II.2.); por consiguiente, nuevamente por memorial presentado el 13 del mencionado mes y año, pidió nuevo día y hora de audiencia, siendo contestada por decreto de igual fecha programándose la misma para el 15 del referido mes y año, a horas 12:30 (Conclusión III.3.); empero, en esa data el abogado defensor del peticionante de tutela se acercó al despacho judicial percatándose que, recién la Jueza demandada entregó el expediente al Secretario del mismo a horas 8:30 aproximadamente, y junto con el Oficial de Diligencias se dieron cuenta que no había el tiempo suficiente para la realizar la notificación a las partes procesales y al indicado Centro Penitenciario. De lo expuesto, se advierte que el accionante desde el 7 de febrero de ese año, hasta la fecha de interposición de este mecanismo de defensa viene solicitando la cesación de su detención preventiva, siendo suspendido el primer señalamiento del verificativo por falta de notificación oportuna a las partes procesales; posteriormente, no obstante que la audiencia no fue realizada, la autoridad demandada no efectuó un nuevo señalamiento dentro del plazo de cuarenta y ocho horas que establece la norma, conforme se ha dispuesto en el Fundamento Jurídico III.3 de este fallo constitucional. Es así que, ante una nueva petición realizada por el accionante, la autoridad judicial demandada dictó el decreto de 13 de febrero de 2023, y si bien, el señalamiento fue realizado dentro del plazo legal dispuesto por el art. 132 inc. 1) del CPP; es decir, para el 15 de ese mes y año, a hora 12:30; sin embargo, de acuerdo con lo manifestado por el accionante y el Juez de garantías se pudo advertir que el oficio de 14 del mismo mes y año, dirigido a la aludida Oficina de Gestora de Procesos no tiene un cargo de recepción. De lo relacionado, este Tribunal constata que en el caso concreto que se examina, el accionante se encuentra privado de libertad por la imposición de medidas cautelares, y que para modificar su situación planteó la cesación de su detención preventiva, la cual no pudo llevarse a cabo, por falta de notificación al denunciante y al Gobernador del Centro Penitenciario Palmasola de Santa Cruz, a causa de que no hubo el tiempo suficiente para hacerlo; no obstante, de lo señalado y el perjuicio ocasionado al impetrante de tutela, la Jueza demandada por segunda vez volvió a incurrir de la misma forma; vale decir, envió la providencia de señalamiento del verificativo a la referida Oficina Gestora extemporáneamente, provocando que una vez mas no se concretice la consideración de la situación jurídica del accionante, quien pidió en su memorial de 13 de febrero de 2023, se considere el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento de 24 de enero del citado año, y del nombrado Auto Final 01/23 que ambos salieron a su favor. En ese entendido, la actuación desplegada por la autoridad judicial demanda ocasionó una demora injustificada en la tramitación de la solicitud para la concreción del verificativo de cesación, retardación indebida que le ocasionó la lesión al derecho a la libertad del accionante; actuación que abre el ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa, conforme el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que determina toda solicitud relacionada con la libertad personal de que peticiona, debe ser tramitada con la celeridad que amerita el caso; puesto que, de ella podría depender la modificación de su estado de privación de libertad. En ese orden constituyen actos de dilación indebida, la suspensión de audiencia de consideración por motivos injustificables, siendo uno de ellos, la falta de cuidado que el acto de notificación para el verificativo la audiencia de medida cautelar sea oportunamente diligenciada, aspecto que no fue observado por la autoridad judicial demandada. Por lo expuesto, respecto a este acto lesivo, corresponde conceder la tutela solicitada por el accionante, en su tipo de acción de libertad de pronto despacho, debiendo la autoridad judicial demandada prever los plazos procesales no solo para pronunciar sus providencias y resoluciones dentro de plazo, sino también, debe considerar los tiempos necesarios para efectivizar los mismos a través de las correspondientes notificaciones a las partes procesales y todas aquellas instituciones que se encuentren involucrados en el caso, no hacerlo provoca indebidamente la suspensión de una audiencia de medida cautelar que tiene como efecto la afectación del derecho a la libertad; la inobservancia de este cuidado prolonga injustificadamente la consideración y definición jurídica de la situación de una persona privada de libertad. En consecuencia, dentro de las subreglas para considerar como actos dilatorios en el trámite de cesación de la detención preventiva, se suma la inobservancia al deber de cuidado de considerar los tiempos necesarios para efectivizar el diligenciamiento oportuno de los actos de notificación a las partes procesales e instancias de privación de libertad para asegurar la asistencia a la audiencia de cesación de la detención preventiva del privado de libertad. Su inobservancia provoca indebidamente la suspensión de la audiencia de consideración de cesación de la detención preventiva, generando dilación indebida que afecta el derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías, al conceder la tutela impetrada, actuó parcialmente de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 05/23 de 17 de febrero, cursante de fs. 77 vta. a 79 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Cuarto de la Capital del departamento de Santa Cruz; en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada, conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y en los mismos términos dispositivos establecidos por el Juez de garantías referidos al verificativo de la audiencia de cesación de la detención preventiva; y, 2° DENEGAR con relación a la pretensión de que esta instancia constitucional disponga la cesación de su detención preventiva y consiguiente libertad. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

4 El FJ III.4, señala: “Para la concreción del valor libertad, el principio celeridad y el respeto a los derechos, se ha previsto una acción de defensa específica que coadyuve para que los mismos no se vean afectados por actos lesivos y en caso de que así fuera, se puedan restituir a su estado natural, en especial tratándose de derechos fundamentales. En ese sentido, y tal y como se desarrolló en el punto III.3 de la presente Sentencia, este Tribunal Constitucional, agregó a la tipología del hábeas corpus desarrollada por la jurisprudencia, al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, el cual se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. 5El FJ III.3, señala: “…se considera acto dilatorio en el trámite de la cesación de la detención preventiva, cuando: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley.

b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad. No obstante, en caso de que la suspensión se deba a la falta de notificación o a la inasistencia del propio imputado, no existe dilación indebida ni afectación a derecho alguno, en cuyo caso deberá fijarse nueva fecha de audiencia conforme a las directrices expuestas”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1211_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.

Huella digital del PDF (SHA-256): 148773ade080d11760c098c622ad03323701a19e3917c64b9c3839a939222274

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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