Sentencia Constitucional Plurinacional · Acción de amparo constitucional · Sala Segunda · 8 de octubre de 2025
Concede la tutela
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia externa y valoración de la prueba; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad; por cuanto, el Fiscal Departamental de Oruro -hoy demandado-dictó la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. […]
Palabras del Tribunal, al comienzo de los Fundamentos jurídicos del fallo.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 111/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023, para que el Fiscal Departamental de Oruro, motive y fundamente su análisis en el marco de lo explicado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional.
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SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1183/2025-S2 Sucre, 8 de octubre de 2025 SALA SEGUNDA Magistrado Relator: Boris Wilson Arias López Acción de amparo constitucional Expediente: 58206-2023-117-AAC Departamento: Oruro En revisión la Resolución 111/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada dentro de la acción de amparo constitucional interpuesta por Jorge Wilson Ustarez Beltrán contra Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro.
Por memorial presentado el 25 de agosto de 2023, cursante a fs. 1 y 14 a 26 vta., el accionante manifiesta lo siguiente:
Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal (GAM) de Oruro -tercero interesado-, en su contra, por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes; el 23 -lo correcto es 24- de marzo de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella, alegando que la investigación no logró aportar elementos suficientes para fundar la imputación formal; por lo que, dispuso el archivo de obrados; no obstante, por memorial presentado el 3 de abril de dicho año, el tercero interesado objetó la determinación argumentando que el citado Fiscal no valoró la literal que presentó en la querella y la prueba producida en la investigación -la que a su criterio ni siquiera mereció un pronunciamiento de forma referencial-. Ante ello, el 20 de abril de 2023, contestó a la objeción sosteniendo que toda la prueba aparejada por el tercero interesado, en lugar de permitir crear elementos de convicción sobre la comisión del delito, demostró la inexistencia del hecho; explicó también que al margen de haberse presentado una querella defectuosa, la prueba nuclear por la que se inició la investigación es la Ordenanza Municipal (OM) 002/2012 de 8 de octubre, la misma que goza de presunción de constitucionalidad mientras no se declare lo contrario. En sustanciación por Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023 de 4 de julio, Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro -demandado-revocó el Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella, señalando que si bien producto de las acciones de libertad y amparo constitucional -planteadas por su persona anteriormente-, se dejaron sin efecto ciertas resoluciones judiciales y fiscales; empero, el Fiscal de Materia asignado al caso no describió cuáles fueron ni se adjuntó al cuaderno de investigaciones, incidiendo ello, en la carencia de fundamentación y motivación; sin embargo, fue el demandado quien no explicó cuál es la necesidad de examinarlas. Por otra parte, razonó que el Fiscal de Materia asignado al caso debió efectuar una valoración de cada uno de los elementos cursantes en el cuaderno de investigación, que no bastaba una simple enunciación; empero, en su labor revisora y con base en el principio de unidad del Ministerio Público, es el demandado quien debió examinar la prueba enunciada por el tercero interesado a efectos de determinar de forma objetiva si ameritaba o no la revocatoria del Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella en el marco de los arts. 72 del Código de Procedimiento Penal (CPP), 34.17 vinculado al 65, ambos de la Ley Orgánica del Ministerio Público (LOMP). En la respuesta a la objeción, enfatizó que la OM 002/2012, goza de presunción de constitucionalidad; sin embargo, el demandado no se pronunció al respecto, respuesta que adquiere relevancia; toda vez que, del examen de dicho instituto, su correcto entendimiento y aplicación, cambiará radicalmente el resultado de la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023.
Denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia externa y valoración de la prueba; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad, citando el efecto el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE).
Solicita se conceda la tutela impetrada, ordenando dejar sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023; y, que el demandado emita un nuevo fallo en el marco de lo determinado por la justicia constitucional.
Celebrada la audiencia pública el 5 de septiembre de 2023, según consta en el acta cursante de fs. 47 a 55 vta.; se produjeron los siguientes actuados:
El impetrante de tutela, a través de su abogado, ratificó in extenso los argumentos expuestos en su memorial de acción de amparo constitucional presentado; y, ampliándolo indicó que: a) El demandado en la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023 revocó el Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella, por falta de fundamentación; sin embargo, en el informe presentado sostiene que lo hizo al advertir que existe la necesidad de recolectar mayores indicios para descubrir la verdad histórica de los hechos; b) El nombrado indicó que emitió la señalada Resolución Jerárquica en el marco de la atribución conferida por el art. 305 del CPP y 306.III del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA), siendo incongruente este último precepto dada la naturaleza del delito investigado; c) Fue incriminado en el entendido que su persona fue quien proyectó la OM 002/2012, que supuestamente es contraria a la Constitución Política del Estado y a las leyes; empero, dicho documento también fue suscrito por Rocío Pimentel Flores, Edgar Jesús Blazz Ibáñez, Juan Pablo Canaviri, Orlando Agustín Zapata Sánchez, entre otros; no obstante, se aperturó el proceso penal solamente en su contra, cuando el Ministerio Público en su labor transparente tenía el deber de iniciar una investigación completa; y, d) Durante la investigación se incurrieron en irregularidades como su aprehensión y el allanamiento de su domicilio de manera ilegal, por lo que, formuló anteriores acciones de libertad y de amparo constitucional en las que se le concedió tutela.
Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro, por informe cursante a fs. 37 y vta., solicitó que la tutela sea denegada, al efecto indicó que: 1) El accionante considera que al emitir la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023, se limitó a señalar que el Fiscal de Materia asignado al caso debe efectuar una valoración y compulsa de cada uno de los elementos incorporados -indicios-; sin embargo, de la revisión del Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella, se tiene que el citado Fiscal sostuvo que la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la “acusación” -lo correcto es imputación formal-; razón por la cual advirtió la necesidad de generar mayores elementos de convicción conforme a la naturaleza de los hechos que se investigan a efectos de precisar o desvirtuar la misma; y, 2) Lo planteado por el solicitante de tutela carece de argumento lógico y jurídico, toda vez que, no explica como su persona incurrió en los cargos endilgados limitándose a referir que no examinó la prueba.
Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del GAM de Oruro, a través de su representante en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada, al efecto refirió que: i) El accionante sostiene que no se tomó en cuenta que la OM 002/2012 goza de presunción de constitucionalidad; sin embargo, dicho argumento no fue expuesto en la etapa preliminar sino recién al momento de contestar la objeción que su persona interpuso contra el Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella emitido por el Fiscal de Materia asignado al caso; ii) En el marco del art. 305 del CPP, las partes tienen la posibilidad de objetar los requerimientos conclusivos de rechazo, empero, el solicitante de tutela no lo hizo consintiendo lo determinado; y, iii) El nombrado no precisó los agravios ni la relevancia constitucional; y siendo que, el demandado no definió su situación jurídica y solamente ordenó la continuación de la investigación del hecho penal que se le atribuye, mientras no se cumpla aquello existe inobservancia del principio de subsidiariedad, ya que, si la indicada Ordenanza Municipal goza o no de presunción de constitucionalidad es un aspecto que puede ser analizado por el Ministerio Publico o la jurisdicción ordinaria.
La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, por Resolución 111/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 56 a 60, concedió la tutela solicitada disponiendo dejar sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023, para que en el término previsto por ley el demandado emita un nuevo fallo, con base en los siguientes fundamentos: a) El demandado se limitó a señalar que el Fiscal de Materia asignado al caso, no efectuó una valoración individual de cada una de las pruebas acumuladas en el cuaderno de investigación; realizó una inspección ocular en las oficinas de Secretaría General y de la Dirección de Ordenamiento Territorial; y, aludió que las acciones de libertad y de amparo constitucional dejaron sin efectos resoluciones judiciales y fiscales, para luego concluir que la fundamentación no puede ser reemplazada por la simple relación de documentos y criterios expuestos por las partes; y, b) Lo previamente expuesto denota que la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023, no se encuentra suficientemente motivada y fundamentada, al no exponer de manera amplia los motivos que sustentan su determinación de revocar el Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella, entendiendo que no realizó una adecuada compulsa de todos los actos de investigación, inobservando a su vez la previsión contenida en el art. 57 de la LOMP.
De la revisión de los antecedentes que cursan en el expediente, se establece lo siguiente: II.1. En el proceso penal seguido por el Ministerio Público a instancia de Adhemar Wilcarani Morales, Alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro -tercero interesado- contra Jorge Wilson Ustarez Beltrán -accionante-, por la presunta comisión del delito de resoluciones contrarias a la constitución y las leyes; el 24 de marzo de 2023, el Fiscal de Materia asignado al caso emitió Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella, alegando que la investigación no aportó elementos suficientes para fundar la imputación formal (fs. 2 a 3). II.2. Por memorial presentado el 3 de abril de 2023, el tercero interesado objetó la supra citada determinación, una vez respondido por el impetrante de tutela -20 de igual mes y año-, mediante Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023 de 4 de julio, Aldo Ángel Morales Alconini, Fiscal Departamental de Oruro -demandado- revocó dicha determinación y dispuso la continuación de la investigación, para que con base a los principios de objetividad y celeridad, se emita el requerimiento que corresponda (4 a 7; y, 9 a 13).
El accionante denuncia la vulneración de sus derechos al debido proceso en sus componentes de fundamentación, motivación, congruencia externa y valoración de la prueba; y, de los principios de seguridad jurídica y legalidad; por cuanto, el Fiscal Departamental de Oruro -hoy demandado-dictó la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023 a través de la cual revocó el Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella de 24 de marzo de 2023, emitido a su favor; empero, al efecto: 1) No explicó la necesidad de examinar las Resoluciones 22/2023 de 15 de marzo y 002/2023 de 20 de igual mes, emergentes de anteriores acciones de amparo constitucional y de libertad que formuló, en las que se le concedió tutela dejando sin efecto resoluciones fiscales y judiciales; 2) No valoró la prueba presentada por el tercero interesado para determinar de manera objetiva si correspondía revocar o no el citado Requerimiento Conclusivo; y, 3) No se pronunció respecto a la presunción de constitucionalidad de la OM 002/2012, que impetró al momento de responder el memorial de objeción de rechazo presentado por el tercero interesado. Al respecto el demandado señaló que el accionante no explicó de qué manera incurrió en los cargos endilgados solamente sostuvo que no valoró la prueba; empero, revocó el Requerimiento Conclusivo de Rechazo de querella al advertir la necesidad de que se generen mayores elementos de convicción conforme a la naturaleza de los hechos que se investiga. En consecuencia, corresponde en revisión determinar si tales argumentos son evidentes, a fin de conceder o denegar la tutela solicitada.
Al respecto, los arts. 57 de la LOMP y 73 del CPP, expresan de manera coincidente que los Fiscales formularán sus requerimientos y resoluciones de manera fundamentada y específica. De la normativa citada precedentemente, se tiene que la labor de fundamentación y motivación de las resoluciones, debe ser cumplida por los representantes del Ministerio Público en sus distintas jerarquías; en tal sentido, a través de la SC 1523/2004-R de 28 de septiembre, se señaló que: “…toda decisión emitida dentro de un proceso penal que no implique cuestión de mero trámite sino que concierna al fondo de lo que se investiga debe ser necesariamente motivada o lo que es lo mismo, debidamente fundamentada, lo que significa, que tanto el fiscal o los jueces que conozcan el proceso, sea en control jurisdiccional o para resolver el fondo, deberán dictar sus requerimientos o resoluciones cumpliendo las exigencias de la estructura de forma como de contenido de las mismas. En particular en lo relativo al contenido de fondo, no sólo deberán circunscribirse a relatar lo expuesto por las partes sino también citar las pruebas que aportaron las partes, exponer su criterio sobre el valor que le dan a las mismas luego del contraste y valoración que hagan de ellas dando aplicación a las normas jurídicas aplicables para finalmente resolver. Si no proceden de esa forma y dictan una resolución sin respetar la estructura señalada, resulta obvio que su decisión será arbitraria y considerada subjetiva e injusta, pues el sujeto procesal a quien no le sea favorable no podrá entender y menos saber la razón jurídica de la decisión…" (las negrillas nos corresponden). Ahora bien, la fundamentación que emita la autoridad fiscal departamental al resolver un recurso contra una resolución de rechazo debe ajustarse estrictamente a los límites de su competencia, conforme al art. 305 del CPP, que establece lo siguiente: “El fiscal superior en jerarquía, dentro de los diez días siguientes a la recepción de las actuaciones, determinará la revocatoria o ratificación del rechazo. Si dispone la revocatoria, ordenará la continuación de la investigación; en caso de ratificación, se dispone el archivo de obrados”. De acuerdo con esta norma, el Fiscal superior tiene dos alternativas claras: revocar o ratificar el rechazo. En caso de revocatoria, deberá ordenar la continuación de la investigación, y en caso de ratificación, se procederá al archivo de los obrados; sin embargo, la norma no faculta al referido Fiscal a anular la resolución impugnada por deficiencias en la fundamentación o valoración probatoria.
En el presente caso se impugna la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. Nro. 191/2023 de 4 de julio, por la cual se revoca la resolución de rechazo, decisión contra la cual la parte accionante interpuso la presente acción tutelar alegando que el Fiscal Departamental demandado: i) No explicó la necesidad de examinar las Resoluciones 22/2023 de 15 de marzo y 002/2023 de 20 de igual mes, emergentes de anteriores acciones de amparo constitucional y de libertad que formuló, en las que se le concedió tutela dejando sin efecto resoluciones fiscales y judiciales: ii) No valoró la prueba presentada por el ahora tercero interesado, para determinar de manera objetiva si correspondía revocar o no el citado Requerimiento Conclusivo; y, iii) No se pronunció respecto a la presunción de constitucionalidad de la OM 002/2012. Ahora bien, previamente a analizar la valoración de dichos aspectos, así como los invocados en la impugnación de la objeción al rechazo y que se hacen notar por el tercero interesado, provocan que previamente se analice dicho cargo; es decir, si la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. Nro. 191/2023, si en los hechos dicha resolución lo que dispone es una nulidad y si en su caso podía sin resolver el fondo ordenar se efectúe una nueva resolución debidamente fundamentada. Ahora bien, se tiene que en la problemática planteada se denunció al accionante por el supuesto delito de Resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes porque en fecha 8 de octubre de 2012 proyectó el Decreto Municipal 001 por el cual se aprueba el reglamento de regularización técnica y administrativa de aprobación de planimetría de urbanizaciones con asentamientos humanos consolidados sin costo lo que generaría daño económico al Estado limitándose a invocar el art. 302 de la CPE sin establecer la competencia específica que le otorga dicha facultad ni precisar la norma que estuviese reglamentando cuando dicha competencia es del órgano legislativo municipal. Posteriormente, se emite por el fiscal de materia asignado la correspondiente resolución de rechazo basado en el art. 304 inc. 3) del CPP, la cual copia los elementos de la denuncia y funda la decisión con el siguiente argumento: “…el denunciado interpuso acciones de defensa (Acción de amparo y acción de libertad), mismos que dejaron sin efecto ciertas resoluciones judiciales y fiscales; consecuentemente, a criterio de esta instancia, afectan ciertos actuados efectuados por el Ministerio Público en fase preliminar; consecuentemente existiendo una conminatoria por parte de la autoridad judicial, se hace complejo poder considerar ciertos elementos emergentes en el término de la investigación preliminar…” sin precisar en forma alguna cómo afectan esas acciones constitucionales al caso, en que consiste esa complejidad, etc. Habiéndose interpuesto objeción al rechazo observando la falta de fundamentación y hace un listado con diez elementos probatorios entre ellos informes de arquitectos que develarían irregularidades en las urbanizaciones aprobadas, inspección al lugar, inspecciones legales y técnicas, etc. las cuales no fueron valoradas emitiéndose la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. Nro. 191/2023 de 4 de julio, que tras hacer referencia a diversas sentencias que establecen la obligación de fundamentar las resoluciones fiscales revoca la decisión estableciendo que: “…es imperante señalar que el Fiscal de Materia debe efectuar una compulsa y valoración de cada uno de los elementos cursantes en el cuaderno de investigación, ya sea para desvirtuar los hechos denunciados, eximir de responsabilidad al sindicado o en su caso para sustentar una eventual imputación; pues no basta en realizar una simple enunciación de tales elementos cursante en el cuaderno de investigación; sino, que la misma debe merecer un criterio razonable, por parte del Fiscal de Materia”. Al respecto debe recordarse que los Fiscales Departamentales están obligados a fundamentar sus decisiones en el marco de sus competencias en este sentido y en el caso concreto el fiscal de materia aplicó el art. 304 del CPP que establece: “El fiscal, mediante resolución fundamentada, podrá rechazar la denuncia, la querella o las actuaciones policiales, cuando: (…) 3) La investigación no haya aportado elementos suficientes para fundar la acusación…” causal que implica que el fiscal agotó la investigación respecto a los posibles medios de averiguación de la verdad. Ahora bien y en coherencia con lo referido para una posible revocatoria por parte del Fiscal Departamental de una resolución fiscal de rechazo basado en el art. 304 inc. 3) del CPP corresponde efectuar la valoración de la investigación y de los elementos probatorios recolectados durante la investigación, para determinar si el diseño investigativo fue el adecuado y en su caso determinar las líneas de investigación o elementos probatorios relevantes a recabar y que dan lugar en su caso a revocar la resolución de rechazo orientando en lo sucesivo la investigación, pero no limitarse a anular obrados como en los hechos sucedió en el caso concreto, en el cual si bien la autoridad demandada revocó la resolución de rechazo lo hizo para que se fundamentara nuevamente la decisión cuando correspondía efectuar un pronunciamiento fundamentado y pertinente al avance procesal y antecedentes procesales recabados independientemente la remisión de antecedentes a la instancia disciplinaria respecto a la actuación del fiscal de materia que hubiese incumplido sus funciones y eventualmente incurrido en falta disciplinaria, lo que obliga a este Tribunal a conceder la tutela solicitada sin pronunciarse sobre la valoración propiamente de las consideraciones y elementos probatorios invocados por la parte accionante la cual deberá considerarse a tiempo de emitir nueva resolución fundamentada en los antecedentes procesales y lo dispuesto por las normas aplicables al caso. En consecuencia, la Sala Constitucional al haber concedido la tutela impetrada, obró de forma correcta.
El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado y el art. 12.7 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, en revisión resuelve: CONFIRMAR la Resolución 111/2023 de 5 de septiembre, cursante de fs. 56 a 60, pronunciada por la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro; y, en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, dejando sin efecto la Resolución Jerárquica F.D.O./A.A.M.A. 191/2023, para que el Fiscal Departamental de Oruro, motive y fundamente su análisis en el marco de lo explicado en el Fundamento Jurídico III.2 de este fallo constitucional. Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional.
Fdo. Boris Wilson Arias López
MAGISTRADO
Fdo. MSc. Karem Lorena Gallardo Sejas
MAGISTRADA
Fuente: Tribunal Constitucional Plurinacional · archivo SCP_1183_2025-S2.pdf · páginas 1 a 9.
Huella digital del PDF (SHA-256): f1a1ffe9481d5ee6e069f6a6ac6245ace7412adadd699162b6fe8ad5160b1de2
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