Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de libertad: · Sala Segunda · 4 de agosto de 2026
Deniega la tutela
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 70/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 148 vta. a 150, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en tribunal de Garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1183/2026-S2 Sucre, 4 de agosto de 2026 JURISPRUDENCIA REITERADA - Subsidiariedad excepcional SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de libertad: Expediente: 63603-2024-128-AL Departamento: Santa Cruz En revisión la Resolución 70/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 148 vta. a 150, pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Carla Hoyos Arroyo contra Calixto Rodríguez Zurita, Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz.
La accionante, a través de memorial de 14 de marzo de 2024, cursante a fs. 1; y, de 57 a 60 vta., denunció la lesión de sus derechos a la libertad, al debido proceso, a la libre circulación, a la petición, a ser oída por un juez imparcial, y a la seguridad física, alegando que dentro el proceso de guarda seguido por Lino Cristian Gutiérrez -ex concubino- en su contra, el Juez Público de Familia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz -ahora demandado- por petición del precitado, aprobó una liquidación de pensiones mediante Auto de 19 de julio de 2023 en la suma de Bs9 200.- (nueve mil doscientos bolivianos); disponiendo luego, librar mandamiento de apremio en su contra. Asumió dicha determinación sin tomar en cuenta que en otro proceso de asistencia familiar sustanciado en el Juzgado similar Quinto, se dispuso la cesación de asistencia familiar el 9 de marzo del mismo año, bajo el criterio de igualdad jurídica, dado que ambos progenitores se encontraban bajo la guarda de cada uno de sus dos hijos; empero, ahora, el Juez demandado consideró dichos aspectos en franco error y por medio de un fraude procesal, la dejó en total indefensión, emitiendo mandamiento de apremio en su contra, lesionando sus derechos fundamentales, puesto que el Juez demandado, ya tenía conocimiento de la solicitud de cesación de asistencia familiar de 4 de octubre de 2021 presentada por el ex concubino a efecto de que cese la asistencia familiar del otro menor; el mismo que fue rechazado por contar con una apelación pendiente de resolución. Por lo expuesto, solicitó que se conceda la tutela, disponiendo que se deje sin efecto el Auto de aprobación de liquidación de asistencia familiar y el mandamiento de apremio dispuesto en su contra. El Juez demandado, no presentó informe escrito alguno, ni asistió a la audiencia de garantías, pese a su notificación cursante a fs. 63. El Tribunal de Sentencia Penal Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, denegó la tutela impetrada, alegando que es inviable atender a la solicitud efectuada debido al tiempo transcurrido; al margen de ello, las observaciones a la liquidación de asistencia familiar debieron ser efectuadas ante el Juez de control jurisdiccional. En consecuencia, corresponde en revisión, determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
En el marco del Plan de Descongestionamiento Procesal, este Tribunal Constitucional Plurinacional, en reunión de Sala Plena de 14 de enero de 2026, estableció el uso del Formato Corto de Resolución para todas las causas comprendidas en el Plan Piloto. Determinación ratificada posteriormente mediante Acuerdo Jurisdiccional de Sala Plena TCP-SP 010/2026 de 17 de junio, en el que se determinó la resolución de causas, mediante sentencias de aplicación de jurisprudencia reiterada. Por ello, el formato del presente fallo se ajusta a lo precedentemente determinado.
La SC 0080/2010-R de 3 de mayo, señaló que la acción de libertad, no puede ser desnaturalizada en su esencia y finalidad, debiendo evitarse que se convierta en un medio alternativo o paralelo que provoque confrontación jurídica con la jurisdicción ordinaria.
En esa línea, la SCP 0018/2020-S1 de 12 de marzo, sostuvo que el mencionado entendimiento “…debe ser asumido en materia de asistencia familiar ante la emisión de un mandamiento de apremio que vulnera el derecho a la libertad como resultado de una supuesta persecución ilegal, indebido procesamiento o privación de libertad, debiendo agotar los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos al alcance, a efectos de buscar la restitución del derecho lesionado, no siendo pertinente activar de manera directa la justicia constitucional” (las negrillas son nuestras).
De los antecedentes relevantes traídos en revisión, se advierte que dentro el proceso de guarda, el ex concubino de la impetrante de tutela solicitó el pago de asistencia familiar devengada, a través de planilla de liquidación; por lo que, el Juez ahora demandado, emitió el Auto de aprobación de la liquidación de asistencia familiar el 19 de julio de 2023 en la suma de Bs9200.- y ordenó la emisión de mandamiento de apremio en su contra, sin tomar en cuenta, que su homólogo Juez Quinto, emitió una Resolución de cesación de asistencia familiar; por lo que, considera que dicha emisión, lesiona sus derechos al debido proceso, a la libre circulación, a ser oída por un juez imparcial y a la seguridad física. Ahora bien, conforme lo establecido en el Fundamento Jurídico III.1 de la Presente resolución, la acción de libertad no puede ser activada para cuestionar un mandamiento de apremio por asistencia familiar sin antes agotar los mecanismos intraprocesales específicos adecuados. En el caso, cabe destacar que las denuncias efectuadas por la accionante, por actuaciones u omisiones que pudiesen haberse suscitado por el Juez demandado, concretamente en la aprobación de la liquidación de asistencia familiar, y que dieron lugar a la emisión del mandamiento de apremio, debieron ser reclamadas a través de los mecanismos idóneos, eficaces y oportunos para hacer conocer a la autoridad judicial competente los actos ahora cuestionados referidos a que no correspondía la liquidación de asistencia familiar, por trato igualitario, al tener bajo su guarda, cada progenitor a un hijo, y menos emitir mandamiento de apremio en su contra en supuesta total indefensión; haciéndole notar sobre un posible error o ilegalidad cometida en los actuados, a objeto de que previa revisión de los antecedentes y la normativa aplicable al caso, la autoridad judicial resuelva conforme a derecho las pretensiones u objeciones respecto a la liquidación de asistencia familiar, aprobación de la misma, y la correspondiente emisión de mandamiento de apremio. Siendo para ello idónea y eficaz la aplicación de los arts. 248 a 251 (sobre nulidad procesal); 255 y 256 (sobre incidentes); 366 (clases de recursos de impugnación); y, 415.I que establece que: “La parte beneficiaria presentará la liquidación de pago de la asistencia devengada que será puesta a conocimiento de la otra parte, quien podrá observar en el plazo de (3) tres días”, todos del Código de las Familias y del Proceso Familiar, evidenciándose que la accionante, no hizo uso de estos mecanismos.
Y si bien, la accionante interpuso incidente de cesación de asistencia familiar ante el Juzgado Público de Familia Décimo; el mismo fue declarado procedente mediante Auto de 7 de febrero de 2024 (fs. 50 a 53), en virtud a que, cada uno de los progenitores tenía un hijo a su cargo, habiéndose dispuesto que la asistencia familiar sea cesada desde la fecha de emisión de la citada resolución, de conformidad con lo previsto por el art. 415.VI de la Ley 603; es decir, 7 de febrero de 2024; el Juez ahora demandado, respondió a la pretensión, mediante decreto de 8 de marzo del mismo año (fs. 136 vta.), señalando: “Estese al auto de fecha 07 de febrero de 2022”. Decreto contra el cual, la accionante no interpuso ningún medio de impugnación, teniendo a su alcance el recurso de reposición, que se presenta ante la misma autoridad judicial que dictó el mismo, solicitando que lo modifique o lo deje sin efecto, sobre la base legal del art. 368 del Código de las Familias y del Proceso Familiar (CFPF), en cuyo tenor establece que la reposición procede contra “decretos o autos interlocutorios”.
Consiguientemente, la accionante incurrió en inobservancia del principio de subsidiariedad aplicable a la acción de libertad de forma excepcional citado en el Fundamento Jurídico III.1 de este fallo, el cual establece que, en caso de existir mecanismos procesales específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, deben ser utilizados previamente por el afectado; motivo por el cual, la acción de libertad operará solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de agotarse esas vías específicas. Consecuentemente, en el caso concreto, resulta inviable ingresar en un análisis de fondo sobre los actos denunciados de lesivos, por lo que corresponde denegar la tutela. En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber denegado la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confieren la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional; en revisión, resuelve: CONFIRMAR la Resolución 70/2024 de 15 de marzo, cursante de fs. 148 vta. a 150, pronunciada por el Tribunal de Sentencia Décimo de la Capital del departamento de Santa Cruz, constituido en tribunal de Garantías; y, en consecuencia, DENEGAR la tutela solicitada, conforme a los fundamentos expuestos en el presente fallo constitucional.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Dra. Amalia Laura Villca
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1183_2026-S2.pdf · páginas 1 a 5.
Huella digital del PDF (SHA-256): df3b75d48c2096bc026ac3fcb8884f178e34eeb3c042a15ba395e95ad21bf9ff
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