B.IA.LEGAL

SCP 1191/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025

Concede la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
Paola Verónica Prudencio Candia
Expediente
55341-2023-111-AL
Departamento
La Paz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso; toda vez que, el 13 de abril de 2023, de manera clara y precisa presentó denuncia ante la Fiscal de Materia -ahora demandada-, haciendo conocer qué; en el domicilio donde reside con su hijo y sobrinos menores de edad, concubino y hermana, fueron amenazados de muerte, con cuchillos en mano y palabras soeces que, al ser defendida, su pareja Wilfredo Chambi Calle, fue brutalmente golpeado. Empero, la autoridad demandada, habiendo transcurrido cinco días desde la presentación de su denuncia, -18 de abril de 2023-, observó ciertos requisitos formales, sin considerar el estado de violencia y el peligro de su vida, como la de su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 044/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional, disponiendo que, la Fiscal demandada en el día de ser notificada con la presente Resolución, promueva medidas de protección en favor de la accionante; salvo que, por el transcurrir del tiempo la misma ya se hubiera cumplido.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida
  2. III.2. Deberes reforzados del Estado, jueces y fiscales en la protección del derecho a la vida de mujeres madres
  3. III.3. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1191/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrada Relatora: Paola Verónica Prudencio Candia Acción de libertad Expediente: 55341-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 044/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Joaquín Álvaro Rondón en representación sin mandato de Melina Yesid Cuentas Sánchez contra Salomé Ramos López, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 18 de abril de 2023, cursante de fs. 35 a 37 vta., la accionante, por intermedio de su representante, expresó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 13 de abril de 2023, de manera clara y precisa presentó denuncia ante la Fiscal de Materia -ahora demandada-, haciendo conocer qué; en el domicilio donde reside con su hijo y sobrinos menores de edad, concubino y hermana, fueron amenazados de muerte, con cuchillos en mano y palabras soeces que, al ser defendida, su pareja Wilfredo Chambi Calle, fue brutalmente golpeado quedando con graves heridas en su rostro. De ese hecho, llegó a identificar a los autores siendo una familia de cuatro personas, Joaquín, Blanca, y Brandy, todos Salamanca Álvarez; y, Rosario Reyna Álvarez Barrientos. Empero, la autoridad demandada, habiendo transcurrido cinco días desde la presentación de su denuncia -18 de abril de 2023-, observó ciertos requisitos formales, sin considerar el estado de violencia y el peligro de su vida como la de su familia.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la vida y al debido proceso, sin citar las normas constitucionales que los contienen.

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) Se otorgue garantías de medidas de protección; y, b) La remisión a la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de abril de 20223, según consta en el acta cursante de fs. 45 a 48 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La accionante a través de su representante, en audiencia virtual, ratificó los argumentos expuestos en su demanda tutelar; y, ampliándolo, manifestó que: 1) La acción de libertad planteada deberá ser considerada en su modalidad innovativa para que, en lo futuro la autoridad demandada no vuelva a repetir la vulneración de derechos y garantías constitucionales; 2) En los niveles de la administración pública, no debería exigirse el cumplimiento de requisitos formales en los casos de violencia familiar; 3) El art 86.9 de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia -Ley 348 de 9 de marzo de 2013-, establece que, la falta de requisitos formales o materiales en el procedimiento, no deberá retrasar, entorpecer e impedir la restitución de los derechos vulnerados; 4) Acudió al Ministerio Público, en situación de violencia para que pueda ser auxiliada y protegida en la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos; sin embargo, dichas medidas no fueron realizadas por la referida autoridad; 5) El art. 7.14 de la citada Ley, establece que, la violencia institucional es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada que, retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido. En ese sentido, el memorial de denuncia formulada ante la Fiscal de Materia -ahora demandada- contenía todos los requisitos y formalidades de Ley; empero, fue observada bajo tres puntos; entre ellos, la descripción fáctica y clara de los hechos en los tipos penales que pretende su investigación, el grado del daño psicológico ocasionado; y, la prueba de elementos indiciarios que debió ser adjuntada a la denuncia; 6) La autoridad demandada, a casi una semana de haber presentado el memorial de denuncia, comunicó sobre la existencia de observaciones a dicha denuncia, cuando según a procedimiento debió tener una respuesta en el plazo de veinticuatro horas; 7) La Fiscal de Materia ahora demandada, indicó que el proceso ya cuenta con inicio de investigación; sin embargo, recién fue interoperado el 18 de abril de 2023, a horas 20:00, donde los juzgados no se encuentran abiertos para solicitar las medidas de protección, descritas en el art. 389 bis del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, 8) Solicitó se remitan antecedentes ante el Ministerio Público, para la apertura de un proceso penal contra la autoridad demandada por incumplimiento de deberes.

I.2.2. Informe de la demandada

Salomé Ramos López, Fiscal de Materia, a través de informe escrito presentado el 19 de abril de 2023, cursante a fs. 41 y vta., y en audiencia de garantías, señaló que: i) La ahora accionante interpuso denuncia contra Joaquín Salamanca Álvarez y otros, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica. Conforme al art. 55.II de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP), observó la denuncia mediante Resolución Fiscal de 14 de abril de 2023, otorgándole un plazo de 24 horas de su legal notificación; ii) Se suscitaron hechos de violencia en enero y en marzo; empero, la ahora impetrante de tutela, en su denuncia refirió de forma genérica la participación de los denunciados; iii) A efectos de realizar la calificación provisional del delito, solicitó aclaración referente al grado de parentesco que tuvieran con la accionante, conforme al art. 272 bis.3 del Código Penal (CP); iv) El 18 del mismo mes y año, la impetrante de tutela presentó memorial de subsanación dentro del plazo correspondiente y ante ello, comunicó el inicio de investigaciones al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y Violencia hacia la Mujer Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, encontrándose bajo la dirección funcional de la Fiscal de Materia, Godelia Vásquez Almuguer; v) No vulneró ningún derecho y garantía constitucional de la ahora accionante, solo cumplió con sus funciones en el marco de los arts. 5 y 55.II de la LOMP; asimismo, no se advirtió que la vida de la solicitante de tutela esté en peligro; y, vi) Solicitó se deniegue la tutela.

I.2.3. Resolución

El Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Juez de garantías, mediante Resolución 044/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., denegó la tutela solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) La acción de libertad es un mecanismo de protección constitucional extraordinario de carácter preventivo, correctivo, reparador, instituido para proteger de forma inmediata y efectiva los derechos fundamentales de la libertad física como de locomoción en casos de detenciones, persecuciones, apresamientos, procesamientos ilegales o indebidos, sean estos por parte de servidores públicos o personas particulares, extendiendo su margen de protección hacia la vida cuando ésta se encuentre en peligro. Empero, en caso de existir medios procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos que deberán ser utilizados previamente por los afectados; b) El art. 55.II de la LOMP, establece que: “ Las y los Fiscales podrán desestimar denuncias escritas, querellas e informes policiales de acción directa en las que el hecho sea atípico, de persecución penal privada, no cumpla requisitos legales pertinentes, no exista una relación fáctica clara o no existan los elementos necesarios para tomar una decisión, en estos tres últimos casos se otorgará el plazo de 24 horas para subsanarla bajo alternativa de tenerla por no presentada”; c) La Fiscal de Materia ahora demandada, haciendo uso de las facultades otorgadas por la Ley Orgánica del Ministerio Público, precisó observaciones en la denuncia planteada por la ahora accionante, mismas que fueron subsanadas; d) La denuncia fue admitida por la autoridad demandada asumiendo medidas correspondientes conforme a normativa y procedimiento; e) La acción de libertad no puede ser utilizada de forma indiscriminada a efectos de pretender restituir derechos supuestamente vulnerados cuando existen otros mecanismos intraprocesales; y, f) En audiencia refirieron que tienen personas bajo la perspectiva de género y que deben ser protegidas por el Estado; empero, no necesariamente las autoridades jurisdiccionales deben otorgar la tutela. La jurisdicción constitucional deberá analizar estos aspectos a efecto de determinar si efectivamente a través de la acción de libertad pueda concederse la tutela.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Mediante memorial de abril de 2023 -no determina el día-, dirigido al Ministerio Público, la impetrante de tutela presentó denuncia contra Joaquín Salamanca Álvarez, Rosario Reyna Álvarez Barrientos; Brandy y Blanca Salamanca Álvarez, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, adjuntado Informe Psicológico CITE: PSI/S-118/ 013-F/2023 y fotografías impresas (fs. 3 a 34). II.2. Cursa Resolución Fiscal de 14 de abril de 2023, signada con el Código Único de Denuncia (CUD) 201103012302947, la Fiscal de Materia ahora demandada, observó la denuncia planteada por Melina Yesid Cuentas Sánchez -ahora accionante-, otorgándole un plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, para su subsanación bajo los parámetros contenidos en los art. 285 y 290 del CPP (fs. 2). II.3. Por memorial de 18 de abril de 2023, dirigido al Juez de turno, la autoridad demandada comunicó el inicio de investigaciones respecto al proceso penal seguido por la ahora solicitante de tutela contra los referidos denunciados, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (fs. 42). II.4. Consta formulario del estado del caso con CUD 201103012302947, impreso el 19 de abril de 2003, en el que consta la denuncia presentada por la accionante -de 13 del mismo mes y año-, el cual fue observada por la Fiscal de Materia – ahora demandada- y notificado a su abogado mediante ciudadanía digital el 18 de igual mes y año, misma que fue subsanada en el día; y, ante ello, comunicó el inicio de investigaciones al Juez de turno (fs. 43 a 44 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La accionante a través de su representante denuncia la vulneración de sus derechos a la vida y al debido proceso; toda vez que, el 13 de abril de 2023, de manera clara y precisa presentó denuncia ante la Fiscal de Materia -ahora demandada-, haciendo conocer qué; en el domicilio donde reside con su hijo y sobrinos menores de edad, concubino y hermana, fueron amenazados de muerte, con cuchillos en mano y palabras soeces que, al ser defendida, su pareja Wilfredo Chambi Calle, fue brutalmente golpeado. Empero, la autoridad demandada, habiendo transcurrido cinco días desde la presentación de su denuncia, -18 de abril de 2023-, observó ciertos requisitos formales, sin considerar el estado de violencia y el peligro de su vida, como la de su familia. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. Sobre la finalidad de las medidas de protección como instrumento para la materialización del derecho a la vida

La SCP O625/2025-S3 de 26 de junio, señaló que:

III.1.1. El derecho a la vida como presupuesto para el ejercicio de los demás derechos y el rol del Estado en su protección

Como ya señaló amplia jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera uniforme, respecto a la tutela del derecho a la vida vía la acción de libertad, su protección puede ser solicitada de manera directa, sin la necesidad o exigencia de agotar la vía jurisdiccional ordinaria; y, aun cuando no existe vinculación con el derecho a la libertad (SC 0589/2011-R de 3 de mayo, por mencionar alguna).

En tal contexto, la Constitución Política del Estado, en su art. 15.I, consagra como el primero de los derechos fundamentales el derecho a la vida, señalando que: “Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y sexual…” (el resaltado es ilustrativo). (…)

Los deberes estatales para garantizar el derecho a la vida incluyen aquellos de actuación como la prevención que obliga a que los Estados miembros de la CADH; y a todos sus agentes (incluidos Jueces y Fiscales) para que adopten todas aquellas medidas de carácter jurídico, político, administrativo y cultural.

III.1.2. La escalada de la violencia física como amenaza directa a la vida

Es un hecho empírico y criminológicamente verificable que los atentados contra la vida de las mujeres, tipificados como feminicidios, no suelen ser actos espontáneos o aislados. Por el contrario, representan la culminación letal de un continuo de violencia sistemática y progresiva. Sostener que un feminicidio fue un “hecho aislado” es desconocer la dinámica de la violencia de género, la cual opera en una espiral ascendente de agresión y control.

(…) Lo antedicho evidencia que cada acto de violencia física denunciado debe ser visto por los operadores de justicia como una etapa de ese ciclo, cuya escalada debe evitarse considerando factores como la gravedad de la violencia, si existe repetición; y, tomando en cuenta que cada repetición avanza y puede llevar a un desenlace letal. Por tal razón, si bien la primera denuncia de violencia puede considerarse una alerta temprana; sin embargo, cuando el ciclo se reproduce y escala, se traduce en una amenaza directa y previsible contra el derecho a la vida. La existencia de denuncias previas no es solo un dato estadístico, es la prueba de que la víctima buscó ayuda y de que el Estado tuvo la oportunidad de intervenir. Por tanto, la obligación de imponer medidas de protección eficaces y oportunas es el deber más fundamental para interrumpir dicho ciclo y evitar una muerte previsible.

III.1.3. La finalidad y naturaleza de las medidas de protección para interrumpir la escalada letal

Ante la realidad estadísticamente demostrada de que el feminicidio es la culminación de un ciclo de violencia preexistente, el Estado ha dispuesto de instrumentos normativos cuya finalidad es precisamente interrumpir dicha escalada. El mecanismo más importante es el de las medidas de protección, establecidas en la Ley 348.

Al respecto, la SCP 0443/2023-S2 de 1 de junio, sostuvo que: “Sobre la finalidad de las medidas de protección en su art. 32, indica lo siguiente:

‘I. Las medidas de protección tienen por objeto interrumpir e impedir un hecho de violencia contra las mujeres, o garantizar, en caso de que éste se haya consumado, que se realice la investigación, procesamiento y sanción correspondiente.

II. Las medidas de protección son de aplicación

inmediata, que impone la autoridad competente para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, derechos patrimoniales, económicos y laborales de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes’.

Por otra parte, el art. 61.1 del referido cuerpo legal, respecto a la obligación del Ministerio Público de hacer cumplir estas medidas de protección, señala: ‘Además de las atribuciones comunes que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público, las y los Fiscales de Materia que ejerzan la acción penal pública en casos de violencia hacia las mujeres, deberán adoptar en el ejercicio de sus funciones las siguientes medidas:

1. Adopción de las medidas de protección que sean necesarias, a fin de garantizar a la mujer en situación de violencia la máxima protección y seguridad, así como a sus hijas e hijos, pedir a la autoridad jurisdiccional su homologación y las medidas cautelares previstas por Ley, cuando el hecho constituya delito’.

En efecto, las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor” (las negrillas y el subrayado fueron añadidos).

Así también respecto al tema, la SCP 0295/2023-S1 de 24 de abril sostuvo que: “…la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres determinó: Artículo 389. (APLICACIÓN).

I. Cuando se trate de delitos vinculados a las distintas formas de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres, se aplicarán las medidas de protección especial establecidas en los siguientes Artículos, a fin de evitar que el hecho produzca mayores consecuencias, que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle el auxilio y protección indispensable en resguardo de su integridad.

Por lo expresado, es evidente que las medidas de protección tienen por objeto neutralizar o minimizar los efectos nocivos de la violencia ejercida por la persona denunciada, permitiendo a la víctima el normal desarrollo de sus actividades, asegurando su integridad física…” (las negrillas y subrayado nos corresponden). (…)

III.2. Deberes reforzados del Estado, jueces y fiscales en la protección del derecho a la vida de mujeres madres

La SCP O625/2025-S3 de 26 de junio, refirió que:

III.2.1. La posición de garante del Estado y la debida diligencia reforzada

El Estado Plurinacional de Bolivia, al declarar en el art. 15.I de la CPE, que la vida es inviolable, no asume un rol de mero espectador, sino que se posiciona como el principal garante de este derecho. Esta “posición de garante”, como ha sido desarrollada por la jurisprudencia y se tiene brevemente descrito en el acápite anterior, implica una obligación activa de proteger a las personas de riesgos ciertos y previsibles -objetivamente demostrados- para su vida e integridad.

En casos de violencia física en escalada contra las mujeres, esta obligación se intensifica. La jurisprudencia de este Tribunal, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, ha establecido que el Estado debe actuar con una “debida diligencia reforzada”. Esto significa que, ante la denuncia de un hecho de violencia, todas las autoridades estatales tienen el deber ineludible de actuar con la máxima celeridad y eficacia para prevenir daños mayores. La inacción, la demora o la indiferencia del aparato estatal ante una solicitud de protección constituye una vulneración de esta obligación y puede acarrear su responsabilidad. (…)

III.2.2. Obligaciones específicas de fiscales y jueces

Esta obligación general del Estado se materializa en deberes concretos para los operadores de justicia que tienen el primer contacto con la víctima, quienes deben actuar conforme a los principios establecidos en el art. 4 de la Ley 348, entre ellos, el de "Celeridad", que obliga a una "atención y tramitación ágil, oportuna y sin dilaciones".

a) Fiscales (Ministerio Público): Como directores de la investigación y defensores de los intereses de la sociedad, conforme al art. 39 de la Ley 348, los fiscales tienen el deber de solicitar y disponer de oficio y de manera inmediata las medidas de protección que correspondan a la autoridad jurisdiccional. Su análisis debe basarse en la evaluación del riesgo para la víctima y no en un análisis sobre la culpabilidad del agresor. Asimismo, por su naturaleza preventiva, no requieren de la existencia de una sentencia condenatoria, ni siquiera de una imputación formal; sino que, pueden ser dispuestas sobre la base de la denuncia y la existencia de elementos que objetivamente evidencien una situación de riesgo para la mujer. (…)

III.2.3. El deber amplificado frente a la protección de mujeres madres y el interés superior del niño; y, factores a tomarse en cuenta para la imposición de las medidas de protección

Cuando la mujer víctima de violencia es madre y tiene bajo su dependencia a hijos menores de edad, las obligaciones del Estado se ven doblemente amplificadas. Pues conforme al art. 60 de la CPE es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia. En este contexto, debe considerarse que la protección a la mujer víctima de violencia, cuando ésta es madre, conlleva implícitamente la protección de sus hijos e hijas, pues el bienestar y la seguridad de los menores de edad se encuentran indisolublemente ligados a la seguridad y estabilidad de su progenitora.

En consecuencia, al evaluar una solicitud de medidas de protección, la autoridad debe fundamentar su decisión no en meras subjetividades, sino en un análisis objetivo del nivel de riesgo, para lo cual valorará factores concretos como los siguientes: 1) Naturaleza y severidad de la Violencia; es decir la gravedad de los actos reportados; 2) Frecuencia y Escalada de la Violencia: Determinar si es un hecho aislado o parte de un patrón repetitivo. Un indicador clave de riesgo es si la violencia ha aumentado en frecuencia o en severidad con el tiempo; 3) Existencia de Amenazas (Especialmente Letales); 4) Uso o Tenencia de Armas: Verificar si el denunciado tiene acceso a armas de fuego, armas blancas u otros objetos que puedan ser utilizados para infligir un daño grave; 5) Factores de Vulnerabilidad Adicionales: Dependencia Económica de la víctima, presencia de hijas e hijos menores de edad quienes también son víctimas directas o indirectas del ciclo de violencia; y, 6) Condición de Discapacidad o enfermedad de la víctima. (…)

III.3. Análisis del caso concreto

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se constató que: La impetrante de tutela mediante memorial de abril de 2023, -no se determina día-, presentó denuncia contra Joaquín, Blanca y Brandy, todos de apellidos Salamanca Álvarez; y, Rosario Reyna Álvarez Barrientos, ante la Fiscal de Materia -ahora demandada-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica (Conclusión II.1). Ante ello, mediante Resolución Fiscal de 14 de abril de 2023, la autoridad fiscal observó dicha denuncia, otorgando un plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, para su subsanación (Conclusión II.2). Consta formulario del estado del caso con CUD 201103012302947, de 19 de ese mes y año, en el que consta la denuncia presentada por la accionante -de 13 del mismo mes y año-, observada y notificada a su abogado mediante ciudadanía digital el 18 de igual mes y año, logrando subsanar las observaciones en el día; por lo que, comunicó el inicio de investigaciones ante el Juez de turno (Conclusiones II.3 y II.4).

En ese contexto, contrastada la problemática identificada con la prueba presentada a la instancia constitucional; este Tribunal entiende que, la impetrante de tutela presenta esta acción tutelar reclamando sustancialmente que la Fiscal de Materia -ahora demandada-, observó su denuncia, disponiendo incorrectamente corregir aspectos y presupuestos formales que, posteriormente, necesariamente tuvo que subsanar. Asimismo, puso a su conocimiento que los denunciados, en el domicilio donde reside con su hijo y sobrinos menores de edad, concubino y hermana, los agredieron físicamente y amenazaron de muerte, con cuchillos en mano y palabras soeces. Por lo que estima que, la nombrada autoridad fiscal incumplió su deber de brindar una protección oportuna e inmediata de sus derechos.

En función a dichos antecedentes y en el entendido que las medidas de protección en casos de violencia familiar o doméstica tienen el fin de paralizar la misma, resguardando principalmente la vida de la mujer; y, en el supuesto que, no hubieran sido dispuestas de manera inmediata o que no fueron efectivizadas, resulta permisible que la justiciable acuda a la vía constitucional, conforme se tiene del Fundamento Jurídico III.1 del presente fallo constitucional; en razón a que, éstas buscan salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres en situación de violencia y los de sus dependientes; es así que, en consonancia a lo establecido corresponde dilucidar la problemática identificada.

Ahora bien, es evidente que la impetrante de tutela mediante memorial de 13 de abril del 2023, presentó una denuncia contra Joaquín, Blanca, y Brandy, todos de apellidos Salamanca Álvarez; y, Rosario Reyna Álvarez Barrientos, ante la Fiscal de Materia -ahora demandada-, por la presunta comisión del delito de violencia familiar o doméstica, adjuntando al efecto fotografías de los hechos denunciados (fs. 3 a 17). Ante ello, mediante Resolución de 14 de igual mes y año, dicha autoridad observó la denuncia presentada, otorgando un plazo de veinticuatro horas a partir de su legal notificación, para su subsanación. Resolución que le fue notificada a su abogado defensor, mediante ciudadanía digital el 18 del mismo mes y año, logrando subsanar las observaciones en el día; sin embargo, hasta la fecha de la presentación de esta acción de libertad que data del 18 de igual mes y año, transcurrieron cinco días, que recién hubiese admitido la demanda, omitiendo considerar lo establecido por el Fundamento Jurídico III.1 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, que señala, que las medidas de protección son preventivas y aplicadas según la necesidad, para garantizar la protección de las mujeres en situación de violencia, y por la importancia que estas revisten, son de atención inmediata con el fin de evitar la reiteración de la violencia mientras se investigue, procese y sancione al agresor.

En tal circunstancia se hace evidente que la Fiscal de Materia demandada, omitió su deber general de actuar con la debida diligencia ante un hecho donde la vida se encuentre comprometida; cuando era su obligación adoptar las medidas pertinentes de carácter jurídico; a fin de prevenir, interrumpir e impedir que la violencia física escale hasta arriesgar la vida, conforme se encuentra plasmado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional. En ese orden debió solicitar de oficio y de manera inmediata las medidas de protección, evaluando el riesgo para la víctima. Asimismo, por su naturaleza preventiva no requería la existencia de una sentencia condenatoria, ni siquiera de una imputación formal; sino que, pueden ser dispuestas sobre la base de la denuncia y la existencia de elementos que objetivamente evidencien una situación de riesgo para la mujer, según se tiene descrito en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional; por lo que, amerita la concesión de la tutela. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 044/2023 de 19 de abril, cursante de fs. 49 a 51 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Anticorrupción Segundo de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela impetrada, en el marco de lo expuesto en este fallo constitucional, disponiendo que, la Fiscal demandada en el día de ser notificada con la presente Resolución, promueva medidas de protección en favor de la accionante; salvo que, por el transcurrir del tiempo la misma ya se hubiera cumplido. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1191_2025-S3.pdf · páginas 1 a 12.

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