Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025
Concede la tutela
Los accionantes por medio de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad, por cuanto en el proceso penal seguido en su contra por el delito de robo agravado, estando detenidos de manera preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 3 de febrero de 2023, solicitaron a la autoridad demandada emita la resolución conclusiva a su favor, toda vez que pusieron en su conocimiento el acuerdo transaccional que suscribieron con la supuesta víctima, razón por la cual consideran que no existiría una razón por para que el proceso penal continúe y estén detenidos preventivamente; sin embargo, a pesar del decreto de seis de febrero que estableció que pasaría a despacho a objeto de que se emita la resolución correspondiente, hasta la presentación de la acción de libertad, la Fiscal de Materia no emitió la resolución conclusiva correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 89/2023 de 26 de febrero, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Wendy Shirley Gómez Lanza, Fiscal de Materia del departamento de La Paz; y,
2° Disponer que, en el plazo máximo de veinticuatro horas, una vez se notifique la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada se pronuncie y emita la determinación correspondiente respecto a lo dispuesto por la autoridad mediante decreto de 6 de febrero de 2023, salvo que ya se haya pronunciado al respecto.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1189/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55344-2023-111-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 89/2023, de 26 de febrero, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Evelin Patricia Cossio Marquez en representación sin mandato de Michael José Orihuela Pedreros, Juan Carlos Deheza Jauregui y Cristian Ángel Turpo Tapia contra Wendy Shirley Gómez Lanza, Fiscal de Materia del departamento de La Paz
Por memorial presentado el 25 de febrero de 2023, cursante de fs. 27 a 29 vta., los accionantes a través de su representante, manifestaron que:
Dentro del proceso penal seguido por Ministerio Público a denuncia de Daniel Matías Zeballos Barreto en su contra, por la presunta comisión del delito de robo agravado, el 31 de enero de 2023, se llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, quien determinó su detención preventiva en el Centro Penitenciario San Pedro de La Paz por el periodo de tres meses, empero el 3 de “enero” de 2023 -siendo lo correcto 3 de febrero- realizaron un acuerdo transaccional con la víctima, y en consecuencia al no existir razón alguna para que el proceso penal continúe y por ende su detención preventiva, hicieron conocer el mencionado acuerdo transaccional al Juez, a objeto de que la Fiscal de materia emita la Resolución Conclusiva. A raíz de lo solicitado, mediante providencia de 6 de febrero de 2023, se dispuso que lo solicitado sea de conocimiento del Fiscal a efectos de su pronunciamiento, y que una vez que se cuente con el mismo ingrese el expediente a despacho con la finalidad de que emita la respectiva Resolución; sin embargo, desde la emisión de la mencionada providencia hasta la interposición de la acción de libertad, la demandada no emitió ninguna resolución.
Los accionantes a través de su representante sin mandato denunciaron la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad, citando al efecto los arts. 21.7, 22, 23.1 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicitaron se conceda la tutela, disponiendo que: la Fiscal de Materia del departamento de La Paz -demandada-, en el plazo de veinticuatro horas emita resolución conclusiva del acuerdo transaccional en su favor, disponiendo su inmediata libertad.
Celebrada la audiencia virtual el 26 de febrero de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 32 a 34, se produjeron los siguientes actuados:
Los accionantes a través de su representante ratificaron el contenido de su memorial de acción de libertad y, ampliándola manifestaron que: a) El 29 de enero de 2023, ante la denuncia realizada por Daniel Matías Zeballos por el supuesto robo de un celular y una billetera con tarjetas de crédito en su interior, fueron aprehendidos y golpeados brutalmente al interior de la Discoteca Dalas ubicada en la Avenida de las Américas, Zona de Villa Fátima, para posteriormente ser remitidos a celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC); b) Luego de haber arribado a un acuerdo transaccional con la víctima, no existe razón alguna para que el proceso investigativo continúe, toda vez que ya existió una reparación del daño y más aún porque se trata del delito de robo agravado, en la que la víctima el 3 de febrero de 2023, presentó desistimiento, ;sin embargo, incluso hasta la fecha de interposición de la acción de libertad la autoridad demandada no emitió la Resolución Conclusiva; y, c) La documental referida a la conciliación y el desistimiento fueron presentadas ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, quien mediante providencia de 6 de febrero de 2023, estableció que el memorial se ponga en conocimiento de la representante del Ministerio Público a objeto de que emita su pronunciamiento; sin embargo, desde el 6 de febrero de 2023, hasta la interposición de la acción de libertad la autoridad demandada no se pronunció al respecto.
Wendy Shirley Gómez Lanza, Fiscal de Materia, del departamento de La Paz, en audiencia de garantías manifestó que: 1) En el caso particular, no se agotó el principio de subsidiariedad, toda vez que, los impetrantes de tutela debieron acudir al Juez contralor de garantías de su causa; es decir, al Juez de Instrucción Penal cautelar Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a efectos de que en la vía del control jurisdiccional solicite a su persona un informe de las razones por las cuales no habría emitido la Resolución que los impetrantes de tutela consideran corresponde sea emitida; y, 2) Si bien es cierto que se le notificó con un decreto de 6 de febrero de 2023, para que se manifieste con relación al desistimiento y acta de conciliación, es también evidente que no existe un plazo que la autoridad jurisdiccional hubiere dispuesto para dicho fin, razón por la cual no se agotó el principio de subsidiariedad.
La Juez de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz, constituido en Jueza de garantías, mediante Resolución 89/2023, de 26 de febrero, cursante de fs. 35 a 38, denegó la tutela. Determinación asumida con base en los siguientes fundamentos: i) La parte accionante si bien señaló que realizo su reclamo respecto a lo solicitado; sin embargo, no demostró dicho extremo toda vez que, hace referencia a un memorial por el cual puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional el acuerdo transaccional, sin considerar que lo manifestado debe ser de conocimiento de la Fiscal de Materia; y que al respecto, no puso en conocimiento del Juez de garantías algún otro reclamo sobre el incumplimiento de los plazos procesales o el actuar de la Fiscal de Materia; y, ii) Respecto a la solicitud de la libertad inmediata de los impetrantes de tutela, la misma no puede ser atendida, toda vez que cuentan con un proceso penal, que tiene un Juez a cargo del Control Jurisdiccional, ante el cual pueden hacer valer sus derechos y resolver cualquier requerimiento que presente la Fiscal.
De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público contra los impetrantes de tutela por el delito de robo agravado, el 3 de febrero de 2023, Daniel Matías Zeballos Barreto mediante memorial dirigido al Juez de Instrucción Cautelar Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, hizo conocer el acuerdo de conciliación suscrito entre partes, planteando el desistimiento de la acción penal. A raíz de ello, la autoridad jurisdiccional emitió el decreto de 6 de febrero de 2023, por el cual puso en conocimiento del Ministerio Público el memorial referido a objeto de que se pronuncie al respecto (fs. 3 a 4). II.2. Mediante memorial de 3 de febrero de 2023, presentado ante el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, Michael José Orihuela Pedreros, Juan Carlos Deheza Jáuregui, y Cristian Angel Turpo Tapia -accionantes-, en calidad de denunciados dentro del proceso penal seguido en su contra, con CUD 20112012300692, por la presunta comisión del delito de robo agravado, solicitan día y hora de audiencia de consideración del acuerdo conciliatorio suscrito entre partes (fs.6 y vta.). II.3. A raíz del memorial de 3 de febrero de 2023, presentado por los impetrantes de tutela, el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a través de providencia de 6 de febrero de 2023, dispuso que el memorial de 3 de febrero de 2023, presentado por los denunciados se ponga en conocimiento del representante del Ministerio Público a objeto de que se emita pronunciamiento respecto al acuerdo de conciliación suscrito (fs. 7). II.4. Cursan, mandamientos de detención preventiva para Cristian Ángel Turpo Tapia, Michael José Orihuela Pedreros y Juan Carlos Deheza Jauregui, emitidos por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz dentro del Proceso Penal seguido por el Ministerio Público en su contra por el delito de robo agravado (fs. 11 a 13). II.5. Mediante memorial de 30 de enero de 2023, el Fiscal de Materia informó al Juez de la causa el inicio de investigación, presentando Resolución de Imputación Formal, dentro del proceso penal que sigue el Ministerio Público a instancia de Daniel Matías Zeballos Barreto contra Michael José Orihuela Pedrero, Juan Carlos Deheza Jáuregui y Cristian Ángel Turpo Tapia -ahora accionantes-, con CUD 201102012300692, por la presunta comisión del delito de robo agravado, tipificado en el art. 332.2 del Código Penal (CP), requiriendo su detención preventiva por tres meses (fs. 14 a 26).
Los accionantes por medio de su representante, denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad, por cuanto en el proceso penal seguido en su contra por el delito de robo agravado, estando detenidos de manera preventiva en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, el 3 de febrero de 2023, solicitaron a la autoridad demandada emita la resolución conclusiva a su favor, toda vez que pusieron en su conocimiento el acuerdo transaccional que suscribieron con la supuesta víctima, razón por la cual consideran que no existiría una razón por para que el proceso penal continúe y estén detenidos preventivamente; sin embargo, a pesar del decreto de seis de febrero que estableció que pasaría a despacho a objeto de que se emita la resolución correspondiente, hasta la presentación de la acción de libertad, la Fiscal de Materia no emitió la resolución conclusiva correspondiente. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
La jurisprudencia constitucional de este Tribunal se ha pronunciado sobre las distintas modalidades de la acción de libertad y ha desarrollado una línea jurisprudencial en cuanto a su ámbito de protección y alcance. Así la SC 1579/2004-R de 1 de octubre se pronunció sobre sus diferentes modalidades refiriéndose al hábeas corpus -ahora acción de libertad- reparador cuando se trata de lesiones ya consumadas, preventivo para impedir una lesión a producirse y correctivo, cuando se intenta evitar el agravamiento de las condiciones de privación de libertad de una persona detenida. Posteriormente, la SC 0044/2010-R de 20 de abril, incorporó otras modalidades protectivas haciendo alusión al hábeas corpus restringido, al instructivo y al traslativo o de pronto despacho, respecto de este último precisó que a través de su ámbito de protección “…lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”. Bajo ese razonamiento, la jurisprudencia constitucional desarrollada en la SC 0224/2004-R de 16 de febrero, entre otras, ha sido uniforme al 1El FJ III.1, señala: “Del texto constitucional y legal referidos, se extrae que en el sentido de la Constitución, el recurso de hábeas corpus por violaciones a la libertad individual y /o locomoción, puede ser reparador si ataca una lesión ya consumada, preventivo si procura impedir una lesión a producirse o correctivo si intenta evitar que se agraven las condiciones en que se mantiene a una persona detenida”. 2El FJ III.5, establece: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad. Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE, emerge directamente del art. 89 de la LTC, que establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen “…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…”, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R),o cuando existieron notificaciones ilegales con las resoluciones de medidas cautelares que lesionan el derecho a la defensa, concretamente el derecho a recurrir, impidiendo que el tribunal superior revise la resolución del inferior (SC 826/2004-R)…”. 3 La citada Sentencia expresó que: “‘…toda autoridad que conozca de una solicitud en la que se encuentre involucrado el derecho a la libertad física, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible, o cuando menos dentro de los plazos razonables, pues de no hacerlo podría provocar una restricción indebida del citado derecho, lo que no significa, que siempre tendrá que otorgar o dar curso a la solicitud en forma positiva, pues esto dependerá de las circunstancias y las pruebas que se aporten en cada caso, dado que se reitera la lesión del derecho a la libertad física, está en la demora o dilación indebida disponer que toda autoridad sea judicial o administrativa que conozca una solicitud que incida en el derecho a la libertad física de quien se halle privado de su ejercicio, tiene el deber de tramitarla con la mayor celeridad posible; por cuanto, la lesión de este derecho está en la demora o dilación indebida al resolver o atender una solicitud para la definición jurídica de los derechos del imputado o imputada, lo que no significa que deba dar curso a la solicitud en forma positiva; ya que, el resultado dependerá de las circunstancias del caso y la valoración jurídica que realice la autoridad conforme a la normativa aplicable; por cuanto, la lesión del derecho a la libertad física está en la demora o dilación indebida, al resolver o atender una solicitud; que más bien, debería ser efectuada con la debida celeridad.
Los impetrantes de tutela denuncian la lesión de sus derechos a la libertad y a la dignidad, toda vez que, en la causa penal que le sigue el Ministerio Público, a denuncia de Daniel Matías Zeballos Barreto, por la presunta comisión del delito de robo agravado, la fiscal demandada, teniendo conocimiento del acuerdo transaccional suscrito entre los accionantes y la víctima dentro del proceso penal referido y a pesar de que, mediante decreto de 6 de febrero de 2023 habría señalado que emitiría la resolución correspondiente hasta la interposición de la acción de libertad no emitió la resolución conclusiva a su favor.
De la revisión de los antecedentes de la causa penal puestos a consideración de este Tribunal, se evidencio, el inicio de investigación y Resolución de Imputación Formal suscrito por el Fiscal de Materia demandado, presentado ante el Juez de Instrucción Quinto en lo Penal de la Capital del departamento de La Paz, solicitando la detención preventiva de los imputados por tres meses (Conclusión II.5); proceso penal en el que Daniel Matías Zeballos Barreto, en su calidad de víctima, a través de memorial de 3 de febrero de 2023, puso en conocimiento de la autoridad jurisdiccional el acuerdo conciliatorio suscrito entre las partes y planteó el desistimiento de la acción penal, y que a raíz de ello, la autoridad jurisdiccional mediante decreto de 6 de febrero del mismo año, corrió traslado a la autoridad demandada se pronuncie al respecto (Conclusión II.1), de igual manera los solicitantes de tutela en su condición de denunciados por memorial de 3 de febrero de 2023, informaron a la autoridad jurisdiccional correspondiente el desistimiento de la denuncia, y solicitaron día y hora de audiencia para la consideración de la conciliación suscrita entre partes (Conclusión II.2), a raíz de ello, el Juez de Instrucción en lo Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz a través de una providencia de 6 de febrero de 2023, puso en conocimiento del Ministerio Público lo solicitado en el memorial presentado por la parte accionante y pidió que la Fiscal asignada al caso se pronuncie respecto al acuerdo conciliatorio (Conclusión II.3). Bajo ese contexto, conforme a los datos consignados, se tiene que desde el decreto de 6 de febrero de 2023, emitido por el Juez de Instrucción Penal Quinto de la Capital del departamento de La Paz, a raíz de lo solicitado por los impetrantes de tutela, hasta la interposición de la acción de libertad, el 25 de febrero del mismo año, trascurrieron aproximadamente diecinueve días, sin que la autoridad demandada se haya pronunciado respecto a lo solicitado, lo que constituye una demora excesiva que generó una retardación innecesaria en la tramitación de la causa, sin tomar en cuenta que los impetrantes de tutela se encontraban detenidos preventivamente en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz (Conclusión II.4), además que, de lo manifestado por la autoridad demandada en la audiencia de garantías se evidenció que la Fiscal asignada al caso fue notificada con la referida providencia; al respecto la jurisprudencia constitucional desglosada en el Fundamento Jurídico III.1. de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional establece que la acción de libertad de pronto despacho, está destinada a evitar las dilaciones o demoras indebidas e injustificadas en los procesos jurisdiccionales, cuando se trate de la situación jurídica de personas privadas de libertad que ya de por si se encuentran en una situación de desventaja con relación al resto de la población, en ese sentido en el caso particular, la Fiscal demandada al no pronunciarse dentro de un plazo razonable con la debida celeridad respecto a lo solicitado, y considerando que lo que debía ser resuelto tenía relación directa con personas que se encontraban detenidas preventivamente constituyó una lesión de su derecho a la libertad. En consecuencia, el Juez de garantías al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR la Resolución 89/2023 de 26 de febrero, cursante de fs. 35 a 38, pronunciada por la Jueza de Instrucción Penal Cuarto de la Capital del departamento de La Paz; y en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela impetrada con relación a Wendy Shirley Gómez Lanza, Fiscal de Materia del departamento de La Paz; y,
2° Disponer que, en el plazo máximo de veinticuatro horas, una vez se notifique la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, la autoridad demandada se pronuncie y emita la determinación correspondiente respecto a lo dispuesto por la autoridad mediante decreto de 6 de febrero de 2023, salvo que ya se haya pronunciado al respecto. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas
MAGISTRADO Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia
MAGISTRADA
de una solicitud de tal naturaleza, vale decir, que si la solicitud es negada de acuerdo a una compulsa conforme a Ley no es ilegal siempre que esa negativa se la resuelva con la celeridad que exige la solicitud’.
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1189_2025-S3.pdf · páginas 1 a 8.
Huella digital del PDF (SHA-256): 7f5f902246f69e4c588e352d0d941ea9ed47a3a75ffb5258e6d877f39f0f7bcc
La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.
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