Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de octubre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, puesto que, pese a que el Auto de Vista de 9 de marzo de 2023, confirmó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal alternativas a su detención preventiva, así como la modificación del monto de la fianza real; sin embargo, los secretarios demandados, incurrieron en dilación indebida y no emitieron el mandamiento de detención domiciliaria en su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
REVOCAR en parte la Resolución 26/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 21 a 27., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de el Alto del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Genoveva Mariela Copa Limachi, Secretaria del Juzgado de Instrucción y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, debiendo subsanarse todos los defectos formales del proceso en caso de que no hayan sido subsanados hasta la fecha, con la finalidad de efectivizar la detención domiciliaria otorgada a su favor; y; 2° DENEGAR la tutela respecto a Jorge Nina Tarqui Secretario del Juzgado de Sentencia, Violencia contra la Mujer y Ejecución Penal Primero del El Alto del referido departamento, con base en los fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Carlos Alberto Chuquimina Chuquimia, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y público de la Niñez y Adolescencia Primero de el Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1198/2025-S3 Sucre, 3 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55518-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 26/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 21 a 27, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Roger Abel Bustillos Loza en representación sin mandato de Oscar Ticona Laura contra Genoveva Mariela Copa Limachi, Secretaria del Juzgado Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz; y, Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia, y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto, del referido departamento.
Por memorial presentado el 5 de mayo de 2023, cursante de fs. 7 a 8 vta., el accionante a través de su representante expresó que:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, encontrándose detenido preventivamente desde el 14 de julio de 2022, en la audiencia de consideración de su situación jurídica de 2 de diciembre igual año, se dispuso medidas cautelares en su favor entre ellas la detención domiciliaria, imponiéndole una fianza real de Bs15 000.-(quince mil bolivianos); sin embargo, al verse imposibilitado de poder cubrir la fianza, presentó recurso de apelacion contra la Resolución de 2 de diciembre de 2023, por lo que mediante Auto de Vista de 9 de marzo de 2023, la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz. revocó parcialmente la Resolución apelada y dispuso la modificación del monto de fianza a Bs5 000.- (cinco mil bolivianos), devolviéndose el expediente al Juzgado de origen el 24 de igual mes y año.
Cumpliendo lo dispuesto respecto al arraigo, el 29 de similar mes y año, sus abogados se apersonaron al Juzgado para tramitar las demás medidas, programándose con la Secretaria revisión domiciliaria para el 31 de marzo de 2023; sin embargo, dicho actuado procesal no se llevó a cabo, toda vez que el expediente fue remitido al Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, debido a la acusación fiscal presentada. Su abogado se apersonó al referido Juzgado de Sentencia; empero, el personal de apoyo jurisdiccional le informó que los antecedentes del proceso serían devueltos al Juzgado de origen debido a que se no remitieron las piezas procesales completas, así como la notificación al imputado con la acusación formal. No obstante, que sus abogados en reiteradas oportunidades se apersonaron a solicitar la emisión del mandamiento de libertad, hasta la fecha ninguno de los Secretarios demandados efectivizó lo dispuesto por el Tribunal de alzada, existiendo una dilación indebida en la tramitación de su causa.
Denunció la lesión de su derecho a la libertad, citando al efecto los arts. 22, 115.II, 178.I; y, 180.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga que, en el día, los Secretarios demandados emitan el mandamiento de detención domiciliaria a su favor.
Celebrada la audiencia virtual el 5 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 17 a 20, se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela a través de su representante, ratificó de manera íntegra el contenido de su acción de libertad; y ampliándola señaló que: a) El 31 de marzo de 2023 sus abogados se apersonaron al Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del referido departamento, donde le refirieron que el expediente sería devuelto al Juzgado de origen debido a observaciones efectuadas por el Juez de la causa, situación que fue puesta a conocimiento de la Secretaria del Juzgado Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero del Alto -codemandada-, quien refirió desconocer dicha observación; sin embargo, debido a la insistencia de sus abogados, la Secretaria del Juzgado de origen les refirió que ya subsanó dicha observación, debiendo efectuar el trámite requerido en el Juzgado de Sentencia; empero, cuando se apersonaron al Juzgado de Sentencia los funcionarios de dicho Juzgado les indicaron que no podían dar cumplimiento a la Resolución de alzada toda vez que el expediente aún se encontraba en el Juzgado de origen; b) Presentó otra acción de libertad contra la Secretaria del Juzgado Anticorrupción Primera de El Alto referida precedentemente, debido a que no remitió el recurso de apelacion al Tribunal de Alzada; sin embargo, pese a que se ordenó de que se actué con la celeridad correspondiente, a la fecha sigue realizando actos dilatorios en la tramitación de su proceso; vulnerando no solo sus derechos a la libertad, sino también al principio de celeridad y el debido proceso y, c) Solicitó se conceda la tutela y se ordene a los demandados le entreguen el mandamiento detención domiciliaria o en su defecto se remita el mismo al Centro Penitenciario San Pedro de La Paz a efecto de que se efectivice su libertad. Ante las interrogantes del Juez de garantías respecto a que: 1) Si el Secretario es competente para librar el mandamiento de libertad; y, 2) Si ya existe mandamiento de libertad firmando por el Juez de la causa; el accionante señaló que: i) Conforme lo dispuesto por el art. 94 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ) -Ley 025 de 24 de junio de 2010-, el Secretario es competente para extender el oficio correspondiente para realizar los trámites de detención domiciliaria ordenada por el Juzgado de Instrucción Antocorrupcion y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, a la fecha no se emitió el mandamiento dispuesto, debido a que la Secretaria eludió su responsabilidad al enviar su proceso al Juzgado de Sentencia; y, ii) Aún se encuentran actuados pendientes de ejecución previos a la emisión del mandamiento de apremio como ser la cancelación de la fianza y la verificación domiciliaria por secretaría, empero hasta la fecha pese a que se realizó la solitud tanto de manera escrita como verbal ambos Secretarios hacen caso omiso a lo dispuesto mediante Auto de Vista de 9 de abril de 2023.
Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de garantías señaló que: a) El 31 de marzo de 2023, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, remitió antecedentes del expediente del impetrante de tutela al Juzgado donde desempeña sus funciones como Secretario, por lo que mediante decreto 3 de abril de igual año, la autoridad jurisdiccional ordenó la devolución de los antecedentes del proceso al Juez origen debido a que advirtió que no se remitieron todas las piezas del proceso, tampoco se notificó al imputado con la imputación formal, devolviéndose los antecedentes al Juzgado referido supra el mismo día; b) El 20 de igual mes y año, el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero del Alto, remitió nuevamente los antecedentes del proceso; sin embargo, mediante decreto de 21 de similar mes y año, el Juez sin radicar el expediente ordenó la devolución de los antecedentes debido a que no se dio cumplimiento a lo dispuesto mediante decreto de 3 de abril de 2023, devolución efectivizada el mismo día, sin que hasta esa fecha se haya devuelto antecedentes subsanados por el Juzgado de origen, a afecto de que se lleve a cabo el juicio oral; c) Ningún funcionario de su Juzgado dilató el trámite del impetrante de tutela toda vez que los antecedentes fueron devueltos en el día al Juzgado de origen a efecto de que cumpla con las observaciones; d) El impetrante de tutela solicitó se emita mandamiento de detención domiciliaria, empero conforme lo dispuesto por el art. 94 de la Ley 1173, su persona únicamente tiene competencias para emitir decretos de mero trámite, y no así emitir resoluciones de mandamientos de libertad o firmar los mismos, careciendo en consecuencia de legitimación pasiva en la presente causa; y. e) El impetrante de tutela tuvo conocimiento de las observaciones efectuadas por el Juez de Sentencia, así como dónde se encontraba el expediente. Ante las interrogantes del Juez de garantías respecto a si la causa fue radicada en su Juzgado, el Secretario codemandado manifestó que la causa no fue radicada por las observaciones realizadas al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de el Alto. Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, a través del informe escrito presentado el 5 de mayo de 2023, cursante a fs. 16, solicitó se deniegue la tutela solicitada en mérito a los siguientes fundamentos: 1) Se encontraba haciendo uso de sus vacaciones; retornó a sus funciones jurisdiccionales el 5 de mayo de 2023 -día de celebración de la audiencia de acción de libertad-, motivo por el cual no pudo elaborar un informe detallado del proceso; y, 2) El último actuado procesal cursante en el expediente es un informe de la Secretaria en suplencia legal.
El Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de El Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 26/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 21 a 26 vta., denegó la tutela solicitada. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) Respecto a las actuaciones de Jorge Nina Tinta, Secretario del Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz, se constató la inexistencia de nexo entre el acto omisivo o comisivo que hubiere generado alguna dilación relacionada con la libertad del accionante, toda vez que mediante nota de 3 de abril de 2023, el Juez de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero devolvió los antecedentes procesales al Juzgado de origen, debido a la falta de notificación con la imputación formal al imputado, así como la remisión incompleta de los actuados procesales, aspectos que debieron ser subsanados en la etapa preparatoria, atribución exclusiva del Juez Cautelar y de su personal de apoyo jurisdiccional; ii) El Juez de Sentencia asume competencia del proceso con la providencia de radicatoria; en consecuencia, mientras no se radique la causa, el personal de apoyo jurisdiccional no puede realizar ningún acto procesal; iii) Respecto Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto, se acreditó que la mencionada funcionaria se encontraba haciendo uso de sus vacaciones judiciales desde el “4 de marzo”; siendo lo correcto 10 de abril de 2023; es decir, antes de la remisión del testimonio de apelación a la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz efectuada el 9 de marzo de 2023; y, iv) La Secretaria codemandada carece de legitimidad pasiva toda vez que no tiene competencia para emitir mandamiento de libertad. En vía de complementación y enmienda el impetrante de tutela solicitó al Juez de garantías se pronuncie respecto al plazo que se le otorga a la Secretaria a efecto de que subsane las observaciones. En sustanciación y resolución de lo impetrado, el Juez de garantidas manifestó que la subsanación se la tiene que realizar el primer día hábil de la semana siguiente.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra el accionante por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, mediante Resolución de 2 de diciembre de 2022, se dispuso medidas cautelares a favor del impetrante de tutela, entre ellas la detención domiciliaria, y la imposición de una fianza real de Bs15 000. Resolución apelada por el impetrante de tutela ante imposibilidad de cancelación del monto establecido. Resuelta mediante Auto de Vista de 9 de marzo de 2023, que revocó en parte la Resolución de primera instancia únicamente en cuanto al monto establecido respecto a la Fianza Real (fs. 17 a 20). II.2. Ante la presentación de acusación formal contra el accionante, el 31 de marzo de 2023, el expediente del impetrante de tutela fue remitido al Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Primero del Alto. La autoridad jurisdiccional, mediante decreto de 3 de abril de igual año, dispuso la devolución del expediente al Juzgado de origen debido a la falta notificación al imputado con la imputación formal, así como con la remisión de antecedentes incompletos, devolución efectivizada en la referida fecha, según lo aseverado por el Secretario demandado, no desvirtuado por el accionante (fs. 12 a 13). II.3. El 20 de abril de 2023, el expediente nuevamente fue remitido al Juzgado de Sentencia; sin embargo, fue devuelto al Juzgado de origen el 21 de igual mes y año debido al incumplimiento de lo dispuesto por el Juez de Sentencia mediante decreto de 3 de abril de 2023, hecho no controvertido por el impetrante de tutela, no existe actuados que permitan advertir que los antecedentes fueron remitidos al Juzgado de sentencia a efecto de su radicatoria y la continuación del proceso, (fs. 12 a 13 y 19 y vta.). II.4. Cursa papeleta de vacación 7524, de Genoveva Mariela Limachi Copa, Secretaria codemandada, del 10 de abril de 2023 al 5 de mayo de igual año (fs.14).
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, puesto que, pese a que el Auto de Vista de 9 de marzo de 2023, confirmó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal alternativas a su detención preventiva, así como la modificación del monto de la fianza real; sin embargo, los secretarios demandados, incurrieron en dilación indebida y no emitieron el mandamiento de detención domiciliaria en su favor. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea jurisprudencial, en el marco del estándar jurisprudencial más alto, se ha pronunciado sobre los supuestos para la legitimación pasiva, así como de los presupuestos de legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad, con el siguiente desarrollo jurisprudencial:
«Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Más tarde, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, reforzó dicho entendimiento y precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción.
Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril5, en el Fundamento Jurídico III.2, que establece: derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 3El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción. En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar al análisis de fondo de los hechos denunciados”. 4El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”.
5El FJ III.2, dice: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: `Con relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios , actuarios y Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado…». [las negrillas son añadidas]
oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: `El personal subalterno puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional. En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.
Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o 6El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 7El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 8 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
El accionante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso, puesto que pese a que el Auto de Vista de 9 de marzo de 2023, confirmó la aplicación de medidas cautelares de carácter personal alternativas a la detención preventiva, incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad, los Secretarios judiciales demandados incurrieron en dilación indebida y no emitieron el mandamiento de detención domiciliaria en su favor, generando en una dilación indebida en su proceso que repercutió directamente en su libertad personal. De la revisión de antecedentes y conforme los datos consignados en las Conclusiones del presente fallo constitucional, así como de lo constatado por el Juez de garantías se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra el impetrante de tutela, por el delito de violencia familiar o doméstica, encontrándose detenido preventivamente en el Centro de Penitenciario San Pedro de La Paz desde el 14 de julio de 2022; mediante Resolución de 2 de diciembre de 2022, se dispuso medidas cautelares alternativas a la detención preventiva, entre ellas la detención domiciliaria, así como la fianza real de Bs15 000. Esta resolución fue apelada por el accionante debido a la imposibilidad económica de cancelación del monto establecido; resuelta mediante el Auto de Vista de 9 de marzo de 2023, que revocó en parte la Resolución apelada únicamente en cuanto al monto establecido para la fianza (Conclusiones II.1). Ante la presentación de la imputación formal el 31 de marzo de 2023, se remitió antecedentes del proceso al Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz; sin embargo, mediante decreto de 3 de abril de 2023 la autoridad judicial de dicho Juzgado dispuso la devolución de los actuados del proceso al Juzgado de origen por haber constatado la existencia de actuaciones judiciales incompletas, así como la falta de notificación al imputado con la imputación formal, entre otras situaciones (Conclusión II.2). El 20 de abril de similar año, el Juzgado de origen nuevamente remitió antecedentes del proceso ante el Juzgado Sentencia, instancia donde nuevamente mediante decreto de 21 de abril de igual año, -sin radicar el proceso-, el Juez de la causa dispuso la devolución del expediten al Juzgado de origen a efecto de que se subsanen las observaciones efectuadas por decreto de 3 de marzo de 2023. Con dichos antecedentes corresponde analizar lo denunciado por el impetrante de tutela respecto a la actuación de cada uno de los demandados, conforme a lo siguiente:
a) Respecto a Jorge Nina Tarqui Secretario del Juzgado de Sentencia y contra Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto del departamento de La Paz.
En ese entendido si bien el accionante atribuye al Secretario del Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal una dilación indebida, que ha impedido la emisión del mandamiento de detención domiciliaria dispuesta a su favor, bajo el argumento de que, al haberse remitido el expediente al Juzgado de Sentencia debido a la presentación de la acusación formal, el Secretario demandado incurrió en dilación indebida. Al respecto, corresponde hacer referencia a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional que señala que para que proceda la acción tutelar es imprescindible que sea dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida y, en el caso de servidores de apoyo jurisdiccional, éstos tienen legitimación pasiva cuando sus acciones y omisiones emerjan del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones establecidas por la norma o de la inobservancia a las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. Bajo dicho alcance, se advierte que la actuación de Jorge Nina Tinta Secretario del Juzgado de Sentencia, no se subsume dentro de los alcances del precedente constitucional referido, toda vez que, en el caso en análisis se constató que el expediente a momento de interponerse la acción de libertad aún se encontraba radicado en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de el Alto, debido a que el Juez del Juzgado de Sentencia y contra la Violencia hacia la Mujer y Ejecución Penal Primero de El Alto, ordenó la devolución de los actuados del proceso del impetrante de tutela mediante decreto de 3 de marzo de 2023, siendo evidente que la causa no fue radicada en dicho Juzgado; por lo mismo, no se advierte ninguna actuación u omisión dilatoria en la que hubiere incurrido el Secretario demandado, menos el incumplimiento a alguna instrucción dispuesta por la autoridad judicial. Con el advertido, de que, por decreto de 21 de marzo del mismo año, sin radicarse la causa, nuevamente fue devuelto el expediente por no haberse dado cumplimiento a las observaciones que fueron advertidas por la autoridad judicial del citado Juzgado; situación por la cual ambos eventos ocurridos en dicho Juzgado no provocaron ninguna dilación indebida, que hubiere afectado los derechos alegados de lesionados por el peticionante de tutela.
Por el contrario, es necesario hacer mención que el Secretario codemandado en cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de Sentencia remitió de manera inmediata el expediente al Juzgado de origen a efecto de que se subsanen los defectos formales que fueron advertidos; en consecuencia, no generó ninguna dilación menos inobservó lo dispuesto por la autoridad jurisdiccional motivo por el cual debe denegarse la tutela respecto a este funcionario de apoyo jurisdiccional codemandado. b) Respecto a Genoveva Mariela Copa Limachi, Secretaria del Juzgado de Instrucción y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz.
En consideración a que el accionante manifiesta que no obstante a que se coordinó la realización de la verificación domiciliaria para el 31 de marzo de 2023, a efecto de acceder a la detención domiciliaria dispuesta por el Juez de Instrucción confirmada mediante Auto de Vista de 9 de marzo de 2023; se remitió el expediente al Juzgado de Sentencia, generando una dilación indebida en la emisión del mandamiento referido supra, situación que no se efectivizó incluso hasta la fecha de presentación de la acción de libertad debido al actuar negligente de dicha funcionaria. Al respecto la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.2 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que la acción de libertad de pronto despacho, está destinada a evitar las dilaciones o demoras indebidas e injustificadas en los procesos jurisdiccionales, cuando se trate de la situación jurídica de personas privadas de libertad. En ese sentido, en el caso en particular, se tiene que si bien la Secretaria codemandada adjuntó documentación que acreditó que se encontraba haciendo uso de sus vacaciones judiciales desde el 10 de abril de 2023 hasta el 4 de mayo de igual año; sin embargo, conforme los datos del proceso se tiene que el expediente del impetrante de tutela fue remitido al Tribunal de Sentencia el 31 de marzo de 2023; es decir, cuando la demandada aún se encontraba cumpliendo sus funciones como Secretaria del Juzgado de Instrucción; en consecuencia, fue de su conocimiento que el expediente fue devuelto por el Juez de Sentencia al Juzgado donde desempeñaba sus funciones como Secretaria a efecto de que se subsanen ciertas actuaciones incompletas que fueron detectadas en el Juzgado de Sentencia, entre ellas la falta de notificación al imputado con la imputación formal presentada por el Fiscal de Materia, así como la remisión incompleta de los actuados procesales, que debieron ser efectuadas previo a remitir el expediente al Juez de Sentencia a raíz de la presentación de la acusación formal contra el peticionante de tutela Consecuentemente, es evidente que la jurisdicción constitucional en el marco de la jurisprudencia constitucional, que le es vinculante, no puede convalidar las dilaciones indebidas relacionadas con el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad personal. En el caso concreto se advierte que, desde el 31 de marzo, fecha en la que debía realizarse la verificación domiciliaria, la cual fue interrumpida por la remisión de actuados ante el Juzgado de Sentencia a raíz de la presentación de la acusación formal contra el accionante, hasta la presentación de la acción de libertad transcurrieron treinta y cuatro días, sin que pueda efectivizarse la detención domiciliaria dispuesta a favor del accionante. En ese orden, este Tribunal ha evidenciado que la demora injustificada no se ha ocurrido en el Juzgado de Sentencia, donde desempeña funciones el Secretario codemandado; en todo caso, la demora alegada por el accionante fue ocasionada en el Juzgado de Instrucción donde ejerce funciones la Secretaria codemandada, respecto de cuya actuación se ha advertido que previo a iniciar su vacación tuvo participación en la dilación que ocurrió en dicho Juzgado, en cuanto a la tramitación y efectivización de la detención domiciliaria, conforme se tiene explicado en el párrafo anterior, al constatarse que dejó transcurrir nueve días sin cumplir con lo observado por el Juez de Sentencia, tiempo en el que aún se encontraba la Secretaria demandada cumpliendo funciones, sin que respecto al mismo, exista alguna justificación que permita comprender el tiempo transcurrido, por ende la falta de atención rápida con la que debe actuarse en situaciones de peticiones relacionadas con la libertad. Consecuentemente, se advierte que, durante ese tiempo, la Secretaria demandada se encontraba en funciones, adquiriendo por tanto legitimación pasiva, conforme exige el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, respecto de los servidores de apoyo jurisdiccional En tal sentido, de la compulsa de lo fundamentado por el impetrante de tutela, lo informado por la codemandada, se advierte que la Secretaria codemandada, en su condición de personal de apoyo jurisdiccional, incumplió en primer lugar con su deber de notificar al imputado con la imputación Formal, así como de remitir los actuados procesales completos ante el Juez de Sentencia; con el advertido de que la remisión directa afectó en la efectivización de la detención domiciliaria, que además desencadenó en la devolución del expediente y consiguientemente en una dilación indebida del proceso, y si bien la codemandada ingresó en vacación a partir del 10 de abril, tiempo a partir del cual la dilación no le es imputable, no es menos cierto, que tuvo participación en la demora detectada; toda vez que incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad no se efectivizó la detención domiciliaria del impetrante de tutela, lo que derivó en la vulneración del derecho la libertad del impetrante de tutela, debido a una dilación injustificada incluso de treinta y cuatro días en total, motivo por cual debe concederse la tutela respecto a la codemandada señalada supra.
De otro lado, es menester recordar al Juez de garantías que la SCP 0087/2012 de 19 de abril, se ha pronunciado sobre la obligación que tiene el juez o tribunal de garantías, de remitir la prueba sobre la que fundó su decisión, estableció lo siguiente:
[T]odo juez o tribunal de garantías, cuenta con la obligación de remitir al Tribunal Constitucional Plurinacional: a. Toda la prueba aportada por la parte accionante y demandada en la acción de libertad. b. La prueba que de oficio pudo producir máxime cuando la misma haya servido para resolver inicialmente la problemática…” (énfasis añadido). En la presente causa, de la revisión de antecedentes que cursan en obrados, se tiene que el Juez de garantías omitió remitir los antecedentes y pruebas sobre los que basó su decisión y a los que tuvo acceso; razón por la cual, corresponde llamarle la atención y exhortar a que en ulteriores oportunidades cumpla con la obligación prevista en dicho precedente constitucional, en consideración a que en esta instancia de revisión se debe contar con todos los elementos de prueba necesarios. En consecuencia, la Jueza de garantías, al denegar la tutela obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve:
REVOCAR en parte la Resolución 26/2023 de 5 de mayo, cursante de fs. 21 a 27., pronunciada por el Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y Público de la Niñez y Adolescencia Primero de el Alto del departamento de La Paz, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Genoveva Mariela Copa Limachi, Secretaria del Juzgado de Instrucción y Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de El Alto del departamento de La Paz, debiendo subsanarse todos los defectos formales del proceso en caso de que no hayan sido subsanados hasta la fecha, con la finalidad de efectivizar la detención domiciliaria otorgada a su favor; y; 2° DENEGAR la tutela respecto a Jorge Nina Tarqui Secretario del Juzgado de Sentencia, Violencia contra la Mujer y Ejecución Penal Primero del El Alto del referido departamento, con base en los fundamentos Jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. 2° Llamar la atención a Carlos Alberto Chuquimina Chuquimia, Juez de Sentencia contra la Violencia hacia la Mujer y público de la Niñez y Adolescencia Primero de el Alto del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías por no haber cumplido con el deber de verificar y remitir los actuados que sirvieron de base para su decisión y para que este Tribunal tome la debida convicción. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 2El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1198_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.
Huella digital del PDF (SHA-256): 8c9e2dd3b797d62fb54c47dc6bb07fac0190cc1b50706f4f4b4241d25554681d
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