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SCP 1207/2025-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de octubre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
14 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
55505-2023-112-AL
Departamento
Cochabamba
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista de 4 de mayo de 2023, prolongó indebidamente su detención preventiva: a) Generando incertidumbre jurídica sobre su situación jurídica; y, b) Fundamentando su decisión en argumentos no invocados por las partes. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) El accionante no demostró con objetividad los supuestos fundamentos de su reclamo; 2) En cuanto al fondo, resolvió la apelación conforme a derecho, realizando una valoración correcta de los antecedentes y dictando una resolución clara, precisa y debidamente motivada; 3) El Auto de Vista cuestionado respondió a la denuncia de deficiencia en la fundamentación sobre la desvirtuación del peligro de fuga del art. 234.7 de la norma adjetiva penal, pues no correspondía tomar en cuenta la existencia de un sobreseimiento pendiente de revisión respecto a un coimputado, ya que ese aspecto hacía al fondo del proceso y no a la medida cautelar; y, 4) No era correcto considerar como fundamento la inasistencia de la víctima a terapias psicológicas, pues ello podía generar revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 137 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y con los mismos alcances y efectos dispositivos asumidos por la citada Sala Constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El Tribunal de alzada está obligado a resolver la situación jurídica del accionante, en el conocimiento de la apelación de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1207/2025-S2 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55505-2023-112-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 006/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 137 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Everth Silvio Machuca Rojas contra Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 13 a 21 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación con agravante, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, al resolver su solicitud de cesación a la detención preventiva, dictó el Auto Interlocutorio 4 de 25 de abril de 2023. En dicha resolución, se enervó el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del Código de Procedimiento Penal (CPP) y se valoró que el peligro de fuga contemplado en el art. 234.7 del mismo cuerpo normativo fue atenuado en sus alcances, mejorando su situación jurídica. Con base en ello, dicho Tribunal concedió medidas distintas a la detención preventiva, consistentes en su detención domiciliaria con dos custodios policiales, arraigo a nivel nacional y mantenimiento de la fianza económica previamente depositada. Contra ese Auto Interlocutorio, tanto el Ministerio Público como la acusación particular interpusieron recurso de apelación incidental, planteamientos que fueron considerados y resueltos en audiencia de 4 de mayo de 2023. En esa oportunidad, el recurso del Ministerio Público fue declarado abandonado por la inasistencia de su representante. Respecto al recurso de la acusación particular, este fue sustentado mediante una exposición breve y deficiente, en la que no se identificaron con precisión los agravios ni se señaló la norma supuestamente vulnerada, la defectuosa valoración de la prueba o los fundamentos jurídicos que habilitaron la revisión de la resolución impugnada. De esta manera, el recurso incumplió con la carga argumentativa exigida por el art. 398 del CPP, que condiciona la competencia del Tribunal de alzada a la existencia de agravios concretos. Pese a tales deficiencias, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, resolvió ingresar al análisis de fondo del Auto Interlocutorio impugnado, dictando, en consecuencia, el Auto de Vista 156 de 4 de mayo de 2023, mediante el cual anuló el Auto Interlocutorio de 25 de abril del mismo año, sosteniendo que el Tribunal a quo efectuó una incorrecta valoración de la prueba, argumento que no fue invocado por la parte recurrente. En dicho fallo: a) Reconoció que el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP fue correctamente valorado; b) Afirmó que el peligro de fuga contemplado en el art. 234.7 del citado Código no fue enervado, disponiendo que el Tribunal a quo emitiera una nueva resolución debidamente fundamentada sobre ese punto; y c) Concluyó que no correspondía pronunciarse sobre el art. 233.1 del CPP, al existir ya acusación formal, correspondiendo debatir su probable autoría en juicio oral. Ante las contradicciones de la Resolución, su defensa solicitó enmienda. En respuesta, la Vocal demandada reconoció que el art. 235.2 del CPP fue correctamente enervado por el Tribunal a quo; sin embargo, reiteró que el Auto Interlocutorio debía ser revocado y ordenó la emisión de una nueva fundamentación respecto al art. 234.7 del citado Código. Con tal proceder, la autoridad demandada actuó de oficio y ultra petita; es decir, fuera de los límites del recurso planteado, infringiendo nuevamente lo dispuesto en el art. 398 del CPP, que prohíbe al Tribunal de alzada ingresar al fondo si el apelante no cumple con la carga argumentativa. Esta decisión prolongó indebidamente su detención preventiva, generando incertidumbre jurídica sobre su situación y desconociendo el carácter excepcional que la medida cautelar tiene en el ordenamiento constitucional y procesal. Asimismo, resultó contraria al principio de proporcionalidad, al deber de motivación y a la obligación de los jueces de resolver estrictamente dentro del marco de los agravios planteados, pues se fundamentó en argumentos no invocados por las partes y no se manifestó respecto a la cesación de su detención preventiva.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; citando al efecto los arts. 22, 23, 73, 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE); y, 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia, se deje sin efecto el Auto de Vista de 4 de mayo de 2023 y, consecuentemente, se ordene a la Vocal demandada emita uno nuevo: “…en estricto apego a la jurisprudencia constitucional sentada al respecto…” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 10 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 131 a 132, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 40 a 42 vta., solicitó se deniegue la tutela impetrada, sosteniendo que: 1) El accionante se limitó a realizar una descripción de antecedentes procesales y a citar jurisprudencia, sin demostrar con objetividad los supuestos fundamentos de su reclamo; además, sus cuestionamientos son de carácter meramente subjetivo, ya que no reflejan una crítica a los verdaderos fundamentos expuestos en el Auto de Vista cuestionado; 2) En cuanto al fondo, tras escuchar los fundamentos orales en audiencia, especialmente los de la acusación particular, resolvió la apelación conforme a derecho, realizando una valoración correcta de los antecedentes y dictando una resolución clara, precisa y debidamente motivada en cumplimiento del art. 124 del CPP; 3) Actuó dentro de la competencia limitada establecida en el art. 398 del citado Código, y bajo la correcta interpretación de la jurisprudencia constitucional; en ese marco, el Auto de Vista respondió a la denuncia de deficiencia en la fundamentación sobre el peligro de fuga del art. 234.7 de la norma adjetiva penal, advirtiendo que el Tribunal a quo incurrió en error al considerar enervado dicho riesgo, pues no correspondía tomar en cuenta la existencia de un sobreseimiento pendiente de revisión respecto a un coimputado, ya que ese aspecto hacía al fondo del proceso y no a la medida cautelar; 4) No era correcto considerar como fundamento la inasistencia de la víctima a terapias psicológicas, pues ello podía generar revictimización; en ese sentido, citó jurisprudencia constitucional, entre ellas la SCP 0394/2018-S2 de 3 de agosto, que estableció la obligación de las autoridades jurisdiccionales de otorgar una protección reforzada a víctimas de agresión sexual, evitando su revictimización; 5) Su decisión no constituyó un fallo ultra petita, puesto que la acusación particular presentó una fundamentación extensa de agravios, lo cual justificó el pronunciamiento; y, 6) Los reclamos planteados son razonamientos subjetivos que pretenden utilizar la vía constitucional como una instancia de revisión ordinaria, lo cual resulta inadmisible.

I.2.3. Intervención de la tercera interviniente

Romane Chajmi Fernández no asistió a la audiencia de garantías ni presentó memorial alguno, pese a su notificación cursante a fs. 28.

I.2.4. Intervención del Ministerio Público

Giovani Edson Salvatierra Alcocer, Fiscal de Materia, en audiencia de garantías, señaló que: “…se va a adherir a lo que esta Sala Constitucional resuelva en derecho” (sic).

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -con intervención del Vocal de su similar Tercera debido a la acefalía existente-, por Resolución 006/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 137 vta., concedió la tutela solicitada, dejando sin efecto el Auto de Vista de 4 de mayo de 2023 y ordenando a la autoridad demandada emita uno nuevo en el plazo de tres días, que resuelva el fondo del recurso de apelación, expresando las razones y elementos de convicción que sustentara su decisión; es decir, sea revocando o confirmando la resolución motivo de recurso de apelación de manera fundamentada, motivada y congruente, en observancia a los lineamientos jurisprudenciales precisados en relación al art. 398 del CPP y “…a los elementos que han sido establecidos en el caso en particular por esta Sala Constitucional” (sic); con base en los siguientes fundamentos: i) El proceso inició a partir de una denuncia presentada por la víctima contra el impetrante de tutela -entre otros-, por la presunta comisión del delito de violación. El 6 de mayo de 2022, el Juez Público Mixto de Familia, de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primero de Tarata del departamento de Cochabamba dispuso la detención preventiva del prenombrado, al verificarse la probabilidad de autoría y la concurrencia de peligros de fuga y obstaculización, conforme a los arts. 234.7 y 235.2 del CPP; ii) En la etapa de juicio oral, radicada la causa ante el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Punata del citado departamento, el peticionante de tutela solicitó la cesación de su detención preventiva. El 25 de abril de 2023, dicho Tribunal declaró parcialmente procedente su petición y sustituyó la detención preventiva por detención domiciliaria con custodia policial y arraigo nacional. En dicha resolución se estableció que el peligro de obstaculización desapareció, que el de fuga disminuyó y que se mantenía la probabilidad de autoría; iii) Contra esta decisión interpusieron recurso de apelación el Ministerio Público y la acusación particular, aunque el Ministerio Público desistió posteriormente al no asistir a la audiencia. La acusación particular sostuvo que el Tribunal a quo no fundamentó adecuadamente la decisión, que no valoró de manera integral la prueba y que omitió aplicar jurisprudencia pertinente; iv) El 4 de mayo de igual año, la Vocal demandada, al resolver dicho recurso, dictó Auto de Vista en el que consideró que el Tribunal a quo no realizó una valoración correcta de la prueba ni del estado procesal, tomando en cuenta que el juicio estaba próximo a iniciarse y que la víctima seguía reclamando justicia. Indicó también que el análisis sobre la probabilidad de autoría era improcedente, puesto que existía acusación formal, y señaló que no se aplicó el lineamiento contenido en la SCP 0394/2018-S2; v) La Vocal demandada anuló el Auto Interlocutorio de 25 de abril de 2023 y ordenó al Tribunal a quo emitir una nueva decisión con base en la jurisprudencia aplicable; vi) Al resolver una solicitud de enmienda y complementación conforme al art. 125 del CPP, la autoridad demandada revocó parcialmente la resolución apelada en lo relativo al peligro de fuga -art. 234.7 del citado Código-, mantuvo la valoración sobre el de obstaculización -art. 235.2 de la norma adjetiva penal- y ordenó que el Tribunal a quo dictara una nueva resolución; vii) La Vocal demandada vulneró el debido proceso en sus elementos motivación, fundamentación y congruencia, pues, conforme a la jurisprudencia establecida en la SCP 0493/2020-S1 de 14 de septiembre, un tribunal de alzada debía resolver sobre el fondo del recurso, confirmando o revocando la decisión, pero no podía anular obrados; viii) La autoridad demandada no cumplió con lo establecido en el art. 398 del CPP, que exigía pronunciamiento expreso sobre los agravios y los elementos presentados en la solicitud de cesación a la detención preventiva; y, ix) La Vocal demandada emitió decisiones contradictorias: primero anuló la resolución y, después, la revocó parcialmente, lo que generó incertidumbre jurídica respecto de la situación del procesado; además, excedió las potestades previstas en el art. 125 del citado Código, pues modificó lo esencial de la decisión al resolver la solicitud de enmienda.

II. CONCLUSIONES

De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Consta acta de audiencia de cesación a la detención preventiva y Auto Interlocutorio 4, ambos de 25 de abril de 2023, emitidos por el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, por el cual se declaró procedente la solicitud de cesación de la detención preventiva de Everth Silvio Machuca Rojas -accionante-, al considerar inexistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP; no obstante, mantuvo vigente, pero disminuido en su intensidad, el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal, e impuso al prenombrado las medidas cautelares personales de detención domiciliaria con dos custodios policiales y arraigo a nivel nacional (fs. 106 a 115).

II.2. Por acta de audiencia pública de vista y resolución de apelación incidental de medidas cautelares y Auto de Vista 156, ambos de 4 de mayo de 2023, Zullma Raiza García Basualdo, Vocal de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba -demandada-, en un primer momento, anuló el Auto Interlocutorio descrito en la Conclusión II.1; sin embargo, en mérito a la solicitud de enmienda y complementación formulada por el abogado del impetrante de tutela, revocó parcialmente dicha determinación, únicamente respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, manteniendo incólume lo demás. (fs. 121 a 128).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y congruencia; toda vez que, la autoridad demandada, por Auto de Vista de 4 de mayo de 2023, prolongó indebidamente su detención preventiva: a) Generando incertidumbre jurídica sobre su situación jurídica; y, b) Fundamentando su decisión en argumentos no invocados por las partes. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) El accionante no demostró con objetividad los supuestos fundamentos de su reclamo; 2) En cuanto al fondo, resolvió la apelación conforme a derecho, realizando una valoración correcta de los antecedentes y dictando una resolución clara, precisa y debidamente motivada; 3) El Auto de Vista cuestionado respondió a la denuncia de deficiencia en la fundamentación sobre la desvirtuación del peligro de fuga del art. 234.7 de la norma adjetiva penal, pues no correspondía tomar en cuenta la existencia de un sobreseimiento pendiente de revisión respecto a un coimputado, ya que ese aspecto hacía al fondo del proceso y no a la medida cautelar; y, 4) No era correcto considerar como fundamento la inasistencia de la víctima a terapias psicológicas, pues ello podía generar revictimización. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. El Tribunal de alzada está obligado a resolver la situación jurídica del accionante, en el conocimiento de la apelación de medidas cautelares. Jurisprudencia reiterada

La SCP 1471/2012 de 24 de septiembre estableció respecto a la Resolución de apelación de medidas cautelares, que: “…al tribunal de apelación no le está permitido anular obrados cuando verifique que el juez de instrucción omitió explicar los motivos que le llevaron a determinar, rechazar o modificar una medida cautelar, o que lo hizo, pero de manera insuficiente; puesto, que como se señaló, tratándose de la disputa del derecho a la libertad, en cumplimiento de los principios constitucionales señalados anteriormente, deberá resolver directamente el caso remitido en apelación, precisando las razones y los elementos de convicción que sustentaron su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva, o viceversa” (las negrillas fueron agregadas). Criterio que también fue asumido por las SSCC 1792/2003-R, 1554/2004-R y 1824/2004-R; y, la SCP 2078/2012 de 8 de noviembre, entre otras.

III.2. Análisis del caso concreto

Delimitada la problemática planteada, se advierte que el 25 de abril de 2023 se llevó a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violación agravada. En dicha oportunidad, el Tribunal de Sentencia Penal Primero de Punata del departamento de Cochabamba, mediante Auto Interlocutorio 4 de la misma fecha, declaró procedente la solicitud de cesación de la detención preventiva del prenombrado, al considerar inexistente el peligro de obstaculización previsto en el art. 235.2 del CPP. No obstante, mantuvo vigente el peligro de fuga establecido en el art. 234.7 del mismo cuerpo legal, e impuso al mismo las medidas cautelares personales de detención domiciliaria con dos custodios policiales y arraigo a nivel nacional (Conclusión II.1). Contra dicha determinación, el representante del Ministerio Público y la parte acusadora particular interpusieron recursos de apelación incidental, que fueron resueltos mediante Auto de Vista 156 de 4 de mayo de 2023, pronunciado por la Vocal demandada. En un primer momento, esta autoridad anuló el Auto Interlocutorio impugnado; sin embargo, a raíz de la solicitud de enmienda y complementación formulada por el impetrante de tutela, revocó parcialmente dicha decisión, únicamente respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, manteniendo incólume lo demás. En consecuencia, dispuso que: “…en razón de persistir un riesgo procesal, toda vez que el señalado Tribunal del Municipio de Punata deberá pronunciar nueva resolución respecto a la concurrencia o no del numeral 7) del Art. 234 del CPP., tomando en cuenta los fundamentos consignados en esta resolución” (sic [Conclusión II.2]).

En ese contexto, corresponde abordar la problemática planteada de la siguiente manera: Respecto al punto a) del objeto procesal, de la revisión de la parte dispositiva del Auto de Vista 156, se evidencia que la Vocal demandada, en un primer momento, anuló totalmente el Auto Interlocutorio impugnado; sin embargo, a raíz de la solicitud de enmienda y complementación formulada por el abogado del peticionante de tutela, revocó parcialmente dicha decisión, únicamente respecto al peligro de fuga previsto en el art. 234.7 del CPP, manteniendo incólume lo demás, disponiendo lo descrito ut supra y anulando de todas formas la decisión en revisión. Tal decisión resultó contraria al lineamiento expuesto en el citado Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo, siendo que un tribunal de alzada ante la interposición del recurso de apelación a medidas cautelares, deberá resolverlo, estando impedido por regla general de anular obrados. En efecto, al ordenar la emisión de una nueva resolución, la autoridad demandada delegó indebidamente su competencia decisoria, prolongando innecesariamente el trámite respecto a la continuidad o no de la restricción de la libertad del accionante y desnaturalizando la finalidad del recurso, cuyo objeto consiste, precisamente, en que el tribunal de alzada determine, con base en los elementos de convicción, si corresponde mantener o modificar la medida cautelar. Por consiguiente, la Vocal demandada incumplió su deber de resolver el fondo de la solicitud de cesación a la detención preventiva, vulnerando con ello los derechos a la libertad personal y al debido proceso, al disponer un reenvío improcedente en un contexto en el que debía emitir una decisión directa y motivada sobre la procedencia o no de la cesación de la extrema medida. En ese contexto, corresponde conceder la tutela, con los mismos alcances dispositivos asumidos por la Sala Constitucional. Finalmente, en cuanto al punto b) del objeto procesal, es necesario señalar que su análisis resulta innecesario, toda vez que, al disponerse la concesión de tutela en el presente fallo constitucional y ordenando la emisión de una nueva resolución debidamente fundamentada por la autoridad competente, las cuestiones vinculadas a dicho extremo deberán ser consideradas y resueltas en esa nueva instancia. En consecuencia, emitir un pronunciamiento adicional sobre este punto implicaría sustituir las funciones de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual su examen resulta intrascendente. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de manera correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 006/2023 de 10 de mayo, cursante de fs. 133 a 137 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional y con los mismos alcances y efectos dispositivos asumidos por la citada Sala Constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1207_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.

Huella digital del PDF (SHA-256): 4e75870e8240ccc80cf5ce0589b2d48305ab5da5ff6f7fb01a965e930b967db1

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