Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Tercera · 3 de octubre de 2025
Concede la tutela
El accionante, denuncia vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba y derecho al trabajo; en razón de que, a raíz del proceso penal que le inició el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; la cual, posteriormente fue modificada, entre otras medidas cautelares, por detención domiciliaria sin salida laboral; es así que, nuevamente interpuso incidente de modificación de medidas cautelares; empero, sólo respecto de la detención domiciliaria sin salida laboral, pidiendo que dicha medida sea con derecho al trabajo; sin embargo, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, rechazó la misma sin una debida motivación, fundamentación y valoración de la prueba, y sin tomar en cuenta su derecho al trabajo; al considerar gravosa dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, que fue declarada improcedente por Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio, en el que, el Vocal de la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no resolvió los puntos denunciados como agravios, realizando una argumentación distinta, omitiendo efectuar una adecuada motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vulnerando su derecho al trabajo; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: i) La anulación del Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2023 y del Auto de Vista 106/2023 de 12 de jul…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 056/2023, cursante de fs. 59 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración de la prueba y congruencia, dejando sin efecto el Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio; disponiendo que el Vocal de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emita uno nuevo conforme a los parámetros y fundamentos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; salvando que la situación jurídica del impetrante de tutela, hubiera sido modificada por el transcurso del tiempo.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1202/2025-S3 Sucre, 3 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de amparo constitucional Expediente: 58170-2023-117-AAC Departamento: Potosí En revisión la Resolución 056/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 59 a 64, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Sebastián Limachi Andaluz contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí y Rubén Alavia Arteaga, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí.
Por memorial presentado el 29 de agosto de 2023, cursante de fs. 13 a 15 vta., el accionante expresó que:
Dentro del proceso penal, seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, tipificado por el art. 261 del Código Penal (CP), el 27 de noviembre de “2023” -siendo lo correcto 2022- se le impuso detención preventiva, medida cautelar que fue modificada el 8 de febrero de 2023, con medidas sustitutivas a la privación de libertad, consistentes en: detención domiciliaria con custodio permanente, sin derecho al trabajo; presentación de dos garantes abonables; la obligación de presentarse ante el Ministerio Público los días lunes, miércoles y viernes; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición de concurrir al lugar en el que se encuentre la víctima; y, arraigo nacional; sosteniendo que tales medidas las cumplió a cabalidad.
Posteriormente, conforme lo establecido en el art. 250 del Código de Procedimiento Penal (CPP), solicitó modificación de medidas cautelares, a cuyo efecto se llevó a cabo audiencia el 4 de julio de 2023, en la que presentó como prueba contrato de trabajo a futuro, certificado de trabajo, recibos de anticipo de pago de salarios y documentos que demostraron que tenía necesidad de trabajar; aclarando que, dicha solicitud, no fue objetada por el Ministerio Público. Sin embargo, Rubén Alavia Arteaga, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio de igual fecha, rechazó su petición, bajo el argumento que el certificado de trabajo presentado refería que los trabajos a realizar serían en el municipio de Betanzos, sin considerar que el certificado y contrato de trabajo aclaraban los horarios de la jornada laboral; lo que implica que tal determinación, se la tomó sin fundamentar de forma correcta y congruente dicho fallo, vulnerando el debido proceso en sus vertientes de motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba y derecho al trabajo. Ante tal determinación, interpuso recurso de apelación incidental, que fue resuelta por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Pena Segunda de Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, quien por Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio de 2023, declaró improcedente la apelación formulada, argumentando que existía una contradicción entre el contrato de trabajo a futuro y el certificado emitido al efecto, ya que éste último manifestaba que al momento de su emisión, ya ejercía sus funciones laborales, situación diferente a lo suscrito en el contrato de trabajo a futuro; en base a lo cual, declaró improcedente el recurso de apelación, con un fundamento distinto, sin pronunciarse sobre los agravios manifestados en su recurso de apelación, vulnerando de esa manera su derecho al debido proceso, en su vertiente de motivación y fundamentación, valoración de la prueba y derecho al trabajo.
Denunció lesión a su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba y derecho al trabajo, citando al efecto los arts. 46, 115.II, 124 y 171 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) La anulación del Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2023 y del Auto de Vista de 12 del mismo mes y año; y, b) Se ordene a las autoridades demandadas que emitan nuevas resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas.
Celebrada la audiencia pública de 1 de septiembre de 2023, según consta en acta cursante a fs. 54 a 58 vta., se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó íntegramente los términos de sus acción tutelar y ampliándola, señaló que: 1) En audiencia de modificación de medidas cautelares de 8 de febrero de 2023, si bien se le otorgó detención domiciliaria sin salida laboral, uno de los motivos por el que se le negó dicho derecho, fue porque se consideró que debía demostrar documentalmente que contaba con trabajo; 2) Es así que, de forma posterior, presentó solicitud de modificación de la medida cautelar sobre la detención domiciliaria sin salida laboral, pidiendo que ésta sea con derecho al trabajo, justificando con prueba documental que contaba con una fuente laboral, así como el delicado estado de salud de su esposa, motivo por el que tenía la necesidad de generar recursos económicos; 3) El Juez de primera instancia, rechazó la modificación de la medida cautelar, basando su decisión en la cláusula quinta de contrato de trabajo a futuro, que estipulaba que, el trabajo debía realizarse en las diferentes obras de la empresa, principalmente en el municipio de Betanzos, de horas 8 a 18:00; argumentando que, el trabajo sería en un lugar diferente a la ciudad de Potosí, sin tomar en cuenta que el horario establecido otorgaba la posibilidad de trasladarse de ida y vuelta en el día; y, 4) En grado de apelación, el Vocal demandado, no atendió los agravios expresados, declarando improcedente el recurso, por supuesta contrariedad en el que contrato de trabajo a futuro y la certificación de trabajo, cuestionando que la certificación señalaba que “trabaja con esmero y puntualidad” como si ya se habría iniciado la relación laboral, contrario a lo señalado en el contrato de trabajo, sin tomar en cuenta que pudo deberse a un error de escritura.
Rubén Alavia Arteaga, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, a través de informe escrito presentado el 1 de septiembre de 2023, cursante a fs. 46 a 48 vta., señaló que: i) El memorial de modificación de medidas cautelares, presentado por el ahora accionante, este no arguyó su derecho al trabajo, sino que se remitió a señalar que solo atacaba lo referente a la detención domiciliaria sin salida laboral, para lo que presentó un contrato de trabajo a futuro, que hubiera sido suscrito el 28 de junio de 2023, con la empresa constructora JETER S.R.L., para prestar sus servicios como albañil, con un horario laboral de 8:00 a 18:00; sin embargo, se advierte que dicho documento ya fue presentado anteriormente por el imputado, para solicitar una modificación de medidas cautelares, habiendo únicamente modificado la fecha del referido contrato; ii) El referido contrato de trabajo, en su cláusula cuarta, señalaba expresamente que los trabajos a realizar eran fuera de la ciudad Potosí; estableciendo además, en la cláusula tercera, que la relación laboral iniciaría cuando el accionante reestablezca su libertad; empero, contrariamente el certificado de trabajo presentado, señalaba que, el prenombrado desempeñaba su trabajo con esmero y puntualidad; ello implica la existencia de incongruencias por las que se rechazó la solicitud de modificación de medidas cautelares, toda vez que conforme a lo establecido por los arts. 221 y 231 bis de CPP, la finalidad de las medidas cautelares es precisamente asegurar la presencia del acusado en el desarrollo del proceso; y, iii) La presente acción de amparo constitucional debió ser interpuesta contra la última Resolución y no contra su persona, por lo que en su criterio, su autoridad carecía de legitimación pasiva; solicitando se deniegue la tutela solicitada. Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no se presentó a la audiencia de esta acción tutelar, ni remitió informe alguno, pese a su legal citación cursante a fs. 18.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, mediante, Resolución 056/2023 de 1 de septiembre, cursante de fs. 59 a 64 denegó la tutela solicitada; tal determinación, se dio sobre la base de los siguientes fundamentos: a) Conforme lo establecido en la SCP 0225/2019-S4 de 19 de mayo, como en otras sentencias constitucionales, se tiene que la jurisprudencia constitucional determinó que el Tribunal de garantías, únicamente pueda ingresar al análisis de la última resolución dictada en el proceso, por lo que, la Resolución a emitirse se circunscribirá sólo al Auto de Vista de 12 de julio de 2023, emitida por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; b) El Vocal demandado, realizando el análisis de la documental presentada por el accionante; observó que, la certificación de trabajo emitida por Lisandro Ramírez Peñas, Gerente Propietario de la empresa constructora JETER S.R.L., al margen de señalar el trabajo que realizaría el solicitante de tutela y el monto a percibir como salario, contradictoriamente en la parte final refirió “trabajo que desempeña con responsabilidad, esmero y puntualidad”, resultando incoherente que el solicitante de tutela esté realizando “en presente” ese trabajo, si el contrato laboral era a futuro; en relación a los recibos otorgados por adelantos de sueldo e indumentaria de trabajo, observó que, si bien existían documentos que acreditaban la existencia de la empresa, la documental mencionada era cuestionable en cuanto a la certidumbre o veracidad de lo que en realidad se pretendía con el trabajo; finalmente, señaló que, si bien se acreditaba una relación laboral a favor del accionante, no existía elemento de prueba que demuestre las actividades de la empresa JETER S.R.L; es decir, si tenía relación con alguna institución del Estado o persona particular donde se realicen las obras en las que debía prestar su fuerza de trabajo; c) Las observaciones realizadas por la autoridad de segunda instancia, fueron considerando las pruebas presentadas por el peticionante de tutela, sin evidenciarse la existencia de una omisión arbitraria de la valoración de las mismas, o fuera de los marcos legales de razonabilidad, en mérito al pronunciamiento existente al respecto; en cuanto a la motivación y fundamentación, del análisis de la Resolución confutada, se advierte que el Auto de Vista explicó las razones y motivos por los cuales consideraba improcedente el planteamiento de la apelación realizada, sin haberse evidenciado vulneración al debido proceso, en sus elementos de motivación y fundamentación y valoración de la prueba; y, d) En cuanto al derecho al trabajo, la restricción del mismo sería un efecto del proceso penal, iniciado contra el accionante, cuya negativa fue debidamente fundamentada por el Vocal demandado, al señalar que los derechos no son absolutos, siendo factible restringirlos por previsión y norma constitucional; por ende al no haberse demostrado las condiciones para que el solicitante de tutela puede ejercer este derecho, se concluye que no existió la vulneración alegada. El accionante, a través de su abogado, solicitó complementación y enmienda, respecto a la normativa aplicable, señalando que, la modificación de medidas cautelares fue solicitada en aplicación del art. 250 CPP y no así en aplicación del art. 239 numeral 1 del mismo cuerpo legal, como se entendería en la Resolución dictada por el Vocal demandado y por la Sala Constitucional. El Tribunal de garantías; señaló que, si bien el Auto de Vista de 12 de julio de 2023, dictado por la autoridad jurisdiccional demandada, refiere como base legal el art. 239 numeral 1 del CPP, se entendía que se trató de un error de trascripción; sin embargo, en la audiencia de amparo constitucional, se tuvo por aclarada la diferencia entre la norma referida y el art. 250 ambos del CPP; por lo que, anular el Auto de Vista impugnado, por tal aspecto, carecía de relevancia constitucional.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. El 8 de febrero de 2023, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, se desarrolló la audiencia de consideración de la solicitud de cesación de la detención preventiva presentada por el solicitante de tutela; en la que se pronunció el Auto Interlocutorio de la misma fecha, emitido por el Juez de Instrucción Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, que dispuso la cesación de la detención preventiva a favor del accionante, sustituyéndola por las siguientes medidas cautelares:
1) Obligación de presentarse ante el Ministerio Público los días lunes, miércoles y viernes en horarios de oficina; 2) Prohibición de concurrir a determinados lugares como aquellos donde sucedió el hecho, los lugares donde se encuentra la víctima y sus familiares;
3) Prohibición de comunicarse con las víctimas y personas relacionadas con el hecho;
4) Presentación de dos garantes solventes; imponiéndose al fiador presentar garantía patrimonial que cubra la suma de Bs20 000 (veinte mil bolivianos);
5) Arraigo a nivel nacional; y,
6) Detención domiciliaria sin salida laboral, con custodio policial (fs. 3 a 5 vta). II.2. El 4 de julio de 2023, se verificó la audiencia pública de consideración de modificación de medidas cautelares, en la que el accionante solicitó modificación sólo respecto de la detención domiciliaria sin salida laboral, solicitando se le otorgue la misma; la cual fue resuelta mediante Auto interlocutorio de la misma fecha, emitida por Rubén Alavia Arteaga, Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, que rechazó la solicitud impetrada; resolución ante la cual, el accionante interpuso recurso de apelación incidental (fs. 6 a 9). II.3. El 12 de julio de 2023, en audiencia pública, Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Potosí, por Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio, resolvió el recurso de apelación incidental formulado por el accionante, declarándolo improcedente (fs. 10 a 11 vta.).
El accionante, denuncia vulneración de su derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación, valoración razonable de la prueba y derecho al trabajo; en razón de que, a raíz del proceso penal que le inició el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, se le impuso la medida cautelar de detención preventiva; la cual, posteriormente fue modificada, entre otras medidas cautelares, por detención domiciliaria sin salida laboral; es así que, nuevamente interpuso incidente de modificación de medidas cautelares; empero, sólo respecto de la detención domiciliaria sin salida laboral, pidiendo que dicha medida sea con derecho al trabajo; sin embargo, el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí, rechazó la misma sin una debida motivación, fundamentación y valoración de la prueba, y sin tomar en cuenta su derecho al trabajo; al considerar gravosa dicha determinación, interpuso recurso de apelación incidental, que fue declarada improcedente por Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio, en el que, el Vocal de la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no resolvió los puntos denunciados como agravios, realizando una argumentación distinta, omitiendo efectuar una adecuada motivación, fundamentación y valoración de la prueba, vulnerando su derecho al trabajo; por tal motivo, solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia se disponga: i) La anulación del Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2023 y del Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio; y, ii) Se ordene a las autoridades demandadas que emitan nuevas resoluciones debidamente motivadas y fundamentadas. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios. En el Fundamento Jurídico III.3, de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El 3 El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4 El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5 El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…) b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…) c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.
sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito 6 El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7 El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8 El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa. La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:
disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”. 9 El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10 El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. La sistematización jurisprudencial señalada precedentemente fue desarrollada en la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, acogiendo la sistematización realizada en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código.
Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018- S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.
En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho.
Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:
La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.
Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:
…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes.
Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:
…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar. Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva.
Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé.
En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP.
Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP.
13 El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.
En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga.
El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria (negrillas añadidas).
En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. El entendimiento precedente fue desarrollado en la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio.
El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostiene que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento. En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, 14 El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela”. 15 El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”. 16 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 17 El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 18 El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento. Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
En este entendido y de la precedente contextualización de línea jurisprudencial referida a la valoración de prueba, debe considerarse que una de las principales funciones de la justicia constitucional es la tutela de derechos fundamentales y garantías constitucionales; en consecuencia, debe ser una premisa en esta su labor el garantizar un real acceso a la justicia constitucional. A partir de lo señalado, esta Sala concluye que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: i) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; ii) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: ii.a) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; ii.b) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, ii.c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; iii) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, iv) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Este entendimiento fue desarrollado en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero.
De los antecedentes que constan en la acción de amparo constitucional, se tiene que dentro del proceso penal que inició el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidentes de tránsito, el Juez que conoció su caso en la etapa instructiva, le impuso la medida cautelar de detención preventiva con fines investigativos; dicha medida fue modificada de forma posterior, por haberse demostrado que el accionante tenía un hijo en edad escolar y que su esposa atravesaba por un delicado estado de salud, necesitando ambos de su apoyo económico; asimismo, se evidenció que el solicitante de tutela tenía obligaciones crediticias, razón por la que la autoridad de control jurisdiccional mencionada supra sustituyó la detención preventiva, entre otras medidas cautelares, por detención domiciliaria sin salida laboral con custodio policial, debido a que el accionante, debía presentar documentación que demuestre que tenía un contrato de trabajo para acceder al derecho de salida laboral. Es así que, al haberse presentado acusación formal en su contra, interpuso nuevamente incidente de modificación de medida cautelar ante el Juez de Sentencia Penal Segundo de la Capital del departamento de Potosí -hoy demandado-, solicitando la mutación únicamente de la detención domiciliaria sin salida laboral, pidiendo que se le otorgue el derecho de salir a trabajar, presentando como prueba: contrato laboral a futuro reconocido en sus firmas y rúbricas para prestar servicios como ayudante de albañil, suscrito entre el accionante y la empresa constructora JETER S.R.L.; certificado de trabajo emitido por el representante legal de la empresa empleadora; recibos por concepto de adelanto para compra de indumentaria de trabajo y adelanto de sueldo; Testimonio de Escritura Pública de Minuta de Constitución de la Empresa JETER S.R.L; Matrícula de Comercio y Número de Identificación Tributaria (NIT) de la referida empresa; empero, la citada autoridad jurisdiccional, rechazó la solicitud interpuesta por el accionante, bajo los siguientes argumentos: a) Si bien el contrato de trabajo a futuro suscrito entre el accionante y el representante legal de la empresa constructora JETER S.R.L contaba con reconocimiento de firmas y rúbricas ante Notario de Fe Pública, no registraba el visado de la Jefatura de Trabajo del departamento de Potosí.
b) El referido contrato de trabajo, estipulaba que la actividad laboral se la realizaría en una escuela del municipio de Betanzos, lo que constituía un riesgo, pues al margen que el horario de trabajo era de 8:00 a 18:00, al ser las actividades fuera de la ciudad, implicaba que el acusado podría salir de la misma, contraviniendo la finalidad de las medidas cautelares, que es asegurar presencia del imputado o acusado para el normal desarrollo del proceso, conforme lo previsto en los arts. 221 y 222 del CPP.
c) En relación a los demás documentos Escritura Pública de Minuta de Constitución de la Empresa JETER S.R.L, Matrícula de Comercio y Número de Identificación Tributaria (NIT) de la referida empresa ya fueron presentados en anteriores audiencias. Al considerar que dicha determinación, era gravosa a sus intereses, el accionante interpuso recurso de apelación contra la misma, formulando como agravio que, el rechazo a la modificación de la medida cautelar solicitada, tenía como fundamento que la actividad laboral debía ejercerse en el municipio de Betanzos, lo que a criterio del Juez implicaba que existía la posibilidad que el solicitante de tutela no regrese a la ciudad de Potosí, sin esgrimir mayor motivación y fundamentación, vulnerando el debido proceso en lo relativo a la valoración racional de la prueba; en respuesta, el Vocal demandado, emitió el Auto de Vista de 106/2023 de 12 de julio, que declaró improcedente el recurso formulado, bajo los siguientes fundamentos: 1) El contrato de trabajo a futuro, suscrito entre el accionante y la empresa constructora JETER S.R.L, de acuerdo a su tenor establecía en lo esencial que se trataba de un contrato indefinido, con una jornada laboral de 8:00 a 18:00 horas y un salario mensual de Bs4 500.-(cuatro mil quinientos bolivianos), el cual comenzaría a correr a partir del restablecimiento de la libertad del apelante; sin embargo, la certificación de trabajo emitida por el representante legal de la empresa empleadora refirió que el prenombrado trabajaría como ayudante de albañil en diferentes construcciones, principalmente en el municipio de Betanzos, señalando “trabajo que desempeña con responsabilidad, esmero y puntualidad”, cuando aún no se había iniciado el trabajo, aseveración contradictoria, que no generó certidumbre para establecer que el procesado tenga en presente o futuro un trabajo en determinado rubro, entendiendo que la certificación fue expedida a su favor. 2) Por otra parte, si bien se estableció la existencia de la empresa y la relación laboral; empero, no se acreditó las obras que desempeñaba la empresa empleadora en el rubro de la construcción, sin advertirse qué relación tenía la empresa con alguna institución del Estado o persona particular para realizar determinada obra donde el accionante prestaría su fuerza laboral, aspecto que tampoco generaba convicción respecto a la existencia de una actividad lícita, en un lugar concreto y el tipo de actividad indefinida a realizar por el apelante.
3) En base a dichos argumentos, concluyó que, la ausencia de fundamentación a la valoración racional de la prueba, a la imparcialidad del Juez y a la vulneración del derecho al trabajo no resultaban evidentes; siendo factible restringir el derecho a la libertad, a la locomoción y de forma indirecta a otro derecho como el derecho al trabajo por previsión normativa y constitucional, toda vez que, los derechos no son absolutos. En ese contexto, con carácter previo a ingresar al análisis del caso concreto; corresponde precisar que, si bien el accionante denunció que tanto el Auto Interlocutorio de 4 de julio de 2023, emitido por el Juez de Sentencia Segundo de la Capital del departamento de Potosí, como el Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio, pronunciado por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del mismo distrito judicial, lesionaron sus derechos, la jurisdicción constitucional no puede analizar la actuación de todas las instancias que sucedieron a los agravios denunciados en la acción de amparo constitucional, ya que, se entiende que los actos de las autoridades de primera instancia, ya fueron reclamados a través de los recursos de impugnación pertinentes que formuló el accionante, por lo que el análisis de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se circunscribirá al último acto lesivo, siendo en este caso el Auto de Vista 106/2023. En dicho orden, cabe referirse a la jurisprudencia constitucional citada en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de la presente Sentencia Constitucional, de los cuales se entiende que toda decisión judicial, inclusive aquellas que dispongan, modifiquen o mantengan una medida cautelar, deben estar provistas de razones que sostengan la decisión que se emita, estableciendo los hechos y el fundamento legal de la decisión, que permitan conocer de manera clara los motivos que la sustentan, satisfaciendo todos los puntos demandados. En cuanto a la congruencia externa, entendió que es el principio rector de toda determinación judicial que exige plena correspondencia o coincidencia entre el planteamiento de las partes y lo resuelto por las autoridades, existiendo entre otras prohibiciones, las de incurrir en incongruencias citra petita al omitir o no pronunciarse sobre alguno de los planteamientos de las partes. Bajo ese marco y alcance jurisprudencial, a efectos de determinar si el acto vulnerador demandado por el accionante existió, corresponde remitirnos a los agravios y alegatos expuestos por el mismo en el recurso de apelación, y si estos fueron respondidos por el Auto de Vista cuestionado; de cuyo tenor se puede evidenciar que, el peticionante de tutela alegó como agravio la vulneración al debido proceso en sus elementos a la fundamentación, motivación, arbitraria valoración de la prueba y derecho al trabajo; en sentido que, el Juez de primera instancia, rechazó su solicitud de modificación de medida cautelar, en la que pidió que la detención domiciliaria sea con derecho al trabajo, bajo el argumento que, al estar el asiento laboral del accionante en un municipio distinto a la ciudad de Potosí, existía el riesgo que el prenombrado, no se sometería al proceso penal, toda vez que para asistir a su fuente laboral, debía salir de la ciudad y probablemente no retornaría. Al respecto, se observa que la autoridad demandada, al momento de emitir el Auto de Vista cuestionado, realizó una relación de lo establecido por el art. 221 del CPP, en cuanto a la finalidad de asegurar la presencia del acusado en el normal desarrollo del proceso, y la protección del mismo como un instrumento para la resolución de conflictos; asimismo, de manera genérica, enunció los arts. 231, 232, 233, 234 y 235 todos del CPP, referidos a la probabilidad de autoría y riesgos de fuga y obstaculización, como límites para restringir el derecho a la libertad de las personas o cualquier otro derecho vinculado como el derecho al trabajo, ingresando al análisis del caso, en base a lo previsto en el art. 239 numeral 1 del CPP, que establece la posibilidad de cesar las medidas cautelares personales, cuando existan nuevos elementos que demuestren que no concurren con los motivos que la fundaron o tornen conveniente que sea sustituida por otra medida; pronunciándose sobre el contrato de trabajo a futuro y la certificación de trabajo, presentadas por el accionante, para acreditar que contaba con un trabajo y acceder al derecho de salida laboral en la detención preventiva que ya cumplía. En ese orden señaló que, el referido contrato de trabajo y la certificación presentada al efecto, no le generaron convicción, respecto de la licitud de la actividad de la empresa empleadora; por existir contradicción entre ambos elementos probatorios, pues el contrato de trabajo señalaba que el vínculo laboral iniciaría una vez que el accionante recupere su libertad; sin embargo, el certificado de trabajo contrariamente establecía que la actividad laboral “la realizaba con responsabilidad, esmero y puntualidad”, es decir, como si el solicitante de tutela ya habría empezado a trabajar; por otra parte, no se acreditó qué obras estaba realizando la empresa empleadora en el ámbito de la construcción, con alguna institución del Estado o persona particular, para poder tener certeza de donde trabajaría de forma indefinida el accionante, inconsistencias que le hicieron entender que la certificación de trabajo fue expedida a su favor. En ese contexto, se observa que el Vocal demandado, al margen de hacer una enunciación genérica del marco normativo que rige la materia, en ninguna parte emite criterio alguno sobre la valoración realizada por el Juez de primera instancia, existiendo falta de coherencia externa en el fallo; toda vez que, el mismo no guarda correspondencia entre los agravios de la apelación y la contestación de dicho recurso; consiguientemente, resulta evidente la omisión de pronunciamiento sobre los reclamos formulados por el accionante, tornando la resolución en arbitraria y vulneradora del debido proceso, al carecer de motivación y fundamentación suficiente que otorgue al solicitante de tutela las razones jurídicas que sustentaron la determinación asumida, para que pueda solicitar en el futuro su modificación, aportando nuevos elementos de convicción que determinen que ya no concurren los motivos por los que se negó la modificación impetrada. En ese sentido, se tiene que el Tribunal de alzada, no realizó una revisión integral del fallo del Juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamentaron el recurso de apelación, pues de acuerdo a estos, se encontraba en la obligación de revisar aquellas causas por las que el accionante solicitó se le otorgue la salida laboral, en el caso presente, debió pronunciarse: i) Sobre las causas concretas que justifiquen si correspondía o no, asumir que el accionante no se sometería al normal desarrollo del proceso por tener su fuente laboral en otro municipio, considerando que éste no excedía los límites territoriales nacionales, tomando en cuenta que la norma especial de la materia no exige como requisito que el domicilio, trabajo o negocio deba necesariamente estar ubicado en el mismo lugar en el que se lleva adelante el proceso penal; y, las causas, antecedentes o conducta del accionante que generen duda razonable de que éste, no retornaría de su lugar de trabajo al llamado de las emergencias del proceso; ii) El delicado estado de salud de su esposa y la dependencia de su hijo menor de edad, quienes requerían de su apoyo económico para poder cubrir sus necesidades básicas; iii) Sobre dichos antecedentes, analizar la necesidad, idoneidad, proporcionalidad y razonabilidad de la medida restrictiva impuesta al accionante que le privó el derecho al trabajo; máxime tomando en cuenta que al margen de la detención domiciliaria sin salida laboral, concurrían en su contra otras medidas cautelares que fueron cumplidas hasta el momento de la solicitud de modificación de medida cautelar y de las cuales no se solicitó su mutación; explicando con fundamentos debidamente razonados, por qué correspondían modificar o mantener la medida cautelar de detención domiciliaria sin salida laboral, en mérito a una evaluación de los hechos que fundaron la existencia riesgos procesales realizando un análisis ponderado para asumir la determinación.
En relación a los argumentos por los que el Vocal demandado, declaró la improcedencia del recurso de apelación; debe considerarse que, si bien los Tribunales de apelación deben actuar conforme lo previsto en el art. 398 del CPP, circunscribiéndose a los aspectos cuestionados de la resolución, dicha previsión normativa debe ser interpretada de forma integral y sistémica, lo cual permite a los Tribunales de alzada, al momento de resolver impugnaciones relacionadas a medidas cautelares, no solo circunscribirse a los puntos apelados, sino que tienen el deber de compulsar integralmente los antecedentes y hechos a objeto de fundamentar y motivar debidamente la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares (SCP 0077/2012 de 16 de abril). En ese orden, si bien es correcto que el Tribunal de alzada se pronuncie sobre aspectos no impugnados, en base a una revisión integral del proceso, es necesario que el pronunciamiento al respecto se encuentre debidamente motivado y fundamentado en el marco de lo argumentado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 de este fallo constitucional. Sin embargo, en el caso presente, el Vocal demandado realizó una nueva valoración del contrato de trabajo a futuro y certificación de trabajo, presentados por el accionante, advirtiendo contrariedad en la redacción de ambos, pues el primero establecía que las actividades laborales iniciarían una vez que el accionante recupere su libertad, y el certificado de trabajo relataba que el prenombrado ya ejercía sus funciones laborales, apartándose de los marcos legales de razonabilidad, en cuanto a la técnica de valoración de los documentos en general, incluidos los documentos públicos, pues aquella redacción observada debió ser interpretada desde la contextualización de ambos escritos y su modalidad, especificando claramente por qué la redacción de la certificación de trabajo invalidaba el contrato de trabajo a futuro como documento base de la relación laboral, entre el accionante y la empresa empleadora, y finalmente que valor se le dio a cada documento en el marco del principio de la verdad material, no existiendo certeza de que manera fue examinado cada documento, para asumir una decisión basada en la sana crítica. Por otra parte, el Vocal demandado refirió que no existen elementos que acrediten las relaciones contractuales de la empresa empleadora con instituciones estatales o personas particulares que evidencien la realización de las obras en el ámbito de la construcción, estableciendo tiempo y lugar, lo que genera duda respecto a la existencia de una actividad lícita en un lugar concreto y que tipo de actividad realizaría el accionante; al respecto se advierte que el Vocal demandado, no realizó una valoración conjunta de la prueba, realizando una interpretación arbitraria al no haber tomado en cuenta el conjunto de los elementos probatorios que reflejaban un hecho distinto al entendido por el Juez, toda vez que la licitud de las actividades de la empresa debieron valorarse en base a las escritura, NIT y Matrícula de Comercio de la citada empresa; y, respecto de las actividades del accionante debió analizarse el contrato de trabajo en el que se establece las mismas, el lugar y modalidad de trabajo que sostendría el peticionante de tutela con la empresa constructora empleadora. De lo expuesto se infiere que el Vocal que conoció el recurso apelación, -ahora demandado- si bien debe realizar la valoración de la prueba en base a la a la aplicación de las reglas de la sana crítica conforme dispone el art. 173 del CPP, sin estar constreñido por reglas rígidas que le dicen que valor le debe dar a cada prueba, esto no significa que deba decidir únicamente en base a dictámenes de su fuero interno, sino que las resoluciones deben tener una explicación razonable de los motivos que le llevaron a decidir sobre la aplicación de la modificación o vigencia de una medida cautelar, en especial de aquellas de carácter personal; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora. Los aspectos señalados, en el párrafo precedente, conforme a los antecedentes y fundamentos descritos, dan cuenta que, el Vocal demandado no efectuó una debida fundamentación, motivación y congruencia de la Resolución confutada, en cuanto a resolver los agravios del accionante, el análisis ponderado de la situación jurídica del imputado, la valoración de la prueba y el análisis del principio de proporcionalidad, inherente a los casos de aplicación de medidas cautelares o la modificación de las mismas, los cuales afectaron de forma directa sobre el derecho al trabajo del accionante. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de manera incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 056/2023, cursante de fs. 59 a 64, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada respecto a los derechos al debido proceso en sus elementos de motivación, fundamentación, valoración de la prueba y congruencia, dejando sin efecto el Auto de Vista 106/2023 de 12 de julio; disponiendo que el Vocal de la Sala Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí emita uno nuevo conforme a los parámetros y fundamentos esgrimidos en esta Sentencia Constitucional Plurinacional; salvando que la situación jurídica del impetrante de tutela, hubiera sido modificada por el transcurso del tiempo. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, señala: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. (…) consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3 indica que: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”.
12 El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.
razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1202_2025-S3.pdf · páginas 1 a 26.
Huella digital del PDF (SHA-256): 59ed6517defb83c2ad4b04f48d7487ba715d2ed46b70a1b71252e3f28f36e763
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