B.IA.LEGAL

SCP 1186/2023-S1

Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 23 de octubre de 2023

Concede en parte la tutela

Tribunal
Tribunal Constitucional Plurinacional
Sala
Sala Primera
Fecha
23 de octubre de 2023
Acción
Acción de libertad
Magistrada relatora
MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
Expediente
47627-2022-96-AL
Departamento
Santa Cruz
Tema (clasificación de B.IA.Legal)
Acción de libertad — doctrina general

Qué se discutió

La parte peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la integridad física y a la vida tanto del accionante “…como la de su familia…” (sic); toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa con agravante de víctimas múltiples; a su oportunidad, el Juez de la causa y el Fiscal de Materia asignado al caso ahora demandados, pese a que reiteró su solicitud, no resolvieron los incidentes y las excepciones que formuló contra la acción penal iniciada en su contra, dejándolo en completo estado de indefensión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) El principio de celeridad en una justicia pronta; y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante; iii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, iv) Análisis del caso concreto.

Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.

Qué resolvió el Tribunal

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 80 vta. a 83 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación al derecho a la libertad conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Se dispone que el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas de conocer el presente fallo constitucional, emita resolución al memorial de 7 de diciembre de 2021, formulado por la parte accionante, si es que aún no se hubiera considerado, bajo alternativa de remitir antecedentes ante la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura para su correspondiente investigación. 2° DENEGAR la tutela en relación a los derechos a la integridad física y a la vida alegada por la parte peticionante de tutela, conforme a lo señalado en el presente fallo constitucional.

Fundamentos jurídicos del fallo

  1. III.1. El principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad
  2. III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante
  3. III.3. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio
  4. III.4. Análisis del caso concreto

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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1186/2023-S1 Sucre, 23 de octubre de 2023 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo Acción de libertad Expediente: 47627-2022-96-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 04/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 80 vta. a 83 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Abelardo Ambrocio Montaño Suárez en representación sin mandato de Manuel Alejandro Montaño Villarroel contra Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz; y, Erwin Jiménez Paredes, Fiscal de Materia.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 9 de mayo de 2022, cursante de fs. 67 a 70, la parte accionante manifestó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

El 25 de marzo de 2021, suscribió un contrato civil con el representante de la empresa Across Rent a Car Limitada (Ltda.), con el objeto de alquilar siete vehículos a ser utilizados para realizar actividades de la compañía que representa -SGM NETWORKS TELECOM-; entregando “…la suma de 16.000 Dólares Americanos; 3.000 dólares en garantía…” (sic); sin embargo, dicho acuerdo fue interrumpido de manera abrupta, ya que el mismo día de la entrega de los vehículos mencionados, Wilson Saavedra Justiniano, representante legal de la empresa alquilante -Across Rent a Car Limitada (Ltda.)-, en complicidad con la “Policía de Tránsito”, procedieron a la captura de dos de los vehículos entregados, bajo el justificativo que se estaba procediendo a su venta en la playa de Alto San Pedro, Zona Sur del quinto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

De este modo, con el objeto de conseguir la devolución de los dineros dados en garantía, mediante carta notariada notificó a Wilson Saavedra Justiniano, representante legal de la empresa de alquiler; empero, ese mismo día, de manera maliciosa y con el afán de apoderarse ilegítimamente de sus recursos, el mencionado -y María Carmen Gutiérrez de Cuba, representante de la empresa “Cuba Rent a Car” Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), quien se adhirió a la denuncia-, formalizó una denuncia en su contra ante el Ministerio Público por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, estelionato, falsedad material e ideológica, entre otros; recayendo la causa ante el Fiscal de Materia Rubén Darío Ordoñez Roca, quien sin considerar que los hechos emergen de un contrato de alquiler y que no correspondía ser sustanciada por la vía penal, sino en la civil, instruyó el inicio de investigaciones, con la comunicación respectiva al Juez de Instrucción Penal Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz. Las autoridades ahora demandadas, sin tener en cuenta que está siendo perseguido indebidamente, no resolvieron los reiterados incidentes y excepciones que formuló contra de la acción penal iniciada en su contra.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

La parte impetrante de tutela denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, a la integridad física y a la vida tanto del accionante “…como la de su familia…” (sic); citando al efecto los arts. 109.I y 110.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela “…Ordenando que cesan inmediatamente las persecuciones y el procesamiento ilegal que hacen: WILSON SAAVEDRA JUSTINIANO, el MP., y el JUEZ 3° de Instrucion Penal de la Capital; declarándose la nulidad de la denuncia de 12 de abril de 2921, hecha por: WILSON SAAVEDRA JUSTINIANO, y tramitada en franca violación a las normas constitucionales” (sic).

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 10 de mayo 2022, según consta en el acta cursante de fs. 78 a 80 vta., se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

La parte accionante a través de su abogado, en audiencia, ratificó el contenido de su demanda de acción de libertad, y ampliándolo, señaló que: “…el Fiscal Erwin Jiménez Paredes a quien también se le solicitó de que resuelva el incidente o la excepción de incompetencia y también proceda al rechazo de esta denuncia de ilegal e ilegítima; igualmente se hizo con el señor juez pero ninguna de las autoridades ha dado pies ni ha resuelto los incidentes que se han planteado dejándonos a Manuel Alejandro Montaño Villarroel en la indefensión y con una persecución tanto de la parte denunciante y desgraciadamente, por añadidura de la parte de la Fiscalía o el Ministerio Público y del propio juzgado que no han resuelto este caso produciendo una retardación innecesaria de justicia…” (sic).

I.2.2. Informe de las autoridades demandadas

Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, no presentó informe escrito, ni se hizo presente en la audiencia de consideración de esta acción tutelar, pese a su legal citación, cursante a fs. 74. Erwin Jiménez Paredes, Fiscal de Materia, en audiencia refirió que: a) El accionante no estableció con claridad cuál es la vulneración en la que incurrió el Ministerio Público, máxime si no corresponde a un Juez cautelar rechazar la denuncia en un proceso penal, debiendo considerarse que si el citado interpuso incidente o excepción debe ser tramitado conforme lo establecen los arts. 314 y 315 del Código de Procedimiento Penal (CPP); y, b) El Ministerio Público carece de facultad para resolver excepciones; y, c) La acción tutelar no señala cuál es el derecho y la garantía que considera lesionados, y que le estuviera causando indefensión.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz, mediante Resolución 04/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 80 vta. a 83 vta., denegó la tutela solicitada, bajo los siguientes argumentos: 1) La parte impetrante de tutela previo acudir a la jurisdicción constitucional debió en principio denunciar todos los actos restrictivos a su libertad personal y física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional, agotando así la instancia ordinaria, en razón a que la acción de libertad se rige bajo el principio de informalismo y por ello, como Tribunal de garantías considera que se está haciendo mal uso de la acción tutelar; 2) En el proceso penal existe un mandamiento de aprehensión producto de un Auto de rebeldía, extremo que no fue mencionado por la parte peticionante de tutela; 3) De lo revisado por ese Tribunal de garantías no existe materia alguna que se pueda considerar vía acción de libertad, porque ni siquiera se precisó cuál es el acto procesal que lesiona, restringe o amenaza su derecho a la libertad, o que considera como persecución indebida, solicitando en forma abstracta se deje sin efecto el proceso; y, 4) El derecho al debido proceso no puede ser tutelado vía acción de libertad.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Consta Imputación Formal de 26 de octubre de 2021, emitida por Luis Enrique Rodríguez Suárez, Fiscal de Materia, dentro del proceso penal seguido contra Manuel Alejandro Montaño Villarroel -ahora accionante-, por la supuesta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa con agravante de víctimas múltiples, donde se solicita la detención preventiva por noventa días del referido imputado; consecuentemente, Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad ahora demandada- fijó audiencia para el 11 de noviembre de igual año, para su consideración y resolución (fs. 48 a 51 vta.). II.2. Cursa acta de audiencia de medidas cautelares y declaratoria de rebeldía del imputado -ahora impetrante de tutela- de 7 de diciembre de 2021, en la que el Juez ahora demandado, mediante Auto 303/21 de igual data, declaró rebelde al ahora accionante, debido a su inasistencia injustificada a la actuación convocada, ordenándose: i) Se libre mandamiento de aprehensión; ii) Arraigo; y, iii) Designación de defensor de oficio (fs. 58 a 59). II.3. A través de memorial de 7 de diciembre de 2021, dirigido al Juez ahora demandado, el ahora impetrante de tutela formuló excepciones de prejudicialidad y falta de acción (fs. 53 a 55); en mérito a ello, la citada autoridad judicial, mediante providencia de 8 del mismo mes y año, señaló audiencia para el 13 del referido mes y año (fs. 56). II.4. Consta Acta de suspensión de audiencia de fundamentación de incidente de 13 de diciembre de 2021, en la que se refiere lo siguiente:

“JUEZ, Dr. Roger Salvatierra Rocha.- Informe señor secretario, si las partes fueron legal y debidamente notificadas, y si las misma se encuentran presentes en sala.

SECRETARIO, Abg. Víctor H. Cervantes Mendoza.- Informo a su autoridad señor juez que para la presente audiencia los sujetos procesales no fueron legal y debidamente notificados, es por ello que no se encuentran presentes para este acto procesal. Es todo en cuanto informo a su autoridad.

JUEZ, Dr. Roger Salvatierra Rocha.- Escuchado el informe de secretaria se declara instalada la presente audiencia, sin embargo se denota la falta de notificación a los sujetos procesales, por ello se suspende la presente audiencia” (sic [fs. 60]).

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

La parte peticionante de tutela alega la vulneración de sus derechos a la libertad, a la integridad física y a la vida tanto del accionante “…como la de su familia…” (sic); toda vez que, dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público en su contra, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa con agravante de víctimas múltiples; a su oportunidad, el Juez de la causa y el Fiscal de Materia asignado al caso ahora demandados, pese a que reiteró su solicitud, no resolvieron los incidentes y las excepciones que formuló contra la acción penal iniciada en su contra, dejándolo en completo estado de indefensión. En consecuencia, corresponde dilucidar en revisión, si tales argumentos son evidentes a fin de conceder o denegar la tutela solicitada, para el efecto se analizarán los siguientes aspectos: i) El principio de celeridad en una justicia pronta; y la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; ii) La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante; iii) La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana; y, iv) Análisis del caso concreto.

III.1. El principio de celeridad en una justicia pronta; la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad

Para tratar sobre el principio de celeridad en una justicia pronta; así como la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, sobre la protección de la dignidad en los derechos de los privados de libertad, incumbe remitirnos a la SCP 0266/2020-S1 de 5 de agosto, que en sus Fundamentos Jurídicos III.1, III.2 y III.4, efectuó amplias reflexiones constitucionales; así: III.1.1. En relación al principio de celeridad, la referida SCP 0266/2020-S1 en su Fundamento Jurídico III.1. denominado “El principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución” en esencia señaló que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la Norma Fundamental; esto con el objeto primordial de que, todo proceso judicial se desarrolle sin dilaciones, se observen los plazos procesales para cada actuado, para lograr un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo; sin embargo, cuando los funcionarios subalternos y jueces o administradores de justicia incurran en dilaciones e inobservancia de los principios constitucionales señalados anteriormente, y se incurra en dilaciones indebidas y/o mora procesal, la parte perjudicada puede interponer la acción constitucional que corresponda, más aun cuando se trate de asuntos relacionados con personas privadas de libertad.

III.1.2. Por su parte, en cuanto a la acción de libertad

traslativa o de pronto despacho, la misma SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2., bajo el epígrafe “La acción de libertad traslativa o de pronto despacho”, precisó entre otros que, la jurisdicción ordinaria se funda en el principio de celeridad previsto en la Norma Suprema, citando además a la SCP 0044/2010-R de 20 de abril, que se manifestó sobre las tipologías de la acción de libertad, siendo estas el preventivo, correctivo, restringido, instructivo y la traslativa o de pronto despacho; identificando a esta última como la modalidad idónea para acelerar los trámites judiciales o administrativos ante dilaciones indebidas a efectos de resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

Una vez precisada la finalidad de la acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho, la aludida SCP 0266/2020-S1, en su Fundamento Jurídico III.2.1, epigrafiado como “Supuestos de procedencia dentro el ámbito de protección de la acción libertad traslativa o de pronto despacho”, manifestó que, la jurisprudencia constitucional a través de los años estableció supuestos de procedencia para activar la acción de libertad traslativa o de pronto despacho; y, para ello se remitió a la SCP 0112/2012 de 27 de abril, que como emergencia de una sistematización señaló los siguientes 1 El art. 410.II de la CPE, establece que “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de acuerdo a las competencias de las entidades territoriales:1. Constitución Política del Estado. 2. Los tratados internacionales. 3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto de legislación departamental, municipal e indígena. 4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos ejecutivos correspondientes” (…)

…el principio de celeridad tiene como objetivo primordial garantizar que todo proceso judicial se desarrolle sin dilataciones, donde se acaten los plazos ya predispuestos en la normativa según las etapas o fases preestablecidas para su evolución, procurando no imponer la práctica de actos innecesarios de formalismos que retrasan los trámites, para así lograr obtener un procedimiento más ágil, eficaz y sencillo, en los cuales los jueces o tribunales agiliten la resolución de los litigios 2En tal sentido, la SCP 0044/2010-R de 20 de abril[6], efectuando una breve sistematización de lo que hasta ese entonces fue el habeas corpus -ahora acción de libertad-, expuso las tipologías de esta acción, como era el habeas corpus preventivo, correctivo, señalando que la jurisprudencia constitucional agregó el habeas corpus restringido; ampliando a su consideración a los tipos de habeas corpus instructivo y el traslativo o de pronto despacho, precisando que, a través de este último, se busca acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad; por lo que básicamente se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de los privados de libertad.

“…en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad”

supuestos: a) Las peticiones de cesación a la detención debe ser resuelta inmediatamente por estar vinculado el derecho a la libertad; b) No puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención por inconcurrencia del fiscal; c) No se puede alegar dilación indebida de la autoridad jurisdiccional cuando la demora es atribuible al imputado; d) La tramitación de la cesación a la detención u otro beneficio, no sólo es exigible al juez sino a todo funcionario judicial o administrativo; e) La apelación del Ministerio Público, no puede dilatar el señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad. Prosiguiendo, la Sentencia Constitucional Plurinacional que es descrita, se remitió a la SC 0078/2010-R de 3 de mayo, y la SCP 0384/2011-R de 7 de abril, que desarrollaron sobre las solicitudes de cesación prevista en el art. 239 del CPP y la apelación incidental, identificando a los actos dilatorios que merecen su tutela vía acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

3 a) Toda petición de cesación de la detención preventiva debe ser resuelta de manera inmediata por estar vinculada al derecho fundamental a la libertad personal, caso contrario se incurre en detención y procesamientos indebidos, en vulneración de los arts. 6, 16 y 116-X de la de la Constitución Política del Estado y 8-1 del Pacto de San José de Costa Rica. (Sub regla generada en la SC 1036/2001-R de 21 de septiembre); b) Las peticiones vinculadas a la libertad personal, deben ser atendidas de forma inmediata si no existe una norma que establezca un plazo, y si existe, debe ser cumplido estrictamente. En cuyo caso, no puede suspenderse la audiencia de cesación a la detención preventiva por la inconcurrencia del fiscal, al no ser imprescindible su presencia. (Regla generada en la SC 0579/2002-R de 20 de mayo); c) Las solicitudes vinculadas a la libertad personal, deben ser tramitadas y resueltas con la mayor celeridad posible. Empero, no se podrá alegar dilación indebida de la autoridad judicial cuando la demora sea atribuible y provocada a la parte imputada. (Regla generada por la SC 0224/2004-R de 16 de febrero); d) La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva. (Regla generada en la SC 0862/2005-R de 27 de julio); y, e) Eventual apelación de Ministerio público no puede dilatar señalamiento de audiencia, resolución o efectivización de la medida vinculada a la libertad, por cuanto apelación tiene efecto devolutivo o efecto no suspensivo conforme a las SSCC 660/2006-R, 236/2004-R, 1418/2005-R. (Regla generada en la SC 0107/2007-R de 6 de marzo). 4 La SC 0078/2010-R de 3 de mayo, en la comprensión de lo que implica un acto dilatorio en la consideración de las solicitudes de cesación a la detención preventiva prevista por el art. 239 del CPP, estableció las siguientes reglas: a) En lugar de fijar directamente la fecha y hora de la audiencia y notificar a las partes, se dispongan traslados previos e innecesarios no previstos por ley. b) Se fije la audiencia en una fecha alejada, más allá de lo razonable o prudencial. Plazo que puede ser en un límite de tres o cinco días máximo, dependiendo de la particularidad de cada caso, cuando por ejemplo existan varias partes imputadas o víctimas múltiples que tengan que ser notificadas, o por la distancia donde se deba efectuar un determinado acto previo y esencial -como sucede con algunas notificaciones-, o que el juzgado esté de turno, etc. Con la excepción única y exclusiva en los casos que exista complejidad por la naturaleza propia y la relevancia del proceso, como los derechos e intereses comprometidos y relacionados a la petición; situación que deberá ser justificada por la autoridad judicial competente a momento de señalar la fecha de audiencia, teniendo en cuenta la razonabilidad. c) Se suspende la audiencia de consideración, por causas o motivos que no justifican la suspensión, ni son causales de nulidad. Tal el caso de la inasistencia del representante del Ministerio Público o de la víctima y/o querellante, si es que han sido notificadas legalmente y no comparecen a la audiencia. En el caso del Ministerio Público al estar regido por el principio de unidad tiene los medios para asistir a través de otro fiscal, y en cuanto al querellante al ser coadyuvante y estar notificado, su participación es potestativa en dicho acto, y por ende, su inasistencia no vincula a la autoridad jurisdiccional al estar cumplida la formalidad” (las negrillas son agregadas).

Ahora bien, posterior a la SC 0078/2010-R, la 0384/2011-R de 7 de abril, incluyó otro supuesto de procedencia, referida al trámite del recurso de apelación incidental contra el rechazo de las solicitudes de cesación a la detención preventiva señalando que: “d) Interpuesto el recurso de apelación contra la resolución que rechaza la solicitud de cesación de detención preventiva, los antecedentes de la apelación no son remitidos por el juez a quo dentro del plazo legal de veinticuatro horas establecido por el art. 251 del CPP -salvo justificación razonable y fundada- ante el tribunal de apelación, o se imprima un procedimiento o exigencias al margen de la ley”.

De igual forma, la SCP 0266/2020-S1, para identificar otro supuesto, se refirió a la SCP 0110/2012 de 27 de abril, que moduló el razonamiento de la SC 0078/2010-R, indicando que el plazo para señalar audiencia de cesación a la detención preventiva debe ser dentro las veinticuatro horas, al ser un actuado de mero trámite; empero, como emergencia de las modificaciones a la normativa procesal penal, mediante la Ley 1173, la indicada SCP 0266/202-S1, refirió: “Ahora bien, sobre la modulación de la sub regla precedentemente descrita, establecida por la jurisprudencia y que refiere al plazo para el señalamiento de la audiencia para la consideración de las solicitudes de cesación de la detención preventiva, corresponde aclarar que ante la entrada en vigencia de la Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral Contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres, Ley 1173, misma que a su vez fue modificada por la Ley 1226 de 18 de septiembre de 2019, se introdujo importantes modificaciones a la Ley 1970 de 25 de marzo de 1999, cuyo objeto principal entre otros fue el de garantizar la resolución pronta y oportuna de los conflictos penales, en ese fin, el art 239 del CPP referente al tratamiento de la cesación de la detención preventiva, sufrió una modificación, lo cual implica una variación con esta última sub regla que tomando como base los plazos procesales previstos en el art. 132 del CPP, determinó que el señalamiento de audiencias de cesación a la detención preventiva debe realizarse en el término de 24 horas, luego de su presentación; empero, con la previsión contenida en las referidas leyes que estableció de forma clara las causales por las que se puede invocar el instituto de la cesación, así como su trámite y procedimiento, normando un plazo de 48 horas para que el juez o tribunal señale audiencia para su resolución -en el caso de los numerales 1, 2, 5 y 6-, plazo legal que debe ser observado por las referidas autoridades cuando conozcan de solicitudes de cesación de la detención preventiva” (el resaltado pertenece al original de referencia).

Ahora bien, la Resolución Constitucional que es revisada, focalizó su atención en el trámite de las apelaciones incidentales en aplicación y/o cesación de medidas cautelares, remitiéndose para tal fin a la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, que sistematizó las subreglas advertidas por la jurisprudencia constitucional. Al respecto, incumbe acotar que, conforme las modificaciones introducidas por la Ley 1173 de 3 de mayo de 2019, referido a la apelación y su tramitación prevista en el art. 251 del CPP; esta disposición debe ser comprendida de forma conjunta con el art. 404 del CPP, modificado también por la indicada Ley 1173; en ese orden destacan aspectos importantes: la primera, relacionada a que, la apelación incidental emergente de la resolución que considere la aplicación y/o cesación de la detención preventiva, puede ser apelada en forma oral o dentro las setenta y dos horas sin que exista observación alguna por la autoridad jurisdiccional; la segunda referida a que, interpuesto el recurso de apelación incidental, las actuaciones deben ser remitidas ante el tribunal superior en el término de veinticuatro horas, su incumplimiento conlleva responsabilidad; y, la tercera, remitidos los actuados, el Vocal de turno de la Sala Penal donde se sorteó la causa, debe señalar audiencia y resolver la apelación, en el término de tres días desde la recepción de la causa, su incumplimiento también es objeto de responsabilidad.

5 “i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.

ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto ilegal.

iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.

iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.

v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.

vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez y, en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte (las negrillas son agregadas)” 6“Artículo 251. (APELACIÓN). La resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares, será apelable en el efecto no suspensivo, en el término de setenta y dos (72) horas.

Interpuesto el recurso, las actuaciones pertinentes serán remitidas ante el Tribunal Departamental de Justicia, en el término de veinticuatro (24) horas, bajo responsabilidad.

El Vocal de turno de la Sala Penal a la cual se sortee la causa, resolverá bajo responsabilidad y sin más trámite, en audiencia, dentro de los tres (3) días siguientes de recibidas las actuaciones, sin recurso ulterior” (las negrillas son agregadas).

Concluyendo la señalada SCP 0266/2020-S1 en que, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tienen la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho.

III.2. La presunción de veracidad de los hechos y actos denunciados por la parte accionante

El presente Fundamento Jurídico, fue citado en la SCP 1322/2023-S1 de 20 de diciembre; mismo que describe lo siguiente: El art. 232 de la CPE, en cuanto a los servidores públicos prevé lo siguiente:

“La Administración Pública se rige por los principios de legitimidad, legalidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social, ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad, responsabilidad y resultados” (las negrillas son añadidas). Asimismo, la Norma Suprema en su art. 235.1 consagra la obligación de los servidores públicos a efecto de cumplir la Constitución Política del Estado y las leyes. En ese sentido, se debe señalar que la acción de libertad respecto a los principios de compromiso e interés social y de responsabilidad, que rigen la función pública, así como a la naturaleza de los derechos tutelados por esta acción de defensa, cuando el sujeto pasivo es funcionario público tiene la obligación de presentar informe escrito o en su defecto concurrir a la audiencia con la finalidad de desvirtuar los actos o hechos denunciados como lesivos a los derechos del accionante pues de no hacerlo se presume su veracidad. En el mismo sentido la SC 1164/2003-R de 19 de agosto, refirió que:

“Los hechos denunciados por el recurrente no han sido desvirtuados por la autoridad demandada al no haber concurrido a la audiencia de Ley ni haber presentado su informe no obstante de su legal citación, (…) con lo que se cumplió lo dispuesto por el art. 18.II CPE que establece que la autoridad judicial que conozca el hábeas corpus, ‘señalará de inmediato día y hora de audiencia pública, disponiendo que el actor sea conducido a su presencia. Con dicha orden se practicará citación personal o por cédula en la oficina de la autoridad demandada...’” (el subrayado es nuestro). Posteriormente, la SC 0650/2004-R de 4 de mayo indicó lo siguiente:

“…el funcionario recurrido, una vez citado legalmente con el recurso no comparece a la audiencia del hábeas corpus y no presenta informe alguno, por lo mismo, no niega ni desvirtúa las denuncias formuladas por el recurrente; en ese caso, el silencio del recurrido será considerado como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado en el recurso” (las negrillas son nuestras). Entendimiento asumido y reiterado en las SSCC 0141/2006-R y 0181/2010-R; y la SCP 0576/2018-S1, entre otras. Siguiendo esa línea, la SC 0785/2010-R de 2 de agosto, refirió que:

“…se tendrán por probados los extremos denunciados cuando las autoridades denunciadas, no desvirtúen los hechos demandados, situación que concurre cuando no obstante su legal notificación no comparecen a la audiencia ni presten su informe de ley”. (el resaltado nos corresponde). Por su parte la SCP 0259/2018-S2 de 18 de junio estableció las excepciones a la denegatoria de la acción de libertad por falta de pruebas, aplicando el principio de presunción de veracidad en los siguientes casos:

“a) Cuando las autoridades demandadas no asistieron a la audiencia ni presentaron el informe correspondiente para desvirtuar las afirmaciones de la o el impetrante de tutela, supuestos en los cuales, se tienen por ciertas las afirmaciones contenidas en la demanda tutelar; y por ende, se concede la tutela; razonamiento aplicado por las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 0224/2012, 1329/2012, 2498/2012 y 0029/2014-S1, entre otras; y, b) Cuando las autoridades demandadas, a pesar de comparecer, no negaron los hechos alegados por la o el solicitante de tutela; razonamiento aplicado en las Sentencias Constitucionales Plurinacionales 1974/2013, 0100/2014 y 0207/2014, entre otras” (las negrillas nos pertenecen). De acuerdo a lo desarrollado precedentemente, se concluye que la autoridad demandada tiene el deber en su propio interés de presentar informe con la prueba necesaria y suficiente ante el Juez, Tribunal de garantías o Sala Constitucional para desestimar la acción tutelar planteada en su contra, caso contrario asistir a la audiencia pública con el fin de desvirtuar las denuncias formuladas por el impetrante de tutela, puesto que su negligencia dará lugar a que se presuma la veracidad de los actos o hechos denunciados por el accionante, generándole en consecuencia responsabilidad por su condición de funcionario o servidor público.

III.3. La subsidiariedad excepcional en la acción de libertad frente a actos supuestamente ilegales cometidos por el Ministerio

Público y/o funcionarios de la Policía Boliviana

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en la SCP 0503/2018-S2 de 14 de septiembre, reiterada por las SSCCPP 0031/2019-S2 de 25 de marzo, y 0560/2020-S1 de 5 de octubre -entre otras-, asumió el siguiente razonamiento: El Tribunal Constitucional en la SC 0160/2005-R de 23 de febrero, sentó la línea jurisprudencial sobre la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, determinando que en los supuestos en los que existan medios idóneos para reparar de manera urgente, pronta y eficaz el derecho a la libertad física ilegalmente restringido, los mismos deben ser utilizados antes de acudir a la justicia constitucional a través de la acción de libertad. En el marco de dicho entendimiento, la SC 0181/2005-R de 3 de marzo señaló que en la etapa preparatoria del proceso penal, se deben impugnar las supuestas lesiones a derechos y garantías en los que puedan incurrir los órganos encargados de la persecución ante el juez de instrucción penal, no resultando compatible activar directamente o de manera simultánea, la justicia constitucional. Por su parte, la SC 0054/2010-R de 27 de abril puntualizó que las denuncias de actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y policías durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, deben ser presentadas ante el juez de instrucción penal, sin que sea admisible acudir directamente ante la jurisdicción constitucional; consecuentemente, la SC 0080/2010-R de 3 7 El FJ III.1.2, señala: “De lo anterior se extrae, que la existencia de la garantía constitucional en análisis, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida.

En consecuencia, en los supuestos en que la norma procesal ordinaria de manera específica prevea medios de defensa eficaces y oportunos para resguardar el derecho a la libertad supuestamente lesionado, estos deben ser utilizados, previamente, circunstancia en la que excepcionalmente, el recurso de habeas corpus operará de manera subsidiaria”. 8 El FJ III.2, establece: “De lo anterior se extrae que todo imputado que considere que en el curso del proceso investigativo ha sufrido una lesión de un derecho fundamental, entre ellos, el derecho a la libertad en cualquiera de las formas en que pueda sufrir menoscabo, debe impugnar tal conducta ante el juez instructor, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo el control de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria. Así, el Código de procedimiento penal al prever la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el ordenamiento aludido, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, intentando activar la garantía establecida por el art. 18 constitucional, ignorando los canales normales establecidos. Consiguientemente, el hábeas corpus sólo se activa en los casos en que la supuesta lesión no sea reparada por los órganos competentes de los jurisdiccionales ordinarios aludidos”. 9 El FJ III.3, señala: “Queda establecido entonces, que ante denuncia de irregularidades, actos ilegales u omisiones presuntamente cometidas por los fiscales o policías en la etapa preparatoria del proceso, que impliquen lesión a los derechos fundamentales de todo denunciado o sindicado, la misma debe presentarse ante el juez cautelar como el encargado de ejercer el control jurisdiccional de la investigación, en aplicación de lo dispuesto por las normas previstas en los arts. 54.1) y 279 del CPP, sin que sea admisible acudir en forma directa a esta acción tutelar si con carácter previo los hechos denunciados no fueron reclamados ante la autoridad encargada del control jurisdiccional, que es la apta para restablecer las presuntas lesiones a derechos fundamentales y -se reitera-sólo en caso de verificarse que existirá una dilación o que esa instancia no se constituye en la eficaz y oportuna para restablecer esos derechos, es que se abre la posibilidad de acudir a la presente acción tutelar en forma directa”.

de mayo sistematizó tres supuestos de subsidiariedad excepcional de la acción de libertad, para los casos en los que en materia penal se impugnen actuaciones no judiciales -antes de la imputación formal- y judiciales -posteriores a la imputación-, en los cuales de manera excepcional, no es posible ingresar al fondo de la acción de libertad, a objeto de guardar el equilibrio y complementariedad entre ambas jurisdicciones. Más tarde, la SCP 0185/2012 de 18 de mayo sostuvo que si la acción de libertad está fundada en la restricción del derecho a la libertad personal, por causa de haberse restringido la misma, al margen de los casos y formas establecidas por ley y no esté vinculado a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción de libertad puede ser presentada de manera directa. Posteriormente, la SCP 0482/2013 de 12 de abril, en el Fundamento Jurídico III.2.2, sistematizó las reglas de la subsidiariedad excepcional en la acción de libertad, conforme a lo siguiente:

1. Cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito y por tanto no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción puede ser activada de forma directa contra las autoridades o 10 El FJ III.4, determina: “Primer supuesto: Si antes de existir imputación formal, tanto la Policía como la Fiscalía cometieron arbitrariedades relacionadas al derecho a la libertad física o de locomoción, y todavía no existe aviso del inicio de la investigación, corresponde ser denunciadas ante el Juez Cautelar de turno. En los casos en los que ya se cumplió con dicha formalidad procesal, es decir, con el aviso del inicio de la investigación, al estar identificada la autoridad jurisdiccional, es ante ella donde se debe acudir en procura de la reparación y/o protección a sus derechos. De no ser así, se estaría desconociendo el rol, las atribuciones y la finalidad que el soberano a través del legislador le ha dado al juez ordinario que se desempeña como juez constitucional en el control de la investigación.

Segundo Supuesto: Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que; por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. Puesto que el orden legal penal ha previsto ese medio impugnativo, precisamente para que a través de un recurso rápido, idóneo, efectivo y con la mayor celeridad se repare en el mismo órgano judicial, las arbitrariedades y/o errores que se hubiesen cometido en dicha fase o etapa procesal. Lo propio si está referido a cuestiones lesivas a derechos fundamentales relacionados a actividad procesal defectuosa, o relacionado al debido proceso, casos en los cuales se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, puesto que el debido proceso es impugnable a través de la acción de libertad, sólo en los casos de indefensión absoluta y manifiesta, o que dicho acto sea la causa directa de la privación, o restricción a la libertad física.

Tercer supuesto: Si impugnada la resolución la misma es confirmada en apelación; empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar”. 11 El FJ III.2, cita: “En este orden, en cuanto a la presunta indebida privación de libertad, deberá tenerse en cuenta que la misma puede producirse, ya por hechos y circunstancias eventualmente no vinculadas a la presunta comisión de un delito y otras veces, sí vinculadas a dicha presunta comisión de un delito. En consecuencia, si no existe inicio de investigación y tampoco presunta comisión de delito alguno, corresponderá a la justicia constitucional conocer directamente y resolver la acción de libertad que acuse una presunta indebida privación de libertad. (…)

Queda establecido que cuando la acción de libertad esté fundada directamente en la vulneración al derecho a la libertad personal por causa de haberse restringido la misma al margen de los casos y formas establecidas por ley, y no esté vinculada a un delito o no se hubiera dado aviso de la investigación, la acción es directa contra las autoridades que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley”.

persona que violentaron la Constitución Política del Estado y la ley (…)

2. Cuando el fiscal da aviso del inicio de la investigación al Juez cautelar y ante la denuncia de una supuesta ilegal aprehensión, arresto u otra forma de restricción de la libertad personal o física por parte de un Fiscal o de la Policía, el accionante, previo a acudir a la jurisdicción constitucional debe en principio, denunciar todos los actos restrictivos de su libertad personal o física ante la autoridad que ejerce el control jurisdiccional. 3. Cuando el solicitante de tutela hubiera denunciado los actos restrictivos de su libertad personal o física ante el Juez cautelar, como también, paralela o simultáneamente a la jurisdicción constitucional a través de la acción de libertad, sobreviene también la subsidiaridad.

4. Cuando existe imputación y/o acusación formal, y se impugna una resolución judicial de medida cautelar que, por ende, afecta al derecho a la libertad física o de locomoción, con carácter previo a interponer la acción de libertad, se debe apelar la misma, para que el superior en grado tenga la posibilidad de corregir la arbitrariedad denunciada. 5. Si impugnada la resolución, ésta es confirmada en apelación, empero, en lugar de activar inmediatamente la acción libertad, decide voluntariamente, realizar una nueva petición ante la autoridad ordinaria, tendiente a un nuevo análisis y reconsideración de su situación jurídica, sea mediante una solicitud de modificación, sustitución, cesación de detención preventiva, etc., y la misma está en trámite, en esos casos, ya no es posible acudir a la jurisdicción constitucional impugnando la primera o anterior resolución judicial, donde se emitió el auto de vista, inclusive; por cuanto las partes de un proceso están impelidas de actuar con lealtad procesal, de no ser así, se provocaría una duplicidad de resoluciones en ambas jurisdicciones, e incidiría negativamente en el proceso penal de donde emerge la acción tutelar (las negrillas son nuestras). Finalmente, la SCP 1888/2013 de 29 de octubremoduló la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la SCP 0482/2013 antes citada, señalando que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: a) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; o, b) Cuando existiendo dicha vinculación, no se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal; último supuesto, que de ninguna manera, implica que ante restricciones del derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley, no sea posible la presentación de la acción de libertad en forma directa, antes de haber transcurrido los plazos establecidos en la norma procesal penal. En síntesis, es posible la presentación directa de la acción de libertad, en el primer supuesto señalado en la SCP 0482/2013, cuando: 1) La supuesta lesión o amenaza del derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito; 2) Cuando existiendo dicha vinculación: 2.i) No se informó al juez de instrucción penal sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de Procedimiento Penal, o cuando: 2.ii) No habiendo transcurrido dichos plazos, se hubiere restringido el derecho a la libertad, al margen de los casos y formas establecidas por ley. De conformidad a la sistematización de la línea jurisprudencial anotada, el juez de instrucción penal es la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional de la investigación, desde los actos iniciales hasta la conclusión de la etapa preparatoria, siendo también, llamada por ley para atender cualquier denuncia de vulneración de derechos fundamentales y garantías constitucionales durante esta etapa.

III.4. Análisis del caso concreto

La parte impetrante de tutela alega la lesión de sus derechos a la libertad, a la integridad física y a la vida tanto del accionante “…como la de su familia…” (sic); toda vez que, dentro del proceso penal seguido en su contra por la presunta de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa con agravante de víctimas múltiples; a su oportunidad, el Juez ahora demandado y el Fiscal de Materia asignado al caso, pese a su reiteración, no resolvieron los incidentes y excepciones que formuló contra la acción penal iniciada en su contra, dejándolo en indefensión.

De los antecedentes que figuran en la presente acción de defensa, cursa imputación formal de 26 de octubre de 2021, en la que el Fiscal de Materia asignado al caso -ahora demandado-, dentro del proceso penal seguido contra el impetrante de tutela, por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, uso de instrumento falsificado, estelionato y estafa con agravante de víctimas múltiples, solicitó al Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -autoridad también demandada-, la detención preventiva del imputado por noventa días; fijándose para el efecto audiencia para el 11 de noviembre de igual año; extremo que se desarrolló en la citada fecha, donde la referida autoridad judicial declaró rebelde al ahora peticionante de tutela, debido a su inasistencia injustificada al acto procesal convocado, ordenándose en su contra se libre mandamiento de aprehensión; arraigo y designación de defensor de oficio (Conclusiones II.1 y II.2). Por memorial de 7 de diciembre de igual año, el accionante formuló ante el Juez de la causa, excepciones de prejudicialidad y falta de acción; situación que mereció la emisión de la providencia de 8 del mismo mes y año, señalando audiencia para el 13 del indicado mes y año. Consta Acta de suspensión de audiencia de fundamentación de “incidente” que previo informe del Secretario del despacho, después de instalado fue suspendido por el Juez de la causa, bajo el argumento que no se cumplió con la notificación a los sujetos procesales (Conclusiones II.3 y II.4). Ahora bien, remitiéndonos al objeto de la presente acción de libertad; por hermenéutica constitucional, de manera separada se compulsará la participación de cada autoridad demandada a efecto de establecer si incurrieron en vulneración de los derechos alegados por la parte peticionante de tutela; así se tiene que: En relación a Roger Salvatierra Rocha, Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, el accionante denuncia que pese a su reiteración, no resolvió los incidentes y excepciones que formuló contra la acción penal iniciada en su contra, dejándolo en indefensión A efectos de considerar el presente punto, es preciso remitirnos a lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo constitucional, que respecto al principio de celeridad en la justicia pronta y oportuna y su aplicación a partir de la supremacía de la Constitución Política del Estado estableció que, por mandato constitucional todos los actores del ámbito judicial y administrativo deben regir sus actos conforme a los valores, principios y derechos fundamentales consagrados en la Norma Suprema; y, en ese fin tanto el personal subalterno como los administradores de justicia se encuentran impelidos a orientar sus actos al principio de acceso a la justicia pronta, oportuna y sin dilaciones establecida en los arts. 115.II, 178.I y 180.I de la CPE; más aun, al tratarse de peticiones y gestiones relacionadas al derecho a la libertad del procesado, las autoridades judiciales y todo funcionario que coadyuva en la administración de justicia, tiene la obligación de tramitarla pronta y oportunamente y con la debida celeridad; toda vez que, su incumplimiento conlleva la concesión de tutela mediante la acción de libertad traslativa o de pronto despacho. Bajo dichos extremos, para realizar un contraste de lo denunciado por la parte accionante, es necesario remitirnos a los antecedentes que componen la presente causa constitucional; así se tiene que el impetrante de tutela, mediante memorial de 7 de diciembre de 2021 formuló ante el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado-, excepción de prejudicialidad y falta de acción; mereciendo de dicha autoridad judicial providencia de 8 de igual mes y año, donde señaló audiencia para el 13 del referido mes y año (Conclusión II.3); sin embargo, dicho actuado, después de instalado fue suspendido bajo el argumento que no se notificó a las partes procesales. Ahora bien, habiéndose compulsado los elementos probatorios precedentemente descritos, se puede establecer que lo denunciado por la parte petionante de tutela resulta evidente; toda vez que, si bien la autoridad judicial demandada señaló audiencia de fundamentación para considerar las excepciones de prejudicialidad y falta de acción; este actuado pese a que se instaló fue suspendido por el mismo Juez de instancia, no por causa atribuible al ahora accionante, sino porque según el propio Secretario del despacho judicial, las partes procesales no fueron legalmente notificadas. Pese aquel impedimento procesal, dicha autoridad judicial no fijó otro actuado de manera inmediata para considerar la fundamentación de las excepciones y en su caso, conforme prevé el art. 315.I del CPP, sin mayor trámite emitir resolución fundamentada declarando fundadas o infundadas las pretensiones del recurrente; extremo que no concurrió en el presente caso, recayendo aquel actuar en incumplimiento de funciones, puesto que no se otorgó una respuesta oportuna y célere al memorial de 7 de diciembre de 2021 (Conclusión II.3), más aun considerando que el procesado en la misma fecha fue declarado rebelde ante su incomparecencia a la audiencia de medidas cautelares (Conclusión II.2); y se encontraba comprometida su libertad personal, siendo aplicable incluso lo establecido en el Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, ya que dicha autoridad judicial, pese a su legal notificación según consta a fs. 74, no presentó informe escrito ni asistió a la audiencia de tutela, pudiendo considerarse por ello, que todas las aseveraciones realizada por la parte impetrante de tutela, se las considere como ciertas, esto de acuerdo al principio de presunción de veracidad, que razona en sentido de que el silencio de la o las autoridades demandadas, se considera como confesión de haber cometido el hecho ilegal o indebido denunciado. Sumado a ello, que hasta la formulación de la presente acción de defensa, transcurrió más de cinco meses sin que se emita respuesta alguna, atentando así contra el derecho a la libertad de la parte peticionante de tutela, en relación al principio de celeridad que debe imprimir toda autoridad; situación por la cual corresponde conceder la tutela impetrada. En cuanto a la presunta vulneración de los derechos a la integridad física y vida de la parte accionante y su familia; no se halló argumento alguno que haga entrever aquel extremo; asimismo, ninguna de las documentales que cursa en la presente acción de defensa resulta conducente a establecer algún tipo de vulneración de los alegados derechos, situación por la cual, no corresponde atender los mismos. En relación a Erwin Jiménez Paredes, Fiscal de Materia, el impetrante de tutela denuncia que pese a su reiteración, no resolvió los incidentes y excepciones que formuló contra la acción penal iniciada en su contra, dejándolo en indefensión Al respecto del presente punto, concierne previamente remitirnos a la jurisprudencia glosada en el Fundamento Jurídico III.3 del presente fallo constitucional, la cual refiere que existen situaciones en las que la acción de libertad se rige por la subsidiariedad excepcional, una de ellas, cuando el proceso penal ya se encuentre bajo control jurisdiccional, los actos ilegales u omisiones indebidas en las que pudieran incurrir los fiscales y funcionarios policiales durante la etapa preparatoria, que implique vulneración de derechos fundamentales, o si está referido a cuestiones lesivas a éstos, relacionados a actividad procesal defectuosa, o al debido proceso, se debe acudir ante la autoridad judicial que conoce la causa en ese momento procesal, a efectos que ésta en su rol del juez o tribunal contralor de garantías, repare o restablezca los derechos vulnerados; asimismo, el Código de Procedimiento Penal prevé la existencia de un órgano jurisdiccional competente para conocer y resolver de manera directa y expedita, las supuestas vulneraciones a los derechos y garantías que pudieran tener origen en los órganos encargados de la persecución penal; por lo que, no resulta compatible con el sistema de garantías previsto en el citado Código, acudir directamente o de manera simultánea a la justicia constitucional, ignorando los medios ordinarios establecidos.

En esa comprensión; de la revisión de los antecedentes que conforman la presente acción de libertad, no se evidencia que la parte peticionante de tutela haya formulado ante el Fiscal de Materia ahora demandado algún tipo de recurso que se encuentra pendiente de respuesta, solo existe una solicitud de rechazo de denuncia -fs. 46 a 47-; empero, que no es objeto de la presente acción de defensa o por lo menos no fue fundamentado de ese modo por el accionante. Así, se tiene que el proceso investigativo a la fecha en que se alega la formulación de los incidentes de “incompetencia” -compréndase 7 de diciembre de 2021-, ya contaba con una autoridad jurisdiccional debidamente identificada -Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz- desde el 14 de abril de igual año; situación por la cual, esas supuestas omisiones alegadas contra la autoridad fiscal, debió ser denunciado por ante la autoridad de control jurisdiccional previo a la presentación de la acción de libertad; toda vez que, dicha autoridad judicial resultaba la encargada de velar la legalidad de los actos investigación durante la etapa preparatoria, conforme establecen los arts. 54.1 y 279 del CPP, y de acuerdo a lo descrito en el Fundamento Jurídico III.1 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, donde se estableció los escenarios que imposibilitan ingresar al fondo de la acción de libertad para resolver la vulneración del derecho a la libertad señalado, correspondiendo denegar la tutela impetrada, aclarando que no se ingresó a realizar análisis de fondo de la pretensión de la parte impetrante de tutela. En consecuencia, la Sala Constitucional, al denegar la tutela impetrada, obró de forma parcialmente correcta.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 04/22 de 10 de mayo de 2022, cursante de fs. 80 vta. a 83 vta., pronunciada por la Sala Constitucional Segunda del departamento de Santa Cruz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER la tutela solicitada en relación al derecho a la libertad conforme a los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional.

a) Se dispone que el Juez de Instrucción Penal y Anticorrupción Tercero de la Capital del departamento de Santa Cruz, en el plazo de veinticuatro horas de conocer el presente fallo constitucional, emita resolución al memorial de 7 de diciembre de 2021, formulado por la parte accionante, si es que aún no se hubiera considerado, bajo alternativa de remitir antecedentes ante la instancia disciplinaria del Consejo de la Magistratura para su correspondiente investigación. 2° DENEGAR la tutela en relación a los derechos a la integridad física y a la vida alegada por la parte peticionante de tutela, conforme a lo señalado en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.

Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo

MAGISTRADA

Fdo. MSc. Georgina Amusquivar Moller

MAGISTRADA

Notas al pie

12 El FJ III.2, señala: “Ahora bien, con la finalidad de otorgar certeza y seguridad jurídica, es necesario modular la SCP 0185/2012 y el primer supuesto de las subreglas anotadas por la Sentencia Constitucional Plurinacional antes glosada y, en ese sentido, debe señalarse que es posible la presentación directa de la acción de libertad, prescindiendo de la subsidiariedad excepcional, cuando: i) La supuesta lesión o amenaza al derecho a la libertad física o personal no esté vinculada a un delito o, ii) Cuando, existiendo dicha vinculación, no se ha informado al juez cautelar sobre el inicio de las investigaciones, no obstante haber transcurrido los plazos establecidos para el efecto en el Código de procedimiento penal; no siendo exigible, en ninguno de los dos supuestos anotados,

acudir ante el juez cautelar de turno con carácter previo; pues se entiende que, en el primer caso, no se está ante la comisión de un delito y, por lo mismo, el juez cautelar no tiene competencia para el conocimiento del supuesto acto ilegal, y en el segundo, existe una dilación e incumplimiento de los plazos procesales por parte de la autoridad fiscal o, en su caso, policial, que bajo ninguna circunstancia puede ser un obstáculo para el acceso a la justicia constitucional”.

13 Artículo 315º.- (RESOLUCIÓN). I. La jueza, el juez o tribunal en audiencia dictará resolución fundamentada declarando fundada o infundada las excepciones y/o incidentes, según corresponda. (…)

14 Artículo 54. (Jueces de Instrucción). Los juezas o los jueces de instrucción, son competentes para: 1) El control de la investigación, conforme a las facultades y deberes previstos en este Código; (…) 15Artículo 279º.- (Control jurisdiccional). La Fiscalía y la Policía Nacional actuarán siempre bajo control jurisdiccional. Los fiscales no podrán realizar actos jurisdiccionales ni los jueces actos de investigación que comprometan su imparcialidad.

Más sobre Acción de libertad — doctrina general

Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1186_2023-S1.pdf · páginas 1 a 20.

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