B.IA.LEGAL

SCP 1192/2025-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Primera · 24 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
24 de septiembre de 2025
Acción
Acción de amparo constitucional
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
58139-2023-117-AAC
Departamento
Oruro
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de amparo — doctrina general

Qué se discutió

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículos y uso indebido de bienes y servicios públicos, previstos y sancionados por los arts. 210 del CP y 26 de la Ley 004; el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 291/2023, declaró procedente el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 560/2023, disponiendo la inmediata aplicación de medidas cautelares, al considerar la existencia de indicios suficientes de participación en el hecho penal investigado; sin embargo, si bien dicho Auto de Vista contiene una fundamentación y motivación correcta, al haber considerado la probable participación conjunta de Juan José López Rocha y de la ahora demandante de tutela, se advirtió que la resolución es arbitraria, ya que esta última en ningún momento condujo el vehículo ni consumió bebidas alcohólicas conforme al test practicado, determinándose más bien que la procesada -ahora impetrante de tutela- es participe únicamente del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, sin establecer que su conducta se subsumía a los elementos constitutivos de dicho tipo penal. […]

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 85/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1192/2025-S1 Sucre, 24 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de amparo constitucional Expediente: 58139-2023-117-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 85/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Mercedes Calle Canaza contra Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 25 y 29 de agosto de 2023, cursantes de fs. 10 a 14 vta.; y, 18, la accionante manifestó los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Señala que dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículo y uso indebido de bienes y servicios públicos, previstos y sancionados por los arts. 210 del Código Penal (CP) y 26 de la Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz -Ley 004 de 31 de marzo de 2010-; mediante Auto Interlocutorio 560/2023 de 7 de agosto, la Jueza de Instrucción Penal Séptima de la Capital del departamento de Oruro, dispuso la libertad pura y simple al existir duda razonable respecto al hecho investigado; sin embargo, dicha resolución fue objeto de recurso de apelación incidental por parte del Ministerio Público, siendo resuelta mediante Auto de Vista 291/2023 de 15 de agosto, dictada por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado- disponiendo la procedencia del recurso de apelación y aplicación directa de las medidas cautelares, en el entendido que existen indicios de participación en el hecho penal investigado. En ese contexto, en cuanto a la fundamentación del Auto de Vista 291/2023, se estableció que la ahora accionante se encontraba con el coimputado Juan José López Rocha, generando un fundamento conjunto y arbitrario, bajo el siguiente análisis: ‘“...la imputada Mercedes Calle Canaza, hubiese estado junto con el co-imputado Juan José López Rocha, en el mismo vehículo que hubiesen protagonizado el hecho...’” (sic). Lo referido, escapó de un análisis lógico jurídico, donde lamentablemente por el hecho de estar presente en la escena del crimen, el Vocal ahora demandado determinó que existió una probable participación conjunta; sin embargo, bajo un contexto netamente garantista se puede establecer que el Auto Interlocutorio determinó su libertad pura y simple, debido a que no tenía participación en el hecho, asimismo jamás condujo el vehículo, tampoco consumió bebidas alcohólicas conforme al test realizado, pero sí se determinó que la ahora solicitante de tutela es partícipe del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos. Sin embargo, el Vocal ahora demandado conforme el art. 26 de la Ley 004, olvidó establecer si la participación de la imputada -ahora accionante- se subsumía a los elementos constitutivos del tipo penal de uso indebido de bienes y servicios públicos, generando el único fundamento de que la misma se encontraba en la escena del hecho; en ese entendido, del análisis del tipo penal citado se tiene que el servidor público debe tener un beneficio propio u otorgue ese beneficio a un tercero para un fin distinto; ya que, la ahora accionante no estaba conduciendo el vehículo, no tenía control sobre el bien -de propiedad- del Estado, cuya responsabilidad era del oficial de policía que era el conductor. El Ministerio Público en audiencia cautelar no generó un fundamento razonable para establecer la participación de la ahora accionante, y contrariamente tergiversó la audiencia de apelación incidental y mencionó nuevos fundamentos no establecidos en debate; por ello, si bien establece una fundamentación y motivación la misma es arbitraria, vulnerando su derecho al debido proceso.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La impetrante de tutela denuncia la lesión de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación, así como la incorrecta aplicación de la Ley, sin citar norma constitucional alguna que los contenga.

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela; y en consecuencia, se declare la nulidad del Auto de Vista 291/2023, emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-; y, se disponga la emisión de uno nuevo en respeto pleno de los derechos y garantías constitucionales.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 4 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 33 a 36, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación de la acción

La solicitante de tutela, presente en audiencia ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar y en su posterior subsanación.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

Julio Huarachi Pozo, Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de esta acción tutelar, pese a su legal citación cursante a fs. 21.

I.2.3. Intervención de los terceros interesados

Edwin Aguayo Mamani, a través de su abogada, en audiencia informó que fue víctima del lamentable hecho en el que se evidenció una omisión de socorro; toda vez que, tuvo que trasladarse personalmente, con familiares, hasta el centro de salud en muy mal estado, pese a que los procesados, en su condición de funcionarios policiales, no cumplieron con su trabajo, pues debieron prestar auxilio inmediato; sin embargo, en el momento en que su persona salió de su vehículo, Mercedes Calle Canaza -ahora peticionante de tutela- ya no se encontraba en el lugar del hecho, pues se dirigió directamente al centro de salud, omitiendo el deber de socorro, incumpliendo el trabajo que como policía debía cumplir; por lo que, solicita se deniegue la tutela impetrada y se ratifique el Auto de Vista 291/2023, emitido por el Vocal ahora demandado. Juan Carlos Condori Quispe, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de la presente acción tutelar, pese a su legal notificación cursante a fs. 24.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro, a través de la Resolución 85/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 37 a 42, denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes fundamentos: a) Conforme el Acta de Registro de la Audiencia Pública de apelación incidental de medida cautelar de carácter personal, se advierte que el Ministerio Público fundamentó su recurso señalando que la Jueza de primera instancia incurrió en error al considerar que la coimputada -ahora accionante- no tenía participación alguna en los hechos investigados; es así que, según la imputación formal, la mencionada funcionaria policial fue atribuida también por el delito de uso indebido de bienes y servicios públicos previsto en el art. 26 de la Ley 004, por haber acompañado a Juan José López Rocha -ahora coimputado- en una patrulla de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), que fue utilizada para fines personales, en circunstancias en las que ambos habrían consumido bebidas alcohólicas, provocando posteriormente un accidente de tránsito chocando con un vehículo particular que causó lesiones a terceros; b) El Ministerio Público argumentó que, aunque la coimputada -ahora accionante- no conducía el vehículo ni presentaba rastros de alcohol en la sangre al momento de su aprehensión, mantuvo el dominio del hecho por su calidad de servidora pública y por haber tenido la posibilidad de impedir el uso indebido del vehículo policial, sin hacerlo; asimismo, sostuvo que, conforme a la teoría finalista del delito y al criterio del dominio del hecho, su conducta encuadra dentro de la autoría o participación, de acuerdo con el art. 20 del CP; y por tanto, se encuentra acreditada la probabilidad de autoría prevista en el art. 233 núm. 1) del CPP; c) Por su parte, el Auto de Vista 291/2023, emitido por la autoridad jurisdiccional ahora demandada, acogió los argumentos del Ministerio Público y declaró procedente la apelación incidental. El Vocal ahora demandado consideró razonable la existencia de indicios suficientes de participación conjunta entre Juan José López Rocha y Mercedes Calle Canaza -ahora accionante- en el hecho punible, al tratarse de funcionarios policiales que habrían dado un uso distinto al vehículo motorizado perteneciente a la FELCV en el marco de una presunta comisión del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos; y, d) En consecuencia, la Sala Constitucional, al revisar los fundamentos del Auto de Vista impugnado, concluyó que la resolución se encuentra debidamente motivada y razonablemente fundamentada; toda vez que, la autoridad judicial demandada explicó adecuadamente la concurrencia de los requisitos del art. 233.1 del CPP y respondió a los agravios planteados; por ello, determinó que no se evidencia vulneración de derechos constitucionales, pues el Tribunal de apelación actuó conforme al marco legal y dentro de los límites de su competencia.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establecen las siguientes conclusiones:

II.1. Cursa Auto Interlocutorio 560/2023 de 7 de agosto, emitido por la Jueza de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículos y uso indebido de bienes y servicios públicos, previstos y sancionados por los arts. 210 del CP y 26 de la Ley 004; mismo que resuelve lo siguiente:

“POR TANTO.- En mérito los artículos 54, núm. 1 y 2, 124, 233 núm. 1; 2 y 3, 234 núm. 7, 235 núm. 2, 235 ter, todos del Código de Procedimiento Penal se dispone:

1) declarar sin lugar IMPROCEDENTE el requerimiento fiscal de detención preventiva emitido por el Ministerio Público, en contra de la señora Mercedes Calle Canaza y consiguientemente se dispone su libertad pura y simple; no obstante, la co imputada tiene la obligación de presentarse a todos los actuados que sean convocados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial hasta la conclusión del proceso;

2) Se dispone declarar con lugar y precedente el requerimiento fiscal de detención preventiva en contra del señor Juan José López Rocha, sea por el tiempo de 2 meses que deberá cumplir en el Penal de San Pedro de la ciudad de Oruro, hasta fecha sábado 7 de octubre de la gestión en curso debiendo considerarse su situación jurídica en fecha lunes 9 de octubre del 2023 años, a irs.08:30; conforme a lo dispuesto por secretaría líbrese el correspondiente mandamiento de detención preventiva en contra del imputado

La resolución es recurrible en el marco del artículo 251 del Código de Procedimiento Penal. REGISTRESE V TOMESE RAZON.” (sic [fs. 2 a 6]). II.2. Cursa Acta de audiencia (fs. 28 a 32) y Auto de Vista 291/2023 de 15 de agosto, emitido por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -autoridad ahora demandada-, mediante el cual resolvió la apelación incidental formulada contra el Auto Interlocutorio 560/2023 de 7 del mismo mes, emitido por la Jueza a quo, disponiendo lo siguiente:

“POR TANTO: La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, en observancia de la Ley N° 1173, resuelve en los siguientes términos:

1. Declara PROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, en consecuencia se adopta las siguientes medidas cautelares en contra de la imputada Mercedes Calle Canaza: 1.- Debe presentarse ante el Ministerio Público y ante el juez de la causa, de manera semanal, todos los días lunes, a ese efecto deberá suscribirse en el correspondiente Libro de Presentación o con el marcado biométrico, que el juez de la causa debe hacer cumplir; 2.- Se ordena el arraigo de la referida imputada, debiendo notificarse a la Dirección Departamental de Migraciones, para que proceda al arraigo correspondiente, certificación que debe ser presentada al término de 5 días, una vez devuelto el cuaderno de apelación; 3.- Se fija. fianza personal a través de dos personas fiables y abonables en derecho, que debe ser admitida en audiencia ante el juez de la causa, de igual manera en el plazo de 5 días, una vez devuelto el testimonio de apelación, por lo que se mantiene su libertad provisional de la referida imputada.

2. Se declara PROCEDENTE EN PARTE la apelación interpuesta por el imputado Juan José López Rocha, en consecuencia, se deja sin efecto legal el riesgo procesal previsto en el art. 234 Núm. 7 del Código de Procedimiento Penal.

3. Se declara PROCEDENTE EN PARTE, la apelación interpuesta por la parte víctima conforme a lo que se ha resucito en la presente resolución. Recomendando a la jueza de la causa, el deber de hacer cumplir last medidas que hemos adoptado en esta audiencia judicial; en lo demás se CONFIRMA la Resolución Judicial N° 560/20231 de 7 de agosto de 2023, de fs. 57 a 61 del testimonio de apelación, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal N° 7 de la Capital.

Con la presente resolución, queda notificada la representación del Ministerio Publico, así como la parte imputada y parte víctima. Queda concluida la presente audiencia judicial. REGISTRESE…” (sic [fs. 7 a 9 vta.]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículos y uso indebido de bienes y servicios públicos, previstos y sancionados por los arts. 210 del CP y 26 de la Ley 004; el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 291/2023, declaró procedente el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 560/2023, disponiendo la inmediata aplicación de medidas cautelares, al considerar la existencia de indicios suficientes de participación en el hecho penal investigado; sin embargo, si bien dicho Auto de Vista contiene una fundamentación y motivación correcta, al haber considerado la probable participación conjunta de Juan José López Rocha y de la ahora demandante de tutela, se advirtió que la resolución es arbitraria, ya que esta última en ningún momento condujo el vehículo ni consumió bebidas alcohólicas conforme al test practicado, determinándose más bien que la procesada -ahora impetrante de tutela- es participe únicamente del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, sin establecer que su conducta se subsumía a los elementos constitutivos de dicho tipo penal. Asimismo, sostuvo que el argumento esencial asumido por la autoridad judicial ahora demandada se basó en lo manifestado por su defensa técnica durante la audiencia de apelación incidental, generando un agravio a su derecho a la defensa; sin embargo, lo expresado por su defensa no puede ser utilizado en su contra. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela impetrada; para dicho fin, se analizarán las siguientes temáticas: 1) La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso; 1.i) La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal; y, 2) Análisis del caso concreto.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones y el principio de congruencia como elementos de la garantía del debido proceso

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero, reiterada por las SSCCPP 0349/2018-S2 y 0353/2018-S2 ambas de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

Posteriormente, en el Fundamento Jurídico III.3 de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación y fundamentación como elementos configurativos del debido proceso, como ser:

a) Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso.

1El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma.

…consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”.

2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cuál es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados.

En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”.

Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre, se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: 1) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; 4) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, 5) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-.

4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”.

5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación:

(…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia.

(…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´.

(…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”.

6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: i) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; ii) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; iii) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, iv) Por la falta de coherencia del fallo, se da: iv.a) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto-; y, iv.b) En su dimensión externa, implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC 0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo, señaló que el pronunciamiento debe guardar 5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”.

7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”.

8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”.

10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. La jurisprudencia contenida en la SCP 2221/2012 como en la SCP 0100/2013 citadas anteriormente fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció que:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o cuando ésta sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa, cuya tutela por vía de amparo procederá siempre y cuando tenga relevancia constitucional.

III.1.1. La exigencia de fundamentación y motivación de las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares: Las resoluciones de los tribunales de apelación y la interpretación del art. 398 del Código de Procedimiento Penal

El Tribunal Constitucional Plurinacional a través de la SCP 0447/2018-S2 de 27 de agosto, precedida por la SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio -entre otras-, desarrolló el siguiente razonamiento: Los estándares de fundamentación y motivación contenidos en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 -citadas anteriormente-, son aplicables a las resoluciones judiciales que resuelven medidas cautelares, conforme a las exigencias específicas en materia procesal penal y a lo dispuesto en los arts. 233.1 y 2; 234 y 235 del CPP; asimismo, la SCP 0077/2012 de 16 de abril, en una resolución judicial que resolvió una medida cautelar en apelación, interpretó el art. 398 del mismo Código. Ahora bien, la modulación efectuada por la SCP 0014/2018-S2, que analiza previamente la relevancia constitucional, para disponer la nulidad de la resolución cuando se denuncia arbitraria o insuficiente motivación, no alcanza a las resoluciones que imponen la medida cautelar de detención preventiva, en las que sí, es exigible disponer la nulidad y realizar el reenvío ante la autoridad jurisdiccional ordenando se emita nueva resolución; por cuanto en estos casos, aun se advierta que la corrección de una decisión con fundamentación o motivación arbitraria o insuficiente, no modificará la parte resolutiva, esto es, la decisión de la detención preventiva; sin embargo, es esencial que el imputado y el juez o tribunal conozcan las razones jurídicas que sustentaron la decisión de detención preventiva respecto a las condiciones establecidas en el art. 233.1 y 2 del CPP, vinculadas a los arts. 234 y 235 del citado cuerpo legal; es decir, es esencial que conozcan cuáles fueron los elementos de convicción y supuestos que determinaron la imposición de la medida, a efectos que: a) Por una parte, el imputado pueda solicitar en el futuro su cesación, aportando nuevos elementos de convicción que demuestren que ya no concurren los motivos que la determinaron, y por tanto, solicite medidas sustitutivas o su libertad irrestricta; y, b) Por otra, el juez o tribunal analice de manera ponderada, si los nuevos elementos de convicción que aportó el imputado, demuestran que ya no concurren los motivos que determinaron la medida o la conveniencia que la misma sea sustituida por otra.

En efecto, conforme destacó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el Caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez Vs. Ecuador, en la Sentencia de 21 de noviembre de 2007 sobre Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, la motivación de la decisión judicial que restringe la libertad personal, garantiza el derecho a la defensa, por cuanto, evita que una falta de motivación impida que el imputado conozca las razones por las cuales permanece privado de libertad, además, que le dificulta su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr su liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante. Por lo que, tanto la resolución que impone la medida cautelar de detención preventiva, como la que resuelve la apelación deben tener, en palabras de la Corte IDH, una fundamentación suficiente, que permita al privado de libertad conocer los motivos por los cuales se mantiene su restricción a este derecho12; y si la detención se ajusta a las condiciones necesarias para su aplicación -indicios razonables que vinculen al acusado, fines legítimos, aplicación excepcional y criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad-. En el marco de lo anotado, el art. 236 del CPP, exige que la resolución que disponga la detención preventiva, se encuentre debidamente motivada sobre los presupuestos que dieron lugar a su determinación. Por su parte, el Tribunal Constitucional en la SC 0012/2006-R de 4 de enero, en el Fundamento Jurídico III.1.7, explicó la necesidad constitucional de motivar las resoluciones que disponen la detención preventiva, así como las que rechazan el pedido de su imposición, las que la modifican, sustituyen o revocan, al señalar lo siguiente:

La motivación de los fallos judiciales está vinculada al derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional eficaz, consagrados en el art. 16.IV Constitucional, y se manifiesta como el derecho que tienen las partes de conocer las razones en que se funda la decisión del órgano jurisdiccional, de tal manera que sea posible a través de su análisis, constatar si la misma está fundada en derecho o por el contrario es fruto de una decisión arbitraria; sin embargo, ello no supone que las decisiones jurisdiccionales tengan que ser exhaustivas y ampulosas o regidas por una particular estructura; pues se tendrá por satisfecho este requisito aun cuando de manera breve, pero concisa y razonable, permita conocer de forma indubitable las razones que llevaron al Juez a tomar la decisión; de tal modo que las partes sepan las razones en que se fundamentó la resolución; y así, dada esa comprensión, puedan también ser revisados esos fundamentos a través de los medios impugnativos establecidos en el ordenamiento; resulta claro que la fundamentación es exigible tanto para la imposición de la detención preventiva como para rechazarla, modificarla, sustituirla o revocarla.

Más tarde, la SC 0089/2010-R de 4 de mayo, en el Fundamento Jurídico III.4, sobre la motivación de las resoluciones judiciales, estableció que éstas deben expresar las razones de hecho y derecho en las cuales basa su convicción y el valor que otorga a los medios de prueba que presenten las partes, aclarando que esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes, señalando que:

…la autoridad judicial competente, para adoptar la decisión de aplicar la detención preventiva, de una parte, está obligado a verificar y determinar la concurrencia de los requisitos mencionados por el art. 233 CPP, para lo que deberá contrastar la solicitud fundamentada del Ministerio Público con los elementos de prueba presentados sobre la concurrencia de los requisitos, en el marco de las normas previstas por los arts. 234 y 235 CPP; de otra parte, deberá fundamentar en derecho la decisión de aplicar la medida cautelar de carácter personal, pues tomando en cuenta que uno de los principios fundamentales inherentes al Estado Democrático de Derecho es la motivación de las decisiones de las autoridades públicas, el juez está obligado a expresar los motivos de hecho y de derecho en que se basa su convicción determinativa de la concurrencia de los requisitos, así como el valor otorgado a los medios de prueba, esa fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de los documentos o la mención de los requerimientos de las partes; de modo que está obligado a expresar los presupuestos jurídicos que motivan la medida, con cita de las normas legales aplicables y la descripción clara y objetiva de los elementos de convicción concurrentes. Por otra parte, el deber de motivación de las resoluciones judiciales también ataña a los tribunales de apelación, sobre el particular la jurisprudencia constitucional recalcó la importancia de que los tribunales de segunda instancia fundamenten sus decisiones, debido a que en los hechos, hacen una revisión de la resolución del inferior, teniendo especial importancia la del tribunal de apelación, que revisa una decisión que impuso una medida cautelar, que la revoca, la modifica, la sustituye u ordena la cesación de una detención preventiva, por su vinculación con los derechos a la libertad y la presunción de inocencia. Al respecto, la SC 0782/2005-R de 13 de julio, reiterada, entre otras, por la SCP 0166/2013 de 19 de febrero, en el Fundamento Jurídico III.2, establece que:

…la exigencia de pronunciar una resolución motivada en la que se establezca la concurrencia de los requisitos de validez para determinar la detención preventiva, entendiendo por motivo fundado a aquél conjunto articulado de hechos que permiten inferir de manera objetiva que la persona imputada es probablemente autora de una infracción o partícipe de la misma y que existe riesgo de fuga y/u obstaculización de la averiguación de la verdad no sólo alcanza al juez cautelar, sino también al tribunal que conozca en apelación la resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, toda vez que si bien de conformidad con el art. 251 del CPP, las medidas cautelares dispuestas por el juez cautelar, pueden ser apeladas y, por lo mismo, modificadas, ello no significa que el tribunal de apelación cuando determine disponer la detención preventiva, esté exento de pronunciar una resolución lo suficientemente motivada, en la que se exprese la concurrencia de los dos requisitos que la ley impone para la procedencia de esa medida cautelar.

Consecuentemente, el Tribunal de apelación, está obligado a motivar y fundamentar su Resolución, precisando los elementos de convicción que le permiten concluir en la necesidad de revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; a cuyo efecto debe también justificar la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos por el art. 233 del CPP y una o varias de las circunstancias establecidas por los arts. 234 y 235 del CPP, mediante una resolución debidamente fundamentada, conforme exige el art. 236 del CPP, puesto que sólo cuando se han fundamentado debidamente estas dos situaciones, se puede disponer la detención preventiva. Recogiendo dichos entendimientos, la SCP 0077/2012 de 16 de abril señala que el art. 398 del CPP establece que los 13El FJ III.3, refiere: “Finalmente, cabe remitirse a lo previsto en el 236 del CPP, entre cuyos requisitos del auto de detención preventiva se encuentran: `3) La fundamentación expresa sobre los presupuestos que motivan la detención, con cita de las normas legales aplicables´. En el marco de las normas legales citadas, aplicables al caso que se examina, se establece que el límite previsto por el art. 398 del CPP a los tribunales de alzada, de circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución, no implica que los tribunales de apelación se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución por la cual deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los dos presupuestos que la normativa legal prevé para la procedencia de la detención preventiva, en el entendido que ésta última determinación únicamente es válida cuando se han fundamentado los dos presupuestos de concurrencia, para cuya procedencia deberá existir: 1) El pedido fundamentado del fiscal o de la víctima aunque no se hubiere constituido en querellante; 2) La concurrencia de los requisitos referidos a la existencia de elementos de convicción suficientes para sostener que el imputado es, con probabilidad, autor o partícipe de un hecho punible y la existencia de elementos de convicción suficiente de que el imputado no se someterá al proceso u obstaculizará la averiguación de la verdad; circunstancias que deben ser verificadas y determinadas por el tribunal y estar imprescindiblemente expuestas en el auto que la disponga, por lo mismo, la falta de motivación por parte de los tribunales de alzada no podrá ser justificada con el argumento de haberse circunscrito a los puntos cuestionados de la resolución impugnada o que uno o varios de los presupuestos de concurrencia para la detención preventiva no fueron impugnados por la o las partes apelantes.

En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión de tribunales de alzada deben circunscribirse a los aspectos cuestionados de la resolución; lo que no implica, que estos se encuentren eximidos de la obligación de motivar y fundamentar la resolución, por la cual, deciden imponer la medida cautelar de detención preventiva, revocarla, sustituirla o disponer la cesación; quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé. En tal sentido, el tribunal de alzada al momento de conocer y resolver recursos de apelación de la resolución que disponga, modifique o rechace medidas cautelares o determine la cesación o rechace ese pedido, deberá precisar las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP. Cuando se trata de la protección del derecho a la libertad personal por medio del recurso de apelación de la medida cautelar, el análisis del tribunal de alzada, no puede reducirse a una mera formalidad, sino, debe examinar las razones invocadas por el recurrente y manifestarse expresamente sobre cada una de ellas, de acuerdo a los parámetros establecidos en el punto anterior, debiendo expresar fundadamente los motivos por los que considera que efectivamente se dan los riesgos procesales previstos por el art. 233 del CPP. En todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva; no siendo posible un rechazo sistemático de la solicitud de revisión, limitándose a invocar, por ejemplo, presunciones legales relativas al riesgo de fuga. El tribunal de apelación no puede limitarse a invocar presunciones legales relativas a los riesgos procesales o normas, que de una forma u otra, establecen la obligatoriedad del mantenimiento de la medida. Si a través del fundamento de la resolución, no se demuestra que la detención preventiva de la persona es necesaria y razonable, para el cumplimiento de sus fines legítimos, la misma deviene en arbitraria. En virtud a lo señalado, la fundamentación y motivación no exige que las resoluciones sean ampulosas, sino que contengan una explicación razonable de los motivos que llevaron a la autoridad judicial a decidir sobre la aplicación de una medida cautelar, en especial la detención preventiva; lo que implica que, se deberá razonar sobre el cumplimiento de los requisitos formales y materiales de legalidad, así como de los principios de proporcionalidad y razonabilidad, siempre que corresponda; aclarándose que, respecto a la proporcionalidad, cuando se analice la necesidad de la medida, no es menester que la autoridad judicial exponga las razones por las cuales se desestima cada una de las medidas sustitutivas previstas en el Código de Procedimiento Penal, sino que explique, por qué resulta indispensable su aplicación en mérito a los riesgos procesales existentes, a partir de la argumentación realizada por el Ministerio Público o la parte acusadora.

III.2. Análisis del caso concreto

La accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la defensa y al debido proceso en sus componentes de fundamentación y motivación; toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de conducción peligrosa de vehículos y uso indebido de bienes y servicios públicos, previstos y sancionados por los arts. 210 del CP y 26 de la Ley 004; el Vocal ahora demandado, mediante Auto de Vista 291/2023, declaró procedente el recurso de apelación incidental contra el Auto Interlocutorio 560/2023, disponiendo la inmediata aplicación de medidas cautelares, al considerar la existencia de indicios suficientes de participación en el hecho penal investigado; sin embargo, si bien dicho Auto de Vista contiene una fundamentación y motivación correcta, al haber considerado la probable participación conjunta de Juan José López Rocha y de la ahora demandante de tutela, se advirtió que la resolución es arbitraria, ya que esta última en ningún momento condujo el vehículo ni consumió bebidas alcohólicas conforme al test practicado, determinándose más bien que la procesada -ahora impetrante de tutela- es participe únicamente del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, sin establecer que su conducta se subsumía a los elementos constitutivos de dicho tipo penal. Asimismo, sostuvo que el argumento esencial asumido por la autoridad judicial ahora demandada se basó en lo manifestado por su defensa técnica durante la audiencia de apelación incidental, generando un agravio a su derecho a la defensa; sin embargo, lo expresado por su defensa no puede ser utilizado en su contra.

De la revisión de los antecedentes que cursan en el legajo constitucional, se verifica que dentro del proceso penal de referencia, conforme el Auto Interlocutorio 560/2023, el Juez de Instrucción Penal Séptimo de la Capital del departamento de Oruro declaró improcedente el Requerimiento Fiscal de detención preventiva solicitado por el Ministerio Público contra Mercedes Calle Canaza -ahora accionante-; en consecuencia, dispuso su libertad pura y simple, teniendo la obligación de presentarse a todos los actuados convocados por el Ministerio Público y el Órgano Judicial hasta la conclusión del proceso (Conclusión II.1). Posteriormente, dicha resolución fue apelada por el Ministerio Público, siendo resuelta por el Vocal de la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro -ahora demandado-, quien, mediante Auto de Vista 291/2023, declaró procedente el recurso de apelación incidental; y en consecuencia, dispuso la aplicación de medidas cautelares contra Mercedes Calle Canaza -ahora impetrante de tutela-, entre ellas, la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y ante el Juez de la causa, todos los días lunes a efectos de suscribir el libro de presentación o el marcado biométrico; el arraigo de la imputada -ahora solicitante de tutela- y la fianza personal a través de dos personas fiables y abonables en derecho, que debe ser admitida en audiencia ente el Juez de la causa, manteniendo la libertad provisional de la imputada -ahora accionada-; asimismo, declaró procedente en parte la apelación interpuesta por el imputado, Juan José López Rocha, dejando sin efecto el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; y, por último, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por la parte víctima, recomendando al Juez de la causa el deber de hacer cumplir las medidas cautelares dispuestas (Conclusión II.2). Precisada la problemática y revisados los antecedentes, se advierte que el impetrante de tutela identifica el Auto de Vista 291/2023, como el presunto acto vulnerador de sus derechos fundamentales, alegando que el Vocal ahora demandado emitió dicha Resolución con una fundamentación y motivación aparentemente correctas; sin embargo, al considerar la probable participación conjunta de Juan José López Rocha y de la ahora accionante, la resolución resulta ser arbitraria, ya que esta última en ningún momento condujo el vehículo ni consumió bebidas alcohólicas conforme al test practicado, estableciéndose más bien que el procesado -ahora demandante de tutela- es partícipe únicamente del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, sin establecer que su conducta se subsumía a los elementos constitutivos de dicho tipo penal. Asimismo, sostuvo que el argumento esencial asumido por el vocal ahora demandado se basó en lo manifestado por su defensa técnica durante la audiencia de apelación incidental, generando un agravio a su derecho a la defensa; sin embargo, lo expresado por su defensa no puede ser utilizado en su contra.

En ese sentido, a efectos de abordar la problemática planteada, corresponde desplegar los agravios expresados por el Ministerio Público en el recurso de apelación incidental interpuesto contra el Auto Interlocutorio 560/2023; así como, los fundamentos pronunciados por el Vocal ahora demandado en el Auto de Vista 291/2023, para posteriormente, evaluarlos y determinar si se encuentran dentro los cánones que exige una debida fundamentación y motivación. Respecto a los agravios expuestos por el Ministerio Público contra el Auto Interlocutorio 560/2023 de 7 de agosto, estos fueron los siguientes:

“…el Ministerio Publico, ha observado en la Resolución, que ha subido en revisión, ante su autoridad, es la parte referida a la ausencia de autoría o participación de la Sra. Mercedes Calle Canaza, que es también coimputada dentro del presente caso, a quien a través de la imputación formal se la atribuido la comisión también del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, contenidos el art. 226, mejor dicho en el art. 26, de la Ley N° 004, y esto sustentado en el siguiente argumento, la relación fáctica de los hechos establece que, durante el servicio que prestan los funcionarios policiales que forman parte de Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia, una patrulla sale de esta unidad para atender un caso, completamente esta patrulla conducida por Juan José López Rocha, que es acompañada de la Sra. Mercedes Calle Canaza, en este trayecto, desde el momento en que salen, hasta el momento en que ocurre un accidente de tránsito, producto del consumo de bebidas alcohólicas, esto aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, ambas personas, ambos funcionarios policiales, dependientes de esta unidad, permanecen juntos al interior del vehículo, es decir, transitan por varias arterias de la ciudad, conduciendo este motorizado que está al mando del Sr. Juan José López Rocha, producto de este accidente de tránsito que ocurra a estas horas, impacta contra otro vehículo particular que presta el servicio público de taxi, en el cual, se encuentran 2 ocupantes, los cuales resultan lesionados y en el interior del vehículo patrullero están los señores, Juan José López Rocha, en calidad de conductor, en su calidad de acompañante la Sra. Mercedes Calle Canaza y una otra persona que hasta el momento aún no ha sido todavía identificada, pero que está en proceso de investigación, que ocurre con la relación a la acompañante a la Sra. Mercedes Calle Canaza, ella sufre un golpe, una lesión, producto del impacto que ocurre en este accidente de tránsito, lo que, hace esta Sra., es salir del vehículo, existe un espacio de tiempo entre las 3:00 de la mañana y las 11:00, donde es encontrada en la clínica San Agustín, no sabemos dónde se ha dirigido durante ese tiempo, pero es aprehendida en esta unidad, producto de este, del proceso investigativo natural que se ha dado, sin embargo, el juez de instancia, entiende que no existe ningún grado de participación en esta persona y que no, existiría un error en atribuirle una responsabilidad penal a ella, sin embargo, aquel error no es cierto, como pasamos a demostrar de manera explicativa, ilustrativa, para que el tribunal y los asistentes también nos entiendan, el Auto Supremo N° 338, de 5 de abril del 2007, obliga a los tribunales en materia penal, a que puedan hacer uso de aquella herramienta, a tiempo de realizar la subsunción de la teoría del delito y señala, de que, esta de, está basada en la escuela finalista del delito y además deberá aplicarse la teoría del riesgo, que no dice la escuela finalista del delito, en cuanto a la acción sobre todo, indica que, es responsable de una conducta reprochable aquella persona que tiene la dirección, causal consiente del resultado y que en esta acción está involucrada lo que, se llama el camino del delito o el iter criminis, es decir, aquella persona que tiene una finalidad de realizar una determinada acción, se representa mentalmente, cual va ser el resultado y desde ahí regresa a los medios y finalmente decide ejecutar la acción.

En el caso que nos ocupa, la Sra. Mercedes Calle Canaza, funcionaria policial dependiente de la FELCV, sale en compañía de Juan José López Rocha, ambos funcionarios policiales, a bordo del vehículo motorizado, una patrulla que pertenece a esta unidad y deciden consumir bebidas alcohólicas, ahí está fabricándose lo que, es la acción dentro del ámbito penal, ellos saben y conocen como funcionarios policiales, que no se puede dar un uso distinto a una unidad vehicular, que esta, destinada a atender casos de violencia contra las mujeres, pero aun así, involucran su voluntad y deciden darle un fin particular, es decir por varias arterias de la ciudad, en consumo de bebidas alcohólicas, podrá decirse en esta audiencia que, a momento en que ha sido aprehendida la Sra. Mercedes Calle, no se le ha encontrado con o no se le ha encontrado con presencia de alcohol en la sangre, cierto, es cierto, sin embargo, si tomamos en cuenta lo que dice, la teoría final de la acción, en esta escuela al que está adscrita el Código Penal, encontrara que ella, en la posición en la que estaba, tenía la posibilidad de asumir otra conducta, si ella vio, que el Sr, Juan José López Rocha, consumía bebidas alcohólicas y conducía el motorizado, podía haber llamado o reportado esta situación a su jefe inmediato o al responsable de esta unidad, para que puedan recoger el vehículo, pero no lo hizo, existe una declaración de una persona que se ha entrevistado con ellos a las 10 de la noche, de nombre Fabiola Espinoza Canaviri, esta persona señala, que ella estaba, no estaba en servicio, también es funcionaria policial, pero no estaba en servicio y que se ha entrevistado con ambos, o sea con ambas personas, a bordo de este motorizado a las 10 de la noche, a la pregunta si los veía, con algún, alguna influencia de alguna bebida alcohólica, ella dice no he notado eso, ellos entiendo que estaban normal, no se les veía con ninguna alteración, pero que estaban juntos, entonces esta persona Mercedes Calle Canaza, si estaba a bordo de este motorizado, desde ese momento hasta el a momento en que ha ocurrido el accidente de tránsito, también ha estado presente, porque ella ha resultado con lesiones, producto del impacto, entonces no podría decirse, que ella no tiene ningún grado de participación o que no tiene responsabilidad alguna, en este, en el darle un uso distinto, al que estaba destinado esta unidad vehicular, puesto que ya tenido el dominio del escenario del hecho, y acá su autoridad, también deberá aplicar, lo que, es el criterio de la teoría del dominio del hecho, que nos señala, que también ingresa como calidad de autor y esto es asumido también por el art. 20 del Código Penal, aquella persona que coopera, necesariamente con la ejecución al hecho, porque si esta persona, conociendo de la situación de consumo de bebidas alcohólicas y que unidad vehicular estaba, siendo utilizada para otros fines, que no están establecidos por ley, podía haber denunciado, podía haber llamado a otra persona, para que pueda venir a recoger el vehículo y no lo hizo, de ahí es que el Ministerio Publico, asume la postura de que esta persona, también tiene responsabilidad penal.

Al margen de eso, también se estudia la posibilidad de poder calificar esta conducta, como nuevos hechos porque, o como nuevos delitos, puesto que, ha momento en que ha ocurrido el accidente de tránsito, no ha prestado el auxilio, a las personas que estaban lesionadas, omisión de socorro, no ha denunciado, que aquella unidad vehicular estaba siendo utilizada para otros fines, omisión de denuncia y que esta inconducta, que de por ya está reprochable, también ingresa en el ámbito penal, de ahí, que entendemos que el razonamiento expuesto por el juez de instancia, ha sido equivocada, no ha considerado aquellos aspectos que la doctrina y la teoría nos enseña para poder establecer, la responsabilidad o no, de una persona en un determinado hecho, al margen de ello no ha tenido el cuidado, ni la suficiente perspicacia, para poder establecer aquel nexo causal, utilizando alguna de las teorías que establece, entre la acción y el resultado, como la equivalencia de condiciones que, nos enseña que necesariamente uno colocándose en la posición en la que estaba ella, podía haber previsto que ocurra un accidente de tránsito y no lo hizo, decidió seguir adelante con aquella inconducta, este es el agravio que el Ministerio Publico, ha venido a denunciar en la Resolución, que ha sido cuestionada y que entendemos que el tribunal haciendo la reflexión necesaria, va poder determinar que si existe el hecho y que la persona, conocida con el nombre de Mercedes Calle Canaza, tiene responsabilidad y participación en el mismo, al margen de ello, una vez establecido a ello, entendemos que debe aplicarse necesariamente las medidas cautelares de carácter personal, que han sido solicitadas a través de la imputación formal, pendientes básicamente, asegurar la presencia de la misma durante el proceso de investigación, además de, garantizar la aplicación de la Ley y que la misma no sea burlada o vulnerada en ninguno de su aspectos, asegurando más allá de lo que, es la presunción de inocencia, o el debido proceso, también la tutela judicial efectiva y la eficacia de la persecución penal, que también corresponde a las víctimas, muchas gracias Sr. Magistrado…” (sic [fs. 28 vta. a 29 vta.]). Por su parte, el Vocal ahora demandado a través de Auto de Vista 291/2023 de 15 de agosto, resolvió declarando procedente el recurso de apelación incidental formulado por el Ministerio Público, disponiendo la aplicación de medidas cautelares contra Mercedes Calle Canaza -ahora accionante-, manteniendo su libertad provisional; asimismo, declaró procedente en parte la apelación interpuesta por el imputado, Juan José López Rocha, dejando sin efecto el riesgo procesal previsto por el art. 234.7 del CPP; y, por último, declaró procedente en parte el recurso de apelación incidental planteado por la parte víctima, recomendando al Juez de la causa el deber de hacer cumplir las medidas cautelares dispuestas, con base en los siguientes fundamentos:

“2°.- Consideramos que, en observancia del art. 398 del Código de Procedimiento Penal, el tribunal de apelación, solamente abre competencia en observancia de los agravios, en consecuencia, los demás aspectos no invocados en esta audiencia quedaran incólumes a los efectos de la presente resolución, de tal manera que, solamente por razones de pedagogía en la resolución que vamos a emitir, de modo individualizado, responderemos a las apelaciones interpuestas de la siguiente manera. Con relación a la apelación interpuesta por el Ministerio Público, respecto a que la imputada Mercedes Calle Canaza, hubiese estado junto con el co- imputado Juan José López Rocha, en el mismo vehículo que hubiesen. protagonizado el hecho, al respecto, los razonamientos expuestos por el Ministerio Público, son coherentes, en razón que, en el caso analizado, conforme al contexto de la imputación formal, se tiene que el imputado Juan José López Rocha, hubiese estado conduciendo un vehículo motorizado con Placa de Control 5273-FPD, perteneciente a la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), o sea un vehículo motorizado de la policía y que resultaría siendo funcionario policial y acompañado por la hoy imputada Mercedes Calle Canaza. Sobre este particular, entiende este tribunal de apelación, en sentido que, habría una probable participación conjunta en el hecho punible por parte de la referida imputada, en razón que, la fiscalía argumento los alcances del dominio del hecho, porque la referida imputada se encontraba en el escenario del hecho, independientemente de que no hubiese conducido el correspondiente vehículo motorizado en cuestión, empero, el art. 26 de la Ley N° 004, nos señala que: "La servidora pública o el servidor público que en beneficio propio o de un tercero otorgue un fin distinto al cual se hallaren destinados bienes, derechos o acciones pertenecientes al Estado o sus instituciones...etc." Al respecto, en este caso se trata de funcionarios policiales o públicos, que estaban en el interior del vehículo motorizado de la policía y con la consecuencia de que presumiblemente se hubiese consumido bebidas alcohólicas protagonizan el hecho delictuoso, desde esa perspectiva, hay aquella posibilidad de establecer la probable participación en el hecho punible. Independientemente que, el delito de conducción peligrosa no se vincule al mencionado delito motivo de análisis que durante la etapa preparatoria, se esclarecerá en uno o en otro sentido, empero, entiende este tribunal de apelación, por el delito mayor que se tiene o sea por una especie de concurso de delitos, en el caso analizado, razonablemente concurriría el art. 233 Núm. 1 del Código de Procedimiento Penal, respecto a la imputada Mercedes Calle Canaza, más allá de que en la alegación vertida por la defensa de la referida imputada, señaló expresamente en esta audiencia judicial, de que por el impacto que sufrió la imputada se hubiese acudido al centro hospitalario, si eso es así, entonces se confirma de que la referida imputada, se encontraba en el escenario del hecho punible, en consecuencia, en materia penal de etapa preparatoria, solamente se requiere indicios, entonces con la propia alegación de la defensa se confirma este extremo, por lo que, en los de la materia, reiteramos, concurre la probable participación en el hecho punible, conforme a la calificación legal, respecto a la referida imputada, por lo que corresponde viabilizar la apelación interpuesta…” (sic [fs. vta. a 8 y vta.]). Descritos los agravios del recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público y los fundamentos del Auto de Vista cuestionado a través de la presente acción de defensa; cabe señalar que, la jurisprudencia desarrollada en el Fundamento Jurídico III.1.1 de este fallo constitucional, estableció que los Tribunales de alzada a tiempo de resolver los recursos de apelación incidental vinculados a la aplicación, modificación o cesación de medidas cautelares, tienen la obligación de emitir sus resoluciones con la debida fundamentación y motivación como componentes del debido proceso, lo cual implica, que en el marco del art. 398 del CPP, su labor revisora debe circunscribirse a los agravios expresados por él o los recurrentes, resolviendo cada uno de éstos y explicando las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, quedando igualmente obligados a expresar la concurrencia de los presupuestos que la normativa legal prevé; en todo caso, el tribunal de apelación debe realizar una revisión integral del fallo del juez que impuso la medida cautelar, considerando los motivos de agravio que fundamenta el recurso de apelación, los argumentos de contrario, analizar y valorar fundadamente las pruebas que se traen a su consideración, para finalmente en su determinación, expresar las circunstancias concretas de la causa que le permiten presumir razonadamente la existencia de los riesgos procesales que justifican que se mantenga la detención preventiva, así como las que justifiquen la revocatoria, modificación o cesación de medidas cautelares; extremos que serán verificados a continuación en relación a las alegaciones efectuadas por el impetrante de tutela en la presente acción de defensa.

Motivo de vulneración planteado por el ahora accionante:

La ahora impetrante de tutela denuncia que, el Vocal ahora demandado emitió el Auto de Vista 291/2023, con una fundamentación y motivación aparentemente correctas; sin embargo, al considerar la probable participación conjunta de Juan José López Rocha y de la ahora solicitante de tutela, la resolución resulta ser arbitraria, ya que esta última en ningún momento condujo el vehículo ni consumió bebidas alcohólicas conforme al test practicado, estableciéndose más bien que la procesada -ahora accionante- es participe únicamente del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, sin establecer que su conducta se subsumía a los elementos constitutivos de dicho tipo penal. Asimismo, sostuvo que el argumento esencial asumido por la autoridad judicial ahora demandada se basó en lo manifestado por su defensa técnica durante la audiencia de apelación incidental, generando un agravio a su derecho a la defensa; sin embargo, lo expresado por su defensa no puede ser utilizado en su contra. Al respecto, de la revisión y análisis de antecedentes que cursan en el legajo constitucional (Conclusión II.3) se verificó que el Ministerio Público en la audiencia de apelación incidental de 15 de agosto de 2023, impugnando el Auto Interlocutorio 560/2023; señaló que, el Juez a quo entiende que no existiría ningún grado de autoría o participación de Mercedes Calle Canaza -ahora peticionante de tutela- en el hecho investigado, sosteniendo que existiría un error en atribuirle una responsabilidad penal a la coimputada -ahora impetrante de tutela-; sin embargo, la misma también debía ser considerada responsable del delito de uso indebido de bienes y servicios públicos, conforme al art. 26 de la Ley 004; toda vez que, según la relación fáctica, Mercedes Calle Canaza -ahora accionante- y Juan José López Rocha, ambos funcionarios policiales de la FELCV, durante el servicio que prestan salieron a bordo de un vehículo oficial de patrulla en horas de la noche, y durante su trayecto habrían consumido bebidas alcohólicas; es así que, aproximadamente a las 3:00 de la madrugada, el motorizado -conducido por Juan José López Rocha- colisionó con un taxi -vehículo particular-, ocasionando lesiones a los ocupantes; en ese entendido, se verificó que en el interior del vehículo de la FELCV se encontraban ambos funcionarios policiales y una tercera persona no identificada. Como resultado del accidente, la ahora demandante de tutela sufrió lesiones y fue posteriormente encontrada en la Clínica San Agustín horas más tarde, siendo aprehendida. En esa línea, el Ministerio Público argumentó que la Jueza de la causa incurrió en error al descartar su participación, pues de acuerdo con la teoría finalista del delito y la teoría del dominio del hecho, Mercedes Calle Canaza -ahora accionante- tuvo posibilidad de evitar el resultado al advertir el consumo de bebidas alcohólicas y el uso indebido del vehículo policial, pero no lo hizo ni reportó la situación a sus superiores; en consecuencia, su inacción la convierte en coautora del hecho, en aplicación del art. 20 del CP, al cooperar de manera necesaria con la ejecución del delito; asimismo, se planteó que su conducta podría constituir otros ilícitos -nuevos hechos-, como omisión de socorro y omisión de denuncia, dado que no asistió a las personas lesionadas ni denunció que aquella unidad vehicular estaba siendo utilizada para otros fines. En conclusión, el Ministerio Público sostuvo que el razonamiento de la Jueza a quo fue equivocado y no consideró correctamente los elementos doctrinales y probatorios para establecer la responsabilidad penal de una persona en un determinado hecho y no estableció el nexo causal entre la acción y el resultado como la equivalencia de condiciones, solicitando que se reconozca la responsabilidad y participación penal de Mercedes Calle Canaza -ahora accionante- y se apliquen las medidas cautelares personales solicitadas en la imputación formal, con el fin de garantizar la presencia de la imputada -ahora demandante de tutela- en el proceso penal y la aplicación de la Ley.

En respuesta, el Vocal ahora demandado, a través del Auto de Vista 291/2023, en aplicación del art. 398 del CPP, precisó que su competencia se limita a los agravios expuestos por las partes, quedando incólumes los demás aspectos no invocados; no obstante, por razones pedagógicas, se realizó un análisis individualizado de las apelaciones interpuestas; en ese entendido, respecto a la apelación del Ministerio Público, referida a la participación de Mercedes Calle Canaza -ahora accionante- en el hecho investigado, consideró que los razonamientos planteados por el apelante resultan ser coherentes; en ese entendido, de acuerdo con la imputación formal, Juan José López Rocha, conducía un vehículo policial perteneciente a la FELCV -acompañado por la ahora impetrante de tutela-; en ese contexto, se advirtió una probable participación conjunta en el hecho punible, dado que ambos funcionarios se encontraban en el escenario del hecho y habrían consumido bebidas alcohólicas; al respecto, el Vocal ahora demandado señaló que el art. 26 de la Ley 004, sanciona a los servidores públicos que otorguen un fin distinto a bienes del Estado; por lo que, la conducta atribuida a ambos funcionarios podría subsumirse en esa tipificación penal; asimismo, señaló que, aunque el delito de conducción peligrosa no se vincula directamente con el ilícito principal, la situación podría configurar un concurso de delitos, cuya determinación deberá establecerse en la etapa preparatoria; por último, tomando en cuenta que la propia defensa reconoció que la imputada resultó lesionada y fue trasladada a un centro médico, se corroboró su presencia en el lugar del hecho; en consecuencia, el Vocal ahora demandado concluyó que existen indicios suficientes de participación penal de Mercedes Calle Canaza -ahora accionante-; por lo que, corresponde viabilizar la apelación interpuesta por el Ministerio Público. Ahora bien, es preciso señalar que la consideración del primer requisito previsto por el art. 233.1 del CPP, debe responder a la existencia de evidencia física y material, que genere un mínimo de credibilidad, que permita al juez o tribunal inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva que se investiga; lo cual, impide que la autoridad judicial funde su determinación en conjeturas o presunciones, pues deben existir indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que el imputado participó en el hecho ilícito. En ese entendido, se verifica que el Vocal ahora demandado justificó los agravios del recurso de apelación incidental planteado por el Ministerio Público, circunscribiendo su resolución a los aspectos cuestionados del Auto Interlocutorio impugnado conforme el art. 398 del CPP; puesto que, de acuerdo a la imputación formal consideró coherente su planteamiento al advertir indicios de probable participación conjunta de Mercedes Calle Canaza -ahora accionante- y Juan José López Rocha en el hecho investigado; toda vez que, ambos en condición de funcionarios policiales, se encontraban a bordo de un vehículo oficial de la FELCV, el cual habría sido utilizado para fines distintos a los institucionales; en ese contexto, en aplicación del art. 26 de la Ley 004, el Vocal ahora demandado concluyó que la conducta desplegada podría configurar el delito de uso indebido de bienes y servicios público, confirmando la existencia de indicios suficientes de participación penal en el hecho investigado, independientemente de que el delito de conducción peligrosa de vehículos se vincule o no a la acción desplegada por la imputada -ahora accionante-, señalando que dicha situación debe ser dilucidada en etapa preparatoria; por ello, declaró procedente el recurso de apelación incidental interpuesto por el Ministerio Público disponiendo la aplicación de medidas cautelares personales -menos gravosas- manteniendo la libertad provisional de la imputada -ahora solicitante de tutela-. Por otra parte, si bien el Vocal ahora demandado destacó que la defensa de la coimputada -ahora accionante- reconoció que ésta acudió a un centro médico -Clínica San Agustín, según el Ministerio Público- a consecuencia del impacto que sufrió en el accidente, dicha circunstancia no constituyó el argumento central para sostener la existencia de indicios suficientes de participación penal. En efecto, la autoridad judicial ahora demandada justificó su decisión específicamente en la imputación formal y los elementos de convicción presentados oportunamente por el Ministerio Público, razón por la cual no se advierte vulneración alguna al derecho a la defensa de la imputada -ahora peticionante de tutela-. En ese entendido, del análisis del Auto de Vista 291/2023, no se advierte que el Vocal ahora demandado haya emitido una resolución con una fundamentación y motivación arbitraria o que vulnere su derecho a la defensa; por el contrario, se verificó que, de acuerdo a la imputación formal, existían indicios suficientes que permitieron suponer razonablemente la participación de la coimputada -ahora accionante- en el ilícito investigado; asimismo, se evidencia que la autoridad judicial ahora demandada precisó las razones y elementos de convicción que sustentan su decisión, expresando de manera fundamentada los motivos por los cuales consideró que efectivamente se acreditó el presupuesto de probabilidad de autoría o participación, conforme a lo desarrollado en los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.1.1 del presente fallo constitucional; por ello, corresponde denegar la tutela solicitada. En consecuencia, la Sala Constitucional al denegar la tutela solicitada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 85/2023 de 4 de septiembre, cursante de fs. 37 a 42, pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Oruro; y en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a lo desarrollado en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Amalia Laura Villca

MAGISTRADA

Notas al pie

también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

11 El párrafo 118, señala: “Por otro lado, la Corte destaca que la motivación de la decisión judicial es condición de posibilidad para garantizar el derecho de defensa. En efecto, la argumentación ofrecida por el juez debe mostrar claramente que han sido debidamente tomados en cuenta los argumentos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado rigurosamente, más aún en ámbitos en los que se comprometen derechos tan importantes como la libertad del procesado. Ello no ocurrió en el presente caso. La falta de motivación en las decisiones de la Jueza impidió que la defensa conociera las razones por la cuales las víctimas permanecían privadas de su libertad y dificultó su tarea de presentar nueva evidencia o argumentos con el fin de lograr la liberación o impugnar de mejor manera una prueba de cargo determinante”. 12El párrafo 107, indica: “El Tribunal recalca que son las autoridades nacionales las encargadas de valorar la pertinencia o no del mantenimiento de las medidas cautelares que emiten conforme a su propio ordenamiento. Al realizar esta tarea, las autoridades nacionales deben ofrecer la fundamentación suficiente que permita a los interesados conocer los motivos por los cuales se mantiene la restricción de la libertad (…)”. Del mismo modo, el párrafo 117, subraya: “De igual forma, ante cada solicitud de liberación del detenido, el juez tiene que motivar aunque sea en forma mínima las razones por las que considera que la prisión preventiva debe mantenerse (…)”.

revocar las medidas sustitutivas y aplicar la detención preventiva; expresando de manera motivada la concurrencia de los presupuestos jurídicos exigidos para su procedencia, no pudiendo ser justificada su omisión por los límites establecidos en el art. 398 del CPP”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1192_2025-S1.pdf · páginas 1 a 25.

Huella digital del PDF (SHA-256): 8fa82a1ac08b07e0d50cf0aa082cdb9ed9550e25abff8b40f87eda985908b703

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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