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SCP 1192/2026-S2

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Segunda
Fecha
4 de agosto de 2026
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Boris Wilson Arias López
Expediente
63718 -2024-128-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segundo; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 06/2024 de 24 de abril, cursante de fs. 76 vta. a 79 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías; y,

2° DENEGAR la tutela en cuanto al levantamiento de la rebeldía y la determinación de la purga correspondiente, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Efectos jurídicos de la comparecencia del rebelde al proceso penal
  2. III.2. Competencia de juez de instrucción para resolver medidas cautelares ante la presentación de requerimiento conclusivo de acusación
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1192/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Revocatoria de rebeldía y remisión de acusación Fiscal SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad Expediente: 63718 -2024-128-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 06/2024 de 24 de abril, cursante de fs. 76 vta. a 79 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Ericka Lilian Añe Chávez en representación sin mandato de Alex Jiménez Delgadillo contra Livia Santa Alarcón Aranda, Jueza de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Decimotercera de la Capital del departamento de Santa Cruz.

I. OBJETO PROCESAL

La parte accionante denuncia la lesión de su derecho a la libertad, puesto que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, el 29 de marzo de “2023” el Ministerio Público lo acusó, junto a otros imputados, lo que implica pérdida de competencia de la autoridad demandada para seguir actuando; sin embargo, el 11 de abril de 2024 se llevó a cabo una audiencia de medida cautelar sin haber notificado a las partes, tampoco asistió a las audiencia posteriores; en consecuencia, fue declarado rebelde el “15” del citado mes y año sin haberse considerado la purga de rebeldía efectuada; asimismo, la autoridad demandada no remitió el expediente procesal al juez o tribunal competente como efecto de la acusación pública formulada en su contra; por ende, solicita se declare procedente la tutela; y, en consecuencia, se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión y se anule hasta el vicio más antiguo; es decir, hasta el señalamiento de audiencia de 11 de abril de 2024, se deje sin efecto la rebeldía y la emisión del expediente al juez o tribunal competente. Ante ello, la Jueza demandada, no presentó informe alguno ni asistió a la audiencia de garantías pese a su notificación cursante a fs. 73.

La Jueza de garantías, concedió en parte la tutela solicitada, solo respecto al derecho a la libertad, disponiendo se deje sin efecto el mandamiento de aprehensión dispuesto mediante Auto de rebeldía de 12 de septiembre de 2024; asimismo, exhortó a la autoridad demandada a que, una vez resuelto el incidente planteado y se cumpla la providencia de 28 de marzo de 2024, se remita “en el día” -la acusación pública- al juez llamado por ley. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

II. TRÁMITE PROCESAL

En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

III.1. Efectos jurídicos de la comparecencia del rebelde al proceso penal

La SCP 0844/2025-S2 de 4 de agosto, establece que: «El propio Código de Procedimiento Penal establece que, cuando el rebelde comparece o es puesto a disposición del proceso, se deberá continuar el trámite:

i) Dejándose sin efecto la parte de la rebeldía referida a las órdenes emitidas para lograr la comparecencia, y manteniendo las medidas cautelares de carácter real, independientemente de la imposición de otras medidas cautelares que correspondan. En este sentido, la SCP 1449/2012 de 24 de septiembre sostiene: “…corresponderá dejar sin efecto las órdenes emergentes de la declaratoria de rebeldía y, por ende, el mandamiento de aprehensión dispuesto contra el procesado, debido a que la finalidad, cuál era su comparecencia en el proceso penal, fue cumplida; lo contrario, esto es, mantener la orden de aprehensión, implica persecución indebida, debido a que se deja latente una orden de restricción a la libertad sin causa justificada”.

De ello se desprende que, esta primera obligación es de efecto inmediato; es decir que, la simple comparecencia del rebelde obliga a la autoridad que lo requirió a dejar sin efecto las medidas personales y continuar con el proceso, en caso contrario, se habilita la interposición de la acción de libertad.

ii) Si, además, el rebelde justifica que su incomparecencia obedeció a un grave y legítimo impedimento, la rebeldía en su totalidad deberá ser revocada y no corresponderá la ejecución de la fianza (art. 91 del CPP); para ello, el rebelde tiene la carga de demostrar su impedimento, pudiendo producir prueba -inclusive en la vía incidental-, y consecuentemente, la autoridad judicial deberá fundamentar debidamente la determinación que adopte.

La decisión que resuelva esta cuestión incidental, por estar vinculada al objeto principal del proceso, deberá plasmarse en una resolución fundamentada, susceptible de recurso de apelación conforme al art. 403.2 del CPP. Por ello, únicamente agotando dicho mecanismo recursivo, la parte afectada podrá acudir a la jurisdicción constitucional mediante la acción de amparo constitucional, dado que, en este segundo supuesto, no se encuentra en debate el derecho a la libertad personal.

En este sentido la SCP 0439/2020-S3 de 14 de agosto, establece que: “1) Las medidas personales asumidas a efectos de la comparecencia, se deben dejar sin efecto ante dicha comparecencia ya sea voluntaria o como efecto de la ejecución del mandamiento de aprehensión, y en caso de presentarse irregularidades en la efectivización de esta regla, ello puede ser objeto de una acción de libertad al estar directamente vinculados el mandamiento de aprehensión y/o arraigo -como medidas personales- a la libertad del procesado; y, 2) La declaratoria de rebeldía constituye un instituto jurídico que no cesa de forma automática ante la comparecencia -aun cuando sea voluntaria-, sino que tiene su propio trámite y efectos, mismos que deben ser conocidos y resueltos intra proceso y en caso de presuntas irregularidades del debido proceso al respecto, corresponde que esa situación sea conocida vía acción de amparo constitucional”. (las negrillas no corresponden). En ese mismo sentido se pronunció la SCP 0271/2020-S3 de 14 de julio» (las negrillas nos pertenecen).

III.2. Competencia de juez de instrucción para resolver medidas cautelares ante la presentación de requerimiento conclusivo de acusación

Al respecto, la SCP 0176/2018-S2 de 14 de mayo, estableció que: “…se debe precisar algunas subreglas para los supuestos en los que presentada la acusación, se formulen solicitudes de cesación de la detención preventiva: a) Los jueces de instrucción penal, son competentes para conocer y resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva que se hayan presentado, hasta antes de la radicatoria de la causa ante el juez o tribunal de sentencia penal; así como para desarrollar la audiencia y pronunciar la respectiva resolución, en los supuestos en que hubiere sido fijada con anterioridad a la presentación de la acusación; y, b) Presentada la acusación, el juez de instrucción penal, remitirá los antecedentes ante el juez o tribunal de sentencia penal dentro del plazo señalado en el art. 325 del CPP, debiendo quedarse en su lugar una copia de aquellas piezas procesales indispensables para resolver la solicitud de cesación de la detención preventiva; una vez concluida la audiencia y demás actuados, debe remitirlos junto a la resolución pronunciada en audiencia, ante el juez o tribunal de sentencia penal, que conoce la causa principal, para que sean acumulados al expediente”.

III.3. Análisis del caso concreto

De los antecedentes relevantes traídos en revisión, la accionante refirió que, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas y otros, habiendo sido ilegalmente declarado rebelde y emitido mandamiento de aprehensión en su contra, por inasistencia a la audiencia de medida cautelar, presentó solicitud de purga de rebeldía; sin embargo, el Juez demandado no dispuso la revocatoria de la misma hasta la interposición de la presente acción tutelar; asimismo, el expediente procesal no fue remitido al Juez competente pese haberse presentado requerimiento conclusivo de acusación fiscal; por ende, la autoridad demandada, desde el 29 de marzo de “2023” actuó sin competencia en la causa penal de origen. Respecto al reclamo de no haber dejado sin efecto el mandamiento de aprehensión -extractado del petitorio- debemos remitirnos al Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, en el que se estableció que las medidas emitidas para lograr la comparecencia del declarado rebelde, entre ellas, el mandamiento de aprehensión, se dejan sin efecto precisamente ante su comparecencia, lo contrario implicaría persecución indebida.

En tal sentido, en el caso de análisis, habiendo el solicitante de tutela realizado su comparecencia mediante memorial presentado el 16 de abril de 2024, pidiendo se establezca la multa para purgar su rebeldía, no correspondía que el Juez demandado condicione dejar sin efecto el mandamiento de aprehensión, hasta que el nombrado se apersone al juzgado para realizar el acta de comparecencia, siendo un procedimiento que no se encuentra estipulado en la norma legal referida, pues al haber comparecido a través de la solicitud de purga de rebeldía ante la autoridad jurisdiccional, correspondía dejar sin efecto las órdenes dispuestas en su contra, como lo es el referido mandamiento de aprehensión; por lo que, en esta parte, corresponde conceder la tutela solicitada.

Respecto a la revocatoria de la rebeldía o la determinación de su “purga de rebeldía”, dependerá de la justificación que sea valorada por la autoridad judicial a través de una resolución fundamentada, la misma que, en su caso, puede ser cuestionada vía apelación incidental; agotada esta vía, la parte agraviada puede acudir a la acción de amparo constitucional -si así lo considera pertinente- mas no así la acción de libertad; por lo que, en este punto, amerita denegar la tutela solicitada.

Sobre el reclamo de que el Juez demandado no remitió el expediente procesal al juez o tribunal competente, al haber sido presentado el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, lo que hubiera provocado que actúe sin competencia; conforme a lo desarrollado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional, en la etapa preparatoria el Juez de Instrucción Cautelar es la autoridad que debe conocer y resolver la solicitud de medidas cautelares pese a la presentación de la acusación fiscal, siendo plenamente competente hasta que la causa sea radicada ante el juzgado o tribunal de sentencia penal, pues lo contrario, conllevaría dejar al imputado en incertidumbre jurídica.

Consiguientemente, se advierte que, una vez presentado el requerimiento conclusivo de acusación fiscal, la Jueza demandada debió realizar la remisión del expediente al juez o tribunal de sentencia competente en el plazo de veinte cuatro horas, conforme el art. 325 del Código de Procedimiento Penal (CPP), siendo competente para resolver la solicitud de cesación a la detención preventiva solo hasta que la causa sea radicada en el referido juzgado o tribunal de sentencia penal; por lo que, la Jueza demandada, si bien tenía competencia para resolver la situación jurídica del accionante mientras la acusación pública no sea radicada ante el juez o tribunal de sentencia, incurrió en dilación al no haber remitido dicho requerimiento conclusivo conforme al plazo establecido; por lo que, amerita conceder la tutela respecto de este punto. En consecuencia, la Jueza de garantías, al conceder en parte la tutela impetrada, obró de manera parcialmente incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segundo; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR en parte la Resolución 06/2024 de 24 de abril, cursante de fs. 76 vta. a 79 vta., pronunciada por la Jueza de Sentencia Penal, Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Tercera de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada, en los términos dispuestos por la Jueza de garantías; y,

2° DENEGAR la tutela en cuanto al levantamiento de la rebeldía y la determinación de la purga correspondiente, de acuerdo a los Fundamentos Jurídicos expuestos en este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Boris Wilson Arias López

MAGISTRADO

Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1192_2026-S2.pdf · páginas 1 a 6.

Huella digital del PDF (SHA-256): 631019a8c7d2717c29577ce26da1e13ec3ddf61c13f87df3c117bf870c606beb

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