Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 25 de septiembre de 2025
Deniega la tutela
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de defensa y legalidad; toda vez que, habiendo sido condenado a tres años de reclusión, mediante Sentencia 288/2018-A de 15 de noviembre, en el marco de un procedimiento abreviado, posteriormente pidió en varias oportunidades la remisión de antecedentes ante las oficinas del REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, con la finalidad de solicitar la restitución de la fianza económica de Bs4 000.- que entregó en obediencia a la Resolución 695/2016, que trata sobre la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, esta petición no fue atendida por los ahora demandados, quienes se respaldan en un informe ambiguo de la ex Auxiliar de Juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; b) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1205/2025-S1 Sucre, 25 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 55303-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 023/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Jhamil Gustavo Espinoza Arce y Olker Cristian Cossio Fernandez en representación sin mandato de Ignacio Carvajal Vogtschmid contra Mario Helmer Laura Picavia, Juez y Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 24 de abril de 2023, cursante de fs. 10 a 11 vta., el impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Señala que dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de incumplimiento de deberes, previsto y sancionado por el art. 154 del Código Penal (CP), signado con Código de Número de Registro Judicial (NUREJ) 201467813, se sometió a procedimiento abreviado para luego merecer la Sentencia 288/2018-A de 15 de noviembre, con la imposición de una pena privativa de libertad de tres años. Añade que, mediante Resolución “695/2016”, se habría dispuesto medidas sustitutivas a la detención preventiva, entre las cuales existe un depósito judicial por el monto de Bs4 000.- (cuatro mil bolivianos); sin embargo, este aspecto fue atendido por Mario Helmer Laura Picavia, Juez y Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario, ambos del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandados-; toda vez, que únicamente se respaldan en un informe ambiguo emitido por la ex Auxiliar del juzgado, quien incluso “a la fecha” -se entiende de interposición de la acción de libertad- habría renunciado, no obstante de ello, este informe sería totalmente erróneo porque al haberse remitido al Consejo de la Magistratura, los mismos funcionarios indican que quien tiene que ir a exigir respuesta de este informe es el Secretario ahora demandado, aspecto que no fue cumplido. Finalmente, refirió que en reiteradas oportunidades solicitó al Secretario Abogado del citado Juzgado -ahora demandado-, remita antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal de turno y a la Oficina de Registro Judicial; sin embargo, no dio curso a dicha petición, más aún cuando la responsabilidad de la remisión del legajo es única y exclusivamente de la Secretaría y del Auxiliar, conforme señala la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, siendo la función del Juez, supervigilar el trabajo del personal subalterno de su despacho.
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de defensa y legalidad, citando al efecto el art. 15, 23, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela, y disponga “…SU INMEDIATA REMISION DEL LEGAJO CORRESPONDIENTE ANTE LAS OFICINAS DE REGISTRO DE ANTECEDENTES JUDICIALES (REJAP), SEA EN EL DIA y en consecuencia disponga su inmediata remisión del cuaderno de control jurisdiccional, determinando la responsabilidad disciplinaria a cada uno de los funcionarios en aplicación del art. 187 núm. 10) y 14), Art. 188 núm. 10) de la Ley del Órgano Judicial” (sic).
La audiencia pública virtual de consideración a la presente acción de libertad se realizó el 25 de abril de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 26, produciéndose los siguientes actuados:
La parte impetrante de tutela no se conectó a la audiencia virtual, ni remitió informe, a pesar de su citación cursante a fs. 16.
Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, mediante informe escrito de 25 de abril de 2023, cursante a fs. 25, señaló lo siguiente: a) Se ha emitido la Resolución 288/2018-A de procedimiento abreviado de 15 de noviembre de 2018, la misma que ha sido ejecutoriada mediante Auto de 10 de junio de 2021, que teniendo conocimiento de la causa desde la gestión 2021 en que asumió el cargo, el Auxiliar de ese entonces mediante informe de 30 de septiembre de 2022, señaló que la oficinas del Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) no quisieron recibir el legajo de fotocopias legalizadas en varias oportunidades, dado que la salida alternativa corresponde al 2018 y ha pasado el tiempo para poder recepcionar el legajo de fotocopias legalizadas en varias ocasiones de manera oportuna, informándole que ponga en conocimiento del Consejo de la Magistratura; y, b) En ese sentido adjunta como prueba, una nota enviada al referido Consejo por parte de Andrea Milena Mamani Zaire, Auxiliar del señalado Juzgado, que informa que quiso realizar la remisión al REJAP con la sentencia de procedimiento abreviado de la gestión 2018, misma que pertenece al mismo proceso, sin embargo, desde esa gestión no se hizo la remisión correspondiente, ante tal situación para solucionar el mencionado extremo y siendo que ingresó el año pasado en funciones, y está saneando los casos de este despacho judicial, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (REJAP) no acepta la remisión, informando que se debe poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura, esta remisión es importante a efectos de remitir al Juzgado de Ejecución de turno (fs. 24). Milko Steel Ayllon Quilli, Secretario del referido Juzgado, mediante informe escrito de 25 de abril de 2023, cursante a fs. 22, indicó lo siguiente: 1) Trató de remitir en más de cinco oportunidades al REJAP, teniendo como constancia el informe realizado por la anterior Auxiliar en fecha 30 de septiembre de 2022, que se encuentra adjunto en el cuaderno de control jurisdiccional, donde claramente menciona que dicha institución se negó a recibir el legajo, hecho que imposibilita la remisión al Juzgado de Ejecución de turno puesto que solicitan la remisión previa al REJAP; y, 2) Intentó enviar nuevamente el legajo, pero se niegan a recepcionar supuestamente por el vencimiento de plazo al tratarse de una resolución de la gestión 2018, adjuntando copia legalizada del informe anteriormente mencionado, además aclara que sus funciones desempeña desde la gestión 2021, y dicha remisión debió haberse realizado en la gestión 2018, siendo responsabilidad de los anteriores funcionarios.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 023/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., denegó la tutela solicitada; asimismo, dispuso que se notifique al Consejo de la Magistratura de esa departamento, y a la Unidad de Control y Fiscalización, para que en un plazo prudencial den solución a los diferentes procesos en los cuales no han sido remitidos oportunamente los antecedentes al REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, decisión asumida con los siguientes fundamentos: i) De acuerdo a los antecedentes el accionante se habría sometido a una salida alternativa de procedimiento abreviado, habiéndose emitido la Sentencia 288/2018-A, por el cual se le impuso la pena de tres años de privación de libertad y se expido el mandamiento de condena, a partir de esa fecha, correspondía la remisión del legajo de antecedentes ante el Juzgado de Ejecución Penal de turno y al REJAP, misma que no se realizó; ii) En lo fundamental alega que por los motivos anteriormente indicados, no puede recuperar la fianza prestada de manera oportuna, de Bs4 000.-, de esta relación de hechos no se llega a establecer que el ahora accionante se encuentre privado de libertad, ni se encuentra indebidamente procesado; por cuanto, ya cuenta con una sentencia condenatoria ejecutoriada, dictada el 2018, la misma que se habría cumplido en el año 2021, así también, no se encuentra privado de libertad y no se acreditó el presupuesto de la persecución ilegal; y, iii) Por consiguiente, sin entrar en mayores consideraciones no corresponde conceder la tutela, sin embargo, la falta de remisión de antecedentes al REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, no puede quedar sin efectivizarse en su tramitación, por consiguiente constituye una obligación del Consejo de la Magistratura de La Paz a través de la Unidad de Control y Fiscalización de dar una solución o en su caso ordenar al encargado del REJAP, proceda a recepcionar estos procesos que datan de fecha 2018, dentro de una plazo razonable; asimismo, se debe tener presente que los actuales funcionarios demandados no ejercían sus funciones en la gestión 2018; y no solo del presente proceso, sino de otros procesos en los que exfuncionarios por su negligencia no han remitido oportunamente antecedentes al REJAP y posteriormente al Juzgado de Ejecución Penal, esto con el fin de no causar perjuicios a las personas que han sido condenadas en diferentes procesos.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Por memoriales de 1 de septiembre y 21 de noviembre de 2022, y 11 de enero de 2023, presentados por Ignacio Carvajal Vogtshmid -ahora accionante-, ante el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero, de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandado-, solicito la remisión de antecedentes a la oficina del REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno (fs. 3 a 5 vta.). II.2. Consta el Acta de recepción de denuncia en la Unidad de Control y Fiscalización del departamento de La Paz, de 3 de octubre de 2022, interpuesta por Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez -abogada del accionante dentro del proceso penal-, contra Andrea Milena Mamani Saire, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz; en lo pertinente denuncio: “…se tiene ordenado mediante decreto de 2 de septiembre de 2022 que la auxiliar informe el motivo de la no remisión del presente proceso al Juzgado de Ejecución y a las oficinas de REJAP, sin embargo dicho informe no se encuentra en obrados no obstante de ello tampoco remite los legajos correspondientes al Juzgado de Ejecución y oficinas del REJAP sin un justificativo escrito en ese entendido habiendo ya transcurrido más del tiempo otorgado para una remisión es me veo en la necesidad de hacer la denuncia por la dilación innecesaria que se está causando en el proceso…” (sic [fs. 6]). II.3. Cursa el informe de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de La Paz CM/CFI/SHC/LP 752/2022 de 5 octubre, que en su punto cuarto, observa la denuncia y le otorga el plazo de tres días hábiles a partir de su legal notificación para que sea subsanada (fs. 8 a 9). II.4. Consta el informe de Andrea Milena Mamani Saire dirigido al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, haciendo conocer la negativa de recepción por parte del REJAP; que a conocimiento del Juez de la causa, mediante proveído de 3 de octubre de 2022, resuelve: “En merito a lo informado por la auxiliar, remítase el presente informe al Consejo de la Magistratura para que el mismo realice el seguimiento correspondiente ante REJAP (Registro de Antecedente Penales) y a la negativa de recepcionar procesos de 2018, siendo que el presente despacho judicial hizo conocer en su oportunidad las diferentes falencias y omisiones que son atribuibles a anteriores funcionarios a Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia y Consejo de la Magistratura” (sic [fs. 23 y vta.]).
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de defensa y legalidad; toda vez que, habiendo sido condenado a tres años de reclusión, mediante Sentencia 288/2018-A de 15 de noviembre, en el marco de un procedimiento abreviado, posteriormente pidió en varias oportunidades la remisión de antecedentes ante las oficinas del REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, con la finalidad de solicitar la restitución de la fianza económica de Bs4 000.- que entregó en obediencia a la Resolución 695/2016, que trata sobre la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, esta petición no fue atendida por los ahora demandados, quienes se respaldan en un informe ambiguo de la ex Auxiliar de Juzgado. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para el efecto, se analizará lo siguiente: a) Subsidiariedad excepcional de la acción de libertad. Vías paralelas; b) La tutela del derecho a la vida vía acción de libertad; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0241/2018-S2 de 12 de junio, asumió el siguiente razonamiento:
El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad; ya en el marco de la Constitución Política del Estado vigente a partir de 2009, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria. Posteriormente, la SC 1El FJ III.1.2., señal: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.
En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”.
2El FJ III.4, menciona: “Bajo la premisa expuesta, los medios de defensa, y en este caso la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria; por ello, y sin que implique una restricción a sus alcances, ni desconocimiento al principio de favorabilidad, sino para que no pierda su esencia misma de ser un recurso heroico, se ha establecido que en los casos, que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, a través de la acción de libertad, hay aspectos que se deben tener en cuenta, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones, en los siguientes supuestos:
Primer supuesto:
Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.
Segundo Supuesto:
Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.
Tercer supuesto:
Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”.
0105/2010-R de 10 de mayo señaló que cuando quien recurre de hábeas corpus -ahora acción de libertad-, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aun en el supuesto que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, no procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad; puesto de lo contrario, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico. Más adelante en la SC 0687/2011-R de 16 de mayo se denegó la tutela en razón a que el accionante activo paralelamente las jurisdicciones ordinaria y constitucional, luego la SCP 0160/2014-S2 de 20 de noviembre, también denegó la tutela por activación paralela de las jurisdicciones ordinaria y constitucional. Conforme a lo anotado, se evidencia que la jurisprudencia constitucional mantuvo uniforme el entendimiento de la no procedencia de la acción de libertad cuando el impetrante de tutela activa simultánea las jurisdicciones ordinaria y constitucional, en mérito a la subsidiariedad excepcional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0363/2018-S2 de 24 de julio, asumió el siguiente razonamiento: El contenido del derecho a la vida consagrado en innumerables artículos de la Constitución Política del Estado y de las normas del bloque de constitucionalidad, se extiende no solo a representar la interdicción de la muerte arbitraria, sino que implica la creación de condiciones de vida digna, que involucra, en lo conducente a la acción de libertad, a otros derechos conexos e interdependientes que no se encuentran en el ámbito de su protección, como por ejemplo: 1) El derecho a la salud y la integridad personal de los privados de libertad; 2) El derecho a la salud en problemas jurídicos vinculados con el derecho a la libertad de 3El FJ III.3, indica: “En ese sentido, para que se abra la tutela que brinda esta acción, es preciso que previamente se determine si existen los medios de impugnación específicos e idóneos para restituir el derecho a la libertad en forma inmediata, pero además de ello, se debe considerar también que cuando quien recurre de hábeas corpus, acciona en forma paralela un medio de defensa previsto en el ordenamiento jurídico, aún en el supuesto de que dicho medio o recurso no sea el más idóneo, eficaz o inmediato, es lógico suponer que tampoco procede esta acción tutelar en aplicación de la excepción de subsidiariedad, ello debido a que el recurrente, actual accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación que de ocurrir inviabiliza la acción tutelar, pues al activar en forma simultánea la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico”.
4La SCP 0033/2013 de 4 de enero, en el FJ III.1, dentro de una acción de amparo constitucional, refiere: “…el derecho a la vida más allá de representar la interdicción de la muerte arbitraria, implica la creación de condiciones de vida por parte del Estado; el cual no debe escatimar esfuerzos en todos sus niveles para garantizar en la medida de lo posible, la subsistencia con dignidad de todas las personas, aspirando a consolidar el vivir bien, utilizando todos los mecanismos de los que dispone”. 5Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 1977/2013 de 4 de noviembre. 6La SCP 0618/2012 de 23 de julio, en su FJ III.4, manifiesta que a través de la acción de libertad, es posible tutelar el derecho a la salud e integridad personal de privados de libertad, cuando se encuentra en directa conexión con el derecho a la vida.
locomoción y arraigos; 3) El derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en cualesquiera de sus formas; incluso 4) Cambiando la tradición jurídica civilista de considerar persona solo a las existentes físicamente; es decir, la consideración de sujeto de derecho y derechos a la persona fallecida y a su dignidad, en una visión plural del derecho a la vida digna en contextos de retenciones de cuerpos de pacientes en centros hospitalarios, entre otros supuestos; razón por la cual, el Estado asume un doble rol; primero, garantizar que las personas no sean privadas de ese derecho; y segundo, implementar simultáneamente políticas para garantizar una vida en condiciones acordes a su dignidad; resumiéndose estas obligaciones en dos sentidos; vale decir, su respeto y su protección, respectivamente.
El alcance amplio que se otorgó al derecho a la vida, su concepción como derecho autónomo, empero también interdependiente con otros derechos en virtud del art. 13.I de la CPE, dio lugar a que este Tribunal emita numerosas Sentencias favoreciendo el acceso a la justicia constitucional a través de la acción de libertad, cuando se invoca este derecho como lesionado, señalando que: i) La protección del derecho a la vida a través de la acción de libertad es posible, aun no exista vinculación directa ni indirecta con el derecho a la libertad física, personal o de locomoción -por todas, la SCP 2468/2012 de 22 de noviembre-, superando una tradición jurisprudencial que persistía en la necesidad de su vinculación; ii) Tratándose del derecho a la vida, la parte accionante es la que debe asumir la decisión de formular una acción de libertad o de amparo constitucional, así refiere la SCP 1278/2013 de 2 de agosto; y, iii) Respecto al derecho a la vida, de cuyo ejercicio depende el goce de otros derechos, con ningún argumento puede aplicarse la subsidiariedad excepcional -por las demás, las SSCC 0008/2010-R, 0080/2010-R y 0589/2011-R-.
Los señalados precedentes constitucionales son vinculantes conforme lo dispuesto por el art. 203 de la CPE y dan concreción al principio de informalismo que rige la acción de libertad, con contenidos favorables y progresivos que protegen de mejor forma el derecho de acceso a la justicia constitucional; es decir, son lineamientos jurisprudenciales mínimos para los jueces y tribunales de garantías, a partir de los cuales, en el marco de los principios de favorabilidad contenido en los arts. 13.IV y 256 de la CPE; y, de progresividad de los derechos y prohibición de regresividad de los mismos, resguardados en el art. 13.I de la CPE, pueden ser reforzados y ampliados, máxime si la obligación de vinculatoriedad a los lineamientos jurisprudenciales mínimos, tanto respecto del derecho de acceso a la justicia como los emitidos en protección de los derechos individuales y colectivos, forman parte también del cumplimiento de las obligaciones generales del Estado, previstas en el art. 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
El impetrante de tutela a través de sus representantes sin mandato, denuncia la vulneración de sus derechos a la vida, a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de defensa y legalidad; toda vez que, habiendo sido condenado a tres años de reclusión, mediante Sentencia 288/2018-A de 15 de noviembre, en el marco de un procedimiento abreviado, posteriormente pidió en varias oportunidades la remisión de antecedentes ante las oficinas del REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, con la finalidad de solicitar la restitución de la fianza económica de Bs4 000.- que entregó en obediencia a la Resolución 695/2016, que trata sobre la imposición de medidas sustitutivas a la detención preventiva, sin embargo, esta petición no fue atendida por los ahora demandados, quienes se respaldan en un informe ambiguo de la ex Auxiliar del Juzgado. Precisada la problemática planteada y de la revisión del legajo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal de referencia con NUREJ 201467813, el impetrante de tutela mediante memoriales de 1 de septiembre, 21 de noviembre ambos de 2022, y 11 de enero de 2023, presentados ante el Juez -ahora demandado-, solicitó la de remisión de antecedentes a la oficina del REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, con la finalidad de la restitución de la fianza económica prestada (Conclusión II.1.). Es así que por Acta de recepción de denuncia, interpuesta por Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez -abogada del impetrante de tutela en el proceso penal- denunció a Mary Isabel Gutiérrez Gutiérrez, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Primero Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, haciendo conocer los extremos por los que la funcionaria demandada, no remitió los antecedentes al REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, habiendo transcurrido más del tiempo otorgado (Conclusión II.2.). El Encargado de Control y Fiscalización del Consejo de la Magistratura de La Paz, mediante Informe CM/CFI/SHC/LP 752/2022 de 5 de octubre, observó la denuncia, otorgándole tres días para que subsane la denuncia (Conclusión II.3.). Al efecto y por informe de Andrea Milena Mamani Saire, Auxiliar del Juzgado de Instrucción Primero Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer de la Capital del departamento de La Paz, se hizo conocer al Juez de la causa, la negativa de recepción por parte del REJAP, que a su respuesta la autoridad judicial, mediante decreto de 3 de octubre de 2022, en síntesis, ordenó remitir el informe de la Auxiliar al Consejo de la Magistratura de La Paz, para que realice el seguimiento correspondiente en el REJAP, ante la negativa de recepcionar antecedentes de la gestión 2018 (Conclusión II.4.). Por estos antecedentes se tiene que la pretensión expuesta en la presente acción tutelar, ya fue puesta en conocimiento por parte del Juez de la causa -ahora demandado- al Consejo de la Magistratura de La Paz, así mismo, tal irregularidad fue denunciada anteriormente por parte de la abogada del accionante dentro del proceso penal. Lo anterior, implica que se activó en forma simultánea las jurisdicciones administrativa disciplinaria y constitucional, razón por la cual, conforme a la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la acción de libertad no procede cuando se activan ambas vías paralelamente, ya que ello genera una disfunción procesal al crear dos cauces distintos para el tratamiento del mismo conflicto; es decir, la activación simultánea de la acción de libertad y de un recurso o medio ordinario, incluso cuando este último no sea el más idóneo, eficaz o inmediato resulta incompatible con el orden jurídico, ello debido a que la parte recurrente, ahora accionante, no puede activar dos jurisdicciones en forma simultánea para efectuar sus reclamos, no siendo admisible dicha situación y que en el caso concreto inviabiliza la presente acción tutelar, pues al haberse activado en forma simultánea las jurisdicciones administrativa disciplinaria y constitucional, para que ambas conozcan y resuelvan las irregularidades denunciadas en la presente acción de libertad, se crearía una disfunción procesal contraria al orden jurídico.
En esa línea, se constata que el ahora accionante a través de su abogada dentro del proceso penal activó una denuncia ante la Unidad de Control y Fiscalización del departamento de La Paz, y estando en trámite ante la jurisdicción administrativa disciplinaria, de manera paralela posteriormente activó la jurisdicción constitucional, lo cual impide a esta última ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, además, según el informe emitido por el Juez ahora demandado, la referida denuncia ha sido puesta en conocimiento del Consejo de la Magistratura de La Paz para que realice el seguimiento correspondiente en el REJAP, situación que sucedió antes de la interposición de la presente acción tutelar; en consecuencia, corresponde al Consejo de la Magistratura pronunciarse respecto a la demora de remisión y negativa de recepción de los antecedentes en el REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno del departamento de La Paz, no correspondiendo dicha tarea -se reitera- a la justicia constitucional.
Por su parte, de acuerdo a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 del presente fallo constitucional, si bien es procedente la acción de libertad, en resguardo del derecho a la vida, aunque tal derecho no esté vinculado al derecho a la libertad, resulta que en el caso concreto no existe ningún elemento que se encuentre relacionado a la vida, a la salud e integridad del accionante, ya que no se presentó prueba alguna que demuestre tal extremo, no bastando que tal derecho sea mencionado dentro de la acción de libertad, dado que, conforme lo establecido en el referido Fundamento Jurídico, en el caso concreto no se advierte dicha situación, pues la pretensión del solicitante de tutela es que a través de esta acción tutelar, se disponga la remisión de antecedentes al REJAP y al Juzgado de Ejecución Penal de turno, aspectos que de ninguna manera pueden ser considerados ni definidos mediante la acción de libertad; además que no se aportó prueba alguna de cómo es que estarían en riesgo inminente dichos derechos, considerando también que el impetrante de tutela tiene la vía administrativa disciplinaria para hacer valer sus derechos que estén siendo vulnerados, por incumplimiento de deberes por parte del Juez y del personal subalterno; por lo que, por estos fundamentos se debe denegar la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela solicitada, aunque con otros fundamentos, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 023/2023 de 25 de abril, cursante de fs. 27 a 28 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos desarrollados en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
7 La SC 0023/2010-R de 13 de abril, prevé la protección de los derechos a la salud y a la vida en vinculación con el derecho a la libertad de locomoción, en problemas jurídicos vinculados a arraigos. 8Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 0033/2013, FJ III.2. 9Tribunal Constitucional Plurinacional. SCP 2007/2013 de 13 de noviembre. 10Tribunal Constitucional Plurinacional. SC 0687/2000-R de 14 de julio y SCP 033/2013. 11La SCP 0044/2010-R de 20 de abril, en el FJ III.5, establece que la protección del derecho a la vida vía acción de libertad, está íntimamente relacionada con el derecho a la libertad personal; que fue confirmada, entre otras, por la SCP 0813/2012 de 20 de agosto, precisando que la acción de libertad tutela el derecho a la vida siempre y cuando se encuentre vinculado con la libertad física o de locomoción. 12El FJ III.2, sobre la abstracción de la excepción del principio de subsidieriedad, al hallarse involucrado el derecho a la vida, señala: "El art. 18 de la CPEabrg, instituyó el recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad prevista por el art. 125 de la CPE, como un recurso extraordinario cuya finalidad esencial era la protección a la libertad, ámbito de tutela que ha sido ampliada en el orden constitucional vigente a la vida, que como se ha visto, constituye un derecho primario en sí, inherente al ser humano, y por ende su protección es prioritaria, por constituir un bien jurídico primario y fuente de los demás derechos. Por ello, a diferencia de la tutela a la libertad, y su condicionamiento del agotamiento previo de las instancias intraprocesales, para pedir su protección a través de este medio constitucional idóneo, eficaz e inmediato, respecto a la vida, su tutela puede ser solicitada de manera directa; es decir, que puede acudir a la jurisdicción constitucional, sin tener que agotar previamente la vía jurisdiccional” (las negrillas son añadidas).
13 La SCP 2233/2013 de 16 de diciembre, en el FJ III.3 sostiene: “Nos referimos, con la expresión estándar más alto de la jurisprudencia constitucional, para resaltar aquélla o aquéllas decisiones del Tribunal Constitucional que hubieran resuelto un problema jurídico recurrente y uniforme, pero de manera progresiva a través de una interpretación que tiende a efectivizar y materializar de mejor manera los derechos fundamentales y garantías constitucionales previstas en la Constitución y en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad. El método de identificación del estándar más alto en la jurisprudencia constitucional, es a través de un examen o análisis integral de la línea jurisprudencial, de tal forma que el precedente constitucional en vigor se constituirá en aquél que resulte de dicha comparación” (la negrillas son nuestras). Luego, la SCP 0087/2014-S3 de 27 de octubre, siguiendo tal entendimiento, enfatizó que la: “…forma de identificación del precedente constitucional en vigor a través de la lectura contextualizada de la línea jurisprudencial que requería como única condición el criterio temporal del precedente, resultando el último en términos de fecha de emisión por el Tribunal Constitucional (que hubiere cambiado, modulado o reconducido un determinado entendimiento) tuvo una evolución significativa, por cuanto a partir de la SCP 2233/2013-de 16 de diciembre, la justicia constitucional entendió que el precedente constitucional en vigor, resulta aquél que acoja el estándar más alto de protección del derecho fundamental o garantía constitucional invocado, provocando con ello, que la invocación y aplicación de un precedente sea escogido dentro del contexto de la línea jurisprudencial ya no solamente fijándose el criterio temporal del mismo, sino sobre todo aquél que sea exponente del estándar más alto de protección del derecho”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1205_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7d2ab530367a902466969c4959230905b0b2082a0345b90377833881cb57460a
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