B.IA.LEGAL

SCP 1188/2025-S3

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Tercera · 30 de septiembre de 2025

Deniega la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Tercera
Fecha
30 de septiembre de 2025
Acción
Acción de libertad
Magistrado relator
Ángel Edson Dávalos Rojas
Expediente
55322-2023-111-AL
Departamento
Tarija
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud mental; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y “legalidad”, encontrándose indebidamente procesado y privado de su libertad; por cuanto, no comprende los actos del proceso; toda vez que, los Vocales demandados, declararon sin lugar el recurso de apelación incidental del incidente de enajenación mental planteado; sin efectuar una fundamentación y motivación adecuada; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 11/2023 de 15 de marzo, y se proceda a la emisión de una nueva resolución, que declare con lugar el recurso de apelación incidental; y, se disponga la libertad a su favor dejando al cuidado de sus padres, en cumplimiento a los derechos a la defensa y la salud mental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 vta. a 113, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso
  2. III.2. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1188/2025-S3 Sucre, 30 de septiembre de 2025 SALA TERCERA Magistrado Relator: Ángel Edson Dávalos Rojas Acción de libertad Expediente: 55322-2023-111-AL Departamento: Tarija En revisión la Resolución 04/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 vta. a 113, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Samuel Grover Mita Aquino en representación sin mandato de José Luís Flores Mora contra Luís Esteban Ortiz Flores y Claudia Gamarra Hoyos, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 19 de abril de 2023, cursante de fs. 72 a 88 vta., el accionante por medio de su representante expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Dentro del proceso penal seguido en su contra por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de corrupción de menores agravado, mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021, se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija. El 13 de enero de 2023, se celebró una audiencia para considerar el incidente de enajenación mental, el cual fue declarado improcedente mediante Auto Interlocutorio 026/2023, ordenándose la prosecución de la causa; ante esta decisión, el solicitante de tutela interpuso recurso de apelación incidental conforme el art. 251 del Código de Procedimiento Penal (CPP), que fue radicado en la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija; dicho recurso, fue resuelto por Luís Esteban Ortiz Flores y Claudia Gamarra Hoyos -hoy demandados- mediante Auto de Vista 11/2023 de 15 de marzo, en el que también se rechazó el incidente de enajenación mental. Con esa decisión se le sometió a un proceso penal, que fue ilegal e indebido, ya que no comprendía los actos del proceso debido a sus antecedentes psiquiátricos; como consecuencia, fue privado de libertad y sometido a un procesamiento injusto; las autoridades demandadas no cumplieron con lo dispuesto en el art. 86 del CPP, que exigía su internación en un establecimiento adecuado o bajo el cuidado de sus padres, esta omisión vulneró sus derechos fundamentales a la vida, la salud, la integridad corporal y la libertad. Los vocales demandados no cumplieron con la debida fundamentación y motivación en su decisión, no explicaron de forma clara, desde el punto de vista jurídico, las razones que justificaron su fallo, se limitaron a reproducir lo señalado por la jueza a quo, sin responder en absoluto al agravio planteado por la parte accionante. Los Vocales demandados actuaron de manera ilegal al restringir el derecho a la libertad del accionante, primero con la detención domiciliaria y luego con detención preventiva, el Tribunal de alzada vulneró derechos fundamentales al exceder su competencia, ya que solo debía controlar la justificación del fallo; sin embargo, valoró otras pruebas que no formaron parte del contradictorio, incurriendo en una actuación ultra petita, ignoró el principio de congruencia, resolviendo sobre aspectos no alegados por las partes, lo que constituyó una actuación extra petita.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud mental y al debido proceso en sus elementos fundamentación y motivación, a la defensa y recurrir, citando al efecto los arts. 115 y 117 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela y, en consecuencia, se disponga: a) Se deje sin efecto el Auto de Vista 11/2023 de 15 de marzo, y la emisión de una nueva resolución, que declare con lugar el recurso de apelación incidental; b) En consecuencia se disponga la libertad a su favor dejando al cuidado de sus padres, en cumplimiento al derecho a la defensa y la salud mental; y, c) Como medida cautelar que se suspenda el juicio oral fijado para el 19 de abril de 2023, hasta que se resuelva la “apelación incidental”, con el fin de proteger el debido proceso conforme al art. 34 del Código Procesal Constitucional (CPCo).

I.2. Audiencia y Resolución de la Jueza de garantías

Celebrada la audiencia virtual el 20 de abril de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 107 a 110, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante ratificó íntegramente los términos de su acción tutelar y ampliándola, manifestó que: 1) Una persona sometida a proceso debía comprender plenamente los actos procesales, con conocimiento y voluntad; en su caso, ya padecía una enfermedad que progresó con el tiempo, lo cual fue confirmado mediante pericias psiquiátricas, conforme al art. 86 del CPP, al advertirse que el imputado no comprendía los actos del proceso, se solicitó su reconocimiento psiquiátrico para llegar a establecer si comprendía y entendía los mismos, el profesional Marco Antonio Moscoso Aparicio, realizó la evaluación y concluyó que su persona presentaba retraso mental, una patología crónica, progresiva e incurable; 2) El conocimiento de los hechos y sus consecuencias se vio afectado por el deterioro cognitivo provocado por la evolución de diversas patologías; además, las crisis convulsivas, es decir, epilepsia, contribuyeron a una pérdida progresiva de la capacidad intelectual; la enfermedad afectó su capacidad de pensamiento y raciocinio, impidiéndole distinguir entre lo permitido y lo prohibido, y le imposibilitó medir las consecuencias de sus actos; 3) El 13 de marzo de 2023, por Auto Interlocutorio 026/2023 se declaró sin lugar el incidente de enajenación mental, decisión que fue apelada, la misma fue declarada inadmisible por haberse presentado en audiencia sin fundamentación, ante ello, se promovió una acción de libertad, la cual permitió habilitar la apelación, en esa audiencia, se expusieron como agravios la falta de motivación y fundamentación, el análisis incorrecto, la defectuosa valoración de la prueba, la inaplicación del art. 86 del CPP, la vulneración del derecho a la salud y el procesamiento indebido; no se consideraron los agravios presentados, y la autoridad fiscal no se pronunció sobre los informes ni que valoren los medios probatorios, como el acta de audiencia; 4) Los Vocales demandados resolvieron y valoraron que, al haberse realizado una audiencia de medidas cautelares en la que su defensa ya había solicitado la aplicación del art. 86 del CPP en reiteradas ocasiones y con participación activa, no correspondía considerar nuevamente dicho planteamiento; en consecuencia, declararon sin lugar la apelación incidental sobre el incidente de enajenación mental; y, 5) El Auto de Vista 11/2023, fue cuestionada por considerarse lesiva para una persona procesada indebidamente, se alegó falta de motivación y fundamentación, y los Vocales demandados realizaron una valoración omisiva de los aspectos planteados; se señaló una incorrecta valoración del informe psiquiátrico, ya que no se consideró el historial clínico del Instituto de Prevención, Tratamiento, Rehabilitación e Investigación de Drogodependencias y Salud Mental (INTRAID), aunque se atribuyó a la defensa la falta de entrega de dicho historial, se evidenció que el profesional médico trabajaba en INTRAID y tenía acceso a esa información por haber atendido al paciente, se observó una contradicción en el criterio del médico, quien inicialmente negó la existencia de enfermedad mental y luego afirmó que era grave e incurable, impidiéndole al procesado comprender los actos del proceso; al rechazar la apelación, los Vocales demandados no aplicaron correctamente el art. 86 del CPP, vulnerando el derecho a la salud mental y lo mantuvieron indebidamente procesado y privado de libertad.

I.2.2. Informe de los demandados

Claudia Gamarra Hoyos y Luís Esteban Ortiz Flores, Vocales de la Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Tarija, a través del informe escrito presentado el 20 de abril de 2023, cursante de fs. 104 a 106, solicitaron se deniegue la tutela impetrada, en mérito a los siguientes argumentos: i) La citada Sala Penal, conoció el recurso de apelación incidental interpuesto por el accionante, pronunciando el Auto de Vista 11/2023, declarándolo sin lugar, confirmando el Auto Interlocutorio 026/2023 por consiguiente, demanda que fue atentatorio a sus derechos a la libertad y la salud mental, por lo que ésta indebidamente procesado y privado de libertad; ii) Para la procedencia de la acción de libertad conforme estipula el art. 125 de la CPE, es indispensable que la vida del accionante se encuentre ante un riesgo inminente o que se halle ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad personal; aspectos que no condicen con el mismo, puesto que su persecución y su procesamiento obedece a una imputación formal por el delito de corrupción de menores agravada; y, su privación de libertad es en cumplimiento de una orden jurisdiccional emitida por autoridad competente; sujeta a una revisión y modificación las veces que la parte accionante así lo considere, y no acudir directamente a la tutela constitucional; iii) Se debe precisar que el solo agotamiento de la vía ordinaria, no activa la jurisdicción constitucional, sino cuando efectivamente se haya vulnerado el derecho a la libertad; iv) El art. 86 del CPP, garantiza al imputado que sufre una enfermedad mental, la suspensión del proceso a efecto de su cuidado y atención por su entorno familiar o por un establecimiento adecuado, evitando la agravación de su situación por el proceso o que sea llevado adelante sin su comprensión, extremo que generaría la lesión de su derecho fundamental a la defensa; para la decisión de la suspensión del proceso, el juez o tribunal previamente deberá ordenar de oficio o a petición de parte, el reconocimiento psiquiátrico; a efecto de verificar si la perturbación mental que padece, le impide comprender los actos del proceso, y será el dictamen psiquiátrico que dé cuenta de la incapacidad antes referida; sin dejar de lado que la inimputabilidad puede ser declarado cuando la jueza, juez o tribunal, previo peritaje establezca que el imputado, al momento del hecho padecía de alguna enfermedad mental, y se declara la inimputabilidad; a diferencia de la suspensión del proceso, cuando la enfermedad mental se presenta en el transcurso del proceso, y solo se dispone la suspensión, en el entendido que la enfermedad puede ser temporal, más aún cuando el accionante está participando activamente de todas las actuaciones procesales; y, v) Al emitir la decisión de declarar sin lugar la apelación incidental, en la que se mantuvo la detención preventiva y se negó el incidente de inimputabilidad, no vulnera el art. 251 del CPP, no existiendo vulneración a los derechos a la defensa ni al debido proceso.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías, por Resolución 04/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 vta. a 113, denegó la tutela solicitada; decisión asumida con base en los siguientes fundamentos: a) En el proceso penal seguido contra el accionante se dispuso su detención preventiva; al haberse planteado el incidente de enajenación mental, la Jueza de Sentencia Penal Primera de la Capital del señalado departamento, declaró sin lugar el incidente; mediante Auto Interlocutorio 026/202 contra el cual interpuso el recurso de apelación incidental, que fue resuelto por los Vocales demandados, quienes emitieron el Auto de Vista 11/2023, vulnerando su derecho a la libertad y por ende su salud mental, habiendo omitido aplicar de manera correcta el art. 86 del CPP; sin tener en cuenta la enfermedad psiquiátrica diagnosticada por el médico especialista, que determina que el accionante padece de enfermedad mental que le impide comprender los actos del proceso que enfrenta, que esa enfermedad no tiene cura, vulnerándose sus derechos al debido proceso, a la vida, a la salud mental; además, de haber incumplido lo establecido por el art. 398 del mencionado Código; b) La fundamentación realizada por parte de las autoridades demandadas, se encuentra dentro de los parámetros de circunscribir sus resoluciones a los aspectos cuestionados de la resolución, realizaron la valoración integral de los elementos de prueba indicados en el citado medio de impugnación; c) No es posible que su autoridad realice análisis de las pruebas señaladas en el recurso de apelación incidental; toda vez que, el impetrante de tutela se encuentra privado de su libertad en cumplimiento a la medida cautelar personal ordenada por autoridad competente dentro del proceso penal iniciado en su contra por el delito de corrupción de menores; y, d) La jurisdicción constitucional, no tiene facultad de ingresar a valorar la prueba en que fundaron las resoluciones dictadas, no pudiendo pronunciarse sobre cuestiones que son de exclusiva competencia de los jueces y tribunales ordinarios, excepto cuando la misma sea omitida de forma arbitraria.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente: II.1. Dentro del proceso penal seguido contra Joe Luís Flores Mora -hoy accionante- por la presunta comisión del delito de corrupción de menores agravado; mediante Auto Interlocutorio de 21 de diciembre de 2021 se ordenó su detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; el 13 de enero de 2023 se dictó el Auto Interlocutorio 026/2023, mediante el cual se resolvió declarar sin lugar el incidente de enajenación mental planteado por su defensa, en virtud de lo establecido en el reconocimiento psiquiátrico practicado al antes nombrado; en consecuencia, se dispuso la prosecución de la audiencia de juicio oral (fs. 24 vta. a 26 vta.). II.2. Cursa el Auto de Vista 11/2023 de 15 de marzo, dictado por Claudia Gamarra Hoyos y Luís Esteban Ortiz Flores; -ahora demandados- quienes determinaron que el juez de instancia sí justificó su decisión al rechazar el incidente de enajenación mental; y, no era evidente la falta de motivación y fundamentación alegada; las autoridades demandadas analizaron el segundo agravio presentado por la defensa del imputado, referido a una supuesta errónea valoración del informe médico psiquiátrico y a la incorrecta aplicación del art. 86 del CPP; además, de una presunta vulneración al derecho a la defensa y al principio de verdad material; determinaron que la decisión impugnada se basó en el informe de Marcos Moscoso Aparicio, médico psiquiatra, elaborado tras dos sesiones con el accionante, sin contrastar dicho informe con el historial clínico previo, señalaron que el diagnóstico de INTRAID del 3 de noviembre de 2022, indicaba una enfermedad mental leve, sin que se explicara por qué sesenta días después se modificó a moderada; además, observaron que los informes de los especialistas de INTRAID eran contradictorios con las conclusiones de Marcos Moscoso Aparicio, quien no contextualizó adecuadamente la enfermedad ni las circunstancias del hecho ni la actitud del impetrante de tutela, quien participó activamente en el proceso; por ello, concluyeron que la valoración de la prueba fue correcta y la aplicación del art. 86 del CPP fue objetiva; consideraron que no era razonable ni racional sostener un cambio de diagnóstico basado únicamente en dos entrevistas, cuando INTRAID había tratado al imputado desde 2019, sin variaciones en el diagnóstico hasta noviembre de 2022; en consecuencia, no se verificaron los agravios alegados y por las razones expuestas se determinó declarar sin lugar el recurso de apelación incidental interpuesto por el -ahora accionante- (fs. 99 a 103 vta.).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El accionante a través de su representante, denuncia la lesión de sus derechos a la libertad, a la vida, a la salud mental; y, al debido proceso en sus elementos fundamentación, motivación y “legalidad”, encontrándose indebidamente procesado y privado de su libertad; por cuanto, no comprende los actos del proceso; toda vez que, los Vocales demandados, declararon sin lugar el recurso de apelación incidental del incidente de enajenación mental planteado; sin efectuar una fundamentación y motivación adecuada; por lo que, solicita se conceda la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto el Auto de Vista 11/2023 de 15 de marzo, y se proceda a la emisión de una nueva resolución, que declare con lugar el recurso de apelación incidental; y, se disponga la libertad a su favor dejando al cuidado de sus padres, en cumplimiento a los derechos a la defensa y la salud mental. En consecuencia, corresponde en revisión, verificar si tales extremos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. La fundamentación y motivación de las resoluciones como elementos de la garantía del debido proceso

Estos entendimientos fueron asumidos por las SCP 0353/2018-S2 de 18 de julio, entre otras. El derecho a una resolución fundamentada y motivada, como elementos del debido proceso, reconocido como un derecho fundamental, garantía jurisdiccional y derecho humano en las normas contenidas en los arts. 115.II y 117.I de la CPE; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH); y, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), fue desarrollado en la amplia jurisprudencia constitucional, siendo uno de los antecedentes, el entendimiento contenido en la SC 1369/2001-R de 19 de diciembre; la cual establece como exigencia del debido proceso, que toda resolución debe exponer los hechos y el fundamento legal de la decisión, de manera que en caso de omisión, se vulnera dicho derecho. Posteriormente, en la SC 0946/2004-R de 15 de junio, se aclara que dicha garantía es aplicable también en procesos administrativos y disciplinarios.

En el Fundamento Jurídico III.3; de la SC 0871/2010-R de 10 de agosto, se establecieron los requisitos que debe contener toda resolución jurisdiccional o administrativa, con la finalidad de garantizar el derecho a la motivación como elemento configurativo del debido proceso, como son:

[a)] Debe determinar con claridad los hechos atribuidos a las partes procesales, b) Debe contener una exposición clara de los aspectos fácticos pertinentes, c) Debe describir de manera expresa los supuestos de hecho contenidos en la norma jurídica aplicable al caso concreto, d) Debe describir de forma individualizada todos los medios de prueba aportados por las partes procesales, e) Debe valorar de manera concreta y explícita todos y cada uno de los medios probatorios producidos, asignándoles un valor probatorio específico a cada uno de ellos de forma motivada, f) Debe determinar el nexo de causalidad entre las denuncias o pretensiones de las partes procesales, el supuesto de hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas aportadas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado.

En cuanto a los requisitos que debe contener una resolución administrativa en segunda instancia, la SCP 0275/2012 de 4 de junio, precisó que dicho fallo debe exponer los hechos y citar las normas que sustentan la decisión, además de pronunciarse sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso. Por su parte, la SC 0802/2007-R de 2 de octubre se refirió a la fundamentación como sustento de una resolución disciplinaria; empero, es la SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, la que desarrolla el contenido 3El FJ III.2.3, señala: “Toda autoridad administrativa que emita una resolución en segunda instancia, debe mínimamente exponer en la resolución: 1) Los hechos, citando las normas que sustentan la parte dispositiva de la resolución, efectuando la relación de causalidad entre los hechos y la norma aplicable; 2) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso de alzada, actuando en mínima petita, considerando cada aspecto de manera puntual y expresa, desarrollando una valoración lógica de los puntos impugnados, efectuar lo contrario, elimina la parte fundamental de la resolución, lesionando efectivamente el debido proceso, derivando en el extremo inaceptable que los procesados no puedan conocer cuáles son las razones del fallo y cual es la posición del tribunal de alzada en relación con los puntos impugnados. En tanto y en cuanto, las resoluciones administrativas de segunda instancia conlleven insertas en su texto de manera expresa, las respuestas a todos los aspectos cuestionados en el recurso de impugnación, el sujeto sometido al proceso disciplinario, tendrá la plena convicción respecto a que la decisión asumida por la autoridad administrativa es a todas luces justa. Esta afirmación nos lleva a concluir que no le está permitido a la autoridad administrativa, reemplazar una adecuada y sustanciosa fundamentación por una elemental relación de antecedentes”. 4El FJ III.4, expresa: “Consiguientemente, aplicando los principios informadores del derecho sancionador, las resoluciones pronunciadas por el sumariante y demás autoridades competentes deberán estar fundamentadas en debida forma, expresando lo motivos de hecho y de derecho en que basan sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba. Fundamentación que no podrá ser reemplazada por la simple relación de los documentos y presentación de pruebas o los criterios expuestos por las partes, y en los casos en los que existan coprocesados, resulta primordial la individualización de los hechos, las pruebas, la calificación legal de la conducta y la sanción correspondiente a cada uno de ellos en concordancia con su grado de participación o actuación en el hecho acusado”. 5El FJ III.1, manifiesta: “En ese marco, se tiene que el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada y motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión está dado por sus finalidades implícitas, las que contrastadas con la resolución en cuestión, dará lugar a la verificación de su respeto y eficacia. Estas son: (1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) La Constitución formal; es decir, el texto escrito; y, 1.b) Los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; (2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; (3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; y, (4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad. Estos elementos se desarrollarán a continuación: (…)

(2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: El valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. (…)

b) En correspondencia con lo anterior, la arbitrariedad puede estar expresada en: b.1) Una `decisión sin motivación´, o extiendo esta es b.2) Una `motivación arbitraria´; o en su caso, b.3) Una `motivación insuficiente´. (…)

c) La arbitrariedad también se expresa en la falta de coherencia, o incongruencia de la decisión (principio de congruencia), cuando el conjunto de las premisas, -formadas por las normas jurídicas utilizadas para resolver el caso, más los enunciados fácticos que describen los hechos relevantes- no son correctas, fundadas y si, además, su estructura también no lo es. Esto, esencial del derecho a una resolución fundamentada, señalando que el mismo está dado por sus finalidades implícitas, como son: i) El sometimiento a la Constitución Política del Estado y al bloque de constitucionalidad; ii) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia; iii) Garantizar la posibilidad del control de la resolución por medio de los recursos; iv) Permitir el control social de la resolución en mérito al principio de publicidad; y, v) La observancia del principio dispositivo, que implica la otorgación de respuestas a las pretensiones de las partes -quinta finalidad complementada por la SCP 0100/2013 de 17 de enero-. Respecto a la segunda finalidad, tanto la SCP 2221/2012 como la SCP 0100/2013, señalan que la arbitrariedad puede estar expresada en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se basa en fundamentos y consideraciones meramente retóricas o deviene de la valoración arbitraria, irrazonable de la prueba, o en su caso, de la omisión en la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de coherencia del fallo, que se manifiesta: d.1) En su dimensión interna, cuando no existe relación entre las premisas -normativa y fáctica- y la conclusión -por tanto o parte resolutiva-; y, d.2) En su dimensión externa, que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes. Ambos entendimientos, sobre la coherencia interna y externa, tienen su antecedente en la SC 0863/2003-R de 25 de junio, así como en la SC más allá si la resolución que finalmente resuelva el conflicto es estimatoria o desestimatoria a las pretensiones de las partes. Es decir, como señala Robert Alexy, se trata de ver si la decisión se sigue lógicamente de las premisas que se aducen como fundamentación”. 6El FJ III.2, establece: “A las cuatro finalidades implícitas que determinan el contenido esencial del derecho a una resolución fundamentada o derecho a una resolución motivada (judicial, administrativa, o cualesquier otra, expresada en una resolución en general, sentencia, auto, etc.) que resuelva un conflicto o una pretensión cuáles son: 1) El sometimiento manifiesto a la Constitución, conformada por: 1.a) la Constitución formal, es decir, el texto escrito; y, 1.b) los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos que forman el bloque de constitucionalidad; así como a la ley, traducido en la observancia del principio de constitucionalidad y del principio de legalidad; 2) Lograr el convencimiento de las partes que la resolución en cuestión no es arbitraria, sino por el contrario, observa: el valor justicia, el principio de interdicción de la arbitrariedad, el principio de razonabilidad y el principio de congruencia; 3) Garantizar la posibilidad de control de la resolución en cuestión por los tribunales superiores que conozcan los correspondientes recursos o medios de impugnación; 4) Permitir el control de la actividad jurisdiccional o la actividad decisoria de todo órgano o persona, sea de carácter público o privado por parte de la opinión pública, en observancia del principio de publicidad (SCP 2221/2012 de 8 de noviembre, se suma un quinto elemento de relevancia constitucional; y, 5) La exigencia de la observancia del principio dispositivo.

5) La observancia del principio dispositivo, implica la exigencia que tiene el juzgador de otorgar respuestas a las pretensiones planteadas por las partes para defender sus derechos”. 7El FJ III.3, expresa: “Que, al margen de ello, también cabe reiterar que el art. 236 CPC, marca el ámbito de contenido de la resolución a dictarse en apelación, pues estipula que la misma, deberá circunscribirse precisamente a los puntos resueltos por el inferior y que además hubieran sido objeto de apelación y fundamentación, de manera que el Juez o tribunal ad-0358/2010-R de 22 de junio, estableciendo que en el ámbito procesal, el principio de congruencia se entiende no solo como la correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, sino que además implica la concordancia del fallo; es decir, su coherencia interna, entendimiento que fue reiterado en la SCP 1915/2012 de 12 de octubre, entre otras. Por su parte, respecto a la congruencia de las resoluciones de segunda instancia, la SC 0682/2004-R de 6 de mayo señaló que el pronunciamiento debe guardar correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada. En resumen, de acuerdo a la jurisprudencia constitucional glosada, una resolución será arbitraria cuando carezca de motivación o sea arbitraria o insuficiente; asimismo, cuando la resolución no tenga coherencia o congruencia interna o externa.

La jurisprudencia contenida en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 2221/2012 y 0100/2013 citadas anteriormente, fue modulada por la SCP 0014/2018-S2 de 28 de febrero; la cual, entendió que únicamente es posible conceder la tutela y disponer la nulidad de la resolución judicial o administrativa, ordenando se emita otra nueva, ante la denuncia de arbitraria o insuficiente fundamentación, previo análisis de la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo quem, no puede ir más allá de lo pedido, salvo en los casos en que los vicios de nulidad constituyan lesiones a derechos y garantías constitucionales como cuando la nulidad esté expresamente prevista por ley”. 8El FJ III.3.1, señala: “De esa esencia deriva a su vez la congruencia como principio característico del debido proceso, entendida en el ámbito procesal como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, en materia penal la congruencia se refiere estrictamente a que el imputado no podrá ser condenado por un hecho distinto al atribuido en la acusación o su ampliación; ahora bien, esa definición general, no es limitativa de la congruencia que debe tener toda resolución ya sea judicial o administrativa y que implica también la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, pero además esa concordancia debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y razonamientos emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan ese razonamiento que llevó a la determinación que se asume. En base a esos criterios se considera que quien administra justicia debe emitir fallos motivados, congruentes y pertinentes”.

9El FJ III.2, indica: “La abundante jurisprudencia del extinto Tribunal Constitucional, ha señalado con relación al principio de congruencia -que es determinante en cualquier proceso judicial o administrativo- como la estricta correspondencia que debe existir entre lo peticionado y lo resuelto, que implica la concordancia entre la parte considerativa y dispositiva, que debe mantenerse en todo su contenido, efectuando un razonamiento integral y armonizado entre los distintos considerandos y juicios de valor emitidos por la resolución, esta concordancia de contenido de la resolución y su estricta correspondencia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto, conlleva a su vez la cita de las disposiciones legales que apoyan la razón que llevó a la determinación que se asume (SC 1619/2010-R de 15 de octubre). Bajo ese razonamiento, el principio de congruencia forma parte de derecho-garantía-principio del debido proceso, contemplado en el art. 115.I de la CPE”. 10El FJ III.1, refiere: “Además de ello, toda resolución dictada en apelación, no sólo por disposición legal sino también por principio general, debe sujetarse a los puntos de apelación expuestos por la parte apelante, que se entiende deben estar relacionados con lo discutido ante el juez a quo. Para el mismo objetivo -resolver la apelación-, también el juez ad quem, si se trataran de varias apelaciones y deba resolverlas en una sola resolución deberá individualizar a las partes, lo que supone también, la individualización de sus pretensiones y resolverlas de la misma forma; pues en el único caso que podrá dirigirse en su fundamentación a dos o más apelantes, será cuando éstos hubieran coincidido en sus argumentos al presentar su apelación, o varios hubieran presentado apelación en forma conjunta. Ahora bien, la misma obligación que tiene el juez ad quem frente a los apelantes, también debe cumplirla frente a la parte adversa, para el caso de que el procedimiento aplicable admita que la misma pueda responder al recurso, pues omitir las consideraciones a la respuesta igual que no responder a los puntos de apelación, resulta arbitrario y por lo mismo, daría lugar a una omisión indebida plasmada en la resolución que resuelve la apelación”.

constitucional; es decir, previo análisis de su relevancia constitucional; por cuanto, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal, únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; en ese sentido, en el Fundamento Jurídico III.1, estableció:

Ahora bien, la jurisprudencia precedentemente citada debe ser complementada a partir de la relevancia constitucional que tenga la alegada arbitraria o insuficiente fundamentación y motivación de las resoluciones, es decir, que deberá analizarse la incidencia de dicho acto supuestamente ilegal en la resolución que se está cuestionando a través de la acción de amparo constitucional; pues, si no tiene efecto modificatorio en el fondo de la decisión, la tutela concedida por este Tribunal únicamente tendría como efecto el que se pronuncie una nueva resolución con el mismo resultado; consiguientemente, a partir de una interpretación previsora, si bien la arbitraria o insuficiente fundamentación, aún carezca de relevancia, deberá ser analizada por el Tribunal Constitucional Plurinacional; empero, corresponderá denegar la tutela por carecer de relevancia constitucional, con la aclaración que este entendimiento es únicamente aplicable a la justicia constitucional que no exigirá para efectuar el análisis, que la o el accionante cumpla con carga argumentativa alguna.

III.2. Análisis del caso concreto

El accionante a través de su representante, centra su reclamo en que los Vocales demandados, al resolver el recurso de apelación incidental mediante el Auto de Vista 11/2023, determinaron declarar improcedente dicho recurso interpuesto contra el incidente de enajenación mental, esta decisión, según sostiene, se basó en una fundamentación y motivación inadecuadas, ya que no se valoraron de manera integral las pruebas presentadas durante la audiencia de consideración del mencionado incidente; en consecuencia, el accionante considera que el Auto de Vista impugnado vulneró su derecho al debido proceso, persistiendo hasta la fecha la omisión de ordenar su libertad y su entrega al cuidado de sus padres. Ahora bien, del estudio de los antecedentes que cursan en obrados, se evidencia conforme a la Conclusión II.1 de este fallo constitucional, que el accionante se encuentra sometido dentro de un proceso penal por la presunta comisión del delito de corrupción de menores agravada; el 21 de diciembre de 2021, se ordenó la detención preventiva en el Centro Penitenciario Morros Blancos de Tarija; el 13 de enero de 2023, mediante el Auto Interlocutorio 026/2023, se rechazó el incidente de enajenación mental presentado por la defensa, basándose en el informe psiquiátrico, como resultado, se dispuso continuar con la audiencia de juicio oral. Conforme a la Conclusión II.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, mediante Auto de Vista 11/2023; los Vocales demandados determinaron que el juez de instancia justificó adecuadamente su decisión al rechazar el incidente de enajenación mental, no se evidenció la falta de motivación y fundamentación alegada por el accionante; asimismo, se analizó el segundo agravio, que cuestionaba la valoración del informe psiquiátrico de Marcos Moscoso Aparicio; respecto a la aplicación del art. 86 del CPP, se observó que dicho informe fue elaborado tras solo dos sesiones con el impetrante de tutela, no se contrastó con el historial clínico previo, además contradecía los informes de INTRAID, que trató al imputado desde 2019, no explicó el cambio de diagnóstico de leve a moderado en un lapso de sesenta días; a pesar de estas observaciones, se concluyó que la valoración probatoria fue correcta. Respecto a la aplicación del art. 86 del CPP fue objetiva, porque no era razonable sostener un cambio de diagnóstico sin respaldo clínico sólido, el juez de instancia sí justificó su decisión al rechazar el incidente de enajenación mental; y, no era evidente la falta de motivación y fundamentación alegada. Con el propósito de llevar a cabo el control de constitucionalidad respecto al Auto de Vista 11/2023, solicitado por el accionante con relación al art. 86 del CPP, es preciso establecer que conforme a los Fundamentos Jurídicos III.1 y III.2 que pertenece a la SCP 0327/2025-S3 de 8 de mayo.

Se debe verificar que la resolución esté sustentada sobre la base de los siguientes parámetros de contenido: i) Hechos; ii) Derechos -normas que sustentan la resolución-; iii) Descripción de los medios de prueba aportados; iv) Valoración de los medios probatorios, asignándoles un determinado valor; v) Pronunciamiento sobre todos y cada uno de los aspectos impugnados en el recurso; vi) Determinación de un nexo de causalidad entre las denuncias, las pretensiones, el hecho inserto en la norma aplicable, la valoración de las pruebas y la sanción o consecuencia jurídica emergente de la determinación del nexo de causalidad antes señalado; y, vii) Convencimiento a las partes que la resolución no es arbitraria; es decir, que observa el valor justicia, los principios de interdicción de la arbitrariedad, de razonabilidad y de congruencia. Ello, a efectos de determinar si la resolución se encuentra o no, debidamente motivada o fundamentada, a efectos de determinar alguna arbitrariedad que pueda expresarse en una decisión: a) Sin motivación, cuando la resolución no da razones que la sustenten; b) Con motivación arbitraria, cuando se omite la valoración de la prueba aportada en el proceso; c) Con motivación insuficiente, cuando no se da razones de la omisión de pronunciamiento sobre los planteamientos de las partes; y, d) Por la falta de congruencia externa que implica que la resolución debe guardar correspondencia con lo pedido o impugnado por las partes; además de tener correspondencia con los agravios de la apelación y la contestación de alzada.

Cabe aclarar que, los parámetros de contrastación desglosados precedentemente, coadyuvarán a verificar en el caso concreto, si el Auto de Vista impugnado cumple o no, con la debida motivación, fundamentación, valoración de la prueba y congruencia que se exigen a efectos de evitar arbitrariedades. En el caso presente, es necesario hacer referencia que, en la audiencia de juicio oral de 4 de enero de 2023, el abogado del accionante expresó dudas sobre la capacidad de su defendido para comprender los actos procesales, lo que generaba incertidumbre jurídica; ante la falta de oposición del Ministerio Público y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, se autorizó una evaluación psiquiátrica, tras dicha evaluación, se planteó un incidente de enajenación mental, que fue rechazado mediante Auto Interlocutorio 026/2023; por consiguiente, apeló incidentalmente esa decisión, pero el mismo fue declarado inadmisible por Auto de Vista 11/2023, emitido por los Vocales demandados, que confirmaron el fallo impugnado. Las autoridades demandadas, señalaron que la resolución de alzada respecto a los agravios planteados por el accionante, no son evidentes; para interponer la acción de libertad, es indispensable que la vida del accionante se encuentre ante un riesgo inminente o que se halle ilegalmente perseguido, indebidamente procesado o privado de libertad personal; aspectos que no condicen con el mismo; toda vez que, el proceso penal y la detención preventiva del accionante derivan de una imputación formal por corrupción de menores agravada y su detención fue ordenada por autoridad competente; al emitir la decisión de declarar sin lugar la apelación incidental, en la que se mantuvo la detención preventiva y se negó el incidente de enajenación mental, no vulnera el art. 251 del CPP, no existiendo vulneración a los derechos a la defensa ni al debido proceso, además de encontrarse debidamente motivada y fundamentada el Auto de Vista emitido. Cabe señalar que, del contenido del Auto de Vista cuestionado a través de la presente acción de defensa, referente al primer y segundo agravio; se ha podido establecer que existe una adecuada motivación y fundamentación para rechazar el recurso de apelación incidental respecto al incidente de enajenación mental, se encuentra las razones y las conclusiones a las que ha arribado una vez revisado el informe médico psiquiátrico, así como fundamentan la aplicación del art. 86 del CPP, habiendo realizado una valoración correcta, además de fundamentar por que respaldaron la decisión de la jueza a quo; resulta necesario establecer que, conforme a la uniforme jurisprudencia constitucional, toda resolución tiene la obligación de ser motivada y fundamentada, citando los motivos de hecho y derecho, base de sus decisiones y el valor otorgado a los medios de prueba, no siendo exigible una exposición amplia de consideraciones y citas legales ni tampoco hacer una mera relación de los documentos o mención de los requerimientos de las partes, sino una estructura de forma y de fondo en la que los motivos sean expuestos, de forma concisa y clara, satisfaciendo todos los puntos demandados. Entendimiento a partir del cual, las autoridades judiciales en alzada, deben expresar sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión, siendo necesario que sus fallos sean suficientemente motivados y expongan con claridad las razones y fundamentos legales que sustenten y permitan concluir su determinación respecto a la existencia o no de los agravios alegados en el recurso de apelación incidental, referido expresamente al presupuesto previsto por el art. 86 del CPP. Consiguientemente, el Auto de Vista impugnado no vulneró el derecho al debido proceso, ya que fundamentó y motivó adecuadamente su decisión, se analizaron los supuestos agravios alegados, concluyendo que la aplicación del art. 86 del CPP fue correcta, al no existir respaldo médico suficiente para cambiar el diagnóstico; por tanto, no se evidenció afectación a derechos fundamentales ni garantías constitucionales, y se rechazó la tutela solicitada. En consecuencia, el Juez de garantías al denegar la tutela impetrada, obró de forma correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Tercera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 04/2023 de 20 de abril, cursante de fs. 110 vta. a 113, emitida por la Jueza de Sentencia Penal Cuarta de la Capital del departamento de Tarija, constituida en Jueza de garantías; y, en consecuencia DENEGAR la tutela, con base en los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Ángel Edson Dávalos Rojas

MAGISTRADO

Fdo. Paola Verónica Prudencio Candia

MAGISTRADA

Notas al pie

1 El Cuarto Considerando, indica: “…el derecho al debido proceso, que entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos y al margen de ello, la fundamentación legal que sustenta la parte dispositiva de la misma. …consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión arbitraria y dictatorial que vulnera de manera flagrante el citado derecho que otorga a las partes saber el porqué de la parte dispositiva de un fallo o Resolución”. 2El FJ III.3, refiere: “…la garantía del debido proceso no es únicamente aplicable en el ámbito judicial, sino también en el administrativo y disciplinario, cuanto tenga que determinarse una responsabilidad disciplinaria o administrativa e imponerse una sanción como ha ocurrido en el presente caso”.

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Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1188_2025-S3.pdf · páginas 1 a 15.

Huella digital del PDF (SHA-256): 2a22f0497df62603e20e2d299ddfedf1f62759be95a1a2f490f6f2eabfd9501c

La jurisprudencia puede ser modulada o cambiada por fallos posteriores: antes de citarla en un escrito, verificá que siga vigente. Esta página reproduce una resolución judicial pública; no es asesoramiento legal.

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