Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza de la causa le impuso detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 185/2023 de 24 de abril, ante el cual opuso recurso de apelación incidental resuelto por la Vocal demandada mediante Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo; fallo que presuntamente no reparó los actos denunciados expresados en los agravios que formuló mediante ese mecanismo de impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia 1º CONCEDER en parte tutela solicitada con relación al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación únicamente en cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal; sea en los mismos términos que la Jueza de garantías; 2º DENEGAR respecto del debido proceso en su componente defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; y, 3º Llamar severamente la atención a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiendo que de reiterar su conducta en futuras actuaciones se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura.
B.IA.Legal lee esta sentencia junto con tu expediente, te dice en qué te sirve y te ayuda a redactar el memorial con la cita exacta, sacada del texto del Tribunal.
¿No sos abogado? Hacé tu consulta legal gratis →
Texto tal como la publicó el Tribunal Constitucional Plurinacional, leído de su PDF oficial. Se sacaron solo los números de página.
SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1193/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55367-2023-111-AL Departamento: Oruro En revisión la Resolución 22/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Hans Miranda Condori contra Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.
Por memorial presentado el 2 de mayo de 2023, cursante de fs. 2 a 5, el accionante expresó:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público, en su contra por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica; el 24 de abril de 2023, por Auto Interlocutorio 185/2023, la Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del departamento de Oruro, le impuso detención preventiva por el lapso de veinte días; decisión que fue objeto de recurso de apelación incidental, mereciendo el Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, pronunciado por la Vocal demandada, fallo que ahora cuestiona. En cuanto a su recurso de apelación incidental, se tiene que el Ministerio Público no concurrió a la audiencia. El primer agravio que formuló versaba en lo referente al art. 233.1 del Código Procedimiento Penal (CPP), presentó capturas de pantalla de WhatsApp de antes y después del hecho; empero, las mismas no fueron valoradas, tampoco se emitió criterio alguno por parte de la Jueza a quo, quien alegó que deben ser valoradas en fase de juicio oral; de igual manera la autoridad demandada manifestó que estaba imposibilitada de emitir criterio sobre dicho extremo. En lo que concierne al segundo requisito para la detención preventiva contenido en el art. 233.2 del CPP, la Jueza de la causa dio por concurrente el art. 234.6 y 7 del mismo Código. En lo relativo al art. 234.6 del citado Código, el representante fiscal presentó un extracto de dos denuncias en su contra, presuntamente por el mismo delito investigado; no obstante, estas fueron desvirtuadas con prueba que demostraba existía rechazo de esos procesos; aspecto que fue cuestionado por la Jueza de instancia quien exigió la notificación con esas resoluciones a la víctima para determinar si esas causas penales estaban cerradas, invirtiendo la carga de la prueba en su contra; asimismo, dicha autoridad señaló que la SCP 0630/2021 -no indicó fecha- no era aplicable ya que no debe considerarse la reincidencia por sentencia ejecutoriada sino por análisis integral de las pruebas. Otro de los agravios expuestos en su recurso de apelación incidental, consistía en aquella inversión de la prueba atribuida a su persona y que la referida Sentencia Constitucional Plurinacional no fue aplicada por la Jueza inferior, mereciendo como respuesta de la Vocal demandada que una autoridad jurisdiccional puede apartarse de la jurisprudencia cuando lo considere; por otro lado, la prenombrada no efectuó el control de logicidad adecuado sobre el fundamento de la Jueza a quo. Con relación al art. 234.7 del CPP, la Jueza de instancia, fundó el riesgo procesal contenido en esa norma valiéndose del certificado médico forense, a través del cual se determinaba la incapacidad médico legal de la víctima; de igual forma se hizo valer la naturaleza del hecho en el sentido de su condición de “varón” frente a la de mujer de la prenombrada, pese a que presentó un peritaje psicológico respecto a su conducta supuestamente agresiva; elemento de prueba que no fue debidamente valorado. Dichos extremos fueron puestos a conocimiento de la Vocal demandada quien se limitó a señalar que los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público no le causaban agravio, y no fundamentó ni contrastó el citado peritaje psicológico. El Tribunal de alzada no reparó los actos denunciados, al contrario incurrió en omisiones de fundamentación y motivación en su Resolución; de igual forma inobservó los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad establecidos por el art. 235 ter. del CPP.
Denunció la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, citando a ese efecto los arts. 23.I, 115.II y 117. I de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitó se conceda la tutela, dejando sin efecto el Auto de Vista 147/2023 de 2 de abril, emitido por la Vocal demandada; consecuentemente, se ordene se emita nueva resolución que contenga la debida motivación y fundamentación.
Celebrada la audiencia pública el 3 de mayo de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 19, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de su representante, ratificó el contenido del memorial de la acción de libertad y ampliándolo refirió que: a) En lo referente a desvirtuar el art. 233.1 del CPP, debió considerarse que el día del presunto hecho la comunicación que sostuvo con la víctima vía WhatsApp era fluida lo que demostró mediante capturas de pantalla de la conversación en esa plataforma, de las cuales podría inferirse que la prenombrada no le reclamó nada en cuanto a una presunta agresión; al respecto, la Jueza de la causa manifestó que la prueba debía ser considerada en fase de Juicio oral; por su parte la Vocal demandada manifestó que esos elementos tenían que ser compulsados por el Ministerio Público, instancia a la que debió presentarse los mismos para su valoración, de esa forma se generó una vulneración a lo previsto en el art. 117.I y II de la CPE, al existir una mala valoración de la prueba; b) En lo que concierne al art. 234.6 del CPP, el Ministerio Público extrajo los casos que tenía registrados en el sistema “JL2”, que eran dos procesos en la ciudad de El Alto, para desvirtuar los mismos adjuntó fotocopias legalizadas de ambas causas las que concluyeron con Resoluciones de rechazo; no obstante, tanto la Jueza inferior como la Vocal demandada invirtieron la carga de la prueba; ya que, “…estos procesos no han alcanzado si vale el término ejecutoriadas, porque en materia fiscal ese término no existe…” (sic); asimismo, invocaron la SCP “630/2022” que establece que para dar concurrente el riesgo procesal contenido en el citado artículo, es necesario acreditar la existencia de sentencia condenatoria, eso puede considerarse actividad delictiva reiterada o anterior, “…en este caso la Vocal recurrida no ha dicho que no, que esto deviene de una valoración integran de la juez cautelar pero si esta valoración integral está vulnerando un derecho, un principio (…) que es la presunción de inocencia debió per cutar aquí otro principio con mayor realce, cual es el in dubio pro reo, aquí existía duda de que ese rechazo fue o no notificado…” (sic); por ello, a su criterio el art. 234.6 del CPP, no era concurrente y su imposición fue producto de una errónea valoración de la prueba, efectuada por la Vocal demandada; c) Se determinó que era un peligro para la víctima afianzando el art. 234.7 del señalado Código, valiéndose de la versión de la parte afectada quien sostuvo que era un hombre violento; así como de la naturaleza del hecho y la gravedad del delito; argumento utilizado por la autoridad demandada para ratificar la Resolución de grado inferior; incurriendo de igual forma en falta de valoración de un elemento de prueba presentado en audiencia cautelar, consistente en un informe psicológico forense que fue promovido por requerimiento fiscal; y, d) En lo concerniente al art. 233.3 del Código Adjetivo Penal, la Jueza de instancia determinó veinte días de detención preventiva solo para que se efectúe la entrevista en cámara Gessell de la víctima; al contrario de forma ultra petita, la autoridad demandada señaló que era importante garantizar su presencia para concluir actos investigativos relativos a la víctima consistentes en anticipo de prueba, inspección ocular, entrevista, valoración psicológica, peritaje psicológico forense; cuando aquello no fue parte del fundamento de la detención preventiva impuesta, agravando de esa forma su situación jurídica; aspecto que conforme los lineamientos del Tribunal Constitucional Plurinacional no era posible.
Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por informe presentado el 3 de mayo de 2023, cursante de fs. 14 a 15, manifestó que: 1) La Jueza de Instrucción Penal Tercera de la Capital del citado departamento, efectuó una adecuada valoración de los antecedentes del proceso; 2) En lo concerniente a la prueba presentada por el accionante en audiencia de 24 de abril de 2023, consistente en capturas de pantalla de WhatsApp, con las que pretendió generar duda razonable sobre la existencia de las agresiones, al no existir mediante esa red social reclamo alguno de la víctima; según la Jueza a quo se constituían en observaciones que eran subjetivas; por lo cual, confirmó ese razonamiento; 3) Con relación a la actividad delictiva reiterada del imputado, expresó los motivos por los cuales se apartó de la jurisprudencia constitucional invocada por la defensa del impetrante de tutela; y, 4) En lo que atañe al peligro efectivo para la víctima, sustentó las razones por las que consideraba que la autoridad inferior valoró adecuadamente los antecedentes del proceso; y, por ende no incurrió en vulneración de derechos.
La Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías, mediante Resolución 22/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 20 a 24, concedió la tutela impetrada, declarando procedente solo respecto al art. 234.6 del CPP; por lo cual, anuló el Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, únicamente en cuanto a ese aspecto; manteniendo incólume y subsistente las demás disposiciones; asimismo, se emita nueva resolución concerniente al riesgo procesal citado supra, sin responsabilidad por ser excusable. Decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: i) El accionante denunció falta de razonamiento o motivación respecto a los riesgos procesales establecidos en los numerales 6 y 7 del art. 234 del CPP; ii)
Respecto al art. 234.6 del citado Código, la SCP 0630/2021-S3 de 17 de septiembre, estableció que para acreditar el riesgo procesal contenido en esa norma, debe existir una sentencia condenatoria ejecutoriada; en el caso analizado, la Jueza a quo estimó la concurrencia de ese peligro procesal, por no haberse acreditado la notificación de las partes con el rechazo de las denuncias mencionadas y la autoridad de alzada ahora demandada, expresó que una autoridad jurisdiccional puede apartarse de la jurisprudencia cuando así lo considere, este elemento de razonamiento fue incorporado por la prenombrada; y pese a ello en el Auto de Vista 147/2023, no se advierte fundamento alguno respecto a lo que considera pertinente a fin que una autoridad judicial pueda apartarse de aplicar la jurisprudencia; y, iii) En lo referente al art. 234.7 del CPP, el deber de evaluación de los parámetros para determinar la concurrencia o no de los peligros de fuga y obstaculización corresponde en esencia a los jueces de instancia, y no así a los tribunales de alzada conforme se señaló en la SCP 0836/2019-S3 de 26 diciembre; en ese sentido, no era posible exigir a la Vocal demandada efectuar la valoración integral de los antecedentes o pruebas del caso en una medida cautelar ya que su deber está limitado conforme al art. 398 del CPP; que determina se deben circunscribir a los motivos de apelación; en suma respecto a ese peligro procesal no se explicó cómo la autoridad demandada, vulneró los fundamentos de proporcionalidad.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Mediante Oficio de 3 de mayo de 2023 con sello de recepción de idéntica fecha a horas 16:10, dirigido a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, con referencia: “REMITE TESTIMONIO DE APELACIÓN” (sic); Salua July Dipp Antequera, Vocal de la Sala Penal Segunda del citado Tribunal Departamental de Justicia -demandada-, remitió tres cuerpos constituidos por fs. 494, correspondientes al recurso de apelación interpuesto por Hans Miranda Condori contra el Auto Interlocutorio 185/2023 de 24 de abril, resuelto por Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, pronunciado por la referida autoridad; ello en cumplimiento al Auto de 2 del mismo mes y año emitido por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, constituida en Jueza de garantías (fs. 13 y vta.).
El accionante denuncia la lesión de sus derechos a la libertad en relación al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación y defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; señalando que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, la Jueza de la causa le impuso detención preventiva mediante el Auto Interlocutorio 185/2023 de 24 de abril, ante el cual opuso recurso de apelación incidental resuelto por la Vocal demandada mediante Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo; fallo que presuntamente no reparó los actos denunciados expresados en los agravios que formuló mediante ese mecanismo de impugnación. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, señala que: “La jurisprudencia constitucional ha establecido en forma uniforme la observancia en el cumplimiento de las condiciones y formalidades que debe cumplir la resolución que disponga la detención preventiva de un imputado, exigencia que debe ser observada tanto por el juez cautelar como por el tribunal que resuelve la apelación de medidas cautelares. Así, la SC 1141/2003-R de 12 de agosto, reiterada por las SSCC 0434/2011-R y 0856/2011-R, entre otras, señaló que: ʽ...la aplicación de una medida cautelar de carácter personal en el ámbito procesal penal debe cumplir con las condiciones de validez legal, lo que significa que, la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos previstos por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentesʼ. En esta perspectiva, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, refiriéndose al cumplimiento de estos requisitos por parte de los tribunales que conocen la apelación de medidas cautelares, estableció lo siguiente: ʽAhora bien, la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelarʼ” (las negrillas nos corresponden). El deber de motivación de las resoluciones judiciales se constituye en un elemento fundamental del debido proceso, conforme lo desarrollado por la SC 0012/2006-R de 4 de enero que establece: “La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, (…) y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla” (énfasis añadido).
Asimismo, la SCP 0107/2018-S3 de 10 de abril, expone que: “Ahora bien, con relación a los límites que deben observar los Tribunales de alzada, al momento de conocer y resolver los recursos de apelación presentados por las partes, en el marco de la aplicación de medidas cautelares el art. 398 del CPP, establece lo siguiente: ʽLos tribunales de alzada circunscribirán sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resoluciónʼ.
Sobre la norma legal precedente, la SCP 0077/2012 de 16 de abril concluyó lo siguiente: ʽ…los tribunales de alzada sólo pueden resolver y pronunciarse sobre los agravios expresados en la apelación, no pudiendo ir más allá de lo que la parte apelante no hubiere cuestionado respecto de la resolución apelada, dado que el ámbito en el que deben circunscribir su actuación es a resolver los aspectos impugnados de quien tiene derecho de recurrir.
(…)
En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva…ʼ.
Más adelante, la SCP 1471/2012 de 24 de septiembre, respecto a este tema señaló: ʽ…ante la interposición de una apelación incidental de medidas cautelares o su sustitución, previo a la celebración de la audiencia de consideración, deberá asegurarse la notificación efectiva a las partes implicadas en el proceso, lo que implica además, que si el imputado se encuentra privado de su libertad, el tribunal de alzada, deberá garantizar su presencia en el verificativo, corriendo con los trámites de rigor para el efecto. Luego y una vez verificada la presencia de las partes, se dará inicio al mismo, otorgándoles la oportunidad de fundamentar oralmente sus alegatos, para finalmente emitir una resolución debidamente motivada, en la que, las autoridades jurisdiccionales, de un lado, deben dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación; no correspondiendo por tanto, pronunciarse sobre aquellos no apelados, salvo que se trate de defectos absolutos, al no ser, estos últimos, susceptibles de convalidación; y de otro, tratándose de medidas cautelares, fundamentar sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, como es la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad autor o partícipe de un hecho punible; y la existencia de elementos de convicción suficientes de que el imputado no se someterá al proceso y/u obstaculizará la averiguación de la verdad; sustento que imprescindiblemente deberán estar incluidos en la resolución de alzada; argumentos jurídicos que no pueden ser sustituidos por los relacionados por el a quo en el fallo impugnado; y menos dar lugar a la nulidad de obrados, por su falta de consideraciónʼ” (las negrillas fueron añadidas).
El accionante cuestiona el Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, aduciendo que es lesivo al ejercicio de sus derechos; y si bien, no adjuntó ningún elemento probatorio para respaldar su acción de defensa; en el Otrosí 1º de su memorial pidió la remisión del cuaderno de control jurisdiccional y el testimonio de apelaciones; cumpliendo de esa forma con el art. 33.7 del Código Procesal Constitucional (CPCo).
Al respecto, la Vocal demandada, mediante oficio recibido por el despacho de la Jueza de garantías el 3 de mayo de 2023, remitió la causa penal seguida por el Ministerio Público contra el accionante, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica consistente en tres cuerpos conformados por 494 fojas (Conclusión II.1),
Pese a ello, en el expediente tutelar bajo análisis no se cuenta con ningún elemento o documento además del memorial de acción de libertad y el informe de la autoridad demandada; por lo cual, el análisis versará sobre lo expuesto por las partes en alusión a la apelación incidental y el Auto de Vista 147/2023.
Ahora bien el accionante expuso que su apelación incidental estaba compuesta por los siguientes agravios:
a) En lo concerniente a desvirtuar el art. 233.1 del CPP hubiera adjuntado capturas de pantalla de la conversación que sostuvo con la presunta víctima el día del supuesto hecho vía WhatsApp, y que ésta no le hubiera reclamado al respecto, elementos que no fueron valorados; b) En relación al art. 234.6 del citado Código, el Ministerio Público presentó un reporte del sistema “JL2” que contenía otras dos causas que fueron rechazadas, adjuntó las correspondientes resoluciones que demostraban el estado de esas causas; no obstante, la Jueza a quo y la autoridad demandada invirtieron la carga de la prueba en su contra, exigiendo que se demuestre la existencia de una suerte de ejecutoria de esos fallos; por otra parte, invocó los alcances de la SCP “630/2022” se infiere que lo correcto es la SCP 0630/2021-S3 de 17 de septiembre; determinación que a decir del impetrante de tutela dispondría que a efectos de afianzar el peligro procesal de actividad delictiva reiterada era imperativo adjuntar sentencias ejecutoriadas en su contra;
c) Se determinó que era un peligro efectivo para la víctima, pese a que presentó un informe psicológico forense que obtuvo mediante requerimiento fiscal; y, d) En lo que atañe al art. 233.3 del CPP, el tiempo de detención preventiva solicitado por el Ministerio Público, resultaba excesivo para efectuar la entrevista en cámara Gessell a la víctima.
A su vez, en el Auto de Vista 147/2023 la Vocal demandada sostuvo que:
1) Conforme el art. 398 del CPP, los tribunales de alzada circunscribirán sus decisiones a los aspectos cuestionados en la resolución, con relación a las capturas de pantalla y conversaciones entre la víctima y el accionante el día del hecho, las mismas no crean duda razonable; por cuanto, existía un certificado médico forense que ratificaba la lesión en la nariz de la afectada, antecedente que era coincidente con la declaración informativa de la víctima y la denuncia realizada ante el Ministerio Público; 2) En relación al peligro procesal de fuga previsto en el art. 234.6 del CPP, el Ministerio Público denunció actividad delictiva reiterada, por dos procesos penales similares; que la defensa adujo, estaban concluidos con rechazo, y que no fueron reaperturados; al respecto, no se puede ingresar en interpretaciones que resulten alejadas de la finalidad de considerar la existencia de esa conducta, error en el que incurrió de cierta manera la Jueza de instancia cuando señaló que no debe considerarse como reincidencia a una sentencia ejecutoriada cuando el art. 91 del Código Penal (CP), establece lo contrario. Existía un peligro de reincidencia contenido en el art. 235.2 del CPP, y si bien existen sentencias constitucionales que razonan de manera contraria los juzgadores se encuentran facultados a apartarse de la jurisprudencia cuando resulte evidente que existan motivos necesarios, los cuales se traducen en que “…el Tribunal Constitucional ha emitido jurisprudencia que vincula, que para que la concurrencia del inc., 7) del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, debe existir sentencia condenatoria ejecutoriada, para la concurrencia del inc. 6) del art. 234 del CPP, debe existir también sentencia condenatoria ejecutoriada, cuando estos presupuestos analizados de manera conjunta en los términos que lo menciona el Tribunal Constitucional, impediría a los órganos encargados de la persecución penal imponer medidas cautelares, sino únicamente a las personas que tengan sentencias condenatorias ejecutoriadas a objeto de la concurrencia de los inc. 6) y 7 del art. 234 del Código de Procedimiento Penal, lo que mutila a los órganos encargados de la persecución penal, de aplicar medidas cautelares, no exclusivamente la detención preventiva sino cualquier otra que asegure la finalidad prevista por el art. 221 del Código de Procedimiento Penal, y particularmente en los delitos en los que se encuentra comprendido el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia…” (sic). En mérito a ello, la Jueza a quo no aplicó mal la norma, más aun cuando el recurrente para mejorar su situación procesal adjuntó antecedentes que dan cuenta de una denuncia instaurada en su contra por Eva Zulma Yapuchura Macías, que si bien como investigación no prosperó daba cuenta de un presunto hecho similar, no pudiendo desatenderse el derecho de la mujer de resguardar la garantía que tiene de vivir libre de violencia; y, 3) En relación al art. 234.7, específicamente en lo que atañe a la pericia psicológica, la autoridad inferior valoró incluso un formulario de riesgo, en relaciones de pareja, que permitía establecer que el recurrente se enojaba bastante no solo con la víctima sino con su entorno familiar, que tiene una conducta violenta, que rompe objetos y asimismo se compulsó también las certificaciones médico forenses, que demostraban incapacidad médico legal de 3 y 19 días, cuestionándose de esa forma la vulnerabilidad de la agredida en su relación a su agresor y la desproporción que existía; pese a ello, el referido peritaje psicológico no podría ser desmerecido por cuanto fue obtenido mediante el cumplimiento de formalidades de ley; razón por la que, el Fiscal de Materia titular de la investigación debió evaluar el mismo a fin de sustentar la concurrencia o no del peligro procesal contenido en la referida norma. Al respecto, la Jueza a quo refirió que el citado peritaje reflejaba la conducta del imputado al momento de ser evaluado; por otro lado, la carga probatoria en audiencia de aplicación de medidas cautelares le correspondería a quien solicita la imposición de las mismas, y el recurrente tiene el derecho de presentar los elementos de convicción que crea necesarios, siendo obligación de la autoridad jurisdiccional valorar todos los indicios y pruebas de manera conjunta para asumir su decisión, lo que en la especie fue cumplido por la autoridad inferior.
Es así que, conforme se tiene del marco jurisprudencial desarrollado en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, los tribunales de alzada están obligados, por una parte, a dar respuesta a todos los agravios denunciados en la apelación -según previene el art. 398 del Código Adjetivo Penal-. Y por otra, a emitir una resolución debidamente motivada y fundamentada, sobre la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, consignados en el art. 233 del CPP; sustentó que imprescindiblemente deberá estar incluido en su determinación, y una o varias de las circunstancias señaladas por los arts. 234 y 235 del citado Código.
En ese orden, se evidencia que, la Autoridad demandada respecto al primer agravio manifestó que las capturas de WhatsApp no eran un elemento determinante por cuanto existía un certificado médico forense que daba cuenta de la participación del presunto hecho delictivo y siendo que el art. 233.1 del CPP requiere indicios para sustentar la probabilidad de autoría, aquel razonamiento resulta coherente; por lo que, no se advierte lesión al respecto.
En lo que respecta al art. 234.6, la Vocal demandada no expuso los suficientes argumentos para apartarse de la línea jurisprudencial citada por el impetrante de tutela, establecida en la SCP 0630/2021-S3 de 17 de septiembre; al respecto, este Tribunal debe ser enfático en señalar que las decisiones y sentencias que emite conforme el art. 203 de la CPE, son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Por lo cual, la afirmación en sentido que como autoridades jurisdiccionales podrían apartarse de las mismas resulta falaz; empero, no es menos cierto que no todos los casos guardan analogía fáctica que permita se apliquen precedentes constitucionales de forma obligatoria; es así que, en el caso bajo estudio concierne dar por efectiva la observación realizada por la Jueza de garantías, en cuanto a la ausencia de argumentos sólidos para corroborar la posición de la Vocal demandada de inobservar el precedente constitucional invocado por el solicitante de tutela o al menos de porqué no era vinculante a la causa penal bajo su tuición; por ello, es previsible otorgar la protección solicitada.
De otra parte, en lo que concierne al art. 234.7 del CPP, la autoridad demandada señaló que la Jueza inferior efectuó un análisis en conjunto de todos los indicios que componían la causa penal y la solicitud de aplicación de medidas cautelares, y que si bien no podría desmerecerse el informe psicológico; ya que, fue obtenido de forma correcta por el impetrante de tutela, tal prueba no estaba aislada. Asimismo, la Vocal demandada afirmó que la carga de la prueba correspondía a quien solicitó la imposición de medidas cautelares, y que la autoridad inferior valoró de manera conjunta, los elementos puestos a su consideración para tomar una decisión adecuada y que además debía evaluarse la desproporción entre la víctima y el presunto agresor.
Tal razonamiento resulta suficiente; en el sentido de que no es evidente, como cuestionó el accionante que se invirtió la carga de la prueba en su contra sino que se hizo un examen de todos los elementos puestos a conocimiento primero de la Jueza inferior y posterior ante la Vocal demandada, advirtiendo ambas que el solicitante de tutela al menos en esa fase inicial era un peligro para la víctima; por lo cual no se advierte lesión al debido proceso en los componentes fundamentación y motivación en relación a este punto. De igual forma como corolario, puede añadirse que el presunto informe psicológico, si bien se aduce que fue obtenido mediante requerimiento fiscal no es posible determinar si fue expedido por un psicólogo forense miembro del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que refrende certeza en el estudio realizado.
Finalmente en cuanto a la presunta lesión del debido proceso en su componente defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; el accionante no sostuvo la suficiente carga argumentativa que denote en que forma fueron transgredidos, correspondiendo denegar la tutela al respecto; máxime si este Tribunal no tutela principios de forma aislada siendo necesaria la vinculación de los mismos con derechos y garantías constitucionales que hubieran sido afectados, lo cual no acontece en el presente caso.
Como se expresó en párrafos precedentes, se tiene que la Vocal demandada remitió el expediente judicial en su integridad, ante la Jueza de garantías; no obstante, en los antecedentes remitidos por esta autoridad a este Tribunal no cursan el acta de consideración de medidas cautelares, el Auto Interlocutorio 185/2023 de 24 de abril, el recurso de apelación incidental, y el Auto de Vista 147/2023 de 2 de mayo, situación que transgrede lo previsto por los arts. 29.4 inc. e) y 38 del Código Procesal Constitucional (CPCo), que establecen la obligación de formar un expediente escrito que cuente con los documentos que contengan los elementos de prueba y remitir tanto la resolución como los antecedentes que permitan realizar la revisión de la decisión arribada; es así que, en el caso concreto la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, se apartó de los preceptos de dicho artículo, entorpeciendo la labor de este Tribunal; por ende, corresponde llamar severamente la atención dicha autoridad y exhortarle a cumplir la norma constitucional que le atañe, en futuras actuaciones. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 22/2023 de 3 de mayo, cursante de fs. 20 a 24, pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro; y en consecuencia 1º CONCEDER en parte tutela solicitada con relación al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación únicamente en cuanto al riesgo procesal contenido en el art. 234.6 del Código de Procedimiento Penal; sea en los mismos términos que la Jueza de garantías; 2º DENEGAR respecto del debido proceso en su componente defensa; y, de los principios a la presunción de inocencia, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad; y, 3º Llamar severamente la atención a Mary Cloty Morales Fernández, Jueza de Sentencia Penal Sexta de la Capital del departamento de Oruro, por los motivos expuestos en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, advirtiendo que de reiterar su conducta en futuras actuaciones se remitirán antecedentes al Consejo de la Magistratura. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1193_2025-S3.pdf · páginas 1 a 14.
Huella digital del PDF (SHA-256): eb9378cd1ee567b2c65daccea1aa744df7c206f76db3fe18145f7669618aecba
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
Ver las sentencias más consultadas por abogados bolivianos →