Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de octubre de 2025
Deniega la tutela
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de mujer embarazada, vinculados al derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, debido a que, suscribió un contrato de prestación de servicios eventuales con EMAPA, y ante la culminación del plazo del mismo el 15 de mayo de 2023, siguió cumpliendo sus funciones ya que de manera verbal el Responsable Regional Chuquisaca de esa institución, le pidió continuar con sus funciones hasta que se remita el contrato físico; sin embargo, el 4 de agosto del mismo año, recibió una llamada de RR.HH., informándole que sería retirada del control biométrico dando por concluida la relación laboral, sin considerar que puso a conocimiento de la empresa su estado de gestación y solicitó el pago del subsidio de lactancia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC 116/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 147 a 150 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo vigentes todas la medidas y acciones que pudieron derivar de la concesión parcial de la tutela por parte de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1206/2025-S3 Sucre, 3 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de amparo constitucional Expediente: 57855-2023-116-AAC Departamento: Chuquisaca En revisión la Resolución AAC 116/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 147 a 150 vta., pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Elguid Padilla Moscoso contra Franklin Richar Flores Córdova, Gerente General y Pedro Ayllón Rengifo, Responsable Regional Chuquisaca, ambos de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA).
Por memorial presentado el 24 de agosto de 2023, cursante de fs. 34 a 41 vta., la accionante manifestó que:
El 14 de febrero de 2023, suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Eventuales Vendedora de Tienda CPE/385/2023 en la Regional Chuquisaca, con EMAPA, hasta el 15 de mayo de igual año, el 14 de ese mes y año, el Responsable Regional Chuquisaca de la indicada empresa -ahora codemandado-, le notificó verbalmente con la reconducción del contrato sin definir un nuevo plazo pidiéndole que continúe con sus funciones habituales a la espera segura del contrato físico, es así que marcó su ingreso y salida, realizó los depósitos diarios de caja por concepto de ventas y todas las funciones afines y encomendadas al cargo que ocupaba, aspecto que estableció una continuidad laboral que superó la eventualidad, pero sin recibir remuneración justa. Alega que, su estado de gestación fue comunicado al Gerente General y al Responsable Regional Chuquisaca de EMAPA -hoy demandados-, conforme consta del Certificado de Atención Prenatal 1865 de 10 de mayo de 2023, que habilitó la entrega del subsidio prenatal a partir de esa fecha, del mismo modo dirigió tres notas al Gerente Administrativo Financiero de la mencionada empresa el 11 de ese mes, 7 de junio y 7 de julio del indicado año, solicitando el beneficio de asignaciones familiares; sin embargo, no merecieron respuesta. El 4 de julio de 2023, presentó una nota al Gerente General de EMAPA informando que se encontraba con siete meses de gestación y solicitando continuidad laboral por lactancia prenatal; empero, tampoco mereció respuesta, en virtud a ello, el 17 del mismo mes y año, en una situación revictimizadora se dirigió nuevamente al señalado Gerente reiterando sus solicitudes anteriores. El 4 de agosto de 2023, mientras desempeñaba sus funciones fue contactada vía teléfono por la Dirección de Recursos Humanos (RR.HH.) de EMAPA, para informarle que a partir del 5 de igual mes y año, sería retirada del control biométrico de asistencia y que la relación laboral se daba por terminada debido a que la institución “‘no tenía fondos para cubrir el embarazo”’ (sic). El 5 de agosto de 2023, se presentó con normalidad a su fuente laboral; sin embargo, fue eliminada del biométrico, además el Responsable Regional Chuquisaca de EMAPA le indicó que no podría reclamar sus derechos e instruyó al personal para que impidan su ingreso. Asimismo, señaló que no recibió subsidio prenatal de julio del indicado año y tampoco tiene atención en la Caja Nacional de Salud (CNS), encontrándose “a la fecha” -se entiende de presentación de la acción tutelar- con ocho meses de embarazo con parto programado para el 15 de septiembre de igual año, recibiendo un trato discriminatorio en razón de género, su contexto vulnerable, su necesidad de empleo y la relación de poder desigual frente al empleador, siendo desvinculada de manera arbitraria a pesar de haber comunicado en reiteradas ocasiones su estado de gravidez. De acuerdo al art. 1 de la Ley General del Trabajo, el contrato será calificado como laboral sin importar la forma o la denominación del mismo, ya que por imperio de los arts. 48 de la Constitución Política del Estado (CPE), y 44 del Código Procesal del Trabajo (CPT), las normas laborales son de aplicación preferente a cualquier otra, en ese sentido, debe aplicarse de forma preferente la mencionada Ley General del Trabajo al régimen impuesto en la cláusula quinta del Contrato de Prestación de Servicios Eventuales Vendedora de Tienda CPE/385/2023, en la que se señala a la Ley de Control y Administración Gubernamentales y al Estatuto del Funcionario Público. Señala que, el principio de subsidiariedad no es exigible en su caso, debido a que pertenece a un grupo de atención prioritaria y protección reforzada y se encuentra en situación de vulnerabilidad por su estado de gestación, además, presentó el reclamo a EMAPA en reiteradas oportunidades; por lo que, no existe otro mecanismo de defensa al cual pueda acudir.
Con base en lo expuesto, y en aplicación efectiva del enfoque de género e interseccional además del principio de interdependencia de los derechos humanos, se debe entender que se encuentra frente a un caso de acoso laboral y discriminación en razón de género, embarazo y condición socioeconómica, que se refleja en los informes de la trabajadora social de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del Distrito 2 del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, así como en el informe psicológico de la psicóloga del Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) del Distrito 4 del mencionado Gobierno Municipal.
Denuncia como lesionados sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de mujer embarazada, vinculados al derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, citando al efecto los arts. 1.1 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y 1 de la Convención sobre Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia: a) Se ordene su inmediata reincorporación a su fuente laboral con todos los derechos laborales y de seguridad social que le asisten en igualdad de condiciones, al día de su arbitraria desvinculación; b) Se otorguen medidas de protección con el fin de evitar futuros hostigamientos o acoso laboral; c) Se ordene el pago inmediato de los salarios devengados y adeudados producto de la ilegal desvinculación; y, d) Se ordene la reparación integral material e inmaterial por la vulneración sufrida conforme a la SCP 0019/2018-S2 de 28 de febrero.
Celebrada la audiencia pública virtual el 6 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 135 a 146, se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogada, ratificó los argumentos expuestos en la acción de amparo constitucional y ampliándolos manifestó que: 1) La SCP 0782/2020-S4 -no precisa fecha-, tuteló los derechos de una mujer embarazada en sus mismas condiciones, y aplicó de forma preferente la Ley General del Trabajo, razonando que, a la finalización del término pactado en el último documento la trabajadora siguió ejerciendo sus funciones hasta el “14 de febrero de 2020”, bajo la promesa de recontratación que finalmente nunca se concretó, elementos de los cuales se advierte la concurrencia de los presupuestos que hacen a la tácita reconducción de la relación laboral, habida cuenta que la actividad de la trabajadora no cesó a la conclusión del plazo establecido en el contrato, tomando en cuenta además que la misma se encontraba en etapa de gestación; y, 2) Su contratación estaba prevista en un cargo sujeto a la planilla fija administrativa o nómina de personal dependiente de EMAPA, por lo tanto, no goza de eventualidad como quieren hacer creer los informes, constituyendo una obligación de la empresa considerar que las mujeres embarazadas deben ser recontratadas con prioridad. A las preguntas efectuadas por el Vocal de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, la accionante a través de su abogada manifestó que, si bien había concluido su contrato continuó en sus funciones hasta agosto, demostrándose aquello de la documentación que se acompañó donde figura su firma, tal como la nota de entrega de la empresa “Delacto”; asimismo, señaló que conforme a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), hay la inversión de la carga de la prueba y la presunción de veracidad, y en los casos de violencia, los estándares del valor fundamental de la declaración de las víctimas es también muy importante.
Franklin Richar Flores Córdova, Gerente General de EMAPA, por informe escrito de 4 de septiembre de 2023, cursante de fs. 72 a 75 vta., manifestó que: i) Mediante Contrato de Prestación de Servicios Eventuales Vendedora de Tienda CPE/385/2023, se contrató a la accionante para que ejerza sus funciones en el departamento de Chuquisaca; sin embargo, sus pretensiones no se ajustan al Estatuto del Funcionario Público y se encuentran al margen de la relación contractual más aún si en el mismo se dispuso que la fecha de culminación del contrato sería el 15 de mayo de 2023, por lo que, los derechos emergentes de este, solo pueden ser aplicados a la vigencia del señalado contrato; ii) Al no estar vigente el referido contrato, los derechos reclamados por la peticionante de tutela no le corresponden, pretendiendo de manera errónea inducir en error a la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, desnaturalizando la aplicación de la Ley General del Trabajo para el pago del subsidio prenatal y la reincorporación, debiendo dejar claramente establecido que EMAPA no tiene la obligación de la recontratación, pues cumplió a cabalidad el indicado contrato, respetando lo establecido en la cláusula quinta; iii) Durante la vigencia del contrato la empresa dio cumplimiento al pago de salarios, billetera móvil, la afiliación al seguro social entre otros; iv) La asistencia de la accionante fue registrada desde el 14 de febrero hasta el 15 de mayo de 2023, y revisada la carpeta y archivos de RR.HH., no se tiene pendiente solicitud de una nueva contratación para la impetrante de tutela, tampoco informe financiero ni técnico solicitando la ampliación del precitado contrato; v) El proceso de desvinculación de la accionante, aún tiene obligaciones pendientes como la presentación del informe final, formulario de no adeudo, declaración jurada de bienes y rentas por conclusión del contrato; vi) Todo contrato donde interviene el Estado se considera como contrato administrativo y están regidos por el derecho público y su regulación le corresponde al derecho administrativo; vii) La SCP 1934/2013 de 4 de noviembre, determinó que en un contrato a plazo fijo, al tratarse de funcionarios eventuales no puede aplicarse la tácita reconducción prevista por el art. 21 de la Ley General del Trabajo (LGT); viii) La prestación de servicios de la solicitante de tutela, está regida por el Estatuto del Funcionario Público, lo que se puede evidenciar de la referida declaración jurada de bienes y rentas que es obligación de todos los servidores públicos, lo que hace que las supuestas vulneraciones nunca existieron, por lo expuesto, solicitó denegar la tutela impetrada. Pedro Ayllón Rengifo, Responsable Regional Chuquisaca de EMAPA, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de consideración de esta acción tutelar pese a su notificación cursante a fs. 46.
La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, por Resolución AAC 116/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 147 a 150 vta., concedió, la tutela solicitada disponiendo: a) La reincorporación de la accionante en un plazo máximo de cinco días, al mismo puesto o similar de manera que se garantice la continuidad de sus medios de subsistencia hasta que el recién nacido cumpla un año de edad, con todos los derechos laborales y de seguridad social que le asisten y se cumpla con el restablecimiento de los subsidios; y, b) En cuanto al pago de salarios devengados, el mismo queda diferido y será exigible una vez que la Resolución sea confirmada en revisión por el Tribunal Constitucional Plurinacional; todo ello, con base en los siguientes fundamentos: 1) La estabilidad laboral es entendida como el derecho del trabajador por cuenta ajena, a conservar su trabajo por el mayor tiempo posible mientras no incurra en contravenciones legales o que produzcan razones justificadas que hagan imposible la permanencia de la relación laboral, ese derecho tiene características propias dependiendo del régimen laboral aplicable, así, en el marco de la Ley General del Trabajo, la estabilidad laboral es inherente a tareas propias de la empresa independientemente de la modalidad de ingreso; en tanto que, en la relación laboral regulada por el Estatuto de Funcionario Público, está relacionada a la carrera administrativa; 2) La inamovilidad laboral es una garantía de protección reforzada para personas que atraviesan circunstancias especiales como discapacidad, embarazo, lactancia, entre otros, esta no es universal, es decir, que no alcanza a todos los servidores públicos, quedando excluidos los servidores públicos electos, designados y los de libre nombramiento; 3) A partir de lo anotado, no es posible analizar la estabilidad laboral invocada por la accionante, por lo que, se circunscribirán a la inamovilidad laboral por su condición de mujer embarazada cuyo ingreso a EMAPA se produjo por efecto de un contrato a plazo fijo e independientemente del régimen laboral aplicable al caso, conforme a las Sentencias Constitucionales Plurinacionales “0789/2012” y “1008/2020-S1”, es posible aplicar la inamovilidad laboral en ambos regímenes; 4) La SCP “0789/2012”, determina que es posible tutelar la inamovilidad laboral de las gestantes o progenitores que iniciaron su relación laboral con base en un contrato a plazo fijo, siendo impertinente lo señalado por el demandado, al alegar que no ingresaron al régimen dispuesto en el art. 47 de la Ley de la Empresa Pública -Ley 466 de 26 de diciembre de 2013-; 5) La cláusula quinta del contrato a plazo fijo suscrito por la impetrante de tutela, estipuló como plazo de duración hasta el 15 de mayo de 2023; sin embargo, del análisis de los elementos aportados la nombrada siguió prestando sus servicios en razón a la comunicación verbal del Responsable Regional Chuquisaca de EMAPA -ahora codemandado-, además se tiene los controles prenatales hasta el 7 de julio de ese año, que se encuentran firmados por el codemandado, además de las copias del inventario físico de 10 de junio del indicado año que se encuentra firmado por la accionante. A partir de esos elementos, si bien no se pudo acreditar fehacientemente la alegada continuidad laboral; sin embargo, existe duda razonable entendiendo que, sin la aquiescencia de la parte empleadora, la trabajadora no hubiera podido intervenir en esos actos mucho menos en los depósitos de dinero, por ello, a efecto de brindar protección reforzada dichos elementos respaldan lo alegado por la accionante en relación a la continuidad de la prestación de sus servicios; 6) La parte demandada de ningún modo negó la referida continuidad laboral hasta el 4 de agosto de 2023, puesto que, su defensa estuvo basada en el cumplimiento del plazo estipulado en el contrato y que EMAPA no se encuentra bajo el régimen de la Ley General del Trabajo sino bajo el Estatuto del Funcionario Público; 7) No corresponde a la Sala Constitucional brindar tutela a la estabilidad laboral propiamente sin dilucidar si la relación laboral se encuentra en el marco de la Ley General del Trabajo o en el del Estatuto del Funcionario Público, temas que deben ser dilucidados por la jurisdicción laboral; sin perjuicio de ello, se conmina a la parte demandada a evitar ejercer acciones de hostigamiento y acoso laboral a la accionante, caso contrario podrá instaurarse las acciones respectivas en la vía administrativa ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social; y, 8) Respecto al pago de salarios devengados, dadas las circunstancias en las que se brinda la tutela, la Sala Constitucional considera que se debe diferir su pago hasta que la Resolución emitida sea confirmada en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional. Finalmente en lo concerniente a la reparación impetrada, esta se hace efectiva mediante la restitución del derecho y garantía a la inamovilidad laboral, la seguridad social, a los subsidios y otros derechos que le corresponden como trabajadora, de los cuales excepcionalmente se difiere el pago de sueldos devengados. En vía de enmienda, complementación y aclaración la accionante a través de sus abogadas, solicitó que se argumente la decisión asumida a la luz del art. 13.I del a CPE, en armonía con el art. 3 de la Convención de los Derechos del Niño, en ese sentido se explique por qué el pago de los salarios devengados “no pertenecerían” o por qué no estarían dentro de la indivisibilidad de los derechos, más aún cuando la justa remuneración está vinculada al derecho al trabajo y por ende a la reincorporación en el marco del derecho al trabajo.
En respuesta a la indicada solicitud, la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, precisó que, lo que se busca es que se modifique la decisión asumida; sin embargo, se debe tomar en cuenta la jurisprudencia que estableció lo que se entiende por complementación y enmienda en el marco de los previsto por el art. 13 del Código Procesal Constitucional (CPCo), indicando que solo corrige errores materiales sin afectar el fondo del fallo, en ese marco, y tomando en cuenta que no se denegó el derecho que tiene la accionante al pago de sus salarios devengados, declaró no ha lugar la petición de aclaración, complementación y enmienda.
De la revisión y análisis de la documental adjunta al expediente, se evidencia lo siguiente: II.1. Cursa Contrato de Prestación de Servicios Eventuales Vendedora de Tienda CPE/385/2023 de 14 de febrero, suscrito entre Elguid Padilla Moscoso -ahora accionante- y Franklin Richar Flores Córdova, Gerente General de EMAPA -ahora demandado-, cuyo objeto era la prestación de servicios eventuales de vendedora de tienda en el departamento de Chuquisaca, desde la mencionada fecha hasta el 15 de mayo de 2023 (fs. 2 a 4). II.2. Consta Certificado de Atención Prenatal 1865 de 10 de mayo de 2023, firmado hasta el 7 de julio de igual año por el demandado (fs. 5). II.3. Mediante nota presentada el 11 de mayo de 2023, dirigida al Gerente Administrativo Financiero de EMAPA, la accionante solicitó el pago del subsidio prenatal (fs. 6). Solicitud que fue reiterada por notas presentadas el 7 de junio y 7 de julio del mismo año (fs. 7 a 8). II.4. Por nota presentada el 4 de julio de 2023, dirigida al demandado, la accionante solicitó continuidad laboral por lactancia prenatal (fs. 9) Solicitud que fue reiterada por memorial presentado el 18 de ese mes y año (fs. 10 a 13). II.5. Cursa papeletas de pago de febrero, marzo, abril y mayo, emitidas por EMAPA en favor de la peticionante de tutela, en las que se consigna en los datos de planilla la modalidad: personal eventual (fs. 84 a 87).
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de mujer embarazada, vinculados al derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, debido a que, suscribió un contrato de prestación de servicios eventuales con EMAPA, y ante la culminación del plazo del mismo el 15 de mayo de 2023, siguió cumpliendo sus funciones ya que de manera verbal el Responsable Regional Chuquisaca de esa institución, le pidió continuar con sus funciones hasta que se remita el contrato físico; sin embargo, el 4 de agosto del mismo año, recibió una llamada de RR.HH., informándole que sería retirada del control biométrico dando por concluida la relación laboral, sin considerar que puso a conocimiento de la empresa su estado de gestación y solicitó el pago del subsidio de lactancia. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si los argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En relación a ese tópico procesal y en observancia a la protección de derechos de este grupo de atención prioritaria, la SCP 0198/2013 de 27 de febrero, sostuvo que: “La acción de amparo constitucional es una acción tutelar de carácter extraordinario, cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, establecida en el art. 128 de la CPE, procede: ‘…contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley’.
A su vez, el art. 129.I de la CPE, enfatiza que esta acción tutelar puede presentarse por la persona: ‘…que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo con la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos o amenazados’.
Con relación al principio de subsidiariedad la jurisprudencia constitucional ha precisado y de manera constante que la acción de amparo constitucional tiene por finalidad la tutela de los derechos y garantías constitucionales de las personas; pero, no puede suplir a la jurisdicción llamada por ley, que puede restituirlos de manera eficiente y oportuna.
Sin embargo, la exigencia del agotamiento de vías ordinarias o administrativas, puede en algunos casos ocasionar un daño irreparable, por lo cual la justicia constitucional estableció una serie de sub reglas, en las que se encuentran las excepciones al principio de subsidiariedad, en tal sentido, están los derechos que asisten a la mujer trabajadora en estado de gestación la SC 0530/2010-R de 12 de julio, estableció que al tratarse de acciones:’…que implican la protección de una mujer trabajadora en estado de gestación, esa protección es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría causar el hecho ilegal denunciado…’ entendimiento reconocido en la vigencia de la Constitución Política del Estado del año 2009 así por ejemplo las SSCC 0434/2010-R, 0581/2010-R, 1043/2010-R, 0610/2010-R, 0771/2010-R, 1330/2010-R y 1205/2010-R.
Siendo que el orden constitucional vigente otorga protección a las mujeres en estado de embarazo, garantizando la inamovilidad de éstas, de igual forma resguarda tratándose de los padres progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de edad, entonces los padres trabajadores en búsqueda de tutela ante la justicia constitucional ante un despido o destitución de su fuente laboral, extensivamente deberá aplicarse el entendimiento desarrollado con relación a la excepción de la subsidiariedad en las acciones de amparo constitucional cuando la trabajadora en estado de embarazo fuere, lo contrario sería restrictivo al ejercicio de sus derechos constitucionales, por lo que también podrá acudir directamente ante esta vía, no siendo exigible el agotamiento previo de vías ordinarias o administrativas”.
Sobre este tópico, la SCP 0406/2025-S3 de 22 de mayo, haciendo cita a la SCP 0890/2013 de 20 de junio, “…recogiendo entendimientos respecto a los hechos controvertidos en la acción de amparo constitucional, tanto del anterior Tribunal Constitucional como del actual Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que la naturaleza jurídica de la citada acción de defensa, tutela derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado y la ley, que hubieran sido afectados y lesionados por actos u omisiones ilegales o indebidas de autoridades o personas particulares y no puede ingresar a dilucidar hechos que sean controvertidos ni reconocer derechos, los que deben ser dirimidos por la jurisdicción ordinaria; al respecto, en el Fundamento Jurídico III.5, establece: [E]l anterior Tribunal Constitucional ha desarrollado lo siguiente: a) La SC 1370/2002-R de 11 de noviembre, expresó: ‘…que el ámbito del Amparo Constitucional como garantía de derechos fundamentales, no alcanza a definir derechos ni analizar hechos controvertidos, pues esto corresponderá -de acuerdo al caso- a la jurisdicción judicial ordinaria o administrativa, cuyos jueces, tribunales o autoridades de acuerdo a la materia, son las facultadas para conocer conforme a sus atribuciones específicas las cuestiones de hecho. En este sentido, la función específica de este Tribunal, en cuanto a derechos fundamentales, sólo se circunscribe a verificar ante la denuncia del agraviado, si se ha incurrido en el acto ilegal u omisión indebida y si ésta constituye amenaza, restricción o supresión a derechos fundamentales’; b) La SC 278/2006-R de 27 de marzo, señaló: ‘…el recurso de amparo constitucional es un mecanismo instrumental para la protección del goce efectivo de los derechos fundamentales por parte de las personas, por tanto protege dichos derechos cuando se encuentran consolidados a favor del actor del amparo, no siendo la vía adecuada para dirimir supuestos derechos que se encuentren controvertidos o que no se encuentren consolidados, porque dependen para su consolidación de la dilucidación de cuestiones de hecho o de la resolución de una controversia sobre los hechos; porque de analizar dichas cuestiones importaría el reconocimiento de derechos por vía del recurso de amparo, lo que no corresponde a su ámbito de protección, sino sólo la protección de los mismos cuando están consolidados; por ello, la doctrina emergente de la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional, también ha expresado que el recurso de amparo no puede ingresar a valorar y analizar hechos controvertidos’; c) La SC 0680/2006-R de 17 de julio, señaló: ‘…que a través del amparo no es posible dilucidar hechos controvertidos ni reconocer derechos, sino únicamente protegerlos cuando se encuentran debidamente consolidados…’; d) La SC 0675/2011-R de 16 de mayo, concluyó: ‘…que el recurrente, ahora accionante, al presentar la acción tutelar debe acompañar los elementos probatorios suficientes que comprueben la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, pues si el Tribunal no tiene certeza sobre la veracidad de los hechos expuestos por encontrarse en controversia, no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto por no constituir una instancia de resolución de causas ordinarias, correspondiendo sólo la protección de derechos consolidados a favor del accionante’; y, e) La SC 1539/2011 de 11 de octubre, expresó: ‘…que quien acude a esta vía extraordinaria, debe acreditar su titularidad respecto de los derechos cuya tutela solicita, de manera que no será posible plantear la acción de amparo constitucional invocando derechos que se encuentren en disputa…’. El actual Tribunal Constitucional en su Jurisprudencia Constitucional desarrolló al punto, entre ellos señalamos las siguientes: 1) La SCP 0145/2012 de 14 de mayo, concluyó: ‘De donde se extrae, que la resolución de hechos controvertidos o el reconocimiento de derechos, delimita la competencia de la jurisdicción constitucional’; 2) La SCP 998/2012 de 5 de septiembre refirió: ‘…debe establecerse además que la finalidad de la justicia constitucional en su ámbito tutelar, es el resguardo a derechos fundamentales, por cuanto, a través de esta instancia, no pueden analizarse hechos controvertidos…’”.
La accionante denuncia como lesionados sus derechos a la estabilidad e inamovilidad laboral de mujer embarazada, vinculados al derecho a la salud, a la vida, a la integridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, debido a que, suscribió un contrato de prestación de servicios eventuales con EMAPA, y ante la culminación del plazo del mismo el 15 de mayo de 2023, siguió cumpliendo sus funciones ya que de manera verbal el Responsable Regional Chuquisaca de esa institución, le pidió continuar con sus funciones hasta que se remita el contrato físico; sin embargo, el 4 de agosto del mismo año, recibió una llamada de RR.HH., informándole que sería retirada del control biométrico dando por concluida la relación laboral, sin considerar que puso a conocimiento de la empresa su estado de gestación y solicitó el pago del subsidio de lactancia. Consideraciones previas Conforme a la jurisprudencia constitucional citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la protección de una mujer en estado de gestación es de carácter inmediato por el efecto irreparable que podría ocasionar el hecho supuestamente ilegal que se denuncia, ello en virtud a que las mujeres embarazadas se encuentran dentro de un grupo vulnerable de prioritaria atención, por lo tanto, no es exigible el agotamiento de las vías ordinaria y administrativa de manera previa a activar la acción de amparo constitucional. En ese sentido, conforme al Certificado de Atención Prenatal 1865 de 10 de mayo de 2023, firmado hasta el 7 de julio de igual año por el demandado (Conclusión II.2), al momento de la interposición de esta acción tutelar, la accionante se encontraba embarazada, en virtud a ello, se hace abstracción del principio de subsidiariedad. Del caso concreto De la revisión de los antecedentes de esta acción tutelar, se tiene que, la accionante suscribió el Contrato de Prestación de Servicios Eventuales Vendedora de Tienda CPE/385/2023 de 14 de febrero, con Franklin Richar Flores Córdova, Gerente General de EMAPA -ahora demandado-, cuyo objeto era la prestación de servicios eventuales de vendedora de tienda en el departamento de Chuquisaca, desde la mencionada fecha hasta el 15 de mayo de 2023 (Conclusión II.1). A la conclusión de la relación laboral la peticionante de tutela, mediante nota presentada el 11 de igual mes y año, dirigida al Gerente Administrativo Financiero de EMAPA, solicitó el pago del subsidio prenatal, solicitud que fue reiterada por notas presentadas el 7 de junio y 7 de julio del mismo año (Conclusión II.3). Posteriormente, por nota presentada el 4 de julio de dicho año, dirigida al demandado, la accionante pidió continuidad laboral por lactancia prenatal misma que fue reiterada por memorial presentado el 18 de ese mes y año (Conclusión II.4). Asimismo, cursan papeletas de pago de febrero, marzo, abril y mayo, emitidas por EMAPA en favor de la peticionante de tutela, en las que se consigna en los datos de planilla la modalidad: personal eventual (Conclusión II.5). Desarrollados los antecedentes e identificado el objeto procesal de esta acción tutelar, es menester precisar que, la accionante argumenta que a pesar de haberse cumplido el plazo de su contrato el 15 de mayo de 2023, continuó prestando sus servicios hasta el 4 de agosto de igual año, con la promesa de suscribir un nuevo contrato, por lo que, considera que opera la tácita reconducción pues debe aplicarse de manera preferente las normas de la Ley General del Trabajo, en consecuencia -a su criterio-le correspondería su reincorporación laboral al cargo que ocupaba, más el pago de salarios devengados desde la culminación de su contrato hasta su efectiva reincorporación así como las asignaciones familiares en virtud a su estado de gestación. Por otra parte, el Gerente General de EMAPA ahora demandado, al momento de presentar el informe con relación a esta acción tutelar, manifestó que, el contrato suscrito con la accionante se enmarca a las normas del Estatuto del Funcionario Público y se encuentra al margen de una relación laboral amparada por la Ley General del Trabajo, asimismo, señaló que la relación laboral culminó el 15 de mayo de 2023, y durante dicha relación cumplió con el pago de salarios, billetera móvil y la afiliación al seguro, además que de la revisión de la carpeta y archivos de RR.HH. de EMAPA, no existe informe financiero y técnico solicitando la ampliación del contrato ni la modificación del mismo. En virtud a lo referido por ambas partes, se identifica la concurrencia de hechos controvertidos, pues, la accionante alega que debe aplicarse la Ley General del Trabajo de manera preferente y el demandado manifiesta que la relación laboral de la nombrada con EMAPA era de carácter eventual y regida por el Estatuto del Funcionario Público, en este sentido, conforme a la reiterada jurisprudencia constitucional, este Tribunal no tiene facultad para reconocer derechos, vale decir, no alcanza a definir derechos ni a analizar o dilucidar hechos controvertidos, correspondiendo esa atribución a los jueces y tribunales de la jurisdicción ordinaria o administrativa. En ese sentido, conforme al Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, la función de este Tribunal, en cuanto a los derechos fundamentales, se circunscribe a verificar, ante la denuncia del agravio, si se incurrió en un acto ilegal u omisión indebida o si este se constituye en una amenaza o afectación.
En esa línea de análisis, la acción de amparo constitucional protege derechos consolidados a favor del accionante, siendo la instancia adecuada para dirimir hechos controvertidos la jurisdicción ordinaria o administrativa, mismas que tienen facultades para conocer cuestiones de hecho, lo contrario significaría reconocer derechos a través de esta acción tutelar, aspecto que no corresponde al ámbito de su protección en razón a que la tutela que brinda, alcanza a la maximización del ejercicio de derechos consolidados. Por consiguiente, al ser evidente la existencia de hechos controvertidos en el presente caso, tomando en cuenta que la accionante no demostró con prueba alguna la titularidad de los derechos que reclama como vulnerados, este Tribunal se encuentra impedido de pronunciarse sobre el fondo de la problemática planteada, debido a que los derechos alegados como lesionados se encuentran en disputa. Finalmente, en mérito a la denegatoria de la tutela corresponde aplicar lo previsto por el art. 28.II del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establece “La parte resolutiva del fallo sobre el fondo de la acción, demanda, consulta o recurso podrá determinar su dimensionamiento en el tiempo y los efectos sobre lo resuelto”, dimensionando los efectos de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, considerando que la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, concedió -en parte- la tutela solicitada, por lo tanto, corresponde mantener vigente y subsistente las acciones que hayan derivado de la mencionada concesión de la tutela, esto en resguardo del principio de seguridad jurídica y evitando que los efectos de este fallo constitucional repercutan de manera negativa en las partes. En consecuencia, la Sala Constitucional, al conceder la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución AAC 116/2023 de 6 de septiembre, cursante de fs. 147 a 150 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca; y, en consecuencia: 1° DENEGAR la tutela impetrada, con la aclaración que no se ingresó al análisis de fondo de la problemática planteada. 2° Dimensionar los efectos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, manteniendo vigentes todas la medidas y acciones que pudieron derivar de la concesión parcial de la tutela por parte de la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, conforme a lo expuesto en el Fundamento Jurídico precedente. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1206_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): ec60832f89b1aafe0104d6ea2c4f9f604606ff84fbffbe6a8914da5c87efd947
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