Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 10 de noviembre de 2023
Concede en parte la tutela
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad, a la valoración de la prueba, y al trabajo; toda vez, que dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por su persona, contra MANACO S.A., las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, por el cual determinaron Casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y por consiguiente declarar improbada la demanda principal de pago de beneficios sociales, cometiendo las siguientes irregularidades: a) No realizaron un análisis pormenorizado de todas las cláusulas de los Contratos de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial, en especial de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera y Décima Octava, con las que se demuestra la existencia de una relación obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A.; b) Se apartaron de los principios de primacía de la realidad y de verdad material, y no aplicaron los precedentes jurisprudenciales del mismo Tribunal Supremo de Justicia, que en casos similares establecieron la existencia de una relación laboral, desestimando la existencia de contratos de consignación y civiles; c) No valoraron toda la prueba presentada, tampoco analizaron de forma integral todos los Contratos por las que se demuestra la existencia de la relación laboral obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A.; y, d) Haciendo una interpretación apartada de los principios en materia laboral, solamente se limitaron a justificar su decis…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/2021 de 21 de enero, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y valoración de la prueba, al trabajo y al principio de seguridad jurídica, en relación a la primera, segunda, tercera y cuarta problemática; y, consiguientemente:
1.1° Se dispone dejar sin efecto el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020 emitido por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Resolución Constitucional. 1.2° Se ordena, que, en el plazo de setenta y dos horas de notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitan un nuevo Auto Supremo cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y en apego a los argumentos y Fundamentos Jurídicos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia en relación a la primera problemática, y en su elemento de fundamentación respecto a la primera y cuarta problemática en base a los Fundamentos Jurídicos explicados en este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1209/2023-S1 Sucre, 10 de noviembre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Georgina Amusquivar Moller Acción de amparo constitucional Expediente: 38575-2021-78-AAC Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 10/2021 de 20 de enero, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Erika Dubeiza Illanes Escobar en representación legal de Alicia Fabiola Rocha Cuenca contra José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia.
Por memoriales presentados el 4 y 12 de enero de 2021, cursante de fs. 6 a 24 vta.; y, 86 a 106, la parte accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho.
Dentro el proceso laboral de pago de beneficios sociales seguido contra la empresa Manufactura Nacional Cochabamba Sociedad Anónima (MANACO S.A.), la Jueza de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del departamento de Cochabamba, emitió la Sentencia de 12 de junio de 2017, por la cual declaró probada su demanda y obligó a la empresa demandada a cancelar a su favor sumas de dinero por diferentes conceptos, resolución que fue ratificado por el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio pronunciada por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del citado departamento. Contra dicho Auto de Vista, la empresa demandada formuló Recurso de Casación, siendo resuelto por los ahora demandados a través del Auto Supremo 199/2020 de 20 de marzo, sin embargo, dicha resolución vulnera sus derechos fundamentales, puesto que se cometieron las siguientes irregularidades: a) “DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO POR FALTA DE MOTIVACIÓN, FUNDAMENTACIÓN Y CONGRUENCIA” (sic.), puesto que: a.1) Las autoridades demandas, no analizaron de forma pormenorizada la Cláusula Séptima del Contrato, en la cual se establecía que su persona era la que tenía que atender y dirigir el negocio de forma personal, debiendo dejar a un reemplazo en caso de ausencia; así también, existía un horario laboral a ser cumplido por su persona, la cual podía ser modificado por el departamento de ventas las veces que fueran necesarias, por lo que se evidenció la relación laboral, con una dependencia hacia la empresa, en el manejo de los recursos, la rendición de cuentas por el trabajo realizado, y el horario de prestación en el trabajo; a.2) Así también, no realizaron un desarrollo integral de las Cláusulas Cuarta, Séptima y Octava, en las que se evidencia la existencia de una relación laboral, en la que se dejó establecido que su persona estaba prohibida de revelar datos en relación al negocio, como los estados de cuenta, expectativas de la empresa, condiciones del mercado, arreglos, transacciones de la empresa, condiciones que se las impone a un empleado acorde a lo establecido en el art. 16 de la Ley General del Trabajo (LGT); a.3) Asimismo las Cláusulas Décimo Primera y Décimo Octava, establecían las causales de resolución del contrato, así como de las obligaciones tributarias que eran cancelados por parte de la empresa MANACO S.A.; aspectos que devienen de una relación laboral, el cual se trató de encubrir obligándola a aperturar un Número de Identificación Tributaria (NIT) y crear una Empresa Unipersonal, pero se demostró que tenía total dependencia hacia la empresa contratante MANACO S.A., siendo las condiciones de trabajo determinadas de forma jerárquica de dependencia laboral; empero el Auto Supremo no contempló dichas Cláusulas, donde se demostró tal dependencia; y, a.4) De igual manera las Cláusulas Quinta y Sexta de los contratos de consignación refirieron que el Local, Mobiliario y el Uso de Nombre Comercial, así como el Derecho de Propiedad y Dominio, pertenecían exclusivamente a la Empresa MANACO S.A., y no a la dependencia o dominio de su personal, aspectos sobre el que los demandados no emitieron pronunciamiento concreto y claro en relación al contenido de dichos contratos, en la que se plasmó la existencia de una relación obrero-patronal, que fue encubierta por un supuesto contrato comercial, las que “… HAN GENERADO UNA DIRECTA INCIDENCIA EN LA DECISIÓN FINAL PARA CASAR EL RECURSO DE CASACIPÓN Y DECLARAR IMPROBADA LA DEMANDA DE BENEFICIOS SOCIALES, VULNERANDO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO EN SU VERTIENTE DE CONGRUENCIA, MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN, Y TAMBIÉN POR ENDE EL DERECHO AL TRABAJO CONSAGRADO EN EL ART. 48 DE LA C.P.E.” (sic.), por lo que, al no haber sido considerado el contenido de los contratos recayó en la consecuencia de declarar la no existencia de una relación laboral por parte de los accionados, contando dicho fraude con relevancia constitucional porque no se valoró de forma íntegra la prueba aportada, vulnerando el derecho al trabajo y lo establecido en el art. 109 de la Constitución Política del Estado (CPE); b) “DE LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD DE LA APLICACIÓN DE LA LEY (NO APLIACIÓN DE PRECEDENTES JURISPRUDENCIALES), Y TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA” (sic.), conforme a las Cláusulas Quinta y Sexta, se evidenció que MANACO S.A. proporcionaba el mobiliario, computadoras, software, lugar de trabajo donde su persona desarrollaría las ventas, así también las Cláusulas Séptima y Décimo Octava, dicho trabajo debería ser realizado en sujeción a las políticas internas de MANACO S.A., de igual manera las Cláusulas Décima y Décima Primera de los Contratos, establecían que las cargas tributarias serían cubiertas por la empresa consignante, hechos que demostraron cómo se quiso hacer un fraude laboral, que el Tribunal Supremo de Justicia en otros casos como ser “Carmen Barrientos C/MANACO S.A.”, “María del Carmen Orellana C/MANACO S.A.”, “Analisse Ríos C/MANACO S.A.”, en la que se desestimó la existencia de contratos de consignación o civiles, en la que se analizó en base a los principios de primacía de la realidad y verdad material lo que conforme a derecho correspondía, es decir, la existencia de una relación obrero-patronal, en la que se pretendió encubrir relaciones laborales, aspectos que las autoridades demandadas se apartaron en su caso, ya que no aplicaron de forma idónea los precedentes jurisprudenciales y los principios antedichos, puesto que no declararon la inaplicación de los contratos civiles que pretendieron encubrir su relación laboral, vulnerando el derecho a la igualdad, como también el principio de seguridad jurídica; c) “DE LA ARBITRARIA OMISIÓN DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA, Y POR ENDE, VULNERACIÓN DEL DEBIDO PROCESO” (sic.), el contenido el Auto Supremo 199, respecto a la valoración probatoria, señalaron que “Conforme a la normativa expuesta y a los antecedentes del caso, se considerará si existe o no relación laboral en el caso; en ese entendido, del examen de los antecedentes del proceso, se establece que el contrato de consignación presume la naturaleza comercial y determina la inexistencia de relación laboral; esto porque no existe dependencia y subordinación de la representante de la empresa unipersonal de propiedad de Alicia Fabiola Rocha Cuenca respecto del contratante MANACO S.A., estableciéndose que no necesariamente está sujeto a un horario determinado, ni el trabajo debe ser desarrollado exclusivamente por la contratada porque el desarrollo de las actividades pactadas puede ser desarrollarlo personalmente o con la asistencia de terceros (dependientes de la demandante), características que la diferencian del contrato de trabajo, porque el trabajador presta sus servicios al empleador con exclusividad y subordinación por una remuneración fija; entendiendo que, si bien la contratada tiene la obligación de cumplir el contrato suscrito; empero, éste no limita a que las funciones puedan ser delegadas a un tercero, lo que desvirtúa la subordinación y dependencia directa con MANACO S.A.” (sic); omitiendo los accionados, analizar de forma pormenorizada el contenido íntegro de la Cláusula Séptima de los contratos, en la que se establecía que su persona era la que atendería y dirigía de forma personal el negocio, y en caso de ausentarse la misma debería ser dando aviso a la empresa, así también las Cláusulas Cuarta, Quinta, Octava, Décimo Primera y Décimo Octava dan fe de la relación laboral existente, aspectos que no fueron analizados de forma íntegra por los demandados, las que demuestran de forma irrefutable la existencia de una relación obrero-patronal, las que no fueron valoradas en toda su integralidad; y, d) “DE LAS INTERPRETACIONES APARTADAS DE LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ART. 48 DE LA C.P.E.; Y LA CONSECUENTE VULNERACIÓN DEL DERECHO AL TRABAJO” (sic.), los accionados, solamente mencionaron el contenido de ciertos artículos del Código de Comercio, con la finalidad de justificar el encubrimiento de la relación laboral, para señalar que existió una relación comercial, ya que no existió una correcta interpretación sistemática del Código de Comercio (CCo) con el Decreto Supremo (DS) 28699 de 1 de mayo de 2006, puesto que no analizaron los alcances y la naturaleza de una empresa comercial descritas en los arts. 448 y 449 del CCo en contraste con los principios de primacía de la realidad y verdad material, con la que debería de juzgar para determinar la existencia de una relación comercial.
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad, a la valoración de la prueba, y al trabajo, señalando al efecto el art. 48 de la CPE.
Solicita se conceda la tutela, disponiéndose: 1) La nulidad del Auto Supremo 199 de 20 de marzo; y, 2) Que las autoridades demandadas emitan un nuevo Auto Supremo.
Celebrada la audiencia virtual el 20 de enero de 2021, según consta en el acta cursante de fs. 185 a 192 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La parte accionante, ratificó los términos de su acción de amparo constitucional, y ampliándola manifestó que: i) Las autoridades demandadas pretenden subsanar omisiones y valoraciones arbitrarias en el Auto Supremo.
José Antonio Revilla Martínez y Esteban Miranda Terán, Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por informe escrito presentado el 20 de enero de 2021, cursante de fs. 117 a 124 vta., señalaron que: a) La impetrante de tutela no cumplió con las observaciones efectuada por la Sala Constitucional, ya que no precisó los derechos o garantías supuestamente vulnerados, debiendo tenerse por no presentada la acción de amparo constitucional; b) Alega la vulneración del derecho al debido proceso en sus vertientes de fundamentación, motivación y congruencia, pero no especifica cómo se materializa dicha vulneración con la emisión del Auto Supremo; c) El Auto Supremo 199/2020 de 20 de marzo, explicó de forma clara y razonada los motivos para casar el Auto de Vista, y por ende declara improbada la demanda de Pago de Beneficios Sociales, en la cual se indicó con toda precisión las normas que justifican la determinación, describiendo las circunstancias para aplicar al hecho las normas pertinentes, en la que de forma separada, se señaló en forma separada, la razón y el por qué no concurren las características para hacer nacer la relación laboral como establece el art. 1 del DS 23570 de 26 de julio de 1993, concordante con el art. 2 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006; d) La determinación asumida por el Auto de Vista, no cumple con los requisitos necesarios para establecer una relación laboral, por lo que se determinó que el contrato entre las partes era uno comercial, ya que no se cumplía aspectos de subordinación, dependencia y forma de pago; e) Conforme al principio científico y la crítica de las pruebas, se tiene que cuentan con la libertad para analizar los hechos y las pruebas acorde a la sana crítica, en la que no se desconoció la prueba presentada por la accionante; empero, “no tenía la fuerza para desvirtuar los fundamentos que sustentó la decisión asumida por los de instancia…” (sic.), en la cual que pudo observar que no existió vulneración de sus derechos laborales “… al haber firmado un contrato con características de derecho comercial cual es de consignación, por el cual no es aplicable normativa de derecho laboral…” (sic.); f) El Auto Supremo no vulneró el principio de igualdad, pues dieron prevalencia a las características estatuidas en el contrato suscrito por las partes, sin haber lesionado a la Norma Suprema, razón por la cual se casó el Auto de Vista 141/2019 de 15 de junio; y, g) Tampoco es evidente que se haya transgredido la jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, ya que se ha identificado que en el caso no existe una relación laboral de dependencia, ya que la accionante tenía la facultad de contratar personal a su cargo y administrar la mercadería consignada.
Luis Ernesto Rojas Romero, Representante Legal de MANACO S.A., a través de sus apoderados, en audiencia de garantías, refirió que: 1) La accionante no cumplió con los requisitos de las auto restricciones, que impiden a la Sala Constitucional revisar la competencia de las autoridades ordinarias, en relación a la interpretación de legalidad ordinaria y la valoración de la prueba; 2) El Auto Supremo no se limitó a realizar una valoración al contrato de consignación, sino que lo realizó a todo el acervo probatorio siendo: 2.1) El registro de FUNDEMPRESA; 2.2) El NIT que demuestra las cargas tributarias ejercida por la impetrante de tutela; y, 2.3.) La confesión provocada, siendo valorado y ponderado de forma legal; 3) En cuanto a la interpretación de legalidad ordinaria, se demostró que no existe violación al debido proceso, ya que el Auto Supremo no necesita de una amplitud y redundancia; y, 4) Respecto a la violación del principio de igualdad de aplicación de la ley, respecto a una diferenciación de la jurisprudencia en casos similares, se puede establecer que el Auto Supremo da una consolidación de una línea jurisprudencial establecida en los “Autos Supremos 766 de 2 de diciembre de 2019, 45 de 29 de enero de 2020”, por la que se determinó la inexistencia de trabajo por cuenta ajena, sino uno de consignación, emitiendo un fallo final para rechazar la demanda y declararla improbada.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, por Resolución 10/2021 de 20 de enero, cursante de fs. 193 a 199 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) El Auto Supremo 199/2020 de 20 de marzo, efectuó una relación de los antecedentes del proceso, para de forma posterior estableces los puntos del recurso de casación en el fondo, siendo que: i.1) Respecto a que el Auto de Vista no analizó de forma minuciosa de los contratos de consignación, y del NIT, con la que se evidenciaba que no existe una relación laboral, señalaron que no existe subordinación ya que no se encuentra bajo dependencia, siendo una actividad comercial, la cual no fue reclamado por la accionante desde su vigencia, contratando personal conforme la confesión provocada, siendo valorados de forma errada por el de Alzada y el a quo; y, i.2) Una aplicación indebida de la norma jurídica, al otorgar un excesivo proteccionismo al otorgar beneficios sociales y derechos laborales sin contar con prueba al respecto, ya que la misma establece la relación civil-comercial, por lo que se generó una inseguridad jurídica a la empresa al no existir los presupuestos de una relación laboral; ii) Se advierte que el Auto Supremo 199/2020, contiene con la debida fundamentación, motivación y congruencia, ya que atiende a cada uno de los puntos de agravios deducidos en el recurso de casación, con la que se enmarcan a los lineamientos establecidos por el Tribunal Constitucional Plurinacional, circunscribiendo su determinación a los agravios expresados, no pudiendo ir más allá de lo denunciado, no siendo evidente las vulneraciones demandadas por la accionante, ya que no respondió en la etapa procesal al recurso de casación, en la que no cuestionó los agravios para que los accionados tengan la oportunidad de pronunciamiento; y, iii) En cuanto a la denuncia de omisión valorativa, no ocurre en el caso ya que se denota una limitación argumentativa que impide que se efectúe dicha valoración, no correspondiendo ingresar al fondo de la denuncia, así como tampoco se vulneró el principio de seguridad jurídica.
Por Decreto Constitucional de 20 de abril de 2022, cursante a fs. 205, se dispuso la suspensión del plazo procesal a objeto de recabar documentación complementaria; reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el Decreto Constitucional de 9 de octubre de 2023 (fs. 228); por lo que, la presente Sentencia es emitida dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Consignación de mercaderías y uso de nombre comercial, suscrito entre Alicia Rocha Cuenca –ahora accionante- y MANACO S.A. de 1 de octubre de 2004, la cual, entre sus Cláusulas más resaltantes, señala que:
“(…). SEGUNDA.- OBJETO DEL CONTRATO: Mediante el presente contrato, el consignante realiza la contratación de un servicio tecializado, mediante el cual la empresa consignataria se obliga a vender mercadería propia del Consignante, a cambio de una comisión determinada y convenida entre partes. El consignatario se compromete a cumplir con los objetivos de venta anuales que le sean consignados por el consignante, de acuerdo a las condiciones de venta convenidas entre partes. En este sentido, el Consignante entregará al consignatario mercaderías de su producción y las que importase, consistente en zapatos de cuero, goma, plástico, lona, etc. y otras mercaderías y accesorios diversos, para su venta bajo el sistema de consignación, mercaderías que el consignatario mantendrá en depósito en el local comercial determinado por el consignante, denominado Tienda MANACO No. 22207 ubicado en la ciudad de COCHABAMBA, de propiedad del consignante o alquilado por éste, local sobre el cual, el consignatario no posee ningún derecho propietario. (…). TERCERA.- DE LAS VENTAS, EL PRECIO Y DEPOSITOS: El consignatario se compromete, bajo su directa y exclusiva responsabilidad, a vender las mercaderías únicamente contra pago al contado, utilizando para ello, las facturas fiscales correspondientes al consignante, a los precios de venta fijados por el Consignante, no pudiendo realizar ventas a crédito, sin previa autorización escrita del Consignante. (…). Asimismo, el consignatario se obliga a remitir al consignante, en forma semanal la liquidación y documentación correspondiente a las ventas efectuadas. (…). CUARTA.- (COMISION): El consignante reconoce en favor del consignatario una comisión del OCHO por ciento (8.0%) sobre el total de las ventas netas que efectué. Este porcentaje será cancelado por el Consignante luego de que el consignatario presente su nota fiscal por la comisión sobre ventas acompañando su liquidación de ventas al consignante. Esta comisión será cancelada en forma semanal. (…). QUINTA.- DEL LOCAL, MOBILIARIO Y USO DE NOMBRE COMERCIAL: La mercadería será vendida en forma directa al público en el local que el consignante tiene alquilado, ubicado en la CALLE 25 DE MAYO No. 1173 ENTRE PUNATA Y HONDURAS ciudad de COCHABAMBA, donde el consignatario deberá ejercer sus actividades comerciales, al no poseer local propio de comercio. Dicho local tiene el nombre comercial de MANACO No. 22207, cuyo uso se autoriza al consignatario única y exclusivamente para los fines señalados en este contrato. (…). El consignatario declara recibir a tiempo de suscribir el presente documento, a su entera satisfacción, todo el mobiliario que se encuentra en el referido local, cuyo inventario consta en el anexo adjunto y forma parte de este contrato, comprometiéndose a conservarlos y mantenerlos en perfectas condiciones y velar por el aseo, limpieza y seguridad, incluyendo las mercaderías recibidas por él en el depósito, al igual que el local que se encuentra bajo su responsabilidad y devolverlos al término del contrato, y si corresponde, a pagar el importe por los daos y perjuicios ocasionados al consignante. (…). SEXTA.- DEL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE DOMINIO: El consignante mantendrá su derecho de propiedad sobre la mercadería y el mobiliario entregados al consignatario, hasta que se le abone el valor total de los mismos o se devuelvan, al fenecimiento del contrato. Asimismo mantendrá su derecho de dominio sobre el local mencionado por el inciso que antecede, por ser el inquilino titular o propietario del mismo, estando prohibido el consignatario a ejercer cualquier tipo de acción dirigida a retener, conservar, usurpar, ceder, etc. los bienes o local de propiedad o bajo el dominio del consignante, bajo pena de iniciarle acciones judiciales por resarcimiento de daños y cancelación de perjuicios, además de exigir la restitución de los mismos. SEPTIMA.- DE LA DIRECCION DEL NEGOCIO Y DEL HORARIO: El consignatario atenderá y dirigirá el negocio personalmente y si acaso tuviera necesidad de ausentarse por cualquier motivo que fuere, está en la obligación de dejar un reemplazante de su confianza y bajo su responsabilidad, debiendo dar aviso escrito de ello al consignante, con la debida anticipación. Se salva la solicitud de ausencia del consignatario por razones de emergencia, misma que se pondrá en conocimiento del consignante, a efectos de que este disponga su reemplazo en forma inmediata. El consignatario deberá atender la tienda o local de ventas al público, durante el horario previamente acordado con el consignante, el mismo que podrá ser modificado cuantas veces sea necesario según requerimiento del departamento de ventas. El consignatario mantendrá el local, mercaderías, vitrinas de exhibición, muebles, etc., en el mayor orden y limpieza de forma diaria, respondiendo por cualquier daño y/o pérdida que pudiera presentarse. (…). OCTAVA.- DE LA EXCLUSIVIDAD Y DE LAS PROHIBICIONES: El consignatario realizará su actividad comercial con exclusividad para el consignante, consiguientemente, no podrá ofrecer ni vender mercaderías de otras firmas, ni hacer publicidad para otros productos en el local señalado en este contrato, a menos que estuviera expresamente autorizado para este fin por el consignante. (…). Así mismo, no le es permitido al consignatario hacer uso del nombre comercial MANACO cuyo uso se autoriza al consignatario única y exclusivamente para los fines señalados en este contrato. Del mismo modo, no le es permitido dar a conocer ni divulgar ningún dato, como ser estados de cuenta, expectativas del negocio, condiciones del mercado, arreglos y transacciones propios de la tienda y/o fábrica. Toda correspondencia, estadísticas, formularios, copias de inventarios, software de contabilidad y demás documentos son estrictamente confidenciales y no podrán ser entregados ni mostrados a terceras personas sin previa autorización del consignante, ya que son de exclusiva propiedad de éste y le deberán ser devueltos a la entrega del local y/o conclusión del contrato. (…). UNDÉCIMA.- DE LOS IMPUESTOS SOBRE VENTAS Y OTROS.- Las alícuotas sobre los impuestos que se aplican sobre la facturación de ventas, serán canceladas por el consignante. Es obligación del consignatario facturar toda operación de ventas en las facturas del consignante de acuerdo a las normas de facturación emitidas por el Servicio Nacional de Impuestos. Cualquier multa o infracción que determinara el Servicio Nacional de Impuestos a la tienda, producto de errores, defraudaciones o negligencias causadas serán atribuibles en su integridad al consignatario. (…). DECIMOSEXTA.- DE LA SUPERVISION: El consignante se reserva el derecho de visitar mediante su personal acreditado, en cualquier momento y sin necesidad de notificación previa al consignatario, el local y las dependencias destinadas a la venta de las mercaderías entregadas, así como a practicar inventarios, arqueos de caja, revisiones contables y hacer las recomendaciones que crea conveniente para el mejor desarrollo de las ventas, en resguardo de sus intereses, sin que el consignatario pueda oponerse a ello. (…). DECIMO OCTAVA.- DE LA RESOLUCION Y SUS CAUSAS: Cualesquiera de las partes, de acuerdo a su interés y conveniencia podrá rescindir este contrato antes de vencimiento, dando un aviso a la otra parte mediante carta con quince (15) días de anticipación, a cuyo vencimiento quedará total y automáticamente resuelto, sin necesidad de declaración judicial alguna. Dentro de este plazo, deberá elaborarse el correspondiente inventario y procederse a la liquidación de responsabilidades y obligaciones del consignatario, debiendo éste proceder a la entrega del local, muebles, enseres y mercadería que tenga en su poder, dentro del mismo plazo otorgado, caso contrario se establecerá contra el consignatario las responsabilidades a las que se alude en la cláusula decimoquinta del presente contrato. Igualmente, se establece que el incumplimiento o violación de cualquiera de las cláusulas y condiciones pactadas en el presente contrato, dará lugar a su inmediata resolución, especialmente en los casos que se señalan a continuación, en forma meramente enunciativa y no limitativa: a) Comprobación de conducta dolosa por parte del consignatario o la reiteración de conductas culposas, a mérito del consignante. b) No efectuar los depósitos diarios o efectuarlos parcialmente, por las ventas realizadas, ni remitir la liquidación y documentación respectiva en los términos fijados para ello. c) Vender mercadería a crédito sin autorización. d) Ofrecer mercadería de otras firmas o hacer publicidad para otros productos, sin previa autorización. e) No acatar las recomendaciones hechas por el consignante o los Supervisores, etc. f) No cumplir con los objetivos de venta anuales fijados a momento de suscribir el contrato de consignación. Este inciso solo procederá en caso de que la resolución del contrato se deba a causas única y exclusivamente atribuibles al incumplimiento por parte del consignatario, el consiguiente se compromete a evaluar las causales por las cuales no fueron cumplidos estos objetivos, pudiendo ser modificados por el Consingante para su cumplimiento por parte del consignatario, dejando sin efecto tal resolución de contrato. g) No facturar correctamente la mercadería transferida, omitir, insertar o declarar datos falsos o incorrectos o registrar transferencias no realizadas por valores superiores a los declarados. h) Ocupar sin autorización los espacios físicos de la tienda en actividades ajenas a las determinadas previamente por el consignante.
i) Utilizar para fines personales los bienes del consignante o modificar dolosamente el software entregado por el consignante. j) Otras instrucciones específicas que le hayan sido impartidas con anterioridad mediante circulares o avisos por el consignante. Casos en los cuales, el consignante tendrá la facultad de resolver unilateralmente y de inmediato este contrato, sin necesidad de declaración judicial alguna, pudiendo iniciar la acción judicial que crea conveniente, además de pedir la restitución de los daños y perjuicios ocasionados. Se salva lo establecido en el inciso f) de esta cláusula. (…).” [sic. (fs. 54 a 59)]. II.2. Consta Adendum al Contrato de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial, suscrita por las partes el 15 de abril de 2005 (fs. 62); así mismo, cursan los Contratos de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial celebrada por la impetrante de tutela y MANACO S.A. de 17 de julio de 2006 (fs. 63 a 66); de 29 de noviembre del mismo año (fs. 67 a 70); de 26 de junio de 2012 (fs. 71 a 72 vta.); de 24 de octubre de 2013 (fs. 74 a 77 vta.); y, de 2 de septiembre de 2014 (fs. 79 a 80). II.3. Mediante Sentencia 47/2017 de 12 de junio, el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social Primero de Quillacollo, del departamento de Cochabamba, determinó declarar:
“PROBADA EN PARTE la demanda de fs. 4 al 9 en lo respecto al pago de beneficio social de indemnización, desahucio y los derechos laborales de aguinaldo, primas y vacaciones E IMPROBADA con respecto al pago de horas extras, pago de domingos y feriados y PROBADA EN PARTE LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION. Se conmina a LA EMPRESA MANACO REPRESENTADA POR LUIS ERNESTO ROJAS ROMERO, a dar y pagar a ALICIA FABIOLA ROCHA CUENCA, dentro de tercero día de ejecutoriada esta sentencia, bajo conminatoria de Ley el monto total de la liquidación que a continuación sigue, monto que en ejecución de sentencia deberá aplicarse la multa dispuesta por el Art. 9 del D.S. N0. 28699 de primero de mayo de 2006: (…). TOTAL Bs. 291.156 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS).” [sic. (fs. 128 a 134)]. II.4. Cursa memorial de 28 de junio de 2017, presentada por el representante legal de MANACO S.A., por la cual interpone recurso de apelación contra la Sentencia 47/2017 de 12 de junio (fs. 135 a 137), la cual contestada en forma negativa por parte de la ahora peticionante de tutela el 9 de agosto de 2017 (fs. 142 a 147 vta.). II.5. Consta Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, pronunciada por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, determinando: “…CONFIRMA la Sentencia apelada de 12 de junio de 2017. Con costas en ambas instancias…” [sic. (fs. 36 a 46 vta.)].
Contra dicho Auto de Vista, la representante legal de MANACO S.A., a través de memorial de 9 de septiembre de 2019, interpuso recurso de casación, solicitando se case la resolución impugnada, y se declare improbada la demandad principal por no existir una relación laboral entre las partes (fs. 152 a 158 vta.). II.6. Cursa Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, emitida por los Magistrados -ahora demandados- de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por el cual Casaron el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y declararon Improbada la demanda principal, bajo los siguientes argumentos:
“La lectura del recurso de casación permite establecer que la problemática radica en determinar si existe o no una relación laboral entre las partes del proceso en base a los contratos suscritos, la confesión provocada de la demandante y literales adjuntas, en este entendido, previamente se establece que el art. 1 del Decreto Supremo (DS) N° 23570 estableció: “De conformidad al Art. 1ro. de la Ley General del Trabajo que determina, de modo general, los derechos y obligaciones emergentes de trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y, c) La precepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Teniendo además que los derechos y beneficios sociales que surgen de la relación laboral se encuentra protegidas por el art.48 de la Constitución Política del Estado (CPE). Conforme a la normativa expuesta y a los antecedentes del caso, se considerará si existe o no relación laboral en el caso; en ese entendido, del examen de los antecedentes del proceso, se establece que el contrato de consignación presume la naturaleza comercial y determina la inexistencia de relación laboral; esto porque no existe dependencia y subordinación de la representante de la empresa unipersonal de propiedad de Alicia Fabiola Rocha Cuenca respecto del contratante MANACO SA, estableciéndose que no necesariamente está sujeto a un horario determinado, ni el trabajo debe ser desarrollado exclusivamente por la contratada porque el desarrollo de las actividades pactadas puede ser desarrollarlo personalmente o con la asistencia de terceros (dependientes de la demandante), características que la diferencian del contrato de trabajo, porque el trabajador presta sus servicios al empleador con exclusividad y subordinación por una remuneración fija; entendiendo que, si bien la contratada tiene la obligación de cumplir el contrato suscrito; empero, éste no limita a que las funciones puedan ser delegadas a un tercero, lo que desvirtúa la subordinación y dependencia directa con MANACO SA. Sobre la denuncia de la existencia de errores de hecho y derecho por parte de los jueces de instancia en la valoración probatoria y que no fueron considerados por el Tribunal de apelación, se debe considerar que el contrato cursante a fs. 155 a 165 en sus cláusulas segunda el objeto, cuarta comisión, séptima dirección del negocio y horarios y octava exclusividad y prohibiciones, se verifica que MANACO SA; suscribió además de este, varios contratos de consignación (fs. 54 a 80) con la demandante Alicia Fabiola Rocha Cuenca en calidad de representante legal de la empresa unipersonal, cuyo objeto era la venta de mercadería en calidad de consignación de propiedad de MANACO SA y venderla a cambio de una comisión, contratos en el que en sus diversas cláusulas las partes acuerdan de forma voluntaria establecer el objeto del contrato, la naturaleza comercial del mismo, el alcance del trabajo, el plazo, la modalidad, términos, las obligaciones, la remuneración, la forma de pago, las causales de rescisión y la reserva correspondiente. Entendiendo que, por acuerdo entre partes, la empresa unipersonal estaba obligada a proporcionar a la empresa contratante la información requerida y las concusiones arribadas a cambio de una retribución, información que permitía establecer las ventas realizadas para realizar el pago de la comisión correspondiente, dependiendo este pago de la cantidad de ventas realizadas, no constituyendo el pago de un salario por el trabajo efectuado. Asimismo, el análisis del contrato suscrito establece el cumplimiento a las disposiciones tributarias las empresas consignataria a su cargo deben realizar la facturación por cada venta realizada, esto generado por las cargas al NIT aperturado por la empresa unipersonal, el cual se cumplen de forma separada e indistinta a las realizadas por MANACO SA, teniendo incluso un registro contable separado, lo cual también es corroborado por la declaración a confesión provocada cursante a fs. 483 a 485, efectuado por la demandante y los contratos suscritos entre las partes del proceso, estableciendo que la empresa unipersonal se manejaba de forma separada a la empresa contratante. Se debe considerar que la subordinación o dependencia en la relación de trabajo encuentra su fundamento en el hecho de que es el empleador, como dueño de la empresa, es quien organiza el capital y el trabajo a los fines de la producción; por esta razón, la ley le otorga la facultad y el poder de mando para encausar la actividad del trabajador, a fin que este cumpla los fines para el cual fue contratado; asimismo, el trabajo por cuenta ajena significa que el trabajador presta servicios por cuenta y encargo de otra persona, característica que en el presente caso no se ha establecido. Conforme al análisis realizado y las características que debe tener la relación laboral, no queda duda que las actividades efectuadas por la empresa representada por la demandante, como emergencia del acuerdo de voluntades no fue para establecer una relación de dependencia laboral que devengue la pretensión de pago de beneficios sociales; sino, una relación comercial jurídicamente limitada a la realización del servicio, por un tiempo determinado y por una retribución convenida en la comisión percibida. En consecuencia, el Tribunal de Alzada al determinar la existencia de una relación laboral, y confirmar la Sentencia emitida por el Juez de primera instancia, no ha considerado la naturaleza misma de los contratos suscritos, que no generan un vínculo laboral, enmarcando si a las previsiones del art. 1290 del CCo, que instruye: “La consignación es una forma de mandato por la cual una persona contrae la obligación de vender mercaderías u objetos a nombre y por cuenta de otra, previa la fijación de su precio o conforme se haya convenido.” Mientas que la remuneración se encuentra previsto en el art. 1291 del CCo, que señala: “El consignatario tiene derecho a una comisión cuya determinación tendrá como base: 1. El mayor precio obtenido en la venta con relación al precio fijado por el consignante, o 2. Un porcentaje sobre el valor de la venta, cuando el consignante le haya limitado la facultad de alterar el precio prefijado. A falta de estipulación expresa, se aplicará la usual en la plaza de ejecución de la operación y, en su defecto, la determinada por los peritos. Características que corresponden a la relación sostenida entre la actora y la empresa demandada; y que, desvirtúa la presunta exigencia de una relación laboral porque la normativa aplicada a los contratos suscritos entre las partes del proceso, es de consignación conforme a las obligaciones y derechos adquiridos, teniendo como base la obligación de la demandante de vender mercancía u objetos a nombre del demandado, conforme al precio fijado, a cambio de un derecho a comisión en porcentaje a las ventas realizadas, esto notoriamente establecido en los contratos cursantes de fs. 54 a 80 y de fs. 155 a 165. Por los fundamentos expuestos, se concluye en definitiva que el Tribunal de alzada incurrió en los errores de hecho y de derecho relacionados, al no considerar y valorar correctamente la prueba cursante a fs. 54 a 80 y 155 a 158, consistentes en los contratos de consignación de venta de mercadería y la confesión provocada de la demandante cursante de fs. 483 a 485, llegando a conclusiones equivocadas contrarias a la realidad, en infracción de los arts. 3-j), 150, 158, 179 del Código Procesal Laboral, relativos a la inversión y valoración de la prueba y presunciones legales. De lo expuesto anteriormente, fue objeto de análisis y criterio similar contenido en los Autos Supremos N° 766 de 2 de noviembre de 2019 y 45 de 29 de enero de 2020 que fueron emitidos por esta misma Sala en las resolviendo casos similares determinó: “A tal efecto, la actora al momento de la suscripción de los contratos comerciales lo hizo en calidad de representante legal, de la empresa CHIPANA BOZZO MARIA TERESA; consecuentemente la accionante desarrolló sus actividades enmarcada en lo establecido en los Arts. 1248, 1250, 1252, 1254, 1269, 1270, 1271 y siguientes del Código de Comercio. El contrato de consignación es una actividad netamente comercial y no posee las características esenciales del contrato de trabajo, como la subordinación y dependencia, la forma de pago es a comisión sobre venta”; lo señalado deja establecido que las condiciones analizadas no sustentan una relación laboral, por no contener las condiciones establecidas en los arts. 1 y 2 del DS N° 23570. Por todo lo expuesto, siendo evidente la infracción de normas y el error de hecho y de derecho en el que incurrió el Tribunal de Alzada en la valoración de las pruebas esenciales y decisivas para declarar improbada la demanda; por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 220 IV del CPC-2013, concordante con los arts. 271-2 y 273 del mismo cuerpo legal, aplicables por mandado de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista N° 141/2019 de 15 de julio, cursante de fs. 682 a 692, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y deliberando en el fondo declara IMPROBADA en todas sus partes la demanda de fs. 4 a 10, promovido por Alicia Fabiola Rocha Cuenca, con costas. Se regula el honorario profesional del abogado en Bs. 1.000 (Mil bolivianos 00/100) que manda a pagar la Juez de primera instancia” [sic. (fs. 27 a 30)].
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad, a la valoración de la prueba, y al trabajo; toda vez, que dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por su persona, contra MANACO S.A., las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, por el cual determinaron Casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y por consiguiente declarar improbada la demanda principal de pago de beneficios sociales, cometiendo las siguientes irregularidades: a) No realizaron un análisis pormenorizado de todas las cláusulas de los Contratos de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial, en especial de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera y Décima Octava, con las que se demuestra la existencia de una relación obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A.; b) Se apartaron de los principios de primacía de la realidad y de verdad material, y no aplicaron los precedentes jurisprudenciales del mismo Tribunal Supremo de Justicia, que en casos similares establecieron la existencia de una relación laboral, desestimando la existencia de contratos de consignación y civiles; c) No valoraron toda la prueba presentada, tampoco analizaron de forma integral todos los Contratos por las que se demuestra la existencia de la relación laboral obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A.; y, d) Haciendo una interpretación apartada de los principios en materia laboral, solamente se limitaron a justificar su decisión mencionando ciertos artículos del Código de Comercio, sin analizar la naturaleza y los alcances de una empresa comercial, violando los principios de primacía de la realidad y verdad material, para determinar la existencia de una relación obrero-patronal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela; por ello, se desarrollarán los siguientes temas: 1) El derecho a la fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos del debido proceso; 2) El principio de congruencia como componente del debido proceso; 3) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; 4) El régimen constitucional de protección al trabajo y el deber del Estado de protegerlo en todas sus formas; 5) Del principio de seguridad jurídica y su tutela cuando está vinculado a un derecho; 6) Del principio de verdad material; y, 7) Análisis del caso concreto.
En el entendido que la Norma Suprema reconoce al debido proceso en su triple dimensión (principio, derecho y garantía) como un derecho fundamental de los justiciables, el mismo está compuesto por un conjunto de elementos destinados a resguardar justamente los derechos de las partes dentro un proceso judicial o administrativo; así, en cuanto a los elementos fundamentación y motivación, que se encuentran vinculados directamente con las resoluciones pronunciadas por todos los operadores dentro la justicia plural prevista por la Norma Suprema, la SCP 1414/2013 de 16 de agosto, en su Fundamento Jurídico III.4, efectuó una precisión y distinción a ser comprendidos como elementos interdependientes del debido proceso, reflexionando que, la fundamentación es la obligación de la autoridad competente a citar los preceptos legales sustantivos y adjetivos, en los cuales se apoya la determinación adoptada, mientras que, la motivación, se refiere a la expresión de los razonamientos lógico-jurídicos sobre el porqué el caso se ajusta a la premisa normativa. En ese marco, la referida jurisprudencia constitucional, para sustentar su razonamiento, citó a la SC 1291/2011.R de 26 de septiembre, el cual expresó que:
“el fallo debe dictarse necesariamente con arreglo a derecho, esto es con la debida fundamentación que consiste en la sustentación de la resolución en una disposición soberana emanada de la voluntad general. Este requisito exige que e[l juez, a través del fallo haga públicas las razones que justifican o autorizan su decisión, así como las que la motivan, refiriéndonos al proceso intelectual fraguado por el juez en torno a las razones por las cuales, a su juicio, resultan aplicables las normas determinadas por él, como conocedor del derecho para la solución del caso a través de la cual el juzgador convence sobre la solidez de su resolución y a la sociedad en general le permite evaluar la labor de los administradores de justicia” (sic. [el resaltado nos corresponde]).
Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos humanos, en el Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, refirió que:
“77. La Corte ha señalado que la motivación ‘es la exteriorización de la justificación razonada que permite llegar a una conclusión’. El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. 78. El Tribunal ha resaltado que las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes art. 119.I CPE y una garantía de la administración de justicia, previniendo que los actos del proceso se ceñirán estrictamente a reglas formales de incuestionable cumplimiento. De esa triple dimensión, se desprende el debido proceso como derecho fundamental autónomo y como derecho fundamental indirecto o garantía, que a decir de Carlos Bernal Pulido en: El Derecho de los Derechos: "El derecho fundamental al debido proceso protege las facultades del individuo para participar en los procedimientos del Estado constitucional democrático y el ejercicio dentro del marco de dicho procedimiento de las facultades de hacer argumentaciones, afirmaciones, aportar pruebas, y las capacidades de rebatir los argumentos de los demás y de autocriticarse (…) es un mecanismo para la protección de otros derechos fundamentales en el estado democrático. El respeto a los debidos procesos garantiza en la democracia el respeto a la libertad, la igualdad, los derechos políticos o de participación y los derechos sociales" (sic) (…). 2 Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008 (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas).
debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Asimismo, la motivación demuestra a las partes que éstas han sido oídas y, en aquellos casos en que las decisiones son recurribles, les proporciona la posibilidad de criticar la resolución y lograr un nuevo examen de la cuestión ante las instancias superiores. Por todo ello, el deber de motivación es una de las ‘debidas garantías’ incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso” (sic.[las negrillas son adicionadas]). Bajo esa comprensión, corresponde complementar el presente acápite con los argumentos desarrollados por la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, que, al referirse a la fundamentación y motivación, precisó que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada, está dado por sus finalidades implícitas, que son las siguientes:
“(1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad…” (sic).
En ese contexto, las citadas reflexiones constitucionales, y reiteradas por la jurisprudencia, resultan aplicables a todos los operadores de justicia que emiten sus fallos mediante los cuales resuelven el fondo de los casos sometidos a su conocimiento; en ese antecedente, corresponde precisar que, conforme a la doctrina argumentativa, la argumentación como instrumento esencial de la autoridad que imparte justicia, tiene una transcendental finalidad, que es la justificación de la decisión, misma que está compuesta por dos elementos, que si bien tienen sus propias características que los distinguen y separan, empero son interdependientes al mismo tiempo dentro de toda decisión; así, dichos elementos de justificación son: la premisa normativa y la premisa fáctica, que obligatoriamente deben ser desarrollados en toda resolución; es decir, los fallos deben contener una justificación de la premisa normativa o fundamentación, y una justificación de la premisa fáctica o motivación. Bajo esa comprensión, es posible concluir en que, la fundamentación se refiere a labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación; asimismo, en cuanto a la justificación, conviene precisar que esta se define como un procedimiento argumentativo a través del cual se brindan las razones de la conclusión arribada por el juzgador. En ese entender, el debido proceso en el ejercicio de la labor sancionatoria del Estado, se encuentra reconocido por la Norma Suprema, como un derecho fundamental, una garantía constitucional, y un derecho humano, a través de los arts.115.II y 117.I de la CPE, art. 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), y art. 14 del Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y Políticos (PIDCP), lo cual conlleva a que, respecto la fundamentación y motivación, como elementos del referido debido proceso, las autoridades competentes deben ajustar su labor argumentativa a los principios y valores constitucionales y al bloque de constitucionalidad, cuyo resultado entre otros sea la obtención de decisiones justas y razonables, logrando al mismo tiempo el convencimiento en los justiciables; pero además, dejar de lado la arbitrariedad en las resoluciones.
El debido proceso se encuentra consagrado en nuestro orden constitucional en su art. 115.II, al establecer como deber del Estado, garantizar el debido proceso; asimismo, según la voluntad del constituyente, ninguna persona puede ser condenada sin ser oída y juzgada previamente en un debido proceso tal como se encuentra dispuesto en el art. 117.I de la Norma Suprema. Bajo esa comprensión constitucional, es pertinente señalar que la jurisprudencia constitucional concluyó que el debido proceso se ha constituido en una garantía general para asegurar la materialización del valor justicia, así como el proceso se constituye en un medio para asegurar, en la mayor medida posible la solución justa de una controversia; los elementos que marcan el contenido de esta garantía son: el derecho a un proceso público, derecho al juez natural, derecho a la igualdad procesal de las partes, derecho a no declarar contra sí mismo, garantía de presunción de inocencia, derecho a la comunicación previa de la acusación, derecho a la defensa material y técnica, concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa, derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas, derecho a la congruencia entre acusación y condena, la garantía del non bis in ídem, derecho a la valoración razonable de la prueba, derecho a la motivación y congruencia de las decisiones; los elementos mencionados, no agotan el contenido del debido proceso, puesto que en atención el principio de progresividad, pueden ser incorporados nuevos elementos que la jurisprudencia y doctrina vaya desarrollando. En ese marco, respecto al principio de congruencia como parte esencial del debido proceso, esta instancia constitucional comprendió que la congruencia consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; empero, esta idea general no es limitativa 3 La jurisprudencia constitucional expresada en la SC 0902/2010-R de 10 de agosto, refiere respecto a los elementos que componen a la garantía general del debido proceso en los siguientes términos: “En consonancia con los tratados internacionales citados, a través de la jurisprudencia constitucional se ha establecido que los elementos que componen al debido proceso son el derecho a un proceso público; derecho al juez natural; derecho a la igualdad procesal de las partes; derecho a no declarar contra si mismo; garantía de presunción de inocencia; derecho a la comunicación previa de la acusación; derecho a la defensa material y técnica; concesión al inculpado del tiempo y los medios para su defensa; derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas; derecho a la congruencia entre acusación y condena; la garantía del non bis in idem; derecho a la valoración razonable de la prueba; derecho a la motivación y congruencia de las decisiones (SSCC 0082/2001-R, 0157/2001-R, 0798/2001-R, 0925/2001-R, 1028/2001-R, 1009/2003-R, 1797/2003-R, 0101/2004-R, 0663/2004-R, 022/2006-R, entre otras); sin embargo, esta lista en el marco del principio de progresividad no es limitativa, sino más bien enunciativa, pues a ella se agregan otros elementos que hacen al debido proceso como garantía general y que derivan del desarrollo doctrinal y jurisprudencial de este como medio para asegurar la realización del valor justicia, en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Opinión Consultiva OC-16/99 de 1 de octubre de 1999, ha manifestado: "En opinión de esta Corte, para que exista "debido proceso legal" es preciso que un justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad procesal con otros justiciables. Al efecto, es útil recordar que el proceso es un medio para asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia. A ese fin atiende el conjunto de actos de diversas características generalmente reunidos bajo el concepto de debido proceso legal. El desarrollo histórico del proceso, consecuente con la protección del individuo y la realización de la justicia, ha traído consigo la incorporación de nuevos derechos procesales. (…) Es así como se ha establecido, en forma progresiva, el aparato de las garantías judiciales que recoge el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al que pueden y deben agregarse, bajo el mismo concepto, otras garantías aportadas por diversos instrumentos del Derecho Internacional" (las negrillas son nuestras). Así configurado, es preciso recordar que el derecho y garantía genérica del debido proceso no se restringe en su aplicación al ámbito jurisdiccional solamente, sino que es extensiva a cualquier procedimiento en el que deba determinarse una responsabilidad (SSCC 0042/2004 y 1234/2000-R entre otras)”. 4 La SC 0486/2010-R de 5 de julio, en su F.J. III.4.1, señaló que: “De esa esencia, deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. De otra parte, respecto de la congruencia como principio constitucional en el proceso civil, se indica que: “…la congruencia ha venido clasificada en diversos tipos o categorías que nos interesa anotar a los fines que se seguirán, y así es moneda corriente hablar en doctrina de incongruencia “ultra petita” en la que se incurre si el Tribunal concede “extra petita” para los supuestos en que el juzgador concede algo distinto o fuera de lo solicitado por las partes; “citra petita”, conocido como por “omisión” en la que se incurre cuando el Tribunal no se pronuncia sobre alguno de los pedimentos que le han sido planteados, etc.” (Principios Constitucionales en el Proceso Civil, Consejo General del Poder Judicial, El deber Judicial de Congruencia como Manifestación del Principio Dispositivo y su Alcance Constitucional, Madrid 1993, Mateu Cromo, S.A., Pág. 438). Es decir que, en segunda instancia, pueden darse casos de incongruencia “ultra petita” en los que el juez o tribunal decide cuestiones que han quedado consentidas y que no fueron objeto de expresión de agravios (extra petita); y cuando omite decidir cuestiones que son materia de expresión de agravios por el apelante (citra petita).
respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; en tal caso, debe quedar claro que, la congruencia implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y argumentos contenidos en la resolución. Consecuentemente, es posible concluir que, la congruencia como componente esencial de las resoluciones judiciales debe ser comprendida desde dos acepciones:
i. La congruencia externa, la cual se debe entender como el principio rector de toda determinación judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y resolución) y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; dicho de otro modo, el juzgador no puede incurrir en incongruencia ultra petita al conceder o atender algo no pedido; tampoco puede incurrir en incongruencia extra petita al conceder algo distinto o fuera de lo solicitado; y, menos incidir en incongruencia citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. ii. La congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, en la que se debe cuidar el hilo conductor que le dota de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva; evitando de esta forma que, en una misma resolución existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. El principio de congruencia, responde a la pretensión jurídica o la expresión de agravios formulada por las partes; la falta de relación entre lo solicitado y lo resuelto, contradice el principio procesal de congruencia; la resolución de primera y/o segunda instancia, debe responder a la petición de las partes y de la expresión de agravios, constituyendo la pretensión jurídica de primera y/o segunda instancia”. 5 La SCP 0055/2014 de 3 de enero en su F.J. III.2.2, estableció que: “La congruencia de las resoluciones judiciales integra los componentes del debido proceso. En ese contexto, a partir de una concepción doctrinal, su análisis se orienta desde dos acepciones: externa, entendida como principio rector de toda resolución judicial, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes (demanda, respuesta e impugnación y respuesta) y lo resuelto por las autoridades judiciales, sin que el juzgador tome en cuenta aspectos ajenos a la controversia; interna, porque entendida la resolución como una unidad congruente, en ella se debe cuidar un hilo conductor que le dote de orden y racionalidad, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos y los efectos de la parte dispositiva; es decir, se pretenden evitar que, en una misma resolución no existan consideraciones contradictorias entre sí o con el punto de la misma decisión. En ese sentido, la uniforme jurisprudencia constitucional, a través de la SC 1494/2011-R de 11 de octubre, señaló: “…la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa, y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva: sino que además, debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos contenidos en la resolución. La concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, (…). En base a esas consideraciones, es que quien administra justicia, emitirá fallos motivados, congruentes y pertinentes. (…). De lo expuesto se confirma, que el órgano encargado de dictar la resolución, debe circunscribir su fallo a lo peticionado y no resolver más allá de lo pedido, que sería un pronunciamiento ultra petita, o, conceder algo distinto a lo solicitado por las partes, conocido en doctrina procesal como un pronunciamiento extra petita”. En el mismo sentido, la SC 0863/2003-R de 25 de junio, precisó que: “…el juez o tribunal ad quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”, entendimiento reiterado en las SSCC 1009/2003-R, 1312/2003-R y 0358/2010-R. Posteriormente, respecto a la pertinencia de las resoluciones pronunciadas por autoridades judiciales de segunda instancia, la SC 0358/2010-R de 22 de junio, puntualizó: “…implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la
Sobre esta línea jurisprudencial esta Magistratura, efectuó un cambio de razonamiento, a partir de la SCP 0307/2020-S1 de 12 de agosto, sustentado en el apego a la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial con estándar más alto (Fundamento Jurídico III.2), entendido este, como aquella interpretación a través de la cual este Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió un problema jurídico de forma más progresiva, que permita efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución Política del Estado y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, cuya identificación se la realiza a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, y una vez detectada es obligación del juzgador vincularse al estándar más alto; bajo esa comprensión y razonamientos que además están contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2233/2013 de 16 de diciembre y 0087/2014-S3 de 27 de octubre, bajo ese entendido la SCP 0307/2020-S1 iniciando ese análisis integral de la línea jurisprudencial respecto a la valoración de la prueba en sede constitucional, comenzó citando a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0092/2018-S1, 0343/2018-S1, 0526/2018-S1, 0615/2018-S1, 0640/2018-S1 y 1021/2019-S1, en las cuales esta Magistratura fue asumiendo una línea de carácter restrictivo, por cuanto determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. En esa misma línea, la SC 2017/2010-R de 9 de noviembre, señaló: “…la pertinencia entre el recurso de apelación, resolución apelada y lo resuelto en el auto de vista, es una condición esencial para asegurar a los justiciables que en la decisión de su recurso los superiores en grado tienen delimitado su campo de acción para emitir su resolución, limite que se expresa precisamente en la fundamentación de agravios prevista por el art. 227 del Código de Procedimiento Civil (CPC), como por el contenido de lo resuelto en la sentencia apelada, marco del cual el tribunal de alzada no puede apartarse”. Estos razonamientos fueron reiterados posteriormente en la SCP 0037/2012 de 26 de marzo y, desarrollados ampliamente en la SCP 1111/2012 de 6 de septiembre”. 6“…los únicos supuestos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la valoración realizada por dichas autoridades: 1) Cuando en dicha valoración exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir y 2) Cuando se haya omitido arbitrariamente valorar la prueba y su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir en el primer supuesto cuando en la labor valorativa se apartan del procedimiento establecido valorando arbitraria e irrazonablemente y en el segundo, que actuando arbitrariamente no se haya procedido a la valoración de la prueba, por cuya omisión se vulneren derechos y garantías fundamentales. (…) En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo) lo siguiente: Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado. Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente si bien se establecía, que de manera excepcional la jurisdicción constitucional podía revisar la labor probatoria desarrollada en las distintas jurisdicciones ordinarias; empero, condicionaba su apertura a exigencias que los justiciables debían cumplir, teniendo así a la SC 0965/2006-R de 2 de octubre que señala:
….qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas…” ….en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final… (las negrillas nos pertenecen) Exigencias que al no ser cumplidas de manera expresa, generaba que esta vía constitucional se vea impedida de realizar esa revisión excepcional de la labor valorativa efectuada por los jueces o tribunales ordinarios, derivando en la denegación de la tutela y por ende se vea restringido el real acceso a la justicia constitucional; así, la citada SCP 0307/2020-S1 reflexionó que tales condicionamientos no guardaban armonía con los principios y valores consagrados en la Constitución Política del Estado y que en atención precisamente al mandato constitucional conferido en el art. 196 de la Norma Fundamental, por el cual este Tribunal Constitucional Plurinacional tiene la misión de velar por la supremacía de la Constitución Política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad en resguardo y protección de los derechos y garantías fundamentales -los cuales gozan de igual jerarquía-, así como de los principios y valores; teniendo entre otros, al principio de progresividad, que identificó una segunda línea jurisprudencial que contiene una interpretación más amplia y favorable de los derechos que garantiza el ejercicio legítimo de los mismos, que en este solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión” (negrillas agregadas). 7“En ese antecedente, y considerando la misión constitucional conferida al Tribunal Constitucional Plurinacional otorgada por el constituyente mediante el art. 196.I de la CPE, esta instancia de control constitucional y garante de los derechos fundamentales, tiene la misión de ejercer una labor hermenéutica en los diferentes tipos de control constitucional, como el tutelar en su función revisora de casos remitidos por los jueces y tribunales de garantías; en esa ruta, se tiene que, conforme se describió precedentemente, la jurisprudencia constitucional, estableció que excepcionalmente, se podría efectuar una función revisora de la actividad probatoria de las diferentes jurisdicciones; empero, condicionado a que las o los accionantes señalen concretamente y de forma precisa qué pruebas fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad, o cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; y, señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final.”
caso tiene que ver con el debido proceso en su elemento de valoración de la prueba. En tal sentido, citó a la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, fallo constitucional en el cual, a través de una contextualización de la línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, señaló que el Tribunal desde sus inicios, fue estableciendo presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, bajo el criterio que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; dichos presupuestos, fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R que exigía al accionante i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; refirió que posteriormente, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, estableció los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades; a) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento; estableciendo además, la relevancia constitucional al exigir que el accionante debe demostrar la lógica consecuencia de que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba, le ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales. Así, establecidos tanto los supuestos de procedencia de revisión de valoración, como los presupuestos para efectuar la revisión de la misma, la citada SCP 0297/2018-S2 continuando con ese análisis dinámico, señaló que esa línea jurisprudencial fue modulada por la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que eliminó el requisito de la carga argumentativa, que se exigía para el análisis de fondo de la problemática en cuanto a la valoración de la prueba, señalando que:
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a:
…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…
Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
Bajo tales razonamientos y luego de un análisis e interpretación de los entendimientos contenidos en dichos fallos que fueron generando línea jurisprudencial en cuanto a la valoración de la prueba en sede constitucional, la tantas veces reiterada sentencia constitucional concluyó 9 La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre. Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes. Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
que la revisión de la labor valorativa efectuada por la jurisdicción ordinaria se efectuará bajo los siguientes criterios:
1) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas.
2) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: 2.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 2.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación. 3) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y,
4) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Criterios que fueron acogidos por esta relatoría en la ya mencionada SCP 0307/2020-S1, al considerar que la SCP 0297/2018-S2 se constituye en el estándar más alto, al haber también asumido un entendimiento más favorable como el contenido en la SCP 0410/2013 de 27 de marzo, que al eliminar la carga argumentativa como exigencia para que esta jurisdicción efectué la revisión excepcional de la labor valorativa realizada por los jueces y tribunales ordinarios, posibilitó a este Tribunal garantizar un efectivo acceso a la justicia constitucional en resguardo de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; razones por las cuales, esta Magistratura determinó ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales consagrados en los arts. 13.I y 256.I de la CPE.
Finalmente, en el marco de todo lo descrito, la SCP 0307/2020-S1 que se describe, concluyó que, esta instancia constitucional se encuentra habilitada para efectuar la revisión de la actividad probatoria de otras jurisdicciones sin necesidad de exigir el cumplimiento de presupuestos como:
a) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, b) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final, argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad; En esa labor el juez constitucional debe considerar los siguientes criterios: Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.
La consolidación de un Estado Social y Democrático de Derecho tuvo como una de sus características esenciales, la consagración del derecho al trabajo digno, que en nuestro caso se encuentra reconocido expresamente en el art. 46.I.1 de la CPE, como el derecho al trabajo digno, para cuyo alcance, resulta pertinente citar el entendimiento formulado en la jurisprudencia constitucional respecto a este derecho, como “la potestad o facultad que tiene toda persona a encontrar y mantener una ocupación que le permita asegurar su propia subsistencia y la de aquellos que se encuentran bajo su dependencia”. En sintonía con la norma fundamental, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el “Protocolo de San Salvador” establece en su art. 6:
1. Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del desempeño de una actividad lícita libremente escogida o aceptada. 2. Los Estados partes se comprometen a adoptar las medidas que garanticen plena efectividad al derecho al trabajo, en especial las referidas al logro del pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los minusválidos. Los Estados partes se comprometen también a ejecutar y a fortalecer programas que coadyuven a una adecuada atención familiar, encaminados a que la mujer pueda contar con una efectiva posibilidad de ejercer el derecho al trabajo. Este derecho se encuentra armónicamente complementado con el derecho a una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias, reconocido en el num. 2 de la citada norma fundamental; a decir de la jurisprudencia constitucional expresada en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, sobre la citada base normativa, el desarrollo legislativo y reglamentario en materia social en general y laboral en particular, generó un cuerpo o estructura normativa que está destinado:
… en lo fundamental a proteger a las trabajadoras y trabajadores del país contra el despedido arbitrario del empleador sin que medie circunstancias atribuidas a su conducta o desempeño laboral, que de acuerdo a nuestra legislación se las denomina causas legales de retiro, prevaleciendo el principio de la continuidad de la relación laboral, viabilizando la reincorporación de la trabajadora o trabajador a su fuente de trabajo o el pago de una indemnización, conforme nuestra legislación vigente . La citada jurisprudencia constitucional enfatizó respecto al derecho fundamental a la estabilidad laboral, estableciendo su alcance y contenido en los siguientes términos:
… en definitiva tiende a otorgar un carácter permanente a la relación laboral generando en el trabajador seguridad, paz y confianza para el adecuado desempeño de sus funciones, sin la presión que ejerce sobre la conciencia de la persona de ser despedido de su trabajo arbitrariamente y muchas veces sólo por el capricho de los que ostentan temporalmente el poder o dirección de una entidad laboral; sin que esto implique que el trabajador no cumpla debidamente las obligaciones para las que fue contratado; de donde resulta que en todo Estado de Derecho se busca alcanzar esta meta reafirmando los principios de estabilidad e inamovilidad funcionaria como regla y como excepción el despido justificado; en nuestra legislación laboral por una de las causales establecidas en el art. 16 de la LGT, o en su caso en los reglamentos internos de cada entidad laboral. En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizando una interpretación progresiva de los derechos económicos y sociales dispuesto en el art. 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Sentencia de 31 de agosto de 2017 del Caso Lagos del Campo vs. Perú, ha expresado al respecto que:
… las obligaciones del Estado en cuanto a la protección del derecho a la estabilidad laboral, en el ámbito privado, se traduce en principio en los siguientes deberes: a) adoptar las medidas adecuadas para la debida regulación y fiscalización de dicho derecho; b) proteger al trabajador y trabajadora, a través de sus órganos competentes, contra el despido injustificado; c) en caso de despido injustificado, remediar la situación (ya sea, a través de la reinstalación o, en su caso, mediante la indemnización y otras prestaciones previstas en la legislación nacional). Por ende, d) el Estado debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una situación de despido injustificado, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva de tales derechos (infra, párrs. 174, 176 y 180). Cabe precisar que la estabilidad laboral no consiste en una permanencia irrestricta en el puesto de trabajo, sino de respetar este derecho, entre otras medidas, otorgando debidas garantías de protección al trabajador a fin de que, en caso de despido se realice éste bajo causas justificadas, lo cual implica que el empleador acredite las razones suficientes para imponer dicha sanción con las debidas garantías, y frente a ello el trabajador pueda recurrir tal decisión ante las autoridades internas, quienes verifiquen que las causales imputadas no sean arbitrarias o contrarias a derecho Glosando las citas constitucionales, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede concluirse que en virtud al derecho a la estabilidad laboral, el trabajador tiene la facultad de conservar su lugar de trabajo, en tanto no existan las causas que la ley establece para justificar su despido, previo cumplimiento de un debido proceso; en tanto, conlleva para el Estado, el cumplimiento del deber de protección de la estabilidad laboral. Para complementar este sistema normativo de protección al trabajador, es preciso agregar el deber de protección al ejercicio del trabajo en todas sus formas (art. 46.II) y el deber de proteger la estabilidad laboral (art. 49.III), que la norma fundamental le impone al Estado, en correspondencia con la prohibición del despido injustificado y toda forma de acoso laboral, prescrita en esta última norma constitucional, de tal modo que el Estado tiene que adoptar las medidas necesarias para garantizar la efectividad de estos derechos, en sus diferentes ámbitos y niveles.
Conforme el nuevo modelo constitucional la seguridad jurídica es concebido como un principio rector del ordenamiento jurídico, a través del cual -entre otros principios- se busca la eficacia y materialización de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por esa labor importante que cumplen los principios, el Tribunal Constitucional Plurinacional como máximo intérprete de la Constitución, al tener la potestad exclusiva de ejercer el control de constitucionalidad, cuyo propósito es la protección efectiva e idónea de los derechos fundamentales de las personas, pronunció la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, que se constituye en la sentencia primigenia al establecer que el principio de seguridad jurídica si puede ser tutelable cuando este, se encuentre vinculado con un derecho fundamental o garantía constitucional; entendimiento que fue seguido y reforzado por la SCP 0096/2012 de 19 de abril, que contrariamente a otros criterios asumidos en distintos fallos constitucionales que sostienen que los principios no son tutelables a través del recurso o acción de amparo constitucional, que tiene por finalidad la protección de derechos fundamentales; la citada SCP 0096/2012 entendió que sí es posible la protección de los principios cuando se advierta la vinculación con derechos fundamentales o garantías constitucionales, señalando al efecto que:
“…en función al contenido del art. 128 de la CPE, se precisó que este medio de defensa tutela derechos fundamentales y garantías constitucionales reconocidos en el texto constitucional y en las leyes; pero además, en Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país (art. 410.II). Delimitación que de manera taxativa, restringe la protección de ese medio de defensa de forma directa o aislada a principios constitucionales, en el entendido que contiene características sustancialmente distintas con relación a los derechos fundamentales.
14 En su F.J. III.4, señalo: “En consecuencia, si bien es evidente que la Alcaldía Municipal de La Paz, resguardó garantías constitucionales de la accionante y sus hermanos al emitir la Ordenanza Municipal que declaró la necesidad y utilidad pública y dispuso la expropiación, sujetando dicho trámite a un procedimiento administrativo, no es menos cierto que ese resguardo fue parcial, al incumplir la condición prevista por la Constitución Política del Estado, como es la de pagar previamente la indemnización justa, lesionando el derecho propietario de la actora y atentando contra el principio a la seguridad jurídica, invocado por la accionante como un derecho, pero que en el marco de la Constitución Política del Estado, constituye un principio rector del ordenamiento jurídico y que emana del Estado de Derecho, conforme lo señala la doctrina: “La seguridad jurídica debe hacer previsible la actuación estatal para el particular, tal actuación debe estar sujeta a reglas fijas. La limitación del poder estatal por tales reglas, es decir leyes, cuya observancia es vigilada por la justicia, es contenido especial del principio de estado de derecho” (Torsten Stein. Seguridad Jurídica y Desarrollo Económico. FKA) En efecto, la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad.”
Ahora bien, el art. 178 de la Norma Fundamental, reconoce a la seguridad jurídica como un principio constitucional, sobre el cual se sustenta la potestad de impartir justicia, así lo entendió la SC 0070/2010-R de 3 de mayo, al afirmar: '…la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad´ Razonamiento que nos lleva a concluir que a través de los principios y valores contenidos en la norma fundamental, se busca la eficacia máxima de los derechos fundamentales y garantías constitucionales; por cuanto, su resguardo sólo podrá hacerse efectiva cuando se advierta su vinculación con un derecho fundamental objeto de tutela constitucional.” (El resaltado es nuestro).
En ese marco, se entiende que el principio de seguridad jurídica, cuya aplicación garantiza la estabilidad y continuidad del orden jurídico, así como la previsibilidad de la actuación estatal en su relación con el ciudadano, se constituye en un principio estructurador del Estado de Derecho; consecuentemente, su resguardo constitucional ante su inobservancia o irrespeto que afecte un derecho fundamental, podrá hacerse efectiva a través de la acción de amparo constitucional.
En relación a este principio, debe considerarse que tuvo su raigambre a partir de su inclusión en nuestra Norma Suprema, siendo su art. 180.I que determina: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, eficacia, eficiencia, accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el juez” (negrilla agregada). Así, en relación al principio verdad material, este Tribunal Constitucional Plurinacional en su SC 0713/2010-R de 26 de julio, señaló que el mismo comprende:
“…la obligación del juzgador, al momento de emitir sus resoluciones, de observar los hechos tal como se presentaron y analizarlos dentro de los acontecimientos en los cuales encuentran explicación o que los generaron; de ello, se infiere que la labor de cumplimiento de este principio, refiere a un análisis de los hechos ocurridos en la realidad, anteponiendo la verdad de los mismos antes que cualquier situación, aunque, obviamente, sin eliminar aquellas formas procesales establecidas por la ley, que tienen por finalidad resguardar derechos y garantías constitucionales.
El ajustarse a la verdad material, genera la primacía de la realidad de los hechos sobre la aparente verdad que pueda emerger de los documentos; aplicando este principio, debe prevalecer la verificación y el conocimiento de éstos, sobre el conocimiento de las formas. En ese contexto, el régimen de nulidades, estará subordinado únicamente a la violación de derechos o garantías constitucionales; y en consecuencia, la inobservancia de las formalidades que no vulnere derechos o garantías constitucionales, tendrá menos relevancia que justifique una declaratoria de nulidad a momento de realizar el trabajo de valoración de la actividad procesal que adolezca de algún defecto formal. El principio consagrado por la Constitución Política del Estado, exige además a los litigantes y a los abogados que los patrocinan, lealtad procesal e idoneidad profesional, debida precisamente a que sus actuaciones y pretensiones deben encontrar pleno respaldo en la realidad fáctica.”
A partir de la comprensión del principio de verdad material, se fue forjando la justicia material frente a la formal, en tal sentido, la SC 2769/2010-R de 10 de diciembre, estableció:
“El principio de prevalencia de las normas sustanciales implica un verdadero cambio de paradigma con el derecho constitucional y ordinario anterior, antes se consideraba el procedimiento como un fin en sí mismo, desvinculado de su nexo con las normas sustanciales, en cambio, en el nuevo derecho constitucional, las garantías del derecho procesal se vinculan imprescindiblemente a la efectividad del derecho sustancial, puesto que no se trata de agotar ritualismos vacíos de contenido o de realizar las normas de derecho sustancial de cualquier manera.” (…) “El principio de prevalencia del derecho sustancial o material sobre el formal, está consagrado en el art. 180.I de la CPE, como uno de los principios de la justicia ordinaria, el de "verdad material", aclarando que este principio es aplicado en todas las jurisdicciones, inclusive en la justicia constitucional.”
En igual sentido, la SCP 0144/2012 de 14 de mayo, indicando que el sistema de administración de justicia nacional es un medio para acceder a los valores constitucionales, el cual propende a buscar la solución de fondo obviando nulidades que obedezcan a meros formalismos o ritualismos procesales. La SCP 1662/2012-S1 de 1 de octubre, reiterando los entendimientos contenidos en las SC 2769/2010 y la SCP 0144/2012 que fueron citadas en párrafos anteriores, concluyó y puntualizó que:
…se debe puntualizar que el principio de verdad material consagrado por la propia Constitución Política del Estado, corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material, como se desprende de lo estipulado por el art. 1 de la CPE, por lo que, debe garantizarse que las decisiones de las autoridades jurisdiccionales a cargo del proceso, sean producto de apreciaciones jurídicas, procurando la resolución de fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia; pues si bien, las normas adjetivas prevén métodos y formas que aseguren el derecho a la igualdad de las partes procesales, para garantizar la paz social evitando cualquier tipo de desorden o caos jurídico; sin embargo, los mecanismos previstos no pueden ser aplicados por encima de los deberes constitucionales, como es la de otorgar efectiva protección de los derechos constitucionales y legales, accediendo a una justicia material y por lo tanto, verdaderamente eficaz y eficiente. Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez. Consecuentemente, a partir del entendimiento desarrollado en la SCP 1662/2012, que se constituye en el precedente constitucional en vigor, se tiene que el principio de prevalencia del derecho sustancial respecto al formal, se vincula con el principio de verdad material, por los cuales se busca el reconocimiento de que las finalidades superiores de la justicia no puedan resultar sacrificadas por reglas procesales o consideraciones de forma, que no son estrictamente indispensables para el fondo de los casos
La parte accionante denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en sus elementos de fundamentación, motivación y congruencia, a la igualdad, a la valoración de la prueba, y al trabajo; toda vez, que dentro del proceso laboral de pago de beneficios sociales, seguido por su persona, contra MANACO S.A., las autoridades ahora demandadas emitieron el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, por el cual determinaron Casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y por consiguiente declarar improbada la demanda principal de pago de beneficios sociales, cometiendo las siguientes irregularidades: 1) No realizaron un análisis pormenorizado de todas las cláusulas de los Contratos de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial, en especial de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera y Décima Octava, con las que se demuestra la existencia de una relación obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A.; 2) Se apartaron de los principios de primacía de la realidad y de verdad material, y no aplicaron los precedentes jurisprudenciales del mismo Tribunal Supremo de Justicia, que en casos similares establecieron la existencia de una relación laboral, desestimando la existencia de contratos de consignación y civiles; 3) No valoraron toda la prueba presentada, tampoco analizaron de forma integral todos los Contratos por las que se demuestra la existencia de la relación laboral obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A.; y, 4) Haciendo una interpretación apartada de los principios en materia laboral, solamente se limitaron a justificar su decisión mencionando ciertos artículos del Código de Comercio, sin analizar la naturaleza y los alcances de una empresa comercial, violando los principios de primacía de la realidad y verdad material, para determinar la existencia de una relación obrero-patronal.
De los antecedentes que se encuentran descritos en las conclusiones de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; se tiene que el 1 de octubre de 2004, Alicia Fabiola Rocha Cuenca -ahora impetrante de tutela-suscribió un Contrato de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial junto a MANACO S.A., misma que fue modificada por un adendum de 15 de abril de 2005, y ratificadas por los Contrato de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial de 17 de julio de 2006; 29 de noviembre del mismo año; 26 de junio de 2012; 24 de octubre de 2013; y, 2 de septiembre de 2014, posteriormente, el Juzgado de Partido del Trabajo y Seguridad Social de Quillacollo del departamento de Cochabamba, emitió el 12 de junio de 2017 la Sentencia 47/2017, por el que declaró probada la demanda de pago de beneficios sociales iniciada por la accionante, ordenando a MANACO S.A. cancelar en favor de ésta la suma de bs291 156.- (Doscientos noventa y un mil ciento cincuenta y seis bolivianos), determinación que fue apelada el 28 de junio de 2017, y contestada de forma negativa por la accionante el 9 de agosto del mismo año; por lo que, por Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, confirmó en todas sus partes la Sentencia del Tribunal de alzada, resolución que fue objeto de impugnación por parte de MANACO S.A. a través del recurso de casación de 9 de septiembre de 2019, lo que derivó a que la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia emita el Auto Supremo 199 el 20 de marzo de 2020, en la que determinaron casar el Auto de Vista referido, y declarar improbada la demanda de pago de beneficios sociales, al dictaminar que entre la impetrante de tutela y MANACO S.A. no existía una relación laboral, sino un contrato comercial (Conclusiones II.1, II.2, II.3, II.4, II.5 y II.6).
En ese orden de ideas, contextualizada la problemática, corresponde a este Tribunal analizar y verificar si las denuncias realizadas por parte de la peticionante de tutela, son evidentes o no, con el fin de otorgar resguardo a sus derechos fundamentales supuestamente conculcados por parte de los demandados, realizando a continuación el respectivo examen. La accionante considera lesionado sus derechos fundamentales descrito supra, ya que considera que el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020 emitida por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, carece de la debida fundamentación, motivación y congruencia, al momento de casar el Auto de Vista 141/2015 de 15 de julio, y consiguientemente declarar improbada la demanda principal de pago de beneficios sociales, considerando de igual forma que no se realizó una debida valoración probatoria, con la que demostró que entre su persona y MANACO S.A. existía una relación laboral, actuando en forma contradictoria con la línea jurisprudencial elaborada por el mismo Tribunal Supremo, que en casos similares al suyo, declararon la existencia de una relación obrero-patronal que fue hábilmente encubierta por supuestos contratos comerciales o civiles, actuando en contra de los principios de primacía de la realidad y de verdad material, denuncias que se las analizará de forma separada, de la siguiente manera: i. Respecto a la primera problemática
La accionante denuncia que las autoridades demandadas no realizaron un análisis pormenorizado de todas las cláusulas de los Contratos de Consignación de Mercaderías y Uso de Nombre Comercial, en especial de las Cláusulas Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, Octava, Décima Primera y Décima Octava, con las que se demuestra la existencia de una relación obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A. En este punto, en la intención de realizar un análisis ordenado del Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, en primer término, se analizará lo relacionado con la congruencia de la resolución demandada; por lo que, a ese efecto, corresponde identificar los agravios planteados por la peticionante de tutela, en ese orden de ideas, se desprende de la Conclusión II.5 de esta Resolución Constitucional, que MANACO S.A. -ahora tercero interesado-, planteó el recurso de casación contra el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, pretensión que fue corrida en traslado a la parte accionante por Decreto de 10 de septiembre de 2019 (fs. 159), la cual fue puesta a conocimiento de la impetrante de tutela el 19 del mismo mes y año; empero, la prenombrada no contestó a dicho recurso, por lo mismo no argumentó agravio alguno, ya que el referido Auto de Vista 141/2019 fue pronunciado a favor de las pretensiones de la accionante. Conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional referido a la congruencia de las resoluciones como parte esencial del debido proceso, que consiste en la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto; que no es limitativa respecto de la coherencia que debe tener toda resolución, ya sea judicial o administrativa; que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, manteniendo en todo su contenido una correspondencia a partir de un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerados y argumentos contenidos en la resolución; debiendo ser comprendida como congruencia externa, que exige la plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades judiciales; lo cual, conlleva una prohibición para el juzgador o autoridad administrativa, y es lo relacionado a considerar aspectos ajenos a la controversia, limitando en consecuencia su consideración y tratamiento a cuestionamientos únicamente deducidos por las partes; y congruencia interna, que hace a la resolución como una unidad coherente, desde la parte considerativa de los hechos, la identificación de los agravios, la valoración de los mismos, la interpretación de las normas y los efectos de la parte dispositiva. Bajo ese marco, conforme a los antecedentes se puede entrever que la accionante no contestó el recurso de casación interpuesto por la empresa MANACO S.A., por lo cual, no es posible realizar una contrastación entre el Auto Supremo demandado con los agravios de la impetrante de tutela, ya que no existe materia para dicho análisis, estando impedido este Tribunal de ingresar a analizar el fondo de dicha denuncia, correspondiendo denegar la tutela solicitada, aclarando que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática respecto a la congruencia. Ahora bien, conforme a la problemática planteada es pertinente señalar lo expresado en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, que refiere que la fundamentación consiste a la labor argumentativa desarrollada por la autoridad competente en el conocimiento y resolución de un caso concreto, en el cual está impelido de citar todas las disposiciones legales sobre las cuales justifica su decisión; pero además, y, en casos específicos, en los cuales resulte necesario una interpretación normativa, tiene la obligación efectuar dicha labor, aplicando las pautas y métodos de la hermenéutica constitucional, en cuya labor, los principios y valores constitucionales aplicados, se constituyan en una justificación razonable de la premisa normativa; por su parte, la motivación, está relacionada a la justificación de la decisión a través de la argumentación lógico-jurídica, en la cual se desarrollan los motivos y razones que precisan y determinan los hechos facticos y los medios probatorios que fueron aportados por las partes, mismos que deben mantener una coherencia e interdependencia con la premisa normativa descrita por la misma autoridad a momento de efectuar la fundamentación. En ese orden de cosas, es necesario realizar el análisis acerca del cumplimiento de los requisitos de fundamentación y motivación con las que debe contar el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020; así tenemos, que conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, las autoridades demandadas a momento de pronunciar el antedicho Auto Supremo determinaron casar el Auto de Vista 141/2015 de 15 de julio, y consiguientemente declarar improbada la demanda principal de pago de beneficios sociales, bajo los siguientes argumentos:
“La lectura del recurso de casación permite establecer que la problemática radica en determinar si existe o no una relación laboral entre las partes del proceso en base a los contratos suscritos, la confesión provocada de la demandante y literales adjuntas, en este entendido, previamente se establece que el art. 1 del Decreto Supremo (DS) N° 23570 estableció: “De conformidad al Art. 1ro. de la Ley General del Trabajo que determina, de modo general, los derechos y obligaciones emergentes de trabajo asalariado, constituyen características esenciales de la relación laboral: a) La relación de dependencia y subordinación del trabajador respecto del empleador; b) La prestación de trabajo por cuenta ajena; y, c) La precepción de remuneración o salario en cualquiera de sus formas de manifestación. Teniendo además que los derechos y beneficios sociales que surgen de la relación laboral se encuentra protegidas por el art.48 de la Constitución Política del Estado (CPE). Conforme a la normativa expuesta y a los antecedentes del caso, se considerará si existe o no relación laboral en el caso; en ese entendido, del examen de los antecedentes del proceso, se establece que el contrato de consignación presume la naturaleza comercial y determina la inexistencia de relación laboral; esto porque no existe dependencia y subordinación de la representante de la empresa unipersonal de propiedad de Alicia Fabiola Rocha Cuenca respecto del contratante MANACO SA, estableciéndose que no necesariamente está sujeto a un horario determinado, ni el trabajo debe ser desarrollado exclusivamente por la contratada porque el desarrollo de las actividades pactadas puede ser desarrollarlo personalmente o con la asistencia de terceros (dependientes de la demandante), características que la diferencian del contrato de trabajo, porque el trabajador presta sus servicios al empleador con exclusividad y subordinación por una remuneración fija; entendiendo que, si bien la contratada tiene la obligación de cumplir el contrato suscrito; empero, éste no limita a que las funciones puedan ser delegadas a un tercero, lo que desvirtúa la subordinación y dependencia directa con MANACO SA. Sobre la denuncia de la existencia de errores de hecho y derecho por parte de los jueces de instancia en la valoración probatoria y que no fueron considerados por el Tribunal de apelación, se debe considerar que el contrato cursante a fs. 155 a 165 en sus cláusulas segunda el objeto, cuarta comisión, séptima dirección del negocio y horarios y octava exclusividad y prohibiciones, se verifica que MANACO SA; suscribió además de este, varios contratos de consignación (fs. 54 a 80) con la demandante Alicia Fabiola Rocha Cuenca en calidad de representante legal de la empresa unipersonal, cuyo objeto era la venta de mercadería en calidad de consignación de propiedad de MANACO SA y venderla a cambio de una comisión, contratos en el que en sus diversas cláusulas las partes acuerdan de forma voluntaria establecer el objeto del contrato, la naturaleza comercial del mismo, el alcance del trabajo, el plazo, la modalidad, términos, las obligaciones, la remuneración, la forma de pago, las causales de rescisión y la reserva correspondiente. Entendiendo que, por acuerdo entre partes, la empresa unipersonal estaba obligada a proporcionar a la empresa contratante la información requerida y las concusiones arribadas a cambio de una retribución, información que permitía establecer las ventas realizadas para realizar el pago de la comisión correspondiente, dependiendo este pago de la cantidad de ventas realizadas, no constituyendo el pago de un salario por el trabajo efectuado.
Asimismo, el análisis del contrato suscrito establece el cumplimiento a las disposiciones tributarias las empresas consignataria a su cargo deben realizar la facturación por cada venta realizada, esto generado por las cargas al NIT aperturado por la empresa unipersonal, el cual se cumplen de forma separada e indistinta a las realizadas por MANACO SA, teniendo incluso un registro contable separado, lo cual también es corroborado por la declaración a confesión provocada cursante a fs. 483 a 485, efectuado por la demandante y los contratos suscritos entre las partes del proceso, estableciendo que la empresa unipersonal se manejaba de forma separada a la empresa contratante. Se debe considerar que la subordinación o dependencia en la relación de trabajo encuentra su fundamento en el hecho de que es el empleador, como dueño de la empresa, es quien organiza el capital y el trabajo a los fines de la producción; por esta razón, la ley le otorga la facultad y el poder de mando para encausar la actividad del trabajador, a fin que este cumpla los fines para el cual fue contratado; asimismo, el trabajo por cuenta ajena significa que el trabajador presta servicios por cuenta y encargo de otra persona, característica que en el presente caso no se ha establecido. Conforme al análisis realizado y las características que debe tener la relación laboral, no queda duda que las actividades efectuadas por la empresa representada por la demandante, como emergencia del acuerdo de voluntades no fue para establecer una relación de dependencia laboral que devengue la pretensión de pago de beneficios sociales; sino, una relación comercial jurídicamente limitada a la realización del servicio, por un tiempo determinado y por una retribución convenida en la comisión percibida. En consecuencia, el Tribunal de Alzada al determinar la existencia de una relación laboral, y confirmar la Sentencia emitida por el Juez de primera instancia, no ha considerado la naturaleza misma de los contratos suscritos, que no generan un vínculo laboral, enmarcando si a las previsiones del art. 1290 del CCo, que instruye: “La consignación es una forma de mandato por la cual una persona contrae la obligación de vender mercaderías u objetos a nombre y por cuenta de otra, previa la fijación de su precio o conforme se haya convenido.” Mientas que la remuneración se encuentra previsto en el art. 1291 del CCo, que señala: “El consignatario tiene derecho a una comisión cuya determinación tendrá como base: 1. El mayor precio obtenido en la venta con relación al precio fijado por el consignante, o 2. Un porcentaje sobre el valor de la venta, cuando el consignante le haya limitado la facultad de alterar el precio prefijado. A falta de estipulación expresa, se aplicará la usual en la plaza de ejecución de la operación y, en su defecto, la determinada por los peritos. Características que corresponden a la relación sostenida entre la actora y la empresa demandada; y que, desvirtúa la presunta exigencia de una relación laboral porque la normativa aplicada a los contratos suscritos entre las partes del proceso, es de consignación conforme a las obligaciones y derechos adquiridos, teniendo como base la obligación de la demandante de vender mercancía u objetos a nombre del demandado, conforme al precio fijado, a cambio de un derecho a comisión en porcentaje a las ventas realizadas, esto notoriamente establecido en los contratos cursantes de fs. 54 a 80 y de fs. 155 a 165. Por los fundamentos expuestos, se concluye en definitiva que el Tribunal de alzada incurrió en los errores de hecho y de derecho relacionados, al no considerar y valorar correctamente la prueba cursante a fs. 54 a 80 y 155 a 158, consistentes en los contratos de consignación de venta de mercadería y la confesión provocada de la demandante cursante de fs. 483 a 485, llegando a conclusiones equivocadas contrarias a la realidad, en infracción de los arts. 3-j), 150, 158, 179 del Código Procesal Laboral, relativos a la inversión y valoración de la prueba y presunciones legales. De lo expuesto anteriormente, fue objeto de análisis y criterio similar contenido en los Autos Supremos N° 766 de 2 de noviembre de 2019 y 45 de 29 de enero de 2020 que fueron emitidos por esta misma Sala en las resolviendo casos similares determinó: “A tal efecto, la actora al momento de la suscripción de los contratos comerciales lo hizo en calidad de representante legal, de la empresa CHIPANA BOZZO MARIA TERESA; consecuentemente la accionante desarrolló sus actividades enmarcada en lo establecido en los Arts. 1248, 1250, 1252, 1254, 1269, 1270, 1271 y siguientes del Código de Comercio. El contrato de consignación es una actividad netamente comercial y no posee las características esenciales del contrato de trabajo, como la subordinación y dependencia, la forma de pago es a comisión sobre venta”; lo señalado deja establecido que las condiciones analizadas no sustentan una relación laboral, por no contener las condiciones establecidas en los arts. 1 y 2 del DS N° 23570. Por todo lo expuesto, siendo evidente la infracción de normas y el error de hecho y de derecho en el que incurrió el Tribunal de Alzada en la valoración de las pruebas esenciales y decisivas para declarar improbada la demanda; por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 220 IV del CPC-2013, concordante con los arts. 271-2 y 273 del mismo cuerpo legal, aplicables por mandado de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.
La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, con la atribución conferida por los arts. 184.1 de la CPE y 42-I-1 de la Ley del Órgano Judicial, CASA el Auto de Vista N° 141/2019 de 15 de julio, cursante de fs. 682 a 692, emitido por la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba y deliberando en el fondo declara IMPROBADA en todas sus partes la demanda de fs. 4 a 10, promovido por Alicia Fabiola Rocha Cuenca, con costas. Se regula el honorario profesional del abogado en Bs. 1.000 (Mil bolivianos 00/100) que manda a pagar la Juez de primera instancia” (sic.)
i.1. Sobre la fundamentación
El Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, a momento de casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y por lo mismo declara improbada la demanda de pago de beneficios sociales, se apoyó en los preceptos legales contenidos en los arts. 1290 y 1291 del CCo; así como también en los arts. 220.IV, 271.2 y 273 del Código Procesal Civil (CPC).
Justificando y argumentando de manera legal la decisión de casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y consiguientemente declarar improbada la demanda de pago de beneficios sociales por no existir una relación laboral; por lo que, puede observarse que el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, basó su determinación en las normas vigentes, estableciéndose que los demandados cumplieron con lo determinado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, por lo que se puede evidenciar que la antedicha resolución se encuentra debidamente fundamentado, en consecuencia corresponde denegar la tutela.
i.2. Sobre la motivación
Las autoridades demandadas, al momento de emitir el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, por el determinaron casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y consiguientemente declarar improbada la demanda de pago de beneficios sociales por no existir una relación laboral, indicaron que: 1) Se presume la relación comercial entre las partes que determina la inexistencia de una relación laboral, al no haber una relación de dependencia y subordinación de Alicia Fabiola Rocha Cuenca referente a MANACO S.A., puesto que no existe un horario fijo, y el trabajo no es realizado de forma exclusiva por la accionante, pudiendo realizarlo por terceras personas dependientes de la demandante; 2) Los contratos firmados por la impetrante de tutela y MANACO S.A., tienen como objeto la venta de mercaderías en consignación a cambio de una comisión, en la cual establecen que la naturaleza es de carácter comercial; 3) Las obligaciones tributarias son cumplidas de forma separada por la accionante en relación a MANACO S.A., ya que cuentan con registros contables separados; 4) La relación de subordinación y dependencia, que le da al empleador la facultad de mando para encausar la actividad del trabajador para cumplir con los fines, así como el trabajo por cuenta ajena, no existe en el caso en estudio; y, 5) El determinar la existencia de una relación laboral por parte del Tribunal superior, significa que no se consideró la naturaleza de los contratos, los mismo que conforme los arts. 1290 y 1291 del CCo no constituyen una relación laboral, ya que la norma aplicada a los contratos celebrados es de consignación en base a las obligaciones y derechos adquiridos. Ahora bien, conforme se desarrolló en el acápite anterior, respecto a la fundamentación, que la resolución cuestionada contaría con dicho elemento del debido proceso, es menester examinar si dicha determinación, cuenta o no cuenta con la debida motivación, es decir, la subsunción de los hechos con las normas jurídicas que sirvieron como base para tomar la decisión impugnada, si se valoraron de forma objetiva las pruebas aportadas en el caso concreto, explicando los motivos y razones de dicha determinación, las que deben guardar coherencia e interdependencia con la norma jurídica a momento de fundamentar la decisión, elementos que fueron desarrollados de forma abundante en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Resolución Constitucional, las que deben ser cumplidas por toda autoridad sea esta judicial o administrativa, ya que el no hacerlo, hacen que la decisión asumida se torne en una arbitraria y por ende sin efecto legal alguno. En ese orden de ideas, de la revisión exhaustiva y minuciosa realizada al Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020 emitido por las autoridades demandadas, conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, se sostiene que:
“(…). Conforme a la normativa expuesta y a los antecedentes del caso, se considerará si existe o no relación laboral en el caso; en ese entendido, del examen de los antecedentes del proceso, se establece que el contrato de consignación presume la naturaleza comercial y determina la inexistencia de relación laboral; esto porque no existe dependencia y subordinación de la representante de la empresa unipersonal de propiedad de Alicia Fabiola Rocha Cuenca respecto del contratante MANACO SA, estableciéndose que no necesariamente está sujeto a un horario determinado, ni el trabajo debe ser desarrollado exclusivamente por la contratada porque el desarrollo de las actividades pactadas puede ser desarrollarlo personalmente o con la asistencia de terceros (dependientes de la demandante), características que la diferencian del contrato de trabajo, porque el trabajador presta sus servicios al empleador con exclusividad y subordinación por una remuneración fija; entendiendo que, si bien la contratada tiene la obligación de cumplir el contrato suscrito; empero, éste no limita a que las funciones puedan ser delegadas a un tercero, lo que desvirtúa la subordinación y dependencia directa con MANACO SA. (…), se debe considerar que el contrato cursante a fs. 155 a 165 en sus cláusulas segunda el objeto, cuarta comisión, séptima dirección del negocio y horarios y octava exclusividad y prohibiciones, se verifica que MANACO SA; suscribió además de este, varios contratos de consignación (fs. 54 a 80) con la demandante Alicia Fabiola Rocha Cuenca en calidad de representante legal de la empresa unipersonal, cuyo objeto era la venta de mercadería en calidad de consignación de propiedad de MANACO SA y venderla a cambio de una comisión, contratos en el que en sus diversas cláusulas las partes acuerdan de forma voluntaria establecer el objeto del contrato, la naturaleza comercial del mismo, el alcance del trabajo, el plazo, la modalidad, términos, las obligaciones, la remuneración, la forma de pago, las causales de rescisión y la reserva correspondiente. (…). (…), el análisis del contrato suscrito establece el cumplimiento a las disposiciones tributarias las empresas consignataria a su cargo deben realizar la facturación por cada venta realizada, esto generado por las cargas al NIT aperturado por la empresa unipersonal, el cual se cumplen de forma separada e indistinta a las realizadas por MANACO SA, teniendo incluso un registro contable separado (…). (…) la subordinación o dependencia en la relación de trabajo encuentra su fundamento en el hecho de que es el empleador, como dueño de la empresa, es quien organiza el capital y el trabajo a los fines de la producción; por esta razón, la ley le otorga la facultad y el poder de mando para encausar la actividad del trabajador, a fin que este cumpla los fines para el cual fue contratado; asimismo, el trabajo por cuenta ajena significa que el trabajador presta servicios por cuenta y encargo de otra persona, característica que en el presente caso no se ha establecido. Conforme al análisis realizado y las características que debe tener la relación laboral, no queda duda que las actividades efectuadas por la empresa representada por la demandante, como emergencia del acuerdo de voluntades no fue para establecer una relación de dependencia laboral que devengue la pretensión de pago de beneficios sociales; sino, una relación comercial jurídicamente limitada a la realización del servicio, por un tiempo determinado y por una retribución convenida en la comisión percibida. (…), el Tribunal de Alzada al determinar la existencia de una relación laboral, y confirmar la Sentencia emitida por el Juez de primera instancia, no ha considerado la naturaleza misma de los contratos suscritos, que no generan un vínculo laboral, enmarcando si a las previsiones del art. 1290 del CCo, (…): (…). (…) la relación sostenida entre la actora y la empresa demandada; y que, desvirtúa la presunta exigencia de una relación laboral porque la normativa aplicada a los contratos suscritos entre las partes del proceso, es de consignación conforme a las obligaciones y derechos adquiridos, teniendo como base la obligación de la demandante de vender mercancía u objetos a nombre del demandado, conforme al precio fijado, a cambio de un derecho a comisión en porcentaje a las ventas realizadas, esto notoriamente establecido en los contratos cursantes de fs. 54 a 80 y de fs. 155 a 165. Por los fundamentos expuestos, se concluye en definitiva que el Tribunal de alzada incurrió en los errores de hecho y de derecho relacionados, al no considerar y valorar correctamente la prueba cursante a fs. 54 a 80 y 155 a 158, consistentes en los contratos de consignación de venta de mercadería y la confesión provocada de la demandante cursante de fs. 483 a 485, llegando a conclusiones equivocadas contrarias a la realidad, en infracción de los arts. 3-j), 150, 158, 179 del Código Procesal Laboral, relativos a la inversión y valoración de la prueba y presunciones legales. (…). Por todo lo expuesto, siendo evidente la infracción de normas y el error de hecho y de derecho en el que incurrió el Tribunal de Alzada en la valoración de las pruebas esenciales y decisivas para declarar improbada la demanda; por consiguiente, corresponde resolver en la forma prevista por el art. 220 IV del CPC-2013, concordante con los arts. 271-2 y 273 del mismo cuerpo legal, aplicables por mandado de la norma remisiva contenida en el art. 252 del CPT.” (sic.)
Así se tiene que los demandados a momento de emitir la Resolución ahora impugnada, indicaron que los Contratos de Consignación en su naturaleza son de carácter comercial, que no demuestran la existencia de una relación laboral, de dependencia y subordinación; puesto que no existía un horario fijo en la atención del negocio, y tampoco la exclusividad en la atención del mismo, ya que la peticionante de tutela podía realizarlo a través de terceras personas dependientes de la misma, y que al haber firmado los contratos dio su consentimiento voluntario de que su actividad era netamente comercial y no laboral con MANACO S.A., incluso al contar con sus obligaciones tributarias cumplidas de forma separada al detentar libros contables independientes.
En ese contexto, en todo el contenido de la resolución no se encuentran justificaciones y argumentos con las que se hayan subsumido las normas utilizadas para la emisión del referido Auto Supremo, menos indicaron como la naturaleza misma del contrato se adecua a uno de carácter comercial y no laboral, puesto que simplemente se limitaron a mencionar las cláusulas de los contratos que presuntamente harán entrever que dichos documentos son de dicho naturaleza -comercial-, pero no dedicaron el espacio necesario para diseminar cada una de las cláusulas referidas y explicar de forma argumentada cómo las mismas traslucen la materia comercial y no laboral, hechos y actos que si bien en el recurso de casación no se encontraba denunciado por MANACO S.A.; empero, en una visión amplia e integral del estudio de los antecedentes del caso, era obligación de los accionados estudiarlos a profundidad y explicarlos de forma individual para hacer el test respectivo y poder realizar la evaluación a cada cláusula si los mismos no fueron redactados con el objetivo de encubrir en una supuesta relación comercial la relación laboral obrero-patronal, máxime, si su determinación final fue el de casar el Auto de Vista 141/2019 de 15 de julio, y por consiguiente de forma oficiosa, nada lógica, coherente y justificada determinan declarar improbada la demanda de pago de beneficios sociales presentada por la accionante en contra de MANACO S.A. En ese orden, los demandados, no realizaron esa justificación coherente, de cómo cada una de las Cláusulas pasaban el test laboral para declararlo como uno comercial, ya que basándose en meras presunciones no demostradas, ni justificadas en todo el contenido de dicha resolución se limitaron a dar vagos argumentos sobre la naturaleza comercial de los contratos, sin contrastarlos con los principios de seguridad jurídica -Fundamento Jurídico III.4- y verdad material -Fundamento Jurídico III.5- y primacía de la relación laboral y de inversión de la prueba en favor del trabajador establecida en el art. 48.I de la CPE, hechos que hacen denotar que el Auto Supremo cuestionado no se encuentra debidamente motivado, y por lo mismo tornándose en uno arbitrario, aspectos que no se puede permitir, debiendo ser corregido por los accionados en pro de los derechos y garantías constitucionales del impetrante de tutela, puesto que conforme al Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, toda resolución sea esta judicial o administrativa, debe estar fundada en normas jurídicas y debidamente justificada y argumentada, y no basarse en simples apreciaciones subjetivas que no sean demostradas con la prueba pertinente y fidedigna, aspectos que en el contenido del Auto Supremo cuestionado no se encuentran a momento de analizar la subsunción realizada, por lo que se puede advertir que el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020 emitido por las autoridades accionadas, no se encuentra debidamente motivado desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, correspondiendo conceder la tutela solicitada. ii. En cuanto a la segunda problemática
La accionante denunció que las autoridades accionadas se apartaron de los principios de primacía de la realidad y de verdad material, y no aplicaron los precedentes jurisprudenciales del mismo Tribunal Supremo de Justicia, que en casos similares establecieron la existencia de una relación laboral, desestimando la existencia de contratos de consignación y civiles. En ese orden de cosas, conforme se desprende del Fundamento Jurídico III.4 de esta Resolución Constitucional, el principio de verdad material:
“… corresponde ser aplicado a todos los ámbitos del derecho; en ese orden, debe impregnar completamente la función de impartir justicia. Por ende, no es posible admitir la exigencia de extremados ritualismos o formalismos, que eclipsen o impidan su materialización, dado que todo ciudadano tiene derecho a una justicia material… (…). Todo ello con el objetivo final de que el derecho sustancial prevalezca sobre cualquier regla procesal que no sea estrictamente indispensable para resolver el fondo del caso sometido a conocimiento del juez.” En ese contexto, es una obligación de todas las autoridades sean estas administrativas o judiciales, aplicar la verdad material sobre las formalidades y ritualismos que se puedan exigir de manea innecesaria con el objetivo siempre claro está de otorgar a las partes de una verdadera justicia material, es en ese entendido que los ahora demandados a momento de emitir la resolución ahora impugnada tenían la obligación ineludible de realizar ese contraste a momento de analizar sobre la existencia o no de una relación laboral a raíz de los Contratos firmados entre la accionante y MANACO S.A. Así también, no solo aplicando el principio de verdad material, sino también el principio de primacía de la relación laboral, estatuido en el art. 48.II de la Norma Suprema, la cual indica.
“II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de protección de las trabajadoras y de los trabajadores como principal fuerza productiva de la sociedad; de primacía de relación laboral; de continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador.” (las negrillas fueron añadidas).
Los cuales guardan concordancia con los arts. 4.I.d y 5 del DS 28699 de 1 de mayo de 2006, que establecen:
“Artículo 4°.- (Principios del Derecho Laboral) I. Se ratifica la vigencia plena de los principios del Derecho Laboral: (…). d. Principio de la Primacía de la Realidad, donde prevalece la veracidad de los hechos a lo determinado por acuerdo de partes. (Las negrillas nos pertenecen). Artículo 5°.- (Contratos) Cualquier forma de contrato, civil o comercial, que tienda a encubrir la relación laboral, no surtirá efectos de ninguna naturaleza, debiendo prevalecer el principio de realidad sobre la relación aparente.” (Negrillas nos corresponden)
Normas jurídicas, que debieron ser aplicadas por las autoridades demandadas al momento de emitir la resolución impugnada; empero, del contenido del mismo, se puede advertir que no existe referencia alguna respecto a estos principios, y en su defecto, presume una relación aparente de ámbito comercial y no laboral al señalar que:
“…se establece que el contrato de consignación presume la naturaleza comercial y determina la inexistencia de relación laboral; esto porque no existe dependencia y subordinación de la representante de la empresa unipersonal de propiedad de Alicia Fabiola Rocha Cuenca respecto del contratante MANACO SA…” [sic. (negrillas añadidas)].
Aspectos que van en detrimento de los principios anteriormente señalados, ya que desconocen el desarrollo progresivo de los derechos laborales y sociales en favor y beneficio del trabajador, que siempre estará en desventaja del empleador, y que las autoridades jurisdiccionales tienen la labor de proteger los derechos de los primeros frente a los intereses de los segundos. Otro aspecto, importante que se debe poner a colación en el análisis del presente caso, es que las autoridades incumplieron con el deber de uniformar su jurisprudencia en casos similares, ya que conforme el Fundamento Jurídico III.4 de la SCP 0148/2014 de 10 de enero, es obligación del Tribunal Supremo de Justicia de:
“…uniformar y aplicar la jurisprudencia emitida por sus diferentes Salas Especializadas…: “La Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece cuál es la instancia a quien le corresponde, por razones funcionales, la tarea de uniformar la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria…” (las negrillas fueron añadidas).
16 Sobre el tema la SCP 2548/2012 de 21 de diciembre, de manera general, respecto a la obligación que tiene el Tribunal Supremo de Justicia de uniformar y aplicar la jurisprudencia emitida por sus diferentes Salas Especializadas precisó: “La Ley del Órgano Judicial -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, establece cuál es la instancia a quien le corresponde, por razones funcionales, la tarea de uniformar la jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria. En efecto, el art. 38.9 referido a las atribuciones de la Sala Plena, señala: 'La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tiene las siguientes atribuciones: (…) Sentar y uniformar la jurisprudencia'. En el mismo sentido, el art. 42, enlistando las atribuciones de las Salas Especializadas, el numeral 3, estipula: 'Las Salas Especializadas del Tribunal Supremo de Justicia, de acuerdo a las materias de su competencia, tienen las siguientes atribuciones: (…) Sentar y uniformar la jurisprudencia'”. De ahí que, las diversas áreas del derecho que conoce el Tribunal Supremo de Justicia son susceptibles de uniformidad vía recurso de casación. En efecto, el recurso de casación se constituye en el instrumento a través del cual este órgano jurisdiccional debe cumplir con la función de uniformar la interpretación y aplicación de la legislación ordinaria desde y conforme a la Constitución. En este sentido se pronunció la SC 1468/2004-R de 14 de septiembre, citada por la SC 0819/2006-R de 22 de agosto, señalando: “...la casación es un recurso extraordinario y excepcional que tiene una doble función, de un lado, la de unificar la jurisprudencia nacional; y, del otro, la de proveer la realización del derecho objetivo, función que en la doctrina se ha denominado nomofiláctica o de protección de la ley. Dada su naturaleza jurídica, así como sus raíces históricas, la casación no es una instancia adicional del proceso, sino un recurso extraordinario que tiene por objeto el enjuiciamiento de la sentencia, y no del caso concreto que le dio origen; de ahí que, tanto la doctrina cuanto la legislación, le reconocen un carácter excepcional a este recurso, toda vez que, en primer lugar, no procede contra toda sentencia sino sólo contra aquellas que el legislador expresamente señala en la Ley; y, en segundo lugar, porque su fin principal es la unificación de la jurisprudencia nacional y no propiamente la composición del litigio, es decir, la dilucidación de los hechos objeto del litigio, sino que el Tribunal de casación ponga correctivos a la diversidad de las interpretaciones del derecho realizadas por los distintos jueces o tribunales de instancia, así como a las transgresiones en que éstos puedan incurrir contra la legislación” (el resaltado es añadido).
En ese contexto, se puede entrever que los demandados incumplieron sus obligaciones legales, de uniformar su jurisprudencia y por lo mismo de resolver casos similares de una misma forma, aspectos que en el presente caso existen Autos Supremos en procesos laborales instaurados contra MANACO S.A., en los cuales el Tribunal Supremo de Justicia determinó la inexistencia de relaciones comerciales en los contratos de consignación, sino más bien una relación laboral de subordinación y dependencia que se pretendió encubrir por contratos netamente laborales, tales como los casos de: i) Carmen Barrientos c/MANACO S.A. -Auto Supremo 207 de 23 de julio de 2015-; ii) María del Carmen Orellana c/MANACO S.A. -Auto Supremo 619 de 22 de octubre de 2019-; y, iii) Anelisse Ríos c/MANACO S.A. -Auto Supremo 369 de 9 de marzo de 2020-, entro otros casos, en los cuales la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, determinó de forma clara la existencia de una relación laboral entre las partes, y no así una relación comercial como argüía la parte demandada en su momento; precedentes jurisprudenciales de carácter ordinario, que en el presente caso los accionados hicieron caso omiso para aplicarlos en la resolución del presente caso, vulnerando con dicho actuar los derechos al trabajo y a la seguridad jurídica, desarrollados en los Fundamentos Jurídicos III.3 y III.4 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, correspondiendo conceder la tutela solicitada.
iii. Sobre la tercera problemática
La peticionante de tutela demandó que las autoridades demandas no valoraron toda la prueba presentada, tampoco analizaron de forma integral todos los Contratos por las que se demuestra la existencia de la relación laboral obrero-patronal entre su persona y MANACO S.A. En ese contexto, en relación a la revisión de la prueba en sede constitucional, el Fundamento Jurídico III.3 de esta Resolución Constitucional señala que para que este Tribunal Constitucional Plurinacional pueda efectuar dicha labor, se debe tomar en cuenta:
“Primero.- La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas, jueces y de las autoridades administrativas; Segundo.- La justicia constitucional puede revisar la valoración cuando: 1) las autoridades se apartan de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) De manera arbitraria omiten considerar las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basan su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; Tercero.- La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, Cuarto.- Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando incidan en el fondo de lo demandado y sea la causa de la lesión de derechos y/o garantías constitucionales.” Ahora bien, la accionante, indica que las autoridades demandadas no valoraron las pruebas aportadas, y no analizaron de forma integral los contratos firmados entre su persona y MANACO S.A., con las que se demuestra de forma tangible la existencia de una relación laboral de dependencia y subordinación. En ese contexto, las autoridades demandadas a momento de emitir el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020, conforme a la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, señalaron que:
“ …Conforme a la normativa expuesta y a los antecedentes del caso, se considerará si existe o no relación laboral en el caso; en ese entendido, del examen de los antecedentes del proceso, se establece que el contrato de consignación presume la naturaleza comercial y determina la inexistencia de relación laboral; esto porque no existe dependencia y subordinación de la representante de la empresa unipersonal de propiedad de Alicia Fabiola Rocha Cuenca respecto del contratante MANACO SA, estableciéndose que no necesariamente está sujeto a un horario determinado, ni el trabajo debe ser desarrollado exclusivamente por la contratada porque el desarrollo de las actividades pactadas puede ser desarrollarlo personalmente o con la asistencia de terceros (dependientes de la demandante), características que la diferencian del contrato de trabajo, porque el trabajador presta sus servicios al empleador con exclusividad y subordinación por una remuneración fija; entendiendo que, si bien la contratada tiene la obligación de cumplir el contrato suscrito; empero, éste no limita a que las funciones puedan ser delegadas a un tercero, lo que desvirtúa la subordinación y dependencia directa con MANACO SA. Sobre la denuncia de la existencia de errores de hecho y derecho por parte de los jueces de instancia en la valoración probatoria y que no fueron considerados por el Tribunal de apelación, se debe considerar que el contrato cursante a fs. 155 a 165 en sus cláusulas segunda el objeto, cuarta comisión, séptima dirección del negocio y horarios y octava exclusividad y prohibiciones, se verifica que MANACO SA; suscribió además de este, varios contratos de consignación (fs. 54 a 80) con la demandante Alicia Fabiola Rocha Cuenca en calidad de representante legal de la empresa unipersonal, cuyo objeto era la venta de mercadería en calidad de consignación de propiedad de MANACO SA y venderla a cambio de una comisión, contratos en el que en sus diversas cláusulas las partes acuerdan de forma voluntaria establecer el objeto del contrato, la naturaleza comercial del mismo, el alcance del trabajo, el plazo, la modalidad, términos, las obligaciones, la remuneración, la forma de pago, las causales de rescisión y la reserva correspondiente. Entendiendo que, por acuerdo entre partes, la empresa unipersonal estaba obligada a proporcionar a la empresa contratante la información requerida y las concusiones arribadas a cambio de una retribución, información que permitía establecer las ventas realizadas para realizar el pago de la comisión correspondiente, dependiendo este pago de la cantidad de ventas realizadas, no constituyendo el pago de un salario por el trabajo efectuado.
Asimismo, el análisis del contrato suscrito establece el cumplimiento a las disposiciones tributarias las empresas consignataria a su cargo deben realizar la facturación por cada venta realizada, esto generado por las cargas al NIT aperturado por la empresa unipersonal, el cual se cumplen de forma separada e indistinta a las realizadas por MANACO SA, teniendo incluso un registro contable separado, lo cual también es corroborado por la declaración a confesión provocada cursante a fs. 483 a 485, efectuado por la demandante y los contratos suscritos entre las partes del proceso, estableciendo que la empresa unipersonal se manejaba de forma separada a la empresa contratante. Se debe considerar que la subordinación o dependencia en la relación de trabajo encuentra su fundamento en el hecho de que es el empleador, como dueño de la empresa, es quien organiza el capital y el trabajo a los fines de la producción; por esta razón, la ley le otorga la facultad y el poder de mando para encausar la actividad del trabajador, a fin que este cumpla los fines para el cual fue contratado; asimismo, el trabajo por cuenta ajena significa que el trabajador presta servicios por cuenta y encargo de otra persona, característica que en el presente caso no se ha establecido” (sic.).
Ahora bien, como se indicó en el acápite citado precedentemente, uno de los análisis que deben realizar toda autoridad sea ésta judicial o administrativa a momento de efectuar la motivación, es la valoración de las pruebas aportadas por las partes; empero, como se señaló precedentemente, el Auto Supremo ahora impugnado carece la respectiva motivación, advirtiéndose que no cuenta con dicho elemento del debido proceso; por lo mismo, también se puede concluir que las autoridades demandadas a momento de emitir su resolución no realizaron un examen y análisis de todas las pruebas aportadas por la accionante, ya que simplemente se limitaron a señalar meras presunciones subjetivas de que los contratos son relaciones comerciales y no laborales, sin desmenuzar cada una de las Cláusulas de los contratos y un análisis integral de las mismas, incurriendo en una omisión valorativa, correspondiendo conceder la tutela solicitada. iv. Respecto a la cuarta problemática
La accionante denunció que las autoridades accionadas haciendo una interpretación apartada de los principios en materia laboral, solamente se limitaron a justificar su decisión mencionando ciertos artículos del Código de Comercio, sin analizar la naturaleza y los alcances de una empresa comercial, violando los principios de primacía de la realidad y verdad material, para determinar la existencia de una relación obrero-patronal.
Así expuesta la problemática, de su lectura y análisis, se puede entrever que la misma está relacionada con el derecho a la fundamentación y motivación como elementos del debido proceso descritas en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, y por lo mismo relacionado con la primera problemática, por lo que su análisis radica en los mismos realizados en dicho problema, correspondiendo en consecuencia conceder la tutela en relación al derecho de motivación, y denegar la tutela respecto a la fundamentación. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 10/2021 de 21 de enero, cursante de fs. 193 a 199 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, y en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación y valoración de la prueba, al trabajo y al principio de seguridad jurídica, en relación a la primera, segunda, tercera y cuarta problemática; y, consiguientemente:
1.1° Se dispone dejar sin efecto el Auto Supremo 199 de 20 de marzo de 2020 emitido por los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, en base a los Fundamentos Jurídicos de la presente Resolución Constitucional. 1.2° Se ordena, que, en el plazo de setenta y dos horas de notificados con la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los Magistrados de la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, emitan un nuevo Auto Supremo cumpliendo a cabalidad sus obligaciones y en apego a los argumentos y Fundamentos Jurídicos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto al derecho al debido proceso en su vertiente de congruencia en relación a la primera problemática, y en su elemento de fundamentación respecto a la primera y cuarta problemática en base a los Fundamentos Jurídicos explicados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Se hace constar que la Magistrada MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo, es de Voto Aclaratorio.
MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
Msc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
1 SCP 0310/2010-R de 16 de junio, Fundamento Jurídico III.3.2 “La Constitución Política del Estado en consideración a la naturaleza y los elementos constitutivos del debido proceso como instituto jurídico y mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables,
8 “Ahora bien, a través de la SCP 0297/2018-S2 de 25 de junio, luego de efectuar contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, al respecto se concluyó que: ´Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de razonabilidad y/o equidad. En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.´”
10 “…la suscrita Magistrada, en atención a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo, considera que, en un Estado constitucional de derecho, como lo asumido por el nuestro, que por voluntad del constituyente, se incorporaron en la Constitución Política del Estado, un conjunto de derechos y garantías constitucionales en favor de las personas, que constituyen al Estado Plurinacional de Bolivia, en un Estado garantista; lo cual, implica que, el Tribunal Constitucional Plurinacional, conforme al art. 196 de la CPE en su misión de precautelar por la vigencia de los derechos y garantías constitucionales, debe ajustar sus razonamientos al carácter progresivo y al principio de favorabilidad de los derechos fundamentales (arts. 13.I y 256.I de la CPE); en ese entender, es imperioso aplicar entendimientos y razonamientos más favorables y menos restrictivos para el acceso a la justicia constitucional en cuanto a su invocación de tutela; razón por la cual, respecto a las denuncias de vulneraciones relacionadas a la valoración de la prueba, esta Magistratura luego de advertir dos entendimientos diferentes al respecto, en apego a la jurisprudencia constitucional desarrollada en el citado Fundamento Jurídico III.2.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, opta por seguir y aplicar las razones jurisprudenciales desarrolladas en la SCP 0297/2018- S2, que se constituyen en el estándar más alto conforme lo desplegado en el Fundamento Jurídico III.2.1 de este fallo.”
11 SCP 0448/2005-R de 28 de abril, citando la SC 1132/2000-R, de 1 de diciembre.
12 El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado “Protocolo de San Salvador” entro en vigencia en 1999.
13 El entendimiento concerniente a la estabilidad laboral expresado en la SCP 0177/2012 de 14 de mayo, fue citado por la SCP 1262/2013 de 1 de agosto, SCP 1588/2014 de 19 de agosto, 0381/2016-S2 de 25 de abril, 0096/2018-S3 de 4 de abril, entre otros.
15 El FJ III.1 sostuvo: “La finalidad y realidad anteriormente descrita provoca reconocer que la estructura del sistema de administración de justicia boliviano, no pueda concebirse como un fin en sí mismo, sino como un medio para obtener el logro y realización de los valores constitucionales, por otra parte impele a reconocer la prevalencia del derecho sustantivo sobre el derecho adjetivo o sobre las formas procesales, que a su vez y en el marco del caso analizado obliga a los administradores de justicia entre otros a procurar la resolución del fondo de las problemáticas sometidas a su jurisdicción y competencia dejando de lado toda nulidad deducida de formalismos o ritualismos procesales que impidan alcanzar un orden social justo en un tiempo razonable.”
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1209_2023-S1.pdf · páginas 1 a 49.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d9971276ef0cd4d0721cd86db27790cbfc0eb26cb2049f31a69fa1964e6bfaa
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