Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Concede en parte la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2024 de 8 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada únicamente respecto a Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, en los términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los argumentos expuestos en la presente sentencia constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada sobre Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria; y, Cesar Choque Ayala, Auxiliar del Juzgado referido.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1208/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Naturaleza jurídica y control de cumplimiento de medidas de protección SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 64000-2024-129-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 15/2024 de 8 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Lenny Anahí Pérez Romero en representación sin mandato de la menor de edad NN y Adriana Alicia Alessandra Cruz Chambi contra Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez; Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria; y, Cesar Choque Ayala, Auxiliar; todos del Juzgado de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz.
Las accionante, en representación sin mandato de la menor NN, señala que su derecho a la vida e integridad en su condición de víctima de agresión sexual fue vulnerado debido a que, dentro del proceso penal seguido contra Freddy Machaca Surco por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el denunciado fue legalmente notificado el 19 de febrero de 2024 con las medidas de protección en favor de la víctima; sin embargo, estas habrían sido incumplidas, toda vez que éste se constituyó en la unidad educativa de la referida menor intentando llevársela a su domicilio; razón por la cual, el 26 de abril de ese mismo año, se puso en conocimiento de la autoridad encargada del control jurisdiccional dicho incumplimiento. Paralelamente, el 30 de abril del mismo año, también se solicitó la aplicación de medidas de protección de carácter especial para la víctima, las cuales solo pueden ser otorgadas por el Juez que conoce la causa, como ser, una asistencia familiar, alejamiento del padre agresor y la guarda provisional en favor de la madre; impetrando al efecto que se señale audiencia de consideración de aplicación de medidas de protección de carácter especial, sin que, hasta la fecha de presentación de la acción de libertad, se encuentren señaladas las audiencias pedidas, vulnerándose así, los derechos de la menor de edad, víctima de abuso sexual. Solicitó se ordene al Juez demandado, señale de forma inmediata fecha y hora de audiencia de consideración de incumplimiento de medidas de protección; y, de aplicación de las medidas de protección de carácter especial. El Juez demandado, mediante informe escrito de 8 de mayo de 2024, cursante a fs. 35, alegó que, de la revisión de obrados, se evidencia la presentación de un memorial de 26 de abril de 2024 respecto al que se señaló audiencia para el 9 de mayo del mismo año a horas 13:00, de manera presencial, por lo que no existiría materia constitucional tutelable pidiendo, en consecuencia, que se deniegue la tutela. La Secretaria demandada, mediante informe escrito de 8 de mayo de 2024 cursante a fs. 36, señaló que, de acuerdo al cuaderno de control jurisdiccional, se evidencia que se señaló audiencia de consideración de incumplimiento de medidas de protección, y asimismo se procedió a la notificación correspondiente. El Auxiliar demandado, por informe escrito de 8 de mayo de 2024, cursante a fs. 37, señaló que el memorial de solicitud de audiencia, ya tiene su respectivo decreto de 30 de abril de 2024, en el que se señaló audiencia para el 9 de mayo del mismo año, y se realizó la notificación oportunamente. El Juez de garantías, mediante Resolución 15/2024 de 8 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, concedió en parte la tutela solicitada, en cuanto al Juez y Secretaria demandados, disponiendo que, en el plazo máximo de cuarenta y ocho horas, se lleve la audiencia para la consideración y resolución de la solicitud de aplicación de medidas especiales de protección; y, denegó en parte la tutela solicitada en cuanto al Auxiliar demandado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SCP 0037/2012 de 26 de marzo, señaló que: “Esta garantía de carácter procesal constitucional se encuentra consagrada en el art. 125 de la CPE, donde dispone que: 'Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y, solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad' (…) su objeto es la garantía, protección o tutela de los derechos a la vida, a la libertad física y a la libertad de locomoción, para el restablecimiento inmediato y efectivo de esos derechos, en los casos en que sean restringidos, suprimidos o amenazados de restricción o supresión.
(…) el segundo pilar que estructura el contenido esencial de esta garantía, se encuentra configurado por sus presupuestos de activación, que al amparo del art. 125 de la CPE, se resumen en cuatro: a) Atentados contra el derecho a la vida; b) Afectación de los derechos a la libertad física como a la libertad de locomoción; c) Acto y omisión que constituya procesamiento indebido; y, d) Acto u omisión que implica persecución indebida” (las negrillas nos corresponden).
Conforme al art. 32 de la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente; por lo que, son de aplicación inmediata. Se impone por autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes. En cuanto a las consecuencias de su incumplimiento, el art. 389 quinquies del CPP, establece que, su verificación de efectuará de oficio o a solicitud del fiscal, la víctima, representante legal, querellante o la instancia de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia o de las mujeres, lo que será verificado en audiencia y la autoridad jurisdiccional dispondrá detención preventiva del infractor de un mínimo de tres a un máximo de seis días, según la gravedad. En ese marco, atendiendo a la finalidad de las medidas de protección, el juez de la causa debe ejercer su control sobre su cumplimiento o, en su caso, su modificación, con la debida diligencia y observando la celeridad componente del debido proceso. En este entendido, la SCP 1016/2021-S4 de 6 de diciembre, razonó: “De lo precedentemente establecido se infiere, que ante el incumplimiento de las medidas de protección especial dispuesta por la autoridad judicial se constituye en una sanción consistente en la imposición de tres a seis días de privación de libertad según la gravedad, esto en función a la protección necesaria a la integridad de la víctima, y el interés superior al ser niño, niña y adolescente, la cual puede ser vulnerada por el agresor, llegando incluso a atentar contra su vida; por lo mismo, se establece que el incumplimiento de estas medidas debe ser sancionado de oficio, a solicitud del fiscal o de la víctima, entre otras, en audiencia a realizarse con ese propósito, verificativo que de modo alguno puede ser dilatado en su tratamiento, precisamente porque de por medio se encuentran intereses y derechos que incumben plenamente a un menor de edad, que requiere de protección reforzada por parte del Estado, en tal circunstancia, la autoridad jurisdiccional se encuentra obligada a llevar adelante la audiencia de incumplimiento a las medidas de protección, de forma inmediata, pues se encuentra en juego la vida, la estabilidad psicológica, la integridad física y la protección del niño, niña y adolescente, lo que implica asumir de forma urgente las medidas necesarias para hacer prevalecer los derechos de los menores” (el resaltado nos pertenece).
La accionante activó la presente acción de libertad en representación de la menor de edad NN, víctima dentro del proceso penal seguido contra Freddy Antonio Machaca Surco, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, alegando que las medidas de protección dispuestas dentro del referido proceso penal, fueron incumplidas, debido a que el denunciado se constituyó en la unidad educativa de la menor y víctima, intentando llevársela a su domicilio, aspecto por el cual mediante memorial de 26 de abril de 2024, puso a conocimiento de la Juez demandada el incumplimiento a las medidas de protección y solicitó señalamiento de audiencia (fs. 29 a 30 vta.); y, el 30 de abril del mismo año, impetró la aplicación de medidas de protección de carácter especial, como ser una asistencia familiar, alejamiento del padre agresor y la guarda provisional en favor de la madre, solicitando el señalamiento de audiencia (fs. 32 a 33 vta.), empero hasta la fecha de presentación de la acción tutelar el 7 de mayo de 2024, no fueron fijadas, aspecto por el cual solicita su señalamiento en el plazo de veinticuatro horas. Asimismo, la madre de la menor de edad NN invoca la tutela del derecho a la vida e integridad de la nombrada, en su condición de presunta víctima de agresión sexual, explicando que la referida dilación en la atención de sus reclamos la pondrían en riesgo, pues pese a que al denunciado se le impuso las prohibiciones de intimidar por cualquier medio o a través de terceras personas a la víctima, así como a cualquier integrante de su familia; y, de transitar por los lugares de recurrido frecuente de la misma, no las hubiera cumplido pues acudió a la unidad educativa de la niña, exposición que, considerando la situación de vulnerabilidad de NN por su minoría de edad y género, permite asumir que los hechos que motivan la acción están íntimamente relacionados a su derecho a la vida; por ende, a su integridad personal, lo que posibilita ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada al encontrarse dentro del ámbito de protección de la acción de libertad desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. De la revisión de los antecedentes de forman parte de esta acción de defensa, se advierte que los memoriales descritos en párrafos precedentes, merecieron el decreto de 30 de abril de 2024, por el que la autoridad demandada dispuso el señalamiento de consideración de incumplimiento de medidas de protección para el 9 de mayo de 2024 a horas 13:00 (fs. 31); y, decreto de 3 del mismo mes por el que misma autoridad tuvo presentado el memorial de solicitud de ampliación de medidas de protección, disponiendo su traslado a las partes (fs. 34), sin que conste diligencias de notificación de dichos actuados a la ahora accionante, extremo que fue ratificado por ésta en audiencia de garantías, donde aclaró que de todos modos la solicitud de consideración de ampliación de medias de carácter especial seguía sin resolverse; es decir, se dio por enterada de la programación de audiencia de consideración de incumplimiento de medidas de protección; empero, consideró que su segunda pretensión jurídica seguía sin recibir pronunciamiento. En ese marco fáctico, se advierte que la autoridad demandada en lugar de actuar con la celeridad que el caso exigía, ante las solicitudes formuladas el 24 y 30 de abril de 2024 vinculadas a las medidas de protección en favor de la víctima, los decretos descritos precedentemente, fueron emitidos como efecto de la interposición de la presente acción de defensa -7 de mayo de 2024-; es decir, transcurridas más de setenta y dos horas, lo que no es asimilable a un tratamiento inmediato y diligente al que la autoridad demandada se hallaba obligada, conforme se estableció en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Asimismo, la determinación de traslado a las partes con el segundo memorial sobre solicitud de medidas de protección especiales, no tiene justificativo legal ni razonable, por lo que constituye igualmente una actuación dilatoria que afecta el deber de la debida diligencia y el principio de celeridad vinculado con el derecho a la vida e integridad personal de la accionante NN, ameritando por ello conceder la tutela solicitada respecto al juez demandado. Respecto a los servidores públicos subalternos codemandados, al no existir elemento probatorio alguno que permita concluir en que fueron responsables de la dilación analizada previamente, amerita denegar la tutela solicitada respecto de ellos. En consecuencia, el Juez de garantías al haber concedido en parte la tutela impetrada, en relación al Juez y la Secretaria demandados, y denegado respecto al Auxiliar codemandado, obró de forma parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 15/2024 de 8 de mayo, cursante de fs. 41 a 43, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Octavo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada únicamente respecto a Heber Gonzalo Torrejón Siñani, Juez de Instrucción Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Decimocuarto de la Capital del departamento de La Paz, en los términos dispuestos por el Juez de garantías, conforme a los argumentos expuestos en la presente sentencia constitucional; y, 2° DENEGAR la tutela solicitada sobre Rocío Helen Balboa Llusco, Secretaria; y, Cesar Choque Ayala, Auxiliar del Juzgado referido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1208_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.
Huella digital del PDF (SHA-256): ccd73d35ef42fa5620adb85c94882bb3d03ba6764732ace63165800d59f98c4c
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