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SCP 1192/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55345-2023-111-AL
Departamento
Potosí
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, confirmó el Auto Interlocutorio que mantuvo su detención preventiva; señalando que al considerar el riesgo del art. 234.1 del CPP, en la vertiente de domicilio, no se valoró el registro del lugar del hecho, muestrario fotográfico, Informe Social 26 GAMV 07/12/2022; y, que si bien se presentó un otro domicilio es por el riesgo de peligro efectivo para la víctima; en la vertiente trabajo se presentaron dos contratos de trabajo anteriores absolviendo la duda del Juez a quo que su ocupación es de constructor. En relación al art. 234.2 del CPP, debía verificarse sobre si el imputado tiene una capacidad económica, pasaporte sobre lo que no existe pronunciamiento. Respecto del art. 234.4 del CPP, el Juez de primera instancia incrementó un nuevo fundamento para mantener vigente el riesgo procesal como el haber tratado de evadirse y la llamada de atención en audiencia y el Auto de Vista no refirió como se adecuó su conducta a dicho riesgo. Sobre el art. 234.7 del CPP, no se valoró la pericia psicológica que estableció que no es un peligro para la víctima. Respecto del art. 235.2 del CPP, no tomó en cuenta que los actuados de entrevista en Cámara Gesell y declaración de testigos ya fueron desarrollados. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 156 vta. a 158 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Respecto a la valoración integral o ponderación de los elementos de convicción, para resolver solicitudes de cesación de la detención preventiva
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1192/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55345-2023-111-AL Departamento: Potosí En revisión la Resolución 02/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 156 vta. a 158 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Gonzalo Plaza Corico en representación sin mandato de Edgar Espadero Mamani contra Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 21 de abril de 2023, cursante de fs. 130 a 139 vta., el accionante a través de su representante sin mandato, manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra, por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Villazón del departamento de Potosí, por Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, rechazó la solicitud de cesación de su detención preventiva, declarando vigentes todos los riesgos procesales; y, la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia del referido departamento, mediante Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, confirmó el mencionado Auto Interlocutorio. Refirió que el citado Auto de Vista, al considerar el art. 234.1 del Código de Procedimiento Penal (CPP), respecto del domicilio, no valoró elementos de prueba referidos al registro del lugar del hecho, muestrario fotográfico, Informe Social 26 GAMV 07/12/2022, que demuestran la existencia del mismo, que colinda con el inmueble de la víctima y si bien se presentó un otro domicilio es por el riesgo fundado en un peligro efectivo para la víctima y en relación al trabajo se presentaron dos contratos de trabajo anteriores absolviendo la duda de la Jueza a quo que su ocupación es de constructor. En relación al art. 234.2 del CPP, debía verificarse si el imputado tiene una capacidad económica, pasaporte sobre lo que no existe pronunciamiento. Respecto del art. 234.4 del referido Código, el Juez de primera instancia incrementó un nuevo fundamento para mantener vigente el riesgo procesal como el haber tratado de evadirse y la llamada de atención en audiencia y el Auto de Vista no refirió cómo se adecuó su conducta a dicho riesgo. Sobre el art. 234.7 del CPP no se valoró la pericia psicológica que estableció no ser un peligro para la víctima. Respecto del art. 235.2 del CPP, no tomó en cuenta que los actuados de entrevista en Cámara Gesell y declaración de testigos ya fueron desarrollados. En consideración del art. 235 ter del CPP, no explicó porque se mantiene vigente el riesgo procesal si los actos investigativos ya fueron desarrollados y existe una acusación formal.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación, citando al efecto los arts. 8.II, 23.I.II y IV, 115, de la Constitución Política del Estado (CPE); 9.I del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y, 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, y en consecuencia se restituya el derecho al debido proceso vinculado a la libertad, disponga la nulidad del Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, pronunciando uno nuevo de acuerdo al entendimiento de la acción tutelar de modo que la detención preventiva no se convierta en una pena anticipada siendo excepcional y de última ratio.

I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías

Celebrada la audiencia pública el 24 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 151 a 156, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

El accionante, a través de su abogado reiteró íntegramente los términos de su acción tutelar.

I.2.2. Informe del demandado

Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, conforme se establece en el acta de audiencia pública de 24 de abril de 2023.

I.2.3. Resolución

El Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí, constituido en Tribunal de garantías, mediante Resolución 02/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 156 vta. a 158 vta., denegó la tutela solicitada, argumentando que: a) El Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, que resolvió la solicitud de cesación de la detención preventiva, en relación al peligro de fuga establecido en el art. 234.1 y 2 del CPP, señaló que respecto del domicilio hubo una contradicción al existir dos domicilios, el primero presentado en un acto procesal anterior que era contiguo al de la víctima y un segundo del cual se adjuntaron contratos de compraventa, estableciendo la existencia de dos domicilios; sin embargo, no se presentó certificación domiciliaria. En el elemento trabajo, el accionante refirió dos labores u ocupaciones la de constructor y otra de albañil; empero, al encontrase con privación de libertad no demostró un trabajo a futuro y al no tener un domicilio las facilidades de fuga se acrecientan; b) Respecto del art. 234.4 del CPP dicho riesgo se fundó en el momento de comisión del delito, sin haber presentado prueba alguna que valorar, correspondiendo en la cesación de la detención preventiva la carga de la prueba al solicitante; y, c) En relación al art. 234.7 del CPP, señaló que se tomaron en cuenta las características del delito existiendo una víctima menor que fue amenazada, buscada por el imputado en su colegio, habiéndose presentado pliego acusatorio que consigna testigos, peritos y partícipes y que las entrevistas tomadas en la etapa preparatoria no son prueba. Debiendo tomarse en cuenta el Auto Supremo 179/2020-RS de 17 de febrero, respecto del juzgamiento con perspectiva de género en los riesgos del art. 234.4 y 7 y 235 del referido Código en todo su contexto; y, la SC 353/2018-S2 sobre la protección, fondo y reparación que debe tener la víctima en casos de agresión sexual. Respondiendo el referido Auto de Vista a todos los agravios reclamados.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, la Jueza Pública de la Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal Primera de Villazón del departamento de Potosí, rechazó la solicitud de cesación de la detención preventiva declarando vigentes todos los riesgos procesales, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Cristina Mamani Mamani en contra del ahora accionante por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente (fs. 102 a 108). II.2. Cursa Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, emitido por Julio Alberto Miranda Martínez, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Potosí -ahora demandado-, que declaró improcedente el recurso de apelación de cesación de la detención preventiva, dentro del referido proceso penal (fs. 121 vta., a 129.).

II.3. Mediante el Dictamen psicológico pericial PJF.REG.JCSN. 0004/2023 de 3 de febrero de 2023, emitido por el Psicólogo Jurídico Forense Juan Carlos Salinas Navía, se estableció que el evaluado -ahora accionante- presenta un riesgo de violencia o peligrosidad bajo (fs. 60 a 79.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante sin mandato denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; por cuanto, en el proceso penal seguido en su contra por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño o adolescente, el Vocal demandado, mediante Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, confirmó el Auto Interlocutorio que mantuvo su detención preventiva; señalando que al considerar el riesgo del art. 234.1 del CPP, en la vertiente de domicilio, no se valoró el registro del lugar del hecho, muestrario fotográfico, Informe Social 26 GAMV 07/12/2022; y, que si bien se presentó un otro domicilio es por el riesgo de peligro efectivo para la víctima; en la vertiente trabajo se presentaron dos contratos de trabajo anteriores absolviendo la duda del Juez a quo que su ocupación es de constructor. En relación al art. 234.2 del CPP, debía verificarse sobre si el imputado tiene una capacidad económica, pasaporte sobre lo que no existe pronunciamiento. Respecto del art. 234.4 del CPP, el Juez de primera instancia incrementó un nuevo fundamento para mantener vigente el riesgo procesal como el haber tratado de evadirse y la llamada de atención en audiencia y el Auto de Vista no refirió como se adecuó su conducta a dicho riesgo. Sobre el art. 234.7 del CPP, no se valoró la pericia psicológica que estableció que no es un peligro para la víctima. Respecto del art. 235.2 del CPP, no tomó en cuenta que los actuados de entrevista en Cámara Gesell y declaración de testigos ya fueron desarrollados. En consideración del art. 235 ter del CPP, no explicó por qué se mantiene vigente el riesgo procesal si los actuados investigativos ya fueron desarrollados y existe una acusación formal. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Respecto a la valoración integral o ponderación de los elementos de convicción, para resolver solicitudes de cesación de la detención preventiva

La SC 0112/2011-R de 21 de febrero, efectuando un estudio preciso en relación a los alcances de las medidas cautelares y de la ponderación de los elementos de convicción a momento de decidir sobre las solicitudes de cesación de la detención preventiva; puntualizó: “…la finalidad de las medidas cautelares de carácter personal, a través de la SC 0012/2006-R de 4 de enero, y previo análisis del art. 221 del CPP, señaló que: ‘…las medidas cautelares tiene un carácter instrumental y están dirigidas a lograr la eficacia de la coerción penal estatal, al intentar asegurar con su aplicación: 1) la averiguación de la verdad, 2) el desarrollo del proceso penal, y 3) el cumplimiento de la ley (ejecución de la sentencia); todo ello bajo la idea de que sin su adopción, la labor de defensa social del Estado, expresada en la persecución penal, no sería de modo alguno eficaz; diferenciándose así, plausiblemente, de otras legislaciones que le asignan además de aquellos, fines de prevención general y especial. En coherencia con lo expresado, en la parte in fine del segundo párrafo del mismo art. 221, se precisa que las medidas «…sólo durarán mientras subsista la necesidad de su aplicación», agregando el art. 222 del mismo código adjetivo que «Las medidas cautelares de carácter personal, se aplicarán con criterio restrictivo y se ejecutarán de modo que perjudiquen lo menos posible a la persona y reputación de los afectados»’.

(…) corresponde precisar que dentro de los presupuestos teleológicos contenidos en el Código de Procedimiento Penal, se encuentra el de evitar que la detención preventiva impuesta como medida cautelar de carácter personal se convierta a la postre en un injusto y anticipado cumplimiento de una pena para las personas, es por ello que el art. 239 de CPP, otorga a las personas detenidas la facultad de solicitar la cesación de aquella medida; sin embargo, para la procedencia de aquel beneficio, es necesario cumplir a cabalidad con las condiciones y presupuestos para su procedencia establecidos en el precepto legal aludido.

El Tribunal Constitucional, ha desarrollado ampliamente aquellos elementos que las autoridades jurisdiccionales deben tomar en cuenta a tiempo de resolver las solicitudes de cesación de la detención preventiva, es así que para aquellas solicitudes que se encuentran relacionadas con el supuesto contenido en el art. 239 inc. 1) del CPP, determinó a través de la SC 0547/2010-R de 12 de julio, citando las SSCC 0227/2004-R y 0320/2004-R, entre otras, que las autoridades deben analizar la situación ponderando dos elementos: ‘…i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra. Quedando claro que si a través de los nuevos elementos de juicio que se presenten por el imputado se destruyen ambos o cualquiera de los motivos que fundaron la detención preventiva, el Juez o Tribunal debe realizar una valoración de estos nuevos elementos; valoración similar a la que hizo para disponer la detención preventiva a prima facie, sin que ello implique inmiscuirse en la investigación del hecho’.

Por lo que corresponde al imputado probar conforme a la norma precedentemente señalada la existencia de nuevos elementos de juicio que demuestren que ya no concurren los motivos que fundaron su detención preventiva o en su caso, tornen por conveniente que sea sustituida por la aplicación las otras medidas que se encuentran desarrolladas en el art. 240 del CPP.

Ahora bien, con relación a la valoración integral que deben realizar las autoridades jurisdiccionales, el Tribunal Constitucional a través de la SC 0298/2010-R de 7 de junio, citando la SC 0012/2006-R de 4 de enero, señaló que la evaluación de esos parámetros objetivos, ya sea para determinar el peligro de fuga o el riesgo de obstaculización, debe ser realizada en forma integral, lo que supone que: ‘…el órgano jurisdiccional debe hacer un test sobre los aspectos positivos o negativos (favorables o desfavorables) que informan el caso concreto, de cara a los puntos fijados por la ley para medir tanto el riesgo de fuga como el de obstaculización; de tal modo que de esa compulsa integral, se llegue a la conclusión razonada sobre si existe o no riesgo de fuga u obstaculización. En esta evaluación, unos puntos pueden reforzar, o por el contrario enervar o eliminar los riesgos aludidos; lo cual, naturalmente, debe ser expuesto por el juez en la resolución que emita de manera coherente, clara y precisa’.

Por otra parte, la SC 0892/2010-R 10 de agosto, citando la SC 1147/2006-R de 16 de noviembre, estableció: ‘…la resolución que resuelva la solicitud de cesación de la detención preventiva debe reunir las condiciones de validez, para ello la autoridad judicial competente a tiempo de contrastar los nuevos elementos presentados por el imputado, deberá fundamentar la decisión de conceder o rechazar la solicitud de cesación de la detención expresando los motivos de hecho y de derecho en que funda su determinación, los cuales deben obedecer a criterios objetivos, exponiendo el valor otorgado a los medios de prueba presentados y sujetando su análisis a los presupuestos que fundaron la detención preventiva del imputado, fundamentación que no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, sino las razones jurídicas que justifican la decisión adoptada’” (las negrillas nos corresponden).

Lo expuesto, se halla vinculado íntimamente con la obligatoriedad que tienen los operadores de justicia, en el marco de un debido proceso, de dictar fallos debidamente motivados y fundamentados y que cumplan con la exigencia de valoración integral de los medios probatorios en medidas cautelares, en el marco de lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 del presente fallo constitucional plurinacional; exigencia que debe ser cumplida también por los Tribunales de alzada, sobre los que la SCP 0338/2014 de 21 de febrero, estableció que: “…en mérito a la previsión contenida en el art. 398 del CPP, a tiempo de resolver la apelación, de respuesta a todos los puntos apelados, previsión que no lo exime de analizar la concurrencia de los presupuestos descritos en el art. 233 del adjetivo penal, siendo por el contrario, su verificación una de cumplimiento inexorablemente; esto, en virtud a que el imputado tiene derecho a conocer inequívocamente los motivos que llevaron al tribunal de apelación a mantener, revocar o modificar una medida cautelar, lo que no implica de ninguna manera, que la valoración de los elementos concurrentes, represente un apartamiento de los aspectos impugnados” (las negrillas fueron agregadas).

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante sin mandato, denunció la vulneración de sus derechos a la libertad y al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; en virtud que el Vocal demandado mediante el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, que confirmó su detención preventiva, al considerar los riesgos establecidos en los arts. 234.1.2.4.7; 235.2 y 235 ter del CPP, no valoró elementos de prueba aportados por las partes ni realizó una debida fundamentación y motivación. Establecido el problema jurídico debemos considerar lo desarrollado por el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la cual establece que “la SC 0547/2010-R de 12 de julio, citando las SSCC 0227/2004-R y 0320/2004-R, entre otras, que las autoridades deben analizar la situación ponderando dos elementos: ‘…i) cuáles fueron los motivos que determinaron la imposición de la detención preventiva y ii) cuáles los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado para demostrar que ya no concurren los motivos que la determinaron o en su caso demuestren la conveniencia de que la medida sea sustituida por otra” En tal sentido, el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023 (Conclusión II.2), en el apartado denominado “CONSIDERACIONES DE LA SALA”, respecto del riesgo procesal establecido en el art. 234.1 del CPP, en su vertiente de domicilio hace referencia a la documentación del registro del lugar del hecho y una declaración jurada argumentando que la Jueza de la causa llegó a la conclusión que no se cumple con el elemento domicilio al advertir la existencia de dos domicilios, uno fijado con anterioridad a la imputación formal y el segundo a fines de viabilizar una posible detención domiciliaria, observando además, la facilidad con la que cuenta el imputado para establecer un domicilio con fines coyunturales.

Argumentación que coincide con lo manifestado por la referida Jueza inferior en el Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, (Conclusión II.1) donde señaló que, existe contradicción sobre la ubicación del domicilio ya que por una parte la defensa aportó prueba del domicilio en calle N/N final av. Recolector entre final Túpac Katari, con el acta de registro del lugar del hecho refirió el domicilio de calle final Túpac Katari barrio Villa Hermoso zona Ferrocarril; empero, el informe social indica av. Actual calle Beni final av. Recolector entre final Túpac Katari, evidenciando que el citado Auto de Vista, realizó una contrastación y revisión entre lo argumentado por la Jueza de la causa y la documental presentada coincidiendo en que el riesgo procesal se mantiene vigente por la duda generada ante la existencia de dos domicilios y la imprecisión de los mismos habiendo establecido la Jueza inferior de manera precisa la documental donde se generan las contradicciones. Respecto del elemento trabajo, el mencionado Auto de Vista señaló que, el razonamiento y la valoración de la prueba de la Jueza a quo no es arbitrario ya que consideró que los dos contratos presentados refieren una actividad anterior a la detención preventiva los cuales eran temporales y no se tienen elementos para considerar que puedan ser retomados; aspecto de importancia abordado por el señalado Auto de Vista, ya que se debe acreditar la existencia de un trabajo lícito, tal cual lo manifestó el referido Auto Interlocutorio de 23 de marzo de 2023, que indicó que no se evidenció cuál será la ocupación lícita que desempeñará una vez que obtenga su libertad, siendo ese el argumento que se debe desvirtuar en la solicitud de cesación de la detención preventiva. Con relación al riesgo procesal del art. 234.2 del CPP, referido a las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto, el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, argumentó que conforme el acta de imposición de medidas cautelares dicho riesgo procesal se fundó en la falta de un arraigo natural; aspecto que no ha sido desvirtuado, lo cual coincide con la fundamentación del Auto Interlocutorio de la jueza de la causa la cual señaló que dicho riesgo persiste al no haberse acreditado la existencia de un domicilio donde pueda ser habido en el curso de la investigación ni tampoco acreditar con documentación idónea una ocupación que vaya a desempeñar, no contando con los elementos arraigadores que hagan permanecer y garanticen su presencia a efectos de asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo del proceso y la imposición de la ley. Existiendo la suficiencia en la fundamentación y motivación de la permanencia de este riesgo procesal al ser la finalidad del arraigo natural el aspecto que reata al encausado a un determinado lugar en virtud a la residencia que demuestra, donde pueda ser habido en el curso de la investigación, el desempeño de una actividad lícita que garantice su permanencia en un lugar; y, por ende, su presencia en el desarrollo del proceso penal.

Sobre el riesgo procesal del art. 234.4 del CPP, referido al comportamiento del imputado durante el proceso o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de no someterse al mismo; el mencionado Auto de Vista señaló que el elemento judicializado para desvirtuar dicho riesgo traducido en una Sentencia Constitucional respecto de cómo se debe entender el referido riesgo procesal, no tiene relación con el elemento fundante el cual está vinculado a la conducta negativa que tuvo con la víctima al momento de la comisión del hecho delictivo, siendo coaccionada con la finalidad de evadir la acción de la justicia; por lo que, se advirtió una actividad reticente, existiendo suficiencia sobre tal argumentación en razón que la cita o presentación de jurisprudencia por sí sola no puede generar o considerarse como un elemento de prueba para desvirtuar un riesgo procesal, como pretende el solicitante de tutela, pues se deben presentar nuevos elementos que desvirtúen los argumentos establecidos para la detención preventiva, los cuales serán contrastados con los argumentos que fundaron el riesgo procesal; y, si bien la Jueza inferior hizo referencia a actitudes del encausado manifestadas durante la audiencia de cesación de la detención preventiva como ser el hecho de salir de la Sala sin autorización aprovechando que el funcionario policial se encontraba afuera, dicho argumento no puede ser considerado como un nuevo fundamento insertado por la referida Jueza, quien debe limitarse a realizar el contraste de los nuevos elementos traídos a colación por el imputado, frente a los argumentos que fundaron el riesgo procesal en la detención preventiva, aspecto que como se manifestó en el Auto de Vista, no puede ser desvirtuado con la presentación de una jurisprudencia constitucional. Respecto del riesgo del art. 234.7 del CPP, referido al peligro efectivo para la sociedad o para la víctima, si bien el Vocal demandado no se pronunció en el Auto de Vista sobre la pericia psicológica que estableció que el evaluado presenta un riesgo de violencia o peligrosidad bajo (Conclusión II.3), el Auto de Vista manifestó sobre el constante hostigamiento a la víctima por la agresión, sus efectos en su integridad física, psicológica y el desarrollo emocional, denotando a la víctima como absolutamente vulnerable, aspecto que se encuentra concordante con el Auto Interlocutorio de la Jueza de la causa que se pronunció sobre la pericia psicológica del accionante indicando que fue de manera particular y no por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y si bien establece un riesgo de violencia o peligrosidad bajo, consta el Informe de seguimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, el cual estableció que en diciembre de 2022, la víctima fue agredida verbalmente por la esposa del solicitante de tutela aduciendo que por su culpa el prenombrado estaría en la cárcel y sus hijos se quedaban sin padre, debiendo intervenir la madre en su defensa, en el mes de enero de 2023, sus familiares continuaron hostigando a la víctima e incluso llegaron al extremo de pedir a la víctima un arreglo económico aprovechando la situación económica de la víctima, existiendo dicho hostigamiento de forma constante a través de terceras personas; razón por la cual, realizando una abstracción del no pronunciamiento del Auto de Vista sobre el señalado peritaje psicológico del accionante, el resultado sería el mismo al existir otros aspectos contundentes considerados en ambas resoluciones para determinar que dicho riesgo permanece latente, como son el constante hostigamiento a la víctima por los familiares del accionante; evidenciándose la falta de relevancia constitucional en relación al no pronunciamiento del peritaje psicológico. En relación al art. 235.2 del CPP, referido a que el imputado amenace o influya negativamente sobre los partícipes, víctima, testigos o peritos, a objeto que informen falsamente o se comporten de manera reticente, el Auto de Vista en análisis señaló que los elementos fundantes del referido riesgo son el constante hostigamiento, las amenazas e intimidación a la víctima para que no comunique lo ocurrido; circunstancias que correspondían desvirtuar; sin embargo, sobre las mismas, se cuestionó su verosimilitud y se argumentó que ya no existen actos de defensa faltantes, siendo el hecho nuclear que sustentó el riesgo la conducta del imputado respecto a la menor y su capacidad de influencia y lo que se trata de proteger es que no se obstaculice el normal desarrollo del proceso; aspecto coincidente con el Auto Interlocutorio de la Jueza inferior el cual señaló que de acuerdo al informe de seguimiento de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, no contentos con el hostigamiento ofrecieron dinero a la víctima con la finalidad que se retracte de su denuncia. En tal sentido, el Auto de Vista respecto del art. 235 ter del CPP, referido a que la detención preventiva debe finalizar una vez realizados los actos investigativos para la cual fue dispuesta, señaló que en virtud a lo sustentado para el numeral 2 del art. 235, no se ha concretado de manera específica que el elemento fundante de la detención preventiva estaba sujeta únicamente a ese acto y tomó en cuenta que ya existe una acusación formal; por lo que, los actos restantes ya no inciden respecto a una cesación de dicha medida restrictiva de libertad con base a ese cuestionamiento del art. 235 ter del CPP. En consecuencia, por lo expuesto se puede evidenciar que el Auto de Vista de 31 de marzo de 2023, al declarar improcedente el recurso de apelación de la cesación de la detención preventiva y mantener subsistente la privación de libertad, cumplió con la debida fundamentación y motivación realizando una justificación razonada en cada uno de los riesgos procesales analizados, efectuando la revisión de la resolución de la Jueza inferior explicando los aspectos fácticos, jurídicos y probatorios sobre los que basó su decisión para cada uno de ellos, contando con la suficiencia en la referida fundamentación y motivación; por lo que, no se encuentra vulnerado el derecho a la libertad, ni al debido proceso en sus vertientes de fundamentación y motivación; razón por la cual, corresponde denegar la tutela.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró en forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado, y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 02/2023 de 24 de abril, cursante de fs. 156 vta. a 158 vta., pronunciada por el Tribunal de Sentencia Penal Tercero de la Capital del departamento de Potosí; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1192_2025-S3.pdf · páginas 1 a 11.

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