Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su “garantía” de la debida fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, en su vertiente a ser oído, a un recurso efectivo, a la condición de validez legal de la reserva legal y a la libertad; toda vez que, el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023 que dispuso su detención preventiva incurrió en varios agravios referentes a la falta de motivación y fundamentación; asimismo, ante dicha resolución planteó recurso de apelación, el cual, mediante Auto de Vista de 14 de abril de 2023, el Vocal demandado declaró improcedente, teniendo por concurrentes riesgos procesales; sin embargo, incurrió en los siguientes agravios: a) Respecto a la probabilidad de autoría omitió pronunciarse, limitándose a describir el hecho y no establecer un nexo de causalidad con el accionante, lo que no justificaría el art. 233.1 del CPP; b) Respecto al riesgo de fuga del art. 234.4 del referido Código los informes policiales en el que se basa este riesgo no fueron presentados formalmente, siendo solo presunciones subjetivas; c) En cuanto al art. 234.6 del CPP no estaba fundamentado ni motivado en la imputación formal, cuando la estableció como concurrente; y, respecto al riesgo de obstaculización, simplemente repitió los argumentos del Juez a quo sobre la supuesta amenaza realizada a Oscar Galarza, sin justificar cómo este hecho resulta en una influencia negativa en el denunciante, sin realizar una debida valoración de la prueba, lo que no justificaría el art. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, pronunciada por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1205/2025-S2 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55494-2023-111-AL Departamento: Cochabamba En revisión la Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhimmy Almanza Pardo en representación sin mandato de David Ricardo Suarez Rivero contra Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; y, Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del mismo departamento.
Por memorial presentado el 8 de mayo de 2023, cursante de fs. 397 a 410, el accionante, a través de su representante sin mandato, manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de concusión y cohecho pasivo, por Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Cochabamba -codemandado-, dispuso su detención preventiva por cinco meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del referido departamento, por ser concurrentes los riesgos procesales de los arts. “233.1, 234.4 y 6 el 235.2” del Código de Procedimiento Penal (CPP). Contra dicha Resolución interpuso recurso de apelación, la misma que fue resuelto mediante Auto de Vista de 14 de abril de 2023, emitido por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo departamento -demandado-, quien confirmó la decisión del Juez a quo; sin embargo, denunció que ambas resoluciones carecen de debida fundamentación y motivación, incurriendo en los siguientes agravios: a) Sobre la errónea construcción de la probabilidad de autoría, el vocal demandado tampoco precisó el modo, tiempo y lugar en el que supuestamente habría cometido el ilícito, limitándose a describir el hecho denunciado y presumir una posible influencia en el proceso de contratación con eventual beneficio económico, sin acreditar su vínculo o condición de sujeto activo, en este sentido no concurre la probabilidad de autoría; sosteniendo al respecto que, al no dar respuesta alguna y no exponer las razones que sustentan su decisión ni realizar un análisis integral de los motivos de apelación carece de fundamento respecto a la probabilidad de autoría; b) En relación al art. 234.4 del CPP, el Vocal demandado fundamentó la existencia de riesgo procesal señalando que, el 28 de febrero de 2023 el investigador asignado al caso habría intentado contactarlo dos veces sin obtener respuesta, concluyendo que -según el informe- existió una negativa a colaborar con el proceso, alegando al respecto que, denunció que los informes de 25 de enero y 28 de febrero de 2023 remitidos por el investigador nunca fueron presentados formalmente ante el Juez cautelar ni ante el Tribunal de alzada, sino que se trataron únicamente de afirmaciones del Fiscal de Materia efectuados en la imputación formal y en audiencia, además que, en la primera convocatoria fue citado como testigo y en la segunda como imputado, sin haber sido correctamente notificado, motivo por el cual se dispuso su notificación por edictos; por tanto, los informes carecen de valor probatorio que sustenten su supuesta negativa a cooperar, concluyendo que, la construcción del riesgo procesal se basó en pruebas inexistentes y presunciones subjetivas; c) En cuanto al art. 234.6 del CPP no estaba fundamentado ni motivado en la imputación formal y respecto al 235.2 del referido Código, simplemente se limitó a repetir lo que mencionó el Juez a quo quien afirmó que el imputado tenía facilidades para influir negativamente en el denunciante Oscar Galarza, con base en una declaración presentada por el Ministerio Público que mencionaba que si el prenombrado no se presentaba al proceso de contratación, no sería tomado en cuenta en futuras obras de licitación; asimismo, el Vocal demandado consideró este razonamiento como correcto, señalando que la amenaza evidenciaba una influencia negativa de su persona sobre el denunciante; no obstante, cuestionó en apelación la errónea valoración de la prueba y la falta de fundamentación, aun así, desestimó el agravio argumentando que no se cumplió el requisito del art. 396.3 del CPP; al respecto, mencionó que de la amenaza no se explica cómo concurre este riesgo procesal y tampoco se pronunció sobre los elementos de prueba presentados, no siendo una razón suficiente, considerando que, la amenaza ocurrió al momento del hecho investigado, y por lo tanto, este riesgo concurrirá en toda la investigación, cuando conforme la jurisprudencia este peligro debe ser demostrado con elementos probatorios, no siendo válidas las presunciones; d) Con relación al agravio impugnado relativo al test de proporcionalidad no se pronunció respecto al tiempo de la detención preventiva, considerando los actos investigativos, pues si bien citó el art. 233.3 del CPP, limitó el sustento argumentativo a algunos de los desarrollos asumidos con anterioridad por el Juez a quo, mencionando que el tiempo que solicitó el Ministerio Público era razonable sin esbozar mayor criterio intelectivo que permita comprender al imputado si el plazo era de acuerdo a los parámetros establecido; y, e) Denunció la insuficiencia en la aplicación de medidas menos gravosas, ya que, el Vocal demandado debió aplicar el principio de proporcionalidad al momento de aplicar la medida de extrema ratio, valorando la prueba y no solo realizar un control normativo del iter lógico, ya que, la naturaleza de la apelación es el análisis íntegro y por ello, ingresar al fondo de lo apelado, probando o revocando el fallo inferior, pues ese es el objeto de la apelación incidental, no hizo uso de su facultad de revisar y modificar al resolución impugnada, pues correspondía subsanar el error inmediatamente.
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la lesión de sus derechos al debido proceso en su “garantía” de la debida fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa en su vertiente a ser oído, a un recurso efectivo, a la condición de validez legal de la reserva legal y a la libertad, sin citar norma constitucional alguna.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: i) Dejar sin efecto el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023 y el Auto de Vista de 14 de abril de 2023 dictada por las autoridades demandadas; ii) Que el Juez codemandado renueve el acto de audiencia de aplicación de medidas cautelares en el plazo de veinticuatro horas, ordenando la libertad del accionante o en su caso, que el Vocal demandado, emita un nuevo Auto de Vista debidamente fundamentado; y, iii) Se ordene costas procesales y daños y perjuicios.
Celebrada la audiencia pública virtual el 9 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 426 a 427, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante, a través de su abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y ampliando señaló que no es un funcionario público y en consecuencia no se puede establecer la probabilidad de autoría, tampoco se estableció un plazo y no justificó la necesidad e idoneidad para la aplicación de la detención preventiva.
Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de Cochabamba, por informe escrito cursante a fs. 420, sostuvo que: a) La Resolución de 24 de marzo de 2023 se encuentra debidamente fundamentada y motivada, ya que no se requiere que la misma sea amplia y ampulosa; b) En la presente acción se cuestionan circunstancias que en ningún momento se reclamaron en audiencia de aplicación de medidas cautelar, ni en audiencia de apelación; y, c) La afirmación del impetrante de tutela sobre su conducta negativa es falsa, pues pretende confundir en relación a los informes del investigador ya que se encontraba y se encuentran a disposición de las partes en el sistema de interoperatividad, por lo que se adjuntará en dichos informes. Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, por informe escrito cursante de fs. 424 a 425, refirió que: 1) De la compulsa de la prueba para imponer una medida de extrema ratio está facultada únicamente al Juez a cargo del proceso, debiendo únicamente intervenir el Tribunal de alzada cuando el juzgador se aparte de las previsiones legales que rigen el acto procesal, como de los marcos de razonabilidad y equidad, pues ingresar a valorar la prueba generaría una doble valoración; 2) El art. 398 del CPP limita la competencia del Tribunal de alzada a lo estrictamente apelado, conforme al principio de continencia procesal, salvo defectos absolutos o la inobservancia del art. 124 del CPP; y, 3) El peticionante de tutela no cumplió los presupuestos jurisprudenciales respecto a la interpretación de legalidad y su nexo de causalidad entre el criterio de interpretación utilizado y los demás presupuestos establecidos en la jurisprudencia para revisar la interpretación de la legalidad; y, 4) El Auto de Vista de 1 de noviembre de 2022 se encuentra debidamente motivada y fundamentada, por lo que, solicitó se deniegue la tutela solicitada sin ingresar al fondo por el incumplimiento de los presupuestos de la acción de libertad.
Edson Marcelo Requiz Céspedes, Fiscal de Materia, en audiencia manifestó que, el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023 y el Auto de Vista de 14 de abril de 2023 cumplen con la exigencia del art. 173 del CPP respecto a la valoración de la prueba y la sana crítica; asimismo, la imputación cumple con los requisitos para acreditar la probabilidad de autoría, considerando que de la revisión del sistema de interoperabilidad se evidencia que se cumplió con la presentación de los informes del investigador asignado al caso y el registro de antecedentes, por lo que solicitó se deniegue la tutela.
La Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: i) El impetrante de tutela fue notificado con actos procesales y tuvo la oportunidad de presentar impugnaciones a las resoluciones que se dictaron; ii) No existe suficiente carga argumentativa pues no se fundamentó la relación con su libertad, tomando en cuenta su petitorio, pues no se fundamentó la razón por la cual se deba ingresar al análisis del debido proceso; y, iii) No se demostró un estado de indefensión absoluto, conforme establece la jurisprudencia, respecto a los presupuestos de la acción de libertad, asimismo, considerando que la jurisdicción constitucional no es una tercera instancia, pues al tener agravios de la valoración de la prueba en ambas resoluciones que habrían dispuesto la detención preventiva, lo correcto es que el accionante presente una acción de amparo constitucional a efectos de la restitución de los derechos reclamados.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Se tiene Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023 emitido por Luis Fernando Pérez Montaño, Juez de Instrucción Anticorrupción Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, en el cual dispone la detención preventiva de David Ricardo Suarez Rivero por el plazo de cinco meses en el Centro Penitenciario San Sebastián Varones del departamento de Cochabamba (fs. 347 vta. a 349 vta.). II.2. Cursa Auto de Vista de 14 de abril de 2023, emitido por Oscar Florero Florero, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante el cual declara improcedente el recurso de apelación formulado por David Ricardo Suarez Rivero (fs. 421 a 423 vta.). II.3. Se tiene informes escritos de 25 de enero y 28 de febrero de 2023, realizadas por Wences Fernández Gómez, investigador designado al caso, dirigidas a Marcelo Requiz Céspedes, Fiscal de Materia, respecto a la inasistencia ante el llamado del investigador de David Suarez Rivero -ahora accionante- en el primero, como testigo y en el segundo, en calidad de denunciado (fs. 417 a 418).
El accionante, a través de su representante sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en su “garantía” de la debida fundamentación, motivación y congruencia, a la defensa, en su vertiente a ser oído, a un recurso efectivo, a la condición de validez legal de la reserva legal y a la libertad; toda vez que, el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023 que dispuso su detención preventiva incurrió en varios agravios referentes a la falta de motivación y fundamentación; asimismo, ante dicha resolución planteó recurso de apelación, el cual, mediante Auto de Vista de 14 de abril de 2023, el Vocal demandado declaró improcedente, teniendo por concurrentes riesgos procesales; sin embargo, incurrió en los siguientes agravios: a) Respecto a la probabilidad de autoría omitió pronunciarse, limitándose a describir el hecho y no establecer un nexo de causalidad con el accionante, lo que no justificaría el art. 233.1 del CPP; b) Respecto al riesgo de fuga del art. 234.4 del referido Código los informes policiales en el que se basa este riesgo no fueron presentados formalmente, siendo solo presunciones subjetivas; c) En cuanto al art. 234.6 del CPP no estaba fundamentado ni motivado en la imputación formal, cuando la estableció como concurrente; y, respecto al riesgo de obstaculización, simplemente repitió los argumentos del Juez a quo sobre la supuesta amenaza realizada a Oscar Galarza, sin justificar cómo este hecho resulta en una influencia negativa en el denunciante, sin realizar una debida valoración de la prueba, lo que no justificaría el art. 235.2 del CPP; d) No analizó la razonabilidad del plazo de cinco meses fijado por el Juez a quo, limitándose a considerarlo como razonable, por lo que, es contrario al art. 233.3 del CPP; y, e) Omitió aplicar el test de proporcionalidad y considerar medidas menos gravosas, respecto al art. 231 bis del CPP. El Vocal demandado alegó que, la competencia del Tribunal de alzada se limita estrictamente a lo apelado y que no existe una vinculación directa con su libertad, entendiendo que no cumplió el presupuesto de la acción tutelar. Ante ello, el Juez codemandado señala que, lo cuestionado en la presente acción no fue reclamado en la audiencia de medidas cautelares ni de apelación, los informes del funcionario policial se encuentran a disposición de las partes en el sistema interoperatividad y el Auto Interlocutorio se encuentra debidamente fundamentado. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 251 del CPP, establece que el auto interlocutorio que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable, en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos horas; si bien dicho precepto no establece requisitos que deban observar los recurrentes; el libro tercero de dicho texto normativo prevé las normas generales aplicables en la sustanciación y tramitación de los recursos; así, el art. 396.3 del mismo Código, determina que: “Los recursos se interpondrán, en las condiciones de tiempo y forma que se determina en este Código, con indicación específica de los aspectos cuestionados de la resolución”. En tal sentido, para impugnar una resolución judicial, que disponga, modifique o rechace una medida cautelar, es fundamental que el recurrente indique de manera específica los aspectos que cuestiona; ello, implica señalar con precisión los errores o vicios que atribuye a la resolución, ya sea de procedimiento, de interpretación de la ley sustantiva o de valoración de la prueba; pues la mera mención de que la resolución es “injusta” o “ilegal” no es suficiente; se requiere una argumentación que justifique por qué se considera errónea; así, si a criterio del recurrente no se valoró de manera adecuada la prueba, debe identificar de manera precisa las piezas procesales cuestionadas, y el error en el que incurrió el Juez a quo; pues, si la carga argumentativa inherente a la expresión de agravios no es clara y precisa al tribunal de apelación no le corresponde inferirla en razón a que por mandato del art. 398 del CPP circunscribirá su resolución a los aspectos cuestionados por el recurrente de lo contrario el recurso de apelación se transformaría en una revisión de oficio. Cabe aclarar que la carga argumentativa será acorde a la resolución que se impugna sea esta la que determine la detención preventiva, rechace la solicitud de su sustitución o la de cesación de la medida extrema. En armonía con lo señalado la SC 2558/2010-R de 19 de noviembre, estableció que los Tribunales de apelación que resuelven una solicitud de cesación de detención preventiva están vinculados: “…a la resolución impugnada y a los puntos apelados, expuestos como agravio, delimitan el campo de acción al que estará sujeto el Tribunal de alzada a tiempo de compulsar y valorar la prueba presentada como nuevos elementos probatorios, a efectos de determinar si la resolución impugnada actuó conforme a derecho a tiempo de denegar o conceder la solicitud de cesación de la detención preventiva…” (el resaltado es propio).
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en contra David Ricardo Suárez Rivero -ahora accionante-, por la presunta comisión del delito de concusión y cohecho pasivo, según el impetrante de tutela el Auto Interlocutorio de 24 de marzo de 2023, emitido por el Juez demandado en el cual dispuso su detención preventiva, incurrió en agravios concretos; sin embargo, presentó un recurso de apelación en el cual se denunciaron estos agravios al Tribunal de alzada -demandado-; en consecuencia, por el principio de subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, no se puede considerar los cargos contra el Auto Interlocutorio antes mencionado en la medida que la referida resolución pudo modificarse y revisarse por el tribunal de apelación, por lo que, se deniega la tutela respecto a esa resolución. Ahora bien, respecto al recurso de apelación fue resuelto mediante Auto de Vista de 14 de abril, emitido por el Vocal demandado, en el cual declaró la inadmisibilidad del recurso planteado y confirmó su detención preventiva, toda vez que se encontraban latentes los riesgos procesales consistentes en los arts. 233.1, 234.4 y 6; y, el 235.2 del CPP. Ante dicha determinación, el peticionante de tutela formuló agravios respecto a los arts. 233.1, 234.2, 4 y 6, 235.2, 233.3 y 231 bis de los cuales, se realizará el análisis respectivo. Respecto al agravio a) sobre la errónea construcción de la probabilidad de autoría. Alegó que, la imputación formal fue presentada sin explicar los elementos de convicción ni el nexo causal entre el hecho y el delito basando su decisión en inferencias subjetivas; señaló además que, el vocal demandado se limitó a repetir los fundamentos expuestos por el Juez a quo sin realizar un análisis propio sobre el particular. Al respecto, el proceso penal se origina en la manipulación de licitaciones en este sentido, de la argumentación del vocal demandado se extrae el hecho, cuando se sostiene que “…la declaración de Oscar Galarza quien refiere que el imputado habría amenazado de que si no se prestaría a los procesos de contratación, ya no sería tomado en cuenta en otras obras que posteriormente serian licitadas…” (sic); en este sentido el cargo del accionante conforme consta del acta de apelación refiere de manera general a que: “…no se habría cumplido con esta carga argumentativa y probatoria y al efecto se remite al acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares y propiamente la intervención que había realizado el Ministerio Público…” (sic). En efecto, conforme el art. 233.1 del CPP, la probabilidad de autoría constituye un presupuesto formal y material de la detención preventiva, cuya valoración corresponde a las autoridades ordinarias, en el cual, para que sean revisadas por la jurisdicción constitucional deben precisarse en el documento o en la audiencia de acción de libertad (conforme el Fundamento Jurídico III.1), pues esta Sala no se constituye una instancia de revisión de oficio del fondo del proceso penal, en este sentido, ni en el recurso de apelación, ni en la acción de libertad la parte accionante cuestionó en concreto los hechos, ni se precisaron las supuestas inferencias subjetivas en la que habría incurrido el vocal demandado, ni la valoración de los elementos de convicción que sustentan la probabilidad de autoría. Respecto al agravio b) referido al riesgo procesal del art 234.4 del CPP en referencia a que los informes que denotan la negativa de no someterse al proceso nunca fueron presentados formalmente, por lo que, no tienen valor probatorio, basándose solo en afirmaciones del fiscal de Materia señalando además que no fue notificado correctamente, por lo que, la conclusión del riesgo se apoya en pruebas inexistentes; sin embargo, el referido cargo no fue alegado en la apelación incidental, en este sentido, se hace constar que en la apelación en realidad se alegó que: “…de ninguna manera era posible la citación mediante el WhatsApp, sino que debería haberse citado al ahora imputado de manera personal, siendo nulo de pleno derecho dicho actuado…” (sic); sin embargo, en la acción de libertad tampoco se estableció el motivo por el cual las notificaciones vía Whatsapp serían nulas y este Tribunal no puede inferir argumentación de oficio respecto a este riesgo procesal, aspecto que debió ser argumentado por el accionante, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional.
Respecto al agravio c) en relación al art. 234. 2 y 6 del CPP, este riesgo procesal se estableció como concurrente, pese a que no estaba fundamentado ni motivado en la imputación formal, al respecto, el accionante no formuló ningún agravió, considerando que la sola enunciación de una presunta impertinencia de dicho riesgo no amerita la constitución de un agravio concreto, puesto que solo se limitó a citar jurisprudencia, por lo que, no corresponde su análisis de oficio por parte de este Tribunal Constitucional. En relación al riesgo procesal del art. 235.2, el Vocal demandado consideró que el Juez a quo podía influir negativamente en el denunciante Oscar Galarza, con base en una declaración presentada por el Ministerio Público, en la cual se menciona una supuesta amenaza que versaba en que Oscar Galarza podría no ser tomado en cuenta en futuras obras licitadas en este sentido se observa que, el impetrante de tutela no explica cómo concurre este riesgo procesal, sin embargo el vocal demandado valora la amenaza y la forma en la que se podría influir en el denunciante y respecto a la falta de valoración probatoria se observa que “…es obligación de la parte apelante identificar qué elementos del sistema de la sana crítica que rige la valoración de estos elementos ha sido quebrantado…” (sic) aspecto que no se cumplió en la apelación incidental, deficiencia que no puede subsanarse a través de la acción de libertad, conforme el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional.
Respecto a los agravios d) y e) el impetrante de tutela sostiene que no se analizó la razonabilidad del plazo de cinco meses fijado por el Juez a quo, limitándose el Tribunal de alzada a considerarlo razonable; sin embargo, no explicó por qué dicho plazo resultaría excesivo ni identificó el tiempo oportuno de los actos de investigación descritos. El art. 233.3 del CPP exige que la valoración del plazo sea proporcional a la complejidad del caso y a los actos de investigación pendientes. En el caso concreto, el Juez a quo justificó el tiempo otorgado en la necesidad de realizar declaraciones testificales y pericias pendientes, lo que fue confirmado por el Vocal demandado. Al no existir fundamento objetivo que demuestre la irracionalidad del plazo, argumento que, en su caso, debió exponerse por el accionante, se extrae que este Tribunal no puede de oficio revisar ese margen de discrecionalidad que tiene el Juez a quo para imponer dicho plazo -ello conforme el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional-, ya que fue justificado en actos de investigación pendientes y la mera afirmación de que el plazo era “irrazonable” impide a un pronunciamiento de oficio por parte de este Tribunal.
En lo referente a que el accionante omitió aplicar el test de proporcionalidad y considerar medidas menos gravosas, respecto al artículo 231 bis del CPP; se tiene que, la sola invocación del test de proporcionalidad no constituye agravio suficiente si el accionante no argumenta cómo la medida impugnada vulnera los principios de necesidad o proporcionalidad en sentido estricto. En el presente caso, tanto el Juez a quo como el Tribunal de alzada valoraron los riesgos procesales conforme al art. 233 del CPP, estableciendo riesgos procesales concretos para la medida de extrema ratio; en consecuencia, al no existir una argumentación concreta que demuestre la desproporcionalidad de la medida o la idoneidad de alternativas menos gravosas y habiendo un mínimo de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta, aunque con otro fundamento.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 29/2023 de 9 de mayo, cursante de fs. 428 a 431, pronunciada por la Jueza de Partido de Sustancias Controladas Liquidadora y de Sentencia Penal Quinta de la Capital del departamento de Cochabamba; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1205_2025-S2.pdf · páginas 1 a 10.
Huella digital del PDF (SHA-256): ad7737b07256872704d9ed2be942508c7ead9de3c18d3662fb6a3294ddf1a205
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