Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 03/2024 de 7 de mayo, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1209/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Subsidiariedad excepcional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64045-2024-129-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 03/2024 de 7 de mayo, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jorge Alberto Daza Flores en representación sin mandato de Sonia Marcela Rivero Cortez contra Henry David Ortiz Valdez, Daniel Hugo Sánchez Sánchez y Johnny David Moya Pérez, Fiscales de Materia.
Por memorial presentado el 6 de mayo de 2024, cursante a fs. 1 y 8 a 13, la accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia lesión al debido proceso, defensa y amenaza a su libertad de locomoción; alegando que, dentro del proceso penal signado con el Código Único de Denuncia (CUD): 603102022400252 seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa e incumplimiento de deberes, que se encuentra bajo control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija, el 17 de febrero del mismo año, se desarrolló un allanamiento de su domicilio, en presencia de Rolando Fabricio Paz Flores, Fiscal de Materia y funcionarios policiales de la “F.E.L.C.C. y UMOPAR”, donde, previa autorización de su persona, realizan la requisa de su inmueble sin haber encontrado ningún elemento vinculado al hecho investigado, ni sustancias controladas; y, preguntado el motivo de aquella actuación, se le indicó que su hijo habría participado en los hechos denunciados; empero, el nombrado vive desde sus dieciocho años en otro domicilio; pese a ello, se le hace parte de ese proceso de investigación sin haber tenido ningún grado de participación en el mismo, y tampoco haber sido notificada ni citada “de manera documentada” en calidad de investigada por los mencionados delitos, incluso se publicaron en los medios de comunicación su nombre y fotografía haciendo presumir su participación en el hecho investigado a partir de la declaración de un testigo -funcionario policial- quien refería que en la indagación que realizó, logró obtener tres nombres, entre los cuales se encontraría el de su persona. Conforme a lo expuesto, interpone la presente acción de defensa, solicitando se deje sin efecto la persecución ilegal y el procesamiento indebido en su contra por parte del Ministerio Público, disponiendo el restablecimiento de sus derechos. Ante ello, los Fiscales de Materia demandados, no presentaron informe alguno ni asistieron a la audiencia de garantías, pese a las citaciones cursantes de fs. 19 a 21. El Tribunal de garantías denegó la tutela solicitada por falta de prueba. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0008/2010-R de 6 de abril, estableciendo la excepcionalidad de la subsidiariedad en relación a la acción de libertad determinó que: “…esta acción de defensa, por la urgencia de la situación, se configura como el medio más eficaz para restituir los derechos afectados; empero, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el o los afectados; en estos casos por tanto, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas” (las negrillas nos pertenecen). Así, dentro del alcance de la acción de libertad, es preciso señalar que, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, integró el desarrollo jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional, delimitando la tutela que otorga esta acción de defensa, estableciendo lo siguiente: “En los casos que se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la presente acción tutelar, previa y necesariamente se debe considerar situaciones en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad: (…) 2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional”.
De la pretensión procesal expuesta por la accionante, se advierte que, el reclamo que motiva la interposición de la presente acción de defensa converge en que los Fiscales de Materia demandados, dentro del proceso penal con CUD: 603102022400252, la habrían hecho parte en el proceso investigativo, pese a haber colaborado con el allanamiento realizado a su inmueble, publicando su nombre y fotografía en medios de comunicación, sin tener ninguna participación material o intelectual en los hechos delictivos, ni ser citada o notificada como investigada por los delitos denunciados. En ese orden, siendo que la problemática expuesta por la accionante, se centra en una presunta persecución indebida e ilegal, con actuaciones que lesionarían sus derechos, pese a no ser parte del proceso penal; sin embargo, todo ello se suscita dentro de una investigación por la presunta comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa e incumplimiento de deberes; es decir, que lo cuestionado emerge del despliegue investigativo realizado por el Ministerio Público, cuyos Fiscales de Materia son ahora demandados, lo que a su vez conlleva a que, en el caso, concurren los entendimientos asumidos en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que establece la subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, aplicable en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, mismos que deben ser utilizados previamente por el o los afectados; lo que, en el presente caso no ocurrió, pues, conforme el propio memorial de acción de libertad, se tiene que el proceso penal de origen se encuentra con control jurisdiccional del Juez de Instrucción Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija (fs. 17), a quien la accionante debió acudir previo a interponer la presente acción tutelar si consideraba la existencia de un procesamiento indebido traducido en una persecución ilegal y/o amenaza a su derecho a la libertad, y así dar la oportunidad a la autoridad llamada por ley, para que, en ejercicio del control jurisdiccional, y conforme lo prevén los arts. 54.1 y 279 del Código de Procedimiento Penal (CPP), verifique la existencia o no de la vulneración al debido proceso, defensa y amenaza a la libertad de locomoción, ahora invocados; al no haberse obrado de esta manera, corresponde denegar la tutela, aclarando que no se ingresó al análisis fondo de la problemática planteada. En consecuencia, el Tribunal de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR, la Resolución 03/2024 de 7 de mayo, cursante de fs. 23 a 25 vta., pronunciada por los Jueces del Tribunal de Sentencia Penal Primero de Yacuiba del departamento de Tarija; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1209_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): c42171b4c584901f9d8209120ba434ea0232267eb5c924bc5b273793b72ce198
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →