Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 26 de octubre de 2023
Deniega la tutela
Los impetrantes de tutela consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación con relación a la valoración de la prueba, a la defensa en su elemento de impugnación, a la interpretación objetiva de la norma vinculada a la tutela judicial efectiva, a la seguridad alimentaria, al trabajo y a una vivienda familiar digna, y la garantía de inembargabilidad de la pequeña propiedad individual agraria; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra, en ejecución de sentencia, presentaron incidente de ilegalidad de embargo y tasación de inmueble inembargable que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018; asimismo, Mario Remberto Terrazas Hidalgo presentó incidente de control de legalidad y constitucionalidad, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019; interpuestos los respectivos recursos de apelación, se emitió el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021, que confirmó los referidos Autos Interlocutorios; motivo por el cual los accionantes interponen la presente acción tutelar, señalando que los Vocales demandados en el citado Auto de Vista, confirmaron la decisión de la Jueza de primera instancia, sin considerar que: i) No es posible sostener que una resolución alcanza la calidad de cosa juzgada si fue emitida vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales; ii) Desde el inicio del crédito, de acuerdo al avalúo de 4 de marzo de 2022, se tiene que sus predios hipotecados estaban destinados a la agricultura, por tanto, la competencia para conocer el proceso…
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 160/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 381 a 386 vta. (Exp. 51720-2022-104-AAC) pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 2º REVOCAR la Resolución AAC-001/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 263 a 268 (Exp. 53122-2023-107-AAC), pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1195/2023-S1 Sucre, 26 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expedientes: 51720-2022-104-AAC 53122-2023-107-AAC (acumulado) Departamento: Cochabamba En revisión las Resoluciones RAC-SCIII 160/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 381 a 386 vta., del expediente 51720-2022-104-AAC; y, AAC-001/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 263 a 268, del expediente 53122-2023-107-AAC, pronunciadas dentro de las acciones de amparo constitucional interpuestas por Mario Remberto Terrazas Hidalgo y María Verónica García Escalera, respectivamente, contra Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal de la Sala Civil Segunda; y, Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocal de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba.
Mediante memoriales presentados el 7, 13, 14, 18 y 20 de octubre de 2022, cursantes de fs. 2 a 9 vta., 69 y vta., 85, 91, y 144 y vta. respectivamente, el accionante expresó los siguientes argumentos:
En el proceso civil seguido por el Banco Mercantil Santa Cruz S.A. –ahora tercero interesado– en su contra, el Juez de la causa, emitió los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018, y 18 de febrero de 2019, cuyo objetivo era el remate de sus dos lotes de terreno, sin considerar que constituyen pequeña propiedad agraria inembargable, de acuerdo al art. 394.II de la Constitución Política del Estado (CPE), motivo por el cual, interpuso los correspondientes recursos de apelación contra los mismos, y en virtud a estas impugnaciones, se emitió el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021, a través del cual los Vocales ahora demandados confirmaron las determinaciones asumidas en los referidos Autos Interlocutorios. En ese sentido, los Vocales ahora demandados al pronunciar el referido Auto de Vista, dieron viabilidad al remate de sus predios, vulnerando sus derechos fundamentales; puesto que: Con relación al Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, fundaron su decisión señalando que: a) “…se denota una discrepancia con los principios de buena fe y lealtad procesal, toda vez que los mismos ejecutados ofrecieron en calidad de garantía hipotecaria esos lotes de terreno” (sic); siendo aplicable el instituto jurídico de la cosa juzgada; razonamiento, que demuestra una interpretación equivocada y carente de motivación de dicho instituto jurídico al contrariar lo establecido en la SCP 0450/2012 de 29 de junio, reiterada por su similar “0541/2013”; puesto que, omitieron considerar las peculiaridades de la cosa juzgada aparente, tal como establecen las mencionadas sentencias constitucionales plurinacionales, que señalan que no es posible sostener que una resolución alcanza la calidad de cosa juzgada si fue emitida vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales; y, b) En cuanto a la clasificación de su propiedad, la misma no se constituye en un solar campesino o en una pequeña propiedad, sino en una mediana propiedad, ya que el trabajo agrícola efectuado en ella no está destinado a la subsistencia familiar, sino al comercio de su producción; por consiguiente, no se encontrarían dentro de las previsiones contenidas en el art. 394.II de la CPE; y, si sería posible la transferencia, pignoración o hipoteca de sus predios conforme a la Ley civil, correspondiendo aplicar el art. 218.II.2 del Código Procesal Civil (CPC).
Conclusiones, que resultan ser subjetivas, efectuando una incorrecta interpretación de la legalidad ordinaria respecto al art. 394 de la CPE; puesto que no realizaron una interpretación sistémica de la normativa relativa a la clasificación de las propiedades, tal como establece el referido artículo constitucional, como ser la superficie, la producción y los criterios de desarrollo, no debiendo basar su decisión simplemente en la actividad comercial de sus productos, cuyos resultados alcanzan únicamente a cubrir los costos de producción. Los Vocales ahora demandados omitieron considerar los siguientes aspectos: 1) Según las Certificaciones de la empresa “CORDILL S.A.”, la función social de sus lotes de terreno estaba dirigida al interés familiar, colectivo y beneficio de la sociedad; y, 2) Según la Resolución Administrativa 462/2011 de 22 de diciembre, que aprueba la “Guía para la Verificación de la Función Social y Económica Social”, sus terrenos, sea juntos o separados, no alcanzan siquiera la extensión superficial máxima prevista para una pequeña propiedad; tampoco cuentan con las construcciones requeridas para ser consideradas como mediana propiedad; es decir, área de descanso, servidumbres ecológicas legales ni áreas de proyección de crecimiento, inversiones o mejoras considerables para la actividad productiva, entre otras; quedando demostrado que sus terrenos, se constituyen en pequeña propiedad inembargable; máxime si se encuentran dentro de un enclave agrario como se demuestra de las certificaciones del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Quillacollo. En cuanto al Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019, los Vocales ahora demandados, expusieron lo siguiente: i) “…la solicitud de control de legalidad y constitucional, no es comprensible porque se trataría de una Acción de Inconstitucionalidad Concreta que ya habría precluido, por el momento procesal en el que nos encontramos” (sic); y, ii) Los dos predios cada uno de “2.051,37 m2” se constituyen en mediana propiedad, que sí pueden ser embargadas; además, conforme con el art. 3 del Decreto Supremo (DS) 1809 de 27 de noviembre de 2013; el DS 2960 de 26 de octubre de 2016; el Reglamento Complementario a la Normativa Urbana y Territorial del Municipio de Quillacollo en su art. 20; la Resolución 011/2018 de 23 de febrero, en su art. 1; la Resolución Ministerial (RM) 061/2016 de 10 de mayo; y, la Ley Municipal 011/2016 de 19 de enero, no se advierte que el “enclave agrario” sea inembargable e indivisible. Aclararon, que si la parte ejecutada pretendía liberar a los lotes de 2051,37 m² debieron oportunamente ofrecer otra garantía suficiente y no simplemente retractarse, bajo el argumento de que esos bienes inmuebles serían inembargables, pues esa actitud de los deudores denota mala fe procesal y deslealtad, ya que quien contrae una obligación tiene el deber de cumplirla y no actuar en perjuicio del acreedor pretendiendo ser liberado de sus obligaciones pecuniarias. Respecto a la interpretación objetiva de la norma, de acuerdo a la SCP 0838/2021-S4 de 17 de noviembre, para revisar la interpretación de la legalidad ordinaria se deben cumplir requisitos, entre ellos, explicar por qué la labor interpretativa impugnada resulta insuficientemente motivada, arbitraria, incongruente, ilógica o con error evidente, en este caso, el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, califica sus terrenos como propiedades agrícolas medianas, con una motivación indebida realizando afirmaciones unilaterales sin utilizar reglas de interpretación como la sistémica, por la cual el intérprete está obligado a acudir a otros artículos, capítulos, títulos, libros, etc. del mismo cuerpo normativo, a objeto de darle sentido al texto a ser interpretado para determinar si los dos lotes de terreno son pequeña o mediana propiedad agraria en el marco del art. 394.I de la CPE, considerando la superficie, producción y criterios de desarrollo, debiendo para ello, recurrir a otros instrumentos normativos como es la Resolución Administrativa 462/2011, emitida por el Director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que considera la Ley 3545 de 28 de noviembre de 2006 y el DS 29215 de 2 de agosto de 2007, por la cual se aprueba la guía para la verificación de la función social y económica social, que establece superficies máximas de la pequeña propiedad según su ubicación, haciendo referencia a terrenos con una superficie máxima de 3 ha; en su caso la superficie de ambos terrenos, donde se cosecha "manzana camuesa" mide menos de media hectárea; no obstante, los demandados la clasificaron como mediana propiedad, siendo que no cuenta con áreas de descanso, servidumbres, inversiones o mejoras considerables. Además de reiterar los mismos argumentos relativos a la clasificación de sus predios como mediana propiedad, los Vocales ahora demandados, de manera irracional afirman que en la normativa citada en el recurso no se establece que los terrenos son inembargables, afirmación ilógica y con error evidente, toda vez que, no consideraron que de la interpretación teleológica del DS 1809, se tiene que el Estado a través de los Gobiernos Autónomos Municipales tiene la obligación de garantizar la seguridad alimentaria, respetando las áreas agrícolas en las áreas urbanas, debiendo en la expansión de la mancha urbana exigir la identificación de enclaves agrarios que garanticen la seguridad alimentaria, evitando un crecimiento desmedido de áreas urbanas; de lo cual resulta ilógico que desconozcan los enclaves agrarios y que no se considere a sus lotes como pequeña propiedad inembargable.
El accionante considera lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación con relación a la valoración de la prueba, a la defensa en su elemento de impugnación, a la interpretación objetiva de la norma vinculada a la tutela judicial efectiva, a la seguridad alimentaria, y la garantía de inembargabilidad de la pequeña propiedad individual agraria; citando al efecto los arts. 16.II, 115.II y 394.II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: a) Dejar sin efecto el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116; y, b) La emisión de uno nuevo.
La audiencia virtual de consideración de la presente acción de amparo constitucional, se realizó el 25 de octubre de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 378 a 380, produciéndose los siguientes actuados:
El accionante a través de su abogado, ratificó el tenor íntegro de la acción de amparo constitucional; y ampliándolo, señaló que: 1) El acto vulneratorio de sus derechos se encuentra en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, que resolvió los recursos de apelación contra los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018 y 18 de febrero de 2019; 2) El Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, no considera los argumentos del recurso de apelación en relación a los principios que rigen las nulidades procesales, puesto que resuelve dicho recurso señalando que en los dos lotes de terreno se identifica trabajo agrícola que no está destinado a la subsistencia familiar sino al comercio, por lo cual sería posible su hipoteca; 3) Solicitó el control de constitucionalidad sobre el criterio que no existe cosa juzgada, porque concurrió la lesión de derechos y garantías fundamentales, considerando que el art. 394.II de la CPE, establece la inembargabilidad de la pequeña propiedad agrícola; por tanto, sus terrenos no podían ser embargados; y, 4) El 1999 adquirió un crédito de Banco Sol S.A., luego de Caja Los Andes y después Banco Los Andes, pagando más de $us50 000.- (cincuenta mil dólares estadounidenses), dejó de cancelar la deuda porque su hijo sufre de cáncer. Finalmente refirió que la entidad financiera antes de otorgar el crédito estaba en la obligación de verificar que el terreno dado en garantía era inembargable, ya que desde un inicio su propiedad fue agraria.
Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal de la Sala Civil Segunda; y, Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocal convocado de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba; mediante informe presentado el 25 de octubre de 2022, cursante de fs. 368 a 371 vta., manifestaron que: i) El Auto de Vista refutado en esta acción tutelar conlleva suficiente motivación y fundamentación, con apoyo de normativa y las razones por las cuales se asumió la decisión; la jurisdicción constitucional no se constituye en una nueva instancia para revisar la actividad interpretativa de los tribunales ordinarios de justicia, no puede asumir un rol casacional o supletorio de la actividad desarrollada por los jueces ordinarios, únicamente puede revisar la interpretación desarrollada en las resoluciones judiciales cuando éstas vulneran derechos y garantías constitucionales; ii) El accionante no explicó de qué manera se vulneró el derecho a una resolución congruente y motivada, ni por qué considera que se efectuó una valoración probatoria que se aparta de los marcos de razonabilidad y equidad, o por qué se realizó una incorrecta aplicación del ordenamiento jurídico, ya que se limitó a señalar la supuesta calidad de propiedad agrícola que subjetiva y caprichosamente atribuye a su inmueble, sin precisar los defectos puntuales de interpretación del Auto de Vista impugnado; iii) Con relación a la supuesta vulneración al derecho a una resolución motivada y fundamentada, dichos elementos pueden ser cumplidos de forma concisa y clara, permitiendo identificar claramente las consideraciones que justifiquen razonablemente la decisión asumida, exigencia que fue cumplida en la resolución que ahora se impugna; y, iv) Al resolver el memorial por el cual el impetrante de tutela opuso excepciones se explicó que: a) El mismo no reclamó de forma oportuna y con los mismos fundamentos sobre la inembargabilidad de sus terrenos; b) Los ejecutados hicieron uso de distintos recursos de impugnación en diferentes oportunidades, tanto ordinarios como constitucionales; c) Los deudores dejaron transcurrir el tiempo y que precluyan las fases procesales, y recién cuando el proceso se encontraba en fase de ejecución, trataron de impedir el cumplimiento de la obligación en detrimento de la entidad acreedora, denotando falta de buena fe y lealtad procesal, toda vez que los mismos ejecutados ofrecieron en calidad de garantía hipotecaria esos lotes de terreno; d) El Auto de Vista ahora impugnado explicó que los lotes de terreno embargados no están bajo el régimen de pequeña propiedad porque no son utilizados para la subsistencia de los titulares y de su familia, también se señaló que la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria -Ley 1715 de 18 de octubre de 1996- prevé que la mediana propiedad es la que se explota con el concurso de trabajadores asalariados, empleando medios técnico mecánicos, de tal manera que el volumen de producción se destina al mercado, pudiendo ser transferida o hipotecada conforme a la ley civil; y, que la producción de manzana camuesa realizada por los ejecutados está destinada al mercado; por tanto, los terrenos dados en garantía son embargables porque son mediana propiedad; y, e) La supuesta vulneración al derecho a una resolución motivada carece de sustento legal, puesto que en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, se expuso de forma clara y exhaustiva los motivos y razonamientos de la decisión, siendo comprensibles los fundamentos del fallo, que además se encuentra sustentado por normativa pertinente.
Raúl Pablo Brañez Araoz, en representación legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., mediante memorial presentado el 24 de octubre de 2022, cursante de fs. 361 a 366 vta., y en audiencia, refirió que: 1) De acuerdo a las escrituras públicas 1234/2022 de 1 de noviembre y 169/2004 de 17 de febrero, otorgadas ante Notario de Fe Pública con las formalidades dispuestas por ley, se acredita que el citado Banco otorgó un préstamo de dinero por la suma de $us100 000.-(cien mil dólares estadounidenses) a los deudores Mario Remberto Terrazas Hidalgo y Edme Rina Terrazas Hidalgo, quienes ofrecieron en garantía dos bienes inmuebles, contratos suscritos al amparo de la libertad contractual y de cumplimiento obligatorio conforme establecen los arts. 454 y 519 del Código Civil (CC), siendo los suscribientes capaces de entender lo que firmaban; 2) El proceso de ejecución inició el 27 de julio de 2005, encontrándose a la fecha de interposición de la acción de amparo constitucional, en ejecución de Sentencia con señalamiento de segundo remate; es decir, cuenta con calidad de cosa juzgada incluso constitucional, ya que los deudores anteriormente presentaron cuatro acciones de amparo constitucional, habiéndose sustanciado también un proceso ordinario de conocimiento, que concluyó con un Auto Supremo que declaró probada la excepción de cosa juzgada; 3) Los ejecutados con su accionar desleal y deshonesto dilataron el proceso de forma sistemática haciendo uso de recursos ordinarios y extraordinarios, generando incidentes y dilaciones sin jamás haber obtenido una resolución favorable, son más de diecisiete (17) años que la deuda a esa entidad bancaria no fue cancelada; 4) El Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, que confirma los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018 y 18 de febrero de 2019, emerge de una valoración estrictamente jurídica legal respecto a la pretensión desmedida, ilegal e inmoral de pretender el desembargo de los bienes dados en garantía; 5) El proceso de ejecución forzosa inició bajo el Código de Procedimiento Civil, los fundamentos de los Vocales ahora demandados versan sobre la preclusión procesal y la cosa juzgada formal y sustancial –institutos jurídicos que continúan vigentes– que causa estado conforme a los arts. 1319, 1451 y 1452 del CC; y, 514 y ss. del Código de Procedimiento Civil ahora abrogado (CPCabrg); 6) El Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, resolvió expresamente lo recurrido por los ejecutados, siendo improcedente el agravio referido a la exclusión de bienes objeto de la hipoteca por constituir pequeña propiedad, puesto que dichos bienes constituyen mediana propiedad al ser explotados para el mercado; por lo que, los Vocales ahora demandados no incurrieron en actos u omisiones ilegales o indebidos; 7) El art. 53 del Código Procesal Constitucional (CPCo), establece la improcedencia de la acción de amparo constitucional cuando se hubiere interpuesto con anterioridad otra acción idéntica, con identidad de sujeto, objeto y causa; en el caso concreto, se presentaron cuatro acciones de amparo constitucional en las que se denegó la tutela por su improcedencia, todas definiendo que no es posible convertir en deuda incobrable lo pactado, incluso se presentó un recurso incidental de inconstitucionalidad que también fue rechazado; asimismo, existe la causal de improcedencia por actos libre y expresamente consentidos, puesto que los gravámenes dispuestos fueron consentidos por el accionante de forma libre, voluntaria y expresa; los documentos que acreditan la participación libre y consentida del impetrante de tutela son las Escrituras Públicas 1234/2002 y 169/2004, antes referidas, que cuentan con el valor probatorio que les asigna el art. 1289 del CC, situación que determina la improcedencia de esta acción de defensa; 8) La Sala Constitucional de manera indebida dispuso la suspensión de la audiencia de remate, considerando que de acuerdo al art. 517 del CPCabrg, la ejecución de sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución; la referida medida importó daño a la institución ejecutante; 9) Esa entidad bancaria demanda justicia desde hace más de diecisiete años, tiempo en el que el solicitante de tutela se niega a pagar su deuda, tutela judicial que le sigue siendo negada debido a los incidentes maliciosos que interpone el precitado. La única demanda de la institución ejecutante fue el pago de lo debido conforme prevé el art. 291 del CC; sin embargo, es discriminada por los operadores de justicia que consienten y tramitan las pretensiones de los ejecutados; 10) Se incumplió el principio de subsidiariedad, debido a que el demandante de tutela, habiendo agotado todos los recursos posibles, sin que tenga ninguna intención de pagar lo debido, pretende suplir la inexistencia de recursos posibles con la presentación de la acción de amparo constitucional, cuando lo que corresponde por determinación expresa de la norma es la ejecución forzosa de los bienes dados en garantía; 11) No existió vulneración de derechos y garantías constitucionales, porque el accionante hizo uso de todo recurso posible e imposible bajo el supuesto derecho a la defensa, se respetó el debido proceso; 12) Se acompaña la Certificación de 13 de mayo de 2019 emitida por el INRA que certifica que los terrenos objeto de garantía se encuentran en área urbana, prueba concluyente que desvirtúa las expectativas del peticionante de tutela para obtener el desembargo de los bienes otorgados en garantía, la clasificación forzada de encontrarse en enclave agrícola no es más que un artificio, pues esa categoría no se enmarca en lo previsto en el art. 394 de la CPE; 13) La prueba presentada por el peticionante de tutela consistente en normativa urbana municipal, certifican la condición de terrenos urbanos de los predios comprendidos en la jurisdicción de Tacata-Purgatorio, lugar donde se encuentran los terrenos otorgados en garantía hipotecaria, por tanto, dicha prueba es contraria al accionante y favorable al Banco Mercantil Santa Cruz S.A.; 14) El DS 1809 corresponde a las políticas públicas del Estado de garantizar la seguridad alimentaria de la población, deber que no tiene injerencia en las relaciones entre particulares, menos cuando se trata de garantías hipotecarias; 15) La certificación de 3 de mayo de 2018 emitida por el GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba, previa inspección in situ certifica que los predios en cuestión se encuentran en área urbana y no son propiedad agrícola; 16) El único argumento del impetrante de tutela es señalar que los terrenos hipotecados constituyen “enclave agrícola”; sin embargo, ese término no está previsto en los arts. 393 y 394 de la CPE, como tampoco en el art. 41 de la Ley 1715, el cual tiene la naturaleza descrita en el inc. 3) de la referida norma, entonces, dicho –único– argumento del accionante no tiene sustento alguno; 17) Bajo el principio de verdad material, los inmuebles objeto de remate cuentan con obras civiles considerables, conforme al avalúo pericial, y no se evidencia cumplir la función agrícola; asimismo, dichos inmuebles cumplen con el pago de impuestos, por tanto, no se encuentran en la categoría del art. 394 de la CPE que hace referencia a inmuebles exentos del pago de impuestos; y, 18) La cláusula novena de las escrituras de préstamo, individualizan los inmuebles dados en garantía para su ejecución en caso del no pago de la deuda, el adjetivo enclave agrícola no hace inembargables dichos inmuebles. Edmé RinaTerrazas Hidalgo, a pesar de su notificación cursante a fs. 98, no presentó informe alguno ni asistió a audiencia de consideración de esta acción de defensa.
La Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución RAC-SCIII 160/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 381 a 386 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: i) Respecto a los límites a la interpretación de la legalidad ordinaria la SCP 0010/2021-S4 de 22 de marzo, señaló la teoría de la autolimitación del Tribunal Constitucional Plurinacional, para que éste jamás pretenda usurpar las funciones que la Constitución Política del Estado atribuye a otros órganos, encontrándose impedido de revisar o sustituir la interpretación de la legalidad ordinaria realizada por los juzgadores y tribunales de otras jurisdicciones; el Tribunal Constitucional Plurinacional únicamente puede ingresar a revisar la interpretación realizada por los juzgadores cuando exista una evidente lesión de derechos y garantías constitucionales fruto de una interpretación arbitraria, carente de fundamentación suficiente o con error evidente; ii) En el caso concreto, del Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, se advierte que se encuentra sustentado y motivado en las disposiciones del Código Civil, los arts. 179 y 291 del CPCabrg; 318, “176.II” y “514” del CPC; y, 41 de la LNSRA, señalando que la pequeña propiedad está destinada a la subsistencia familiar, mientras que la mediana propiedad es la que se explota con el concurso de trabajadores y su volumen principal de producción está destinado al mercado, pudiendo ser hipotecada de acuerdo a la ley civil; asimismo, señaló que los ejecutados no acreditaron que los lotes de terreno dados en garantía constituyan pequeñas propiedades, por tanto, no gozan del carácter inembargable; iii) En relación al Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, se argumentó que de acuerdo a la documentación acompañada por el propio ejecutado como el Certificado de 31 de julio de 2017, se acreditó que éstos son socios de la Asociación de Productores Ecológicos de Manzana Tacata-Purgatorio, siendo proveedores de manzana desde el 2002; que el Certificado de 2 de agosto de 2017 acredita que el ejecutado trabaja con la empresa CORDILL S.A. desde hace seis años atrás de forma continua, siendo su proveedor, mencionando también el Certificado de 31 de julio de 2017, de la Asociación de Productores Agro-ecológicos de Manzana; iv) En relación al Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019 se señaló que el art. 3 del DS 1809 establece que las áreas productivas agropecuarias urbanas no podrán ser objeto de cambio de uso de suelo ni urbanizadas en el plazo de diez años a partir de la publicación de dicho Decreto Supremo, esa norma, concordante con el DS 2960, no hace mención a la inembargabilidad de las áreas productivas agropecuarias urbanas. Con relación al Reglamento de Complementación a la normativa urbana y territorial del Municipio de Quillacollo del citado departamento, que hace referencia al enclave productivo, señala que el mismo no refiere que dicho enclave tenga carácter de inembargabilidad; v) Conforme a lo señalado, el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, cumple con la jurisprudencia constitucional, se encuentra debidamente motivado y fundamentado, con una secuencia lógica, expresando de forma concisa y clara los motivos por los que confirma los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018 y 18 de febrero de 2019; vi) De acuerdo a la SCP 1737/2014 de 5 de septiembre, la jurisdicción constitucional no puede inmiscuirse en la labor de los jueces ordinarios, salvo que el accionante hubiera demostrado una errónea valoración de la prueba o alejada de los marcos de razonabilidad y equidad, o una errónea interpretación del derecho, precisando qué normas fueron erróneamente interpretadas y cómo esa interpretación vulneró derechos fundamentales, demostrando que se omitió la consideración de las pruebas o se basó la decisión en prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación, además de demostrar la relevancia constitucional o la incidencia en el fondo de lo demandado; y, vii) El solicitante de tutela cumplió con los requisitos para la interpretación de la legalidad ordinaria; sin embargo, el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, da respuesta a los puntos apelados, explicando por qué concluyó que los bienes embargados constituyen una mediana propiedad agraria, basándose en la prueba presentada por los propios impetrantes de tutela y considerando los Decretos Supremos (DDSS) 1809 y 2960, y la Resolución Administrativa emanada del GAM de Quillacollo, concluyendo que ninguna de esas normas establece que el enclave agrario sea inembargable, no siendo evidente el argumento del impetrante de tutela referido a que dichas normas no fueron consideradas; asimismo, no se mencionó qué prueba no fue valorada o si demostraría lo contrario a lo establecido por los Vocales ahora demandados; es decir, no señaló prueba que demuestre que los terrenos dados en garantía no son susceptibles de embargo; por lo tanto, no se advierte lesión de derechos o garantías constitucionales. En vía de complementación, el accionante, mediante memorial presentado el 8 de noviembre de 2022, solicitó se complemente: a) En el punto 1.7 de antecedentes y conclusiones de la Resolución RAC-SCIII 160/2022 se señaló que se acompañó la Certificación de área de 3 de mayo de 2018; sin embargo, no se le otorgó valor positivo o negativo a la misma, literal que se considera, desvirtúa la afirmación de que su inmueble califica como mediana propiedad; b) En la acción de amparo constitucional se adjuntó la Resolución Administrativa 462/2011 emitida por el INRA que aprueba la guía para la verificación de la función social y económica social, que establece superficies máximas de la pequeña propiedad según ubicación; sin embargo, ésta no fue considerada en la Resolución RAC-SCIII 160/2022, siendo que la misma es relevante, puesto que establece la superficie de la pequeña y la mediana propiedad agraria; y, c) En la acción de amparo constitucional se hizo énfasis en el deber del Estado de garantizar la seguridad alimentaria, vinculado a los Decretos Supremos que regulan la homologación de áreas urbanas y uso de suelo; no obstante la Resolución RAC-SCIII 160/2022 no justificó por qué ese aspecto no fue objeto de compulsa. En respuesta al referido memorial se emitió el Auto de 9 de noviembre de 2022 cursante a fs. 406 y vta., rechazando la solicitud de enmienda y complementación, argumentando que: 1) Los institutos de aclaración, enmienda y complementación están previstos para precisar conceptos oscuros, corregir errores materiales o subsanar omisiones de forma, pero de ninguna manera para efectuar un nuevo análisis; asimismo, dichos institutos son distintos entre sí y no pueden manejarse como uno solo y en todo caso debe precisarse las razones del porqué la aplicación de cada uno de ellos; y, 2) Sin embargo de lo señalado, a mayor abundamiento, se tiene que la jurisdicción constitucional no es un mecanismo de impugnación de la labor que efectúan los jueces ordinarios, menos puede convertirse en un supra Tribunal con facultades de revisar lo obrado por autoridades de otras jurisdicciones, salvo que el accionante hubiera manifestado de manera precisa una omisión o errónea valoración de la prueba y el alejamiento de los marcos de razonabilidad y equidad, o una errónea interpretación del derecho, y de qué manera esas omisiones vulneraron derechos fundamentales, demostrando objetivamente las mismas, además de acreditar la relevancia constitucional; conforme a lo señalado, no existe nada que aclarar o complementar.
Mediante memoriales presentados el 18 y 29 de noviembre de 2022, cursantes de fs. 3 a 15 vta. y 101 a 107, respectivamente, la accionante expresó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:
Refiere argumentos similares a los expuestos en el memorial de acción de amparo constitucional presentado por su esposo el 7 de octubre de 2022, señalando lo siguiente: Es propietaria junto a su esposo, de un bien inmueble registrado bajo la matrícula 3.09.1.01.0006672 adquirido el 1997, que fue constituido de manera ilegal como una garantía de una línea de crédito otorgada por una entidad financiera que con el transcurso del tiempo sufrió cambio de nombres, desde Caja Los Andes, Banco Los Andes, para finalmente asumir el nombre de Banco Mercantil Santa Cruz S.A. El referido inmueble no debía ser hipotecado, ya que conforme a los arts. 169 de la CPEabrg; y, 394.II de la CPE vigente, se constituye en una pequeña propiedad agrícola, siendo por tanto inembargable. De acuerdo al avalúo técnico de 4 de marzo de 2022 mandado a elaborar por la entidad financiera, se establece que el inmueble ofrecido en garantía constituye terreno agrícola y vivienda, siendo evidente que desde un principio del crédito, la entidad financiera conocía de la inembargabilidad del inmueble dispuesta por la Constitución Política del Estado, sin embargo, se continuó con la hipoteca, motivo por el cual, adjuntando prueba pertinente, presentó incidente de ilegalidad de embargo y tasación, señalando que conforme a la certificación emitida por el GAM de Quillacollo su inmueble constituye pequeña propiedad rural; por lo tanto, patrimonio familiar inembargable. Sin embargo, su incidente fue rechazado por la autoridad judicial, por Auto de 4 de abril de 2018, señalando que, de acuerdo a la Certificación de 20 de abril de 2016 (Informe “02/2016”), si bien su predio no está dentro del radio urbano, sí se encuentra dentro de la ampliación de la mancha urbana. El citado Auto resulta lesivo a sus derechos, puesto que, si bien estableció que la ampliación de la mancha urbana aún no fue homologada; sin embargo, no consideró que mientras no exista la homologación, no se puede otorgar la calidad de suelo urbano a su predio; asimismo, aun en el hipotético caso de contar con Resolución Ministerial de Homologación, a pesar de encontrarse en el radio urbano, de acuerdo al DS 2960 por la actividad agraria de producción de manzana camuesa, se mantiene el uso de suelo agrario no urbano por el término de diez años, extremo que no fue valorado por la autoridad judicial, además de haber desconocido el control de constitucionalidad. Por consiguiente, interpuso recurso de apelación contra el referido Auto de 4 de abril de 2018, señalando además de lo indicado anteriormente, que al ser terrenos agrícolas la autoridad competente para conocer el proceso ejecutivo es el Juez en materia agraria, y que de acuerdo a la Ley 1715, los terrenos agrícolas son propiedad del Estado, por lo tanto inembargables; no obstante, su recurso fue rechazado por el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021, emitido por los Vocales ahora demandados, argumentando que existe cosa juzgada, sin considerar que concurre la vulneración de derechos y garantías constitucionales por tratarse de bienes inembargables, cuya cartera no debió ser transferida a otro Banco; asimismo, el referido Auto de Vista, realizó una forzada interpretación concluyendo que su inmueble constituye mediana propiedad agraria, basado en las certificaciones de 31 de julio y 2 de agosto de 2017 (fecha posterior a la interposición del recurso de apelación), que señalan que su persona es proveedora de manzana camuesa y que forma parte de los productores agroecológicos de manzana; cuando en realidad su predio se trata de una pequeña propiedad; de igual manera, realizó una mala valoración de la prueba, contraria a la sana crítica y la lógica, al dar valor a la certificación de 20 de abril de 2016, que si bien señala que su predio se encuentra en la ampliación de la mancha urbana de Quillacollo del departamento de Cochabamba, no obstante dicha ampliación no se encuentra homologada por Resolución Ministerial. La valoración de la prueba debe basarse en la extensión superficial del predio, debiendo entenderse por lógica que la producción que se realice en la misma, no debe ser únicamente para el consumo familiar como sucede en las huertas familiares, sino que debe cubrir gastos, de fumigación, semilla y otros; por tanto, la valoración de los mencionados certificados, que si bien señalan que entrega parte de su producción a la empresa DILLMAN, ahora denominada CORDILL S.A., participando en ferias locales, deben permitir concluir que su predio califica como pequeña propiedad agrícola. En cuanto al cumplimiento de los requisitos para que la jurisdicción constitucional ingrese a revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, respecto al Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018; se tiene que, se realizó una interpretación ilógica o con error evidente por considerar la certificación de 20 de abril de 2016 sin tener en cuenta que la ampliación de la mancha urbana de Quillacollo no fue homologada por la correspondiente Resolución Ministerial; asimismo, por no considerar el art. 123 de la CPE que dispone que la ley solo rige para lo venidero; también se realizó una labor interpretativa arbitraria de la norma al señalar que en atención a los arts. 514 y 517 del CPCabrg, resultaba impertinente analizar la naturaleza de los predios objeto del embargo, sin que la Juzgadora haya tenido en cuenta su obligación de realizar en todo momento el control de constitucionalidad y del respeto de los derechos y garantías constitucionales, incurriendo en consecuencia, en una interpretación normativa arbitraria, desconociendo el avalúo realizado el 4 de marzo de 2022 que señala que su predio está destinado a la actividad agrícola y vivienda y que en mérito a las certificaciones del GAM de Quillacollo, el uso del suelo está destinado a la actividad agrícola, debiendo permanecer en esa condición a objeto de garantizar la “seguridad alimentaria”.
La labor interpretativa realizada en el Auto de Vista de REG/S.CII/AINT.116, incurre en los mismos errores que el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, considerando de manera indebida a su predio como mediana propiedad, con una interpretación normativa discrecional y unilateral, sin utilizar las reglas de interpretación sistémica que obliga a acudir a otros artículos, títulos, etc. del mismo cuerpo normativo; en el caso concreto, se debió acudir al art. 394.I de la CPE, respetando el principio de legalidad, considerando la superficie, producción y criterios de desarrollo para clasificar su propiedad agraria, debiendo haber acudido a la Resolución Administrativa 462/2011, emitida por el Director Nacional del INRA que aprueba la “Guía para la Verificación de la Función Social y Económica Social” que en su numeral 2.2. establece superficies máximas de la pequeña propiedad según su ubicación, estableciendo medidas que van desde 3 hasta 20 ha; en su caso, cada uno de los terrenos embargados mide 2051,37 m, que no alcanza ni a media hectárea; por lo tanto, no superan la superficie prevista para la pequeña propiedad agraria; asimismo, el terreno del cual es copropietaria, cumple las características de construcción de residencia o mejoras de infraestructura con áreas sembradas, sin cumplir lo exigido para la mediana propiedad como son las áreas de descanso, servidumbres ecológicas y otras exigencias técnicas. Igualmente, para la clasificación de la propiedad, se omitió acudir a la Disposición Transitoria Quinta del DS 29215, que señala que los límites de superficie en propiedades de la zona subtropical de Cochabamba para la pequeña propiedad, es de hasta 50 ha. La errónea interpretación respecto al tipo de propiedad agraria ha llevado a afirmar irracionalmente a los Vocales ahora demandados en relación a los DDSS 1890 y 2960, al Reglamento Complementario a la Normativa Urbana y Territorial del Municipio de Quillacollo, a la Resolución Municipal 011/2018, la RM 061/2016 y la Ley Municipal 011/2016, que ninguna de esas normas establece que los terrenos hipotecados son inembargables, afirmación que es ilógica y con error evidente, puesto que, se dejó de lado la interpretación teleológica y sistemática de la norma (Ley 144 de 26 de junio de 2011, Ley 247 de 5 de junio de 2012, DS 1314 de 2 de agosto de 2012, citados en el DS 1809) que permite establecer que uno de los fines del Estado es garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, que el Estado y las Entidades Territoriales Autónomas (ETA) deben regular el uso de suelo, protegiendo y velando por la conservación de áreas aptas para producción agropecuaria, lo que obliga que en la expansión de la mancha urbana se identifique enclaves agrarios que garanticen la seguridad alimentaria del núcleo familiar y la población en general. La indebida interpretación normativa realizada por los Vocales ahora demandados, que concluyó que su predio es mediana propiedad, da lugar a justificar el remate de los lotes de terreno dados en garantía, lo cual atenta al deber del Estado de garantizar la seguridad alimentaria, cuando debió realizarse una interpretación sistémica y teleológica de la norma considerando el art. 394.I de la CPE, que establece que la clasificación de la propiedad agraria se efectúa en función a la superficie, producción y a los criterios de desarrollo, considerando la Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria, la Ley 1715, sus Decretos reglamentarios y normativa pertinente, lo cual habría permitido establecer que los terrenos embargados constituyen pequeña propiedad agrícola inembargable, máxime si se encuentran dentro de un enclave agrario, situación que permite vencer el argumento de existir cosa juzgada.
La accionante considera lesionados sus derechos; al debido proceso en sus vertientes de motivación con relación a la valoración objetiva de la prueba; a la defensa en su elemento de derecho a la impugnación; a la legalidad o aplicación objetiva de la norma, a la tutela judicial efectiva, la garantía de inembargabilidad de la pequeña propiedad agraria, la seguridad alimentaria, y los derechos al trabajo y a una vivienda familiar digna; citando al efecto los arts. 16.II, 115.II y 394.II de la CPE.
Solicita se conceda la tutela impetrada; y en consecuencia, se disponga: i) Dejar sin efecto el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021; y, ii) La emisión de uno nuevo que declare probado el incidente deducido revocando el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018.
Celebrada la audiencia pública el 5 de enero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 258 a 262 vta., se produjeron los siguientes actuados:
La accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de amparo constitucional y ampliándolo, manifestó que: i) El avalúo técnico de 4 de marzo de 2022 generado por la entidad financiera señaló que el uso de su inmueble es terreno agrícola y vivienda, por lo tanto la entidad financiera debió realizar un análisis de viabilidad de la otorgación o no de un crédito; ii) El GAM de Quillacollo del departamento de Cochabamba certificó que su inmueble se encuentra en una zona productora o área productiva agropecuaria, no pudiendo no solo ser embargado sino que no puede ser rematado; y que al tratarse de tierras agrícolas, la Jueza de primera instancia no tenía competencia para determinar la subasta del mismo, ya que la jurisdicción competente es la de materia agraria, siendo nulos todos los actos por falta de competencia; y, iii) Fue el Banco Los Andes el que cometió un acto ilegal al vender al Banco Mercantil Santa Cruz S.A. un crédito con una garantía ilegal o inembargable.
Juan Edgar Balderrama Balderrama, Vocal de la Sala Civil Segunda; y, Gualberto Terrazas Ibáñez, Vocal convocado de la Sala Familiar, Niñez y Adolescencia, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, a pesar de sus legales citaciones cursantes a fs. 111 y 112, no presentaron informe ni asistieron a audiencia de consideración de la presente acción tutelar.
Raúl Pablo Brañez Araoz, en representación legal del Banco Mercantil Santa Cruz S.A., mediante memorial presentado el 4 de enero de 2023, cursante de fs. 251 a 256 vta., repitió in extenso los argumentos expuestos en el memorial presentado el 25 de octubre de 2022 (fs. 361 a 366 vta. del expediente 51720-2022-104-AAC), añadiendo en audiencia que: a) El codeudor, copropietario, co-ejecutado y esposo de la ahora accionante, el 13 de septiembre de 2022, interpuso otra acción de amparo constitucional contra los mismos Vocales ahora demandados, también contra el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, pretendiendo sorprender y burlar la actividad jurisdiccional replicando una anterior acción de amparo constitucional interpuesta hace menos de sesenta días y que fue denegada mediante Resolución RAC-SCIII 160/2022, que se encuentra en revisión ante el Tribunal Constitucional Plurinacional; por lo tanto, resulta inviable e improcedente la admisión de la presente acción de defensa, no pudiendo los Vocales ahora demandados ser procesados dos veces por los mismos hechos, debiendo aplicarse lo dispuesto en los arts. 117 y 120 de la CPE; y, 53 incs. 1), 2), 3), y 54 del CPCo; b) Los ejecutados recibieron en préstamo $us100 000.- y no cancelaron esa deuda, encontrándose el proceso con cosa juzgada en ejecución de Sentencia; los ejecutados con un accionar desleal y deshonesto han dilatado el proceso por más de diecisiete años usando y abusando de distintos recursos e incidentes atentando contra la buena fe y lealtad procesal; c) El Auto de Vista impugnado resolvió expresamente lo recurrido por los contrarios, se basó en los principios de preclusión y cosa juzgada y se encuentra debidamente motivado y fundamentado; d) No corresponde la exclusión de los bienes objeto de hipoteca, porque se demostró que constituyen mediana propiedad por explotarse la supuesta producción agrícola para el mercado; e) También se debe considerar que la accionante, consintió la hipoteca de los bienes que ahora pretende excluir de la ejecución, siendo en consecuencia, improcedente la acción de amparo constitucional por la causal de actos libres y consentidos; y, f) Debe cumplirse el art. 517 del CPCabrg, que establece que la ejecución de autos pasados en autoridad de cosa juzgada no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario; siendo inadmisible sostener un posible daño irremediable e irreparable, debiendo ordenarse la prosecución de la ejecución de los bienes. Mario Remberto Terrazas Hidalgo, a pesar de su notificación cursante a fs. 114, no presentó informe, como tampoco existe constancia de su participación en audiencia.
La Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba, mediante Resolución AAC-001/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 263 a 268, concedió la tutela solicitada, disponiendo: 1) Dejar sin efecto el Auto de Vista de "4 de abril de 2021" con relación a la resolución del "recurso incidental" contra el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018; y, 2) La emisión de un nuevo auto de vista resolviendo el recurso interpuesto de manera motivada y fundamentada con relación a los alcances de los arts. 169 de la CPEabrg; y, 394 de la CPE vigente, tomando en cuenta la Ley del Sistema Nacional de Reforma Agraria, Decretos Supremos y normativa municipal pertinente, así como la documental indicada por la parte accionante, en cuanto a considerarse si los predios ofrecidos como garantía son o no inembargables. Determinación asumida bajo los siguientes fundamentos: i) En relación a la acción de amparo constitucional interpuesta por el esposo de la ahora accionante, no existe identidad de sujeto objeto y causa, puesto que en dicha acción la ahora impetrante de tutela no fue convocada ni como tercera interesada; ii) Respecto al argumento de la solicitante de tutela referido a haberse demostrado que los terrenos embargados constituyen áreas de producción agrícola y por tanto, la Jueza de la causa no tenía competencia para determinar la subasta de los mismos, puesto que la jurisdicción competente era la agraria, se tiene que la accionante ya reconoció la competencia de la Jueza en materia civil, por lo que dicho agravio ya no puede ser señalado como no respondido por parte de los Vocales demandados; iii) En el Considerando II, punto 2 del Auto de Vista impugnado, los Vocales demandados, con relación al embargo, señalan normativa civil y mencionan cuáles son los bienes inembargables mencionando el art. 318 del CPC, asimismo, citan el art. 176.II del CPCabrg que prevé que el deudor puede solicitar el cambio de una medida precautoria por otra, siempre que garantice el derecho del acreedor o la sustitución de bienes; con dichos fundamentos jurídicos respondieron a los agravios expuestos por la parte impetrante de tutela, además de indicar que el proceso cuenta con resolución con calidad de cosa juzgada, habiendo sido los ejecutados quienes ofrecieron la garantía hipotecaria, y que ya existió una resolución constitucional que dispuso que los incidentes interpuestos sean resueltos con la emisión del Auto de Vista que se encontraba pendiente; iv) Respecto a la normativa citada por los ejecutados, los Vocales demandados señalaron que no se demostró que los terrenos embargados sean pequeñas propiedades sino más bien medianas propiedades, esto de acuerdo a los certificados adjuntos por los propios ejecutados que señalan que son productores y proveedores de manzana; v) De la apreciación efectuada por los Vocales demandados se advierte que no han referido dentro de sus fundamentos o motivaciones el considerar los alcances de los arts. 169 de la CPEabrg y 394 de la CPE vigente, y demás normativa que hace referencia a la declaración de terreno agrícola a los predios ubicados en la zona de Tacata-Purgatorio; por consiguiente, se considera que el Auto de Vista ahora impugnado carece de motivación y fundamentación; se advierte que los ejecutados no obtuvieron una respuesta sobre su observación respecto a que sus inmuebles no serían embargables; vi) Con relación al agravio expuesto por los ejecutados en cuanto a que no suscribieron ningún contrato con el Banco Los Andes Procredit S.A. sino con Caja Los Andes, la respuesta emitida por los Vocales demandados se encuentra motivada y fundamentada, considerando que los propios accionantes reconocieron la existencia del crédito bancario y que se encontraría en ejecución de sentencia; y, vii) Si bien el tercero interesado presentó documentación para establecer que los lotes embargados se encuentran en área urbana, la problemática radica en establecer si los referidos predios a momento de ser otorgados en garantía eran o no embargables. La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, al haber emitido el Auto de Vista ahora impugnado basado solamente en normativa civil, procesal civil y certificaciones obtenidas con posterioridad a la hipoteca y no haber emitido una respuesta en el marco de los arts. 169 de la CPEabrg; y, 394 de la CPE vigente y los documentos presentados por los ejecutados, incurrió en la emisión de un Auto de Vista insuficiente que vulnera el derecho al debido proceso en sus elementos de motivación y fundamentación. En la vía de explicación, complementación y enmienda, el Banco Mercantil Santa Cruz S.A., por memorial presentado el 18 de enero de 2023, cursante a fs. 285 y vta., a solicitó se aclare y enmiende lo siguiente: a) De antecedentes consta que el proceso ejecutivo es tramitado con los anteriores Código Civil y de Procedimiento Civil, debiendo aplicarse en consecuencia, el art. 517 del CPCabrg, que establece que la ejecución de autos y sentencias pasadas en la autoridad de cosa juzgada no podrá suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario; b) En la Resolución AAC-001/2023 se dispone la emisión de un nuevo auto de vista observando el art. 169 de la CPEabrg; sin embargo, el art. 123 de la CPE vigente, prohíbe la retroactividad de la ley, la misma solo es permitida en materia penal y laboral pero jamás en materia civil; c) Se adjuntó prueba documental preconstituida que evidencia la improcedencia de la presente acción tutelar, en la que se encuentra la SCP 0558/2019-S4 de 29 de julio, que dispuso estar a las resultas del auto de vista a ser emitido en la jurisdicción del proceso en el que se llevaba a cabo la ejecución, ahora se cuenta con dicha resolución que es el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, en consecuencia, en atención al art. 15 del CPCo, debe cumplirse de manera irrefutable lo dispuesto en dicho fallo; y, d) La Resolución Constitucional ahora emitida anula el citado Auto de Vista, sin señalar ni referir el procedimiento para contar con una nueva resolución, aspecto que debe ser aclarado. En respuesta a la referida solicitud, los Vocales de la Sala Constitucional emitieron el Auto de 19 de enero de 2023, cursante a fs. 287, disponiendo "sin lugar" a la solicitud efectuada, señalando que la resolución emitida es clara y responde de manera precisa a lo reclamado por la entidad ahora tercera interesada, no existiendo nada que enmendar o complementar.
Por Auto Constitucional 052/2023-CA/S de 17 de abril (cursante de fs. 425 a 429 del Exp. 51720-2022-104-AAC), la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, dispuso la acumulación del Exp. 53122-2023-107-AAC al Exp. 51720-2022-104-AAC.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Cursa Escritura Pública 1234/2002 de 1 de noviembre, de contrato mutuo o préstamo de dinero con garantía hipotecaria de inmuebles otorgado por La Caja Los Andes Sociedad Anónima (S.A.) F.F.P. en favor de Mario Remberto Terrazas Hidalgo y María Verónica García Escalera – ahora accionantes–, otorgando los deudores como garantía los lotes de terreno ubicados en calle La Faye, zona de Purgatorio de la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba (fs. 234 a 238 vta.). Mediante Escritura Pública 169/2004 de 17 de febrero, se modifica el contrato anterior de préstamo de dinero a línea de crédito rotativa (fs. 239 a 242 vta. [Exp. 51720-2022-104-AAC]). II.2. Consta Auto de Vista de 10 de junio de 2008, que revocó la Sentencia de 17 de julio de 2006, emitida dentro del proceso ejecutivo iniciado por Banco Los Andes ProCredit S.A. contra los ahora accionantes, y declaró probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepciones opuestas, disponiendo que los ejecutados paguen la suma adeudada (fs. 171 a 172 vta. [Exp. 51720-2022-104-AAC]). II.3. Cursa Auto Supremo 250/2016 de 15 de marzo, que declaró infundado el recurso de casación interpuesto por los ahora impetrantes de tutela, contra el Auto de Vista de 13 de marzo de 2015, pronunciado dentro del proceso ordinario de modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo (fs. 203 a 205 vta. [Exp. 51720-2022-104-AAC]). II.4. A través de memorial presentado el 4 de agosto de 2017, los ahora accionantes presentaron ante el Juzgado Público Civil y Comercial Tercero del departamento de Cochabamba, incidente de ilegalidad de embargo y tasación de inmueble inembargable (fs. 32 a 34 [Exp. 53122-2023-107-AAC]). II.5. Mediante Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera del departamento de Cochabamba, rechazó el incidente de ilegalidad de embargo y tasación de inmueble, por ser inembargable, así como la solicitud de nulidad de medidas preparatorias de remate (fs. 207 a 210 [Exp. 51720-2022-104-AAC]). II.6. Por memorial presentado el 24 de abril de 2018, los ahora accionantes presentaron recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, argumentando que: 1) De acuerdo al DS 2960 y el proceso para homologación de áreas urbanas, se establece que las áreas productivas agropecuarias urbanas con uso de suelo agropecuario mantendrán ese uso por al menos diez años a partir de su delimitación. Asimismo, con la finalidad de resguardo de las áreas productivas a fin de garantizar la seguridad alimentaria se dictó el DS “180” -lo correcto es 1809- de 28 de noviembre de 2013, que prohíbe el cambio de uso de suelo por diez años desde la publicación de ese Decreto; 2) En cumplimiento a la RM 061/2016, el Concejo Municipal del GAM de Quillacollo dictó la Resolución Municipal 011/2018, que establece que los terrenos que se pretenden rematar están comprendidos dentro del área protegida agrícola y de conservación por diez años; 3) Los terrenos embargados están ubicados en la zona de Tacata-Purgatorio y son destinados a la producción de manzana camuesa; y siendo terrenos rurales protegidos, no pueden ser embargados ni subastados; 4) Como los terrenos embargados son agrícolas, la autoridad competente para determinar la subasta de los mismos, no es la ordinaria sino la agraria, tal como determina la Ley 3545, siendo nulos los actos de quienes actúen sin jurisdicción ni competencia; concordante con los arts. 186 a 189 de la CPE, que determinan la jurisdicción cuando se trata de terrenos agrícolas que cumplan una función económico social; 5) De acuerdo a la Ley 3545 y el “Reglamento de la Ley 1715” los terrenos agrícolas son propiedad del Estado, por tanto son inembargables e inexpropiables; y, 6) Conforme a los arts. 393 a 409 de la CPE, la pequeña propiedad agrícola es inembargable y constituye patrimonio familiar. Deben aplicarse con primacía la Constitución Política del Estado y la Ley del INRA, considerando que el Concejo Municipal del GAM de Quillacollo, estableció que los terrenos que fueron embargados, se encuentran dentro del área de producción agrícola (fs. 40 a 41 vta. [Exp. 53122-2023-107-AAC]). II.7. Cursa Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019, que rechazó el incidente de solicitud de control de legalidad y constitucionalidad, interpuesto por el accionante Mario Remberto Terrazas Hidalgo, el 28 de noviembre de 2019, y por lo mismo, sin lugar a la solicitud de anular o dejar sin efecto el embargo y medidas restrictivas que pesan sobre los bienes inmuebles ofrecidos en calidad de garantía (fs. 211 a 215 [Exp. 51720-2022-104-AAC]). II.8. Del Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021 pronunciado por Juan Edgar Balderrama Balderrama y Gualberto Terrazas Ibañez, Vocales de la Sala Civil Segunda, y de la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia, respectivamente, ambos del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba –ahora demandados–, se extrae la parte referida al memorial de apelación presentado por el accionante Mario Remberto Terrazas Hidalgo, contra el Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019, en el cual se señala como puntos impugnados, los siguientes: i) La Jueza de la causa no comprendió los alcances de la solicitud del control de legalidad y constitucional, indicando que ésa era atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin considerar los arts. 180.I de la CPE y 3 de la Ley del Órgano Judicial (LOJ), así como la jurisprudencia constitucional referente a los deberes de los jueces de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad; ii) La resolución apelada carece de motivación y fundamentación e incumple la norma que otorga la calidad de enclave agrario a los terrenos embargados y la prohibición de cambio de uso de suelo, lo que implica una valoración omisiva de la norma como el DS 1809, DS 2960 y la Resolución Municipal 011/2018 que establecen que los terrenos embargados se encuentran en área productiva; iii) Se realizó una errada interpretación de los hechos fácticos y normativos, no se consideró que debido a que los lotes embargados se encuentran en área urbana, no cuentan con título ejecutorial; sin embargo, gozan de protección por un interés colectivo que es asegurar la seguridad alimentaria, teniendo el carácter de pequeña propiedad inembargable para proteger el desarrollo de la familia, la zona y el municipio; y, iv) Si bien no correspondía ofrecer en garantía hipotecaria esos bienes, la entidad ejecutante no debió realizar la hipoteca, no puede pretenderse convalidar un acto contrario a la Constitución Política del Estado y a la ley (fs. 16 y vta. [Exp. 51720-2022-104-AAC]) y (fs. 47 y vta. [Exp. 53122-2023-107-AAC]). II.9. Mediante Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021 pronunciado por los Vocales ahora demandados, se confirmaron los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018 y de 18 de febrero de 2019, bajo los siguientes argumentos: a) El embargo es un acto jurídico procesal que produce efectos substanciales; según el art. 291.I del CC, el deudor tiene el deber de proporcionar el cumplimiento exacto de la prestación debida, y el art. 1465 de la misma norma, establece que el acreedor podrá acudir ante la autoridad judicial para que disponga la ejecución forzosa de la obligación del deudor, a través de un proceso ejecutivo; b) No puede exigirse el embargo sobre bienes que causen perjuicio al deudor, siempre que hubiera otros bienes disponibles; la determinación de los bienes a embargarse puede hacerse por acuerdo entre el acreedor y el deudor, este último tiene el derecho de preservar aquellos bienes que le son necesarios para su subsistencia y la de su familia; c) Según el art. 179 inc. 3) del CPCabrg son inembargables los animales y productos agrícolas indispensables para el sustento del deudor y su familia, concordante con el art. 318 del CPC, de igual manera, conforme al art. 176.II del CPCabrg, el deudor puede pedir la sustitución de los bienes objeto de la medida precautoria; d) En relación a la apelación contra el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018: 1) El proceso ejecutivo se encuentra en fase de ejecución, por lo que mal pueden los ejecutados alegar que la demanda nació muerta o fue tramitada ilegalmente, cuando la resolución cuenta con calidad de cosa juzgada; 2) De la revisión de los actuados del proceso ejecutivo y de la lectura íntegra del memorial de oposición de excepciones se colige que los ejecutados no reclamaron oportunamente con los mismos fundamentos que ahora sustentan la inembargabilidad de los terrenos, hicieron uso de distintos recursos de impugnación en diferentes oportunidades, esperando que transcurra el tiempo y precluyan las fases procesales para recién cuando el proceso se encuentra en fase de ejecución, tratar de impedir el cumplimiento de la obligación en detrimento de la entidad acreedora, lo cual denota una discrepancia con los principios de buena fe y lealtad procesal, toda vez que los mismos ejecutados ofrecieron en calidad de garantía hipotecaria esos lotes de terreno. Por lo tanto, lo que corresponde es que la autoridad judicial de primera instancia continúe con la fase de ejecución de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada aplicando los arts. 514 y 517 del CPCabrg; 3) Las normas citadas por los ahora accionantes no son aplicables en el caso concreto, puesto que el art. 41.I de la Ley 1715, establece la clasificación de la propiedad agraria, señalando que constituye mediana propiedad agraria la que se explota con el concurso del propietario y de trabajadores asalariados, y su volumen principal de producción se destina al mercado pudiendo, ser hipotecada conforme a la ley civil; 4) Los ejecutados no acreditaron fehacientemente que los lotes de terreno dados en garantía constituyan pequeñas propiedades, que sean utilizados para la subsistencia del titular y su familia; por ende, dichos terrenos no gozan del carácter de indivisible e inembargable, afirmación sustentada en los documentos acompañados por los ejecutados que consisten en: i) El Certificado de 31 de julio de 2017 “(fs.435)” expedido por el Jefe del Departamento Agrícola de la Empresa Industrias Alimenticias del Valle de Vásquez Hnos. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L. [Conservas DEL VALLE]), que señala: “Los Sres. Mario Remberto Terrazas Hidalgo (...) y Rina Terrazas Hidalgo (...) socios de la Asociación de Productores Ecológicos de Manzana ‘Tacata-Pulgatorio’ de la zona de Quillacollo, son proveedores de manzana fresca en la variedad Camuesa a nuestra industria desde el año 2002 a la fecha” (sic); ii) El Certificado de 2 de Agosto de 2017 expedido por el Jefe de Adquisiciones de CORDILL S.A. (Corporación Industrial Dillman S.A.) indica: “(...) se certifica que la FAMILIA TERRAZAS HIDALGO trabajan con la empresa CORDILL S.A. desde más de 6 años atrás en forma continua, siendo ellos nuestros productores y proveedores de MANZANA” (sic); y, iii) El Certificado de 31 de julio de 2017 expedido por el Coordinador de la Asociación de Productores Agroecológicos de Manzana indica que: “(...) son socios activos de nuestra organización contando a la fecha con la realización de la 9na feria de Productores Agroecológicos de la manzana Camuesa es cuanto para fines de los interesados" (sic). De dichas literales se colige que no se trataría de bienes inmuebles que estén bajo el régimen de pequeña propiedad porque no son utilizados para la subsistencia de los titulares y de su familia; 5) Aplicando lo previsto en la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria se tiene que la producción de manzana camuesa que realizan los ejecutados está destinada al mercado; por ende, los terrenos dados en garantía hipotecaria son embargables porque son de mediana propiedad; 6) La Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba tiene competencia para la ejecución forzosa de la obligación adquirida por los ejecutados, mediante el embargo y venta de los lotes hipotecados; y, 7) Respecto al reclamo de los recurrentes que nunca suscribieron un contrato con el Banco Los Andes Procredit S.A. sino que fue con Caja Los Andes S.A. FFP, la modificación de escritura de dicha entidad financiera y su nueva denominación, no puede entenderse como la extinción de la obligación que los ejecutados contrajeron, cuando recibieron un crédito y se obligaron a pagarlo; y, e) En relación a la apelación contra el Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019: 1) La solicitud de control de legalidad y constitucionalidad no es clara; de acuerdo al art. 81.I del CPCo, la acción de inconstitucionalidad concreta puede ser presentada hasta antes de la ejecutoria de la sentencia, en el caso concreto la parte ejecutada no explica qué norma sería inconstitucional y tampoco cumple con la oportunidad para presentar la acción de inconstitucionalidad concreta, ya que el proceso se encuentra en fase de ejecución; 2) Si la pretensión del ejecutado era que se verifique si el proceder de la Jueza a quo es conforme a la norma constitucional y las leyes, el Tribunal ad quem de la revisión del proceso, concluye que la autoridad judicial de primera instancia actuó conforme a derecho, ya que es procedente el embargo de los referidos terrenos por tratarse de mediana propiedad y no de pequeña propiedad como erradamente sostiene el recurrente; 3) El art. 3 del DS 1809 establece que las áreas productivas agropecuarias urbanas no podrán ser objeto de cambio de suelo ni urbanizadas en un plazo de diez años a partir de la publicación de dicho Decreto Supremo; sin embargo, esa norma no menciona la inembargabilidad de las áreas productivas agropecuarias urbanas, lo mismo sucede con el DS 2960; con relación al Reglamento de Complementación a la normativa urbana y territorial del municipio de Quillacollo del citado departamento, en su art. 20 establece que el área de producción agrícola es el resultado de la práctica de la agricultura y a pesar de encontrarse en el área urbana mantendrán su vocación agrícola, considerados como enclaves productivos debiendo mantener esa condición por el plazo de diez años, a cuyo cumplimiento se procederá el análisis de la situación existente, sin referir el carácter de inembargabilidad, lo mismo sucede con la Resolución Municipal 011/2018 y la RM 061/2016 de homologación; 4) De todo lo expuesto se concluye que ninguna de las normas citadas por el recurrente tanto en el memorial de 21 de abril de 2018 como en el de 26 de febrero de 2019, sustenta la inembargabilidad de los terrenos dados en garantía hipotecaria, debido a que no tiene la calidad de pequeña propiedad; y, 5) Si la pretensión de la parte ejecutada era liberar los lotes embargados debieron ofrecer oportunamente otra garantía y no así alegar que dichos bienes son inembargables, pues esa actitud denota mala fe procesal y deslealtad, ya que quien contrae una obligación debe cumplirla, no siendo válido que funden su pretensión de nulidad en culpa propia; así, la resolución apelada no carece de fundamentación ni motivación, mucho menos vulneró los derechos e intereses de la parte ejecutada, correspondiendo aplicar lo dispuesto en el art. 218.II.2 del CPC (fs. 14 a 23 [Exp. 51720-2022-104-AAC]) y (fs. 45 a 54 [Exp. 53122-2023-107-AAC]). Auto que fue notificado a los ahora accionantes el 1 de junio de 2022 (fs. 55 y vta.).
Los impetrantes de tutela consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación con relación a la valoración de la prueba, a la defensa en su elemento de impugnación, a la interpretación objetiva de la norma vinculada a la tutela judicial efectiva, a la seguridad alimentaria, al trabajo y a una vivienda familiar digna, y la garantía de inembargabilidad de la pequeña propiedad individual agraria; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra, en ejecución de sentencia, presentaron incidente de ilegalidad de embargo y tasación de inmueble inembargable que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018; asimismo, Mario Remberto Terrazas Hidalgo presentó incidente de control de legalidad y constitucionalidad, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019; interpuestos los respectivos recursos de apelación, se emitió el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021, que confirmó los referidos Autos Interlocutorios; motivo por el cual los accionantes interponen la presente acción tutelar, señalando que los Vocales demandados en el citado Auto de Vista, confirmaron la decisión de la Jueza de primera instancia, sin considerar que: i) No es posible sostener que una resolución alcanza la calidad de cosa juzgada si fue emitida vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales; ii) Desde el inicio del crédito, de acuerdo al avalúo de 4 de marzo de 2022, se tiene que sus predios hipotecados estaban destinados a la agricultura, por tanto, la competencia para conocer el proceso ejecutivo le correspondía a la autoridad judicial en materia agraria y no a al Juez en materia civil; iii) Concluyeron que sus predios embargados constituyen mediana propiedad, argumentando que el trabajo agrícola efectuado en ellos no está destinado a la subsistencia familiar, sino al comercio de su producción, sin considerar que la actividad comercial de sus productos, solamente alcanza para cubrir los costos de producción y que sus predios miden menos de 3 ha; iv) No valoraron de manera adecuada los documentos que señalan que sus predios embargados se encuentran en área de producción agrícola y constituyen enclave agrario, que no existe Resolución Ministerial que homologue el cambio de uso de suelo, tampoco consideraron que aun así sus predios se encontraran en el área de ampliación de la mancha urbana por mandato del DS 2960; por la actividad agraria que cumplen, se mantiene el uso de suelo agrario no urbano por el término de diez años; v) No realizaron una adecuada interpretación normativa sistémica y teleológica a efecto de concluir que sus bienes embargados constituyen pequeña propiedad agrícola; por tanto, son inembargables conforme a lo establecido en el art. 169 de la CPEabrg y el art. 394.II de la CPE vigente; y, vi) Valoraron los certificados presentados en sentido de establecer que su predio constituye mediana propiedad, cuando en realidad dichos documentos reflejan que dicho bien cumple la función de una pequeña propiedad.
En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los extremos denunciados son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para cuyo efecto se desarrollarán los siguientes temas: a) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; b) La revisión de la valoración de la prueba en sede constitucional; y, c) Análisis del caso concreto.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2, ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.
Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:
a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado. En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.
En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:
(…)
(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.
(…)
b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.
esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen (…)
c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo. 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.
su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.
9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.
únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:
Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.
El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0025/2018-S2 de 28 de febrero, 0238/2018-S2 de 11 de junio, 0297/2018-S2 de 25 de junio, a partir de una sistematización de la jurisprudencia constitucional, desarrolló el siguiente razonamiento: El entendimiento que asumió este Tribunal respecto a la revisión de la valoración de la prueba, tiene como antecedentes a las SSCC 0129/2004-R de 28 de enero y 0873/2004-R de 8 de junio, en las cuales se 11El FJ III.3, expresa: “No obstante lo referido precedentemente, cabe también indicar que, en resguardo de los derechos fundamentales a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y a una tutela efectiva, propios de la víctima que plantea la denuncia ante el Ministerio Público para que cumpla con su función de promover la acción de la justicia para perseguir y sancionar al autor del delito, este Tribunal puede analizar la conducta omisiva del representante del Ministerio Público, el juez cautelar u otra autoridad competente para intervenir en la etapa preparatoria; conductas omisivas expresadas, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso, en no recibir o providenciar memoriales denegando el derecho de petición, en no realizar actos solicitados por las partes a fin de demostrar su acusación o desvirtuar la misma, en negar el trámite de las impugnaciones o, en su caso, en la no aplicación objetiva de la Ley pertinente al caso; en consecuencia, la denuncia sobre las omisiones referidas podrá ser de conocimiento de este Tribunal y examinado el caso, se tendrá o no que otorgar la tutela…”. 12El FJ III.3, sostiene: “Por otra parte, también es preciso recordar que la compulsa de las pruebas que se aporten con el fin de obtener la cesación de la detención preventiva, es facultad exclusiva del Juez Cautelar que esté a cargo del control de la investigación, pues en los únicos casos que este Tribunal puede intervenir en la revisión de dicho análisis será cuando el juzgador se hubiera apartado de las previsiones legales que rigen el acto procesal como de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, si estos casos no se dan, esta jurisdicción no puede intervenir para dejar sin efecto la resolución que conceda la cesación o la rechace, ya que ello importaría una doble valoración de la prueba”.
establece que dicha actividad es propia de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, abrió la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad, cuando la autoridad hubiere omitido la valoración de la prueba o se hubiere apartado de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; ambos supuestos fueron sistematizados por la SC 0965/2006-R de 2 de octubre. Posteriormente, la SC 0115/2007-R de 7 de marzo, sostuvo que también era posible revisar la valoración de la prueba cuando la decisión de la autoridad se basó en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento.
En ese marco, la SCP 1215/2012 de 6 de septiembre, resume los supuestos de procedencia de revisión de valoración de la prueba, señalando que la justicia constitucional debe verificar si en dicha labor las autoridades: 1) No se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; 2) No omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, 3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento.
Al respecto, la citada SC 0965/2006-R, estableció determinados presupuestos para efectuar la revisión de la valoración de la prueba, exigiendo que la o el accionante debía: i) Identificar las pruebas que se omitieron valorar o los cánones de razonabilidad y/o equidad que fueron inobservados en la valoración; y, ii) Indicar la incidencia de la omisión o el apartamiento de los cánones de razonabilidad y/o equidad en la decisión final; argumentando de forma precisa los motivos por los cuales la valoración de la prueba afectaría los principios de 13El FJ III.2, señala: “Ahora bien, siendo competencia de la jurisdicción constitucional, revisar excepcionalmente la labor de valoración de la prueba desarrollada por la jurisdicción ordinaria, únicamente, se reitera, cuando en dicha valoración: a) exista apartamiento de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, b) cuando se haya adoptado una conducta omisiva expresada, entre otras, en no recibir, producir o compulsar cierta prueba inherente al caso y, su lógica consecuencia sea la lesión de derechos fundamentales y garantías constitucionales; dicha competencia del Tribunal Constitucional, se reduce, en ambos casos, a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o la actitud omisiva en esta tarea, pero en ningún caso a sustituir a la jurisdicción ordinaria examinando la misma”. 14El FJ III.3, indica: “Ahora bien, analizados los actos de las autoridades recurridas; en primer término los del Juez que resolvió el incidente, se debe manifestar que ha efectuado una valoración de la prueba existente en obrados del incidente que dio lugar al presente amparo constitucional; y tal como fue expuesto, dicha labor le corresponde en forma exclusiva a su autoridad, no pudiendo este Tribunal efectuar un nuevo examen de dichos medios probatorios, a no ser que la sindéresis del referido Juez exceda de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles, desde el punto de vista de la certeza con que el material probatorio fue examinado, para asumir una decisión basada en la sana crítica; dicho de otro modo, este Tribunal, para procurar la vigencia material de los derechos fundamentales de las personas, puede analizar la valoración efectuada por los jueces ordinarios, cuando dicha apreciación no es verificable en la prueba utilizada por la autoridad judicial; por tanto, supone que el Juez asumió su decisión en una prueba inexistente, o que demuestra hechos diferentes a los que se utiliza como sustento de la Resolución judicial. En consecuencia, además de la omisión en la consideración de la prueba, que según la SC 0419/2006-R anteriormente citada es causal de excepción de la subregla de no valoración de la prueba, otra excepción se da cuando la autoridad judicial basa su decisión en una prueba inexistente o que refleja un hecho diferente al utilizado como argumento”. 15El FJ III.3.2, establece: “En resumen, por regla general, la jurisdicción constitucional está impedida de ingresar a valorar la prueba, por ser una atribución conferida privativa y exclusivamente a las autoridades jurisdiccionales o administrativas; empero, tiene la obligación de verificar si en dicha labor: a) Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b) No omitieron de manera arbitraria la consideración de ellas, ya sea parcial o totalmente; y, c) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado como argumento”.
razonabilidad y/o equidad.
En similar sentido, la señalada SCP 1215/2012, refirió que en cualquier caso, se debe demostrar la lógica consecuencia que el incumplimiento de los presupuestos para la valoración de la prueba ocasionó lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales al afectado; lo que se traduce en relevancia constitucional.
Posteriormente, la SCP 0410/2013 de 27 de marzo moduló la línea jurisprudencial de referencia y eliminó el requisito de la carga 16El FJ III.2 estableció: “En ese orden de razonamiento para que este Tribunal pueda cumplir con esta tarea, es necesario que la parte procesal, que se considera agraviada con los resultados de la valoración efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, invocando la lesión a sus derechos fundamentales, exprese de manera adecuada y precisa en los fundamentos jurídicos que sustenten su posición (recurso de amparo), lo siguiente:
Por una parte, qué pruebas (señalando concretamente) fueron valoradas apartándose de los marcos legales de razonabilidad y equidad previsibles para decidir; o, cuáles no fueron recibidas, o habiéndolo sido, no fueron producidas o compulsadas; para ello, será preciso, que la prueba no admitida o no practicada, se haya solicitado en la forma y momento legalmente establecidos, solicitud, que en todo caso, no faculta para exigir la admisión de todas las pruebas que puedan proponer las partes en el proceso, sino que atribuye únicamente el derecho a la recepción y práctica de aquellas que sean pertinentes, correspondiendo a los órganos judiciales ordinarios, el examen sobre la legalidad y pertinencia de las pruebas solicitadas, debiendo motivar razonablemente la denegación de las pruebas propuestas. Por supuesto, una vez admitidas y practicadas las pruebas propuestas declaradas pertinentes, a los órganos judiciales, les compete también su valoración conforme a las reglas de la lógica y de la sana crítica, según lo alegado y probado.
Asimismo, es imprescindible también, que el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante, correspondiendo a la parte recurrente, demostrar la incidencia en la Resolución final a dictarse, es decir, que la Resolución final del proceso hubiera podido ser distinta de haberse practicado la prueba omitida, o si se hubiese practicado correctamente la admitida, o si se hubiera valorado razonablemente la compulsada; puesto que resulta insuficiente, para la viabilidad del recurso de amparo, la mera relación de hechos; porque sólo en la medida en que el recurrente exprese adecuada y suficientemente sus fundamentos jurídicos, la jurisdicción constitucional podrá realizar la labor de contrastación, que amerita este tema de revisión excepcional de la labor de la valoración de la prueba realizada por la jurisdicción ordinaria; máxime si se tiene en cuenta que el art. 97 de la LTC, ha previsto como un requisito de contenido, el exponer con precisión y claridad los hechos que le sirvan de fundamento y precisar los derechos o garantías que se consideren restringidos, suprimidos o amenazados, señalando en qué consiste la restricción o supresión”. 17La SCP 0410/2013, en el FJ III.2 señala: “En ese orden, si bien es cierto que la jurisdicción constitucional debe respetar el ámbito de atribuciones propias de la jurisdicción ordinaria, es también correcto que cuando se ha quebrado el sistema constitucional, sus dogmas y principios o los derechos fundamentales de la persona humana, es deber del Tribunal Constitucional Plurinacional revisar la interpretación de la legalidad ordinaria efectuada por el juzgador ordinario, para resguardar la vigencia material de la Norma Fundamental y la materialización de los derechos constitucionales. Similar doctrina existe para la intervención de las resoluciones judiciales, cuando se denuncia indebida o errónea valoración o apreciación de la prueba; una explicación de esta teoría se encuentra en la SCP 1916/2012 de 12 de octubre.
Ahora bien, es necesario esclarecer que estas auto restricciones de la jurisdicción constitucional, deviene del principio de separación y distribución de funciones, que impiden la injerencia de la jurisdicción constitucional en la función asignada a la jurisdicción ordinaria; empero, deben comprenderse conforme a la nueva arquitectura de ésta, por ello deben ser asimiladas también bajo los principios de impulso de oficio, inquisitivo y no formalismo, por lo que su naturaleza es la de instrumentos útiles para el análisis de la función cumplida por la jurisdicción ordinaria, son herramientas de fundamentación de las acciones y recursos al alcance de las partes interesadas en activar la jurisdicción constitucional y de argumentación de las resoluciones para el Tribunal Constitucional Plurinacional; pero también, son el parámetro válido y legítimo de verificabilidad de la idoneidad, legitimidad y calidad de las resoluciones judiciales o administrativas cuasi jurisdiccionales; más, no son requisitos ineludibles que el accionante debe cumplir bajo sanción de rechazo o denegación de la acción tutelar, ya que ésta una vez activada, genera en la jurisdicción constitucional el compromiso ineludible de perseguir al evento acusado de inconstitucional, basado en la información concedida por el accionante, siendo pertinente analizar los hechos conocidos con todas las herramientas y métodos de análisis al alcance de la Sala del Tribunal Constitucional Plurinacional que conozca el asunto, sin que ningún instrumento o método quede al margen por la sola razón de no haber sido mencionado, sutileza que sería una argucia de aquellas que corrompen los sistemas judiciales obsoletos y decadentes.
Del modo explicado en el párrafo anterior, se entiende que las reglas y subreglas contenidas en la doctrina de las auto restricciones de la jurisdicción constitucional, respecto al canon de interpretación de la legalidad ordinaria, así como la valoración integral de la prueba, son instrumentos al servicio de la persona que crea sus derechos vulnerados, que bien utilizados redundará en una mejor comprensión del tema por parte de la jurisdicción constitucional y con ello mayores posibilidades de concesión de la tutela requerida, por ello su buen uso deviene en una ventaja procesal; mientras que para el Tribunal Constitucional Plurinacional, son herramientas de verificación de la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones judiciales; pero en ningún caso se pueden aplicar para rechazar o denegar la activación de la jurisdicción constitucional por el sólo hecho de no haber sido nombradas en el memorial de amparo”.
argumentativa que la jurisprudencia exigía para el análisis de fondo de la problemática en esta temática, señalando que las reglas impuestas a la parte accionante referidas a: “…explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba (…) constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional…” (las negrillas son añadidas). Por otro lado, en cuanto a los alcances de la revisión de la valoración de la prueba por parte de la justicia constitucional, la referida SCP 1215/2012, en el Fundamento Jurídico III.3.2, señaló que dicha competencia:
…se reduce únicamente a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa, o bien, si existió una actitud omisiva en esta tarea, ya sea parcial o total; o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, al que posee en realidad, distorsionando la realidad y faltando al principio de rango constitucional, como es la verdad material, pero en ningún caso podrá pretender sustituir a la jurisdicción ordinaria, examinando directamente la misma o volviendo a valorarla, usurpando una función que no le está conferida ni legal ni constitucionalmente.
A partir de lo señalado, esta Sala en la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, esta Sala concluyó que es posible efectuar la revisión de la valoración de la prueba, conforme a los siguientes criterios: a) La valoración de la prueba es una actividad propia de las juezas y jueces de las diferentes jurisdicciones del Órgano Judicial o de las autoridades administrativas; b) La justicia constitucional puede revisar la valoración de la prueba cuando: b.1) Las autoridades se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad; b.2) Omitieron de manera arbitraria la consideración de las pruebas, ya sea parcial o totalmente; y, b.3) Basaron su decisión en una prueba inexistente o que refleje un hecho diferente al utilizado en la argumentación; c) La competencia de la justicia constitucional en el análisis de la revisión de la valoración de la prueba, se reduce a establecer la ausencia de razonabilidad y equidad en la labor valorativa o a constatar una actitud omisiva en esa tarea o finalmente, si se le dio un valor diferente al medio probatorio, desconociendo el principio de verdad material; y, d) Las irregularidades en la valoración de la prueba solo darán lugar a la concesión de la tutela cuando tengan relevancia constitucional; es decir, cuando incidan en el fondo de lo demandado y sean la causa para la lesión de derechos fundamentales y/o garantías constitucionales.
Los impetrantes de tutela consideran lesionados sus derechos al debido proceso en sus vertientes de motivación con relación a la valoración de la prueba, a la defensa en su elemento de impugnación, a la interpretación objetiva de la norma vinculada a la tutela judicial efectiva, a la seguridad alimentaria, al trabajo y a una vivienda familiar digna, y la garantía de inembargabilidad de la pequeña propiedad individual agraria; toda vez que, dentro del proceso ejecutivo instaurado en su contra, en ejecución de sentencia, presentaron incidente de ilegalidad de embargo y tasación de inmueble inembargable que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018; asimismo, el ahora accionante Mario Remberto Terrazas Hidalgo presentó incidente de control de legalidad y constitucionalidad, que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019; interpuestos los respectivos recursos de apelación, se emitió el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021, que confirmó los referidos Autos Interlocutorios; motivo por el cual los accionantes interponen la presente acción tutelar, señalando que los Vocales demandados en el citado Auto de Vista, confirmaron la decisión de la Jueza de primera instancia, sin considerar que: 1) No es posible sostener que una resolución alcanza la calidad de cosa juzgada si fue emitida vulnerando derechos fundamentales o garantías constitucionales; 2) Desde el inicio del crédito, de acuerdo al avalúo de 4 de marzo de 2022, se tiene que sus predios hipotecados estaban destinados a la agricultura, por tanto, la competencia para conocer el proceso ejecutivo le correspondía a la autoridad judicial en materia agraria y no a al Juez en materia civil; 3) Concluyeron que sus predios embargados constituyen mediana propiedad, argumentando que el trabajo agrícola efectuado en ellos no está destinado a la subsistencia familiar, sino al comercio de su producción, sin considerar que la actividad comercial de sus productos, solamente alcanza para cubrir los costos de producción y que sus predios miden menos de 3 ha; 4) No valoraron de manera adecuada los documentos que señalan que sus predios embargados se encuentran en área de producción agrícola y constituyen enclave agrario, que no existe Resolución Ministerial que homologue el cambio de uso de suelo, tampoco consideraron que aun así sus predios se encontraran en el área de ampliación de la mancha urbana por mandato del DS 2960; por la actividad agraria que cumplen, se mantiene el uso de suelo agrario no urbano por el término de diez años; 5) No realizaron una adecuada interpretación normativa sistémica y teleológica a efecto de concluir que sus bienes embargados constituyen pequeña propiedad agrícola; por tanto, son inembargables conforme a lo establecido en el art. 169 de la CPEabrg y el art. 394.II de la CPE vigente; y, 6) Valoraron los certificados presentados en sentido de establecer que su predio constituye mediana propiedad, cuando en realidad dichos documentos reflejan que dicho bien cumple la función de una pequeña propiedad. Al respecto, de la revisión de antecedentes, se advierte la suscripción de la Escritura Pública 1234/2002 de 19 de noviembre, de contrato mutuo o préstamo de dinero con garantía hipotecaria de inmuebles conferido por La Caja Los Andes S.A. E.F.P. en favor de Mario Remberto Terrazas Hidalgo y María Verónica García Escalera –ahora accionantes–, otorgando los deudores como garantía los lotes de terreno ubicados en calle La Faye, zona de Purgatorio de la provincia de Quillacollo del departamento de Cochabamba, que por Escritura Pública 164/2004 de 17 de febrero, fue modificado a contrato de línea de crédito rotativa (Conclusión II.1); ante la falta de pago de la deuda, el 29 de julio de 2005, la entidad financiera interpuso demanda ejecutiva, llegando a emitirse la Sentencia de 17 de julio de 2006 que declaró improbada la demanda; interpuesto el recurso de apelación por la entidad bancaria, se emitió el Auto de Vista de 10 de junio de 2008 que revocó la referida Sentencia y declaró probada la demanda ejecutiva e improbadas las excepciones opuestas, disponiendo que los ejecutados paguen la suma adeudada (Conclusión II.2). Después de la interposición de distintos recursos y acciones constitucionales, se intentó instaurar un proceso ordinario de modificación de lo resuelto en proceso ejecutivo; sin embargo, dicho proceso fue rechazado por haber sido promovido fuera de plazo, llegando a emitirse el Auto de 21 de abril de 2015 que fue confirmado por Auto de Vista de 13 de marzo de 2015, contra el cual los ahora impetrantes de tutela interpusieron recurso de casación, que fue declarado infundado por Auto Supremo 250/2016 de 15 de marzo (Conclusión II.3). Posteriormente, en ejecución de sentencia, por memorial presentado el 4 de agosto de 2017, los ahora accionantes presentaron incidente de ilegalidad de embargo y tasación de inmueble inembargable (Conclusión II.4), incidente que fue rechazado por Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018 (Conclusión II.5), resolución contra la cual los ahora peticionantes de tutela, el 24 de abril de 2018, presentaron recurso de apelación (Conclusión II.6). Más tarde, por memorial de 28 de noviembre de 2019, Mario Remberto Terrazas Hidalgo, presentó incidente de solicitud de control de legalidad y constitucionalidad, el cual fue rechazado por Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019 (Conclusión II.7).
Finalmente, resolviendo los recursos de apelación interpuestos contra los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018 y 18 de febrero de 2019, los Vocales ahora demandados, emitieron el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 de 19 de noviembre de 2021, confirmando lo dispuesto en los Autos Interlocutorios impugnados (Conclusión II.9).
En ese contexto, los accionantes presentan esta acción tutelar contra el mencionado Auto de Vista, denunciando que el mismo vulnera derechos y garantías constitucionales, exponiendo distintos supuestos actos indebidos; al respecto, corresponde señalar que la jurisdicción constitucional no se constituye en una instancia adicional dentro del proceso judicial, estando limitada su competencia a verificar si existió o no una vulneración de derechos y garantías constitucionales siempre que los actos u omisiones denunciados hayan sido reclamados de manera previa al interior del proceso, debido a que esta jurisdicción se rige por el principio de subsidiariedad y no puede conocer denuncias planteadas de manera directa. En ese sentido, siendo que los accionantes denuncian que el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 vulneró su derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, especialmente con relación a la valoración objetiva de la prueba y la interpretación de la legalidad ordinaria; considerando que de acuerdo a la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, la motivación de las resoluciones en segunda instancia, implica “...exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso…” ; por consiguiente, a efecto de verificar si se emitió o no una resolución motivada en el contexto expuesto por los accionantes, corresponde realizar la contrastación entre los argumentos expuestos en los recursos de apelación que presentaron contra los Autos Interlocutorios de 4 de abril de 2018 y 18 de febrero de 2019, y lo resuelto en respuesta en el indicado Auto de Vista. Al respecto, en relación a los argumentos del recurso de apelación presentado contra el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, descritos en la Conclusión II.6 de este fallo constitucional, y los argumentos dados en respuesta en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 expuestos en la Conclusión II.9 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene lo siguiente: i) Los accionantes señalaron que, de acuerdo al DS 2960, y el proceso para homologación de áreas urbanas, se establece que las áreas productivas agropecuarias urbanas con uso de suelo agropecuario mantendrán ese uso por al menos diez años a partir de su delimitación. Asimismo, el DS 1809 prohíbe el cambio de uso de suelo agrícola por diez años desde la publicación de ese Decreto. En cumplimiento de la RM 061/2016, el Concejo Municipal de Quillacollo dictó la Resolución Municipal 011/2018, que determina que los terrenos que se pretende rematar, ubicados en la zona de Tacata-Purgatorio están comprendidos dentro del área protegida agrícola, de conservación por diez años, y que dichos terrenos están destinados a la producción de manzana camuesa, siendo terrenos rurales protegidos, por lo tanto, no podrían ser embargados ni subastados.
En respuesta, los Vocales ahora demandados, en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que el proceso ejecutivo se encuentra en fase de ejecución, con sentencia con calidad de cosa juzgada, y los ejecutados no reclamaron oportunamente con los mismos fundamentos que ahora sustentan la inembargabilidad de los terrenos, hicieron uso de distintos recursos de impugnación en diferentes oportunidades esperando que transcurra el tiempo y precluyan las fases procesales, para recién en fase de ejecución de sentencia tratar de impedir el cumplimiento de la obligación, correspondiendo en consecuencia, continuar con la ejecución de la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada aplicando los arts. 514 y 517 del CPCabrg.
Las normas citadas por los recurrentes no son aplicables en el caso concreto, el art. 41.I de la Ley 1715 establece la clasificación de la propiedad agraria, señalando que constituye mediana propiedad agraria la que se explota con el concurso del propietario y de trabajadores asalariados y su volumen principal de producción se destina al mercado pudiendo ser hipotecada conforme a la ley civil. De la contrastación expuesta se tiene que los Vocales demandados respondieron de manera congruente, clara, concreta y precisa a los argumentos planteados por los accionantes en su recurso de apelación, habiendo concluido que los documentos y normas citados por éstos no son aplicables en el caso concreto; advirtiéndose en efecto que, la resolución municipal que establece que los terrenos embargados se encuentran en un área de producción agrícola, así como todas las normas citadas por los impetrantes de tutela, que establecen que las áreas de producción agraria, cuentan con uso de suelo protegido por el término de diez años, todos esos documentos y normas fueron emitidos de manera posterior a dictarse el Auto de Vista de 10 de junio de 2008 que declaró probada la demanda ejecutiva, no siendo posible una aplicación retroactiva, tal como señalaron los propios demandantes de tutela; ii) Los accionantes, en su recurso de apelación contra el Auto Interlocutorio de 4 de abril de 2018, señalaron que, como los terrenos embargados son agrícolas, la autoridad competente para determinar la subasta de los mismos, no es la ordinaria sino la agraria, tal como determina la Ley 3545, concordante con los arts. 186 a 189 de la CPE que determinan la jurisdicción cuando se trata de terrenos agrícolas que cumplan una función económico social, siendo nulos los actos de quienes actúen sin jurisdicción ni competencia.
En respuesta, los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que: a) Los ejecutados no reclamaron oportunamente con los mismos fundamentos que ahora sustentan sobre la inembargabilidad de los terrenos; b) Los ejecutados hicieron uso de distintos recursos de impugnación en diferentes oportunidades, tanto ordinario como constitucionales; y, c) Los deudores esperaron que transcurra el tiempo y precluyan fases procesales, y recién cuando el proceso se encuentra en fase de ejecución, tratan de impedir el cumplimiento de la obligación en detrimento de la entidad acreedora, lo cual denota discrepancia con los principios de buena fe y lealtad procesal, toda vez que los mismos ejecutados ofrecieron en calidad de garantía hipotecaria los lotes de terreno; en el caso, la Jueza Pública Civil y Comercial Tercera de la Capital del departamento de Cochabamba, tiene competencia para la ejecución forzosa de la obligación adquirida por los ejecutados, mediante el embargo y venta forzosa de los lotes hipotecados. Por ende, lo que corresponde es que la autoridad judicial de primera instancia proceda y continúe con la fase de ejecución, aplicando lo dispuesto por los arts. 514 y 517 del CPCabrg, aclarando que las normas citadas por los recurrentes no son aplicables al presente caso, en razón que en el marco del art. 41.I de la Ley 1715, los ejecutados no acreditaron fehacientemente que los lotes de terreno dados en garantía constituyan pequeñas propiedades, que sean empleadas para la subsistencia del titular y su familia. En ese sentido, los inmuebles ubicados en la zona de Purgatorio, no gozan de ese carácter indivisible e inembargable previsto para las pequeñas propiedades. De la contrastación expuesta se tiene que, los Vocales ahora demandados establecieron que los ejecutados contrarían los principios de lealtad procesal y buena fe; toda vez, que ofrecieron en calidad de garantía hipotecaria los lotes de terreno ahora cuestionados como agrarios, asimismo, apoyados en los arts. 514 y 517 del CPCabrg, señalaron que la Jueza de primera instancia tiene competencia para la ejecución forzosa de la obligación adquirida por los ejecutados, mediante el embargo y venta forzosa de los lotes hipotecados; finalmente, precisaron que los ejecutados no acreditaron fehacientemente que los lotes de terreno dados en garantía constituyan pequeñas propiedades, que sean empleadas para la subsistencia del titular y su familia; por lo tanto, dichos bienes no gozan del carácter indivisible e inembargable, lo que evidencia que el Auto de Vista ahora cuestionado cumple con las exigencias del derecho al debido proceso al estar debidamente fundamentado y motivado; más aún, que la Disposición Transitoria Tercera la Ley 3545 dispone expresamente que: “Los procesos judiciales y recursos administrativos que se hallen en trámite al entrar en vigencia la presente Ley, deberán ser concluidos por la autoridad que haya asumido competencia, conforme a las normas vigentes al momento de su tramitación” (las negrillas son añadidas). En el marco expuesto, en el caso concreto, se advierte que el proceso ejecutivo se instauró contra los ahora accionantes el 29 de julio de 2005, llegando a emitirse la Sentencia respectiva el 17 de julio de 2006, mientras que la Ley 3545 fue promulgada el 28 de noviembre de 2006; es decir, el proceso ejecutivo instaurado contra los accionantes se encontraba ya con sentencia al momento de la promulgación de la señalada Ley; por lo tanto, la autoridad competente desde el inicio del proceso hasta su conclusión, fue y es la autoridad judicial en materia civil, siendo claramente improcedente la observación de los accionantes referida a la autoridad competente para resolver el proceso ejecutivo instaurado en su contra, en consecuencia, corresponde denegar la tutela solicitada sobre este punto; iii) Los accionantes señalaron que, de acuerdo a la Ley 3545 y el “Reglamento de la Ley 1715” los terrenos agrícolas son propiedad del Estado; por tanto, son inembargables e inexpropiables. En relación a este agravio, los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que las normas citadas por los recurrentes no son aplicables al presente caso, en razón a que de acuerdo al art. 41.I de la Ley 1715, la propiedad agraria se clasifica en: Solar Campesino, Pequeña Propiedad, Mediana Propiedad; Empresa Agropecuaria, Tierras Comunitarias de Origen y Propiedades Comunarias, estableciendo que la mediana propiedad es la que pertenece a personas naturales o jurídicas y se explota con el concurso del propietario; en el marco de lo referido, concluyeron que los ejecutados no acreditaron fehacientemente que los lotes de terreno dados en garantía constituyan pequeñas propiedades, que sean empleadas para la subsistencia del titular y su familia, y que los inmuebles ubicados en la zona de Purgatorio no gozan de ese carácter indivisible e inembargable previsto para las pequeñas propiedades. Lo que demuestra que los Vocales ahora demandados, motivaron y fundamentaron su respuesta respecto a este agravio, más aún, si contrariamente a lo aseverado, los ahora accionantes, acreditan su derecho propietario presentando el respectivo registro o matriculación en la Oficina de DD.RR. como bien particular y no así bien del Estado o público. En consecuencia, corresponde denegar la tutela sobre este punto; y, iv) Los accionantes señalaron que, de acuerdo a los arts. 393 a 409 de la CPE, la pequeña propiedad agrícola es inembargable y constituye patrimonio familiar. Deben aplicarse con primacía la Constitución Política del Estado y la Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria, considerando que el Concejo Municipal de Quillacollo del departamento de Cochabamba, determinó que los terrenos que fueron embargados están dentro del área de producción agrícola. En respuesta, los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que los ejecutados no acreditaron fehacientemente que los lotes de terreno dados en garantía constituyan pequeñas propiedades, que sean utilizados para la subsistencia del titular y su familia; por ende, dichos terrenos no gozan del carácter de indivisible inembargable, afirmación sustentada en los documentos acompañados por los ejecutados que consisten en: 1) El Certificado de fecha 31 de julio de 2017 “(fs.435)” expedido por el Jefe de Departamento Agrícola de la Empresa Industrias Alimenticias del Valle de Vásquez Hnos. Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L. [Conservas DEL VALLE]), que señala: “Los Sres. Mario Remberto Terrazas Hidalgo (...) y Rina Terrazas Hidalgo (...) socios de la Asociación de Productores Ecológicos de Manzana ‘Tacata-Pulgatorio’ de la zona de Quillacollo, son proveedores de manzana fresca en la variedad Camuesa a nuestra industria desde el año 2002 a la fecha” (sic [las negrillas son añadidas]); 2) El Certificado de 2 de Agosto de 2017 expedido por el Jefe de Adquisiciones de CORDILL S.A. (Corporación Industrial Dillman S.A.) indica: “(...) se certifica que la FAMILIA TERRAZAS HIDALGO trabajan con la empresa CORDILL S.A. desde más de 6 años atrás en forma continua, siendo ellos nuestros productores y proveedores de MANZANA” (sic [las negrillas son nuestras]); y, 3) El Certificado de 31 de julio de 2017 expedido por el Coordinador de la Asociación de Productores Agroecológicos de Manzana indica que: “(...) son socios activos de nuestra organización contando a la fecha con la realización de la 9na feria de Productores Agroecológicos de la manzana Camuesa es cuanto para fines de los interesados" (sic [las negrillas nos pertenecen]). De dichas literales se colige que no se trataría de bienes inmuebles que estén bajo el régimen de pequeña propiedad porque no son utilizados para la subsistencia de los titulares y de su familia. Aplicando lo previsto en la Ley de Reforma Agraria se tiene que la producción de manzana camuesa que realizan los ejecutados está destinada al mercado, por ende, los terrenos dados en garantía hipotecaria son embargables porque son de mediana propiedad. De la contrastación expuesta se tiene que, los Vocales demandados en el Auto de Vista objeto de este amparo constitucional, respondieron de manera motivada, fundamentada, clara y precisa, porque se considera la propiedad de los accionantes como mediana propiedad agraria; al efecto, con una precisa interpretación normativa concluyeron que la determinación de la superficie de una propiedad agraria no es único factor que permite que la misma sea clasificada como pequeña propiedad, sino que más bien para dicha clasificación deben considerarse además factores como la producción y criterios de desarrollo, y que en el caso concreto, de acuerdo a los avalúos y certificaciones presentadas, el predio de los accionantes, cuenta con una construcción considerable, y fue incluido en la ampliación de la mancha urbana del municipio de Quillacollo del departamento de Cochabamba; por lo tanto, de acuerdo a los planes de reordenamiento territorial, en un tiempo determinado dejará de ser considerado como uso de suelo agrario; no pudiendo considerarse el predio embargado como pequeña propiedad agraria. Asimismo, los Vocales ahora demandados, realizando la revisión de la valoración de la prueba concluyeron que las certificaciones presentadas por los accionantes demuestran que destinan la mayor parte de su producción agrícola al mercado, entregando sus productos a distintas industrias, acreditando de esta manera que los predios embargados no pueden clasificarse como pequeña propiedad agrícola; análisis de los elementos de prueba, respecto al cual no se advierte que se hubiera incurrido en omisión, valoración arbitraria o apartada de los marcos de razonabilidad y equidad previsibles para decidir, que permita abrir la posibilidad que la justicia constitucional pueda realizar el control tutelar de constitucionalidad; correspondiendo en consecuencia, sobre el reclamo planteado, denegar la tutela solicitada, puesto que no es posible atender de manera favorable los reclamos de los accionantes referidos a la valoración de la prueba. En relación a los argumentos del recurso de apelación presentado por el accionante Mario Remberto Terrazas Hidalgo contra el Auto Interlocutorio de 18 de febrero de 2019, descritos en la Conclusión II.8 de este fallo constitucional, y los argumentos dados en respuesta en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116 expuestos en la Conclusión II.9 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, se tiene lo siguiente: i) Mario Remberto Terrazas Hidalgo señaló que, la Jueza de la causa no comprendió los alcances de la solicitud del control de legalidad y constitucional, indicando que esa era atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional, sin considerar los arts. 180.I de la CPE y 3 de la LOJ, así como la jurisprudencia constitucional referente a los deberes de los jueces de cuidar que el proceso se desarrolle sin vicios de nulidad.
En respuesta, los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que, si la pretensión del ejecutado era que se verifique si el proceder de la Jueza a quo es conforme a la norma constitucional y las leyes, dicho Tribunal de la revisión del proceso, concluyó que la autoridad judicial de primera instancia actuó conforme a derecho, ya que es procedente el embargo de los referidos terrenos por tratarse de mediana propiedad y no de pequeña propiedad como erradamente sostiene el recurrente. De la contrastación expuesta se tiene que se emitió una respuesta puntual a la parte accionante, congruente con todos los antecedentes y documentos cursantes en el proceso ejecutivo, en el que se concluyó que no existió ninguna vulneración de derechos o garantías constitucionales, porque los predios de referencia aun así se destinen a la producción agrícola o se constituyan en enclaves agrarios, son embargables y garantizan la hipoteca dispuesta en favor de la entidad bancaria que benefició con un crédito a los accionantes; ii) El referido accionante en el recurso de apelación señaló que, la resolución apelada carece de motivación y fundamentación, e incumple la norma que otorga la calidad de enclave agrario a los terrenos embargados y la prohibición de cambio de uso de suelo, lo que implica una valoración omisiva de la norma como los DDSS 1809 y 2960, y la Resolución Municipal 011/2018, que establecen que los terrenos embargados se encuentran en área productiva. En respuesta, los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que, el art. 3 del DS 1809 establece que las áreas productivas agropecuarias urbanas no podrán ser objeto de cambio de suelo ni urbanizadas en un plazo de diez años a partir de la publicación de ese Decreto Supremo; sin embargo, esa norma no menciona la inembargabilidad de las áreas productivas agropecuarias urbanas, lo mismo sucede con el DS 2960; con relación al Reglamento de Complementación a la Normativa Urbana y Territorial del Municipio de Quillacollo, en su art. 20 establece que el área de producción agrícola es el resultado de la práctica de la agricultura y a pesar de encontrarse en el área urbana mantendrán su vocación agrícola considerados como enclaves productivos debiendo mantener esa condición por el plazo de diez años a cuyo cumplimiento se procederá al análisis de la situación existente, sin referir el carácter de inembargabilidad, lo mismo sucede con la Resolución Municipal 011/2018 y la RM 061/2016 de homologación. De la contrastación expuesta se tiene que, los Vocales ahora demandados, de manera clara y motivada hicieron conocer al accionante que ninguna de la normativa citada en el incidente ni en el recurso de apelación establece que los enclaves productivos se constituyan en inembargables; al respecto, la parte impetrante de tutela, alega que de una interpretación sistémica y teleológica de la norma se concluiría que los enclaves productivos son inembargables;
no obstante, tal como señalaron los Vocales demandados, de una interpretación literal se evidencia que ninguna de las normas citadas por los demandantes de tutela establece que un enclave agrario sea inembargable, siendo inatendible su solicitud de forzar una interpretación normativa a efecto de concluir que sus inmuebles dados por ellos mismos en garantía bancaria sean inembargables, puesto que se reitera, no está en el sentido de la norma ni en su interpretación literal otorgar el carácter de inembargable a un predio que se encuentre en un área urbana aunque esté destinado a la producción agrícola, menos aun cuando se advierte que no cumple los requisitos para ser considerado como pequeña propiedad agrícola, por tanto, ni con una interpretación sistémica o teleológica de la norma puede concluirse otorgándole a la misma un sentido diferente y menos concluir estableciendo algo que no dispone; por consiguiente, no se advierte que en la interpretación de la norma realizada por los Vocales demandados se haya incurrido en una vulneración de derechos o garantías constitucionales; por lo que, corresponde respetar el margen de apreciación de la jurisdicción ordinaria, debiendo aplicarse la jurisprudencia constitucional de la SCP 0030/2021-S1 de 10 de mayo que citó a la SCP 1631/2013 de 4 de octubre, concluyendo que “…la acción de amparo constitucional no se activa para reparar incorrectas interpretaciones o indebidas aplicaciones del Derecho, pues no puede ser un medio para revisar todo un proceso judicial (…) revisando la actividad probatoria y hermenéutica de los tribunales, ya que se instituyó como garantía no subsidiaria ni supletoria de otras jurisdicciones”; por consiguiente, sobre la solicitud de los accionantes de revisar la interpretación de la legalidad ordinaria, también corresponde denegar la tutela solicitada; y, iii) Finalmente, el referido accionante señaló que, se realizó una errada interpretación de los hechos fácticos y normativos, no se consideró que debido a que los lotes embargados se encuentran en área urbana, no cuentan con título ejecutorial; sin embargo, gozan de protección por un interés colectivo que es asegurar la seguridad alimentaria, teniendo el carácter de pequeña propiedad inembargable para proteger el desarrollo de la familia, la zona y el municipio; que si bien no se debió ofrecer en garantía hipotecaria esos bienes, la entidad ejecutante no debió realizar la hipoteca, ya que no puede convalidarse un acto contrario a la Constitución Política del Estado y la ley.
En respuesta, los Vocales ahora demandados en el Auto de Vista REG/S.CII/AINT.116, señalaron que, de todo lo expuesto se concluye que ninguna de las normas citadas por el recurrente tanto en el memorial de 21 de abril de 2018 como en el escrito de 26 de febrero de 2019, sustenta la inembargabilidad de los terrenos dados en garantía hipotecaria, debido a que no tiene la calidad de pequeña propiedad; no siendo válido que funden su pretensión de nulidad en culpa propia, la resolución apelada no carece de fundamentación ni motivación ni vulneró los derechos e intereses de la parte ejecutada. De la contrastación expuesta se advierte que todos los argumentos expuestos por el accionante en su recurso de apelación fueron debidamente respondidos por los Vocales demandados, no siendo un sustento coherente alegar la supuesta inembargabilidad de un bien porque el mismo garantizaría la seguridad alimentaria, la cual como señalaron los referidos Vocales en el informe presentado en respuesta a esta acción constitucional, es un deber del Estado y no depende del trabajo que desarrolle una persona o familia en particular. Conforme a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que los Vocales ahora demandados, no lesionaron el derecho al debido proceso en su vertiente de motivación, con relación a la valoración objetiva de la prueba y la interpretación de la legalidad ordinaria, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada al respecto por los accionantes. Con relación a la denuncia de indebida valoración de la prueba, conforme a los argumentos expuestos precedentemente, se advierte que los Vocales demandados, realizaron una revisión y emitieron un pronunciamiento motivado, fundamentado, razonable, congruente, equitativo y conforme a la verdad material en relación a las pruebas presentadas en el proceso ejecutivo; por tanto, en el marco de las previsiones establecidas en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, no se encuentra motivo o fundamento para que este Tribunal ingrese a revisar valoración de la prueba efectuada por las autoridades de la jurisdicción ordinaria, correspondiendo sobre este punto, de igual manera, denegar la tutela solicitada. Por último, en relación a la denuncia de supuesta vulneración del derecho a la defensa en su elemento de impugnación, también se advierte que la misma no es evidente, puesto que, los antecedentes del caso acreditan que los accionantes hicieron uso de todos los medios de defensa posibles tanto ordinarios como extraordinarios, los cuales fueron resueltos conforme a normativa vigente; habiendo incurrido inclusive los impetrantes de tutela en un abuso del sistema de administración de justicia, puesto que en acuerdo con distintos abogados, con la firma de dichos profesionales, conforme a la prueba que cursa de fs. 291 a 360 del exp. 51720-2022-104-AAC, presentaron más de siete acciones de amparo constitucional con el mismo tenor que la acción tutelar ahora presentada por María Verónica García Escalera, las cuales radicaron en distintos Tribunales y fueron observadas principalmente por incumplirse la legitimación activa; por tanto, sobre la denuncia a la vulneración al derecho a la defensa, también corresponde denegar la tutela solicitada.
En consecuencia, la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba, al denegar la tutela solicitada, actuó de forma correcta; y, la Sala Constitucional Primera del mismo departamento, al conceder la tutela solicitada, actuó de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: 1º CONFIRMAR la Resolución RAC-SCIII 160/2022 de 25 de octubre, cursante de fs. 381 a 386 vta. (Exp. 51720-2022-104-AAC) pronunciada por la Sala Constitucional Tercera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela impetrada. 2º REVOCAR la Resolución AAC-001/2023 de 5 de enero, cursante de fs. 263 a 268 (Exp. 53122-2023-107-AAC), pronunciada por la Sala Constitucional Primera del departamento de Cochabamba; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, en el marco de los fundamentos expuestos en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional. Se hace constar que la Magistrada MSc. Georgina Amusquivar Moller es de Voto Aclaratorio.
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller
MAGISTRADA
1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1195_2023-S1.pdf · páginas 1 a 43.
Huella digital del PDF (SHA-256): a1ce5e8078ac40046b129f43d61aa2d492a776cef0fa611ce683b7027c1169fd
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