B.IA.LEGAL

SCP 1195/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 3 de octubre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
3 de octubre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55575-2023-112-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El impetrante de tutela, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad, por cuanto, habiéndose ordenado mediante decreto de 29 de marzo de 2023, la remisión del expediente al Juez de Sentencia debido a la acusación formal presentada en su contra, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad la Secretaria demandada no remitió los antecedentes del expediente al Juez o Tribunal de Sentencia, generando una dilación excesiva e indebida en la tramitación de la causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 050/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo innovativa respecto a Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se dio respuesta al accionante; y, 2º Exhortar a la Secretaria demandada, Liz Alexandra Zonco Lobo, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa
  2. III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho
  3. III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1195/2025-S3 Sucre, 3 de octubre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55575-2023-112-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 050/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Marcelo Maidana Deheza en representación sin mandato de Alejandro Marcelo Ramos Vera contra Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 10 de mayo de 2023, cursante de fs. 4 a 5 vta., el accionante a través de su representante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En el proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, encontrándose detenido preventivamente, el 24 de febrero de 2023 el Fiscal de materia presentó requerimiento conclusivo de acusación formal, motivo por el cual su persona el 19 de abril de 2023, solicitó la remisión de antecedentes al Juez o Tribunal de Sentencia, decretada por el Juez de la causa el 20 de igual mes y año, disponiendo que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto mediante decreto de 29 de marzo de igual año, bajo responsabilidad, es decir, se proceda a remitir el expediente al Juez o Tribunal de Sentencia; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad la Secretaria demandada no remitió los antecedentes de su proceso al Tribunal o Juzgado de Sentencia, generando una dilación indebida en la tramitación de su proceso.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho a la libertad y del principio de celeridad, citando al efecto los arts. 24, 115 y 180 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se ordene a la Secretaria demandada que en el día remita los antecedentes de su expediente al Juzgado o Tribunal de sentencia.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 11 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante a fs. 11, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante no asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 7.

I.2.2. Informe de la parte demandada

Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de informe escrito de 11 de mayo de 2023, cursante a fs. 20 y vta., señaló que: a) El 29 de marzo de 2023, el Fiscal de materia presentó acusación formal mediante Resolución HJM N° 08/2023, decretada por el Juez de la causa en la misma fecha, ordenándose la remisión de los antecedentes del proceso al Juzgado de Sentencia de turno; sin embargo, el expediente no pudo ser remitido debido a que la autoridad jurisdiccional también señaló audiencia de verificación de situación jurídica del impetrante de tutela para el 4 de abril de 2023 a horas 11:30, audiencia que no se llevó a cabo debido a la falta de notificación a las partes; señalándose nueva audiencia para el 21 de abril de 2023 a horas 11:00; en consecuencia, conforme establece la SCP 0685/2021-S4 de 12 de octubre, no debe existir ningún actuado pendiente, al momento de remitir antecedentes del expediente el Tribunal de Sentencia; encontrándose en consecuencia imposibilitada de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez; b) El mes de abril se encontraba con baja médica, motivo por el cual en ese ínterin no asumió funciones como Secretaria del Juzgado de Instrucción; sin embargo, se encontraban habilitados como Secretarios en suplencia legal, los Secretarios del Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra Violencia hacia la Mujer Primero y Segundo; y, la Secretaria del Juzgado Tercero de Instrucción Penal Cautelar, retornando a sus funciones como secretaria recién el 2 de mayo de 2023; y, c) Los antecedentes del expediente del impetrante de tutela fueron remitidos al Juzgado de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, el 10 de abril de 2022 a horas 18:00, motivo por el cual solicitó se deniegue la tutela impetrada.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, a través de la Resolución 050/2023 de 11 de mayo, cursante de fs.12 a 13, denegó la tutela solicitada. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: 1) La acción de libertad está directamente vinculada con la vulneración del derecho a la libertad física o de locomoción; en consecuencia, a efectos de activar esta acción de defensa se debe acreditar la vinculación directa de la actuación del funcionario denunciado con la vulneración del derecho a la libertad del accionante. En la presente acción tutelar, el impetrante de tutela no acreditó los aspectos que determinan que la actuación de la Secretaria demandada generó alguna vulneración del derecho a la libertad de locomoción o libertad física del accionante; 2) Conforme lo informado por la demandada, se tiene que la referida funcionaria se encontraba con baja médica todo el mes de abril, retornando a sus funciones el 2 de mayo de 2023, remitiendo los actuados correspondientes al Juzgado de Sentencia, el 10 de igual mes y año; y, 3) Si bien la acción de libertad se caracteriza por la informalidad, no es menos cierto que el accionante tenía el deber de proporcionar a la autoridad jurisdiccional constitucional los elementos de prueba necesarios a efecto de poder sustentar su denuncia, aspecto que no ocurrió.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alejandro Marcelo Ramos Vera -accionante-, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 24 de febrero de 2023, el Fiscal de materia presentó requerimiento conclusivo de acusación formal contra el impetrante de tutela (fs. 4 a 5). II.2. Cursa memorial de 19 de abril de 2023, presentado por el impetrante de tutela, de solicitud de remisión de antecedentes del proceso al Juez o Tribunal de Sentencia (fs. 2). Por decreto de 20 de igual mes y año, la autoridad demandada, dispuso que por Secretaría se cumpla lo dispuesto mediante decreto de 29 de marzo de similar año, bajo responsabilidad funcionaria (fs.3). II.3. Mediante informe emitido por la Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria demandada, se hizo conocer que la referida funcionaria de apoyo jurisdiccional se encontraba con baja médica todo el mes de abril retornando a sus funciones el 2 de mayo de 2023; que si bien el expediente debía ser remitido existían actuados pendientes a desarrollarse previo a la remisión de los mismos, remisión que se efectivizó el 10 de mayo de 2023 (fs. 10). II.4. Cursa Oficio 65/2023 dirigido al Juzgado de Sentencia Penal y Violencia contra la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, de 5 de mayo de 2023, de remisión de obrados por presentación de acusación fiscal, con sello de recepción del Juzgado de Sentencia referido de 10 de similar mes y año a horas 18:00 (fs. 9).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El impetrante de tutela, a través de su representante, denuncia la lesión de su derecho a la libertad y el principio de celeridad, por cuanto, habiéndose ordenado mediante decreto de 29 de marzo de 2023, la remisión del expediente al Juez de Sentencia debido a la acusación formal presentada en su contra, hasta la fecha de interposición de la acción de libertad la Secretaria demandada no remitió los antecedentes del expediente al Juez o Tribunal de Sentencia, generando una dilación excesiva e indebida en la tramitación de la causa. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la acción de libertad innovativa

La SCP 2491/2012 de 3 de diciembre, sobre la base de la SC 0327/2004-R de 8 de junio, recoge el estándar alto de protección respecto a la posibilidad de presentar la acción de libertad, aun hubiere cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo de defensa; es decir, la amenaza al derecho a la vida, la privación de libertad, la persecución indebida, o en su caso, el indebido procesamiento vinculado con el derecho a la libertad física o personal. Al respecto, el Fundamento Jurídico III.1, de la citada Sentencia establece:

[De] acuerdo a la nueva coyuntura constitucional imperante desde febrero de 2009, nuestro país atraviesa un proceso de constitucionalización en sus instituciones jurídicas y políticas. No se encuentra al margen la justicia constitucional, que acoge parámetros interpretativos y de amparo más garantistas y favorables a la protección de los derechos y de los derechos humanos.

En ese sentido, la interpretación que debe hacerse respecto del art. 125 constitucional, no debe recorrer un camino restrictivo, en el sentido de que únicamente la acción de libertad pueda ser interpuesta cuando la persona se encuentre privada de libertad, pues partiendo de un criterio amplio y garantista como se tiene anotado, este mecanismo puede operar cuando efectivamente ha cesado la vulneración al derecho protegido. Este criterio se justifica, al análisis de lo dispuesto por el art. 256 de la CPE, que de forma expresa reconoce criterios de interpretación más favorables que los contenidos en nuestra propia Ley Fundamental y que se encuentran contenidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

Recogiendo el sentido finalista de protección de la acción de libertad innovativa, la SCP 0266/2018-S2 de 25 de junio, sentencia sistematizadora de línea, concluyó lo siguiente:

[E]fectivamente, debe señalarse que la acción de libertad innovativa, radica fundamentalmente, en que todo acto contrario al régimen constitucional, que implique desconocimiento o comprometa la eficacia de los derechos tutelados por esta garantía jurisdiccional, debe ser repudiado por la justicia constitucional. Así, el propósito fundamental de la acción de libertad innovativa, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos contrarios a la eficacia y vigencia de los derechos a la vida, la libertad física y de locomoción. En ese sentido, no se protegen únicamente los derechos de la persona que interpuso la acción de libertad; sino, su vocación principal es que en lo sucesivo, no se repitan las acciones cuestionadas de ilegales; en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no simplemente para proteger derechos desde una óptica subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, evitando que se reiteren aquellas conductas que lesionan los derechos que se encuentran dentro del ámbito de su protección y que fundamentan todo el orden constitucional. […] Conforme al espíritu de esta línea jurisprudencial, la figura de la acción de libertad innovativa, debe ser entendida como el mecanismo procesal, por el cual, el juez constitucional asume un rol fundamental para la protección del derecho a la libertad personal, así como de los derechos a la vida, integridad física, debido proceso y libertad de locomoción; pues, si bien pueden haber cesado las vulneraciones a dichos derechos, empero, la ilegalidad fue consumada; por ello, a efecto de determinar la responsabilidad del caso y contribuir con la política criminal de prevención, corresponderá pronunciarse en el fondo de la problemática planteada, a efectos de determinar la responsabilidad de las autoridades, la comunidad o persona particular, cuya conducta sea contraria al orden constitucional y evitar futuras lesiones de derechos fundamentales y garantías constitucionales.

III.2. Sobre la acción de libertad traslativa o de pronto despacho

La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad-, reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida.

Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”.

Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad. Ahora bien, resulta menester enfatizar que la dilación indebida en los casos de delitos de violencia sexual adquiere una connotación particular, debido a que no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 3El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 4 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.

también en los derechos de la víctima, relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, que exige de los Estados el deber de organizar el sistema de justicia, de tal forma que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente; procesos en los que se debe dar atención prioritaria y absoluta en su tramitación, conforme exigen los estándares nacionales e internacionales de protección relacionados con la debida diligencia. Sobre el particular, se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Caso Angulo Losada vs. Bolivia, en el que realizó un desarrollo jurisprudencial sobre el plazo razonable y la celeridad reforzada del proceso como elementos de la debida diligencia, señalando que, pone en relieve que en el proceso penal donde involucre una niña, niño o adolescente víctima de violencia sexual, la garantía judicial del plazo razonable establecida en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH), debe analizarse junto con el deber del Estado de actuar sin dilaciones y con la debida diligencia reforzada para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, dispuesto en el artículo 7.b) de la Convención de Belém do Pará, tomando en cuenta el deber de protección especial derivado del artículo 19 de la citada CADH.

III.3. La legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad

La SCP 0336/2018-S2 de 18 de julio, sistematizadora de línea se ha pronunciado sobre el desarrollo jurisprudencial en cuanto a la legitimación pasiva, realizando una especial referencia a la legitimación pasiva del personal judicial subalterno en las acciones de libertad traslativa, conforme lo siguiente: «Respecto a la legitimación pasiva en acciones de libertad, la jurisprudencia contenida en la SC 691/01-R de 9 de julio 2001, la definió señalando que debe ser entendida como la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquella contra quien se dirige la acción. Posteriormente, a la luz de la Constitución Política del Estado vigente, a través de la SC 0010/2010-R de 6 de abril se estableció que es posible activar la acción de libertad contra un servidor público o un particular, entendimiento ratificado por la SC 0900/2010-R de 10 de agosto. Luego, la SCP 0018/2012 de 16 de marzo, se reforzó el razonamiento antes señalado y se precisó que para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que ésta se dirija contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecución, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebido o ilegal; en concreto, se dijo que es la coincidencia entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dirige la acción. Con relación a la legitimación pasiva de funcionarios subalternos del Órgano Judicial, la SC 1572/2003-R de 4 de noviembre ratificada posteriormente por la SC 0332/2010-R de 17 de junio y por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0345/2012 de 22 de junio y 2171/2012 de 8 de noviembre, entre otras; estableció que éstas o éstos servidores públicos no tienen facultades jurisdiccionales y sus funciones se limitan a cumplir las órdenes o instrucciones de las autoridades jurisdiccionales; por lo que, carecen de legitimación pasiva en acciones de libertad, salvo que incurrieran en excesos que impliquen contradicción o alteración de las determinaciones de autoridades jurisdiccionales, o sus actos u omisiones relacionados a sus deberes, contribuyan o lesionen directamente derecho fundamentales de las personas, conforme lo determina la SCP 0427/2015-S2 de 29 de abril, en el particulares. Ahora bien, indudablemente que la norma que es más favorable al sistema de derechos fundamentales, es la contenida en la Constitución vigente, pues así se reconoce la eficacia horizontal de los derechos fundamentales…”. 8El FJ III.2, establece: “…los alcances y la naturaleza de la legitimación pasiva, que se encuentra en la autoridad o persona particular que incurrió en el acto ilegal o la omisión indebida y de cuya acción u omisión se advierta la vulneración del derecho a la vida, a la libertad física y de locomoción.

En ese sentido, para la procedencia de la acción de libertad es imprescindible que esté dirigida contra el sujeto que cometió el acto ilegal o la omisión indebida, o contra la autoridad que impartió o ejecutó la orden que dio lugar a la persecuc ión, aprehensión, detención, procesamiento o apresamiento indebidos o ilegales; en concreto es la coincidencia que se da entre la autoridad o persona particular que presuntamente causó la vulneración a los derechos enunciados y aquélla contra quien se dir ige la acción, ahora bien, la inconcurrencia de este presupuesto neutraliza la acción tutelar e impide a este Tribunal ingresar a l análisis de fondo de los hechos denunciados”. 9El FJ III.2, refiere: “…son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción, entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial”. 10El FJ III.2, expresa: “Con relación a la legitimación pasiva de los servidores de apoyo judicial, la jurisprudencia constitucional, contenida en la SC 0332/2010-R de 17 de junio, sostuvo que: ʽCon relación a la responsabilidad del personal subalterno de los Juzgados y Salas de las Cortes Superiores de Distrito y Corte Suprema de Justicia, la jurisprudencia constitucional estableció que la administración de justicia está encomendada a los órganos jurisdiccionales del Estado, de acuerdo con el art. 16.I, IV CPE y art. 3 de la Ley de Organización judicial (LOJ); en consecuencia son los jueces los funcionarios que ejercen esa jurisdicción entre tanto que los secretarios, actuarios y oficiales de diligencias, no tienen facultades jurisdiccionales sino que están obligados a cumplir las órdenes o instrucciones del Juez, emergentes de sus decisiones, por lo que no tienen legitimación pasiva para ser demandados por cuanto no son los que asumen determinaciones de orden jurisdiccional dentro de los procesos, salvo que incurrieran en excesos contrariando o alterando esas determinaciones de la autoridad judicial´. Posteriormente, la SC 1279/2011-R de 26 de septiembre, estableció la excepción a la regla anterior, declarando lo siguiente: ʽEl personal subalterno Fundamento Jurídico III.2, que establece:

Ahora bien, a los fines de establecer la legitimación pasiva en la acción de libertad respecto a los servidores de apoyo judicial, se debe tener presente que, si la vulneración de los derechos tutelados por la presente acción de defensa emerge del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas al personal de apoyo jurisdiccional en los preceptos legales procedentemente referidos o del incumplimiento de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado, dicho servidor público adquiere la legitimación pasiva por lo que es plenamente viable dirigir la demanda contra ése funcionario, hasta establecer su responsabilidad si corresponde; habida cuenta que, el acto ilegal no es necesariamente el resultado del ejercicio de la función puramente jurisdiccional, sino que, las omisiones de carácter administrativo como: la falta o inoportuna elaboración del cuadernillo de apelación, el incumplimiento de plazos para la remisión de antecedentes al superior en grado, la falta o la inoportuna elaboración de actas, la falta o inoportuna notificación a las partes, tratándose en especial de audiencias de consideración de medidas cautelares, en fin, la inobservancia de las labores y obligaciones encomendadas al personal de apoyo, tiene la capacidad de repercutir negativamente en el ejercicio de los derechos fundamentales y garantías constitucionales del justiciable; sin embargo, el presente razonamiento no implica que el Juez como autoridad revestida de jurisdicción deje al desamparo la dirección del juzgado, por cuanto le asiste la facultad de impartir instrucciones al personal de apoyo judicial y de realizar el seguimiento correspondiente, puesto que de no cumplirse las mismas también asume la responsabilidad por ser la autoridad que finalmente tiene la responsabilidad del juzgado...»[las negrillas son añadidas]

III.4. Análisis del caso concreto

El impetrante de tutela en esta acción de libertad denuncia que, no obstante que la autoridad jurisdiccional dispuso la remisión de los antecedentes del expediente al Juez de Sentencia debido a la presentación de la acusación formal en su contra, hasta la fecha de interposición de esta acción, la Secretaria demandada no remitió el expediente al Juez o Tribunal de puede ser demandado en los casos en los que contrarían lo dispuesto por dicha autoridad o cometieran excesos en sus funciones que pudieran vulnerar derechos fundamentales o garantías constitucionales; sin embargo si la autoridad judicial conocedora del acto vulneratorio de derechos y garantías no reconduce el procedimiento y lo convalida, se deslinda la responsabilidad del funcionario subalterno´; ahora bien, este Tribunal considera que el entendimiento asumido en ambas Sentencias Constitucionales citadas, no guarda coherencia con el razonamiento plenamente fundamentado contenido en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, puesto que conforme a la explicación realizada, la presente acción constitucional puede ser dirigida incluso contra particulares, entonces, con mayor razón podrá ser dirigida contra funcionarios de apoyo judicial o incluso de orden administrativos, pues a partir del momento en que las leyes les imponen deberes, y particularmente la Ley del Órgano Judicial en el caso de los funcionarios de apoyo judicial, son sujetos de responsabilidad por el incumplimiento de esos deberes, tal es así, que pueden ser objeto incluso de responsabilidad administrativa, civil o penal; consecuentemente, con mayor razón serán responsables, y por tanto, tendrán legitimación pasiva para ser demandados por esta vía, cuando sus actos u omisiones relacionados a sus deberes contribuyan o lesionen directamente derechos fundamentales de las personas, siendo así, no se puede concebir el razonamiento expuestos en dichas Sentencias que liberan de responsabilidad al funcionario de apoyo judicial, para cargar la misma únicamente sobre el juzgador cuando éste no reconduce el procedimiento y lo convalida, puesto que, si el incumplimiento de los deberes y funciones del personal de apoyo, no es reconducido por el juez, corresponderá establecer responsabilidad en relación a ambos funcionarios; es decir, el juez y el personal de apoyo judicial, cuyos actos u omisiones merezcan reproche en la vía constitucional.

En base a los fundamentos supra expuestos, el entendimiento generado en el presente acápite implica cambio de línea jurisprudencial en relación a los razonamientos asumidos en las SSCC 0332/2010-R de 17 de junio y 1279/2011-R de 26 de septiembre, en las que se estableció que los servidores de apoyo judicial no tiene legitimación pasiva para ser demandados en las acciones de defensa”.

Sentencia, generando una dilación excesiva e indebida en la tramitación de su proceso.

En ese contexto, con carácter previo a ingresar a analizar el fondo de la presente causa, es necesario hacer mención que conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se activa la acción de libertad innovativa, aún hubiera cesado el acto ilegal en cualquiera de las modalidades protectivas de este mecanismo; toda vez que lo que se pretende con esta modalidad de acción de libertad, es evitar que en el futuro se repitan y reproduzcan los actos lesivos a derechos fundamentales, en razón a que, como lo entendió la jurisprudencia constitucional, la acción de libertad se activa no solo para proteger derechos desde una dimensión subjetiva, sino también, desde una dimensión objetiva, con la finalidad de evitar la reiteración de conductas que están proscritas por el ordenamiento jurídico, por ser lesivas a derechos fundamentales. En consecuencia, no obstante, de que el expediente fue remitido el 10 de mayo de 2022, al Juzgado de Sentencia Penal contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz (Conclusión II.4); se ingresa al análisis de fondo de lo denunciado a efectos de determinar si existió la dilación indebida alegada por el solicitante de tutela. En consecuencia, de acuerdo con los datos consignados en el presente fallo constitucional se advierte que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra Alejandro Marcelo Ramos Vera accionante, por la presunta comisión del delito de abuso sexual, el 24 de febrero de 2023, el Ministerio Público presentó requerimiento conclusivo de acusación formal (Conclusiones II.1), motivo por el cual el 19 de abril de 2023, el impetrante de tutela solicitó la remisión de los antecedentes de su proceso al Juez o Tribunal de Sentencia, disponiéndose que por secretaria se proceda a dar cumplimiento a los dispuesto mediante decreto de 29 de marzo de similar año, bajo responsabilidad funcionaria (Conclusiones II.2). En dicho orden, y siguiendo lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, el ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho se abre frente a situaciones de dilación indebida en el tratamiento de solicitudes vinculadas con la libertad personal, lo que obliga a toda autoridad judicial o administrativa que conozca una solicitud a tramitarla con la mayor celeridad posible. No obstante, el resultado de la petición dependerá de la valoración jurídica de la autoridad, conforme a la normativa aplicable; es decir, la acción de libertad traslativa no obliga a conceder la solicitud en forma positiva, sino a que se atienda sin dilación indebida. Ahora bien, con relación a la actuación de la Secretaria demandada, si bien el impetrante de tutela refirió que la demandada incumplió con su obligación de remitir los antecedentes del proceso al Juzgado de Sentencia ordenada por la autoridad jurisdiccional mediante decreto de 29 de marzo de 2023, se tiene que, conforme lo glosado en el Fundamento Jurídico III.3 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; los servidores públicos de apoyo judicial excepcionalmente pueden ser demandados en la presente acción de defensa cuando la vulneración de los derechos tutelados emerja del incumplimiento o la inobservancia de las funciones y obligaciones conferidas en la Ley del Órgano Judicial; así como de las instrucciones u órdenes impartidas por el superior en grado. En el presente caso, si bien se informó que la demandada se encontraba con baja médica desde el 1 al 30 de abril de 2023, es decir, a partir del día siguiente en el que la autoridad jurisdiccional dispuso la remisión de antecedentes al Juzgado o Tribunal de Sentencia de turno; sin embargo, conforme lo manifestado por la propia demandada se tiene que la referida funcionaria retornó a sus funciones como Secretaria del Juzgado de Instrucción, Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la capital del departamento de La Paz, el 2 mayo de similar año, remitiendo los actuados del proceso del impetrante de tutela recién el 10 de mayo de 2023; es decir, ocho días después de que la demandada retornó a sus funciones como Secretaria, inobservando en consecuencia las funciones y obligaciones conferidas por la Ley del Órgano Judicial, así como las instrucciones que le fueron impartidas por el Juez de la causa mediante decreto de 29 de marzo de 2023, incumpliendo además lo dispuesto en el Fundamento Jurídico III.2 de esta decisión constitucional, que obliga a que toda solicitud en el que se encuentre vinculado el derecho a la libertad, debe ser atendida con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos establecidos. En efecto, la demandada dejó transcurrir ocho días, desde que se reincorporó a sus funciones, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Juez de la causa, dilación que conforme se ha señalado, en los casos de delitos de violencia sexual, no solo incide en los derechos del imputado o acusado, sino también en los derechos de la víctima relacionados con su derecho de acceso a la justicia y el deber de actuar con la debida diligencia, deber que tampoco fue observado, no obstante de tratarse de un caso de abuso sexual, que exige que las autoridades administrativas y judiciales actúen con criterio reforzado de celeridad, dentro de los procesos que diluciden delitos de violencia o violación sexual, máxime si se trata de casos en los que se tiene como víctima a una niña, niño o adolescente. En consecuencia, corresponde conceder la tutela en la modalidad de acción de libertad innovativa respecto a la Secretaria demandada pues si bien, remitió el expediente al Juzgado de Sentencia Penal y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de La Paz, el acto lesivo existió, por la demora injustificada en la que incurrió en la tramitación y tratamiento de la solicitud de remisión presentada por el accionante. En consecuencia, el tribunal de garantías, al denegar la tutela impetrada obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 050/2023 de 11 de mayo, cursante de fs. 12 a 13, pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías; y, en consecuencia: 1º CONCEDER la tutela impetrada bajo innovativa respecto a Liz Alexandra Zonco Lobo, Secretaria de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Quinto de la Capital del departamento de La Paz, conforme los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, sin disponer ninguna actuación; por cuanto ya se dio respuesta al accionante; y, 2º Exhortar a la Secretaria demandada, Liz Alexandra Zonco Lobo, a tramitar con la máxima celeridad posible, las solicitudes en las cuales se encuentre comprometido el derecho a la libertad; además, en la modalidad de tutela innovativa es menester que no vuelvan a repetirse los actos condenados en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 En el Fundamento Jurídico III.1 de la citada Sentencia se expone el desarrollo completo de la línea jurisprudencial sobre la acción de libertad innovativa. Así también el Fundamento Jurídico III.2 de la SCP 1021/2019-S2 de 22 de noviembre. 2El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya

5 Corte IDH, Caso Angulo Losada vs. Bolivia, Sentencia de 18 de noviembre de 2022 (Excepciones preliminares, Fondo y Reparaciones), párr. 127. 6El Cuarto Considerando: señala: “…Por consiguiente, la demandada carece de legitimación pasiva, calidad que se adquiere por la coincidencia que se da entre la autoridad que presuntamente causó la violación a los derechos y aquélla contra quien se dirige la acción…”. 7El FJ III.5, indica: “En el caso que se analiza, se tienen dos normas referidas al ámbito de protección de la acción de libertad -antes recurso de hábeas corpus: La Constitución abrogada y la interpretación constitucional, que establecía que el recurso no procedía respecto a particulares, y la Constitución vigente que amplía la protección respecto con relación a

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1195_2025-S3.pdf · páginas 1 a 13.

Huella digital del PDF (SHA-256): d5e471360b2df16772484130310a57948805a2651ece22de915ee3869ea0db37

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