Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad · Sala Primera · 17 de septiembre de 2025
Concede en parte la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculada a la celeridad, a la defensa, a la igualdad de las partes y al debido proceso; puesto que, efectuada su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 20 de julio de 2022, se dispuso su detención preventiva por Resolución 513/2022 de igual fecha, formulando en ese acto procesal recurso de apelación incidental, que una vez remitido el 26 de igual mes y año, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su consideración, fue observado y supuestamente devuelto al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, aspecto que fue desconocido por este último, haciendo “rebotar” argumentos sin exhibir el sello de cargo de devolución, ni refieren cuál la observación y sin que hasta la fecha se señale la respectiva audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, ii) Análisis del caso concreto.
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 30/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado a la celeridad, con relación a la actuación del Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento.
a) Disponer que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de manera inmediata fije audiencia del recurso de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares, formulado por David Alejandro Tristán Gutiérrez, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no lo hubiese efectuado. b) Con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se concede respecto a la dilación incurrida; empero, no corresponde disponer alguna determinación contra dicha autoridad judicial al evidenciarse que en el petitorio de la acción de libertad se pretende la resolución de su recurso de apelación incidental. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y a la igualdad de las partes conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1185/2025-S1 Sucre, 17 de septiembre de 2025 SALA PRIMERA Magistrada Relatora: Dra. Amalia Laura Villca Acción de libertad Expediente: 49922-2022-100-AL Departamento: La Paz En revisión la Resolución 30/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por David Alejandro Tristán Gutiérrez contra Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del mencionado departamento.
El accionante por memorial presentado el 15 de agosto de 2024, cursante de fs. 17 a 19, manifestó lo siguiente:
En el proceso penal seguido por el Ministerio Público contra su persona por la presunta comisión del delito de violación de infante, niña, niño y adolescente, previsto y sancionado por el art. 308 bis del Código Penal (CP), el 19 de julio de 2022, le notificaron con mandamiento de aprehensión, efectuándose su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 20 de ese mes y año, en la que se dispuso su detención preventiva -Resolución 513/2022 de 20 de julio-, en ese acto procesal formuló recurso de apelación incidental fundamentando sus agravios, el cual se remitió a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz el 26 de julio de 2022; sin embargo, hasta la fecha de interposición de la acción de defensa no se llevó acabo la audiencia del recurso de apelación de aplicación de medidas cautelares, refiriendo que estaría observado su referido recurso de apelación y que se devolvió al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del Departamento de La Paz; al apersonarse a dicho Juzgado, negaron lo aseverado; presentándose nuevamente ante la citada Sala Penal reiteraron la devolución afirmada, haciendo “rebotar” los argumentos, sin exhibir el sello de cargo de devolución ni referir cual la observación y sin que “hasta la fecha” -de interposición de la acción tutelar- se señale la indicada audiencia.
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculada a la celeridad, a la defensa, a la igualdad de las partes y al debido proceso; citando al efecto el art. 7.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH).
Solicita se conceda la tutela; y, en consecuencia, se disponga que resuelva su recurso de apelación incidental de medidas cautelares sin dilaciones indebidas, debiendo el Vocal y el Juez hoy accionados reparar todo el daño ocasionado.
Celebrada la audiencia virtual el 16 de agosto de 2022, según consta en el acta cursante de fs. 29 a 30, se produjeron los siguientes actuados:
El accionante a través de sus abogados en audiencia, ratificó de manera íntegra el contenido del memorial de acción de libertad.
Henry David Sánchez Camacho, Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante informe presentado el 16 de agosto de 2022, cursante de fs. 27 a 28 vta., manifestó que: a) Su autoridad no tuvo conocimiento de que el recurso de apelación incidental formulado por el accionante se sorteó a la mencionada Sala Penal que representa, siendo el Secretario de Cámara de la referida Sala Penal con sus atribuciones quien habría emitido un decreto de mero trámite con observaciones y no su autoridad; por lo que, carecería de legitimación pasiva; b) Si el accionante no tuvo el acceso al legajo del recurso de apelación incidental para tener conocimiento de la observación y la devolución de dicho legajo debió presentar un memorial haciendo conocer a su autoridad los reclamos correspondientes; y, c) La presente causa no cuenta con auto de vista, solo se emitió un decreto de mero trámite por el Secretario de Cámara de la indicada Sala Penal realizando las observaciones de forma para que sean subsanadas en el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital de ese departamento y es allí donde se debe acudir para conocer sobre las observaciones, situación que no puede atribuirse a su autoridad; posterior a ello, se señalará día y hora de audiencia del recurso de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares. Por lo que, pide se deniegue la tutela solicitada. Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en audiencia de consideración de esta acción de libertad refirió que “el día de ayer” -se entiende 15 de agosto de 2022- les devolvió de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz -se entiende el legajo de apelación-.
El Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz, constituida en Juez de garantías, mediante Resolución 30/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 31 a 32 vta., denegó la tutela solicita, exhortando al Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia del departamento de La Paz, que en el futuro evite efectuar observaciones que trae consigo dilación y retardación en la emisión del auto de vista; todo ello, bajo los siguientes fundamentos: 1) El accionante debe cumplir la exigencia de la legitimación pasiva; 2) La “autoridad demandada” se evidencia que no emitió ningún decreto de mero trámite, de observarse alguna anormalidad en la referida Sala Penal Tercera, debió presentarse un memorial haciendo conocer su reclamo; y, 3) El 15 de agosto de 2022, una vez subsanado lo observado, el Juez hoy coaccionado devolvió el legajo del recurso de apelación incidental a la mencionada Sala Penal Tercera; la dilación de la tramitación normal en los plazos previstos fue ocasionado por el señalado Secretario de Cámara de la indicada Sala Penal Tercera.
Mediante decreto constitucional de 5 de marzo de 2025, cursante a fs. 37, se dispuso la suspensión de plazo para la emisión de la correspondiente resolución a efectos de recabar documentación complementaria, reanudándose el mismo a partir del día siguiente de la notificación con el decreto constitucional de 7 de agosto del citado año, cursante a fs. 49; por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional es emitida dentro del término legal.
De la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:
II.1. Cursa Resolución 513/2022 de 20 de julio, emitida por Mario Helmer Laura Picavia, Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz -hoy coaccionado-, en la cual se dispuso la detención preventiva de David Alejandro Tristán Gutiérrez -ahora accionante- por seis meses en el Centro Penitenciario de Patacamaya del mencionado departamento. En ese mismo acto procesal el accionante formuló recurso de apelación incidental contra dicha Resolución; por lo que, el referido Juez refirió que presentado el citado recurso de apelación remítase antecedentes a la Sala -Penal de Turno del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz- que corresponda cumpliéndose el art. “112” -siendo lo correcto 405- del Código de Procedimiento Penal (CPP [fs. 13 a 15 vta.]). II.2. Consta decreto de 27 de julio de 2022, emitido por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; por el que, se advirtió observaciones en el Acta de audiencia -de medidas cautelares- remitida y en cuanto a la cantidad de las pruebas que se adjuntaron (fs. 42). II.3. Mediante Nota con Cite: 1273/2022 de 28 de julio, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, devolvió actuados al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto de 27 de ese mes de 2022, recepcionado por dicho Juzgado el 15 de agosto de igual año, a las 11:51 horas (fs. 26 y vta.).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculada a la celeridad, a la defensa, a la igualdad de las partes y al debido proceso; puesto que, efectuada su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 20 de julio de 2022, se dispuso su detención preventiva por Resolución 513/2022 de igual fecha, formulando en ese acto procesal recurso de apelación incidental, que una vez remitido el 26 de igual mes y año, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su consideración, fue observado y supuestamente devuelto al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, aspecto que fue desconocido por este último, haciendo “rebotar” argumentos sin exhibir el sello de cargo de devolución, ni refieren cuál la observación y sin que hasta la fecha se señale la respectiva audiencia. En consecuencia, corresponde determinar en revisión, si los hechos demandados son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada; para el efecto, se desarrollarán los siguientes temas: i) La acción de libertad en su modalidad traslativa o de pronto despacho y el plazo para la remisión de antecedentes ante el Tribunal de alzada, frente a un recurso de apelación incidental de medidas cautelares; y, ii) Análisis del caso concreto.
La SCP 0752/2021-S2 de 8 de noviembre, asumiendo el entendimiento de la SC 0044/2010-R de 20 de abril, con relación al hábeas corpus -hoy acción de libertad- traslativo o de pronto despacho, señala que: «“…a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.
Este tipo de hábeas corpus, implícito en el art. 125 de la CPE (…) establece que, también procede el hábeas corpus cuando se aleguen ‘…otras violaciones que tengan relación con la libertad personal en cualquiera de sus formas, y los hechos fueron conexos con el acto motivante del recurso, por constituir su causa o finalidad…’, e implícitamente fue reconocido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cuando tuteló los supuestos de demora en la celebración de la audiencia de medidas cautelares (SSCC 1109/2004-R, 1921/2004-R)…”.
Así, la SCP 0112/2012 de 27 de abril, reiterando la línea jurisprudencial sobre el deber de tramitar todas las cuestiones vinculadas con la libertad personal con la celeridad necesaria, recordó que: “La celeridad en la tramitación, consideración y concreción de la cesación de la detención preventiva u otro beneficio que tenga que ver con la libertad personal no sólo le es exigible a la autoridad judicial encargada del control jurisdiccional, sino también a todo funcionario judicial o administrativo que intervenga o participe en dicha actuación y de quien dependa para que la libertad concedida se haga efectiva”.
De otro lado, la SCP 0571/2012 de 20 de julio, precisó que: “…el hábeas corpus -ahora acción de libertad- traslativo o de pronto despacho: ‘…se constituye en el mecanismo procesal idóneo para operar en caso de existir vulneración a la celeridad cuando esté relacionada a la libertad y devenga de dilaciones indebidas, que retardan o evitan resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad’”.
(…)
Asimismo, la SCP 0003/2016-S2 de 18 de enero, sostuvo que: “...la acción de libertad (antes hábeas corpus) traslativa o de pronto despacho, se constituye en el medio idóneo y efectivo en caso de existir vulneración al principio de celeridad como elemento del debido proceso; que en materia penal, involucra la posibilidad de una futura restricción a la libertad en actuaciones o trámites sean judiciales o administrativos con dilaciones indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad”.
Concluyéndose que, la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, tiene la finalidad de acelerar los trámites judiciales o administrativos, cuando existan dilaciones ilegales o indebidas que retarden o eviten resolver la situación jurídica de una persona que se encuentra privada de libertad» (las negrillas nos pertenecen).
En ese contexto, la jurisprudencia constitucional con relación al trámite del recurso de apelación incidental respecto a las resoluciones que resuelven las medidas cautelares sistematizó los supuestos de procedencia que se encuentran dentro del ámbito de protección de la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, estableciendo en la SCP 2149/2013 de 21 de noviembre, señala que:
“i) Interpuesto el recurso de apelación contra las resoluciones que resuelven medidas cautelares, las actuaciones pertinentes deben ser remitidas en el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; plazo que, por regla general, debe ser cumplido por las autoridades judiciales.
ii) No obstante lo señalado precedentemente, es posible que el plazo de remisión de los antecedentes del recurso de apelación, de manera excepcional, y en situaciones en que exista una justificación razonable y fundada sobre las recargadas labores de la autoridad jurisdiccional, por las suplencias o la pluralidad de imputados, es posible flexibilizar dicho plazo a tres días, pasado el cual la omisión del juzgador se constituye en un acto.
iii) Cuando el recurso de apelación previsto en el art. 251 del CPP, sea formulado de manera escrita, debe ser providenciado por la autoridad judicial en el plazo máximo de veinticuatro horas, de conformidad al art. Página 11 de 14 132 del CPP; providencia a partir de la cual se computan las veinticuatro horas previstas para la remisión de las actuaciones pertinentes ante el tribunal de apelación.
iv) Cuando el recurso de apelación sea formulado de manera oral, corresponde que la autoridad judicial decrete su remisión en audiencia, para que a partir de dicha providencia se compute el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP; aclarándose que la fundamentación jurídica y expresión de agravios debe ser efectivizada en la audiencia de apelación.
v) No corresponde condicionar la remisión de antecedentes del recurso de apelación al tribunal superior con el cumplimiento de la provisión de recaudos de ley dispuesta por la autoridad judicial, y menos puede computarse el plazo de veinticuatro horas previsto en el art. 251 del CPP, a partir que el recurrente otorga dichos recaudos, en virtud a los principios de gratuidad, pro actione, y los derechos de impugnación y acceso a la justicia.
vi) No corresponde que el decreto de remisión de antecedentes al tribunal de apelación sea notificado personalmente y, en consecuencia, deberá notificarse en una de las formas previstas en los arts. 161 y 162 del CPP, en el plazo previsto en el art. 160 del citado Código; únicamente para efectos de conocimiento de las partes, sin que a partir de dicha notificación se compute el plazo de veinticuatro horas previsto por el art. 251 del CPP; pues, se reitera, el cómputo de ese plazo se inicia desde el decreto de remisión dictado por el juez, y en ese sentido, no se debe condicionar la remisión del recurso de apelación a una eventual contestación de la otra parte” (las negrillas son nuestras).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos a la libertad, vinculada a la celeridad, a la defensa, a la igualdad de las partes y al debido proceso; puesto que, efectuada su audiencia de aplicación de medidas cautelares el 20 de julio de 2022, se dispuso su detención preventiva por Resolución 513/2022 de igual fecha, formulando en ese acto procesal recurso de apelación incidental, que una vez remitido el 26 de igual mes y año, a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz para su consideración, fue observado y supuestamente devuelto al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento, aspecto que fue desconocido por este último, haciendo “rebotar” argumentos sin exhibir el sello de cargo de devolución, ni refieren cuál la observación y sin que hasta la fecha se señale la respectiva audiencia.
Ahora bien, de la revisión de antecedentes, se tiene que por Resolución 513/2022 emitida por el Juez hoy coaccionado, se dispuso la detención preventiva del accionante por seis meses en el Centro Penitenciario de Patacamaya del departamento de La Paz. En ese mismo acto procesal el nombrado formuló recurso de apelación incidental contra dicha determinación, por el que el Juez hoy coaccionado refirió que presentado el citado recurso de apelación remítase antecedentes a la Sala Penal de Turno del Tribunal de Justicia de La Paz, que corresponda cumpliéndose el art. “112” -siendo lo correcto 405- del CPP (Conclusión II.1.); una vez sorteada la causa, se emitió el decreto de 27 de julio de 2022, por el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera del referido Tribunal, que observó aspectos formales que debieron ser subsanados (Conclusión II.2.); posteriormente, por Nota con Cite: 1273/2022, el Secretario de Cámara de la Sala Penal Tercera devolvió actuados al Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz en cumplimiento a lo dispuesto por el decreto de 27 de ese mes y año, Nota que fue recepcionada por dicho Juzgado el 15 de agosto de igual año (Conclusión II.3.).
En ese contexto, y teniendo en cuenta la denuncia de la vulneración de la celeridad como elemento del derecho a la libertad, corresponde analizar las actuaciones del Juez y el Vocal hoy accionados:
Con relación al Juez ahora coaccionado, se tiene que una vez emitida la Resolución 513/2022, en ese acto procesal el accionante de manera oral formuló recurso de apelación incidental contra dicha Resolución, determinando el citado Juez la remisión de dicho recurso a la Sala Penal de turno que corresponda, cumpliéndose el art. “112” -siendo lo correcto 405- del CPP; sin embargo, como se puede evidenciar del documento cursante a fs. 41 y vta., el legajo del recurso apelación recién fue recepcionado el 26 de ese mes de 2022, por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; es decir, después de las veinticuatro horas previstas por el art. 251 del CPP y actuando al margen del entendimiento establecido en el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, incumpliéndose el plazo dispuesto en esa norma; en ese sentido, se generó una dilación injustificada dejando al accionante en incertidumbre sobre la resolución de su situación jurídica. Por lo que, el Juez ahora coaccionado no tuvo una actuación diligente en la tramitación del recurso de apelación incidental formulado por el accionante al no remitirse de manera oportuna los antecedentes concernientes al Tribunal de alzada, correspondiendo en consecuencia, conceder la tutela solicitada respecto al Juez hoy accionado.
Respecto al Vocal hoy accionado, quien alegó no tener legitimación pasiva en la acción tutelar, porque no tuvo conocimiento de la tramitación ni del sorteo del proceso penal del accionante en instancia de apelación a la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; ya que, el Secretario de Cámara de dicha Sala Penal conforme a sus atribuciones establecidas por el art. 56 del CPP, emitió un decreto de mero trámite con observaciones de forma que deberían ser subsanados por el Juzgado de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz. En ese contexto, corresponde señalar que en el presente caso el Secretario de la referida Sala Penal no fue accionado en esta acción de defensa, al desconocer el accionante el motivo de la dilación del trámite de su recurso de apelación incidental; sin embargo, recibido el legajo de recurso de apelación incidental del citado Juzgado, el 26 de julio de 2022, dicho funcionario de apoyo jurisdiccional emitió el decreto de 27 de igual mes y año, realizando observaciones de forma para que sean subsanadas por el indicado Juzgado, en virtud de lo cual el 28 de ese mes y año elaboró la Nota con Cite: 1273/2022; por la que, en cumplimiento al referido decreto devolvía actuados al señalado Juzgado; empero, la misma fue presentada recién el 15 de agosto de 2022, a las 11:51 horas, después de la interposición de la acción de libertad, que fue en esa misma fecha, a las 11:13 horas (fs. 1), descuido que fue subsanado extemporáneamente, evidenciándose una dilación injustificada por parte del Secretario de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, quien si bien ejerció sus atribuciones conforme al art. 56 del CPP, no las efectuó de manera diligente, aspecto que también repercutió en la responsabilidad de la dirección funcional del despacho judicial a cargo del Vocal hoy accionado; puesto que, como titular de dicha Sala Penal tiene la obligación de controlar que los plazos procesales sean cumplidos dentro de término, no siendo aceptable la justificación expuesta en su informe presentado el 16 de agosto de 2022; es más, su función no se encuentra únicamente a encaminar la actuación de los sujetos procesales dentro de una determinada causa, sino también tiene la obligación de ejercer control sobre su propio personal de despacho. Por lo que, al respecto corresponde también conceder la tutela.
Por otra parte, si bien el Juez hoy coaccionado en audiencia de consideración de la acción de defensa señaló que “el día de ayer” -se entiende 15 de agosto de 2022- se le devolvió a su Juzgado el legajo del recurso de apelación por la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, y el cual -una vez subsanado-fue devuelto en ese momento y ya se encontraría en dicha Sala Penal, lo que se puede corroborar de la Nota de igual fecha, dirigida a la “Sala Penal Tercera”, recepcionada por la referida Sala Penal el 16 de ese mes y año (fs. 43 y vta.); debido a lo cual corresponde al Vocal hoy accionado fijar la audiencia del recurso de apelación incidental de manera pronta evitando dilaciones injustificadas.
De esa manera, conforme a lo señalado precedentemente, el Vocal y el Juez ahora accionados actuaron de manera negligente, vulnerando los derechos a la libertad y al debido proceso del accionante vinculado a la celeridad; por lo que, corresponde conceder la tutela solicitada en su modalidad traslativa o de pronto despacho conforme con el Fundamento Jurídico III.1. de este fallo constitucional, más aún si se considera que toda autoridad judicial tiene el deber de tramitar cualquier asunto vinculado a la libertad de las personas con la mayor celeridad posible y dentro de los plazos establecidos por la normativa o en un plazo razonable, un actuar contrario implica una dilación injustificada que vulnera directamente la libertad de las personas, razón por la cual se debe conceder la tutela solicitada.
En cuanto a la denuncia de la vulneración de los derechos a la defensa y a la igualdad de las partes, se tiene que a partir de la lectura del memorial de acción de libertad, así como en audiencia de consideración de esta acción de defensa, el accionante no identificó de qué manera dichos derechos fueron vulnerados, limitándose únicamente a su mención, correspondiendo en consecuencia, denegar la tutela solicitada al respecto.
Asimismo, es pertinente considerar la condición de la víctima y la protección reforzada con la que cuenta; en ese sentido, se recomienda al Vocal y al Juez ahora accionados que en el desarrollo del proceso penal deben cumplir su obligación de aplicar en sus razonamientos y labor judicial un enfoque interseccional, herramienta que conforme lo desarrollado en la doctrina y la jurisprudencia constitucional permite: “…analizar posibles lesiones a derechos fundamentales de las víctimas en procesos judiciales; mismo que no conlleva ninguna vulneración o desconocimiento de los derechos de la parte procesada, pues ese enfoque interseccional comprende un análisis jurídico de las categorías de vulnerabilidad utilizadas como herramientas para identificar situaciones específicas en las que se encuentran las víctimas de violencia sexual y los requerimientos de protección reforzada que deben otorgarse a la misma, observando la complejidad y diversidad de las fuentes que generan cada categoría…”, considerando al efecto que en su alcance, dimensión y eficacia práctica de aplicación: “…estos criterios de interpretación pueden variar de acuerdo a la identidad, los intereses, las desventajas, la composición o jerarquías internas de este grupo vulnerable, siendo necesario abordar los mismos bajo una perspectiva reflexiva visualizando la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos que se hallan comprometidos, siendo que el primero comprende que la satisfacción de un derecho o un grupo de derechos depende de la garantía y materialización de otro derecho; en tanto que, la indivisibilidad implica una perspectiva holística de los derechos humanos, como un todo; por lo que, la transgresión de uno impacta negativamente en otros; (…) criterios interpretativos que deben ser considerados por las autoridades jurisdiccionales al momento de pronunciarse sobre un determinado motivo…” (SCP 0587/2020-S3 de 24 de septiembre, entre otras). Por lo que, la demora identificada en el presente caso también perjudica a la víctima generándole una afectación indirecta; ya que, el proceso penal está vinculado a un delito de violación de infante, niño, niña y adolescente, contexto en el cual el Estado tiene el deber de actuar con la debida diligencia. Finalmente, se precisa que la concesión de tutela parcial se limita a ordenar que el Vocal hoy accionado celebre la audiencia del recurso de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares, con la finalidad de emitir su resolución; sin pronunciarse sobre el fondo de la situación jurídica del accionante, cuya valoración corresponde al referido Vocal, quien debe garantizar la debida protección de los derechos de la víctima. En consecuencia, el Juez de garantías, al denegar la tutela solicitada, obró de manera parcialmente incorrecta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Primera; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: REVOCAR en parte la Resolución 30/2022 de 16 de agosto, cursante de fs. 31 a 32 vta., pronunciada por el Juez de Sentencia Penal Primero de la Capital del departamento de La Paz; y, en consecuencia: 1° CONCEDER en parte la tutela solicitada, respecto a los derechos a la libertad y al debido proceso vinculado a la celeridad, con relación a la actuación del Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz; y, el Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del citado departamento.
a) Disponer que el Vocal de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz de manera inmediata fije audiencia del recurso de apelación incidental de aplicación de medidas cautelares, formulado por David Alejandro Tristán Gutiérrez, siempre y cuando por el transcurso del tiempo no lo hubiese efectuado. b) Con relación al Juez de Instrucción Anticorrupción y contra la Violencia hacia la Mujer Primero de la Capital del departamento de La Paz, se concede respecto a la dilación incurrida; empero, no corresponde disponer alguna determinación contra dicha autoridad judicial al evidenciarse que en el petitorio de la acción de libertad se pretende la resolución de su recurso de apelación incidental. 2° DENEGAR la tutela solicitada respecto a los derechos a la libertad y a la igualdad de las partes conforme con los fundamentos jurídicos expuestos en el presente fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fdo. MSc. Julia Elizabeth Cornejo Gallardo
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1185_2025-S1.pdf · páginas 1 a 12.
Huella digital del PDF (SHA-256): a5a407968749c8b727616b10c0041b533a23391cabeaa9c7dc904df2295a9abb
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