Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 14 de octubre de 2025
Deniega la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la defensa y a la salud; y, a la garantía al debido proceso; toda vez que, el 5 de diciembre de 2022, la autoridad demandada emitió mandamiento de aprehensión en su contra, mismo que fue ejecutado el 28 de abril de 2023, sin que hasta la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar- se haya resuelto su apelación presentada ante el rechazo de su recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, mediante el cual se dispuso la emisión del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de la asistencia familiar adeudada. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) La liquidación de asistencia familiar fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio 552/2022, sin que el accionante haya cumplido con el pago del monto, limitándose a dilatar el proceso mediante impugnaciones que carecen de efecto suspensivo; en ese sentido, se limitó a aplicar lo previsto en los arts. 127 y 415 del CFPF, disponiendo el mandamiento de apremio; y, 2) Si bien el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, éste fue rechazado, lo que dio curso a su recurso de apelación; sin embargo, el prenombrado no tramitó la apelación interpuesta, sin solicitar la concesión al superior en grado, por lo cual sería un descuido no atribuible a su autoridad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar del Juzgado de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del mismo departamento-; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1201/2025-S2 Sucre, 14 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 55465-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 55/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Calvo Cortez contra Silvana Tatiana Cuentas Pinto, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de La Paz.
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023, cursante a fs. 1 y 11 a 14, el accionante manifiesta lo siguiente:
El 28 de abril de 2023, en su domicilio ubicado en la zona de Achachicala de la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, fue detenido por funcionarios policiales y trasladado al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz en ejecución de un mandamiento de apremio dispuesto por el Juzgado Público de Familia Sexto de la Capital del citado departamento, dentro del proceso de asistencia familiar seguido por Merceditas Carolina Delgado Rodríguez, por un presunto adeudo de Bs27 200.- (veintisiete mil doscientos bolivianos), en favor de sus hijos, quienes actualmente ya son mayores de edad. Dicho mandamiento de apremio de 5 de diciembre de 2022 fue ejecutado en cumplimiento del Auto Interlocutorio de 17 de octubre del mismo año, emitido por Silvana Tatiana Cuentas Pinto, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, resolución contra la cual presentó recurso de reposición con alternativa de apelación; mismo que fue rechazado por la citada Jueza, declarando no ha lugar su recurso y disponiendo en su parte final “…habiendo interpuesto alternativa recurso de apelación traslado del mismo, sea con las formalidades de ley” (sic); por consiguiente, su recurso no se encuentra totalmente resuelto, por lo que, no correspondía la emisión del mandamiento.
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la defensa y a la salud; y, a la garantía al debido proceso; citando al efecto los arts. 15, 22, 23, 115, 119 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada; y, en consecuencia: a) Se ordene a la Jueza demandada reponga sus derechos al debido proceso; y, b) Disponga inmediatamente su libertad, sea previa formalidades de ley.
Celebrada la audiencia pública virtual el 3 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 55 a 56, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de sus abogado, ratificó in extenso el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliando en audiencia de garantías, señaló que: 1) Hasta la fecha -se asume de celebración de la audiencia de acción de libertad- no existe resolución y trámite correspondiente a su recurso de apelación planteado contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, por lo cual, la Jueza demandada vulneró su derecho a la libertad; y, 2) Los beneficiarios de la asistencia familiar ya son mayores de edad, por lo que no existió vulneración de derechos.
Silvana Tatiana Cuentas Pinto, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de La Paz, por informe escrito cursante de fs. 53 a 54, sostuvo que: i) La liquidación de asistencia familiar presentada por la parte beneficiaria, correspondiente de mayo de 2021 a julio de 2022, fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio 552/2022 de 25 de agosto; ii) El accionante no cumplió con el pago de la liquidación, limitándose a dilatar el proceso mediante impugnaciones que no tienen efecto suspensivo sobre la obligación alimentaria, por lo que su autoridad se limitó a aplicar los arts. 127 y 415 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF); y, iii) Si bien el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, el cual fue rechazado y, ante ello, presentó apelación que fue corrida en traslado, hasta la fecha -se asume de presentación del informe-, el prenombrado no tramitó la apelación que interpuso, no solicitando la concesión al superior en grado, por lo cual sería un descuido suyo no atribuible a su autoridad, pretendiendo retrasar el pago de la asistencia familiar en favor de los beneficiarios.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar del Juzgado de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del mismo departamento-, constituido en Juez de garantías, por Resolución 55/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, denegó la tutela solicitada; con base en los siguientes fundamentos: a) El accionante tenía pleno conocimiento de la liquidación de asistencia familiar a favor de sus hijos menores, monto que, hasta la fecha no canceló; en ese sentido, el actuar de la Jueza demandada se adecuó a lo previsto por los arts. 127 y 415 del CFPF, que establecen que la asistencia familiar constituye una obligación de interés social cuyo incumplimiento permite ordenar el apremio corporal, a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de los beneficiarios; b) La acción de libertad no puede ser utilizada para revisar resoluciones judiciales emitidas dentro de un proceso ordinario ni para cuestionar la valoración de pruebas o fundamentos de las decisiones adoptadas, ya que ello corresponde al juez de la causa; en ese orden, los mandamientos de apremio son dictados en el marco de las atribuciones de las autoridades judiciales, estructurando resoluciones de forma clara y motivada; y, c) La acción de libertad solo procede frente a vulneraciones directas a los derechos vida y libertad, y, si existen mecanismos procesales específicos, idóneos y oportunos para la defensa de dichos derechos, estos deben agotarse previamente.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio 552/2022 de 25 de agosto, Silvana Tatiana Cuentas Pinto, Jueza Pública de Familia Sexta de la Capital del departamento de La Paz -ahora demandada-, aprobó la liquidación solicitada por Merceditas Carolina Delgado Rodríguez, disponiendo que Marcelo Calvo Cortez -ahora accionante-, cancele la suma de Bs27 200.-, bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio (fs. 26 a 27 vta.). II.2. A través de Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, la Jueza demandada dispuso emitir mandamiento de apremio contra el accionante al no cancelar el monto total adeudado dentro del término legal (fs. 3). II.3. Por memorial presentado el 19 de octubre de 2022, el impetrante de tutela presentó recurso de reposición bajo alternativa de apelación contra el Auto Interlocutorio citado en la Conclusión II.2 (fs. 4 a 5); el cual, por Auto Interlocutorio 744/2022 de 8 de noviembre emitido por la Jueza demandada, fue declarado no ha lugar, disponiéndose que “…habiendo interpuesto alternativamente recurso de apelación traslado del mismo, sea con las formalidades de ley.” (sic [fs. 9 a 10]). II.4. Consta mandamiento de apremio de 5 de diciembre de 2022, por el que la autoridad demandada ordenó el apremio del peticionante de tutela para que sea conducido al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz hasta que cancele la suma adeudada por concepto de asistencia familiar (fs. 2).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la defensa y a la salud; y, a la garantía al debido proceso; toda vez que, el 5 de diciembre de 2022, la autoridad demandada emitió mandamiento de aprehensión en su contra, mismo que fue ejecutado el 28 de abril de 2023, sin que hasta la fecha -se asume de interposición de la presente acción tutelar- se haya resuelto su apelación presentada ante el rechazo de su recurso de reposición contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, mediante el cual se dispuso la emisión del mandamiento de apremio por el incumplimiento del pago de la asistencia familiar adeudada. Ante ello, la autoridad demandada señala que: 1) La liquidación de asistencia familiar fue dispuesta mediante Auto Interlocutorio 552/2022, sin que el accionante haya cumplido con el pago del monto, limitándose a dilatar el proceso mediante impugnaciones que carecen de efecto suspensivo; en ese sentido, se limitó a aplicar lo previsto en los arts. 127 y 415 del CFPF, disponiendo el mandamiento de apremio; y, 2) Si bien el impetrante de tutela interpuso recurso de reposición con alternativa de apelación, éste fue rechazado, lo que dio curso a su recurso de apelación; sin embargo, el prenombrado no tramitó la apelación interpuesta, sin solicitar la concesión al superior en grado, por lo cual sería un descuido no atribuible a su autoridad. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
El art. 127.I del CFPF dispone que la asistencia familiar debe cumplirse de forma inmediata y obligatoria en favor de los beneficiarios, estableciendo que: “La obligación de asistencia familiar es de interés social. Su oportuno suministro no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”; para ello, se prevé la aplicación de las medidas coercitivas contempladas en el art. 415.II, III y IV del mismo cuerpo legal, entre las que se encuentra el apremio.
Sobre este aspecto, la SCP 0714/2019-S2 de 21 de agosto, estableció que: “…la liquidación de asistencia familiar aprobada por la autoridad judicial y notificada al obligado, marca el momento del oportuno suministro de esta obligación en favor del beneficiario, que no puede posponerse o dilatarse, no puede condicionarse a plazo o condición alguna, a la resolución de recurso alguno o al cumplimiento de procedimiento alguno, pudiendo acudirse a los medios compulsivos como el apremio corporal incluso con autorización de allanamiento, rotura de candados o chapas de puerta, arraigo e hipoteca legal de los bienes que conforman el patrimonio del obligado, embargo y venta judicial, para el cumplimiento del importe de la asistencia familiar devengada. Con el añadido que el incumplimiento a este mandato insoslayable por la autoridad judicial, es susceptible de responsabilidad funcionaria”.
De los antecedentes que cursan en el expediente, se tiene que, mediante Auto Interlocutorio 552/2022 de 25 de agosto, la Jueza demandada aprobó la liquidación de asistencia familiar solicitada por Merceditas Carolina Delgado Rodríguez, disponiendo que el accionante cancele la suma de Bs27 200.- bajo conminatoria de expedirse mandamiento de apremio en su contra (Conclusión II.1). Posteriormente, por Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, la misma autoridad ordenó la emisión del mandamiento de apremio al no haberse cancelado el monto total dentro del plazo legal (Conclusión II.2). Frente a esta determinación, el 19 de octubre de 2022, el impetrante de tutela presentó recurso de reposición con alternativa de apelación, el cual fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 744/2022 de 8 de noviembre, señalándose que: “…habiendo interpuesto alternativamente recurso de apelación traslado del mismo, sea con las formalidades de ley.” (sic [Conclusión II.3]). Finalmente, consta el mandamiento de apremio de 5 de diciembre de 2022, por el cual se ordenó la detención y conducción del impetrante de tutela al Centro Penitenciario San Pedro del departamento de La Paz hasta la cancelación de la suma adeudada (Conclusión II.4), mandamiento que fue ejecutado el 28 de abril de 2023. En ese orden, si bien el accionante sostiene que la ejecución del mandamiento de apremio de 5 de diciembre de 2022 vulneró sus derechos fundamentales, al disponerse su apremio sin que previamente se hubiera resuelto su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 17 de octubre de 2022, lo que, a su criterio, evidencia una actuación contraria a sus derechos; debe tenerse en cuenta que, conforme la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional, la obligación de asistencia familiar constituye un deber de cumplimiento inmediato y de interés social, cuyo suministro oportuno no puede diferirse ni condicionarse al resultado de recurso alguno, por lo cual la autoridad judicial puede aplicar medidas coercitivas; entre ellas el apremio corporal, a fin de garantizar el cumplimiento de la asistencia familiar y los derechos de los beneficiarios. Asimismo, los arts. 127.I y 415.VII del CFPF refieren que la obligación de asistencia familiar: “...no puede diferirse por recurso o procedimiento alguno, bajo responsabilidad de la autoridad judicial”; y, que los recursos interpuestos no tienen efecto suspensivo respecto de esta obligación; por lo cual, el hecho de que el peticionante de tutela hubiera planteado una apelación ante el rechazo de su recurso de reposición, y esta se encuentre pendiente de resolución, no impedía la ejecución de la medida dispuesta por la Jueza demandada, la cual actuó en el marco de sus competencias al emitir el mandamiento de apremio, ya que la finalidad de la medida fue asegurar el cumplimiento de la asistencia familiar adeudada, suministro que no puede diferirse por la existencia de un recurso de apelación pendiente de resolución, en especial si ya se tiene una liquidación aprobada. En consecuencia, la decisión cuestionada por el accionante no constituyó una vulneración de derechos, sino una actuación realizada por la autoridad demandada en el marco de sus competencias, siendo el recurso de apelación presentado por el accionante carente de efecto suspensivo respecto de la exigibilidad inmediata del pago de la asistencia familiar. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela impetrada, obró de manera correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 55/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 57 a 59, pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz -en suplencia legal de su similar del Juzgado de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de la Capital del mismo departamento-; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos jurídicos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1201_2025-S2.pdf · páginas 1 a 7.
Huella digital del PDF (SHA-256): 5f28ca8d07be91b9f4623fa4ba5bd5be7478ee6a9d6bb61efb3961f434db821e
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